Ochoa Gallegos aseguró que “mientras el gobierno de Rutilio Escandón se llenaba la boca hablando de paz y transformación, La Barredora cruzaba nuestras fronteras, operando en municipios del norte y oriente del estado con total impunidad”. 

Refirió que reportes periodísticos recientes y documentos filtrados por la prensa nacional confirman que “la organización criminal extendió sus redes desde Tabasco hacia zonas limítrofes de Chiapas, aprovechando el vacío de autoridad y la falta de respuesta institucional”. 

El exgobernador sostiene que el grupo criminal “La Barredora”, señalada por actividades de huachicol, tráfico de drogas, extorsión y trata de personas, bajo el mando de exfuncionarios públicos, “su expansión hacia Chiapas no fue ajena ni desconocida por las autoridades”. 

Por lo que llamó a la Fiscalía General de la República y al Gobierno federal a “investigar a fondo la posible red de encubrimiento y permisividad que facilitó la operación de este grupo criminal en Chiapas; exigió que se deslinden responsabilidades. 

“No se puede construir el futuro de Chiapas sin tener presente lo que se vivió en el pasado. Hoy más que nunca, necesitamos fortalecer al Estado para que pueda hacer frente al crimen organizado con firmeza, investigar sus redes y avanzar hacia una justicia que garantice la paz para todas y todos”, manifestó Ochoa Gallegos. 

El exgobernador interino de Chiapas, Willy Ochoa, ha denunciado públicamente al exgobernador Rutilio Escandón Cadenas, acusándolo de presuntos nexos con grupos delictivos, incluyendo a “La Barredora”. 

Ochoa ha enviado cartas y ha hecho declaraciones a medios, incluso a nivel internacional, para alertar sobre la situación de inseguridad en Chiapas y la supuesta complicidad de Escandón con el crimen organizado. 

Una de sus acciones fue enviar una carta a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, pidiéndole que evaluara el nombramiento de Escandón como cónsul de México en Miami, argumentando sus conexiones con cárteles del narcotráfico. 

De acuerdo a las denuncias de Willy Ochoa, durante la “narcoguerra”, la presencia de grupos como “La Barredora” proliferó de manera exorbitante durante la administración de Rutilio Escandón. 

El grupo Tabasco en Chiapas

En el sexenio de Rutilio Escandón Cadenas predominó un grupo de personajes pertenecientes al círculo de influencia política y familiar con raíces en el estado de Tabasco que ejerció el poder considerablemente en la administración chiapaneca. 

Esta influencia se potenció por la relación de parentesco entre Rutilio Escandón y Adán Augusto López Hernández. Rutilio Escandón era su cuñado, ya que estaba casado con Rosalinda López Hernández, hermana de Adán Augusto, cuya posición estratégica como Administradora General de Auditoría Fiscal del SAT, le otorgaba una gran influencia en las decisiones políticas y económicas, tanto a nivel federal como en Chiapas. 

Su fallecimiento en mayo de 2024 marcó un punto de inflexión. 

Los principales integrantes y figuras claves asociadas al “Grupo Tabasco” que predominaron durante el sexenio de Escandón Cadenas son: Ángel Torres Culebro, quien fue Secretario de Infraestructura y fue colocado como alcalde de Tuxtla Gutiérrez, cargo que desempeña actualmente. 

Antonio Noguera Zurita, tabasqueño que sigue desempeñando el cargo de Director General y Administrador Aeroportuario; José Manuel Cruz Castellanos, se desempeñó como Secretario de Salud y actualmente es senador por Chiapas. 

A lo largo del sexenio de Rutilio Escandón, se observó la llegada de varios funcionarios y allegados de la familia López Hernández que ocuparon puestos claves en el gobierno de Chiapas. Todos ellos consolidaron la red de poder del “Grupo Tabasco” en la entidad. 

Las denuncias de Willy Ochoa apuntan a que esta red de influencia, además de concentrar el poder político, habrían tenido supuestas complicidades con el crimen organizado, lo que habría contribuido al deterioro de la seguridad en Chiapas durante el sexenio pasado.

PUR UMAZAL TOV, relacionada con Humberto Bermudez Requena, recibió permisos para operar casinos por parte de la administración de Enrique Peña Nieto, los cuales se renovaron con Andrés Manuel López Obrador, durante el periodo en que fue secretario de Gobernación el propio Adán Augusto López Hernández, en octubre de 2022.

PEÑA NIETO OTORGÓ LOS PERMISOS, ADÁN AUGUSTO LOS EXTENDIÓ 10 AÑOS

En 2014, una orden judicial obligó a la Secretaría de Gobernación de México, encabezada en ese momento por Miguel Ángel Osorio Chong, a autorizar la creación de nuevas estructuras de casinos.

Debido a eso, en 2017, la Dirección General de Juegos y Sorteos otorgó a la empresa “Operadora de Coincidencias Numericas S.A. de C.V.” el permiso DJS/DGAAD/DCRCA/2017 para que pudiera operar casinos por 12 años, hasta el 23 de mayo de 2029.

La empresa fue registrada a nombre de Armando Prida Bravo y Fredy de los Reyes Flota León.

Por su parte, Humberto Bermudez Requena, hermano del extitular de seguridad pública de Tabasco, Hernán Bermudez Requena, dio de alta en 2017 una sociedad llamada “Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste”, junto con Joszef Alexander Arguedas Troyo, en la notaría número 27 de Centro, Tabasco, donde el titular que ejerció como autoridad competente fue el propio Adán Augusto López Hernández.

En julio de 2018, durante el periodo en que Alfonso Navarrete Prida fue secretario de Gobernación, recibió la autorización mediante el oficio DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2017 para que “Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste” pudiera operar un centro de apuestas, además el oficio DGJS/712/2018, otorgado durante noviembre de 2018, que autoriza al grupo a captar apuestas a través del sitio crowncitybets.mx, según documentos obtenidos a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación. 

Otra de las empresas que fue registrada fue PUR UMAZAL TOV, a nombre de José Antonio Haua Maauad, Moisés Shemaría Capuano y Jacobo Shemaría Capuano. 

Esta empresa también está relacionada con Bermúdez Requena, ya que de acuerdo al Registro Público de Comercio, dio de alta las empresas “Con Suerte Y Alegría Guaymas, S.A.P.I. De C.V”, “Con Suerte Y Alegría Navojoa, S.A. P.I. De C.V”., “Con Suerte Y Alegría En Carmen S.A.P.I. De C.V.”, que son proveedores reconocidos de PUR UMAZAL TOV en los estados financieros que se reportan ante la Segob.

En 2019, Construcciones Urales –perteneciente a Grupo Azvi– recibió el primer contrato del sexenio por 1 mil 100 millones de pesos. Fue entregado por la Secretaría de Marina (Semar) por la reparación de vías para el Tren Interoceánico, la obra de infraestructura más ambiciosa para el transporte de mercancías y desarrollo económico iniciada por el expresidente López Obrador. Esto, en participación conjunta con Consorcio Ferroviario FIT, S. A de C. V. y Regiomontana de Construcciones y Servicios, S.A.P.I de C.V. 

Durante el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, Construcciones Urales, S. A. de C. V., y Construcciones Urales Procesos Industriales, S. A. de C. V., ambas de Azvi, obtuvieron cinco contratos por 1 mil 219 millones de pesos por la construcción de un tramo en el Trolebús elevado de Iztapalapa; dos de ellos por adjudicación directa y uno más por invitación a tres participantes. 

Esta es una de las obras estrella en materia de movilidad para Sheinbaum. En 2022 se inauguró el primer tramo, cuando ella era aún Jefa de Gobierno de CDMX, y el segundo tramo se estrenó en mayo de 2025, ya como presidenta de México. Aunque la construcción del primer tramo arrancó con un retraso de dos años. “Es una obra innovadora, no hay ninguna obra como esa en ningún lugar del mundo; es un segundo piso donde no van vehículos, van trolebuses. Además es muy rápida, porque en vez de hora y media, el recorrido va a ser de 40 minutos”, dijo la presidenta. 

Sin embargo, la obra no ha mejorado del todo el traslado para los habitantes del oriente del Estado de México, porque las unidades deben salirse de la zona confinada y circular por calles de Valle de Chalco y Chalco.

El periódico Reforma reveló que una de las obras involucradas en el caso Koldo fue el Tren Maya, mediante un contrato adjudicado a Construcciones Urales por 10 mil millones de pesos para el Tramo 3, cuyo costo final se duplicó.

Sin embargo, no fue el único. Animal Político revela ahora que en 2021, las dos empresas filiales de Azvi ganaron otro contrato por 36 mil millones de pesos, en consorcio con las empresas Bombardier Transportation México, S. A. de C. V., Alstom Transport México, Gami Ingeniería e Instalaciones. 

El contrato PTM-12/2021, del 25 de mayo de 2020, detalla que se trató de la adquisición de material rodante (vagones) para el Tren Maya. Los servicios incluyeron “sistemas ferroviarios, material rodante, talleres, cocheras y puestos de control”. 

Justamente en este tramo, construido por el consorcio, se registró el primer incidente al poco tiempo de que el Tren Maya inició operaciones. Hubo un descarrilamiento del cuarto vagón del tren D006 en la cercanía de la estación Tixkokob, Yucatán, en marzo de 2024.

De acuerdo con declaraciones judiciales de uno de los implicados, intermediarios y representantes del gobierno español, a través de su empresa estatal INDECO, habrían preparado el camino desde 2019 para beneficiar a compañías españolas en el Tren Maya, obra emblemática de López Obrador. Esta es la trama.

La presunta trama de corrupción

Azvi forma parte de la presunta trama de corrupción que ha sacudido al gobierno del presidente de España, Pedro Sánchez, y por el que hay una investigación judicial en marcha. En ella están involucrados José Luis Ábalos, exministro de Transporte, su asesor y presunto operador del mandatario español, Koldo García, y el empresario Víctor Aldama. 

Durante el desahogo del caso, el empresario Aldama ha hecho declaraciones judiciales en las que reconoció haber recibido sobornos a cambio de su intermediación para conseguir contratos de obra pública en España, y aseguró haber mediado para conseguir contratos del Tren Maya en México.

En su declaración de noviembre de 2024, Aldama explicó que él, Ábalos y García viajaron a México en febrero de 2019 para buscar contratos del Tren Maya. “Era un contrato muy importante y había muchas empresas españolas interesadas en entrar. Él (Koldo García) sabía de mis conocimientos y de mi llegada al gobierno de México y los contratos que tenía en México y me pide que le pueda echar una mano”. 

En el video de la declaración completa publicada por el medio El Español, Aldama narra que Ábalos, el ministro de Transporte, tuvo reuniones con su homólogo, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y el entonces presidente del Senado, Ricardo Monreal.

Tras ese encuentro, vinieron otros que derivaron en acuerdos oficiales, incluso. “Luego se tuvieron reuniones para que toda la tecnificación y estudios de lo que pudiera ser del Tren Maya, hubiera un convenio de colaboración bilateral, e INECO (empresa estatal española) de alguna manera se lo proporcionara a México. (…) Estábamos hablando de 22 millones de euros”. 

Efectivamente, INECO informó el 18 de diciembre de 2020 haber recibido un contrato por adjudicación directa para ser el ‘operador sombra’ de FONATUR durante tres años. Las actividades consistieron en “revisar la implementación del proyecto, prestando apoyo durante el periodo de construcción y como responsable de la definición de los requisitos de la operación y de las labores de mantenimiento”.

El objetivo de esta colaboración era que “el gobierno de España le proporcionara al gobierno de México, para darle más viabilidad a las empresas españolas para poder licitar y que tuvieran mayor puntuación”, agregó Aldama en su declaración. 

El empresario también manifestó que las constructoras españolas le entregaban las ‘comisiones’ por haber mediado en la adjudicación de obras, y que luego las repartía con Ábalos y Koldo García.

En enero pasado, Grupo Azvi envió una carta al juez del caso para que sea considerada como perjudicada en el procedimiento y se le concediera “licencia a los efectos de presentar querella criminal” contra el Aldama. Porque, aseguró, esas declaraciones se refieren a hechos “completamente inciertos”, según dio a conocer  el medio El Periódico. 

La investigación judicial en España comenzó en 2022 por los contratos de adquisición de equipo de protección sanitaria durante la pandemia de Covid-19 y otorgados de manera directa para beneficiar a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L. En la trama habrían participado Ábalos y Koldo García, entre otros.

Sin embargo, el producto no fue localizado y, con base en la investigación del caso, los recursos fueron malversados, en detrimento de las finanzas públicas.  

Este asunto, que sigue la Unidad Especial para la Investigación del Maxiproceso de lo que el gobierno hidalguense ha denominado la "estafa siniestra", es uno de tres en contra de Vega Orozco. 

Los otros dos, por los que ha sido vinculado a proceso y mantiene la medida cautelar de prisión preventiva, que cumple en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca, también son por posibles contratos simulados. 

Con base en las imputaciones por los otros dos cargos de peculado agravado, el entonces oficial mayor firmó el 15 de junio de 2022 un contrato por 11 millones 850 mil 999 pesos con la persona moral Soluciones Empresariales Rodida S.A. de C.V., para que proporcionara “servicios de informática consistentes en un Sistema Integral de Nómina y Recursos Humanos”. 

No obstante, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en el estado asegura que este servicio nunca se proporcionó, aunque se emitió una factura con la que el gobierno anterior justificó la salida del recurso.  

El tercer proceso contra Martiniano es por facturar un sistema informático para el monitoreo de obras por 11 millones 998 mil 560 pesos. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) denunció que no hay registro de este software por el cual se transfirieron recursos a la firma Aktaion Digital, con quien firmó un "contrato" mediante el cual la Oficialía Mayor validó la operación.  

Martiniano Vega está recluido en el Cereso capitalino desde el 22 de junio de 2023, cuando fue detenido después de una serie de operativos de búsqueda que duraron varios meses, después de que culminó la administración de Omar Fayad en septiembre de 2022.  

En el tiempo que ha estado en prisión, el exresponsable de los recursos materiales, humanos y financieros de la entidad ha recibido dos amparos para que se reponga la audiencia inicial en uno de los procesos que lleva y otra para que se modifique su medida cautelar; no obstante, por los casos acumulados –la prisión ordenada en los otros procesos en su contra—, ha permanecido en la cárcel.  

La carrera política de Martiniano Vega Orozco estuvo ligado a los cargos que ocupó Omar Fayad Meneses.  

Se conocieron cuando en 1993 el hoy embajador de México en Noruega fue nombrado por el entonces gobernador Jesús Murillo Karam director del Instituto Hidalguense de Educación Básica y Normal –antecesor de la Secretaría de Educación Pública (SEPH)–. 

Cuando el exgobernador fue secretario de Desarrollo Social en Hidalgo entre 2005 y 2006, en el sexenio de Manuel Ángel Núñez Soto, Martiniano, profesor normalista de formación, fue su secretario particular, cargo que mantuvo de 2006 a 2009, cuando Omar fue alcalde de Pachuca.  

También con Fayad como legislador federal por el distrito de Huejutla, de 2009 a 2012, Vega Orozco llegó a secretario técnico del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) de la Cámara de Diputados. Lo siguió también en el Senado y hasta la gubernatura hidalguense, siempre postulado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que su jefe político renunció en junio de 2023. 

Por la sentencia, la primera contra el funcionario de mayor rango del sexenio de Fayad Meneses por la denominada "estafa siniestra", a Martiniano le fueron suspendidos sus derechos políticos. Asimismo, continúa a la espera de los juicios por los otros dos procesos que tiene en contra.

Como anticipamos en una publicación anterior, pese a que en esta licitación SIMA no ofertó la propuesta más económica ni obtuvo el mayor puntaje, en la publicación del fallo de la licitación la Sedena informó que de acuerdo con el “Criterio de evaluación por puntos y porcentajes”, fue la mejor calificada, mientras que declaró que las otras seis empresas no cumplían con el porcentaje mínimo, aunque no transparenta ni desglosa las calificaciones parciales.  

Lo anterior se suma a las sospechas y dudas sobre cómo, desde altos mandos de la Sedena se ha beneficiado a la empresa de Nelly Guevara Garibay, directora y representante legal de SIMA, pues en otras contrataciones se han declarado desiertas las licitaciones de forma sistemática, para luego adjudicar los contratos de manera directa, a pesar de que diversas compañías cuentan con propuestas competitivas, las cuales han sido desechadas para favorecer a la empresa SIMA. 

Diversas publicaciones en medios, refieren que la falta de transparencia en las licitaciones de la Sedena proviene desde la administración del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos. Destacando que en los últimos dos sexenios SIMA obtuvo contratos por más de mil 300 millones de pesos en Sedena, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y en los estados de Chihuahua, Jalisco y Veracruz. 

Además, en el mismo periodo se han denunciado irregularidades y vínculos entre altos mandos militares y Nelly Guevara, denuncias que han valido la observación de la Auditoría Superior de la Federación, situación que parece prevalecer, de acuerdo con el resultado de esta madrugada y los contratos otorgados en lo que va del año. 

En los primeros meses del presente año, SIMA obtuvo el contrato de la licitación pública electrónica: LA-07-110-007000999-N-408-2025, referente a la “Contratación de un servicio de abastecimiento de insumos, instrumental y apoyo técnico con el equipo médico requerido para la realización de procedimientos quirúrgicos de la especialidad de angiología, cirugía vascular y endovascular” para la SEDENA por 108 millones 991 mil pesos. 

Además de la LA-07-110-007000999-N-402-2025 para “Servicio de abastecimiento de material e insumos y apoyo técnico de la imagenología y radiología invasiva para el Hospital Central Militar, Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología, Unidad de Especialidades Médicas y escalones de atención médica que cuentan con servicios de radiología”, por un monto de 365 millones 549 mil 203 pesos. 

La Dirección General de Sanidad Militar, a cargo de Miguel Ángel Aguirre Lara, se ha convertido en un centro de poder donde coinciden altos mandos militares, licitaciones millonarias y empresarias del sector salud que resultan favorecidas por adjudicaciones directas, en donde SIMA concentra contratos en sectores estratégicos del abasto médico en la Sedena, tales como anestesia, banco de sangre, equipo médico y medicamentos.

La denuncia

Los señalamientos contra Orbia forman parte del informe titulado “From Occupation Economy to Genocide Economy”, elaborado por la relatora especial para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese.

En él, expuso que las muertes de niños, mujeres y civiles indefensos en Gaza no cesan porque existe un grupo de empresas que se beneficia económicamente del conflicto. Entre ellas, destacó a Orbia, la cual participa por medio de su filial Netafim, posicionada como una de las líderes globales en tecnología de riego por goteo.

Netafim, controlada 80% por Orbia Advance Corporation, ha diseñado su tecnología agrícola en consonancia con los intereses estratégicos de expansión territorial del Estado de Israel.

Bajo una imagen global de sostenibilidad, sus sistemas han permitido una explotación intensiva del agua y la tierra en Cisjordania, según el informe, contribuyendo así al vaciamiento de los recursos naturales palestinos. Todo esto, mientras colabora activamente con firmas israelíes especializadas en tecnología militar.

En el Valle del Jordán los sistemas de riego impulsados por Netafim y la familia del Valle han facilitado el crecimiento de los cultivos israelíes, al tiempo que se les niega el acceso al agua a los agricultores palestinos, quienes tienen 93% de sus tierras sin irrigar.

La empresa reconoce tener cuatro centros globales de dirección estratégica: Ciudad de México, Boston, Ámsterdam y Tel Aviv. Este último centro –destaca el reporte de Albanese– tiene una relevancia especial por su cercanía a la Franja de Gaza, donde se concentra la ofensiva militar y donde Netafim ha desarrollado parte de su tecnología y operaciones.

En 2024 Orbia Advance Corporation registró ingresos globales por siete mil 500 millones de dólares y un EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) ajustado de mil 190 millones, lo que le otorgó un margen operativo de 15.8%; su presencia alcanza más de 100 países.

La compañía ha reportado a la Bolsa Mexicana de Valores que ejecuta una reestructura interna orientada a maximizar sinergias, reducir deuda y generar valor incremental año tras año.

Imperio familiar

Detrás de Orbia se encuentra la poderosa familia Del Valle, cuyo patriarca, Antonio del Valle Ruiz, es uno de los empresarios más influyentes del país. 

Fundador y presidente honorario vitalicio de Kaluz, Orbia, Elementia y Grupo Financiero Ve por Más (BX+), ha formado parte de los consejos de administración de Teléfonos de México, Industrias Monterrey, la Escuela Bancaria y Comercial y la Fundación ProEmpleo. Así lo consigna la propia página oficial de Orbia.

Desde el año 2000 forma parte del consejo de administración de Orbia. En registros de la Secretaría de Economía, su nombre aparece vinculado a una red de empresas con sedes mayoritariamente en la Ciudad de México. Entre estas destacan:

Prediales ATN, SAPI de CV; Prediales Atenas Controladora, SAPI de CV; Valsaba, SA de CV; Tex-No-Tej, SA de CV; FA Comercial e INMX Servicios, SA de C.V.

Dos sociedades de inversión asociadas a HSBC: HSBC DG, SA de CV SIIDPF; HSBC~D7, SA de CV SIRV; Gonmay, SA de CV, con sede en Aguascalientes, e Inmobiliaria Valer, SA de CV.

Antonio del Valle Ruiz es padre de María de Guadalupe, Antonio, Francisco Javier y Juan Pablo del Valle Perochena, todos con posiciones de poder dentro del emporio.

El heredero en el timón de Orbia

Desde 2011 Juan Pablo del Valle Perochena funge como presidente del consejo de administración de Orbia. También integra el consejo de administración de Johnson Controls International (JCI Inc.) en Estados Unidos y encabeza el consejo de Elementia Materiales, SAB de CV. 

Es miembro de varios organismos internacionales, como el David Rockefeller Center for Latin American Studies de Harvard, la Fundación Kaluz, el Chairman’s International Advisory Council of the Americas Society y el Latin American Conservation Council de The Nature Conservancy.

Antonio del Valle Perochena funge como director patrimonial de Orbia desde 2002 y, actualmente, es uno de los tres copresidentes del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), un nuevo formato de dirigencia que se formalizó en 2025. 

El CMN es una de las organizaciones empresariales más influyentes del país, integrada por las 60 compañías de capital privado más relevantes de México, y mantiene un canal directo de interlocución con el gobierno federal.

Además, Antonio del Valle forma parte de los consejos de administración de Grupo Financiero Ve por Más (BX+), Elementia, Controladora GEK, Afianzadora Sofimex y Byline Bank reforzando su presencia en sectores clave como la banca, materiales de construcción, aseguradoras e inversiones internacionales.

Del negocio del cemento a la educación

Francisco Javier del Valle Perochena es director patrimonial de Orbia desde 2021 y presidente del consejo de administración de Elementia desde el año 2000. 

Dirige también Controladora GEK y desde 2010 incursionó en el sector educativo al fundar el SAE Institute Latin America, especializado en medios creativos. Forma parte de los consejos de administración de Grupo Financiero Ve por Más, Cuprum, Grupo Interprotección, el consejo de asesoría de Banamex, el Consejo de Comunicación y el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. 

Finalmente, María de Guadalupe del Valle Perochena dirige desde 2005 la oficina familiar Del Valle, un fondo de inversión activo que opera con discreción, pero con influencia en múltiples sectores. 

Anteriormente trabajó en áreas de finanzas y marketing en Banco BITAL y Banco Santander. Actualmente integra los consejos latinoamericanos de la Fundación Kaluz y del SAE Institute, el proyecto educativo encabezado por su hermano Francisco.

La tragedia de Pajaritos

Orbia no siempre se llamó así. Hasta hace pocos años era conocida como Mexichem.

El 20 de abril de 2016 una explosión en la planta Clorados III del complejo petroquímico Pajaritos, en Veracruz, dejó 32 muertos y más de 130 heridos. 

El siniestro, que afectó un área de más de dos mil metros cuadrados, fue considerado uno de los más costosos para la industria aseguradora en México. En su momento, Rocío Nahle, quien era legisladora, responsabilizó a Mexichem por negligencia.

Tras el desastre, y según actas constitutivas en poder de Proceso, Mexichem cambió su denominación social. 

El 22 de mayo de 2005, Grupo Industrial Camesa, SA de CV, adoptó el nombre de Grupo Industrial Mexichem, SA de CV. Posteriormente, el 10 de noviembre de 2023, durante una asamblea extraordinaria protocolizada por Paola Uriza Chong, se formalizó la fusión de Mexichem Soluciones Integrales Holding con Orbia Advance Corporation.

Proceso buscó obtener la posición de la empresa señalada por la ONU. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.