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Más denuncias salen del interior del TFJA: hostigamiento, despidos, acoso laboral...

Por: Draco Dracul on lunes, julio 21, 2025 / Comentarios: 0 , ,

A pesar de su relevancia en la resolución de controversias entre particulares y la administración pública —incluidas aquellas que involucran grandes cantidades de recursos públicos—, el TFJA ha sido señalado por operar bajo lógicas de opacidad, violencia contra los trabajadores, hostigamiento laboral y protección interna a sus magistrados.

En el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), órgano que no fue incluido en la reciente Reforma al Poder Judicial al depender del Ejecutivo federal, siguen acumulándose denuncias de irregularidades, hostigamiento, violencia laboral y despidos, prácticas cuestionables dentro de esa institución que está encargada de resolver litigios millonarios en materia administrativa y fiscal.

A pesar de su relevancia en la resolución de controversias entre particulares y la administración pública —incluidas aquellas que involucran grandes cantidades de recursos públicos—, el TFJA ha sido señalado por operar bajo lógicas de opacidad , violencia contra los trabajadores, hostigamiento laboral y protección interna a sus magistrados.

En SinEmbargo se le ha dado seguimiento a diversas denuncias internas por violencia, amenazas, hostigamiento laboral y prácticas ilegales como la reducción de salario y el obligar al personal a presentar su renuncia. Estas situaciones son parte de la realidad que se ha instalado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Ahora dos denuncias más se agregan a la serie de señalamientos en dicho Tribunal, éstas involucran o señalan a dos magistrados, Jorge Octavio Gutiérrez Vargas y Gerardo Brizuela Gaytán, por presuntas irregularidades en la adscripción de plazas y manejo administrativo por parte de Gutiérrez Vargas, así como actos de violencia laboral, hostigamiento y despido presuntamente injustificado hacia una trabajadora por parte de Brizuela Gaitán.

Una fuente cercana a los casos explicó que la Junta de Gobierno, quien se encarga de dar seguimiento y resolución a las denuncias, mantiene un patrón de conducta que tiende a dejar en el olvido los casos, pues asegura que una vez que se presenta una queja en contra de un Magistrado o por actos de corrupción, le inician un procedimiento de responsabilidad a quien presenta la denuncia.

Desde el pasado 2 de julio, SinEmbargo consignó una denuncia que daba cuenta cómo la Junta de Gobierno y Administración de este Tribunal, que encabeza Guillermo Valls Esponda, ha hecho caso omiso a las denuncias por violencia y amenazas y por otras prácticas que violan el propio “Protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia laboral en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa”.

Guillermo Valls Esponda trabajó en la Procuraduría General de la República (SAT) de Felipe Calderón Hinojosa y en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Enrique Peña Nieto. Como él, hay otros magistrados que fueron nombrados por Calderón y Enrique Peña Nieto, como Víctor Orduña, consejero de Diego Fernández de Cevallos; Rafael Estrada Sámano, amigo de Calderón así como el exsenador Carlos Chaurand Arzate, allegado a Manlio Fabio Beltrones, y la Magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, propuesta por Calderón en 2012.


Irregularidades en adscripción de plazas

Un nuevo caso documenta una denuncia presentada el 31 de enero de 2025 a través del portal de la Secretaría de la Función Pública, dirigida a la Dirección de Denuncias y Atención Ciudadana de la Dirección General de Investigación de la Unidad de Combate a la Impunidad y compartida. En ésta se acusan posibles actos de responsabilidad administrativa cometidos por el Magistrado Jorge Octavio Gutiérrez Vargas, titular de la Segunda Ponencia de la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), a quien se le acusa de un manejo irregular en una plaza que está pendiente por una prejubilación.

La denuncia señala que el Magistrado Gutiérrez Vargas, usando su posición como integrante de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal, se adscribió el 31 de diciembre de 2024 a una ponencia cuya plaza se encontraba desocupada por prejubilación, a pesar de que un juez federal había otorgado una suspensión a la Magistrada anterior para que permaneciera en su cargo hasta la conclusión del juicio de amparo promovido en su defensa.

La denuncia también involucra al Magistrado presidente Guillermo Valls Esponda, a quien se señala de haber dado anuencia para que dicha adscripción ocurriera, pese a que el 13 de diciembre de 2024 ya se habían dado por concluidas las sesiones de la Junta de Gobierno.

De acuerdo con la parte denunciante, la plaza en cuestión no debió ocuparse sino hasta que finalizara el proceso de prejubilación o, en su defecto, hasta que concluyera un juicio de amparo promovido por la Magistrada en funciones, pero no fue así.

Además del presunto nombramiento irregular, la denuncia también destaca que el Magistrado Jorge Octavio Gutiérrez Vargas, se ausenta con frecuencia, lo que —según indica el denunciante— entorpece la tramitación de los juicios asignados a su ponencia. Y es que, de acuerdo con la denuncia, el Magistrado emite instrucciones a través de una secretaria de acuerdos que no está adscrita a su sala, sino que pertenece a la Sala Superior del Tribunal

Eso se constata en los acuerdos de la Junta de Gobierno del Tribunal correspondientes a diciembre de 2024, publicados en el portal institucional y en el Diario Oficial de la Federación, así como los reportes del sistema electrónico del Tribunal usados para el control de juicios en enero de 2025, donde se pueden advertir las fechas de turnado de asuntos y los retrasos en la tramitación.

Violencia laboral

Otra denuncia por violencia laboral se le suma al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se trata de un escrito dirigido a la Junta de Gobierno del propio tribunal el 27 de septiembre de 2024 en Tijuana, Baja California, donde la denunciante señala que fue víctima de actos de violencia laboral por parte del Magistrado Gerardo Brizuela Gaytán durante los días 19, 25 y 26 de septiembre del mismo año, cuando fue presionada para que firmara su renuncia, aunque ella no quería, y finalmente la despidieron.

La denunciante alude que fue un despido injustificado y que, además, los días posteriores a su despido, cuando fue a recoger sus pertenencias, fue tratada como delincuente.

La queja refiere que desde la llegada del Magistrado Gerardo Brizuela Gaitán se marcó un deterioro progresivo en su ambiente laboral, y que, pese a contar con capacitación para promover una cultura de derechos en el trabajo, fue víctima de un trato autoritario, excluyente y violento.  La denuncia detalla una serie de eventos que, según la víctima, constituyen un patrón de hostigamiento, humillaciones y presión indebida para forzar su renuncia.

El jueves 19 de septiembre de 2024, a través de su secretaria particular Yomara Sainz Landeros, el Magistrado en mención la mandó llamar a su oficina “a privado”, se lee. Durante la reunión, el Magistrado le expresó su desacuerdo con un proyecto de sentencia, la denunciante pidió la presencia de la oficial jurisdiccional que había elaborado los proyectos previos, para verificarlo, pero el Magistrado se negó a esto y exigió a la denunciante que lo elaborara nuevamente, advirtiéndole que tenía hasta el 25 de septiembre para entregarlo. La trabajadora relató que ella le pidió más tiempo para evitar errores por la premura, el Magistrado se negó a concederle plazo, por lo que el 20 de septiembre a las 2 de la tarde, la denunciante entregó el proyecto en mano.


Sin embargo, el 25 de septiembre, fue llamada de nuevo al privado del Magistrado, quien —según la denuncia — la recibió con reclamos por errores ortográficos en el documento y la interrumpió mientras intentaba señalarle que sí había revisado el documento, pero que por la premura en la que se lo solicitaron se podrían ir errores, ademas de justificar las fallas por la falta de herramientas tecnológicas. En esa reunión, el Magistrado le sugirió cambiarla de ponencia y le insinuó que debía renunciar, a lo que ella respondió que no pensaba renunciar, defendió su trabajo y denunció que sus expedientes eran los últimos en salir del despacho, pese a entregarlos primero, y que sufría restricciones arbitrarias como no poder hablar, reír o prestar expedientes a sus compañeros.

De acuerdo con la denuncia, de manera insistente la volvió a presionar para renunciar, pero ella se negó a hacerlo, por lo que le solicitó el expediente para corregirlo, pero él se negó a entregárselo, y –al no lograr que ella renunciara– le dijo que estaba despedida. “Nos vemos en los tribunales”, fue la respuesta de la trabajadora al salir del despacho.

Ese mismo día, según la denuncia, la trabajadora trató de comunicarse con el Magistrado visitador Jorge Octavio Gutiérrez Barrugas, pero fue atendida por su personal. A su vez, ella solicitó al Magistrado que le diera oportunidad de seguir en su puesto hasta la visita oficial, del Visitador Gutiérrez, la cual estaba prevista entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre, como medida de protección a sus derechos laborales y de género, pero no recibió respuesta.

Al día siguiente, jueves 26 de septiembre, a las 9:08 horas, la denunciante acudió a su lugar de trabajo, pero al intentar ingresar, el guardia de seguridad le impidió el acceso por órdenes del magistrado Brizuela y de la delegada administrativa, quien habría ordenado al personal operativo que sacara sus pertenencias hasta el lobby del edificio, negándole incluso el acceso al sistema para tomar sus pertenencias y realizar la entrega formal de su puesto.

Sus compañeras de trabajo le ofrecieron apoyo moral durante el desalojo, y ella insistió en que no se había cumplido con el debido proceso para una remoción e insistió en que le permitieran ingresar y usar una computadora para redactar el acta de entrega. Finalmente logró que le permitieran usar un equipo de cómputo, hizo el acta de entrega, pero –se establece en la denuncia– el Magistrado se negó a firmarla como superior jerárquico.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

“Necesitamos que nos volteen a ver”: extrabajadores de la financiera CAME no han recibido su liquidación tras ser despedidos

Por: Draco Dracul on viernes, julio 04, 2025 / Comentarios: 0 , ,

La Sofipo no ha pagado la liquidación de alrededor de 300 extrabajadores, con una antigüedad que va de los dos hasta los 17 años, ni la última quincena de marzo; piden que las autoridades los apoyen con sus casos.

Ante el cierre de oficinas y la suspensión de operaciones de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME), alrededor de 300 extrabajadores de distintos estados del país siguen esperando su liquidación y el pago de la última quincena de marzo.

Días antes de que terminara ese mes la empresa convocó a los empleados a una reunión virtual para avisarles que estaba pasando por “situaciones complicadas”, por lo que ya no podría seguir con la relación laboral. Les prometió que su última quincena se les depositaría junto con su liquidación, a más tardar dos semanas después del anuncio, pero eso no ha ocurrido hasta el día de hoy.

A tres meses de su despido, nadie responde llamadas ni correos y tampoco hay oficinas abiertas para reclamar. Ante ello, algunos trabajadores acudieron a los Centros de Conciliación de su entidad sin que hayan logrado tener un avance ya que solo han recibido una carta de “no conciliación” debido a que, en la mayoría de los casos, los representantes de CAME no se presentaron a las audiencias.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, la carta de no conciliación certifica que se agotó la etapa en la que ambas partes pueden negociar y que los extrabajadores pueden presentar una demanda ante el Tribunal Laboral e iniciar un proceso judicial.

Animal Político platicó con al menos ocho extrabajadores de CAME que laboraban en las oficinas de Chiapas, CDMX, Puebla, Oaxaca, Estado de México, Morelos, Jalisco y San Luis Potosí, quienes igual que sus compañeros reclaman su liquidación por una antigüedad que va de dos hasta 17 años.

También se consultó a representantes de la Sofipo, pero hasta el cierre de edición de esta nota no hubo respuesta. La CNBV indicó que hay tiempos legales y procesos que deben respetar y no pueden dar información del proceso, del caso de los ahorradores o de los trabajadores.

En tanto, Centros de Conciliación laboral locales en los que se han interpuesto las quejas, cuyas copias tiene este medio, informaron que el proceso de los trabajadores continuará “dejando a salvo los derechos de los interesados para ejercer las acciones respectivas ante el Tribunal Laboral competente en término del artículo 123”, que hace referencia a los derechos y obligaciones de los trabajadores y los patrones. 

Extrabajadores de CAME exigen el pago de sus liquidaciones

Marco, extrabajador de CAME, señala que no habían querido dar declaraciones o sumarse a las protestas que han hecho los ahorradores ya que querían esperar su pago y terminar la relación laboral de la mejor manera; sin embargo, la falta de respuestas los ha dejado en la incertidumbre, que ha crecido ante los señalamientos de un posible fraude o quiebra.

“El llamado es a que la empresa nos responda tal como nosotros le respondimos, en mi caso cinco años. Si las autoridades ya intervinieron la empresa pues que también nos tomen en cuenta. Sí, los afectados son los ahorradores, pero también lo somos los trabajadores ya que están violando nuestros derechos”, declara.

Marco indica que seis meses antes de que lo despidieran dejaron de pagar el Seguro Social y en los tres últimos años CAME cambió de razón social al menos en seis ocasiones. “Nosotros nos dábamos cuenta por el IMSS, cuando ya aparecía otra razón social”.

“Éramos parte de CAME y por no querer afectar a la empresa y recibir nuestro finiquito no levantamos la voz, pero sí necesitamos que también nos volteen a ver”, asegura el extrabajador.

Paula, quien trabajó para la financiera casi durante 17 años, terminó internada dos semanas después de que la despidieran al ver que en las noticias comenzaron a hablar de un posible fraude, y su preocupación creció al pensar que tal vez no le pagarían por todos los años laborados.  

Sin dinero tuvo que enfrentarse a una operación de emergencia y comenzar a organizarse vía WhatsApp con otros empleados en su misma situación; convaleciente acudió a interponer su denuncia.

Paula aún no ha podido buscar trabajo debido a su operación, aún le resta una recuperación que durará aproximadamente seis meses. Los pocos ahorros se le están agotando, por lo que exige que se le deposite lo que les corresponde por ley y su última quincena que tampoco recibió.

Recuerda que mientras trabajó en CAME fue víctima de asaltos que la llevaron al hospital y no paró de trabajar durante la pandemia de Covid-19. “No se vale porque nosotros como empleados dimos todo por la empresa y ahora no nos quieren pagar, que se hagan responsables de nuestra liquidación, nosotros ya lo trabajamos y estuvimos al pie del cañón y no es justo que no nos paguen lo que nos corresponde”.

En tanto, Martha, otra extrabajadora, tenía alrededor de 8 mil pesos ahorrados en la aplicación Techcreo CAME donde le depositaban su sueldo, pero una vez que ésta dejó de funcionar ya no pudo acceder a sus recursos.

Ella tenía planeado juntar 10 mil pesos para apoyar en la operación de cataratas que su mamá se realizaría a finales de julio, cirugía que se tendrá que retrasar. 

“Exigimos nuestros derechos, estamos esperando el depósito de nuestra liquidación, no peleamos nada más. Estamos desempleados y sin dinero, yo tengo ahí mis ahorros por 8 mil pesos, está pendiente también mi quincena”, reclama. 

Mientras que Alberto, cuyo nombre se cambió para proteger su identidad, cuenta que en 2024 algunas oficinas de la Sofipo comenzaron a cerrar y a finales del año CAME les ofreció un porcentaje extra por cada ahorrador que invirtiera en la empresa. Muchos de los trabajadores invitaron a sus familiares y ahora están a la espera de saber cómo van a recuperar su dinero.

Otra cosa que llamó su atención desde las oficinas de Chiapas es que hicieron un préstamo a nombre de toda la plantilla de trabajadores sin que ellos lo solicitaran. Todo por Techcreo CAME, aplicación que utilizaban los ahorradores y donde a ellos les depositaban su sueldo.

“Prácticamente nos obligaron a firmar y los que no firmamos el préstamo aún así se reflejó en la aplicación. En mi caso se hizo un préstamo por 48 mil pesos, se hacía dependiendo del sueldo del trabajador, desde coordinadores, ejecutivos, promotores, asesores, gerentes, toda la oficina”.

“Era como un préstamo fantasma porque en realidad no nos descontaban, solo que en el sueldo aparecía como una ‘compensación’ por la cantidad que teníamos que pagar del préstamo para que así se compensara (…) Nos dijeron que no nos preocupáramos y ante nuestro nerviosismo nos entregaron una carta finiquito de dicho préstamo”, dice Alberto.

Moody’s advierte que recursos no alcanzan para indemnizar a ahorradores

El pasado 13 de junio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención y suspensión de operaciones de la Sofipo, tras detectar irregularidades contables y una situación de insolvencia financiera crítica. La autoridad tiene pendiente todavía dar una resolución definitiva sobre la situación de CAME.

En su comunicado, el organismo supervisor del sistema financiero destacó que los recursos de los ahorradores están protegidos por el Fondo de Protección, el cual garantiza hasta 25 mil Unidades de Inversión (UDIS), alrededor de 211 mil pesos por persona física o moral, sin importar el número o tipo de operaciones que mantengan con la entidad intervenida.

En caso de que se active el seguro de depósitos, el monto asegurado podría cubrir a una parte de los ahorradores; sin embargo, quienes tengan más de ese monto no tendrían asegurada la parte excedente de sus depósitos como el es caso de algunas personas que llegaron a invertir más de 10 millones de pesos.

Recientemente la calificadora Moody’s advirtió en un reporte que los recursos del fondo que respalda a los ahorradores no son suficientes para cubrir la totalidad de los depósitos y el fondo no tiene capacidad suficiente para enfrentar una devolución simultánea de recursos a más de un millón de personas.

Asimismo, recordó que el gobierno federal tiene la facultad de realizar aportaciones extraordinarias para fortalecer la capacidad de respuesta del fondo.

Preocupa a ahorradores de CAME que su caso se minimice

Los ahorradores han expresado su preocupación porque su caso se minimice ante los señalamientos del Departamento de Tesoro de Estados Unidos contra Intercam, CI Banco y la casa de bolsa Vector, por presuntamente facilitar el lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo.

Los afectados no han dejado de hacer manifestaciones en avenidas principales de la Ciudad de México para exigir la devolución total de sus recursos. Hace unos días un grupo asistió a la Cámara de Diputados para solicitar “un mecanismo legislativo y financiero de emergencia para garantizar la devolución de su dinero”.

También demandan que los funcionarios de la CNBV y de Hacienda comparezcan para explicar qué fue lo que pasó y por qué se tardaron tanto en intervenir en el caso. 

El miércoles 2 de julio, un grupo de ahorradores cerraron Paseo de la Reforma, frente a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), en donde los recibió su titular, Alfredo Higuera Bernal, quien les prometió una reunión para el próximo 9 de julio para hablar sobre sus demandas interpuestas de manera individual y colectiva, así como de la investigación en curso.

Leticia Ávila, una de las afectadas, sostuvo que hasta ahora no han recibido información clara sobre los responsables ni sobre el destino de sus ahorros, por lo que piden que se amplíen las líneas de investigación del caso, incluso a posibles operaciones ligadas a lavado de dinero.

También exigen que se identifique a los funcionarios involucrados en la operación de la financiera y se congelen sus cuentas hasta que se deslinden responsabilidades.

“Nosotros no vamos a ser otro Ficrea, se tiene que hacer justicia y exigimos la devolución completa de nuestros ahorros”, demanda Leticia, hija de uno de los afectados que tiene 80 años e invirtió con CAME más de 2 millones de pesos. 

Hasta el momento, ni la CNBV ni la Secretaría de Hacienda han explicado a las víctimas cómo ni cuándo se activará el proceso de devolución de sus ahorros. Sobre los trabajadores no han dado ninguna postura.


FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA CASASOLA.

“Están pisando nuestros derechos laborales”: Junta Federal de Conciliación lleva 10 días en paro por despido de 180 trabajadores

Por: Draco Dracul on jueves, junio 12, 2025 / Comentarios: 0 , ,

Al menos 180 trabajadores fueron despedidos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; en muchos casos les ofrecieron liquidaciones hasta dentro de dos meses y medio, y menos dinero del que les corresponde por ley.

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje –tribunal que tiene como objetivo resolver conflictos entre trabajadores y patrones, así como dar justicia laboral– se encuentra en paro desde hace 10 días, por el despido de al menos 180 empleados, quienes fueron avisados el pasado 26 de mayo de que era su último día y, en algunos casos, ni siquiera se les permitió recoger objetos personales antes de obligarlos a abandonar las oficinas.

Alicia es una de las trabajadoras que fueron despedidas. En septiembre iba a cumplir 35 años de antigüedad, estaba próxima a jubilarse, pero ahora no sabe si tendrá oportunidad de hacerlo y tampoco tiene claro si le darán el monto que le corresponde de liquidación, ya que el día que anunciaron su salida de la Junta Federal de intentaron que aceptara recibir menos dinero, a lo que ella se negó.

“El día que nos avisaron les dije que no iba a firmar, porque pedí toda mi documentación, a lo que me respondieron que no se me podía dar, y que tampoco había lugar para reubicarme en otra área. Y nosotros ya sabíamos de la desaparición de las juntas especiales, sabíamos que un día se iba a terminar el trabajo, pero no de la manera que lo hicieron”, señaló Alicia.

Molesta, reclamó que pese a los años de servicio que llevan en la Junta Federal, “nos trataron como si fuéramos rateros –ya que fueron escoltados por personal de seguridad hasta la salida del edificio– y por el momento desconocemos qué vaya a pasar, pues nuestras autoridades no han querido negociar el pago justo y en tiempo de nuestra liquidación, pues además de querer darnos menos nos dicen que el dinero posiblemente llegaría dentro de dos meses”.

“¡Imagínese! Dos meses y medio, cuando algunas son mamás solteras, son viudas o divorciadas, ¿con qué van a alimentar a sus hijos en ese tiempo? Además, habemos personas que por nuestra edad avanzada ya no vamos a encontrar trabajo fácilmente, como yo, que estaba próxima a jubilarme”, agregó.

En el caso de Rubén, otro de los afectados, ni siquiera fue avisado de que había sido despedido, ya que se encontraba de incapacidad. La manera en la que se enteró que estaba entre las personas que perdieron su empleo fue que no le pagaron la última quincena, algo que no pudo reclamar ya que se suspendieron las actividades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) por el paro.

“Cuando regresé de mi incapacidad me encontré con que ya habían cerrado la Junta por los compañeros a quienes hicieron firmar su liquidación, pero a mí nunca me llamaron, nunca me avisaron, no me mostraron papeles y no tuve oportunidad de sacar mis cosas”, comentó.

Para Rubén resulta preocupante que las autoridades les estén prometiendo el pago de la liquidación dentro de dos meses y medio, “porque pasado ese tiempo prescribe el derecho del trabajador a demandar, porque ya firmaron una renuncia… y en mi caso ni siquiera hay un papel en el que se determine que me despidieron, ¿entonces cómo reclamo?”.

Se sabía que juntas especiales desaparecerían, pero no cuándo

La desaparición de las juntas que integran la JFCA, incluidas las “especiales”, forma parte de la reforma laboral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, en la que se establece la desaparición gradual de la Junta Federal y la transferencia de sus funciones a los Tribunales Laborales del Poder Judicial de la Federación y a los Centros de Conciliación Laboral.

Sin embargo, Fabiola, abogada que continúa como trabajadora activa de la JFCA, remarcó que las personas que fueron despedidas no tuvieron algún aviso previo de lo que ocurriría, ni de cuándo sería, y tampoco se les dio la posibilidad de ser reubicados en alguna otra área de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), dependencia de la que depende la Junta Federal.

“Ya se venía viendo la desaparición de algunas juntas federales, pero no hubo información previa a la del 26 de mayo, cuando a varios compañeros los mandaron llamar a las oficinas de los presidentes de cada junta y los intimidaron para que firmaran un documento en el que aceptaban una gratificación ya calculada, no importando puesto, años de servicio, si eran sindicalizados o de confianza, y después fueron sacados de forma violenta por la seguridad interna de la Junta”, reclamó la abogada.

Desde su consideración, lo que preocupa al resto de los empleados de la JFCA es “que si estoy viendo que a mis compañeros los sacaron con la mano en la cintura, los que seguimos seremos nosotros. Por eso es que el pasado 2 de junio decidimos cerrar la Junta con la finalidad de llamar la atención de las autoridades”.

De acuerdo con Fabiola, desde el segundo día del paro “se han acercado con nosotros autoridades que se ostentan como de la Secretaría del Trabajo, verbalmente dicen que son directores de áreas, pero no nos consta porque no se identifican, y aunque señalan estar en disposición de apoyarnos, no hablan de reubicación y jubilación de los compañeros, sino únicamente de una negociación”.

“Nosotros impartimos justicia, y estamos viviendo injusticias de nuestra misma casa. La mayoría de los trabajadores somos abogados y sabemos que un despido no se hace así, la ley es muy clara en que se tiene que avisar a cualquier persona que se le va a despedir, y que el día que eso ocurre se debe traer el cheque en la mano, pero la Secretaría del Trabajo y la Junta Federal están pisando nuestros derechos laborales“, apuntó.

Según la Secretaría del Trabajo, de los 180 trabajadores que fueron despedidos de las seis juntas especiales, hay únicamente 30 que no aceptaron el proceso de indemnización que les ofrecieron. En conferencia de prensa, el director de asuntos jurídicos, José Luis Sánchez, indicó que hay un proceso de conciliación.


El temor a represalias contra quienes se quedan o puedan ser reubicados

Rubén, quien está en un limbo entre seguir o no como trabajador de la JFCA, apuntó que todas estas irregularidades son las que los tienen “en pie de lucha, por los compañeros que ya están liquidados y por quienes continúan activos”, aunque con temor de que se tomen medidas en su contra, “porque se solicitó por escrito que no hubiera represalias en cuanto volvamos a trabajar, pero se va a poner horrible, por cualquier motivo van a acosar y a estar sobre todos”.

“No hay manera, o sea, no se puede trabajar de esta forma. Lo único que queremos es que si se nos va a liquidar se haga conforme a derecho, porque de todos modos ya sabemos que prácticamente estamos todos despedidos, y esto se va a acabar, como se anunció con la reforma de 2019″, expresó.

Ante este panorama, dijo, “hay que seguir haciendo paro. Sabemos que afectamos a muchísima gente que tiene premura por sacar sus juicios, los abogados tienen derecho a velar por sus asuntos, pero si no hay justicia aquí no se puede dar justicia en otro lado”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERÉNDIRA AQUINO.

Por despidos injustificados, 40 Investigadores por México demandan a la Secretaría de Ciencia

Por: Draco Dracul on martes, mayo 20, 2025 / Comentarios: 0 ,

Acoso, discriminación, amenazas y apropiación ilegal de sus proyectos, son algunas de las situaciones que han tenido que enfrentar científicos del programa Investigadores por México, mientras que 40 presentaron denuncias por despidos injustificados.

En los últimos seis años el programa Investigadores por México no solo ha cerrado espacios para que científicos desarrollen proyectos en el país, se renueve la planta docente y se evite la fuga de cerebros, sino que ahora la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) enfrenta al menos 40 demandas de científicos, quienes acusan que fueron despedidos injustificadamente.

A la fecha cuatro demandantes ya ganaron sus casos, por lo que la dependencia federal ha tenido que pagar indemnizaciones por salarios caídos, además de que ha tenido que reinstalarlos en sus puestos, confirmó SIINTRACATEDRAS, sindicato que agrupa a unos 300 científicos que cuentan con plazas de Investigadores por México, antes conocido como Cátedras Conahcyt.

Entre 2014 y 2018, la totalidad de las plazas ofertadas del programa fueron ocupadas, por lo que en 2018 había 1,511 plazas asignadas. Sin embargo, a partir de 2019 el número de plazas comenzó a disminuir.

En 2014, primer año de operación del programa, se asignaron 574 plazas. De 2015 al 2018 fueron asignadas un promedio de 234 plazas cada año. 

En 2019, 2020 y 2021 no se publicó convocatoria y en el 2022 fueron asignadas sólo 118 plazas. Para el 2023 solo se abrieron 45 y en 2024 apenas 25.

Al cierre de 2024, el programa Investigadores por México cuenta con 1,243 plazas activas. Sin embargo, a la fecha, la Secihti no ha publicado la convocatoria 2025-2026.

“Es un programa innovador que tenía buenos objetivos, pero que cada vez se está estancado, e incluso es un lugar en donde varias injusticias se están cometiendo y pues creemos que para este gobierno que dice que ‘vamos a hacer una potencia científica’, pues no pueden dejar de lado los derechos laborales de los investigadores”, señala Beatriz Díaz, secretaria de prensa y propaganda de SIINTRACATEDRAS.

Qué dice la Secretaría de Ciencia sobre denuncias de despidos injustificados de investigadores

Sumado a los despidos injustificados, Animal Político habló con investigadores beneficiarios de este programa -algunos que han interpuesto denuncias formales y otros que se acercaron al Comité de Ética de la Secihti- a fin de conocer sus testimonios.

Acoso, discriminación, amenazas y apropiación ilegal de sus proyectos, son algunas de las situaciones que han tenido que vivir mientras realizan sus proyectos de investigación en distintos centros públicos y universidades del país.

Este medio buscó a la titular de la Secihti, Rosaura Ruiz, para abordar la situación de Investigadores por México, sin embargo, el área de comunicación social de la dependencia señaló que por cuestiones de agenda no podría atender la entrevista.

En una ficha informativa de tres párrafos la dependencia se limitó a informar que “no hay registro de despidos injustificados, las bajas que se han dado solamente son de aquellos que renuncian o incumplen con la normativa vigente”.

“Mi país me dio un portazo en la cara”: científico con plaza cancelada de Investigadores por México

En agosto de 2017, después de estar un año desarrollando proyectos de investigación en Virginia, Estados Unidos, Bernardino Velázquez volvió a México tras ganar una plaza como Investigador por México. 

Recuerda que les ofrecieron laboratorios y espacio para poder desarrollar sus investigaciones. Estaba muy emocionado por volver a su país y poder hacer lo que ama.

Desde el inicio, cuenta, no fue fácil la convivencia con los investigadores y docentes del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ-Guadalajara), institución a la que fue referido, debido al acoso y discriminación hacia él por su orientación sexual.

“Es de la vieja escuela y él así habla, habla con groserías”, fue la respuesta que recibió por parte de la directora del centro cuando acudió a pedir apoyo. Incluso, en algún momento la directora le preguntó si él no había hecho algo para que el otro profesor se comportara de esa manera grosera.

“Me culpó a mí, imagínate”, lamenta.

Fue ahí donde el calvario comenzó. Se vio obligado a trabajar en un ambiente hostil, con tratos groseros, sin material y con el impedimento de participar en determinados proyectos. 

Incluso vandalizaron su auto y le aventaron piedras a su domicilio.


Su salud física y mental se deterioró rápidamente, hasta que por un cuadro de depresión severa tuvo que tramitar una incapacidad.

A prácticamente cinco años de su regreso a México, el viacrucis de Bernardino continúa sin que las autoridades de la Secihti le brinden apoyo.

El investigador se quedó sin empleo, pues, aunque pidió su cambio de centro de investigación tras denunciar el acoso y la discriminación, el CIATEJ-Guadalajara evaluó negativamente su desempeño, aunque él ya no trabajara ahí.

Así, aunque él ya estaba en la Ciudad de México laborando en el Cinvestav, esa evaluación resultó en la cancelación de su plaza como Investigador por México.

Aunque ha enviado mails a la Secihti y a su titular, Rosaura Ruíz pidiendo apoyo, no ha tenido ninguna respuesta. En días pasados solo la Secretaría de Buen Gobierno le respondió que turnaría su denuncia a la Secretaría de Ciencia.

“No te imaginas lo feliz que fui cuando estaba en Estados Unidos. Podía trabajar, podía ser quien soy (…) nadie me acosó, nadie”, comparte Bernardino.

Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos -en su primer mandato en enero de 2017-, el rector de la Universidad en la que laboraba envió una carta para darle certeza y tranquilidad a los investigadores extranjeros que ahí laboraban. 

“Para nosotros son talento científico y por supuesto que los valoramos”, decía la carta, comenta el investigador.

Sin embargo, apenas volvió, “mi propio país me da un portazo en la cara permitiendo que nos maltraten”, reprocha.

A la fecha, Bernandino se encuentra desempleado.

“Cada día que pasa me estoy hundiendo más en la ansiedad y en las deudas (…) porque a la Secihti no le importa dejarnos en la calle”.

El caso de Bernardino no es aislado. Aunque él se asesora para emprender acciones legales en contra de la Secihti, este medio pudo conversar con otros Investigadores por México quienes compartieron sus experiencias y que por miedo a las represalias que pudieran tener, decidieron guardar silencio y no denunciar formalmente.

Sonia, una investigadora que labora en una institución del norte del país, y quien por miedo a represalias pide no publicar su nombre ni lugar de trabajo, cuenta que uno de sus superiores le gritó y humilló en distintas ocasiones, e incluso se apropió de su trabajo.

Aunque pensó en denunciarlo con las autoridades de su centro de empleo y pedir apoyo a la Secihti, finalmente decidió guardar silencio porque de ese investigador depende su evaluación laboral y si esa evaluación es negativa, ella puede perder su empleo.

Andrea, por ejemplo, envió varios escritos al Comité de Ética de la Secihti por el acoso y discriminación por parte de sus compañeros investigadores por su forma de vestir, pero nunca tuvo respuesta, ni siquiera de haber recibido el correo electrónico.

Ella mantiene su empleo, pero evita entablar cualquier tipo de contacto o interacción con sus compañeros.

Científicos del programa Investigadores por México piden certeza a la Secretaría de Ciencia

Después de 10 años en los que el programa Investigadores por México –antes Cátedras Conahcyt– ha estado activo, los científicos coincidieron en que hay resistencia de las autoridades federales a continuarlo, por lo que pidieron a la secretaria, Rosaura Ruiz, les dé certeza sobre el futuro de este programa, pues opinaron que su estabilidad laboral no puede depender solo de las evaluaciones.

“Creemos que ya es momento de sentarnos y revisar nuestras condiciones laborales porque la edad promedio (de los investigadores) es de 45 años (…) y cada vez nos vamos haciendo más adultos y pues nos aterra el futuro”, dice Beatriz Díaz, secretaria de prensa y propaganda de SIINTRACATEDRAS.

“Nos aterra tener que seguir pasando en las evaluaciones (porque) creemos que nos hemos ya ha ganado la estabilidad y porque hemos demostrado nuestras capacidades en áreas para hacer ciencia, en áreas para preparar personal y pues no vemos que alguien quiera solucionar y darnos toda la estabilidad y mejoras laborales que creemos que son nuestro derecho”, agrega la investigadora.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: DALILA SARABIA.

“Se burlaron de nosotras”: Senado liquida a trabajadoras despedidas pese a promesa de reinstalarlas

Por: Draco Dracul on miércoles, abril 02, 2025 / Comentarios: 0 , , ,

Aunque el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, solicitó la reinstalación de 13 trabajadoras despedidas, la Cámara las liquidó un mes después.

Trabajadoras de limpieza despedidas por el Senado fueron liquidadas por esa Cámara, pese a que el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que dio la orden de que las reinstalaran.

El Senado consumó este 1 de abril la relación con las 13 mujeres que tuvieron que asistir ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) con la petición de ser reinstaladas en sus puestos de trabajo; sin embargo, los abogados de dicha Cámara, Julio César Rodríguez Sierra y Salvador Equihua Montoya, acudieron con la única encomienda de entregarles unos cheques de liquidación con fecha del 27 de marzo.

En el grupo de mujeres hay algunas que llevaban hasta 14 años en las labores de limpieza del Senado, que permanecieron subcontratadas por la Cámara a través de otra empresa gubernamental (Fonatur S.A. de C.V.). Las trabajadoras fueron despedidas el 28 de febrero, dos meses después de que el coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López Hernández, les había prometido que pasarían a ser parte de las empleadas de confianza.

“Se burlaron de nosotras. Nos dieron una esperanza que nunca llegó. El senador Noroña dijo una cosa. Yo no sé si las órdenes o el senador Noroña no tiene ni voz ni voto, ahí no se hicieron sus órdenes. No tiene autoridad. Tienen más autoridad otra gente que ellos”, dijo decepcionada María Alicia Galicia Ramírez, quien desde hace tres años limpiaba las instalaciones del Senado.

“Nosotros no pedíamos una liquidación, pedíamos trabajo”, añadió Odette Ramírez, una de las más jóvenes, quien lamentó que ya no tiene una guardería para dejar a su bebé mientras labora. “Solamente jugaron con mis sentimientos. A dos meses que el Senado nos absorbió nos dicen que ya no requieren de nuestros servicios. Preguntamos con quién podemos hablar, quién nos puede atender y nadie nos dio la opción”.

Entre las trabajadoras despedidas también se encuentra la señora Gabriela Espinosa Ruiz, quien tiene una discapacidad motriz en la cadera que le limita realizar algunas actividades de limpieza en muros y canceles (Espondiloartropatía degenerativa de columna lumbo sacra espondilolistesis) y que en un momento requirió la intervención del Consejo Nacional para Prevenir al Discriminación ante el hostigamiento laboral que recibía por parte de su supervisor directo.

“Yo duré dos años sufriendo el acoso, no respetaron lo que me habían comentado de que ya no me iba a tener trabajando tanto, exagerado”, lamentó la mujer, de 55 años de edad.

“Si el mismo presidente de la Cámara de Senadores, las promesas que hizo, ya ni siquiera él pudo darnos la cara… y nadie, ni el senador Augusto (López Hernández), como que somos unas simples empleadas de limpieza, que no tenemos derecho. Nos pisaron absolutamente todos nuestros derechos”, enfatizó.

La señora Gabriela vive con un nieto de ocho años y apoya a su hermana con cáncer. Le preocupa no poder seguir pagando por fuera su seguro laboral para poderse pensionar.

Desde el 28 de marzo cuando las mujeres fueron despedidas, tres de ellas acudieron al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para solicitar su reinstalación. Obtuvieron una cita pero los representantes legales del Senado acudieron solo con la autorización de entregarles un cheque de liquidación, según dijeron.

La señora Griselda Villavicencio, quien se mantuvo 8 años subcontratada por el Senado, recordó que el día que el senador Adán Augusto López Hernández anunció en tribuna que contratarían de forma directa a las trabajadoras de limpieza no pudo escuchar porque ellas no tenían autorización de distraerse de sus tareas para atender lo que dicen los legisladores. Pero minutos después, empleados del Senado la felicitaron porque supuestamente estaría mejor.

Quiso ser cautelosa pero sí se ilusionó. Hoy, tras su despido, dijo que su prioridad es atender a su hijo de 15 años de edad, con quien dice, se ha distanciado por su trabajo.

“Tengo que buscar un psicólogo para que me ayude con el estado emocional de mi hijo, porque para él ahorita yo soy una desconocida. No me conoce para nada. Todo por mi trabajo, para que me hagan esto… no se vale”.

“Es muy triste que te digan ‘disfruta lo votado"

La señora Carmen Loyola, quien trabajó una década en el Senado, dijo sentirse muy triste y decepcionada, sobre todo porque ella pertenece al movimiento político que hoy controla el Congreso.

Fue representante del “gobierno legítimo” que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador tras las elecciones de 2006; también, promotora territorial para la creación del partido Morena y los comicios presidenciales de 2012, 2018 y 2024, cuyos votos empujaron a la hoy coalición oficialista a obtener el mayor número de espacios en el Senado.

“Un personal me dijo ‘disfruta lo votado’ y caminé otros pasos más cerca del Senado y me encontré más personal y me dijeron lo mismo. Es muy triste que te digan ‘disfruta lo votado’, porque la desilusión es al 100 por ciento (…) Mi familia y yo siempre hemos apoyado a López Obrador, por lo consiguiente hemos apoyado a sus candidatos. Al quedar López Obrador quedó toda su gente, al quedar Claudia Sheinbaum quedó toda la gente de Morena, ¿y así es como nos pagan?, ¿así es como nos pagan a los votantes, despidiéndonos de un trabajo?”, cuestionó.

En diciembre de 2024, cuando los senadores morenistas Adán Augusto López Hernández y Gerardo Fernández Noroña formalizaron el anuncio de que el Senado dejaría de subcontratar a cientos de empleadas de limpieza y mantenimiento, la señora Carmen estaba a unos metros de ellos. Escuchó de cerca cuando el senador Gerardo Fernández Noroña les recomendó que no permitieran más abusos y que se organizaran. Se sintió ilusionada, pensó que por fin, tras 10 años subcontratada, mejoraría su situación.

Carmen Loyola y las otras trabajadoras despedidas acusan abusos, agresiones y humillaciones por parte de las personas supervisoras que continuaron en la Cámara.

“El personal se aguanta por necesidad, pero ahí dentro hay mucho personal que sufre todos estos maltratos y no hay quién los escuche, no hay quién los haga valer. Fue un despido injustificado, ellos lo saben, recio y quedito lo digo: fue un despido injustificado (…) No hay justicia como tal, ni siendo el Senado, me queda claro que no hay, no hay ningún tipo de justicia ahí. Es muy triste que te digan disfruta lo votado porque la desilusión es al 100 por ciento. Mi familia ayer me decía ‘no te preocupes, el senador ya pidió su reinstalación, no creo que se pasen por el arco del triunfo la reinstalación que está pidiendo el senador Noroña’. Y mire…”.

Ellas son las 13 mujeres despedidas y los años de antigüedad como trabajadoras de limpieza en el Senado:
  • Susana Moreno Hernández, 14 años.
  • Carmen Loyola Rodríguez, 10 años.
  • Griselda Villavicencio, 8 años.
  • Fabiola Franco Centeno, 7 años.
  • Adela Castillo Salazar, 7 años.
  • María Guadalupe Hernández Pérez, 4 años con 4 meses.
  • Gabriela Espinosa Ruiz, 1 años con 8 meses.
  • Galería Ramírez María Alicia, 3 años con 10 meses
  • Pérez García Mirna, 2 años 10 meses.
  • Gloria Analí Ronquillo Espino, 2 años, 6 meses.
  • Espinosa Romero Belén, 2 años.
  • Odette Ramírez Puc, 6 meses.
  • Fabiola Hernández Madrigal.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANDRO AGUILAR.

“Seis años de violaciones a nuestros derechos”: exservidores de la nación denuncian despidos injustificados y explotación laboral

Por: Draco Dracul on viernes, febrero 14, 2025 / Comentarios: 0 , ,

Exservidores de la Nación denuncian que fueron despedidos sin ninguna justificación, mientras que otros prefirieron renunciar tras jornadas laborales de 24 horas, los siete días de la semana y con solo 30 minutos de descanso para llevar los programas sociales a los ciudadanos.

Decenas de exservidores de la nación fueron despedidos injustificadamente en los últimos meses, mientras algunos otros decidieron renunciar debido a las condiciones en las que laboran para hacer llegar a la ciudadanía los programas sociales, como jornadas de trabajo “24/7”, sin vacaciones y teniendo que comprar su propio material.

De acuerdo con funcionarios y exfuncionarios entrevistados por Animal Político, estas condiciones se repiten en distintos estados del país, y existen represalias en contra de quienes deciden reclamar sus derechos, situaciones que han expuesto mediante distintos documentos en delegaciones estatales de la Secretaría de Bienestar, e incluso han buscado directamente a la titular, Ariadna Montiel, pero hasta ahora no han tenido respuesta a las problemáticas denunciadas.

Animal Político consultó con la Secretaría de Bienestar sobre las denuncias de despidos injustificados, renuncias y condiciones de trabajo realizadas por exservidores de la nación y algunos que aún se encuentran en funciones, sin que hasta el momento de la publicación haya dado información al respecto.

Las denuncias por despidos injustificados e irregulares

En 2018, Dolores se unió al grupo de voluntarios que realizaban recorridos por distintas colonias del país, primero para la promoción del voto a favor de Andrés Manuel López Obrador, y después para realizar el llamado “Censo del Bienestar”, que registró a beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal al inicio del sexenio anterior. Gracias a este trabajo, posteriormente fue nombrada como servidora de la nación, con lo que pasó a formar parte de la Secretaría de Bienestar.

“Cuando López Obrador llegó a la presidencia nos pidió que fuéramos las personas que lleváramos los programas sociales más allá de las oficinas, que íbamos a recorrer colonias para buscar a los más necesitados. Para enero de 2019 se nos pidió formalizar nuestro trabajo con documentación, y fue cuando recibimos el nombramiento de servidores de la nación, aunque fue hasta abril de ese año, cuatro meses después, que nos pagaron nuestro primer salario”, recuerda.

“Yo entré por interés de que el país cambiara y que dieran frutos los proyectos del presidente Andrés Manuel. En mi experiencia, estuvimos trabajando no sólo para los programas de Bienestar, también formamos parte de jornadas de vacunación en la pandemia de COVID, e incluso realizamos actividad política”, sin embargo, lamenta que “así como hemos sido parte de este trabajo, hemos tenido muchas injusticias”.

Durante el tiempo que se desempeñó como servidora en el estado de Baja California, Dolores no tuvo contrato, únicamente recibía nombramientos con tres meses de vigencia, hasta el pasado mes de enero, cuando le informaron que ya no se presentara a trabajar, sin justificación ni un proceso de liquidación.

Aquel día, 2 de enero, Dolores había registrado el inicio de su jornada laboral vía WhatsApp, enviando a su superior la ubicación real de su teléfono celular por ocho horas. “Andaba en el proyecto del censo de salud y bienestar, pero al terminar el día me escribieron que ya no me presentara porque no iba a llegar mi nuevo nombramiento. Supuestamente la instrucción vino de la Ciudad de México, por lo que al igual que otros compañeros quedé desempleada”, detalla.

Alma, otra de las servidoras de la nación despedida en Baja California, cuenta que recibió la noticia el 21 de diciembre, después de trabajar por cinco años y medio en la Secretaría de Bienestar, y al igual que en el caso de Dolores, fue notificada “sin darnos nada por escrito y sin darnos lo que corresponde por ley”.

“Por mucho tiempo se nos presionaba para trabajar muy tarde, aún sábados y domingos, días festivos, y en tiempo de pandemia tuvimos jornadas de todo el día con sólo 30 minutos de descanso, sin que el delegado fuera a apoyarnos con comida, sillas, gel antibacterial o cubrebocas y sin pagos extra… pero aguantamos porque estábamos prestando un servicio con mucho amor”, subraya.

Pese a que fue notificada de que se terminaba su nombramiento, Alma afirma que su nombre continúa apareciendo en la nómina de Bienestar, por lo que acusa que están haciendo uso de su información personal para que esa plaza de servidores de la nación siga siendo utilizada, sin que a ella le retribuyan de ninguna manera.

“Nosotros que fuimos despedidos aún seguimos en nómina, pero no nos llega ni un depósito a nuestra cuenta y queremos saber qué pasa con ese dinero y por qué aún seguimos en el sistema, porque no nos dieron un despido por escrito que viniera de la Secretaría de Bienestar. No les importó despedirnos en esas fechas en las que es muy difícil conseguir trabajo, no les importó si somos el único sostén de la familia, si pagamos renta, si tenemos hijos a los que tenemos que darles de comer”, reclama Alma.

Según la información de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para 2025 la Secretaría de Bienestar tuvo un aumento de 2.21% en comparación con 2024, y únicamente se contempló la reducción de dos plazas. Aunque, en cuanto a los servidores de la nación –cuyos trabajos no se encuentran formalizados por contratos permanentes–, exfuncionarios despedidos documentaron que fueron al menos once personas quienes no tuvieron renovación de nombramiento.

“Renuncié porque ya eran demasiadas injusticias”, asegura exservidora

Tras seis años de trabajo en la delegación de Bienestar en el estado de Nuevo León, Nereida tomó la decisión de renunciar en diciembre pasado, “porque ya eran demasiadas injusticias y preferí retirarme; nos exigían estar disponibles 24/7, no respetaban nuestros horarios y en todo el tiempo que estuve sólo pude tomar dos semanas de vacaciones, una de ellas porque falleció una familiar”.

Aunado a estas situaciones, la exservidora reclama que, para poder desempeñar su trabajo, tenía que comprar hojas de papel, grapas, ligas, e incluso una impresora, ya que “ahí no te dan nada de material”.

Antes de renunciar, Nereida afirma que hizo intentos por solicitar que se respetaran los horarios y su derecho a tomar vacaciones, sin embargo, la situación en vez de mejorar, empeoró, “porque te agarran de carrilla, como decimos acá, o sea, que te traen de encargo”.

“Me voy decepcionada porque nuestro querido Andrés Manuel se fue y nunca nos dieron base como trabajadores, y sé que han habido más casos de personas que, como yo, han preferido renunciar, porque definitivamente no estamos de acuerdo con tanta cosa”, lamenta, ya que “ese trabajo me fascinaba, el tener contacto con las personas me permitió hacer muchas amistades que todavía me escriben, pero todo se volvió muy pesado, y en los últimos meses de plano no me daban ganas de llegar”.

A pesar de que ha recibido el ofrecimiento de volver a trabajar como servidora de la nación, Nereida dice que no está dispuesta a regresar sabiendo que tendrá las mismas condiciones laborales por las que decidió renunciar, por lo que prefiere esperar un tiempo para resolver algunos pendientes y “dios mediante, en los próximos meses voy a ver qué hago”. 

La “situación insostenible” de quienes continúan como servidores de la nación

En Zacatecas, los servidores de la nación trabajan en condiciones similares a las que se han denunciado en otros estados. Es por eso que P., quien pidió no publicar su nombre por miedo a represalias, ha considerado renunciar, aunque a la fecha no lo ha hecho porque necesita el trabajo para mantener a sus tres hijos.

“Ya no aguanto, de plano no quisiera seguir ahí por el exceso de trabajo, el abuso de poder de algunas compañeras; van seis años de violaciones a nuestros derechos, pero no quiero irme así nada más, aunque ya me tengan tachada como revoltosa porque les contesta y les exige los derechos que debemos tener”, expresa la servidora.

A diferencia de otros de sus compañeros, que se unieron a las brigadas que defendieron los votos a favor de López Obrador en 2018, ella recuerda que tomó este trabajo “por necesidad”, y lo que se encontró fue un espacio en el que les exigían mucho, a veces con pagos que se retrasaban hasta tres meses, con la justificación de que “este no era un trabajo cualquiera, sino un movimiento”.

“Pagamos nuestro propio internet y los materiales con los que se trabaja, hay que estar viendo cada quién cómo llegar hasta las comunidades, además de que no hay descansos y el trato es de hostigamiento. Cuando se descompone algo en la oficina, nos piden pagar montos de entre 100 y 250 pesos para la supuesta reparación, aunque independientemente del monto, yo no estoy de acuerdo porque es dinero que bien podría darle a mis hijos”, menciona la mujer.

Sin embargo, señala que debido a las condiciones de necesidad que tienen ella y sus compañeros de este trabajo, “sienten que pueden hacer con nosotros lo que quieran, políticamente. Con un solo sueldo nos hacen llevar programas sociales federales y estatales haciendo promoción de algunos políticos, aunque nos obligan a firmar un documento en el que se establece que eso está prohibido”.

“Es una decepción, porque no sé si la doctora Claudia Sheinbaum sepa, si Ariadna Montiel está enterada de la situación horrible que tenemos aquí y en otros estados, porque allá arriba dicen una cosa, pero la verdad que nosotros vivimos es completamente diferente” –cuestiona–, mientras se lamenta por saber que, a menos que renuncie, tendrá que continuar aguantando estas situaciones, hasta que las autoridades federales y estatales atiendan las problemáticas que han denunciado por diversos medios sin obtener respuesta.

“Entiendo a mis compañeros, que como yo necesitan el trabajo, pero psicológicamente estamos dañados, la situación es insostenible, pero mi plan es seguir aguantando, con la esperanza de que más adelante se vaya acomodando esto y nos quieran escuchar y que las cosas cambien, aunque no me toque a mí, pero para los demás compañeros que entren”, agrega.

De acuerdo con información recopilada por el Sindicato Nacional de Servidores de la Nación (SINASEN), las quejas por las condiciones laborales en las que se encuentran estos trabajadores también se han presentado en Ciudad de México, San Luis Potosí, Guanajuato, Yucatán, Morelos, Tamaulipas y Estado de México.

En junio de 2024, Animal Político publicó que 12 servidores de la nación fueron despedidos en el estado de Jalisco después de organizarse en el SINASEN, sindicato que formaron para la exigencia de derechos laborales.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ERÉNDIRA AQUINO.

Empleados advierten sobre un paro nacional en protesta por la reforma judicial

Por: Draco Dracul on jueves, enero 23, 2025 / Comentarios: 0 , , ,

De no atender sus demandas, se sumarán a la suspensión de labores que ya está habiendo en Tabasco, Chiapas, Zacatecas, como consecuencia de este recorte a sus prestaciones.

Patricia Aguayo Bernal, vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), exigió frente al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que se respeten las prestaciones y derechos laborales de los trabajadores del PJ.  

Aseguró que de no atender sus demandas, se sumarán a la suspensión de labores que ya está habiendo en Tabasco, Chiapas, Zacatecas, como consecuencia de este recorte a sus prestaciones, e incluso advirtió de un posible paro a nivel nacional.

La vocera se presentó junto con representantes del primer circuito de la Ciudad de México, y como se informó Proceso, esto a causa de que el CJF decidió limitar al 2 % las aportaciones al Seguro de Separación Individualizada (SEGSEI) y al Fondo de Retiro Individualizado (FORI), en respuesta a la reducción presupuestal aprobada por la Cámara de Diputados para el PJF en el ejercicio 2025. 

Patricia dijo que el Consejo está  violando el décimo transitorio y varios artículos de las condiciones generales de trabajo, además de expresar que existe incertidumbre ante la llegada de un nuevo órgano de administración en lugar del CJF en agosto, pues esto no les garantiza ninguna seguridad laboral ni el respeto de sus derechos.    

En relación con los sindicalistas del PJF, liderados por Jesús Gilberto González Pimentel, quienes recientemente también han realizado protestas frente al CJD, Aguayo señaló que no respaldan a este grupo de trabajadores, ni a su dirigente y explicó que ellos han optado por convocar una huelga, mientras que su propia fracción considera la suspensión de labores.  

“El año pasado, sacaron un comunicado el 11 de enero del 2024, haciendo una serie de argumentaciones, en el sentido de que la huelga es inviable, porque el Consejo no está violando nuestras prestaciones laborales. Entonces ahora, como por arte de magia, ahora si ya es procedente la huelga” dijo la vocera.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARLOS CRUZ.

FGE, mala paga y represores

Por: Draco Dracul on sábado, enero 18, 2025 / Comentarios: 0 , ,

El lunes 13 de enero, antes de cobrar su primera catorcena del año, empleados de la Fiscalía General del Estado de Baja California recibieron un chapuzón de agua fría, cuyo peso les complica trascender la cuesta del mes. Esa fecha, mediante un memorándum, les informaron que a partir de la quincena pagadera el 14, es decir, un día después de la notificación, se registrarían descuentos por derechohabientes inscritos ante el Issstecali, aparte del titular: 250 pesos por cada uno.

Por ejemplo, los agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) que corren el riesgo de accidentes, atentados, persecuciones y amenazas, incluso en sus hogares, pues muchos de ellos han sido atacados en sus casas y han perdido a miembros de su familia como en 2008, cuando sicarios balearon la vivienda de Margarito Saldaña, asesinándolo a él, a su esposa y a una de sus hijas, si esos agentes tenían como adicionales en su ganado derecho a la seguridad social, a la esposa y a dos hijos, de su salario les serán descontados 750 pesos por quincena. Si tienen a los padres, pues súmele 250 pesos más por cada uno.

La Ley de la Seguridad Social indica que un beneficiario de ese derecho, afiliado por ejemplo al Instituto Mexicano del Seguro Social y que contribuye con su cuota lo mismo que el patrón, tiene derecho a afiliar a ese servicio de salud garantizado, a los padres, a los cónyuges y a los hijos menores de edad, y a los mayores de edad, sólo si aún son dependientes y continúan con sus estudios profesionales.

Pero en Baja California, los empleados de la FGE y del gobierno están afiliados al Issstecali, institución en quiebra debido a los malos manejos de los gobiernos, sea por el impago de las cuotas de los trabajadores del Estado y Municipios, o por la pésima administración de los recursos en gobiernos pasados y el actual.

Para sobrevivir, dado que la gobernadora Marina Ávila Olmeda no ha logrado los consensos para reformar la Ley del Issstecali e intentar ordenar algo de la maltrecha institución que ahogada en déficit pretende mantenerse incrementando cuotas a los trabajadores, ahora los de la FGE deben aportar.

En el portal electrónico de ZETA (www.zetatijuana.com) publicamos una nota revelando el abusivo descuento a los empleados de la FGE un día antes de que lo hicieran efectivo. Y lo que sucedió al interior de la corporación, dicen que fue una persecución de los altos mandos para dar con la persona que dio a conocer la información y cambiarla de adscripción.

Es la forma que tienen en la FGE para “castigar” o reprimir a los agentes y colaboradores, cambiarlos de comisión, adscripción e incluso de municipio. Si alguien está en Tijuana y ha hecho algo que molestó a “los jefes”, lo mandan comisionado al Paralelo 28 y allá a ver qué hace.

Por supuesto que los agentes y demás trabajadores de la FGE están molestos con esta situación, consideran injusto y con toda razón, que no puedan disponer para sus familias del derecho a la seguridad social como lo marca la Ley, sino que ahora deben pagar por ello como si se tratase de un seguro privado de gastos médicos mayores, cuando de hecho la atención en Issstecali es de pésima calidad.

En una época en que los gobernantes y titulares de las áreas de seguridad, prevención, protección y procuración de justicia refieren la necesidad de dignificar la labor del policía, en Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y la fiscal estatal María Elena Andrade están precarizando aún más la condiciones de quienes trabajan en la FGE, al obligarlos a descuentos de 250 pesos por cada derechohabiente, adicional a la seguridad social y de salud en el Issstecali, y, de manera interna en la fiscalía, se amedrenta a quienes revelen información o pretendan manifestarse por el injusto y unilateral acuerdo de descuento.

Si eso no fuese ya suficientemente grave, el martes 14 de enero, agentes de la FGE y demás colaboradores y empleados de la fiscalía no recibieron su primera catorcena como por Ley debe ser ante el trabajo desempeñado. No les pagaron. El dinero que han ganado en los primeros catorce días del año por su trabajo, no les fue depositado a sus cuentas, y cuando fueron a preguntar por qué no habían recibido su sueldo, la indolente respuesta de la autoridad fue simplemente que la institución “no tenía dinero y estaba en reajustes”.

Aparte, a eso de las tres de la tarde les advirtieron: “Y ni se les ocurra hacer manifestaciones, porque serán cambiados de adscripción. En el transcurso del día se irán liberando los pagos”.

Por supuesto molestos por la falta del pago, los agentes empezaron a enlistar otras inconformidades sobre el actuar dentro de la institución, como horarios extendidos de trabajo (sin pago de horas extra), trabajo en días festivos (sin pagarlos acorde a la Ley), y en algunos casos, la exigencia de “cuotas” para los agentes que trabajan en calle, las cuales suelen superar el requerimiento de pago de los 4 mil pesos.

Los agentes comenzaron a recibir el pago de sueldo hasta la noche del miércoles 15 de enero, registrando, además, descuentos desde 250 hasta mil 500 pesos, dependiendo del número de afiliados a la seguridad social que tengan. Pero de quejarse, nada, a reserva de ser castigados.

Así las cosas en la FGE de Baja California, que se va ganando con fundamento y desde el interior, la fama de mala paga y represora.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
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