Los líderes de un movimiento social de protesta que exigían apoyos de un programa del gobierno federal para afectados de una tormenta tropical en el municipio de Juárez, al norte del estado de Chiapas, fueron vinculados a proceso este martes por los delitos de “atentados contra la paz y seguridad del estado, daños y motín”.

Un juez de control vinculó a proceso a tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara por el delito de despojo por manifestarse en contra de la construcción de edificios en un espacio destinado a un parque público.

Sin embargo, los jóvenes fueron liberados una vez que el juez concedió una medida cautelar que les permitirá llevar el proceso en libertad.

Javier Armenta, Iván Cisneros y José Alexis Rojas, estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) son acusados de despojo con violencia, al oponerse a la construcción de un complejo habitacional en un espacio originalmente destinado al Parque Huentitán en la capital de Jalisco.

Este 5 de enero, un juez decidió imponerles prisión preventiva oficiosa tras citarlos a declarar en el caso, por lo que autoridades universitarias se declararon en “estado de emergencia” y han convocado a protestas para su liberación.

Tras los bloqueos carreteros y la quema de 10 vehículos por parte de presuntos normalistas que demandan la liberación de tres de sus compañeros detenidos tres días antes, el gobierno estatal desplegó un operativo policiaco en la Región Purépecha, particularmente en las localidades de Chilchota, Purépero, Carapan, Cheranástico, Caltzontzin y San Juan Tumbio.

De acuerdo con la versión oficial, los tres normalistas —dos hombres y una mujer— que actualmente se encuentran recluidos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Uruapan, fueron aprehendidos el viernes pasado en flagrancia cuando incendiaban un vehículo en demanda de la asignación automática de plazas docentes para egresados de normales indígenas.

Desde octubre y noviembre de 2020, cuando se enteraron de que eran investigadas por delitos presuntamente cometidos durante protestas feministas en la Ciudad de México, las vidas de Érika, Mime y Linda cambiaron por completo.

Visitas constantes a sus domicilios por parte de decenas de policías, cateos, patrullajes por sus casas que se incrementan cada que se convoca a otra protesta, afectaciones físicas, psicológicas, económicas y hasta la separación de sus familias son algunas de las consecuencias que enfrentan desde que se iniciaron los casos en su contra, aunque hasta ahora las autoridades no las han vinculado a proceso.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que mujeres se están preparando con marros, sopletes y bombas molotov para la marcha del 8 de marzo; advirtió que eso no feminismo sino una “postura conservadora, reaccionaria” en contra de su gobierno y de la transformación.

En conferencia de prensa, hizo un llamado a las mujeres que se manifestarán mañana para que lo hagan de forma pacífica, no caigan en provocaciones y no haya violencia.

Con una sanción de tres meses a siete años de prisión y una multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida de Amortización (UMA), serán sancionados quienes dañen, perjudiquen, destruyan, interrumpan o lucren las vías generales de comunicación o los servicios de peaje.

Las multas oscilan entre los 8 mil 960 pesos hasta los 44 mil 800 pesos.

El Pleno del Senado aprobó este martes el proyecto de decreto para sancionar a las personas que interrumpan el tránsito de vehículos, así como la operación de las casetas y lo remitió al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con un amplio respaldo de 75 votos en favor, 12 en contra y tres abstenciones, el decreto reforma el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, para establecer penas de prisión de tres meses a siete años de prisión, así como multas de 8 mil 960 pesos y hasta de 44 mil 800 pesos.