AUTOR: ICELA LAGUNAS.
Documentos de 2010 muestran que el entonces Oficial Mayor del GDF y el subdirector de Finanzas del Metro, promovieron una cláusula agregada al contrato con CAF para que las controversias se arbitraran internacionalmente, lo que significaría secrecía para las autoridades nacionales.
Desde el 2010 un funcionario del grupo de Marcelo Ebrard Casaubón previó que el millonario contrato por la renta de 30 trenes de Línea 12 podría generar una controversia entre CAF y el Gobierno del Distrito Federal (GDF) que los confrontaría en tribunales.
Por ello, anticipando que el millonario Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) para la renta de 30 trenes podría desatar un pleito futuro entre CAF y el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), la Oficialía Mayor, encabezada por el hoy diputado local Adrián Michel Espino, autorizó incluir en el contrato una cláusula arbitral.
El servidor público que solicitó la inclusión de dicha cláusula arbitral y que advirtió desde ese año un posible pleito entre las partes beneficiadas con ese contrato (CAF-STC-GDF) fue Juan Carlos Mercado Sánchez, quien firmó los documentos en su calidad de subdirector general de Administración y Finanzas del STC.