Las mujeres que se encargan de buscar a sus seres queridos, entre las más de 128,000 personas desaparecidas y no localizadas en México, deben enfrentar además un creciente número de violencias y afectaciones, que han llegado al extremo de costarle la vida al menos a 16 de ellas, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en el Informe Desaparecer Otra Vez. Éste incluye el testimonio de 600 mujeres buscadoras de 30 estados de México y de países como El Salvador, Guatemala y Honduras. Las mujeres generosamente compartieron sus experiencias a través de cuestionarios, grupos de enfoque y entrevistas.

“Las mujeres buscadoras realizan una labor muy importante de defensa de derechos humanos en un ambiente sumamente hostil. A pesar de las graves violencias y afectaciones que viven, han sido sororas con otras familias que pasan por la misma situación. Han impulsado leyes, políticas públicas y la creación de instituciones orientadas a la búsqueda de personas desaparecidas. Las autoridades deben garantizarles el derecho a buscar a sus seres queridos y también adoptar las medidas que pongan fin a las constantes y continuadas violaciones a los derechos humanos que ellas sufren al realizar su labor”, declaró Ana Piquer, directora regional para las Américas de Amnistía Internacional.

El informe Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México, se acompaña de la campaña #BuscarSinMiedo que exige a las autoridades acciones concretas para proteger a las mujeres buscadoras en Las Américas.

¿Qué sucede a las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos?

El informe detalla que 97% de las mujeres buscadoras entrevistadas declaró haber enfrentado violencias y afectaciones al buscar a personas desaparecidas. Entre las primeras destacan amenazas (45%); extorsiones (39%); ataques, (27%), desplazamientos forzados (27%); secuestros (6%), tortura (10%), e incluso violencia sexual, desapariciones y asesinatos.

 “Mi casa fue balaceada, fueron 100 balazos, estaba con mis hijas, fue espantoso”

Testimonio de una mujer buscadora anónima en Chilpancingo, Guerrero.

Además, una de cada dos buscadoras ha sufrido discriminación por género, situación económica, identidad étnico-racial, pertenencia a pueblos indígenas y por origen nacional o situación migratoria. Se detectó también que una de cada dos buscadoras ha sufrido estigmatización y revictimización por parte de las autoridades e incluso de sus propias familias y comunidades.

 “No es lo mismo un rico que un pobre. Desapareció alguien con dinero y lo encontraron porque fue prioridad para la Fiscalía, mientras que a mí ni siquiera me dan citas para buscar a mi hijo”.

Testimonio de una madre buscadora anónima en Colima, Colima.

También se detectaron afectaciones al núcleo familiar por la desaparición de uno de sus integrantes. Al respecto, de las 600 mujeres buscadoras entrevistadas para el informe, 60% reportó deterioro de las relaciones familiares, problema que se acrecienta por la falta de un sistema de cuidados que les permita seguir sus roles como cuidadoras a la par de realizar labores de búsqueda, 70% han tenido afectaciones en materia de salud física y mental, como depresión, insomnio y aparición de enfermedades o deterioro de enfermedades preexistentes y 60% reportó pérdida de recursos.

“Tenía problemas para respirar, me ahogaba constantemente, tienes que ir al dentista porque pierdes la dentadura. Hay un desgaste físico y mental de buscar 15 años”.

Araceli Rodríguez, madre buscadora del Estado de México.

“Ya no había gasolina para salir a buscar a mi hijo. Duré casi un año y medio sin luz, sin agua, a veces sin comer”.

Verónica Durán, buscadora de Guanajuato.

Desconfianza en las Autoridades

Las mujeres buscadoras identificaron en las instituciones públicas una reiterada falta de compromiso y actuación en las búsquedas de personas desaparecidas, lo cual ha llevado a las primeras a realizar la mayor parte del trabajo, incluso en las búsquedas organizadas por las autoridades.

“A diferencia de otros países donde los Estados son quienes buscan a las personas desaparecidas, en México son las mujeres quienes encabezan la búsqueda, con sus propias manos, picos y palas, localizan y excavan fosas. Lo hacen en condiciones de alto riesgo, ingresando a zonas peligrosas o incluso cruzando fronteras para seguir buscando a sus seres queridos. Estas omisiones del Estado no solo las colocan en una situación de grave vulnerabilidad, sino que además les impiden el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño, como es su derecho”, declaró Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional sección mexicana.

Respecto al Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación, un mecanismo creado para facilitar el acceso a la justicia a personas migrantes y sus familias que se encuentran en otro país, las mujeres buscadoras enfatizaron las dificultades que tienen las familias de personas migrantes desaparecidas para interponer las denuncias, dar seguimiento a sus casos y acceder a territorio mexicano.

“Una de las principales dificultades es ir a México, porque no hay tarjeta por razones humanitarias. Cruzar las fronteras es lo que más se nos dificulta. Si no estamos con organizaciones de la sociedad civil no nos toman en cuenta, nunca nos darían esas tarjetas”.

Mary Rodríguez, buscadora hondureña.

La investigación incluye una serie de recomendaciones a las autoridades mexicanas para avanzar en la protección de las colectivas de búsqueda. Entre ellas, Amnistía Internacional insta a las autoridades mexicanas a reconocer la importante labor de las mujeres buscadoras y el derecho que tienen a buscar, ya sea en conjunto con las autoridades o de forma independiente, y que se garanticen sus derechos, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales.

“Todas las medidas gubernamentales en materia de desaparición deben contar con la efectiva participación de las buscadoras. Hoy seguimos recordando que ¡sin las familias, no! Es fundamental reconocer también el rostro femenino de la búsqueda e incorporar una perspectiva de género e interseccional”, destacó Edith Olivares Ferreto.

Información de contexto:

Informe: Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México

Informe: Buscar sin miedo: estándares internacionales aplicables a la protección de mujeres buscadoras en las Américas.

Además de la violencia homicida del crimen, y de las amenazas, ataques y extorsiones, el informe de Amnistía documenta que las madres buscadoras también están siendo víctimas de desplazamiento forzado por parte de los mismos criminales que desaparecieron a sus seres queridos. 

En este punto, Amnistía refiere que hasta 180 buscadoras entrevistadas, el 27 %, dijeron que tuvieron que salir de su casa y cambiar de domicilio por las amenazas; 158 (24 %) tuvieron que mudarse a otro lugar dentro de su misma entidad; y 193 (19 %) se mudaron a otro estado. 

“La experiencia del desplazamiento en las mujeres buscadoras varía mucho. Se desplazan en ocasiones con sus familias y en otras deciden hacerlo solas, viviendo lejos de sus seres queridos para buscar protegerles”, señala el informe, que agrega que, adicionalmente, el desplazamiento también puede ser una medida de seguridad utilizada por los mecanismos de protección y las fiscalías, tanto a nivel federal como estatal.

Por otra parte, la investigación de Amnistía Internacional advierte que la salud mental de las madres buscadoras está en serio riesgo.

Por ejemplo, el 73 % de las 600 encuestadas reportaron que padecen depresión, estrés, problemas de nervios, ansiedad, tristeza, apatía, sentimientos de culpa, e incluso, algunas de ellas admitieron haber tenido pensamientos suicidas o intentos de suicidio. 

Adicionalmente, las mujeres reportaron cambios en el sueño (72 %), cambios en el peso (subidas y bajadas), temblores, y problemas de memoria. 

“Nuestras casas parecen farmacias. Compramos miles de cosas porque nuestro cerebro no da. La mayoría somos codependientes para poder dormir”, refirieron las mujeres entrevistadas.

“Abrieron la consulta para enviar insumos y varias organizaciones enviamos información, incluido el componente de protección. Entonces exhortamos a la Comisión a que le dé continuidad a la elaboración de un informe sobre desapariciones en México, y a que incluya especialmente un componente sobre protección”, apunta Sandoval en entrevista.

El activista recuerda que el año pasado, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) presentó un diagnóstico donde se incluye una tipología, incluso sobre perpetradores, y recomendaciones que no han sido retomadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas –que tampoco ha elaborado un diagnóstico propio– ni han tenido la suficiente difusión, una de las cuales tiene que ver con la creación de un mecanismo específico para la atención de las madres buscadoras.

En el documento, el Movimiento identifica las siguientes agresiones y violaciones a derechos humanos contra las familias y colectivos: agresiones físicas, amenazas, ataques al patrimonio, hostigamiento e intimidación, allanamiento, criminalización, ataques armados, desaparición forzada y a manos de particulares, y agresiones letales.

Desde los primeros días que siguieron al hallazgo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, pese a que en los hechos se han reiterado discursos de respeto a las madres buscadoras y solidaridad con las víctimas, diversas comunicaciones oficiales y no oficiales han apuntado a desacreditar –la mayoría de las veces sin decirlo de manera explícita–, revictimizar o criminalizar al colectivo Guerreros Buscadores, así como a otros grupos o mamás.

En uno de sus primeros comunicados, la fiscalía estatal se adelantó a aclarar que sí había calcinación de cuerpos, pero no dentro de hornos. Luego, en otro texto le dio estatus de presunción a una carta hallada en el rancho, hizo mención a que los sellos de aseguramiento ya estaban rotos “de acuerdo con integrantes del colectivo”, destacó que se estaba ante una modalidad “que no había sido utilizada por el grupo criminal” y aclaró que “la existencia de un artículo personal en el sitio no representa que quien lo utilizaba esté sin vida”.

Para el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el hecho de insinuar de manera velada que las familias generan mentiras sobre la existencia de hornos crematorios —discurso que luego se ha replicado en distintos niveles de gobierno— representa una respuesta preocupante por parte de las autoridades.

Más adelante, durante las preguntas, igualmente puso en duda los dichos sobre los hallazgos, sin señalar a nadie en particular: “También, ¿qué encontraron en el predio?, que también es muy importante, la verdad sobre… Porque se han dicho muchas cosas y tiene que haber evidencia científica, no es solamente lo que se diga. ¿Qué  se encontró en el predio?”.

Unos días después, en redes sociales se hizo viral un video presuntamente atribuido a integrantes del crimen organizado –sin que se haya confirmado–, donde se desacredita a las madres buscadoras en tono amenazante. La voz protagonista menciona que las madres están “respaldadas por no sé quién”. Información de dudosa procedencia, no encontraron nada, mentiras, historias inventadas y sin fundamentos son otras palabras utilizadas. “Somos el pueblo, servimos al pueblo y estamos con el pueblo”, concluye el discurso.

Horcasitas señala adicionalmente que asistimos a discursos de un Estado que se justifica a sí mismo por sus omisiones y falta de atención. Además, la criminalización es la forma ideal de mantener la impunidad, porque permite justificar la falta de búsqueda y de investigación, así como dejar solas a las familias al apuntar que las personas desaparecidas “en algo andaban” o son criminales.

“Todas las personas tienen derecho a ser buscadas, independientemente de las causas, pero además, es una narrativa que cimentó bien Felipe Calderón, y que la verdad sigue más vigente que nunca, que permite al Estado ser indolente, no llevar a cabo acciones concretas de búsqueda, criminalizar, estamos viendo un poco también con lo del Rancho Izaguirre, a las víctimas que se encuentran ahí, y por ende, por añadidura, por extensión, a sus familias; la criminalización es la médula ósea detrás del abandono estatal de las familias”, subraya.

Ante el hecho, la Fiscalía dijo que inició una carpeta de investigación correspondiente, aplicando “los protocolos de investigación de feminicidio y enfoque diferencial”.

La Fiscalía de Zacatecas dijo que los familiares, con asistencia de personal de la institución, identificaron y recibieron el cuerpo de la víctima este lunes.

“Han recibido atención integral y avances de la investigación” , señaló la institución.

Además, la Fiscalía destacó que la mujer había reportado el 11 de febrero de 2023 la desaparición de su hija Frida Sofía Murillo Raygoza, quien fue localizada con vida ese mismo año, aunque antes encaró a las autoridades y cuestionó los protocolos de búsqueda.

“Se descarta que tenga relación alguna con el reporte detonado en 2023“, aclaró el comunicado.

Las investigaciones seguirán bajo la coordinación de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra las Mujeres por Razones de Género y la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto.

“Avances que se darán a conocer en el momento procesal oportuno mediante los medios de comunicación institucionales”, concluyó el comunicado.