Siete expolicías municipales de Nicolás Romero fueron sentenciados a 47 años y medio de prisión por homicidio, como resultado de la Operación Enjambre mediante la que fueron detenidos funcionarios y exfuncionarios de diversos municipios mexiquenses presuntamente vinculados con actividades del crimen organizado y/o de alto impacto.  

Los condenados, cinco hombres y dos mujeres, responden a los nombres de Jesús Fernando Vega Mondragón, Diego Eduardo Rodríguez Rangel, Alejandro Jacinto Herrera, Daniel Herrera Cortés, David Aguayo García, Anallely García Torres y María Isabel Alanís Rodríguez.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó irregularidades en el manejo del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, operado por la Secretaría de Bienestar, durante la segunda revisión a la Cuenta Pública 2024.

La auditoría de cumplimiento, bajo el número 2024-0-20100-19-0289-2025, tuvo como objetivo verificar que los recursos del programa se ejercieron conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Entre los hallazgos principales, la ASF reportó que no se entregaron 214 expedientes de beneficiarios ni la documentación comprobatoria (recibos y órdenes de pago) de apoyos económicos por un monto de 2.7 millones de pesos. Esta situación impidió comprobar el destino de dichos recursos.

Además, se identificaron pagos en exceso por un total de 56 mil pesos a siete beneficiarios en el estado de Guerrero, en el contexto de la emergencia causada por el huracán Otis. 

Estas personas recibieron más de un apoyo económico por concepto de trabajos de limpieza, lo que no está permitido por las reglas de operación del programa.

Las quejas desde el huracán Otis son largas y abarcan muchos ámbitos: desde las fallas en los apoyos económicos y la destrucción de la infraestructura de Acapulco, hasta el deterioro de los tesoros ecológicos del puerto.

Uno de los casos fue reportado por el medio local El Sur. Se trata de la primaria Baltazar R. Leyva Mancilla, que no cuenta con bardas perimetrales desde que el huracán Otis las derribó. A dos años del incidente, la escuela aún no recibe recursos gubernamentales para poder reconstruirlas. Además, un examen de Protección Civil señaló que dicha barda es fundamental para la seguridad de los alumnos.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) detectó pagos por más 20 millones de pesos a personas de las que no tiene certeza que hayan laborado en el ayuntamiento de Pachuca, pero fueron parte de la nómina municipal durante 2024, el último año del entonces alcalde priista Sergio Baños Rubio, miembro del grupo político del exgobernador Omar Fayad Meneses. 

Ese monto forma parte de las observaciones por 47 millones 354 mil 428.33 pesos que el ente fiscalizador detectó en el segundo informe de la cuenta pública 2024, entregado el 31 de octubre al Congreso estatal. 

Entre las irregularidades también identificó que no existe comprobación de la cantidad de residuos sólidos urbanos depositados en el relleno sanitario que se ubica en el ejido de El Huixmí, por lo que 23.5 millones de pesos pudieron ser cargados al erario como confinamiento de desechos que no llegaron al basurero o, al menos hasta ahora, de los que no se puede acreditar existencia y destino. 

Por los posibles “aviadores”, la ASEH emitió tres observaciones: la primera es por 18 millones 49 mil 78 pesos en la partida de Personal eventual; la segunda, de 2 millones 565 mil 829 pesos en la Otras prestaciones sociales y económicas, que corresponde al personal eventual, y la tercera por 419 mil 131 pesos, por un “retroactivo” para “empleados eventuales” de los que tampoco “se tiene la certeza que pertenezcan a la plantilla”. 

En los tres casos, el órgano de fiscalización expuso que revisó “las pólizas de diario, reporte de nómina, comprobante fiscal digital por internet, analítico de plazas y servicios personales, listas de raya”, así como “estados de cuenta, contratos y reportes de actividades” sin que se acreditaran las contrataciones, funciones desempeñadas y presencia de las personas que recibían dinero del ayuntamiento. 

Aunque en 2024 los primeros ocho meses estuvieron a cargo del edil Baños Rubio, quien cedió el mando en septiembre al actual alcalde morenista Jorge Reyes Hernández, la ASEH confirmó que las observaciones competen únicamente al periodo del miembro político del denominado Grupo Plural Independiente (GPI), conformado por el hoy embajador de México en Noruega, Omar Fayad, tras su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en junio de 2023. 

La administración de Sergio Baños tampoco presentó evidencia de la entrega de roscas de reyes, por las que cargaron al erario 2 millones 876 mil 220 pesos. La auditoría expuso que el gobierno municipal entregó identificaciones oficiales de supuestos beneficiarios, más recibos con firmas y sellos de delegados, pero que es insuficiente para acreditar que el producto en realidad se compró y que fue correctamente distribuido. 

El municipio tampoco presentó los tickets de pesaje inicial y final para determinar la cantidad de desechos que ingresaron al sitio de disposición final en el Huixmí, según lo reportado en sus bitácoras diarias, semanal, mensual y ticket por unidad de manera general, por lo cual no se acredita el gasto de 27 millones 785 mil 308.86 pesos. 

De igual forma, en la partida de Mantenimiento de vehículos no presentó la solicitud de servicio y requisición, bitácora y evidencia gráfica de los trabajos supuestamente realizados a las unidades municipal, por lo cual no acreditó 72 mil 654.04, en tanto que en Material de combustibles no comprobó los “recorridos u oficios de comisión del personal” que justifiquen el uso de 441 mil 988.17 pesos. En Prensa y publicidad, también hay 999 mil 998.49 pesos sin justificar. 

Exsecretario particular de Fayad debe justificar 24.7 mdp

Martiniano Vega Orozco, oficial mayor de Hidalgo durante el gobierno de Omar Fayad Meneses (2016-2022), fue vinculado a proceso en dos causas penales: un posible fraude en el cobro del seguro catastrófico por los daños del huracán Grace en 2021 y por la venta ilegal de tres helicópteros, sin avalúo y a un precio por debajo de su valor real. 

En una jornada en la que se llevaron a cabo dos audiencias con el mismo imputado, el exfuncionario fue acusado, primero, de peculado agravado y, posteriormente, de uso ilícito de atribuciones agravado.

Raquel Buenrostro Sánchez, actual titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, presentó su declaración de modificación de situación patrimonial y de intereses correspondiente al año inmediato 2025. 

El documento, de carácter público, fue recibido en la dependencia el 30 de mayo de 2025 y contiene que ella tuvo ingresos superiores a los 9 millones de pesos por la venta de un departamento. 

Aunque ya se había dado a conocer este bien inmueble, la polémica surge ahora porque nunca lo registró como suyo en sus declaraciones patrimoniales anteriores. 

En su remuneración anual neta por cargo público, reporta que gana 1 millón 903 mil pesos como titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Pero en el apartado de otros ingresos netos, declara que ganó 9 millones 145 mil pesos, que incluyen: ingresos por actividad financiera (rendimientos/ganancias) por 45 mil pesos (provenientes de bonos ) e ingresos por enajenación de bienes de 8,850,000 pesos, que provienen de la venta de un inmueble por $8 millones 600 mil pesos y un vehículo por 250 mil pesos. 

En su misma declaración patrimonial, señala que vendió un departamento el 7 de mayo de 2024 mediante crédito, con un valor de 9 millones 400 mil pesos.

Antes de su puesto actual, la servidora pública se desempeñó en diversos cargos en el ámbito federal y público:

En semanas anteriores varios personajes de la 4T se han visto involucrados en polémicas surgidas de sus declaraciones patrimoniales. El más emblemático fue Gerardo Fernández Noroña y su casa en Tepoztlán que reportó estar adquiriendo por 12 millones de pesos, como reportó oportunamente EMEEQUIS el 25 de agosto pasado. 

Además, en días pasados, Comités de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción exigieron una investigación profunda por presuntas discrepancias en las declaraciones patrimoniales y fiscales de 2023-2025 del también senador Adán Augusto López. Ambos negaron acusaciones de irregularidades.

Aunque parecería imposible que un narcotraficante denunciara el robo de un cargamento de droga, dadas todas las alertas, banderas rojas, inconsistencias, surrealismo, impunidad, corrupción, irracionalidad y sinvergüenzada que eso implica… sucedió. En el México lindo y querido, en el Estado 29 y en la mismita Tijuana. El colmo: los ladrones de droga fueron elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.

Los hechos sucedieron más o menos así: narcotraficantes “independientes”, es decir que no están afiliados a cártel con actividad criminal en la región, y que se van por la libre (o sea sin pagar piso a otros criminales como ellos), transportaron un cargamento de 180 kilogramos de cocaína hasta la frontera de Tijuana. “Alguien” -o sea, un afiliado criminal de una célula del Cártel de Arellano Félix- advirtió la llegada de la droga y compartió tal información con un “policía amigo”, que, a su vez, orquestó a media docena o más de agentes de la FESC, para robar la droga que había llegado doblemente irregular a la entidad: primero porque, pues, es ilegal el transporte de drogas; y segundo porque lo hicieron al margen de los cárteles, sin darles la tajada que les corresponde.

Al modo, los agentes se organizaron un operativo para ir y robar la droga, sabedores que podrían mantener la impunidad ante el hecho que asumían; nadie denunciaría el robo de la droga. En convoy oficial, utilizando unidades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Baja California, a las cuales les inhabilitaron los geoposicionadores y otras herramientas digitales, llegaron hasta la zona señalada y se llevaron la droga.

Pero lo impensable: sí hubo denuncia. No oficial, por supuesto (ahora sí sería el colmo), ni a través de las redes sociales que luego utilizan para el golpeteo criminal, y tampoco con una manta amenazante que es lo más usual. La denuncia llegó a las áreas de inteligencia que, en ambos lados de la frontera, cuentan con orejas criminales.

Dada la participación de solamente oficiales de la FESC en el hurto de la coca, las áreas de inteligencia dieron parte a los mandos de la Secretaría de Seguridad, y ahí, posterior al sábado 4 de octubre, día del robo de la droga, empezó una investigación que ha develado cómo la corporación de seguridad ciudadana está infestada de grupos criminales al servicio de distintos cárteles u organizaciones ilícitas.

La semana posterior al robo, varias mantas amenazantes fueron colgadas o abandonadas en sitios públicos, y en las mismas unos grupos acusan a otros: unos elementos señalan a otros más en lo que parecía ser el juego de la papa caliente entre las áreas de inteligencia, general, enlace, investigación, operación, de la Secretaría de Seguridad. Todos echándose los 180 kilos de cocaína los unos a los otros.

¿Existe alguna corporación que se salve de la corrupción y la infiltración del narco? Difícil saberlo, pero no imposible pensarlo. Lo que sucedió con el robo de la cocaína, teniendo a agentes de la FESC como los protagonistas, evidencia que más allá de servir al narco, hay policías que ya constituyen cárteles de la droga, aunque ésta sea robada.

Desafortunadamente no es la primera ocasión que agentes roban droga en Baja California. Ha sucedido con elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Ministerial del Estado, de las Policías Municipales, pero siempre había sido su participación en apoyo a los criminales; es decir, una célula de un cártel de las drogas que tiene un su ilícita nómina a policías de las diversas corporaciones, los utiliza en distintas tareas, por ejemplo, para que les informen de operativos en su contra y estar en posibilidades de huir a tiempo, o para que les abran camino en un trayecto por zona urbana cualquiera, o para que secuestren a adversarios criminales, o para que los aprehendan. Pero en este caso los policías no iban de refuerzo de cártel o célula alguna, sino en su propio cartelito, organizados entre ellos mismos, y con las unidades oficiales que tienen asignadas.

Los hechos, finalmente, ya están siendo investigados por lo menos por la titularidad de la Secretaría de Seguridad, a cargo del General Laureano Carrillo, y de las investigaciones internas se proveerá la información a la Fiscalía General de la República, donde se radicará la indagación dado que se trata de delitos contra la salud, o sea, implican drogas, aunque éstas hayan sido robadas a una célula criminal por parte de un cartelito de policías.

Lo surrealista de todo esto es que se iniciará una investigación por el hurto de droga a una célula criminal, no para dar con el cuerpo del delito y reparar el daño a los criminales dueños de las drogas, sino para sancionar a parte de una corporación que, de manera deshonesta, falta a su compromiso de servir brindando seguridad a los ciudadanos, robando a los criminales para obtener un provecho, en lugar de investigar, confiscar, reportar, detener, perseguir a los traficantes de droga y ponerlos a disposición, acciones que habrían sido las correctas una vez que se enteraron de la ubicación de un cargamento de droga. Pero no; como vil cartelito de policías, prefirieron robársela.

El robo de 180 kilos de cocaína, ejecutado por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) el 4 de octubre del 2025, en la Zona Este de Tijuana, y corroborado por autoridades en ambos lados de la frontera, por enésima ocasión, obliga a los integrantes de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad de Baja California a reconocer las deficiencias existentes en materia de depuración policiaca, en la utilidad del C3 y en la manera en que están ignorando protocolos y resultados.

El secretario de Seguridad de Baja California, el General Laureano Carillo, finalmente reconoció que por el tema ya tiene a 14 elementos suspendidos y están investigando “el posible mal uso de las patrullas y el equipo táctico”, aunque evidentemente el problema es más profundo.

La delincuencia organizada, la colusión de elementos estatales-federales y municipales con operadores de los cárteles en distintas actividades criminales, como “bajes” o custodia de cargamentos de enervantes, privaciones de la libertad y homicidios, durante décadas ha sido harto conocida por los bajacalifornianos y mexicanos en general. Les han cambiado el nombre a las corporaciones, pero las “mañas” permanecen y los exámenes de confianza no parecen ni contenerlos, ni detectarlos.

A largo plazo, incluso los “operativos de depuración” han servido de poco. En 2007 desarmaron a la policía de Tijuana, y entre 2008 y 2009 detuvieron a agentes municipales y estatales que liberaron años después.

Bajo el gobierno de Marina Ávila, el año pasado entre septiembre y octubre, 162 policías de la zona Sur del Valle de Mexicali fueron desarmados para ser evaluados; el 90 por ciento aprobaron y 16 agentes resultaron dudosos. Le siguieron en enero del 2025 con la policía municipal de Tecate; de los 189 agentes activos, 100 reprobaron, y en agosto informaron que 90 habían sido reinstalados después de una segunda batería de exámenes del C3, pero antes reconocieron que muchos de los no aprobados ni siquiera habían sido suspendidos.

A Rosarito le tocó entre marzo y abril. Los 264 agentes rosaritenses fueron retirados del servicio para ser examinados, y el 40 por ciento (122 elementos) resultaron reprobados y removidos, pero 33 ya están en proceso de ser reinstalados. Entre los 142 aprobados estaban Eusebio Eriberto Frausto Flores, Rosendo Valenzuela Ortega y Jorge Abel Díaz Estrada, los tres uniformados detenidos el pasado 3 de septiembre por personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Estatal (SSPC), con orden de aprehensión por su presunta participación en una desaparición del año 2024.

El plan expuesto por el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, General Laureano Carrillo, al llegar en enero del presente año, fue que esa depuración alcanzaría a todos los municipios. En el resto de las ciudades también retirarían a los municipales y los suplirían con agentes estatales, pero dadas las circunstancias, resulta obvio que valdría empezar por reevaluar a la FESC.

El 30 de junio del 2025, el Centro de Evaluación de Control de Confianza para el personal del servicio profesional de carrera de las Instituciones de Seguridad Pública en México, presentó el informe de Seguimiento de Evaluaciones a Personal Estatal y Municipal y reportó que en Baja California, de una fuerza total de nueve mil 231 elementos, el 78 por ciento (léase siete mil 149) tenían los exámenes aprobados vigentes, 359 los habían reprobado, y el resto (mil 723) o estaban pendientes de resultados o les faltaba hacer las pruebas.

De acuerdo a estos números, en junio pasado había 52 agentes de la FESC no aprobados, de los cuales se ignora el destino, pero a la fecha el secretario de Seguridad no ha informado que ninguno de los 16 agentes suspendidos e investigados esté en los reprobados, lo que también evidenciaría la ausencia de controles.

La misma estadística detalló que nacionalmente existen nueve mil 159 mandos, de los cuales seis mil 480 reportaban los exámenes aprobados vigentes y 526 habían reprobado. Pero no sabemos si algunos de ellos son de Baja California, y también se desconocen los resultados de las pruebas de los mandos militares, dado que esas las realiza la Sedena; por ejemplo, el exdirector de la policía de Mexicali, Teniente Coronel, Julián Leyzaola, (marzo-julio 2025), se retiró del cargo sin entregar las evidencias de sus exámenes aprobados.

En junio del 2022, cuando Octavio Andrée Espino Torres, asistente del jefe de la oficina del exfiscal Ricardo Carpio, fue aprehendido al intentar cruzar la Garita de San Ysidro con 29 kilos de metanfetamina, los primeros reportes indicaron que había aprobado los Exámenes de Control, pero había sido observado por el Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3).

La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) y la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) desviaron 4.6 millones de pesos del presupuesto de becas destinadas a docentes con hijos con discapacidad, estudiantes y maestras jefas de familia durante 2024.

Entregaron recursos para educación de Tamaulipas a docentes que no cumplían los requisitos para recibir becas, entre ellos 20 integrantes de la cúpula de la sección 30 del SNTE en Tamaulipas y sus familiares, que en realidad son ‘comisionados’, es decir, cobran salario del gobierno, pero se dedican a tareas sindicales.

Además, la SET violó los lineamientos de las becas al sobrepasar los montos de entrega establecidos. En 2024 dio entre 19 mil y hasta 142 mil pesos a 575 personas, pese a que el programa sólo prevé una beca anual de 2 mil pesos para personas con discapacidad y 1,500 pesos para madres trabajadoras docentes; o 150 pesos mensuales para hijos de maestros que estudian en preescolar y hasta 1,300 para alumnos de posgrado.

La Unidad era dirigida en 2024 por Hugo Armando Fonseca Reyes, quien firmó los registros donde se aprobó a los beneficiarios de las becas, aún con las irregularidades antes descritas.

Antes de ser funcionario, Fonseca Reyes tuvo diferentes cargos dentro del sindicato. Su último puesto fue como secretario particular de Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE, y fue operador en la campaña del ahora gobernador, Américo Villarreal. Actualmente es Subsecretario de Administración de la SET.

Animal Político solicitó entrevistas con Fonseca Reyes, pero dejó de responder los mensajes de chat después de mencionarle los hallazgos de esta investigación. En tanto, Arnulfo Rodríguez, dirigente de la sección 30 del SNTE, aceptó la entrevista y aseguró que en su gestión logró que el gobierno de Américo Villarreal regresara estas becas que habían sido suspendidas en la administración panista de Francisco García Cabeza de Vaca.

Cerca de 100 mil pesos fueron depositados vía nueve cheques a la familia del exdiputado de Morena, Juan Vital Román Martínez. Su hermanas Deyanira y Teresa Elizabeth sumaron 69 mil pesos en 7 pagos. Su hermano Emedith, profesor de secundaria en Padilla, Tamaulipas, cobró 28 mil pesos.

Deyanira Román fue exsecretaria particular del dirigente sindical, Arnulfo Rodríguez, en su primer periodo. Actualmente labora en la coordinación de la Unidad Ejecutiva, específicamente en la instancia que corrobora y vigila la entrega de las becas.

En Reynosa, el SNTE y la Unidad Ejecutiva entregaron 124 mil pesos en 10 cheques a los hermanos Bazaldúa Martínez. Nancy, quien es coordinadora de becas y secretaria delegacional en el Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede), recibió 62 mil pesos. La misma cantidad fue para César Homero, profesor de matemáticas de la secundaria general “Gumersindo Guerrero García”, de acuerdo con información de la SET.

Violan lineamientos de las becas