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Denuncian boicot contra pesista y piden a Rommel Pacheco que la Conade intervenga

Maniobras corruptas por parte de federativos del levantamiento de pesas han afectado durante años al tamaulipeco Roberto Ruiz. Cansados de que le metan el pie, sus padres levantan la voz y claman por justicia a la máxima autoridad del deporte.

Luego de que el 12 de abril último el pesista tamaulipeco Roberto Ruiz fue víctima de una trampa para dejarlo fuera de la Olimpiada Nacional, sus padres levantan la voz para pedir que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) intervenga para poner fin a la cadena de abusos por parte de un grupo de entrenadores y dirigentes afines al presidente de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas (FMLP), Rosalío Alvarado.

De acuerdo con los padres del pesista que hace un mes cumplió 18 años, el entrenador Joaquín Castañeda Cruz y el presidente de la asociación de Tamaulipas, quien también funge como vicepresidente de la FMLP, José Andrés Alanís Turrubiates, modificaron arbitrariamente el programa de competencia para cambiar el horario del pesaje y de la competencia en su categoría y división, situación que causó que llegara a la hora equivocada y ya no le permitieron competir en el macro regional, etapa previa para calificar a la Olimpiada Nacional.

A Roberto Ruiz se le informó por escrito que tenía que presentarse al pesaje a las 09:30 horas para competir a las 11:30, cuando las horas correctas eran las 07:00 y 09:00, respectivamente. Cuando presentó a las nueve de la mañana ya había comenzado su competencia en la categoría Sub-20 división de los 81 kilos.

Pese a que el joven se apresuró a calentar para poder salvar su participación, no se lo permitieron, pues la decisión quedó en manos del representante de la Conade, Eduardo Grijalva, quien en cuestión de minutos resolvió que ese era un “error interno” entre los representantes de la FMLP y el deportista.

De nada sirvieron las súplicas del entrenador de Ruiz, quien le pidió a Grijalva no dejar fuera al muchacho por cuestiones ajenas a él, sobre todo porque no era la primera vez que el levantador de pesas tamaulipeco se enfrentaba a una injusticia en una competencia. Sus palabras de nada sirvieron.

“Por desgracia, mi hijo otra vez fue objeto doloso de la corrupción de una forma muy enferma.  Por desgracia, Andrés Alanís Turrubiates es el causante de siempre meterle el pie a mi hijo. Grijalva tenía la decisión de hacer justicia, le enseñamos las pruebas de que le dieron un horario que no era, aún así fríamente decidió que estaba fuera.
Después me percaté –denuncia Adriana Garfias Roel, madre del pesista– que estuvo hablando con Alanís Turrubiates afuera (del lugar de competencia), cuando esta persona y el entrenador Joaquín Castañeda se burlaron en la cara tanto del entrenador como de mi hijo cuando vieron que estaba tratando de salvar su competencia.
Garfias Roel asegura que suplicaron a Grijalva que le planteara la situación a sus jefes, de tal suerte que éste llamó al subdirector de Cultura Física, Óscar Soto, quien confirmó que la Conade no podía hacer nada y no defendió los derechos de Roberto Ruiz, tal como Rommel Pacheco ha proclamado desde que llegó: para él lo más importante son los deportistas.

Los padres del pesista lamentan que la propia Conade haya separado del cargo de director técnico del levantamiento de pesas en la máxima justa deportiva de México, a Miguel Ángel Cantún Caamal, quien en 2022 recibió este cargo con la intención de poner orden a las tantas quejas que hay por parte de los competidores de muchos estados, quienes se han dado cuenta cómo la FMLP favorece a otros con los que está coludido para garantizar que ganen más medallas.
Consideramos que el más grave error que comete la Conade es haber regresado la dirección técnica nacional al corrupto presidente de la FMLP, Rosalío Alvarado del Ángel, alguien que se ha perpetuado como un dictador en dicha federación y quien tiene un sinfín de desacatos y denuncias en su contra y promueve mucho actos de corrupción y abusos afectando a atletas y entrenadores.
La también entrenadora y madre de otras tres mujeres que también fueron pesistas aclara que su familia ha decidido denunciar públicamente esta situación, toda vez que desde hace 20 años que Turrubiates ha sido presidente de la asociación de pesas de Tamaulipas ha perjudicado a muchos jóvenes de dicho estado para ayudarle a Rosalío Alvarado a quitarlos del camino de los competidores de Nuevo León, estado con el cual el presidente de la FMLP tiene un acuerdo para ayudar a que sus pesistas ganen más medallas en la Olimpiada Nacional, antes Juegos Nacionales Conade.
Aquí le decimos el cacique de las pesas –añade­–­, se reelige y se reelige. Tienen todo tan maiceado con los estados que les pagan por las medallas. Nosotros siempre hemos competido, hemos tenido muy buenos competidores que les tumban su estrategia y las medallas. Rosalío no da oportunidad de que crezcan los atletas y vayan a los eventos internacionales, panamericanos, mundiales. Esto ha sido un desgaste con los entrenadores que hemos estado pisoteados por él y que de plano nos tiene castigados. Hemos estado luchando para poder quitarlo porque es una federación que está podrida.
Retahíla de abusos

En 2022, cuando apenas tenía 15 años, fue la primera vez que Roberto Carlos Ruiz Garfias sufrió un atropello que le impidió participar en los Juegos Nacionales Conade. También ocurrió en el macro regional que tuvo lugar en Nuevo León. Como cada año, a aquel evento Alanís Turrubiates acudió en calidad de delegado por el estado de Tamaulipas y se coludió con autoridades del Instituto del Deporte (Inde) de Nuevo León para que acreditaran a su hijo, un adolescente de 15 años, como juez de la competencia en la que participaría Roberto Ruiz.

“Le arruinaron su primera competencia de manera artera y dolosa. Lo increíble fue cómo lo acreditaron sin que nadie se diera cuenta de que era un menor de edad. Este hecho fue denunciado al gobierno estatal y federal y a la Conade en aquel entonces y nunca procedió nada.  En esta ocasión, al igual que en la otra, el actor intelectual (Alanís Turrubiates) dejó en estado de indefensión al atleta, pues al estar habilitado como delegado a quien le competía hacer la protesta o intervenir en la situación era a él”, se quejan los padres del pesista.

Antes de ese año, Roberto Ruiz nunca había podido participar en las eliminatorias rumbo a los Juegos Nacionales Conade, dado que para poder hacerlo necesitan estar afiliado a la asociación estatal de levantamiento de pesas. Alanís Turrubiates se negaba a afiliarlo por los problemas que tenía con el padre del muchacho, el también entrenador Roberto Carlos Ruiz Beltrán.

Tanto su hijo como el resto de sus alumnos han sido los paganos por los conflictos que tuvieron porque Ruiz Beltrán denunció a Alanís Turrubiates ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por no permitir a sus alumnos competir en el deporte para el cual entrenan todos los días.

En 2023 se presentó otro hecho que perjudicó a Roberto Ruiz. Gracias al entrenamiento a conciencia que realizó los pesos que estaba levantando permitían pronosticar que estaría fácilmente en la pelea por las medallas junto con los estados de Coahuila y Puebla, pero al llegar a los Juegos Nacionales Conade en Nayarit se dieron cuenta de que había un competidor de Campeche, Ángel Luis Castellanos Pech, con un peso muy superior (81 kilos) que había sido inscrito en esa misma categoría (Sub-17, 73 kilos), lo cual significa que le llevaba un ventaja considerable a sus rivales.

Aún así, Ruiz compitió al tú por tú. En dos ocasiones injustamente le anularon sus levantamientos. En su última oportunidad logró que le marcaran correctamente y quedó empatado con el otro pesista, quien terminó ganando la medalla de oro porque logró hacer el levantamiento primero.

Tras este incidente, la familia Ruiz Garfias envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador denunciando la situación y pidiendo que el gobierno federal interviniera para cesar con los abusos. La oficina de la Presidencia de la República turnó el caso a la Conade que dirigía Ana Guevara y el caso quedó en el olvido.

Dolo y saña

En el macro regional de 2024 Roberto Ruiz se cayó durante su competencia y cuando se levantó alcanzó a ver como Alanís Turrubiates se estaba burlando de él. Pese a todo ello, logró calificar a los Juegos Nacionales Conade que ese año tuvieron lugar en la ciudad de Campeche donde obtuvo una medalla de bronce.

Al igual que todos los competidores de la rama varonil, Roberto Ruiz participó en condiciones extremas en esos Juegos Nacionales Conade, pues el comité organizador los obligó a competir en un lugar sin aire acondicionado, con condiciones extremas en la temperatura, lo cual tuvo un impacto directo en su rendimiento y causó que algunos de los muchachos tuvieran golpes de calor.

Evidentemente los pesistas beneficiados fueron los participantes de Campeche quienes ahí entrenan y están acostumbrados a las altas sensaciones térmicas y a la humedad.
Hay una cuestión de dolo y de ensañamiento contra Roberto –asevera el padre del pesista–, independientemente de cómo se favorezca a otros estados. Desgraciadamente ahora que entró Rommel le devolvió la dirección técnica a Rosalío Alvarado, quien actúa con toda impunidad y ninguna autoridad hace nada. ¡Ya basta de esta saña deportiva! La federación es corrupta y se ensaña con los niños. Este es un caso, pero hay mucha gente que no denuncia, y quienes sí hemos denunciado ninguna autoridad nos escucha.
–¿Por qué el Instituto del Deporte de Tamaulipas no defiende a su deportista? Deben ser los primeros interesados en ganar medallas –se le plantea al señor Ruiz.

–Yo me hago la misma pregunta. Nuestro gobernador (Américo Villarreal de Morena) es deportista y una de sus principales políticas es que se desarrolle el deporte, pero estas personas que le ayudan, que están ahí, pues no entendemos.

“Nosotros vamos a buscar la manera de ver cómo nos pueden ayudar porque esto es algo que ya ha sido denunciado aquí, que tiene antecedentes. Espero en la reunión que voy a tener con con este nuevo director (Manuel Virués Lozano) provoque que luche por los derechos de Roberto y que hable con Rommel Pacheco para ver qué solución le pueden dar a este problema”, concluye.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: BEATRIZ PEREYRA.

La senadora Andrea Chávez también se promociona en ambulancias de alta gama

Proceso pudo documentar que en calles de la capital de Chihuahua se observan estacionadas ambulancias de última generación rotuladas a los costados y en la puerta trasera con la frase “Gestiona ambulancia” con letras guindas con fondo blanco, los colores del partido Morena y la imagen de la política.

Además de los anuncios espectaculares y las unidades médicas móviles para el “bienestar” de la gente en Chihuahua que promueven la imagen política de la senadora Andrea Chávez Treviño, ahora se suman ambulancias de alta gama que también llevan el nombre y fotografía de la morenista, contendiente -anticipadamente- a gobernar esa entidad en el 2027, hecho que representaría la comisión de delitos electorales.

En medio de la polémica que protagoniza la morenista por el uso de las unidades médicas móviles, producto de “donaciones” de la iniciativa privada, como ella lo ha dicho, Proceso pudo documentar que en calles de la capital de Chihuahua se observan estacionadas ambulancias de última generación rotuladas a los costados y en la puerta trasera con la frase “Gestiona ambulancia” con letras guindas con fondo blanco, los colores del partido Morena y la imagen sonriente de la legisladora.

En la parte frontal, se lee “Ambulancia Network”. Se trata de una empresa “experta” y “certificada” en fabricación y reacondicionamiento de vehículos especializados, Tipo I, II y III, de acuerdo con su tamaño, su transmisión y su equipamiento, como lo informa en su página de internet. También vende camillas, desfibriladores, unidades de transporte y unidades policiales. 

Tan solo en el portal de compras Mercado Libre, una unidad de ese tipo, con la marca de dicha empresa, oscila entre 999 mil 526 pesos y un millón 299 mil 526 pesos.

“Ambulancia Network” es una empresa domiciliada en el municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, a unos mil 435 kilómetros de distancia de la capital de Chihuahua o casi 17 horas de camino en carretera. Su representante legal es Manuel Ernesto Sapog.

De acuerdo con una breve revisión, se encontró que, al menos una de las ambulancias, la de las placas AM-446-GA, está registrada en el Estado de México, a nombre del Instituto de Salud del Estado de México.

Renta con antecedentes tabasqueños

Otra de las ambulancias está a nombre de la empresa Lease and fleet Solutions SA de CV, dedicada a la administración de flotillas, compra de vehículos, gestorías, seguros y asistencia legal, mantenimiento, telemetría y combustible. Dicha empresa también está domiciliada en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Fundada en 2016, tiene antecedentes de haber sido proveedora de Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), cuando el hoy senador Adán Augusto López era gobernador de dicha entidad.

También recibió contratos millonarios de Segalmex para el arrendamiento de montacargas y vehículos sin opción a compra, bajo la dirección de Ignacio Ovalle Fernández, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI, enero 2022).

Proceso obtuvo fotos de dichas ambulancias estacionadas, en medio de la polémica que protagoniza la senadora Chávez Treviño por el uso de unidades médicas móviles que presuntamente promueven su imagen política en la capital de la entidad que pretende gobernar a partir de las elecciones del 2027. 

La legisladora ha argumentado que se trata de las “caravanas de salud” en beneficio “de quienes más lo necesitan” y que eso no implica el uso de recursos públicos.

El PAN denunció este martes a la morenista ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el uso de dichas unidades sin comprobar el origen de los recursos. La denuncia señala la posible comisión de 15 delitos electorales y penales, entre ellos, actos anticipados de campaña, defraudación fiscal y delincuencia organizada; entre otros. 

La denuncia del PAN incluyó al empresario Fernando Padilla Farfán, dueño de las empresas Línea Médica del Sur SA de CV y F medical, que, presuntamente, hizo el donativo de las unidades, como lo dijo la misma morenista. 

El contratista es amigo del senador Adán Augusto López Hernández y estuvo relacionado con los anuncios espectaculares que promovieron al tabasqueño en la pasado contienda interna de Morena para elegir a su candidato presidencial.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.

Ana Guevara bajo investigación por desvío de recursos durante su gestión en la Conade

El titular de la Conade destacó que ya hay indagatorias sobre la gestión de su antecesora Ana Gabriela Guevara por irregularidades en su gestión.

El titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, confirmó este viernes que existen investigaciones en curso contra Ana Gabriela Guevara, su antecesora, por presuntas irregularidades durante su gestión.

Durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional, Pacheco detalló que las indagatorias están en manos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Interno de Control (OIC) de la dependencia, quienes llevan el proceso correspondiente.

El exclavadista aseveró que la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum es transformar la Conade en un organismo transparente y cercano a los deportistas, que tolerará actos de corrupción.
“La instrucción que tengo por parte de la Presidenta es que la Conade sea una Conade nueva, transparente, cercana al deportista; que estemos pensando en el deporte social, que erradique las causas de la violencia, que sea por la paz y en contra de las adicciones, y que ayude a la salud”, sostuvo.
“Todo lo que esté mal será señalado y enviado a las autoridades pertinentes. La función de la Conade no es ser fiscalía ni policía. No se va a tolerar ninguna falta a las reglas de operación o a la Ley General de Cultura Física y Deporte”, agregó.

En 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) inició investigaciones en contra de Ana Gabriela Guevara por desvío de recursos y malos manejos de la administración pública.

Los reportes indican que Ana Gabriela Guevara, extitular de la Conade, enfrenta señalamientos por el desvío de 200 millones de pesos, presuntamente destinados a eventos y pagos fuera del plan del organismo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador

Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en el pago de 70 millones de pesos para el salario de 500 entrenadores.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Chiapas: 'Se llevaron niños y ancianos', habitantes de Tila señalan a policías 'Pakales' y grupo delictivo

El grupo policial de élite Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) fue creado por el gobernador Eduardo Ramírez, el 8 de diciembre de 2024 para combatir el crimen organizado en el estado.

Habitantes del ejido de Tila, organizaciones del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) denunciaron este viernes abusos durante un operativo realizado la madrugada de este día en el ejido, encabezado por la policía de élite Pakal en alianza con el grupo criminal Karma.

Según el comunicado que leyeron en un video mensaje, el operativo incluyó un cateo de casas sin orden judicial y el secuestro de niños, ancianos, jóvenes y adultos, sin justificación legal.

“A las 3 de la mañana entró el grupo Pakal, juntamente con el grupo criminal Karma, acompañado por las tres corporaciones de gobierno. Catearon casas sin orden de cateo. Se llevaron niños, mayores, ancianos y jóvenes sin delito”, informaron.

Las autoridades locales y el gobierno federal fueron emplazados por este grupo para liberar a las 20 personas detenidas, y señalaron que “el pueblo ya está cansado de tanta injusticia”.

En su comunicado, afirmaron que esta situación ha generado un rechazo generalizado e indignación en las comunidades originarias de Tila.
Exigimos la detención del grupo Karma encabezado por Juan Flores, alias” El Chorizo”, quien es el inmediato responsable de toda la tragedia que está sucediendo en nuestro ejido originario de Tila.
Las organizaciones también pidieron la detención de una persona identificada como Manuel Utría, supuesto cuñado de “El Chorizo”; otra como Francisco Eduardo y una última como Miguel, líderes del grupo criminal Karma.

Las organizaciones pidieron el fin de la presencia de grupos criminales en el ejido Tila y denunciaron la presunta vinculación entre policías y criminales.

“Ya  basta, estamos dispuestos a morir defendiendo nuestra madre tierra porque en ella nacimos y en ella vivimos. No queremos más delincuentes en nuestro pueblo. No más narco-karma porque vamos a defender a costa de nuestra vida, porque los pakales son cómplices del crimen organizado llamado narco-karma de Tila.”

También, denunciaron que los ejidatarios son arrestados injustamente por simplemente defender sus derechos.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que el “operativo interinstitucional” en el municipio de Tila, fue “para ejecutar diversas órdenes de aprehensión y cateos derivados de investigaciones, con el firme objetivo de combatir a los grupos criminales.”

No dio a conocer los resultados; sin embargo, dijo que en el transcurso del día, proporcionará más información sobre estas acciones.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Las caravanas de salud de Padilla Farfán, también en BC

En el caso de Fernando Padilla Farfán ya está confirmada la participación voraz de sus empresas en Tabasco, Chiapas y Baja California de manera directa con los gobiernos estatales, y en Chihuahua, con la vertiginosa Senadora Andrea Chávez, mientras que los mexicanos si de algo padecen ahora es de una salud pública en quiebra.

Hasta 2024, y desde el inicio del Gobierno morenista de Marina del Pilar Ávila Olmeda en Baja California, las empresas de y ligadas al empresario favorito de la 4T, de acuerdo a los reportajes de Latinus, Fernando Padilla Farfán, han recibido mil 100 millones de pesos del erario bajacaliforniano.

Lo que por lo menos se suma a lo confirmado por reporteros y transmitido en el noticiero de Carlos Loret de Mola: dos mil 250 millones de pesos que otros dos gobiernos morenistas, el de Chiapas y el de Tabasco, dieron en contratos a las empresas de quien presume es amigo del exgobernador de Tabasco, exsecretario de Gobernación y hoy Legislador morenista, Adán Augusto López.

Tales hechos fueron relevantes cuando en el mismo noticiero de Loret, se reveló cómo la Senadora por Chihuahua, también de Morena, Andrea Chávez, ha usufructuado, por decirlo de alguna manera, caravanas médicas para llevar el servicio a zonas ciertamente marginadas de su Estado, pero lo hace con medios y recursos ajenos. Es decir, las camionetas que llevan servicios médicos a los chihuahuenses, a pesar de que tener plasmada la imagen de la Legisladora, sus lemas, y ofrecen los servicios a su nombre, no las paga ella, pero sí las usa a su favor político electoral, pues quien se dice la Senadora más votada de México aspiraría en 2027 al Gobierno de Chihuahua. 

El costo, de acuerdo a los reportajes de Latinus, es de 10 millones de pesos al mes por caravana, y es precisamente la empresa de Fernando Padilla Farfán la encargada del arrendamiento de las mismas, aunque la Legisladora dice que le son financiadas por “el sector empresarial”, lo que de suyo también sería una irregularidad por lo menos en actos anticipados de campaña y donativos.

Y efectivamente, como se reveló en el semanario ZETA en un reportaje de Eduardo Villa Lugo titulado “Amplía Salud contrato con empresa favorita de la 4T; serán más de 500 MDP”, la secretaría de Salud de Baja California, “en enero de 2022, contrató de manera directa, a la empresa Línea Médica del Sur, creada el 12 de diciembre de 2018 -menos de dos semanas después del ascenso del Presidente Andrés Manuel López Obrador al poder- en Villahermosa, Tabasco -entidad de donde es originario el mandatario nacional y fue Gobernador el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López-”.

Al inicio de la investigación de ZETA se reveló cómo los socios de Línea Médica del Sur a Ramón Eliseo Reynoso Cervantes y Artemio Villegas Zamora, sin embargo, un año después, cuando se dio cuenta, en julio de 2024, de más contratos a empresarios favoritos de la 4T, se confirmó la sociedad en F Medical, o Línea Médica del Sur, del empresario Fernando Padilla Farfán, que “fue contratada para brindar el servicio de arrendamiento de los centros de salud móviles; uno de los proyectos más cuestionados, pero también insignia, de la Gobernadora Ávila Olmeda”.

De acuerdo al reportaje de ZETA, las caravanas de la salud costaron en los dos primeros años de Ávila Olmeda más de 500 millones de pesos, y para “2024 se les amplió el contrato, por lo que estarían percibiendo más de 700 millones de pesos al concluir este ejercicio fiscal”. A tal cantidad, habría que agregarle, a favor de Padilla Farfán, otros 400 millones por la construcción de un hospital en Tijuana, entregado a su empresa Consorcio Inmobiliario y Constructora Aspen, con lo cual se acreditan mil 100 millones de pesos del recurso público de Baja California, entregados a empresas de Fernando Padilla Farfán.

En relación a las caravanas de la Salud del empresario morenista, la información la obtuvo el reportero Villa Lugo mediante la solicitud de Transparencia 021165522000508, “que refiere que la Secretaría de Salud se compromete a pagar 21 millones 217 mil 553 pesos mensuales por el servicio, mismo que se amplió a 10 meses”. 

Los 21 millones 217 ml 553 pesos de renta mensual que paga el Gobierno de Baja California es por la renta de dos caravanas de la salud que, de acuerdo al secretario de salud, Adrián Medina Amarillas, “brindan diversas atenciones, desde mastografías, exámenes de laboratorio, atención psicológica, dental, visual, auditiva, Rayos X, ultrasonido, entre otros servicios gratuitos que buscan cubrir carencias en zonas alejadas que no cuentan con acceso a centros hospitalarios de bajo, mediano ni alto nivel”.

Eso indica que, al igual que a la Senadora Andrea Chávez, las rentan a poco más de 10 millones de pesos por caravana, aunque en el caso del Gobierno de Baja California y a diferencia de la legisladora chihuahuense, sí paga por el uso de las mismas.

Ahora sí que cuando hay empresarios favoritos de los gobiernos, se nota en la generosidad de los estados gobernados por el partido guinda a la hora de entregar los contratos, sea por asignación directa o por concurso.

En el caso de Fernando Padilla Farfán ya está confirmada la participación voraz de sus empresas en Tabasco, Chiapas y Baja California de manera directa con los gobiernos estatales, y en Chihuahua, con la vertiginosa Senadora Andrea Chávez, mientras que los mexicanos si de algo padecen ahora es de una salud pública en quiebra.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

Nepotismo en el TSJCDMX: Hijos de magistrada Gloria Santos trabajan en el tribunal y buscan ascenso

En medio de la postergación de la ley contra el nepotismo, Gloria Santos quiere conservar su cargo como magistrada en el Tribunal Superior de Justicia, su hijo Joaquín Campos convertirse en juez Familiar, al igual que Vicente del Valle, esposo de Saraí Campos, hija de Gloria Santos.

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) y excandidata a ministra de la Suprema Corte, Gloria Rosa Santos Mendoza, tiene a sus dos hijos trabajando en la institución y uno de ellos busca convertirse en juez Familiar en la próxima elección judicial.

Se trata de Joaquín Campos Santos, director de la Unidad de Gestión Administrativa de Proceso Oral en materia Familiar del TSJCDMX, y Saraí Campos Santos, secretaria de Acuerdos del Juzgado Décimo Tercero de lo Familiar local.

La magistrada Santos Mendoza formó parte de las listas del Instituto Nacional Electoral (INE) como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Proceso informó el 2 de febrero último que, en el año 2007, cuando era juez de lo Familiar, envió a la niña Ilse Michel a un albergue de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) como víctima de violencia familiar, dependencia que la envió, sin previo aviso, al albergue subrogado del DIF, Casitas del Sur, de donde desapareció y cuyo caso destapó una red de tráfico de menores en esa casa hogar.

Para el 18 de febrero la magistrada presentó por escrito su declinación a la candidatura para ministra de la Corte.

Sin embargo, ratificó su intención de declinar una vez que el INE ya había impreso, al menos, 100 millones de boletas en las que su nombre aparece como candidata a la Corte, mismas que ya no pueden ser corregidas.

Esto, debido a que la magistrada ratificó personalmente sus escritos de declinación hasta el 28 de febrero último a las 15:45 horas, una semana después de que inició la impresión de las boletas.

Ante ello, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, afirmó que no se trató de un error atribuible al órgano electoral.

“Que quede perfectamente claro y todos tengamos la misma información: no hay tal error, hay un proceso que se estableció en el Consejo General, hay una renuncia y debe existir una ratificación de la misma, ésta se dio una semana después de que inició la impresión y, por lo tanto, materialmente estamos imposibilitados para corregir, como sucede en cualquier proceso electoral”, señaló Taddei.

Debido a que el nombre de Santos Mendoza aparecerá en la boleta electoral, la consejera presidenta informó que el INE tomará las medidas jurídicas para los votos que obtenga esa candidatura que “no existe”, aunque aparezca en la papeleta.

Pase directo

En lugar de contender para ministra de la Corte, Santos Mendoza participará en la elección judicial capitalina en la que tiene pase directo a la boleta electoral para intentar conservar su cargo como magistrada en materia Familiar, en el que gana mensualmente 149 mil 302.22 pesos, menos impuestos, que quedan en 106 mil 244.55 pesos, según los registros públicos del TSJCDMX.

Como secretaria de acuerdos, su hija Saraí Campos Santos gana mensualmente 62 mil 806.8 pesos, menos impuestos, por lo que obtiene un ingreso neto de 47 mil 281.46 pesos.

Durante el proceso de insaculación del Comité de Evaluación del Poder Legislativo de la Ciudad de México, realizado el pasado 26 de febrero, Vicente del Valle Noriega, esposo de Saraí Campos Santos y yerno de la magistrada Santos Mendoza, resultó seleccionado como candidato a juez Familiar.
El pasado 19 de marzo el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) publicó las listas definitivas de candidatos a la elección judicial en las que Del Valle Noriega aparece como uno de los postulados por candidatura única —del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo local— para juez Familiar.
En tanto, el área de la que Joaquín Campos Santos (hijo de la magistrada) es titular se encarga de brindar apoyo administrativo a los juzgados de Proceso Oral en dicha materia, tales como las notificaciones a las partes, oficios y exhortos, entre otros.

Así como de digitalizar los documentos, administrar, controlar y supervisar las unidades de Apoyo Tecnológico y de la Central de Comunicaciones Procesales; supervisar la preparación de las salas de audiencia oral; controlar la agenda y asignación de las salas de audiencia oral, entre otras funciones.

Como titular de dicha Unidad de Gestión, Campos Santos tiene fe pública y gana 72 mil 809.36 pesos mensuales, menos impuestos, lo que implica una remuneración neta mensual de 55 mil 174.89 pesos.

Proceso verificó que tanto Joaquín como Saraí Campos Santos obtuvieron sus cédulas profesionales en el año 2014 como licenciados en Derecho por la Universidad Tepantlato, en la que su madre también es catedrática e incluso tiene un aula con su nombre: “Aula Dra. Gloria Rosa Santos Mendoza”.
Al igual que la magistrada, Joaquín Campos Santos busca quedarse en el TSJCDMX en la próxima elección judicial.
Al haber sido postulado por los comités de Evaluación del Poder Ejecutivo y del Judicial, su nombre aparece en la lista de candidatos publicada por el IECM como candidatura doble para juez Familiar.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Señalan a Birmex de corrupción en licitaciones de medicamentos por 13 mil millones de pesos

El caso fue hecho de conocimiento al sector salud gracias a las denuncias presentadas por parte de otros participantes en la licitación de dichos insumos.

Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, informó en la conferencia mañanera del martes que, durante la más reciente licitación para compra de medicamentos al “menor precio posible”, se identificaron 175 insumos adjudicados a proveedores que no habían sido los de mejor costo.

“Es decir, no habíamos ejecutado la compra a los proveedores que más bajo habían ofertado”, explicó Clark, quien añadió que la adquisición corresponde al 6% de los insumos que conforman la compra consolidada de medicamentos 2025-2026.

El caso fue hecho de conocimiento al sector salud gracias a las denuncias presentadas por parte de otros participantes en la licitación de dichos insumos.

Derivado del hecho, la Secretaría de Salud inició diálogos de colaboración con la Secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, puesto que el sobreprecio de dichos insumos era por más de 13 mil millones de pesos por parte de la empresa estatal Laboratorios Biológicos y Reactivos, Birmex.

Los tres funcionarios señalados ya fueron separados de sus cargos como parte de las investigaciones en curso: “Desde hace algunas semanas se separaron del cargo a las tres personas que participaban en estos procesos dentro de Birmex con el objetivo de que la investigación pueda correr su curso, pueda ser determinada la responsabilidad o no”, continuó Clark, que también recordó que con base en los resultados se determinará qué claves tienen que ser adjudicadas.

Pese a la adjudicación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue clara al afirmar en Palacio nacional que los insumos “todavía no se compraron”; “Todavía no… Se adjudicaron los contratos, esto es importante decirlo, pero tan pronto nos dimos cuenta de esto, lo que hicimos fue notificar a todas las instituciones para que esas 175 claves no pidiéramos piezas”, reforzó Clark.

En caso de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno determine que hubo una actuación irregular de algún funcionario público en Birmex, particularmente, esas piezas no generan un perjuicio al erario.

Finalmente, también destacó Clark que se cumplirá a la cabalidad la ley, “no solo en lo administrativo, sino también en lo que puede ser posiblemente penal“.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Oaxaca: Detienen a exalcaldesa de Santa María Huazolotitlán por presunto tráfico de concesiones y permisos

La Fiscalía de Oaxaca la acusa de expedir permisos para circular para el transporte público, sin tener facultades legales para ello.

Por la presunta comisión del delito de Tráfico de Concesiones y Permisos del Servicio Público de Transporte durante su mandato, fue detenida Vilma Reyes Martínez, expresidenta municipal de Santa María Huazolotitlán, en la Costa de Oaxaca.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que, la acción penal la efectuó tras recibir una denuncia, por lo que la investigación quedó a cargo de la Vicefiscalía Regional de la Costa.

Las indagatorias revelaron la existencia de permisos para circular para el transporte público, los cuales estaban firmados por el Ayuntamiento de Santa María Huazolotitlán, periodo en que Reyes era presidenta de dicho municipio, aunque carecía de facultades legales para emitir este tipo de documentos.

La Fiscalía de Oaxaca obtuvo una orden de aprehensión del juez de control, por lo que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) la detuvieron y presentaron ante el juez que la requirió, quien definirá su situación jurídica.

La exalcaldesa costeña, emanada del PRI, concluyó el 31 de diciembre del 2024 su trienio, que empezó en 2022.

La semana pasada fue vinculada a proceso Alba Mier Castellanos, expresidenta municipal de Mártires de Tacubaya, otro municipio de la costa oaxaqueña, acusa de posible comisión de delitos contra la salud en su modalidad de posesión de drogas, según informó la Fiscalía General de Oaxaca.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: DIANA MANZO.