A pesar de las pruebas de que se trató de una dolorosa operación, con todos los agravantes de premeditación, alevosía, ventaja y traición, el caso estuvo rodeado desde el inicio por irregularidades en la investigación y por una total impunidad; hubo algunos detenidos, como policías y mandos medios. Pero la justicia no alcanzó a quienes dieron las órdenes desde el gobierno; el entonces Gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, compadre de quien fuera en ese momento presidente de la República, Ernesto Zedillo, fue protegido.

Pero las víctimas no solo se limitan a quienes fueron asesinados ese 28 de junio.

Los casos de Antonio Barragán y Gilberto Aguirre Baena muestran que la persecución en contra de los campesinos integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur se mantuvo por años.

Antonio Barragán, sobreviviente de la matanza, está preso en un penal de Morelos desde 2001. Su caso está ligado a García Luna y la manera en como solía actuar el súper policía es evidente: fue capturado sin una orden de aprehensión, torturado y acusado de secuestro y de diversos asesinatos, delitos que no cometió.

Antonio trabajaba como jornalero en San Quintín, Baja California. Ahí fue que empezó una nueva pesadilla.

La historia de su detención nos lleva a otro caso de injusticia, que es el de estar preso por un delito que no cometió. A Antonio lo detuvo el policía Eduardo Gallo y Tello que lo torturó desde que lo detuvo hasta que logró meterlo en prisión e incluso ya dentro del penal continuaron las vejaciones. La tortura quedó debidamente registrada mediante el Protocolo de Estambul que salió positivo.

“En el trayecto de San Quintín a Ensenada, pues la tortura siguió dentro del carro, me empezaron a dar toques eléctricos del lado derecho de las costillas, me empezaron a dar toques eléctricos y me salieron muchas ámpulas ámpulas, muchas quemaduras. Y en el camino, en ese mismo trayecto, Eduardo Gallo me decía 'ahora sí, cabrón, háblale a tus compañeros del EPR, que te vengan a rescatar, a ver si de aquí son bien cabrones, háblales por teléfono'. Le digo, ‘Mira, pues yo no conozco que es EPR, le digo', ‘¿Cómo no?’, dice”.

Antonio Barragán, en entrevista con SinEmbargo desde el penal de Morelos en el que está recluido, cuenta que la persecución tiene que ver con su activismo político, al ser, en el momento de la detención, miembro activo de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y sobreviviente identificado de la masacre.

La violencia también fue institucional, ya que aunque él fue detenido en 2001, le dictaron la sentencia de 40 años hasta 2014.

“Soy un sobreviviente de esta masacre, pero no es como él quiere inculparme de algo que no. Yo soy un miembro activo de la organización campesina de la Sierra del Sur, sí. El 28 de junio asesinaron a mis 17 compañeros de la organización campesina, ahí venía yo en esas camionetas. Lo que pasa que este señor Eduardo Gallo, como le dije al principio, fue quien se encargó de llevar a cabo todo el proceso, porque que en todas las diligencias que yo logré estar en el juzgado segundo, pues siempre estaba él ahí y siempre estaba ahí él armado y siempre ahí se hacía lo que él decía al Ministerio Público, pues él traía una orden pues como de un alto mando, ahí le obedecían pues, ahí se hacía todo lo que lo que él decía imagínese un armado ahí siendo una persona civil”, denunció.

En octubre de 2024 la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Secretaría de Gobernación revisar el caso de Antonio Barragán, a pregunta expresa sobre la persecución que, como secretario de Seguridad, realizó Genaro García Luna en el sexenio de Felipe Calderón contra agrupaciones sociales, particularmente la Organización Campesina Sierra, manifestó que se revisara el caso.

Sin embargo, el equipo que acompaña a Antonio afirma que aunque ya hubo una reunión con Rosa Icela Rodríguez el pasado 4 de mayo, la respuesta es que el caso efectivamente se está revisando. Legalmente a Antonio únicamente lo han acompañado abogados de oficio, ya que no tiene los recursos para pagarse una defensa privada. Acusa que los abogados que le han asignado no le han ayudado.

“Abogados particulares no tengo, quien está al frente de mi caso es una abogada de oficio, pero la abogada de oficio ni cuenta se da de lo que se está haciendo por mi libertad, no ha hecho nada, pues tiene que como 2 o 3 meses que esta abogada agarró el caso, pero no no ha no ha hecho nada. Ahorita hay una exigencia que quieren un diálogo con la Presidenta de la República, pero no hasta ahorita yo no sé más”.

Encerrado, a 30 años de la masacre y cerca de cumplir 24 años presos, lo inunda una sensación de injusticia. Aunque se ha enfermado en algunas ocasiones, está bien de salud y se dedica a elaborar bolsas para que su familia pueda venderlas y ganar algo de dinero.

“A pesar de tantos años no puedo decir que estoy mal, sí me he enfermado, pero ahora sí que la he librado de enfermedades menores. Pero sí, en estos 24 años le he echado ganas, he estado trabajando, haciendo bolsas y luchando por mi libertad, he estado exigiendo justicia, no he parado de luchar por mi libertad”.

Su caso se suma al de Gilberto Aguirre Baena, también sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas, quien estuvo preso por 21 años luego de ser detenido el 16 de mayo de 2002 en Mexicali, Baja California, acusado de un homicidio que no cometió.

A diferencia de Antonio, Aguirre Baena salió libre en abril del 2023 del penal de Las Cruces, Acapulco, Guerrero. Este hecho se logró mediante el programa de libertad anticipada y amnistía del gobierno federal para personas injustamente presas.

En entrevista con SinEmbargo, dijo que se trató de una masacre cobarde y cruel por parte del Gobierno. Recordó que fue una emboscada a sus compañeros que sólo traían palos, porque su manifestación era pacífica.

“El Gobierno después quiso decir que mis compañeros iban armados, pero se investigó y se supo que era mentira. Fueron rendidos y tendidos al piso, en donde les daban el tiro de gracia”, dijo para “Café y Noticias”. Agregó que él iba en una camioneta más atrás y el vehículo que masacraron fue el que iba más adelante.

Gilberto Aguirre fue uno de los integrantes de la organización que tuvo que desplazarse de la zona tras la masacre en Aguas Blancas. Migró con su familia, porque sufrió persecución por parte del Gobierno.

“Sabíamos que si el Gobierno nos encontraba nos iba a desaparecer, como lo hizo con otros compañeros”.

Gilberto fue primero jornalero en el Estado de México, luego trabajó en la Ciudad de México, para terminar en la frontera con Estados Unidos. Pero el 16 de mayo del 2002 todo cambió: “Llevaba un año trabajando y me detuvieron. Ahí comenzó mi tortura”.

“Me empezaron a golpear brutalmente. Hay imágenes de cómo llegué torturado a la cárcel. Esas imágenes fueron cuando me pusieron hielo para que se me bajara la hinchazón, pero estaba más grave. Me torturaron varios días. Había varias amenazas, porque querían que yo me declarara culpable por los muertos que había habido en Morelos. Me decían que si no lo hacía iban a matar a toda mi familia.”.

Además, afirmó que él era consciente que el Estado quería desaparecerlo. “Cuando me detuvieron me dijeron que si no me declaraba culpable me iban a entregar con el Ejército, porque ellos me estaban buscando. Me decían que me iban a matar y tirar en un canal de aguas negras y así iba a desaparecer. Querían que yo entregara a mi otro hermano y a más gente de la organización”.

Gilberto pasó en la cárcel poco más de dos décadas, su sentencia era de 40 años por homicidio calificado. Ingresó cuando tenía 30 y salió de 51 años. Su liberación fue difundida en la conferencia de prensa en abril de 2023. La entonces titular de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez señaló que aunque se logró liberar a Aguirre Baena, quedaban pendientes los casos de Orlando Avilés Mesino y Antonio Barragán Carrasco.

En el caso de Avilés Mesino, dijo, "se están haciendo promociones ante el Poder Judicial de Guerrero, para obtener la libertad anticipada, pues lleva preso desde 2011; mientras que con Barragán Carrasco, "se necesita el apoyo del Poder Judicial de Morelos para obtener la libertad anticipada, por lo que se gestiona una cita”.

“Seguimos exigiendo justicia por la masacre de nuestros compañeros. No podemos quedarnos callados porque nuestra organización ha sufrido muchos muertos, desaparecidos y encarcelados. Le pido a la Presidenta Claudia que haya una reparación del daño, porque me robaron 21 años que pude haber hecho más en mi vida”, finalizó Gilberto.