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Tesoro de EU da prórroga a sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector por narcolavado

FinCEN recordó que CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron clasificadas como de “preocupación primordial en materia de lavado de dinero” por su presunta participación en operaciones vinculadas con el tráfico de fentanilo.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplió el plazo de la entrada en vigor de las órdenes emitidas el pasado 25 de junio de 2025, que prohíben envíos de fondos relacionados con CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.

A través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), se informó que tendrán ahora un periodo adicional de 45 días, es decir, hasta el 4 de septiembre de este año, para implementar las restricciones impuestas sobre la transferencia de fondos.

“La prórroga responde a que el gobierno de México ha adoptado medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas en las órdenes de FinCEN, entre ellas la asunción de la gestión temporal de las instituciones afectadas con el objetivo de promover el cumplimiento regulatorio y prevenir el financiamiento ilícito”, puntualizó el Departamento del Tesoro en su comunicado oficial.

Además, subrayó que continuará evaluando la evolución del caso y que “considerará cuidadosamente todos los hechos y circunstancias antes de decidir futuras prórrogas a la fecha de implementación de las órdenes”.

Este 9 de julio, la Asociación de Bancos de México ofrecerá una conferencia de prensa para fijar su postura sobre las acusaciones de narcolavado.

Preocupación de alto nivel
 
FinCEN recordó que CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron clasificadas como de “preocupación primordial en materia de lavado de dinero” por su presunta participación en operaciones vinculadas con el tráfico de fentanilo.

“Durante meses, el Tesoro y el gobierno de México han coordinado esfuerzos para proteger a nuestras instituciones financieras de los cárteles terroristas y sus operaciones de lavado de dinero, lo que culminó en las órdenes históricas emitidas contra estas instituciones”, dijo la directora de FinCEN, Andrea Gacki.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.

A Sinaloa le tomará entre 5 y 10 años recuperarse de la guerra entre Mayos y Chapitos: experta

Sinaloa padece su crisis más violenta en años: 10 meses de guerra fratricida en el Cártel de Sinaloa dejan mil 590 asesinatos, 44 mil empleos perdidos y cientos de familias desplazadas. Además, las autoridades fracasan en operativos mientras escuelas y negocios cierran por balaceras.

Ahora lo ve desde lejos. Refugiada con su esposo y sus tres hijos, Ana ve la guerra mantenerse en su ciudad. Se fue en octubre último dejándolo todo atrás. Actualmente busca vender la casa que compraron ella y su pareja. Es que “no tiene para cuándo”, explica. Son 10 meses de guerra que los Chapitos y Mayos han mantenido en Sinaloa, principalmente en la capital y la zona centro y que ha significado la crisis de seguridad más severa en la entidad desde 2017.

La guerra no solamente ha costado vidas y desapariciones, sino un significativo incremento en delitos como robo de vehículos y en comercios, así como la pérdida de empleos sobre todo en Culiacán.

En las últimas semanas todo eso se incrementó. Sinaloa se ubica a escala nacional como el estado con más homicidios dolosos durante junio, con 207 casos en ese lapso, llegando a cerrar el último día de ese mes con 30 asesinatos, dejando un rosario interminable de crímenes.

Por ello, desde octubre pasado, Ana fue convencida por su pareja de irse a Tijuana. Allá tienen familia y podían iniciar de nuevo. En ese momento las muertes en su estado superaban los 320 casos. Al corte del 9 de julio son por lo menos mil 590 asesinatos. 

La estrategia sigue fallando. Después de que Sinaloa vivió el peor cierre de año en inseguridad, con 668 homicidios dolosos entre septiembre y diciembre de 2024, el primer semestre de 2025 también pasó a la historia como uno de los más violentos, con 883 ejecuciones.

Aunado a estas cifras, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advierte que se han dejado de registrar 44 mil 239 empleos formales, casi 15 mil en el último mes.

Para la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Sinaloa, Martha Reyes, estas cifras ponen en evidencia a un gobierno que no ha logrado atender a tiempo el conflicto que desde septiembre último se mantiene.
Son casi cinco mil empleos perdidos y siete mil patrones que dejaron de registrarse ante Hacienda, y no lo estamos viendo en el día a día, pero nos repercute de inmediato porque eso significa que las personas están volviendo a la informalidad, y cada vez, los que decidimos seguir siendo formales y cumplir con nuestras obligaciones, somos presionados más para poder resolver el problema social que estamos pasando.
Resarcir el daño económico en el estado, causado por la guerra intestina del Cártel de Sinaloa, puede implicar entre cinco y 10 años, advierte la doctora Cristina Ibarra Armenta, presidenta de la Federación de Colegios de Economistas de México.

La investigadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) ha declarado para medios locales que, con la constante pérdida de empleos formales, la carga fiscal vendrá a ser todavía más fuerte para el estado. 

Y esto ya se reciente, explica Martha Reyes de Coparmex Sinaloa.

Desde el 9 de septiembre de 2024, con los primeros enfrentamientos que sacudieron a Culiacán y algunas partes de su zona rural, la actividad en general se paralizó. Las escuelas de todos los niveles, privadas y públicas, cancelaron clases. Establecimientos cerraron sus puertas como medida preventiva y el gobierno estatal, en silencio institucional. 

Operativos fallidos

La más reciente estrategia fallida del gobierno sinaloense fue el plan para recuperar la vida nocturna, lanzado a finales de marzo último. Con menos de una semana en operaciones una cabeza humana fue dejada afuera de Plaza Fórum, uno de los sectores donde patrullas de la Policía Estatal, la Guardia Nacional, el Ejército y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hacían recorridos para inhibir conductas criminales.

Ahora la autoridad busca aplicar una estrategia muy similar al llamado “bario histórico” en el paseo del Ángel, una calle peatonal los fines de semana donde se concentran bares, cafeterías y restaurantes que se ha convertido en zona fantasma desde septiembre de 2024.

Y con 10 meses de batallas poco o nada ha cambiado. Las personas buscan informarse a como dé lugar y el gobierno estatal informa cada vez menos o lo menos posible; incluso, funcionarios como el secretario general de Gobierno, Feliciano Castro, y el mismo gobernador Rubén Rocha Moya, llaman a la gente a “recuperar” las calles, a salir de nuevo. 

La gente no es que perdimos el miedo o normalizamos la violencia, es más bien que la gente necesitamos salir a trabajar, a continuar con nuestra vida, explica Nora, una maestra de primaria en Culiacán.

Y es que la educación es otro sector que se ha visto severamente dañado. El ciclo escolar fue iniciado entre balas y terminado de igual forma, explica la docente. Los niños de Culiacán, sobre todo los de la zona rural, tuvieron que “adaptarse” a los protocolos de “seguridad” para enfrentar crisis por choques armados. 

El daño es incalculable, lamenta Nora. Las políticas públicas del estado quedaron limitadas a enseñar a niños y docentes a tirarse al piso y mantener la calma. Esperar que el fuego pase. 

Y ese mismo fuego ha causado la muerte de por lo menos 40 menores de edad, la mayoría de menos de 15 años.
Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Pública ha tenido ya dos directores al mando. Primero Gerardo Mérida Sánchez, quien salió a finales de diciembre para ser relevado el 22 de ese mes por Óscar Rentería Schazarino. Los resultados no han mejorado con el cambio de mando.

También a escala municipal la dirección cambió de manos en junio último con la salida de Sergio Antonio Leyva López, dejando a la Policía Municipal acéfala por 12 días tras el arresto de siete elementos de esa corporación que presuntamente brindaban atención a un herido de bala. El cargo ahora es ocupado por Alejandro Bravo Martínez, militar impuesto por el Ejército.

Todo esto ha significado además una crisis en desaparición forzada. Entre septiembre de 2024 y junio de este año son por lo menos mil 300 carpetas de investigación por privación de la libertad en Sinaloa, la mayoría de ellas concentradas en Culiacán, Navolato, Elota y Mazatlán.

Otro fenómeno es el desplazamiento forzado que, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides), alrededor de 250 familias han tenido que dejar sus hogares en comunidades rurales debido al choque entre Mayos y Chapitos. Las zonas más afectadas son las comunidades rurales de Concordia y Culiacán.

Pero hay otro tipo de migración que no se ha medido del todo: las familias que están dejando la capital estatal debido a la falta de condiciones de seguridad y trabajo, como Ana y su familia, quienes desde octubre migraron a Baja California. 

Pacto de terror

Tras la guerra intestina en el Cártel de Sinaloa se acumulan las bajas en ambos bandos. También existen las versiones de pactos entre facciones con otras agrupaciones criminales. Ante ello, el gobierno estatal se mantiene opaco. 

El ejemplo más reciente fue el arresto de seis presuntos gatilleros en la zona rural al norte de Culiacán; tres de ellos menores de edad. Entre lo asegurado se encontraban chalecos con las iniciales “CJNG” y los colores verde, blanco y rojo, una alusión al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Saber si un bando va ganando es curiosidad de los medios internacionales que ponen en peligro a la misma población local. Así lo advierte Ángel, quien maneja un vehículo privado para una plataforma de transporte. Explica que los retenes clandestinos revisan celulares, buscan propaganda de uno u otro bando. Muchas muertes, cree, son porque leyeron algún mensaje que puede ser identidad como apoyo al grupo rival. Ellos no lo verifican, explica.

De acuerdo con una investigación del diario El Universal, el gobierno federal apresa a dos integrantes de los Chapitos por cada uno de los Mayos. En total, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha detenido a 60 integrantes de estas dos facciones del crimen organizado, indica la publicación periodística.
Si son pocos o muchos –explica Ángel– no lo sabemos; lo que sí sabemos es que los que tenemos que andar en la calle lo hacemos encomendados a que no te agarre uno de esos retenes o uno de policías estatales, esos te extorsionan también.
Y todo esto se ha venido recrudeciendo durante los últimos 10 meses, sobre todo en Culiacán, la capital estatal. El rosario de violencia es interminable.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: AARÓN IBARRA.

Fiscalía de la CDMX acusa a familia por delitos que no cometió y después la despoja de su casa

Acusados falsamente de robo de autopartes, Guadalupe y su hijo enfrentan antecedentes penales mientras el inmueble, heredado por generaciones, ya tiene un nuevo dueño y una construcción en su lugar.

La familia Lozada cumple un año de haber sido expulsada arbitrariamente de su hogar, en la alcaldía Venustiano Carranza, a causa de un operativo policial que usó contra ellos una orden de cateo por un supuesto robo de vehículos. Así se apropiaron del edificio. Mientras la madre y el hijo menor de la familia enfrentaban el proceso penal amañado, el lugar fue entregado a una tercera persona y demolido con las pertenencias de la familia dentro. 

El recuerdo es removedor pese al tiempo transcurrido porque el impacto ha sido fuerte: “Perdimos la casa y todas nuestras pertenencias, perdí mi trabajo y como nos sentenciaron por ese delito falso, ahora tengo antecedentes penales y todo es más complicado”, cuenta en entrevista Guadalupe Ramírez Valdés, la madre de la familia, quien fue presentada ante los medios de comunicación como responsable de un delito que no cometió.

“Mi hijo siempre ha sido callado, pero desde ese día prácticamente le cortaron sus alas. Él había juntado con mucho esfuerzo para su pasaje para viajar fuera del país y tampoco pudo hacerlo. No quiere recordar el tema y lo entiendo, porque a mí también me duele todavía”, explica. 

La criminalización que vivió esta mujer y su hijo de 23 años sólo cobran sentido frente al año y medio previos de hostigamientos, amenazas, intentos de desalojo e invasión que la familia padeció desde mayo de 2023 para que abandonara la vivienda familiar (que compró su bisabuela y habían habitado por generaciones) argumentando que había “un nuevo dueño”. Pese a que acudieron a denunciar todos estos hechos a la fiscalía territorial de Venustiano Carranza, no le dieron andamiento a ninguna de sus denuncias, reclamándoles las escrituras de la casa para atenderlas. La familia resistió hasta que llegó el operativo policial el 9 de julio de 2024. 

Fabricación de delitos

Guadalupe y su hijo estaban solos ese mediodía del operativo porque Daniel, el padre, había salido a comprar refacciones para las bicicletas que repara, cuando llegó una vecina a traerle su compra de leche Conasupo. Entonces vio que llegaban las patrullas. 

“Como anteriormente nos habían ido a hostigar, cerré la puerta y le grité a mi hijo que se querían volver a meter”, recuerda. Según los documentos a los que Proceso pudo acceder sobre el caso, para el operativo se dispusieron 11 agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 11 peritos en criminalística, 11 peritos de fotografía, seis peritos en mecánica forense y 14 policías de la Ciudad de México. Es decir: un megaoperativo. 

En total, utilizaron 20 vehículos para su traslado, y una vez desplegados frente a la casa, comenzaron a golpear la puerta de chapa de una sola hoja, que vibraba su decoración con pintura de colores, acusando el golpe del ariete. “Primero me dijeron que venían por un tal Julio y yo les gritaba que ahí no vivía ningún Julio. Les exigí la orden, y me dijeron que tenían que entrar porque traían una orden de cateo”, relata la madre.

Cuando finalmente rompieron la chapa y entraron por la fuerza, le ordenaron que se sentara y al ver que el hijo grababa, los policías se fueron contra él y le quitaron su teléfono. Los separaron. “Yo les decía que nos dejaran salir, en mi nerviosismo, mi estupidez, pensaba ahora ¿qué va a pasar?, y ellos nomás se me quedaban viendo y se empezaban a reír. Fue cuando una policía me dijo: ´Ya no les alegue nada, haga lo que le digan´. Entonces, escuché que mi hijo gritaba y me les eché a correr. Fue cuando me di cuenta que lo estaban golpeando, y él gritaba ¿cuáles armas? ¡nosotros no tenemos armas!”

Mientras la madre gritaba a su vez para detener la golpiza, fue empujada contra el clóset del cuarto, y los policías le señalaron una bolsa que dentro tenía una pistola. También colocaron entre las pertenencias de su hijo “un fierro largo, como en cruz dónde él tenía su ropa. Ahí teníamos una Biblia y la tiraron al piso. Yo les dije que eso no estaba en mi casa, que lo habían puesto. Y se empezaron a reír. ¿Cómo cree señora? Esto es muy caro tenerlo. Precisamente, les dije, ¿no ves cómo vivo? ¡Voy al día! ¡Mi esposo arregla bicicletas! ¿Por qué me están haciendo esto? O sea, ¡esto tú me lo fincaste, tú lo pusiste!”, relata la mujer. 

Los policías tomaron control de la casa, entraron y salieron a gusto de las habitaciones mientras la familia permaneció retenida en el patio, privada de su libertad en su propio espacio durante una hora. “Vi a la perito que traía unas bolsas de color rosa con varias placas, así sueltas, ni emplayadas ni nada. Y le reclamé que no estaban en mi casa. Ellos insistían en que les dijera dónde estaba la moto, que venían por una moto Yamaha, que nunca estuvo allí”

La mujer fue amenazada con una golpiza si no se callaba, hasta que una de las uniformadas se acercó y por lo bajo, reconoció: “yo sé que usted no lo hizo, pero es mi trabajo” 

A la una de la tarde, los sacaron de la casa a ambos, madre e hijo, en patrullas, y los presentaron ante la Agencia 50 de la Fiscalía, en el Búnker de la Doctores. Antes de irse los agentes ministeriales pusieron sellos en las puertas de la casa, y grafitearon la fachada exterior: “Inmueble asegurado FGJCDMX”

Cambio de manos

Seis días después, el 15 de julio de 2024, un grupo de agentes ministeriales volvió al predio a pegar en la puerta un “citatorio al propietario” del inmueble, incitándolo a que se presentara ante la Fiscalía de Investigación Estratégica del delito de robo de vehículos y transporte, ubicada en la sede central de la Fiscalía, en el búnker de la colonia Doctores. El oficio fue firmado por el agente del MP Herminio Reyes Pérez, quien llevó el mando del cateo antes descrito. Él fue el único de los ministeriales que tenía su rostro descubierto, ya que el resto de los policías de investigación usaba pasamontañas negros. 

En ese oficio se confirma que la carpeta fue abierta en junio de 2024 por lo que el operativo se gestó y cumplió en tiempo récord, ya que la orden judicial está fechada un día antes de ejecutarse, el 8 de julio. 

Según consta en los documentos, la denuncia fue recibida de manera “anónima” por una persona no identificada, quien tampoco atestiguó ante la justicia, pero el policía de investigación dice que ese anónimo le dijo que en la casa en cuestión se ocultaban autopartes robadas. Eso, en los papeles, fue suficiente para la apertura por una investigación por el delito de “encubrimiento por receptación”

Con el cateo y la siembra de las placas para inculparlos –que la familia denuncia públicamente en este texto por primera vez desde los hechos–, fue suficiente para que los procesaran y que, en diciembre de 2024, condenaran a la madre y al hijo a tres años y ocho meses de pena en libertad condicional por un delito que no cometieron. El arma que los policías metieron en su casa no fue presentada. Una vez detenidos, fueron recibidos en el Búnker por el Ministerio Público, Óscar Fuentes Chávez, quien se encargó de su entrevista, limitándose a pedirles sus datos personales, sus “generales”, sin referirse nunca a lo sucedido en la casa, ni a la acusación que estaban tejiendo en su contra. Cuando acudieron luego a reclamar por su legitimidad para recuperar la casa familiar, la respuesta fue igualmente indignante: “Mi familia fue a la Fiscalía y les dijeron, ¿qué pelean? Si ya tus familiares están afuera, ya están libres, ya para qué peleas. Fue feo”, recordó Guadalupe. 

Ella, entonces, había comenzado el laberinto que la tiene presa hasta hoy, que incluyó estar siete horas desaparecida, desde las nueve de la mañana en la que fue ingresada al Penal de Santa Martha, en el oriente de la ciudad y las cuatro de la tarde, cuando se dio aviso a sus familiares de dónde estaba. Su hijo igualmente fue injustamente procesado y encarcelado. “Pasamos una noche en el Búnker, otra en Santa Martha y a las cuatro de la mañana del tercer día me forman en el patio y me llevan a los Juzgados. Bueno, me dejaron en un túnel todo feo hasta las nueve de la mañana que me tocó mi audiencia”, recordó.

Su defensa estuvo a cargo de un abogado de oficio, que le presentaron en el Búnker, poco después de haber sido exhibidos como detenidos ante la prensa, que replicó la versión oficial sin miramientos, ni protección de su identidad. Asombrado al notar el operativo que había motivado la detención de su defendida, Guadalupe recuerda que el hombre exclamó: “¡No manches¡, ¡qué poca madre, ¡te trataron como si fueras narcotraficante! Obviamente salimos en todos los medios de comunicación”, recordó. El defensor de oficio hizo una tarea pobre, insistiendo a la madre que no se preocupara porque él estaba a cargo de todo, pero abandonó el caso a una condena segura. “En las últimas audiencias ya ni llegó”, recordó Guadalupe. 

Mientras la familia intentaba defenderse de la prisión y recuperar sin éxito la casa, la Fiscalía entregó el lugar a una tercera persona que, el 14 de agosto 2024, comenzó a demolerlo. Las vecinas registraron cómo una retroexcavadora se lleva en sus uñas la pared, y un sofá verde es tratado como basura. 

Al cumplirse un año de su expulsión arbitraria, el lugar tiene un edificio nuevo de tres pisos, en las etapas finales de construcción, que acumula sus bolsas de cascajo sobre el único árbol que no tumbaron del frente de la casa durante la demolición. 

Aunque el operativo haya estado en manos de una fiscalía distinta, la de robo a vehículos y no la Ambiental, cuyo accionar se ha publicado en este medio su mecanismo es semejante: por medio de la criminalización de gente inocente, a quien se acusa de delitos inventados, “aseguran” viejos edificios, ocultando su desalojo tras el eufemismo. 

Esta medida de fuerza y violencia institucional sucede en etapas iniciales de la investigación penal y, por supuesto, el efecto también es el mismo: las víctimas son desplazadas sin miramientos, privadas de sus cosas, de su casa y de la posibilidad de defenderse antes de ser atropelladas por esta maquinaria veloz que, en este caso, en apenas un mes hizo cambiar el suelo de manos, algo imprescindible para poder construir un edificio nuevo, en un lugar que ya estaba habitado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ELIANA GILET.

Guerrero: Intentan extorsionar con 33 mdp a funcionario de Chilpancingo

Además, desmintió "categóricamente todas las acusaciones infundadas de corrupción, favoritismo o relación con grupos delictivos vertidas en las lonas".

La Secretaría de Obras Públicas de Chilpancingo informó sobre un intento de extorsión por 33 millones de pesos en contra de su director y encargado, Juan Antonio Luquin Mendoza; además, rechazó las campañas de difamación que dijo, “buscan desestabilizar la gestión pública municipal”.

En un comunicado, la Secretaría señaló que “estos hechos pretenden someter al gobierno municipal para extender y afianzar la extorsión que, lamentablemente, ya sufren las familias y los negocios en nuestro municipio”.

Esto, luego de que el martes por la mañana amanecieron colgadas en el puente de la colonia Tatagil, mantas presuntamente firmadas por el crimen organizado, en las que señalaba presuntos nexos con el funcionario municipal.

El gobierno de Chilpancingo, a través de la Secretaría de Obras Públicas, detalló que Luquin Mendoza recibió llamadas anónimas “con exigencias de una suma millonaria, inaceptable e ilegal por un monto de 33 millones de pesos”.

El documento explicó que esta acción es “un claro esfuerzo por cooptar las funciones del Ayuntamiento y utilizarlo como un medio para legitimar y ampliar el ‘cobro de piso’ que desde hace tiempo violenta la tranquilidad, el derecho al trabajo y el sustento de la gente honesta de Chilpancingo”.

La Secretaría enfatizó que el gobierno municipal y el funcionario no cederán ante ningún acto de extorsión.

“No pagaremos a la delincuencia. La ilegalidad no tiene cabida en nuestra administración, y seremos un muro de contención inquebrantable contra quienes intenten extorsionar a los ciudadanos de Chilpancingo, o quieran usar al gobierno municipal para sus fines ilícitos”.

Además, desmintió “categóricamente todas las acusaciones infundadas de corrupción, favoritismo o relación con grupos delictivos vertidas en las lonas”.

Destacó que una reciente auditoría integral realizada por el Gobierno del Estado concluyó sin encontrar irregularidades en la Secretaría, lo que “valida la probidad de nuestra administración”

La situación en la capital guerrerense ocurre tras las declaraciones de la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien reconoció la urgencia de fortalecer la lucha contra la extorsión a nivel nacional, y señalar que la extorsión es el delito que no han logrado disminuir las autoridades.

Ante ello, el gobierno de Chilpancingo dijo que se suma “plenamente a la visión de que el Estado debe asumir la responsabilidad de perseguir la extorsión de oficio, quitando el peso de la denuncia a la víctima, y protegiendo a todas y todos los afectados”.

Por la gravedad de las amenazas y acciones, la Secretaría de Obras Públicas presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y aseguró que colaborará “con absoluta transparencia y determinación en todas las investigaciones”.

Finalmente, hizo un llamado “respetuoso y urgente” al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Guerrero, así como a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, para reforzar las acciones de seguridad en Chilpancingo.

“Y se brinde todo el respaldo necesario para combatir estas prácticas delictivas que amenazan la gobernabilidad, la inversión y la libertad de trabajar en cada rincón de nuestro municipio, en plena sintonía con la nueva estrategia nacional”.

La Secretaría aseguró que seguirá trabajando “con honestidad y valentía por la infraestructura que nuestra ciudad necesita, sin ceder ante la presión de la delincuencia que busca someter a nuestra gente y cooptar a nuestras instituciones”.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACIÓN.

Nayarit: Cuerpos cumplen 32 horas a la intemperie por omisión de la FGE en Huajicori

La Fiscalía de Nayarit destacó que la crecida del río por las lluvias impide que pueda llegar hasta la localidad de Mineral de Cucharas, para recoger los cadáveres.

A más de 32 horas del asesinato de Gamaliel y Josué Díaz en la comunidad de Mineral de Cucharas, municipio de Huajicori, los cuerpos de ambos hombres continúan en la vía pública sin que la Fiscalía General del Estado de Nayarit haya logrado intervenir.

Mientras tanto, la mayoría de los habitantes ha huido del poblado ante las amenazas del presunto agresor, quien permanece en la zona.

De acuerdo con testimonios recogidos por este medio, Gamaliel fue asesinado el lunes entre las 22:00 y 23:00 horas en la puerta de su casa, mientras que su hijo, Josué, quedó tendido a media cuadra.

La familia dio a conocer que ambos permanecen en el sitio, aunque el primero está cubierto con una cobija; el segundo, a la intemperie.

Además del duelo que representa la situación, los denunciantes señalaron que esto podría convertirse en un tema de salud para la comunidad, aunque lo que prevalece es el miedo.

“El mismo señor que los mató siguió atormentando a la población”, advirtió un habitante que pidió el anonimato ante la amenaza respecto a que, de darse a conocer la situación “mataría a los pobladores por traidores“.

La comunidad, de 298 habitantes según el censo de población y vivienda de 2020 del Inegi, está ubicada en una zona serrana de difícil acceso, y luego de las agresiones y ocupación armada desde hace más de un año ha quedado prácticamente vacía.

Solo permanecen unas cuatro familias, ya que este miércoles por la madrugada, decenas de personas huyeron, cruzando el río que hasta hace unas horas estaba crecido.

En respuesta a los señalamientos, la Fiscalía General del Estado de Nayarit reconoció que tuvo conocimiento de los hechos desde el primer momento, y aseguró que activó los protocolos correspondientes.

Sin embargo, indicó que “el ingreso se ha visto impedido” por las condiciones del río, lo que ha dificultado corroborar los hechos y realizar el levantamiento de los cuerpos.


En un comunicado, la institución afirmó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal y peritos especializados, en coordinación con el Ejército Mexicano y policías estatales y municipales, “mantienen trabajos permanentes” y buscan rutas alternas para acceder.

El caso ocurre en un contexto de creciente violencia y desplazamiento forzado en la región serrana de Nayarit, particularmente en el municipio de Huajicori, donde se han documentado desde 2023 múltiples denuncias por asesinatos, amenazas y abandono institucional.

Hasta el momento, se cuentan cerca de 20 comunidades que han quedado vacías debido a la movilidad forzada de la que fueron víctimas sus habitantes, a partir de enfrentamientos entre carteles de la delincuencia como el Jalisco Nueva Generación, facciones del Sinaloa, entre otros grupos que operan en la región

Hasta el cierre de esta nota, los cuerpos de Gamaliel y Josué Díaz permanecen sin ser recogidos y las familias que lograron huir temen represalias si regresan, por lo que la comunidad insiste en que se garantice seguridad y justicia para las víctimas.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Morena pide pruebas cuando le conviene

Ahora sí, cuando se trata de morenistas que podría estar ligados al crimen organizado, desde Palacio Nacional se exigen las pruebas que no han podido o no han querido reunir en México, un país así convertido en el territorio del narco.

Cuando en 2019 Genaro García Luna fue detenido en los Estados Unidos, quien había sido Secretario de Seguridad en la Administración Presidencial del panista Felipe Calderón Hinojosa de 2006 a 2012, se convirtió, en pleno inicio del morenismo en México, en el paradigma de la villanía, la corrupción y la infiltración del narcotráfico en un Gobierno mexicano que ya formaba parte del pasado.

El entonces Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, tomó el caso de García Luna para ejemplificar y justificar su animadversión al expresidente Calderón. Creyó y dio por válidas todas las declaraciones que en la Corte de Distrito de Nueva York hicieron narcotraficantes mexicanos prisioneros en aquel país, contra el exsecretario de seguridad el país.

Un día y otro y otro y al siguiente, en su conferencia matutina, López Obrador dedicaba una sección para hacer leña del árbol caído del panismo. 

Celebraba las acusaciones de los criminales que terminaron por hundir a García Luna. Cuando Jesús Zambada García, el Rey, integrante del Cártel de Sinaloa que por entonces lideraba su hermano Ismael, declaró en la Corte y ante el Juez Brian Cogan, que él personalmente le había entregado 5 millones de dólares al colaborador de Calderón a cambio de protección para el Cártel, y aún cuando no ofreció pruebas del hecho, ni una imagen, ni un video, ni un documento, ni una testimonial colectiva, tanto en la Corte, como en boca del expresidente mexicano festinaron la declaración, y la dieron por legítima y muestra de la enorme corrupción en el sexenio de Felipe Calderón.

Aparte de apoyar al Cártel de Sinaloa y hacerse de dinero ilícito producto de las drogas y su trasiego, a García Luna también le señalaron de tener vínculos, en la misma medida, de protección oficial a cambio de billetes verdes, con el Cártel de los Beltrán Leyva. 

La declaración provino, en la Corte neoyorquina, de Sergio Villarreal Barragán, el Grande, notorio miembro del Cártel fundado por Arturo Beltrán Leyva. Su declaración de hecho fue similar a la del “Rey” Zambada aún sin menos pruebas dado que él no había sido el protagonista del soborno, sino que tenía conocimiento de que su jefe, Arturo Beltrán Leyva, entregaba sobornos millonarios, sin especificar cantidad, a García Luna a cambio de protección para el Cártel en sus ilícitas labores de tráfico de drogas. 

Por supuesto, López Obrador y toda la pléyade de Morena, dieron por cierta esa declaraciones y celebraron la justicia que se hacía, no en México, sino en los Estados Unidos, para castigar la corrupción y la infiltración del narco en el Gobierno de Calderón.

Pero en la política mediática presidencial en México, respecto las aprehensiones y los juicios en los Estados Unidos a narcotraficantes mexicanos, ciertamente ha sucedido una transformación. De festinar las declaraciones contra políticos mexicanos por parte de criminales, han pasado a ponerlas en duda.

Sucedió primero con la aprehensión del general Salvador Cienfuegos, a quien acusaron narcotraficantes mexicanos de, al igual que García Luna, haber favorecido a carteles de las drogas a cambio de dinero mal habido. López Obrador, a pesar que de manera espontánea cuando supo de la detención del militar en el aeropuerto de Los Ángeles, California, en octubre de 2020, dijo que esa acción era muestra de la peste de los narcogobiernos, después dio marcha atrás, aleccionado por el Ejército que ya invadía, aún cuando cedida por él, la esfera del Gobierno de la República, y terminó no sólo defendiendo al General Cienfuegos argumentando que las delaciones contra el militar realizadas por narcotraficantes eran falsas, sino acordando con el Presidente Donald Trump para que su Gobierno liberara al general, lo que a la postre sucedió. 

Ese hecho marcó el inicio de la transformación en relación a la valía que el Gobierno de la República le da a las declaraciones de narcotraficantes contra funcionarios o ex funcionarios mexicanos: cuando conviene a la narrativa oficial, como el caso de las acusaciones contra García Luna, se festejan; cuando afecta la política morenista, como las declaraciones contra Cienfuegos, son mentiras. 

La Presidenta Claudia Sheinbaum sigue el mismo ejemplo del expresidente López Obrador, y lo hizo, precisamente con un caso heredado: la detención en territorio norteamericano del capo que en México vivió impune casi 50 años, Ismael Zambada García, el Mayo. 

Como en su momento López Obrador, en julio de 2024, cuando el mafioso fue detenido y en lugar de festejar la aprehensión de un narcotraficante tan notorio y tan impune, ordenó investigar las condiciones de la detención cuando el capo revelara en una carta que había sido secuestrado por un hijo del “Chapo” Guzmán.

Hasta la fecha, a casi un año de la detención del Mayo en el aeropuerto de Santa Ana en Santa Fe, Nuevo México, la presidenta Sheinbaum sigue pidiendo información sobre las circunstancias de la detención del Mayo, y el mafioso se mantiene hermético sobre las condiciones y redes de corrupción que en México le permitieron ser impune por casi 50 años.

Hace unos días, a partir del acuerdo público de Ovidio Guzmán López, detenido en México y extraditado a los Estados Unidos, sobre declararse culpable para buscar un acuerdo con la fiscalía de los Estados Unidos para una menor sentencia a cambió de información, se especuló que, el apodado el Ratón, podría proveer información sobre las redes de impunidad entre el Cártel de Sinaloa y el Gobierno Mexicano.

Pero resulta que Ovidio López Guzmán, el ratón, de 35 años, no es un narcotraficante de la época de Calderón. Ni siquiera de la del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), quien ciertamente detuvo por última vez a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, padre de Ovidio. No. Ovidio es un narco que expandió el imperio criminal que junto a sus hermanos heredó, ya en la era morenista de México.

Ovidio López Guzmán es el único narcotraficante que ha sido detenido e inmediatamente liberado por una orden de un Presidente de la República. Como sucedió en octubre de 2019 cuando la policía federal, en una operación precisa y sin un sólo disparo, lo aprehendió en Culiacán, Sinaloa, sólo para liberarlo por orden de Andrés Manuel López Obrador, como el expresidente lo declararía meses después. 

Ante el inicio de las comparecencias en los Estados Unidos después Ovidio Guzmán, y su probable delación de la red de corrupción que lo mantuvo impune y las circunstancias de su insólita liberación en 2019 por orden presidencial, el temor de la clase política morenista en México, es que, como los narcos del pasado, el del presente señale figuras notorias del Gobierno mexicano, por lo que la Presidenta ya ha advertido, que, a diferencia de los narcos que con dichos delataron y lograron que se le impusiera una sentencia de 38 años y meses a García Luna, si Ovidio incrimina a alguno, que tanto él como el Gobierno de los Estados Unidos, presenten pruebas. 

Ahora sí, cuando se trata de morenistas que podría estar ligados al crimen organizado, desde Palacio Nacional se exigen las pruebas que no han podido o no han querido reunir en México, un país así convertido en el territorio del narco.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

Demanda Dora Martínez: exfuncionaria de Televisa se lanza contra Aristegui, Germán Gómez y activistas por nota sobre censura

La actriz Laisha Wilkins fue la primera denunciada por un "jaja", pero ahora el INE también investiga al alertador Germán Gómez, al activista Virgilio Pasotti, al articulista César Martínez y al reportero Juan Omar Fierro, por compartir y comentar la nota de "Dora la Censuradora".

La excandidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ex trabajadora del área de Televisa que realizaba campañas de desinformación, Dora Alicia Martínez Valero, presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una denuncia por violencia política en razón de género en contra de Aristegui Noticias, de Germán Gómez, alertador de la investigación periodística Televisa Leaks, y “en contra de quien resulte responsable” por las alusiones a su persona en decenas publicaciones de redes sociales.

De acuerdo con el expediente UT/SCG/PEVPG/PEF/DATOPROTEGIDO/CG/15/2025, la demanda original obedeció a la mención de la candidata perdedora a ministra en el reportaje principal de Televisa Leaks, mención por la que habían solicitado las medidas cautelares para eliminar todos 15 textos y videos relacionados que documentan las operaciones clandestinas de Televisa Univisión para difundir noticias falsas y manipular contenidos, según convenga a la televisora.

Sin embargo, la queja no quedó ahí y ahora la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE ha apuntado en contra del medio Aristegui Noticias, del alertador de Televisa Leaks Germán Gómez, de un periodista y de otros ciudadanos en Instagram, X (antes Twitter) y Facebook por reproducir o comentar la nota “Dora la censuradora: candidata a ministra de la SCJN pretendió censurar investigaciones de Televisa Leaks”.

En dicha nota se daba cuenta como el INE resolvió por unanimidad desechar una solicitud de medidas cautelares presentada por la misma Dora Martínez para retirar de internet los reportajes de Televisa Leaks durante su fallida campaña a ministra “por no existir, ni siquiera de forma indiciaria”, una frase que se pudiera considerar violencia política en razón de género.

La exdirectora general General de Asuntos Electorales de Grupo Televisa primero apeló ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que confirmó la resolución del INE y posteriormente amplió su denuncia en contra de Aristegui Noticias por la publicación de una nota en la que se revela su intento de censurar Televisa Leaks y se relaciona su lema de campaña “Dora La Transformadora” con el calificativo “censuradora”.

Del “jaja” a “¿se imaginan en caso de que sea ministra?”

Derivado de esa queja presentada por Dora Martínez, el INE ha informado que también existen quejas en contra de la actriz e influencer en X, Laisha Wilkins, al articulista y escritor César Martínez, al activista Virgilio Pasotti, del periodista Juan Omar Fierro y de Germán Gómez por publicar, compartir y comentar la nota de “Dora La Censuradora”.

Debido a que las autoridades electorales no han logrado notificar a todas las partes involucradas en sus domicilios particulares, han tratado de hacerlo a través de los estrados electrónicos del INE, donde ayer aparecieron requerimientos para cuatro personas físicas y en los que se les ordena responder a un cuestionario del INE en tres días hábiles.

A la actriz Laisha Wilkins le exigen aclarar un “jaja la censuradora jaaja” que puso a un post de Aristegui Noticias para difundir la nota de “Dora la censuradora: candidata a ministra de la SCJN pretendió censurar investigaciones de Televisa Leaks”.

A César Martínez le piden explicar un post en el que dice: “Justo como Televisa posicionó a @ArturoZaldivarL ahora también pretende que 𝗗𝗼𝗿𝗮, 𝗹𝗮 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗱𝗼𝗿𝗮, sea ministra (y presidenta) de la @SCJN, frase que cita a Germán Gómez en una entrevista que concedió a Aristegui Noticias”


Al activista Virgilio Pasotti lo incriminan por un post en el que cuestiona los “apapachos” de SDP Noticias, medio del que es accionista Televisa, a Dora Alicia Martínez, durante su campaña a ministra.

“Denuncia @germanga89 con @AristeguiOnline que la candidata a ministra de la @SCJN, @dmartinezvalero trabajó en el área de operaciones clandestinas de @Televisa y desde ahí se ha impulsado su campaña”.


A Germán Gómez, responsable de hacer público 5 terabytes de información sobre Televisa Leaks, se le denuncia por seis publicaciones en X y una más en Instagram, todas relacionadas con la nota de “Dora La Censuradora”.



Y al periodista Juan Omar Fierro se le denuncia por postear un hilo sobre el intento fallido de censurar la investigación Televisa Leaks, recordando que Dora Martínez solo es mencionada en un reportaje, pero pidió eliminar las primeras 15 partes de la investigación periodística que abarca 27 reportajes:

“Ahorita @dmartinezvalero solo es candidata. ¿Se imaginan el retroceso para la libertad de expresión en caso de que sea ministra?“, señala su post.


Autoincriminación y censura

Los cuestionarios a todos los “requeridos” por el INE solicitan aclarar si son los administradores de sus cuentas en redes sociales, si reconocen como propias las publicaciones denunciadas, el propósito de dichas publicaciones, revelar si fueron solicitadas o pagadas por alguna persona física o moral y si tienen vínculos con partidos políticos o candidaturas del proceso extraordinario que se llevó a cabo de la elección judicial.

Los requerimientos están firmados por Hugo Patlán Matehuala, encargado de despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE.


La abogada Mónica Calles Miramontes, titular de la organización Defensa Electoral, advirtió que los requerimientos del INE en este caso y otros similares “están violando sus derechos humanos porque busca una autoincriminación (de los afectados). Eso está prohibido por la Constitución”.

Además, considera que estos casos tienen “una gran importancia en la defensa de la libertad de expresión y en el grave contexto en el que está México”.

“Los procedimientos sancionadores del INE se están usando para perseguir a ciudadanos y eso no era así. Por ignorancia se tuvieron esas malas prácticas en el IFE, pero habían sido erradicadas”, concluyó

En un post cuando se dio a conocer la queja contra Laisha Wilkins, Dora Alicia Martínez intentó deslindarse de la persecución a la actriz, pero reconoció que todo se originó por su denuncia política en razón de género que presentó contra Aristegui Noticias  y Germán Gómez, sin que se haya notificado de un desistimiento al INE.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

México insiste en acuerdo global con Trump ante anuncio de arancel a cobre y fármacos

La Presidenta de México reiteró que hará todo el esfuerzo necesario para evitar efectos dañinos al país, ya que su "responsabilidad es buscar la mejor negociación posible con Estados Unidos, y al mismo tiempo buscar otras opciones para la producción nacional y la exportación a otros lugares", algo en lo que se ha estado trabajando.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que una comitiva del Gobierno de México viajará esta semana a Estados Unidos (EU) para iniciar las conversaciones sobre el acuerdo general global propuesto al Presidente Donald Trump durante la llamada que sostuvieron en el marco de la reciente reunión del G7. El pacto busca abordar temas clave como la seguridad fronteriza, la migración y el comercio.

Lo anterior lo dio a conocer la mandataria mexicana al ser cuestionada en su conferencia de prensa matutina sobre el anuncio que hizo Estados Unidos respecto a la imposición de aranceles al cobre y a productos farmacéuticos extranjeros. La delegación estará encabezada por el titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard, e incluirá a funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Sheinbaum Pardo señaló que México exporta más cobre a China que a Estados Unidos, aunque reconoció que el país vecino también importa cobre mexicano, en su mayoría como chatarra que su industria requiere.


“Cuando se ponen estas tarifas es porque lo necesita la industria y las empresas de ese país”, consideró la Jefa del Poder Ejecutivo, quien añadió que las decisiones comerciales suelen ser unilaterales por parte de Estados Unidos, pero que México hará “todo el esfuerzo que esté de nuestro lado” para lograr las mejores condiciones posibles.
También subrayó que su Gobierno ya cuenta con un plan integral en materia farmacéutica, y que, ante posibles afectaciones, se buscarán otras opciones de exportación y de fortalecimiento a la producción nacional.
“La economía mexicana tiene mucho qué aportar”, agregó Sheinbaum. Finalmente, insistió en que las economías de ambos países están profundamente integradas y que cualquier cierre o restricción también impacta a Estados Unidos.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

Familias de desaparecidos en CDMX denuncian maltrato a cadáveres en Instituto Forense

Las familias de personas desaparecidas reunidas en los tres principales colectivos de la capital mexicana, Una luz en el camino, Hasta Encontrarles CDMX y Mariposas buscando corazones y justicia, otras que hacen su búsqueda de forma independiente, y las asociaciones civiles Dulce Monse y Caminando por las calles, reunieron fuerzas y de forma conjunta, denunciaron penalmente la compleja situación que se vive en el Instituto de ciencias forenses de la Ciudad de México. 

Gracias a la manifestación encabezada a fines de junio por de un grupo de profesionales médicos, sobre todo, personal encargado de la realización de las pericias de ley a los más de 7 mil cadáveres que reciben al año, se abrió a la discusión pública la situación de deterioro en que se realiza esta labor, vinculado a su precarización y a la sistemática burla que el subdirector de Tanatología, Andrés Oriel Morales, promueve hacia los cadáveres que están en su custodia, que ha provocado la exigencia pública de su remoción.

En esa línea, las familias de personas desaparecidas de la capital han tomado en sus manos estas evidencias, debido a la estrecha relación que guardan los servicios forenses y la gestión de cadáveres en el país, con la crisis que mantiene a más de 120 mil personas desaparecidas en los últimos veinte años.

Según expresaron en acuerdo amplio, la mayoría de las familias movilizadas en la capital deunciaron “la manipulación lúdica e irrespetuosa de restos humanos por parte del personal del INCIFO, captada en videos y fotografías. La presencia y participación activa de funcionarios de alto nivel, quienes no solo toleraron, sino que celebraron estos actos, contraviniendo su deber institucional. La difusión interna de dicho material en grupos institucionales, normalizando la deshumanización de los cuerpos y restos humanos. La omisión y encubrimiento sistemático de estas conductas por parte de las autoridades responsables”

Esta situación, que salió a la luz durante la movilización de los trabajadores del Poder Judicial, fue referida por Rafael Guerra, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, responsable del Incifo, quien intentó minimizar la situación diciendo que las imágenes “tenían un año” de haber sigo grabadas. “Esto no es viejo, esto afecta a familias de larga data, que buscamos desde hace años”, replicó Jaqueline Palmeros, fundadora de Una luz en el camino. 

El peso de esta denuncia señala la voluntad de las familias para que se investigue y castigue penalmente a los responsables de estas conductas, funcionarios estatales, quienes suelen quedar al margen de las explicaciones más comunes para explicar las causas del fenómeno. Las familias, en cambio,  señalan que se trata de una violación a la dignidad humana post mortem, así como a sus propios derechos como familias buscadoras, quienes no descartan que sus seres queridos puedan estar atrapados, sin saberlo, en el laberinto de la crisis forense. 

Una de estas madres es Laura Cabañas, una mujer mayor quien junto a su esposo, tuvieron a su hijo Julio César Cervantes Cabalas desaparecido durante tres años, hasta que las autoridades le confesaron que el INCIFO había donado su cadáver a la escuela de medicina del Instituto politécnico nacional, sin avisarle ni, por supuesto, pedirle permiso a su familia.

Cabañas exige, en la misma línea, sanción penal para quienes dispusieron del cuerpo de su hijo, que entró al sistema forense como un cadáver sin identificar, fuera tratado de esa manera. “Quiero saber cómo fue este movimiento con mi hijo, porque esto no puede quedar impune. Yo cuando enterré a mi hijo, le dije: los días que me restan de vida, van a ser para hacerte justicia, por eso estoy aquí sentada para que todos sepan como murió mi hijo y como a las autoridades les ha valido bolillo todo”, dijo en diálogo con Desinformémonos. 

“No se trata de un hecho aislado, sino de un patrón estructural de negligencia, impunidad y violencia institucional”, señalaron las familias en conferencia de prensa, brindada en las puertas de la sede central de la Fiscalía General de justicia de la Ciudad de México. 

Además, el jueves 3 presentaron una queja formal por los mismos hechos ante la Comisión local de derechos humanos, y tienen previsto reunirse la próxima semana con miembros de organismos internacionales y de Naciones Unidas para elevar una queja sobre la situación de maltrato a los cadáveres bajo cuidado del Instituto forense de la Ciudad de México. 

Por lo mismo, públicamente exigieron la suspensión del personal que esté involucrado en lo denunciado; la realización de una investigación “autónoma, imparcial y estructural” por parte de Derechos Humanos, y una sanción a la Fiscalía de Servidores públicos, dónde radicaron la denuncia penal este lunes 7.

También expresaron que aunque tenían previsto realizarla desde el viernes 5, al día siguiente de acudir a Derechos Humanos, debieron cancelar lo planeado debido a que una familia recibió amenazas directas para que no avanzaran en este camino. Así las familias “hacemos responsables al Estado, particularmente al INCIFO y al licenciado Ariel Oriol Morales, si alguna persona de medios, colectivos, familiares o solidarios resulta agredida durante este proceso penal”

Una situación agresiva se vivió ya hacia los trabajadores denunciantes del INCIFO, cuando un grupo defensor de Oriol y la escargada de despacho, Patricia Crespo Arellano, quisieron deslegitimar la denuncia contra los superiores. Las familias, mientras tanto, señalan con claridad que esta situación “exacerba la crisis forense”, la cual, hasta dónde se sabe, tiene en manos de las instituciones más de 70 mil cuerpos sin identificar. 

“Ante una crisis forense que no es nueva pero sigue siendo silenciada y normalizada por las autoridades, hemos decidido organizarnos colectivamente para exigir justicia, verdad y respeto a la dignidad humana. Esta articulación representa una fuerza común desde el dolor, pero también desde la esperanza, y la convicción de que sólo unidas lograremos transformar estas prácticas y construir un camino hacia la memoria, la justicia y la garantía de no repetición”, concluyeron.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ELIANA GILET.

Prestanombres de García Luna pagaron a Julia Abdalá (pareja de Bartlett) el doble por supuesta venta de edificio: MCCI

Las millonarias transferencias que los Weinberg realizaron a Julia Elena Abdalá Lemus no corresponden a la venta del edificio ubicado en el número 40 de la calle de Leibnitz en la colonia Anzures de la Ciudad de México, como lo aseguró en su momento la empresaria y pareja del exdirector de la CFE, Manuel Bartlett.

El pasado 31 de marzo, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que los supuestos prestanombres de Genaro García Luna, Samuel Weinberg López y su hijo, Alexis Weinberg Pinto, transfirieron 4.5 millones de dólares a las cuentas de Julia Abdalá y de Roybell International Inc, una compañía offshore controlada por ella, entre julio de 2012 y mayo de 2017.

MCCI también dio a conocer que dichos depósitos estaban siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como parte de la demanda civil que el gobierno mexicano presentó en 2021 contra los Weinberg en Miami, Florida, para recuperar los fondos del erario que desviaron a través de sus compañías Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Tras la publicación, Abdalá Lemus declaró en entrevista con Ciro Gómez Leyva que las transferencias fueron el pago de los Weinberg por la venta, en mayo de 2012, de un edificio que operaba como hotel boutique en la calle de Leibnitz, en la colonia Anzures de la Ciudad de México.

Aunque Abdalá no dijo la dirección exacta del inmueble, MCCI encontró que el hotel operaba en el número 40 de Leibnitz bajo el nombre de Lumina Luxury Suites, marca que fue registrada por B White S Suite S de RL de CV, una compañía de la que Abdalá fue propietaria.

MCCI obtuvo una copia del folio real del inmueble en el Registro Público de la Propiedad, donde no existe registro alguno que acredite que Julia Abdalá vendió el edificio a los Weinberg en mayo de 2012, como ella afirmó.

A través de su empresa B White S Suite, Abdalá adquirió el edificio en mayo de 2007 a un precio de 6.5 millones de pesos, como consta en el primer asiento del folio del inmueble.

El segundo asiento se registró en diciembre de 2020, ocho años después de que Abdalá supuestamente vendiera el edificio a los Weinberg, cuando se publicó un aviso preventivo de compraventa en el que figuró como adquirente la compañía I3 Bienes Raíces SAPI de CV.

En enero y febrero de 2021 se registraron, respectivamente, el tercer y cuarto asiento, donde quedó constancia que I3 Bienes Raíces compró el inmueble de Leibnitz 40 a B White S Suite por un monto de apenas 12 millones 700 mil pesos. I3 Bienes Raíces es una sociedad que, a su vez, es controlada por otras empresas vinculadas a la familia Arellano Hernández, que también ha sido señalada por la UIF de ser parte de la red de lavado de dinero de Genaro García Luna y los Weinberg.

Los documentos revelan que al momento de la venta del edificio a I3 Bienes Raíces, Julia Abdalá ya no contaba con participación accionaria en B White S Suite. La empresa tenía como accionistas a Sylvia Pinto Mazal, esposa de Samuel Weinberg, y a W3 Solutions, una compañía cuyos socios son Alexis Weinberg y Samuel Weinberg.

Sin embargo, en los expedientes del Registro Público del Comercio no hay constancia de que Abdalá haya cedido o vendido sus acciones de B White S Suite a Sylvia Pinto Mazal o a W3 Solutions.


Depósitos a Abdalá duplican valor comercial de edificio

Un avalúo del edificio de Leibnitz 40 realizado en el año 2020 por la empresa SVI Ingeniería, Estudios y Avalúos S.C., fijó el valor comercial del inmueble en 29 millones de pesos, cifra muy inferior a los 4.5 millones de dólares que Julia Abdalá recibió de los Weinberg como pago por la supuesta venta que tuvo lugar en 2012.

Los Weinberg enviaron los 4.5 millones de dólares a Abdalá en doce transferencias que se realizaron entre julio de 2012 y mayo de 2017. En total, la empresaria y pareja de Manuel Bartlett recibió alrededor de 59.2 millones de pesos, tomando en cuenta el tipo de cambio promedio de cada uno de los años en los que se hicieron los depósitos.

Esta cifra duplica el valor de mercado de 29 millones de pesos que el inmueble tenía en 2020, ocho años después de la presunta operación de compraventa, cuando la plusvalía del edificio había incrementado.

Como lo reveló MCCI, los fondos que los Weinberg depositaron a Julia Abdalá provenían de las cuentas de Nunvav Inc en el Occidental Bank de Barbados, mismas que, según el propio gobierno mexicano, concentraban el dinero que fue malversado gracias a un entramado corrupto que les permitió obtener más de 630 millones de dólares en contratos con el extinto CISEN y con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) entre 2009 y 2018.

El pasado 23 de mayo, en una petición conjunta, la UIF y los Weinberg solicitaron a la jueza Luisa Walsh, quien llevaba el caso en Miami, desechar la demanda civil presentada por México en septiembre de 2021. Esto, debido a que los Weinberg están llegando a un acuerdo reparatorio con las autoridades mexicanas que les permitiría recibir un criterio de oportunidad de la Fiscalía General de la República y librar los cargos penales en su contra.

MCCI contactó a Julia Abdalá para solicitar su postura desde el jueves 3 de julio. A través de su empresa Digilogics, se le hizo llegar un cuestionario donde se le preguntó por qué la presunta operación de compraventa no se registró ante el Registro Público de la Propiedad.

También se le preguntó por qué los Weinberg le transfirieron alrededor de 59 millones de pesos entre 2012 y 2017 si el valor comercial del edificio era de 29 millones de pesos en 2020.

Abdalá respondió hoy, 8 de julio, a las 6:50 AM. En su respuesta, la empresaria y pareja del exdirector de la CFE señaló que ella “no enajenó el bien inmueble respectivo, sino lo que se llevó a cabo fue una operación de cesión a título oneroso (compraventa) de la parte social de la que la suscrita era titular de la empresa (B White S Suite S de RL de CV), que a su vez era propietaria del bien inmueble en cuestión”.

“…dicha enajenación (de acciones) no es susceptible de inscribirse en el Registro Público de la Propiedad”, precisó Abdalá.

Sin embargo, tampoco hay registro de dicha enajenación de acciones de la empresa B White S Suite S de RL de CV en el Registro Público del Comercio, como se mencionó anteriormente en este reportaje. Además, Abdalá omitió mencionar si la empresa contaba con otros activos (además del inmueble de Leibnitz 40) que justifiquen el monto que le fue transferido por los Weinberg.

Inmueble fue usado por los Weinberg como centro de operaciones

En su libro Los Millonarios de la Guerra, la periodista Peniley Ramírez reveló que el inmueble ubicado en Leibnitz 40 fue usado desde finales de 2011 como centro de operaciones de ICIT, empresa de los Weinberg.

De acuerdo con Ramírez, funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), entonces encabezada por Genaro García Luna, trabajaban de manera clandestina para ICIT y acudían a laborar al edificio de Leibnitz, desde donde se gestaba lo que los trabajadores conocían como “el Proyecto Secreto”.

En las entrañas del edificio, relata la periodista, se recabó información sobre personas físicas y morales usando NiceTrack, un programa de origen israelí que la Policía Federal, durante la gestión de García Luna, había comprado a los Weinberg por más de 69 millones de dólares.

Desde el inmueble ubicado en la colonia Anzures, ICIT también producía fichas personalizadas a sus clientes, las cuales contenían información relevante, y en ocasiones confidencial, sobre empresas con las que pensaban entablar relaciones de negocios.

Testimonios a los que tuvo acceso la periodista aseguran que Vanesa Pedraza, de quien MCCI documentó que era una de las funcionarias de la SSP más cercanas a García Luna y que también laboraba en las oficinas de ICIT, encabezó la destrucción de expedientes de contrataciones en las cárceles federales del país que podían constituir casos de corrupción. Entre ellas, las realizadas con Nunvav, la compañía de los Weinberg.

Respuesta de Julia Abdalá


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA 

Sheinbaum destaca a Mancera por 'gentrificación' de CDMX; se exculpa a ella y a Brugada

Sheinbaum aseguró que las personas que se manifestaron "tienen razón" en cuestionar la gentrificación, pero que no es aceptable que se caiga en la xenofobia y discriminación.

Tras las protestas el fin de semana en contra de la gentrificación en la Ciudad de México, por parte de ciudadanos extranjeros, principalmente de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum atendió el tema en su mañanera de hoy.

Ante las movilizaciones, en las que se reportaron afectaciones a diversos negocios y dichos como “¡fuera gringos!”, la presidenta explicó a los asistentes este miércoles a Palacio Nacional, qué es la gentrificación, un proceso no exclusivo a México y que han vivido ciudades como Nueva York.

Según explicó, gentrificación son “procesos que se han vivido en la Ciudad de México y en otras ciudades, muchas ciudades del mundo, donde la población original que vive en cierta colonia, empieza a verse desplazada” por vivienda enfocada a un sector económico mayor al que pertenecen.

Sheinbaum añadió que este proceso es uno que, no siempre, pero en ocasiones, se ha promovido desde el Gobierno, algo de lo que también se exculpó de cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como a la actual ejecutiva capitalina, Clara Brugada.

Por otro lado, señaló a Miguel Ángel Mancera, acusándolo de, durante su periodo en la capital, cambiar el uso de suelo para hacer más rentable el cambio de vivienda para desarrolladores inmobiliarios y a expensas de la población.

Afirmó que se convirtieron viviendas de tres pisos a vivienda de 20 para buscar mayor margen de ganancias, pese a no tener permisos, actuación que relacionó al llamado “Cártel Inmobiliario”.

También mencionó la compra de terrenos para fabricar vivienda a costos mayores que imposibilitan a sectores económicos no privilegiados vivir en estas zonas.
Así se va, digamos, ampliando la cantidad de personas que van llegando a estos lugares, expulsando a los pobladores originales, y entre otras cosas, elevando el nivel de vida en esos lugares.
Por ello, aseguró que las personas que se manifestaron pues “tienen razón en decir ‘bueno, pues por qué se da este proceso'”, pero que no es aceptable que se caiga en la xenofobia y discriminación, algo que acusó sucedió en las marchas del fin.

“Otro fenómeno distinto es el que se puede desprender a partir de xenofobia o de discriminación, entonces la manifestación que hubo en la Ciudad de México, por más legítima que sea la demanda de la gente que vive en estos lugares, no se puede aceptar la violencia ni los discursos de odio, eso no es México, y más la Ciudad de México que vive de la migración”.

Gentrificación de Condesa y Roma ha ido ocurriendo desde hace años

En estos dos casos específicos, que son dos de los más relevantes por su alta concentración de ciudadanos extranjeros, añadió que “simplemente fueron ocurriendo” por el crecimiento de la Ciudad, no por promoción gubernamental.

Afirmó que el establecimiento de restaurantes y otro tipo de locales atrajo primero turismo, y más tarde este mismo crecimiento, resultó en personas “de otro nivel económico” queriendo vivir ahí y encareciendo la rentas “a partir de la demanda”.

Debe atenderse, apoyaremos, pero corresponde al Federal

Si bien destacó que la gentrificación es un proceso normal en varias ciudades importantes, si aclaró que no debe ocurrir “si expulsan a quien está ahí originariamente para irse a vivir”.
Divides entre los que tienen recursos económicos y los que no tienen. Y entonces se quedan las mejores zonas de la Ciudad aquellos que tienen más recursos económicos.
“Entonces ese es un proceso y hay que atenderlo“, añadió Sheinbaum Pardo.

Aun así, reiteró que, aunque habrá colaboración y se apoyará a su atención, no se trata de un asunto que corresponda al Federal atender, sino a los estados y alcaldías.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

La nueva Corte resolverá litigio por adeudo de Movistar; hay 4 mil 442 mdp en juego

El juicio fiscal que enfrenta Movistar será resuelto por las y los nuevos ministros que integrarán la SCJN a partir del 1 de septiembre, luego de que la actual Corte no alcanzara el quorum necesario.

La empresa de telecomunicaciones Movistar pidió que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera con celeridad el caso de su adeudo fiscal por cuatro mil 442 millones de pesos, pero el máximo tribunal lo turnó a la nueva Corte que iniciará funciones el próximo 1 de septiembre.

El Ministro Javier Laynez Potisek propuso que Movistar pueda deducir el monto tras una fusión corporativa en 2014 con la empresa de comunicaciones Pegaso, de acuerdo con la Ministra Lenia Batres Guadarrama.

Pero en la sesión pasada de la Segunda Sala, donde se abordaría el proyecto, la Ministra Batres no acudió, rompió el quorum necesario para votarlo y solicitó que se debatiera en el pleno de manera pública, lo cual no fue aprobado por la mayoría de los ministros actuales.
Finalmente, los nueve ministros electos de la Suprema Corte abordarán el asunto de Movistar en el pleno, dado que la Reforma Judicial también eliminó las salas.

El caso se refiere a la negativa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para permitir a Pegaso (Movistar) la deducción de gastos por la fusión realizada en 2014.

El adeudo fiscal fue confirmado en 2022 por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), pero la compañía impugnó esa resolución.

En enero de 2023, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió a favor de la empresa de telecomunicaciones, por lo que el SAT recurrió a la Corte, que admitió el caso como el amparo 1172/2025.


Por su parte, Movistar interpuso el recurso de reclamación 158/2025 para impugnar la admisión del amparo, asunto que llegó a la ponencia del Ministro Laynez Potisek.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.

No hubo pacto de impunidad con Peña; FGR debe aclarar denuncias en su contra: Claudia

La Presidenta de México insistió en que a la FGR le corresponde informar a detalle por qué no procedieron las denuncias anteriores contra Enrique Peña Nieto.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró la mañana de este miércoles que no existe un pacto de impunidad entre el Gobierno federal que actualmente encabeza y el expresidente Enrique Peña Nieto (EPN), esto al preguntarle por qué no procedieron las investigaciones anteriores iniciadas contra el priista.
"No hubo pacto de impunidad. Es más, hubo una consulta pública de si se juzgaba a los expresidentes. No alcanzó el número suficiente de votos, pero hubo una consulta pública", recalcó durante la "mañanera del pueblo".
Al responder una pregunta expresa de SinEmbargo durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana reiteró que no existe un pacto con Peña Nieto, ni de parte de su Gobierno ni del de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).


"No es que haya habido un pacto de impunidad. Lo que dijo entonces el Presidente López Obrador, que es público, es 'a nosotros nos interesa de aquí en adelante'", recordó Sheinbaum.
FUENTE: SIN EMBARGO.