El Centro ProDH, organización que sigue el caso Ayotzinapa desde el inicio y acompaña a sus familias en su exigencia de verdad y justicia, manifiesta que, si bien el Poder Judicial ha tenido decisiones cuestionables, el fracaso de las investigaciones del caso se debe a la incapacidad de la FGR.
Por ello, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro ProDH) considera que la resolución de la juez segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, Raquel Ivette Duarte Cedillo, dictada el pasado 20 de enero, es el resultado de un trabajo deficiente por parte de la FGR en el caso Iguala.
En entrevista, María Luisa Aguilar, quien forma parte del acompañamiento victimal que realiza el Centro ProDH a los padres de los 43 normalistas, explica que las deficiencias en la actuación de la FGR fueron observadas por la ONG desde la renuncia del anterior fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, y la posterior designación de Rosendo Gómez Piedra al frente de la Unidad.
“Hay un trabajo muy deficiente de la fiscalía, esto proviene del nombramiento del fiscal especial en el caso, después de la renuncia del fiscal (Omar) Gómez Trejo hace más de un año. Desde ahí nosotros fuimos muy claros en decir que nos preocupaba que fuera una persona que no conocía el caso, que no conocía del trabajo en la fiscalía de Investigación de Violaciones graves a Derechos Humanos y cada vez más nos damos cuenta de eso”, afirma.
“La fiscalía no logró acreditar el riesgo de fuga que podría enfrentar los elementos del Ejército, no pudieron justificar por qué era necesario que se mantuviera la medida cautelar y, de acuerdo con lo que ha informado el propio Consejo de la Judicatura Federal, incluso no interpusieron recursos en el proceso en el que los elementos estaban solicitando el cambio de la medida cautelar”.
Cuando los militares solicitaron a la juez Duarte que revisara la medida de prisión preventiva oficiosa que les fue impuesta, con miras a que la misma fuera modificada, la FGR tuvo una primera oportunidad para justificar la necesidad de mantener a los elementos castrenses privados de su libertad.
Aguilar explica que, en esa primera audiencia, la FGR argumentó únicamente que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas merecen prisión preventiva oficiosa.
“Desde el primer momento la fiscalía no hizo un trabajo para justificar el riesgo de fuga de los elementos del Ejército (…) En su momento la fiscalía solicitó la prisión preventiva oficiosa y no justificó por qué, si no se dictaba esta medida, tendría que aplicarse la prisión preventiva justificada”, explica la abogada.
Y prosigue: “Señalaron que el Código (Penal) lo establece así (la aplicación de la prisión preventiva oficiosa) para delincuencia organizada y desaparición forzada, y en ese momento todavía no se revisaban algunos criterios que están vigentes ahora”.
Criterios sobre la prisión preventiva
Desde 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) resolvió que la prisión preventiva oficiosa aplicada de manera automática, como se hace en México, con base en el delito que se imputa a la persona, es contraria a los derechos humanos y, por tanto, inconvencional.
El criterio de la CorteIDH ya fue ratificado también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que estableció que los jueces deben revisar esta medida cautelar y tomar en consideración las particularidades de cada caso para determinar si es posible o no su aplicación y/o continuación, en lugar de aplicarla de manera automática.
“La prisión preventiva se ha utilizado en México por mucho tiempo como una pena anticipada –reconoce Aguilar–. Nosotros, como organización de derechos humanos, estamos muy conscientes que el uso excesivo de la prisión preventiva en el país ha llevado a mucha gente a pasar muchos años en la cárcel y que además eso no es una respuesta de justicia para las familias en lo particular y para las víctimas en general en el país”.
Esto implicó una nueva exigencia a las fiscalías, porque ya no basta que el Ministerio Público argumente que el delito imputado prevé prisión preventiva oficiosa, sino que debe aportar pruebas adicionales que justifiquen la aplicación de esta medida.
Contra la decisión de la juez segunda de Distrito de rechazar el cambio de medida cautelar con base en el criterio anterior, de que la prisión preventiva oficiosa se aplica con base en el delito imputado y no en las particularidades del caso, los militares tramitaron un juicio de amparo.
En ese expediente el juez décimo quinto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México concedió una suspensión definitiva, en la que ordenó a la juez Duarte realizar una nueva audiencia para revisar la medida cautelar.
En esa audiencia la juez debía omitir los argumentos con los que justificó su primera decisión, escuchar nuevamente a las partes y decidir, tomando en consideración el criterio de la CorteIDH, si era posible mantener la prisión preventiva oficiosa, o bien prisión preventiva justificada o modificar la medida por cualquier otra.
Contra esa suspensión la FGR no interpuso ningún recurso de revisión. En cambio, los militares sí tramitaron el recurso, pues buscaban que se les concediera la libertad a los soldados sin necesidad de reponer el procedimiento.
“Los elementos del Ejército presentaron recursos en los que la fiscalía tuvo oportunidad de presentar sus valoraciones sobre por qué tendría que hacerse una valoración de la medida para ratificar la misma, pero no lo hizo”, enfatiza la abogada María Luisa Aguilar.
El recurso de revisión fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México, que modificó la resolución del juez de amparo y decidió conceder la suspensión definitiva para reponer el procedimiento, pero en la nueva audiencia que realizara la juez Duarte no podía abrir el debate entre las partes sino que debía resolver, de manera libre, con base en los argumentos que la FGR y la defensa de los militares expresaron durante la primera audiencia de revisión de la medida cautelar.
Según la abogada, “la juez decidió sobre una valoración del Tribunal Colegiado, el cual solicitó que hiciera una revisión de la medida cautelar, pero bajo la idea de que ya no aplica la prisión preventiva oficiosa”.
Lentitud e ineficiencia de la fiscalía
Aguilar relata que el Centro ProDH ha denunciado que existen tratos desiguales a elementos de la Sedena en el proceso, incluyendo los cambios de medidas cautelares como el que ahora benefició a los ocho militares.
Sin embargo, reconoce que el resto de los escenarios de acción no están en la jurisdicción del Poder Judicial sino en la FGR.
“La fiscalía ha probado que ha tenido un desempeño muy deficiente en estos temas, pero no sólo en estos temas, también quedan pendientes por ejecutarse varias órdenes de aprehensión, este ha sido un tema central identificado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes cuando salió del país”, señala.
“Está pendiente que se logre la extradición del extitular de la Agencia de Investigación Criminal (Tomás Zerón), que está prófugo en Israel y, contrario a lo que dice el comunicado de prensa del gobierno federal, es responsabilidad de la FGR que eso pueda avanzar, es responsabilidad del área internacional de la fiscalía y obviamente también del fiscal especial que esos temas avancen… Por mucho tiempo avanzaron muy lentamente, lo cual llevó a que estemos en esta situación y que esta persona esté prófuga del país”.
Recuerda que la FGR no ha profundizado en otras líneas de investigación indicadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), como la relación del caso Ayotzinapa con otros procesos que se desarrollan en Estados Unidos contra integrantes de la banda delictiva Guerreros Unidos.
“Recientemente se publicó una nota sobre cómo uno de las cabecillas de los Guerreros Unidos que enfrenta procesos en Chicago podría ya ser liberado por ser un testigo colaborador, y es responsabilidad de la FGR el que se hubiera buscado que esta persona colaborara en la investigación de México.
“De acuerdo con el Departamento de Justicia y los fiscales de Chicago, toda la información sobre los chats de Blackberry ya fue entregada, y eso para nosotros podemos constatar que ha sido muy relevante en la investigación. Si eso ya sucedió, se pudo haber promovido, como nosotros lo solicitamos varias veces a la FGR, que se acercara para buscar hablar con este detenido, incluso que se hablara de su posible extradición. Todas esas acciones no caben en el Poder Judicial, sino que es trabajo de la FGR y no hemos visto que se profundice”.
En cambio, entre las responsabilidades que la abogada identificó que corresponden al Poder Judicial en el caso Ayotzinapa, está el cambio de medida cautelar del general que encabezaba el Batallón 41 en Iguala, Guerrero, durante los hechos.
“Se llevó a cabo una diligencia –puntualiza– frente al juzgado, en la que se decidió el cambio de medida cautelar de manera mucho más rápida de lo que sucedió en este caso del general, con una evaluación de riesgo de la propia Guardia Nacional que se llevó a cabo en unos días muy cortos. Obtuvo el cambio de medida cautelar de manera muy irregular, por decir lo mínimo, y que no hemos visto en casos de civiles”.
Uso político del caso
La abogada del Centro ProDH considera que la polémica que rodea la decisión de la juez segunda de Distrito forma parte de la intención del gobierno federal de abonar a la discusión de la reforma judicial anunciada por el presidente López Obrador:
“Nos parece que la discusión en el caso Ayotzinapa, en particular, se ha estado utilizando para abonar a una discusión que tiene muy claro el Poder Ejecutivo contra el Judicial, y eso no abona a la búsqueda de verdad y justicia de las familias”.
“Ha habido algunas decisiones del Poder Judicial que consideramos que no son totalmente objetivas e imparciales, pero en su mayoría pensamos más bien que esto es una discusión que ha querido llevar el Poder Ejecutivo a decir que todo en el caso Ayotzinapa no ha avanzado por una decisión del Poder Judicial y nos parece que no es acertada, no es adecuada y, por el contrario, se está buscando alimentar una discusión estructural en la que quiere impulsar reformas al Poder Judicial Federal”.
Actualmente los padres de los 43 normalistas exigen al presidente López Obrador que los reciba y personalmente les dé informes sobre las investigaciones, pues públicamente el mandatario federal ha afirmado que él las encabeza.
“Las familias están esperando una muestra genuina de buena voluntad del gobierno, es decir, cuando en diciembre escucharon que iban a abrir los archivos militares, estaban muy claros en decir que no quieren ser parte de algo que sólo vaya a limpiarle la cara al Ejército y les cargue a ellos la responsabilidad de buscar información.
“Un gesto de voluntad del gobierno –argumenta la abogada– es que nos entreguen los folios (de los archivos militares), que tenemos muy identificados como que hacen falta. Eso no sucedió, la respuesta del Estado no fue así y ellos (los padres de los estudiantes desaparecidos) se quedan con una sensación de frustración y de que se está buscando favorecer y proteger a las Fuerzas Armadas, más aún con esta decisión”.
Aguilar precisa que los familiares de personas desaparecidas están en constante lucha para obligar al Estado mexicano a darles respuestas, lo cual los obliga a no cerrar de tajo el diálogo con las autoridades, pues estas son las únicas que pueden, eventualmente, ayudarles con información para encontrar la verdad y justicia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.
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