Pese a los señalamientos de la oposición, los diputados de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron la minuta con 369 votos, junto con Movimiento Ciudadano (MC) que se unió a ellos. Solo el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) rechazaron el proyecto con 104 votos en contra y hubo tres abstenciones de diputados de MC.

En una segunda votación, en la que se rechazaron todas las propuestas de modificación, Morena, el PT y el PVEM aprobaron la minuta en lo particular con 343 votos. Mientras MC, el PRI y el PAN se unieron en esta ocasión para emitir 129 votos en contra.

Una vez aprobada esta reforma, la Cámara de Diputados la enviará a la presidenta Claudia Sheinbaum para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El debate de la ley de telecomunicaciones entre acusaciones por riesgo de censura

San Lázaro inició el debate de una reforma para expedir la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con lo que concluiría la lista de asuntos que enlistó para su primer periodo extraordinario de sesiones de este año.

La discusión en la Cámara de Diputados arrancó con mociones suspensivas del Partido Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI), quienes buscaron frenar el inicio del debate con el argumento de violaciones al procedimiento legislativo, ya que Morena y sus aliados dispensaron los trámites de la reforma para que fuera discutida directamente en el pleno y así evitar una primera discusión en las comisiones.

“Podemos pasarles que sean unos puercos legislativos, pero no unos trompudos, ya basta porque son unos abusadores”, reclamó Carmen Rocío González, diputada panista.

Movimiento Ciudadano, que en esta ocasión votó a favor de la minuta promovida por Morena y sus aliados, defendió que la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión no tiene mecanismos para que el gobierno cometa actos de censura, aunque la desconfianza en las autoridades alimenta ese idea.

“Nosotros no estamos aquí para tapar errores, como la desaparición del IFT, pero tampoco para repetir mentiras. No aceptamos la manipulación y la polarización. Quien dice que esta es la misma iniciativa que se presentó en abril, miente, quien dice que esto abre la puerta a una dictadura digital, engaña”, comentó Patricia Flores Elizondo, diputada de Movimiento Ciudadano.

MC adelantó su voto a favor porque la iniciativa original propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum sufrió modificaciones, luego de que el Senado organizó un parlamento abierto en el que participaron organizaciones sociales y expertos en telecomunicaciones.

Uno de los cambios más significativos fue la eliminación del artículo 109, que permitía el bloqueo de plataformas digitales y que en su momento fue calificado como un intento de censura del gobierno a los medios de comunicación.

El PAN también ha alegado que esta nueva legislación permite, en su artículo 182, que el gobierno pueda solicitar a las empresas de telecomunicaciones la geolocalización en tiempo real de equipos telefónicos con fines de investigación de delitos, aunque este apartado ya existe en la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Adrián González Naveda, diputado del Partido del Trabajo, defendió que el acceso a la geolocalización en tiempo real será regulada por el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su artículo 303 establece que el Ministerio Público podrá acceder a esta información luego de pedir autorización a un juez.

“En el artículo 182 queda explícito que toda solicitud tendrá que ser de autoridad competente, por escrito fundado y motivado, y en el artículo 183 nuevamente se hace alusión a la ley en la materia, es decir, el Código Nacional de Procedimientos Penales”, señaló Naveda.

De acuerdo con documentos públicos de Diputados, el convenio con el instituto es para que 53 trabajadores y legisladores cursen el grado de maestría y 27 de doctorado en Administración Pública en la generación 2025-2027 pagando sólo la mitad. 

Clases a distancia

Según el convenio LXVI/SG/UCFP /056/2025, se establece que 53 diputados cursarán la maestría por un monto de cinco millones 843 mil 250 pesos, pero la Cámara de Diputados erogará dos millones 921 mil 625 pesos sin IVA incluido y el resto deberá ser cubierto por los alumnos. Así, los 53 estudiantes deberán cubrir en general 20 mensualidades de 146 mil 81 pesos.

El convenio fija que la Unidad de Capacitación y Formación Permanente (UCFP) será el órgano legislativo que designe a los diputados que tomarán la maestría, y el INAP realizará el proceso de admisión de los aspirantes. 

El anexo técnico establece que los aceptados como alumnos serán responsables en lo individual de la acreditación de las 18 asignaturas académicas que conforman el programa.

El convenio detalla que la maestría en Administración Pública cuenta con el reconocimiento de validez oficial que le otorga la SEP y se realizará del 10 de marzo de 2025 al 8 de marzo de 2027. 

El convenio fija que los gastos de titulación y certificación de los estudios de la maestría serán cubiertos por los trabajadores y diputados seleccionados.

En el convenio LXVI/SG/UCFP /056/2025 se estable que la Cámara de Diputados y el INAP ofrecerá el doctorado en Administración Pública Generación 2025-2027 para 27 legisladores y trabajadores de la Cámara de Diputados. 

El convenio detalla que el costo de la maestría para la veintena de alumnos es de cuatro millones 989 mil 600 pesos, pero la Cámara de Diputados sólo pagará la mitad, dos millones 494 mil 800 pesos sin IVA incluido; de esa manera, los alumnos deberán cubrir el resto; es decir, en su conjunto se harán responsables de 20 mensualidades de 124 mil 740 pesos.

El anexo técnico detalla que el INAP impartirá las 11 asignaturas académicas que integran el doctorado con una duración de 60 horas que impartirá el instituto, con validez de la SEP.

Igual que en la maestría, los gastos de titulación y certificación de los estudios para el doctorado deberán ser cubiertos por los legisladores o empleados de San Lázaro.

La minuta fija que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) será adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para tareas de investigación. También establece que el CNI podrá acceder irrestricta y directamente o a través de la Plataforma a toda la información que integre, almacene, genere, recopile, sistematice o procese la Secretaría de Gobernación mediante la Plataforma Única de Identidad (PUI).

Asimismo, en el artículo 12 fracción III se establece que la SSPC podrá solicitar a las instituciones de seguridad pública, entes públicos y a entes privados el envío de información contenida en cualquier registro administrativo que contenga datos vehiculares y de placas.

También de datos biométricos y telefónicos, registros públicos de la propiedad y del comercio, registros de personas morales, catastros, registros fiscales, registros de armas de fuego, registros de armas de fuego aseguradas o decomisadas.

Además, la SSPC podrá solicitar registros de comercio, registros de personas prestadoras de servicios de seguridad privada, registros de padrones de personas detenidas y sentenciadas, registros de servicios financieros, bancarios, de transporte, salud, telecomunicaciones, empresariales y comerciales, registros en materia marítima y todos aquellos de los que puedan extraer indicios, datos e información para la generación de productos de inteligencia.

La reforma se prevé sea discutida en el pleno del Senado el próximo lunes 30 de junio, dos días antes de que termine el periodo extraordinario en el Congreso.

OPOSICIÓN ACUSA QUE CON LA REFORMA SE VIOLA EL DERECHO A LA PRIVACIDAD

A inicio de la discusión, se presentaron tres mociones suspensivas por parte de Movimiento Ciudadano (MC), PAN y PRI. Todas fueron desechadas en votación económica por parte de los legisladores oficialistas.

El diputado del PAN, José Alfonso Rubalcaba, afirmó que los dictámenes a discusión en materia de seguridad no sólo no abonan a resolver el problema, sino que además representan una amenaza directa al derecho a la privacidad de los ciudadanos.

“No es menor la atrocidad que están intentando aprobar. Si esto se aprueba, van a tener el poder para acceder a toda la información, incluyendo geolocalización, datos biométricos, cuentas de banco, incluso conversaciones telefónicas, fotos y videos personales de todas las personas que utilicen un celular.

“Eso es a todas luces inconstitucional, ya que viola el principio básico que dice nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino a través de un mandamiento judicial”, enfatizó.

Por su parte, el diputado del PRI, Emilio Lara, afirmó que con la reforma se estaría sacrificando el derecho a la privacidad para recuperar el derecho a la paz y la seguridad, pero enfatizó que se perderán los dos.

“Esto es vigilancia masiva. Una violación al artículo 6 y al artículo 16 de la Constitución. Un control absoluto, sin filtros judiciales, sin contrapesos y sin transparencia que busca clasificar de manera indefinida el espionaje con la excusa de que es un asunto de seguridad nacional”, resaltó.

La iniciativa fue avalada en lo general y en lo particular por 445 votos a favor y 37 en contra y establece que la reforma tiene por objeto regular la integración, organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la distribución de competencias, la coordinación y cooperación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno que lo integran.  

Entre los cambios a la reforma se encuentra la eliminación de la Plataforma Digital de Usuarios de Telefonía Móvil, que estaba considerada en la minuta que aprobó la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados.  

También se establece la creación del Sistema Nacional de Información, un conjunto integrado, organizado y sistematizado de registros y bases de datos nacionales.

Se compone por elementos metodológicos y procedimentales que permiten a las Instituciones de Seguridad Pública su consulta e interconexión para el desempeño de sus funciones.   

Además, la reforma fija el mando único es el modelo de coordinación policial en el que se centralizan, dentro de una entidad federativa, las labores de seguridad pública en una sola institución, tanto en lo operativo como en lo administrativo.

Se detalla en la minuta que el mando único se establecerá cuando el municipio no cuente con policía; cuando así lo determine el Consejo Nacional o el consejo local de la entidad federativa o cuando así lo solicite el municipio. 

La minuta fue enviada al Senado de la Republica para que se discuta en comisiones y posteriormente se suba al Pleno de la Cámara Alta el próximo lunes 30 de junio.  

EL PRI VOTA EN CONTRA POR CONSIDERAR QUE LA REFORMA SE AVALÓ “AL VAPOR”

Al inicio de la discusión los legisladores de oposición colocaron una corona con la leyenda: “Murió la democracia”, y unos carteles con la leyenda: “El gobierno espía”.  

También se presentaron dos mociones suspensivas, una del diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Gibrán Ramírez, quien argumentó que las reformas son autoritarias y de vigilancia masiva; por su parte el diputado del PRI, Erubiel Lorenzo Alonso, resaltó que existieron vicios en el procedimiento legislativo de la iniciativa. Sin embargo, ambas fueron desechadas en votación económica.  

El grupo parlamentario del PRI fue el único que votó en contra de la reforma, acusando “albazo legislativo”.

El diputado tricolor Arturo Yáñez Cuéllar cuestionó sobre cómo es posible que se tengan leyes exprés y seguridad de cartón.

“Cómo es posible que ustedes turnen las modificaciones al dictamen de madrugada y le quiero decir a las mexicanas y a los mexicanos, estamos discutiendo un dictamen en donde en la madrugada, cinco de la mañana, se turnó a análisis de los diputados y hoy los diputados de Morena, los diputados del oficialismo, del PT y del Verde hacen un albazo legislativo. Eso es lo que tienen que saber”, resaltó en tribuna.  

La diputada priista Verónica Martínez García afirmó que es inaceptable que cuando el país está enfrentando una grave crisis de inseguridad, violencia e impunidad, no haya el análisis necesario para consensuar una estrategia que verdaderamente le convenga a México. 

“En los hechos, es una nueva ley distinta a la aprobada en comisiones. Esto constituye una violación flagrante al debido proceso legislativo establecido en el artículo 72 constitucional. 

“En una materia tan importante como lo es la seguridad pública debemos ser responsables, no podemos legislar al vapor cuando desde el sexenio anterior hay más de 185 mil homicidios dolosos; más de 50 mil personas desaparecidas, y más de 6 mil feminicidios registrados”, detalló.

La reforma detalla que el Congreso emitió las leyes generales de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y modificó el artículo 37 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para otorgar a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno la atribución de conocer de los procedimientos en materia de transparencia, acceso a información pública y protección de datos personales, su verificación e imposición de sanciones. 

Además, de acuerdo con la normatividad publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en materia de Transparencia, Datos Personales y Rendición de Cuentas, la Contraloría Interna del Senado resulta ser autoridad garante de la tutela del derecho de acceso a la información pública, así como de la protección de datos personales. 

Por lo que el órgano de control debe ampliar sus facultades a efecto de cumplir con dichas atribuciones, por lo que se estima conveniente la creación de la Unidad de Anticorrupción y Transparencia, a fin de dar cumplimiento eficaz y oportuno a las solicitudes que se presenten en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

La reforma fue turnada a la presidenta Claudia Sheinbaum para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entre en vigor.