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Detienen en Texas a regidor panista acusado de desviar recursos durante pandemia por Covid-19

Los fondos, que suman un fraude estimado en 685 mil 800 dólares, fueron utilizados para gastos personales, inversiones privadas y adquisición de criptomonedas, denuncian.

El regidor del municipio de Río Bravo, Bernardo Gómez, fue detenido en Texas, acusado de fraude electrónico durante la pandemia de Covid-19.

El funcionario habría falsificado, junto a su esposa y otros tres cómplices,?declaraciones fiscales y documentos empresariales para obtener préstamos de la Administración de Pequeños Negocios (SBA). Los fondos, que suman un fraude estimado en 685 mil 800 dólares, fueron utilizados para gastos personales, inversiones privadas y adquisición de criptomonedas.

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Texas, Gómez Jr. su esposa Lesley Chávez,? y otros tres residentes del Valle del Río Grande habrían falsificado declaraciones fiscales y documentos empresariales para obtener préstamos de la Administración de Pequeños Negocios (SBA). Los fondos, que suman un fraude estimado en 685,800 dólares, fueron utilizados para gastos personales. 

Según la investigación los detenidos, presentaron solicitudes fraudulentas al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y al Programa de Préstamos por Desastres Económicos (EIDL), en complicidad con otras tres personas. 

De acuerdo con la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas, el matrimonio y sus? cómplices habrían manipulado declaraciones fiscales y registros comerciales para acceder de manera indebida a los programas de apoyo PPP y EIDL, creados para evitar el colapso económico de negocios afectados por la emergencia sanitaria. 

Las autoridades acusan que el dinero, en lugar de utilizarse para sostener nóminas o salvar empresas, fue desviado a gastos personales, inversiones privadas y criptomonedas. 

De confirmarse su culpabilidad, los implicados enfrentarán penas de hasta 20 años de cárcel y multas superiores a los 250 mil dólares, además de la restitución de los recursos defraudados. 

El regidor panista ya compareció ante la corte federal en McAllen y, de ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 20 años de prisión y una multa de hasta 250,000 dólares. 

La investigación fue realizada por el FBI y la Oficina del Inspector General de la SBA, con apoyo del Departamento de Seguros de Texas. El caso está a cargo del fiscal federal adjunto Lee Fry. 

A principios de 2020, la SBA comenzó a ofrecer Préstamos por Desastre Económico (EIDL) y préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP) para ayudar a las pequeñas empresas a superar la pérdida temporal de ingresos causada por la pandemia. 

Según la acusación formal los acusados?presentaron solicitudes fraudulentas para obtener préstamos EIDL o PPP entre junio de 2020 y noviembre de 2021. 

El regidor y su esposa, propietarios y operadores de varias empresas de entretenimiento y servicios en el Valle del Río Grande, incluyendo Dream Weddings RGV, LLC, Ambience Flowers and Rentals LLC y Brand Boosters Co. LLC, presuntamente defraudaron al gobierno en tres ocasiones. 

El 10 de junio de 2020, Chávez presentó una solicitud de EIDL con declaraciones fraudulentas para Dream Weddings RGV, LLC, y recibió $150,000 al día siguiente. 

La acusación formal indica que, poco después, Chávez y Gómez utilizaron esos fondos para comprar equipos para su imprenta, Brand Boosters Co. LLC. 

Al año siguiente, el 20 de mayo, Chávez presentó otra solicitud fraudulenta del PPP para Ambience Flowers and Rentals LLC y recibió $40,800 seis días después, según la acusación. 

“Inmediatamente después de recibir el depósito, una parte de los fondos se transfirió a la cuenta bancaria personal de Lesley Chávez y se utilizó para gastos e inversiones personales”, declaró la acusación. 

El 4 de noviembre de 2021, Lesley presentó un formulario de condonación del préstamo PPP. 

Gómez presentó su propio formulario fraudulento de préstamo PPP el 20 de mayo de 2021 para Brand Boosters Co. LLC y recibió $20,800 siete días después, según la acusación. 

“Tras recibir los fondos, Bernardo Gómez Jr. utilizó una parte de los fondos del préstamo PPP para financiar una cuenta de criptomonedas para su propio enriquecimiento”, declaró la acusación. 

Posteriormente, presentó un formulario de condonación del préstamo PPP el 26 de julio de 2021. 

El regidor Bernardo eso Gómez JR, es hijo de Bernardo Gómez Villagómez quien fuera presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, durante el periodo 1996–1998.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA QUINTÁ URESTI.

Caen casi 60 policías municipales y 4 integrantes del Cártel Chiapas-Guatemala

Asimismo fueron detenidos cuatro presuntos integrantes del grupo delictivo Cártel Chiapas-Guatemala; durante cateos, se aseguró un felino jaguar.

La Fiscalía General de Chiapas dio a conocer este martes la detención de 59 elementos de la policía municipal de Cintalapa, incluido al director de la corporación policial, así como a cuatro presuntos integrantes del grupo delictivo Cártel Chiapas-Guatemala.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía estatal, a través de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, en coordinación con la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, cumplimentaron seis órdenes de cateo en el municipio Cintalapa.

En esa operación conjunta fueron detenidas las 59 personas, además aseguraron armamento.

Las diligencias de cateo autorizadas por la Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región 1 para la Atención de Delitos No Graves con residencia en Chiapa de Corzo, se realizaron en inmuebles ubicados en diferentes colonias de Cintalapa, entre ellos, la Comandancia Municipal y uno en el municipio Jiquipilas.

Las y los policías municipales, así como Ulber “N”, quien fungía como director de la policía municipal, fueron detenidos como presuntos responsables de los delitos de uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias y asociación delictuosa.

Por el delito contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio de metanfetamina y marihuana, fueron detenidos Fabiana “N”, de nacionalidad venezolana, y Andrés “N”. En tanto, por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con la variante de narcótico conocido como metanfetamina y marihuana, fueron arrestados Daniel “N” y Maximiliano “N”.

Durante los cateos se aseguraron un arma de fuego calibre 9 mm con cargador y 16 cartuchos útiles; dos armas largas tipo AK-47 con dos cargadores y 16 cartuchos calibre 7.62 mm, así como siete vehículos de diferentes marcas y modelos, con placas del estado y uno con placas de la Ciudad de México; una motocicleta Vento con placas del estado y una cuatrimoto modelo 2020, así como un jaguar.

Los policías municipales y el director de la corporación quedaron a disposición del Fiscal del Ministerio Público para que determine su situación jurídica.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Graban despojo violento: científica y empresario austriaco denuncian abusos de los hermanos Kuri

Los restauranteros Carolina Mendoza y Armin Brandel acusan a los hermanos Kuri Carballo (ligados al Partido Verde) de orquestar su desalojo violento en Lomas de Angelópolis mediante amenazas, agresiones, difamación y abuso de poder. Los hechos, en complicidad con la policía de San Andrés Cholula.

El 7 de mayo último el matrimonio formado por la científica Carolina Mendoza y el ingeniero austriaco Armin Brandel fueron desalojados con violencia de su restaurante en el que no sólo invirtieron los ahorros de su vida (poco más de cinco millones de pesos), sino en el cual trabajaron para convertirlo, en pocos meses, en uno de los mejor calificados de la exclusiva zona de Lomas de Angelópolis de este municipio.

Aficionados a la cocina, Carolina y Armin creyeron estar cumpliendo un sueño al emprender ese establecimiento especializado en comida italiana al que llamaron Fenotti, pero al poco tiempo se vieron inmersos en la pesadilla que jamás imaginaron.

En lo que ahora asumen fue una maquinación, los restauranteros denuncian que fueron despojados de su trabajo y dinero en medio de una cadena de atropellos, difamación en medios de comunicación y redes sociales, robos, amenazas de muerte, violencia institucional, boicots al negocio, agresiones físicas, detenciones arbitrarias, abuso de autoridad y falsificación de documentos, entre otras acciones. 

Ante distintas autoridades la pareja ha acusado a los hermanos Juan Pablo y Emilio Kuri Carballo, propietarios del Centro Comercial Riona High Plaza, de haber usado influencias políticas y poder económico para avasallarlos de diversas maneras hasta sacarlos de dos locales que en marzo de 2024 les arrendaron en obra negra y en los cuales invirtieron para acondicionarlos como un restaurante de alta gama.

Juan Pablo Kuri fue regidor en el Ayuntamiento de Puebla de 2014 a 2018, y, al mismo tiempo, fungió como dirigente estatal del Partido Verde hasta julio de 2019, cuando se integró al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) como secretario de Comunicación Social de ese partido hasta noviembre de 2020. 

De 2018 a 2021 fue diputado local, cuando el Verde se sumó a la alianza Juntos Hacemos Historia, que llevó a la 4T a ganar la gubernatura de Puebla. 

Además, los hermanos Kuri Carballo son hijos de Antonio Kuri Alam, quien fue delegado del Infonavit de 2016 a 2023, época en la que ese instituto fue señalado por demandar a derechohabientes en otras entidades del país para dejarlos en la indefensión. Al perder sus casas, éstas se remataron en favor de inmobiliarias.

En denuncias ante autoridades como la Secretaría de la Función Pública estatal, la contraloría de San Andrés Cholula, la embajada de Austria, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los restauranteros aseguran que en el entramado en su contra participaron servidores del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, que preside la panista Guadalupe Cuautle y del Sistema Operador de Agua y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP).

Las maniobras para anular el contrato de renta, que se firmó por tres años, y para apropiarse de las adecuaciones que hicieron los empresarios, se relacionarían con que en ese centro comercial operará en breve una franquicia Akademi, de Kidzania, centro interactivo para niños que, al estar en la zona de mayor nivel socioeconómico de Puebla, atraería una alta afluencia de familias a esa plaza. 

Los Fenotti

Armin y Carolina llegaron a Puebla hace cuatro años, cuando la científica, doctora en Nanociencias y Materiales, fue contratada para trabajar en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE). Su pareja, quien labora en línea para Microsoft, no tuvo problema en cambiar residencia.

En entrevista con Proceso, explican que a principios del año pasado decidieron aventurarse y poner a trabajar sus ahorros en un restaurante en una zona de alta demanda como lo es Angelópolis. 

El 1 de marzo de 2024 firmaron un contrato de renta con los Kuri Carballo para pagar 100 mil pesos mensuales por dos locales en la Plaza Riona High, ubicada en el bulevar Atlixcáyotl.

Los dueños del centro comercial condicionaron el arrendamiento a que, en la adecuación de las instalaciones, que estaban en obra negra, contrataran al arquitecto Miguel Jacobo Yitani, amigo de los Kuri, quien cobró dos millones de pesos sin entregarles factura por sus servicios. 

Desde los primeros meses enfrentaron problemas, pues tuvieron que hacerse cargo de la instalación de gas, ya que, aunque el centro comercial rentó el lugar para restaurante, no contaba con ese indispensable servicio.

Armin asume ahora que esta intención de despojo estaba presente desde ese momento, pues en el proceso para tramitar licencia de funcionamiento y permisos de protección civil, los empleados de la plaza nunca entregaron documentos que requerían, por lo que tuvieron que contratar a un perito que resolviera esos trámites. “Creo que la intención era que no obtuviéramos los permisos, pero a pesar de todo, lo logramos”, refiere el austriaco.

“Éramos muy niños”, expresa al reconocer la ingenuidad con la que aceptaron condiciones, omisiones, tratos de palabra y cláusulas que luego usaron en su contra. 

Fenotti empezó a operar el 1 de agosto del año pasado. La pareja cuenta que el establecimiento logró ganar popularidad por lo que en poco tiempo empezaron a tener lleno los fines de semana. Esto, pese a los constantes saboteos de la administración a cargo de Rosario Pedraza, quien apagaba las luces de la plaza o dejaba sin funcionar elevadores y escaleras eléctricas, cuando aún tenían clientela. 

Detenciones y difamación

El 10 de enero de 2025 ocurrió el primer incidente grave. Carolina buscó estacionarse en un lugar cercano al local, pero el personal de seguridad se lo impidió.

Al suscitarse un altercado, los Brandel llamaron al 911 para pedir el auxilio de la policía vial, pero al lugar llegaron además elementos municipales que, luego de saludar con familiaridad a la administradora, esposaron a Armin y se lo llevaron detenido. Al temer la desaparición de su pareja, Carolina igual se subió a la patrulla. 

Ambos fueron llevados al Complejo de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPPC) de San Andrés Cholula donde una jueza los puso en libertad al no haber cargos, aunque las fichas que les levantaron dice que fueron aprehendidos por “escandalizar en evento deportivo” y los obligaron a pagar dos mil pesos de multa.  

En su denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Armin afirma que los policías fueron sobornados por la administradora de la plaza, Rosario Pedraza, para grabarlo en video cuando lo subían a la patrulla. Esas imágenes fueron pautadas en medios de comunicación locales y en redes sociales para exponer al austriaco como un “agresor de mujeres”. 

“Armin Brandel ya tiene antecedentes de agresiones y es conocido por ser conflictivo. Este incidente no es el primero en el que se ve involucrado en situaciones de violencia”, dice una de las notas de ese día.

En tanto que Pedraza presentó una demanda contra Armin al que acusó de haberla agredido físicamente por el espacio de estacionamiento. 

Tras esta andanada mediática, el austriaco acudió ante la embajada de su país en México y el 13 de enero dio una rueda de prensa en la que señaló a los Kuri Carballo de usar sus contactos y recursos económicos para hostigarlo y difamarlo. 

En ese momento pidió la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alejandro Armenta para que hicieran prevalecer el Estado de derecho y la certeza jurídica en su derecho al trabajo y el de los 15 empleados del restaurante.

Amenaza de desalojo y clausura

El 20 de febrero último, cuando el restaurante apenas tenía seis meses de operar, los empresarios fueron notificados de un juicio de desalojo en el que los Kuri pidieron conservar las adecuaciones y retener tres meses que habían pagado como depósito.

A partir de entonces iniciaron la defensa legal, que aún sigue en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo y Juicios Federales en Puebla bajo el expediente 14/2025, aunque el desalojo ya se consumó.

La pareja menciona que sus abogados dieron por hecho que la demanda no procedería, pues los Kuri usaron la vía mercantil, cuando el contrato de renta es civil. No obstante, el juzgado inicio el proceso y les pidió una garantía de 800 mil pesos. 

Luego de que ellos recurrieron al amparo y al observar la posible falta de competencia de la vía mercantil, Armin cuenta que los Kuri desataron otras estrategias de presión. 

El 4 de abril un inspector del SOAPAP llegó a Fenotti y cortó el suministro del agua bajo el argumento que incumplían con permisos de descargas, aunque éstos no correspondían al establecimiento, sino al centro comercial. 

Para no suspender el servicio, los empresarios instalaron un tinaco y compraron otros dos recipientes que no usaron. Armin asegura que la noche del 7 de abril, cuando ya el restaurante había cerrado, empleados del centro comercial allanaron la terraza de su local y tiraron desde la segunda planta dos de los tinacos. Días después, afirma, los encontraron en una bodega de la plaza, aplastados y orinados. 

El austriaco, alertado por un vecino, regresó al restaurante cuando acababa de ocurrir este hecho y encontró patrullas de la municipal de Cholula en el lugar que se negaron a actuar, aunque les mostró los videos de las cámaras de seguridad donde identificó a trabajadores de seguridad de la plaza ingresando al negocio y lanzando los tinacos. 

En tanto, la SSPPC de Cholula emitió un comunicado ese día en el que descartó que se tratara de un robo y expuso que todo se debió a la falta de pago de agua por parte del restaurante. Aseguró que los tinacos fueron resguardados por personal de la plaza, aunque en el video se ve cuando los lanzan desde la terraza. 

Tras cinco días sin servicio de agua, el SOAPAP reconoció la ilegalidad del corte aplicado el 4 de abril y reconectó el suministro al restaurante. 

Dos días después, el 11 de abril, inspectores de Protección Civil llegaron a Fenotti con la intención de clausurarlo. Los empresarios relatan que presentaron todos los permisos en orden, pero los empleados del ayuntamiento de Cholula arguyeron el peso de los tinacos llenos de agua, aunque estos fueron robados. 

Colocaron un gran pegote de “clausurado” en una de las ventanas del local.  

De nueva cuenta, la SSPPC de Cholula publicó un comunicado para sostener que la clausura del restaurante se debió a que se “constató que los tinacos llenos de agua se encontraban adentro del inmueble”.  Y de nuevo, la nota fue difundida en medios. 

Los propietarios de Fenotti iniciaron el 14 de abril un procedimiento administrativo de revisión y, el día 23, la Secretaría de Protección Civil del municipio anuló por irregular esa clausura, aunque nunca se presentaron para retirar el pegote de “Clausurado” que causaba confusión entre los clientes. 

También, afirman que otro de los ataques fue mediante bots en Google, Instagram y Twitter para tumbar la calificación de las reseñas de Fenotti que era de 4.9. Tras una denuncia pudieron comprobar el ataque masivo y anular los falsos mensajes. 

Armin y Carolina reconocen que a este punto ya estaban agotados y desgastados anímica y económicamente. Cuando los abogados les advirtieron que podrían proceder al desalojo con el uso de la fuerza pública, decidieron salirse voluntariamente pensando en la seguridad de sus empleados y de ellos. 

Carolina asegura en una de las demandas que en ese entonces la administradora del centro comercial se acercó a ella y le dijo: “Si no se largan, los Kuri los van a matar”.

El 7 de mayo pasado comenzaron a desocupar los locales en presencia de un representante de la CEDH. Pero Carolina cuenta que apenas éste se retiró, los empleados de la plaza desataron la violencia, rompieron vidrios y los amedrentaron para tratar de impedir que siguieran sacando sus equipos. 

Todo esto ocurrió frente a elementos de la policía de San Andrés, de un supuesto notario y de representantes de medios de comunicación. 

Carolina mostró a Proceso un video (ver en el link original) donde ese día Octavio de Jesús Solís Morán, apoderado legal de los Kuri, se lanza a golpes contra un empleado del restaurante y contra ella misma, a la que tiró al piso para arrebatarle el celular con el que grababa.

Entrevistado por este medio, Raúl Sánchez Betanzos, consejero jurídico del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, rechazó que la alcaldesa, Guadalupe Cuautle, tenga alguna inclinación en favor de los Kuri y aseguró que las denuncias presentadas por los Brandel contra policías y servidores públicos ante la Contraloría Municipal se investigarán y se procederá si se encuentran responsabilidades.

“Yo puedo pensar que, de mala fe, la administradora haya presentado denuncias. Fuimos dos áreas, una municipal y otra estatal que fue el SOAPAP, que caímos a lo mejor en el engaño y nos subieron a un escenario de particulares donde nosotros no teníamos nada que ver”, argumentó.

De la misma manera, Proceso buscó la posición de los hermanos Kuri, pero sólo se pudo contactar a la administradora de la plaza Riona, Rosario Pedraza. En respuesta a los señalamientos, este medio recibió ligas de internet sobre las notas publicadas en distintos portales locales sobre las “conductas agresivas” por parte de Armin Brandel. 

Rosario Pedraza insistió en que fue agredida y ofendida por el empresario austriaco. “Están mal de la cabeza”, dijo. 

Los Brandel acudieron ante las autoridades a denunciar cada uno de estos hechos, igual que se quejaron ante la alcaldesa de San Andrés, pero hasta ahora nada ha procedido. Dicen que en este trayecto descubrieron que no son los únicos que han sido víctimas de despojo por parte de los Kuri. 

“Cedimos porque, aunque Fenotti fue un espacio construido con amor, esfuerzo y sueños compartidos, ningún negocio merece sostenerse a costa de la paz, la salud mental y la integridad física de quienes lo crean”, manifestaron en un mensaje que confirma su cierre.
Lo que con amor, esfuerzo y disciplina construimos se entregó al despojo, ¿Por qué? Porque este despojo estaba pactado desde el día mismo que acudimos al pent-house del edificio Komplex a celebrar la firma del contrato de arrendamiento. Porque entramos en un sistema perfecto, que se desarrolla en silencio, pero protegido y encubierto por las autoridades que nos negaron refugio. ¿Por qué? Porque sacamos permisos y licencias en lugar de dar mordidas, porque como niños confiamos que las autoridades actuarían.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Sheinbaum pide a Pemex revisar si hay contratos con empresarios acusados de sobornos

El Departamento de Justicia de EU acusó a dos empresarios mexicanos de pagar sobornos en efectivo y artículos de lujo a funcionarios de Pemex entre 2019 y 2021. Uno de ellos ya fue detenido; el otro está prófugo y vinculado al crimen organizado.

La Presidenta Claudia Sheinbaum  Pardo ordenó una investigación sobre posibles contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) vinculados a dos empresarios mexicanos acusados en Estados Unidos de pagar sobornos millonarios a funcionarios de la empresa estatal entre 2019 y 2021.
“Hay que revisar si hay contratos con estas personas. Ya pedimos información a Pemex y al Gobierno de Estados Unidos”, declaró la mandataria federal durante su conferencia matutina.
La titular del Ejecutivo también instruyó a la Secretaría Anticorrupción y a la Fiscalía General de la República (FGR) a intervenir en caso de hallarse nexos con los contratos.


Uno de los acusados, Mario Alberto Ávila Lizárraga, se encuentra prófugo y fue candidato del Partido Acción Nacional al Gobierno de Campeche.

“Vale la pena hablar del empresario prófugo porque fue militante del PAN, trabajó en Pemex y está acusado por corrupción. Hoy es buscado por el Gobierno de Estados Unidos”, destacó la Presidenta Sheinbaum Pardo.

La acusación formal, presentada por el Departamento de Justicia estadounidense, señala que Ávila Lizárraga y Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, ambos residentes en Texas, ofrecieron al menos 150 mil dólares en efectivo, relojes de lujo y artículos de diseñador para manipular licitaciones y obtener contratos con Pemex Exploración y Producción (PEP).


Además, las autoridades estadounidenses vinculan a Rovirosa Martínez con redes del crimen organizado, lo que agrava el caso. Mientras que éste ultimo ya fue detenido, Ávila Lizárraga permanece prófugo.

Por ello, el Gobierno mexicano revisará el periodo 2019–2021 para detectar posibles contratos irregulares y determinar si hubo complicidad institucional.

La investigación se realizará en coordinación con autoridades estadounidenses bajo el marco de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

EU imputa a empresarios mexicanos de sobornar con artículos de lujo a funcionarios de Pemex

La justicia de EU acusó a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga haber entregado productos de Louis Vuitton y Hublot, así como “pagos en efectivo” a por lo menos tres funcionarios de Pemex entre 2019 y 2021, lo que les permitió recibir contratos por 2.5 mdd.

El gobierno de Estados Unidos imputó a dos empresarios por pagar al menos 150 mil dólares de sobornos a tres funcionarios de Pemex durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando la petrolera estaba a cargo de Octavio Romero Oropeza, ahora a cargo del Infonavit. 

De acuerdo con el Departamento de Justicia, la Corte de Distrito de Texas imputó a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez –un empresario al que la justicia estadunidense identifica por sus vínculos con cárteles mexicanos-- y Mario Alberto Ávila Lizárraga de haber entregado productos de Louis Vuitton y Hublot, así como “pagos en efectivo” a por lo menos tres funcionarios de Pemex y de Pemex Exploración y Producción (PEP) entre 2019 y 2021, lo que les permitió recibir contratos públicos de al menos 2.5 millones de dólares.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no reveló los nombres de los tres altos funcionarios de Pemex que recibieron los presuntos sobornos; en un comunicado publicado en la tarde de este lunes 11, la dependencia indicó que los dos imputados fueron acusados de delitos que entran bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), por los cuales podrían pasar hasta cinco años en la cárcel. 

Originario de Villahermosa, en Tabasco, Ramón Alexandro Rovirosa Martínez es dueño de varias empresas dedicadas al sector petrolero –incluyendo su grupo Roma Energy-- y a la construcción, constituidas en Tabasco, y varias de ellas participaron en licitaciones de Pemex. Según el Departamento de Justicia, los pagos de sobornos estuvieron relacionados con contratos entregados a sus empresas; la institución informó que el empresario fue detenido hoy. 

Mario Alberto Ávila, por su parte, es un personaje del panismo de la primera década de los años 2000; delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Campeche, y cercano a Juan Camilo Mouriño –el secretario de Gobernación de Felipe Calderón Hinojosa, quien falleció en la caída de su helicóptero en 2008--, el político compitió por la gubernatura de Campeche por el PAN en 2009. 

Ávila fungió como subdirector de Mantenimiento y Logística en PEP durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y fue inhabilitado en 2015 por irregularidades en torno al caso de corrupción de Oceanografía. Según la extinta Secretaría de la Función Pública (SFP), Ávila firmó a destiempo una adenda a favor de la empresa petrolera e incurrió en conflictos de interés al utilizar el avión de la empresa, a la que firmó contratos millonarios. Según el Departamento de Justicia, Ávila tiene residencia permanente en Estados Unidos pero “está prófugo”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Empresa contratista de la Ciclovía La Gran Tenochtitlán tiene domicilio… en oficinas de camiones

La SOBSE de CDMX suscribió dos contratos por 6.3 millones de pesos con Black Bear Mobility Consulting para proyectos ejecutivos de la “Ciclovía La Gran Tenochtitlán”. Esta empresa presenta domicilio fiscal de una compañía camionera.

Black Bear Mobility Consulting, empresa responsable de los estudios y proyectos ejecutivos de la nueva “Ciclovía La Gran Tenochtitlán” en la CDMX, señaló como domicilio fiscal una bodega de reclutamiento de operadores del transporte público en el oriente de la Ciudad de México.

De acuerdo con documentos oficiales en poder de EMEEQUIS, en los contratos que recibió de la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX (SOBSE), Black Bear Mobility Consulting indicó el mismo domicilio fiscal que tienen las oficinas de recursos humanos y reclutamiento de la empresa Autopartes Metropolitanas de Oriente – Periférico S.A. de C.V. (AMOPSA).

En mayo y junio de 2025, la SOBSE suscribió dos contratos por 6.3 millones de pesos con Black Bear Mobility Consulting, S.A. de C.V. para los proyectos ejecutivos de la nueva “Ciclovía La Gran Tenochtitlán”.

El 1 de abril de 2025, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció la construcción de la “Ciclovía Gran Tenochtitlán”, de aproximadamente 34 kilómetros -17 kilómetros por sentido-, que tendrá una ruta de desde el Zócalo capitalino hasta el sur de la ciudad, atravesando cinco alcaldías (Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco y Tlalpan), incluyendo la Calzada de Tlalpan y conectando con el Estadio Azteca. 

Sería una vía exclusiva para bicicletas y peatones, a nivel de vialidad, con infraestructura como jardineras, banquetas remodeladas y áreas verdes. Esto a un año de realizarse partidos del Mundial de Fútbol en México, el primero de ellos en el Estadio Azteca el 11 de junio de 2026.



LOS CONTRATOS.

Un mes después, el 2 de mayo de 2025, la SOBSE entregó por invitación restringida a Black Bear Mobility Consulting el contrato DGOIV-IR-L-3-128-25 por 4.4 millones de pesos para la “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS CICLOVÍAS TRANSVERSALES A CALZ. DE TLALPAN, UBICADAS EN DIFERENTES ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”.

Se estableció como plazo de ejecución del 5 de mayo al 13 de julio de 2025, y la empresa señaló para efectos legales y como domicilio fiscal la calle Oriente 229 número 347 colonia Agrícola Pantitlán, Alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México.

Sin concluir el primer contrato, el 4 de junio de 2025 la SOBSE entregó nuevamente  un segundo contrato ahora por adjudicación directa a BLACK BEAR MOBILITY CONSULTING, S.A. DE C.V., el contrato DGOIV-AD-L-3-129-25 para la “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITOS DE CICLOVÍAS ENTORNO A CALZ. DE TLALPAN, UBICADAS EN DIFERENTES ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO” por 1.8 millones de pesos.



El misterioso domicilio fiscal.


La fachada del supuesto domicilio fiscal.

Se estableció como plaza de ejecución 5 de junio al 19 de julio de 2025, y  nuevamente indicó para efectos legales y como domicilio fiscal Oriente 229 número 347 colonia Agrícola Pantitlán, Alcaldía Iztacalco.

Black Bear Mobility Consulting fue constituida por Luis Oscar Flores Pérez y Alejandro Ortiz Sánchez el 6 de marzo de 2023 en la Ciudad de México. Luis Oscar Flores Pérez es el administrador único y Alejandro Ortiz Sánchez el comisario.

Sin embargo, en ese domicilio fiscal señalado por Black Bear Mobility Consulting tiene sus oficinas de reclutamiento de operadores de autobuses la empresa Autopartes Metropolitanas de Oriente – Periféricos S.A. de C.V.

AMOPSA tiene una flota con autobuses de marcas como DINA y Mercedes-Benz, ha incorporado sistemas de prepago con tarjetas para sus usuarios, “prestar el servicio de transporte terrestre de pasajeros de manera segura, confiable oportuna, garantizando un servicio eficiente y de calidad a nuestros usuarios”, expone en su descripción de perfil de Facebook.


En sus redes sociales, AMOPSA señala Oriente 229 número 347 colonia Agrícola Pantitlán, Alcaldía Iztacalco y exhibe videos con actividades de la empresa.

Y en su portal de internet Black Bear Mobility Consulting reconoce a Autotransporte Metropolitanos Oriente – Periférico S.A. de C.V. (AMOPSA) como uno de sus clientes, pues le encargó el “Estudio de demanda del transporte público de pasajeros Corredor Periférico Oriente CDMX, AMOPSA”.

En caso de una notificación de parte de la SOBSE a Black Bear Mobility Consulting llegaría Oriente 229 número 347 colonia Agrícola Pantitlán, es decir, a la dirección de su cliente.

En el Registro Público del Comercio,Black Bear Mobility Consulting señaló como dirección Oriente 229 número 347 colonia Agrícola Pantitlán.

Black Bear Mobility Consulting tiene como domicilio fiscal la dirección de uno de sus clientes, domicilio para efectos oficiales y contratos públicos, sin embargo, la SOBSE siguió y pagó los contratos con la consultoría responsable del proyecto de la  nueva “Ciclovía La Gran Tenochtitlán”, a pesar de registrar una bodega de reclutamiento de operadores del transporte público en el oriente de la Ciudad de México como domicilio fiscal.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: ALEJANDRO ALATRISTE.

La titular de Hacienda de Morelos es investigada por Fiscalía tras construir mansión

El Fiscal anticorrupción de Morelos informó que Mirna Zavala Zúñiga, titular de Hacienda de la entidad, es investigada por presunto enriquecimiento ilícito, luego de haber ordenado la construcción de un inmueble valuado en 15 millones de pesos. 

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos dio a conocer que inició una investigación en contra de la Secretaria de Hacienda del estado, Mirna Zavala Zúñiga, a raíz de la polémica surgida por presuntamente construir una mansión.

La funcionaria morelense fue criticada luego de revelarse que, supuestamente, había ordenado la construcción de un inmueble que estaría valuado en 15 millones de pesos, en un terreno de su propiedad ubicado en la colonia Vistahermosa, considerada como una zona de alta plusvalía.

Al respecto, el Fiscal anticorrupción del estado, Leonel Díaz Rogel, reveló que la dependencia a su cargo inició una investigación contra la servidora pública, en declaraciones hechas a medios de comunicación.
"Se ha iniciado una carpeta, es lo que puedo decir, y está en fase de integración. Como lo he comentado, la presunción de inocencia aplica para todas y todos los ciudadanos que lleguen a ser señalados en una carpeta de investigación", dijo.
El Fiscal detalló que, como parte del proceso en su contra la funcionaria morelense, ésta podrá presentar las pruebas a su favor con las que cuenta para demostrar su inocencia.

Mirna Zavala, titular de la Secretaría de Hacienda de Morelos, fue señalada de presunto enriquecimiento ilícito por presuntamente haber ordenado construir la mansión en la colonia Vistahermosa.

La servidora pública calificó dichos señalamientos como una mentira y confirmó que sí es dueña del terreno en cuestión; sin embargo, afirmó que no hay ninguna construcción en el predio.

"Me permito señalar que la información que ha estado circulando es una mentira, no hay una propiedad, como se ha señalado. Es un terreno donde solamente tiene una cisterna y unos cimientos. Fue declarado de manera oportuna todo lo que exigen las autoridades”, comentó la Secretaria a finales de julio.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La obra fantasma y otros pagos indebidos en la Línea 12 del Metro CDMX

Tras el colapso de la Línea 12 del Metro, la SOBSE pagó más de 10 millones de pesos en irregularidades, incluyendo una obra fantasma con pilas de concreto que nunca se requerían. El contrato adjudicado sin licitación a CARGO CRANE fue inflado con conceptos innecesarios, sobreprecios y pagos duplicados durante la rehabilitación. Jesús Esteva, actual titular de Infraestructura federal, encabezaba la dependencia al momento de los hechos.

Tras el colapso de la Línea 12 del Metro en mayo de 2021, la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX (SOBSE) que encabezaba Jesús Esteva –actual secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México– pagó por una “obra fantasma”, es decir, que no existía y que no se necesitaba en la reconstrucción del Sistema de Transporte Colectivo.

EMEEQUIS tuvo acceso a documentos oficiales que revelan que la SOBSE solicitó trabajos de reparación distintos a los que se requerían para dejar en operación la Línea 12 del Metro.

La SOBSE pagó por pilas de concreto para cimentación cuando la obra del metro se realizó a base de zapatas de concreto. Por ese trabajo la secretaría capitalina desembolsó 4 millones 078 mil pesos.

Además, se registraron pagos indebidos y pagos en exceso durante los trabajos de reparación y rehabilitación del Metro.

LA OBRA

La noche del 3 de mayo de 2021, se registró el colapso de un tramo de la Línea 12 del Metro entre las estaciones Olivos y Tezonco, provocando la caída de un tren y la muerte de 26 personas y decenas de heridos.

El Gobierno capitalino inició los trabajos de rehabilitación y reforzamiento de la Línea 12 del Metro, algunas obras estuvieron a cargo de la SOBSE y otras del Metro.

La SOBSE adjudicó de manera directa el contrato número DGCOT-AD-L-1-006-2023 a CARGO CRANE S.A. DE C.V. por 117.9 millones de pesos por “los trabajos de obra civil, cimentación y estructura de la zona denominada y ubicada entre la Zona Cero y la zona espejo en los encadenamientos 10+272.379 al 10+532.494; para el reforzamiento estructural de la Línea 12, Tláhuac Mixcoac; entre las estaciones Olivo-Tezonco y en apoyos adicionales del Sistema de Transporte Colectivo” por 80.4 millones de pesos, con un periodo de ejecución del 15 de enero de 2023 al 15 de mayo de 2023.

Después se firmó un convenio modificatorio y otro convenio especial para ampliación de periodo y el importe, por lo que el importe total fue de 117.9 millones de pesos (sin IVA) con fecha de terminación al 31 de diciembre de 2023.

Del monto total del contrato se tomó una muestra de 31.3 millones de pesos en conceptos para su análisis, y se encontró un pago irregular por más de 4 millones de pesos, es decir, el 13% de la muestra revisada.

Los días 11 de abril y 18 de mayo de 2023 fueron estimados y pagados dos conceptos que no se requerían para los trabajos de reconstrucción.

El primero fue la perforación para pilas en el sitio, en material saturado, incluye: tubos, brocas para perforación, ademe, bentonita, agua, la mano de obra en apoyo a las maniobras de herramientas necesarias para correcta ejecución de los trabajos, perforación para pila de 80 cm de diámetro y hasta 10.8 metros de profundidad.

La SOBSE justificó que la ejecución de las pilas 1, 2, 3 y 4 se requerían “en la zona espejo (1 de apoyo) del tramo elevado”.

El segundo concepto fue por concreto hidráulico de f’c=350 kg/cm² en cimentación, con el concreto prefabricado, vaciado y colocación.

Sin embargo, el proceso constructivo de la Línea 12 del Metro es otro, a base de zapatas, no de pilas de concreto, por lo que era un trabajo innecesario y pagado sin justificación.

“Se observó que no se justifica la ejecución de los conceptos de obra señalados, toda vez que esto refieren pilas de concreto para cimentación, la realizada en la obra fue a base de zapatas de concreto, por lo que se determinó un importe pagado no justificado de $4,078,893.06 (cuatro millones setenta y ocho mil ochocientos noventa y tres pesos 06/100 M.N.) sin incluir I.V.A.”, se expone en la investigación.


No existía fundamento técnico o constructivo para la ejecución de los conceptos de obra señalados.

“Justificar y/o aclarar las diferencias de volúmenes de obra observados o en su caso, recuperar el monto observado por un importe 4 millones 078,893 pesos más los intereses que se generen desde su cobro hasta su devolución total a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México”, se solicita en la indagatoria.

Quizá en la SOBSE, por desconocimiento, ignorancia, dolo o corrupción, se permitió el pago sin que se necesitaran los trabajos, ya que tampoco la supervisión externa realizó su trabajo.

“Implementar mecanismos de control, a efecto de que en lo subsecuente, previo a la autorización y tramitación de las estimaciones, las cantidades de obra estimadas, sean justificadas y fundamentadas conforme al proyecto y sus modificaciones, y conforme a lo establecido en la normatividad aplicable, con el objeto de evitar la recurrencia de lo observado”, se le recomendó a la SOBSE encabezada en ese año por Jesús Esteva.


OTROS PAGOS INDEBIDOS

En la revisión de la obra se detectaron otros pagos irregulares por 6.7 millones de pesos, que sumado a los 4 millones 78 mil pesos, el monto total de las irregularidades de este contrato ascienden a 10.7 millones de pesos, es decir el 33% del total revisado y analizado de 31.7 millones de pesos.

De manera inusual la SOBSE incrementó el costo “de las excavaciones por medios mecánicos”, lo que derivó en un pago diferenciado de 3.7 millones de pesos en favor de CARGO CRANE.

Las excavaciones por medios mecánicos hasta una altura de 3 metros tenían un precio unitario de 137.10 pesos en las estimaciones, sin embargo, se detectó el pago del precio extraordinario de 467.45 pesos, por lo que del volumen total de 8 mil 095 m3 se alcanzaron los 3.7 millones de pesos.

“Justificar y/o aclarar el importe de 3 millones 784 mil 007 pesos que fue pagado derivado de un precio extraordinario, sin considerar lo establecido en la Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México para excavaciones”, se lee en la indagatoria.

También se detectó un pago en exceso por 1.6 millones de pesos por material producto de excavaciones y acarreos.


De la revisión de la documentación se encontraron diferencias en los volúmenes pagados y los realizados, 2 mil 131 m3 de volúmenes de excavación, carga y acarreo a primer kilómetro de material y acarreo a kilómetros subsecuentes, que dan un total de 1.6 millones de pesos.

Otros pagos indebidos fueron por 499 mil 475 pesos por diferencias de volúmenes de obra entre el autorizado y lo cobrado en plantilla de cimentación; 375 mil 658 pesos por diferencia de volúmenes de obra entre el autorizado y lo cobrado en concreto lanzado en excavaciones; 345,884 por duplicidad de volumen de concreto en generadores de obra; y 118 mil 834 de pago en exceso por errores en la cuantificación del volumen de obra.

Así el Gobierno de la Ciudad de México y la SOBSE en la administración de Jesús Esteva pagaron 10.8 millones de pesos de manera irregular a una empresa, casi el 10% del monto total del contrato.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: ALEJANDRO ALATRISTE