María Natividad Guerrero Serrano madre de Valeria Guadalupe Cruz Romero manifestó insatisfacción por la forma en la que se efectuó el acto, ya que inicialmente se pusieron muchas restricciones, la negativa inicial para que estuviera presente el fiscal general del estado, Salvador González de los Santos, y porque el acto se canceló en tres ocasiones previas por la falta de difusión pública del evento, y la imposibilidad de dar la palabra a algunos invitados, y representantes de la ONU-DH y del Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo (CEPAD).  

Además de que se quisiera impedir inicialmente que su nieto, Diego Aristóteles Enciso Cruz, leyera una carta en la que habló del impacto personal por la desaparición de sus padres: Dalia Guadalupe de Cruz Guerrero, Luis Ramón Enciso Ramírez y de dos amigos de sus progenitores, Emilia Carolina Naranjo García y Bernardo Sedano Vilchiz. 

“Hoy 14 de agosto del año 2025, estoy frente a ustedes haciendo una exigencia por verdad, justicia y dignidad. Hoy debería ser un día en el que demos un paso hacia la justicia por el caso de la desaparición de mi hija Dalia Guadalupe de Cruz Guerrero, y mi yerno Luis Ramón Enciso Ramírez y otras dos personas desaparecidas.

“El 30 de septiembre del 2010 en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. Hoy se deberían reconocer por parte de la Fiscalía por primera vez en Jalisco las graves omisiones en la búsqueda e investigación que debieron de ser inmediatas y exhaustivas para localizar con vida a Dalia y Luis y las otras dos personas. Así como las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en nuestra contra. Iba a ser un evento digno que venimos construyendo con promesas.

“Sin embargo, me llena de profunda tristeza la forma en la que ha sucedido este proceso que ha implicado la realización este evento para nosotras, las familias, que, en lugar de ser escuchadas, hemos sido ignoradas, y muy desgastadas sin respetar los acuerdos que generamos por la Fiscalía y particularmente por Vicefiscalía de Derechos Humanos, quien desde el inicio del proceso hasta hoy dejó de lado necesidades de las víctimas de las víctimas”, reclamó la señora Natividad”. 

El evento, realizado este el 14 de agosto de 2025 en el patio de Los Naranjos del Palacio de Gobierno. Inicialmente se había negado el acceso a la prensa, pero tras la presión de los familiares, sobre todo de la señora Natividad. se permitió el ingreso al salón a los periodistas. Sin embargo, los diputados: Tonantzin Cárdenas Méndez de Futuro y el diputado del PT, Leonardo Almaguer no pudieron ingresar y se quedaron inconformes en la puerta. 

Los familiares y víctimas indirectas que estuvieron presentes son: María Natividad Guerrero Sedano, Ernesto Cruz Moreno, Diego Aristóteles Enciso Cruz, Ramón Enciso García, Jesús Naranjo Cervantes, Miriam Janeth Naranjo García, Fidel Sedano Sandoval, María Teresita de Jesús Vilchiz Verduzco, Rosalina Michel Sedano Chávez y Azucena Guadalupe Sedano Chávez. 

Durante el acto las autoridades no mencionaron la palabra “disculpa”.  

“El Gobierno de Jalisco reconoce la responsabilidad institucional de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, por violar los derechos de acceso a la justicia a la verdad y a la integridad personal de las víctimas directas e indirectas en aquel lamentable suceso ocurrido hace 15 años”, señaló el secretario general, Salvador Zamora Zamora. 

Durante entrevista posterior, Salvador Zamora señaló que no había necesidad de mencionar la palabra "disculpa" como tal, ya que consideró que el acto fue un reconocimiento institucional a las omisiones cometidas en 2010, respondiendo estrictamente a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Posteriormente, el secretario argumentó que para él si fue un acto de disculpas. 

El secretario Zamora aceptó adeudos pendientes con los hijos de las víctimas Dalia y Luis, relacionados con becas educativas y declaró que habló con la abuela al respecto y prometió que le dará seguimiento al pendiente. 

En el acto también estuvo presente Jesús Eduardo Villar Román, Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de la CNDH y el titular de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, Salvador González de los Santos, quien dijo que hay un compromiso para fortalecer las acciones de investigación, prevención y coordinación con otras autoridades para evitar que hechos similares se repitan. 

Al final de cuentas la administración pública reconoció omisiones atribuibles a la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado y vulneraciones a los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la integridad personal.  

Los familiares de las víctimas expresaron su sentimiento de que el evento fue un “mero trámite y no un genuino esfuerzo de reparación del daño”. Rosalinda Michel Serrano, familiar de las víctimas, describió el proceso como “revictimizante”.  

Durante el evento familiares de personas desaparecidas efectuaron muestras de inconformidad con la actuación de las autoridades y expresaron las frases de exigencia que suelen efectuar en las marchas “vivos de los llevaron, vivos los queremos”. “¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestros hermanos, ¿dónde están?”. “¿Por qué los buscamos? Porque los amamos. Hasta encontrarlos”. 

Por su parte, el representante Alan García Campos, de la oficina en México del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en entrevista al finalizar el acto, resaltó que las disculpas públicas, son indispensables especialmente en casos de violaciones de derechos humanos, enfatizó la necesidad de la participación de las víctimas y de tomar medidas más allá de los gestos simbólicos.  

Subrayó que las acciones necesarias más allá de una disculpa pública incluyen: fortalecer las estrategias de búsqueda y localización; identificación certera; restitución digna (si las víctimas están fallecidas); garantías de no repetición; responsabilizar a todos los involucrados, no sólo a los ya sentenciados; e implementar marcos jurídicos efectivos. 

Alan García concluyó que se pueden aprender lecciones de esta y otras disculpas para mejorar el efecto simbólico de acciones similares futuras y su contribución a la curación de las víctimas.

ESCUELA DEL TERROR

Desde el 6 de febrero del año en curso, el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande, decretó auto de no vinculación en favor de 36 jóvenes imputados y estableció que de los datos de prueba a que hizo referencia la Fiscalía no se acreditó su probable responsabilidad en su comisión de los hechos materia de la imputación.

Llamó la atención del juzgador lo narrado por quienes al final resultaron ser víctimas, sobre todo dos jovencitas que tras ser cooptadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sufrieron agresiones sexuales, y con base en un rol de género –femenino- las obligaron a cocinar y servir a sus captores y hombres en cautiverio.

Las 36 personas, de manera unánime, refirieron que procedían de diferentes lugares del país, porque recibieron propuestas de trabajo y aseguran que fueron contactados a través de redes sociales, invitándolos para emplearse y aceptaron, motivo por el cual llegaron a la Central Camionera de Guadalajara.

También dijeron que desde el 26 de enero de 2025, les consiguieron los pasajes para autobuses y que al llegar, todos, a diferentes horas, fueron llevados a una tienda Oxxo a bordo de un carro, al parecer de plataforma Uber, de color rojo, tripulado por una persona güera, alta, con gorra, pelón, con un tatuaje de una pantera.

Después los llevaron a la galera, de la que no podían salir. Algunos mencionaron que observaron armas de fuego en el sitio y que unas personas les amenazaron e indicaron que si salían, los iban a matar.

Una de las víctimas declaró que al llegar a la galera le ordenaron quitarse la ropa y lo pusieron a hacer sentadillas, observando que había acostada en el lugar y que a la mañana siguiente llegó una persona que les dijo a todos: “Ustedes ya están reclutados para la escuela del terror”.

Otros dos jóvenes coincidieron en relatar que, al momento de que fueron cooptados, los obligaron a hacer un vídeo, en el cual señalaron que, de forma voluntaria, estaban formando parte del “Cartel Jalisco Nueva Generación”.

La mayoría de los jóvenes –inicialmente imputados- hicieron el señalamiento de que les indicaban que tenían dos opciones, o se quedaban o se retiraban, pero si se quedaban, en tres meses iban a salir por la puerta grande, adiestrados, pero si se iban por la puerta chica, saldrían con los pies de frente, muertos.

Antes de que se les considerara víctimas, muchos de los jóvenes fueron agredidos por los elementos militares, quienes les consideraban sicarios y les preguntaban por los líderes y la organización criminal, motivo por el cual presentaban lesiones. Sin embargo, se desconoce si el Ministerio Público Federal abrió o no la carpeta de investigación para indagar los actos de tortura.

La resolución que dejó en libertad a los reclutados por el CJNG dejó inconforme al fiscal adscrito al juzgado, quien interpuso el recurso de revisión y el asunto llegó al Primer Tribunal Colegiado en la especialidad. En sus agravios, la Fiscalía argumentó que los imputados utilizaban frases idénticas y que pudieron ser aleccionados por la defensa.

El Ministerio Público Federa estima que el juez únicamente prestó atención a la versión de descargo, en el sentido de que los imputados fueron víctimas de reclutamiento forzado del crimen organizado, sin considerar las contradicciones entre ellos y que se colmaban los requisitos para dictarles auto de vinculación a proceso.

Sin embargo, los magistrados del Tribunal Colegiado de Apelación resolvieron, por unanimidad de votos, que en los agravios del fiscal no se rebatió cada tópico argumentado por el juzgador “pues es evidente que hace afirmaciones generales, sin cuestionar con razonamientos jurídicos aptos, las anteriores consideraciones que sustentan la (resolución) recurrida”.

Así se confirmó el auto de no vinculación para los 36 jóvenes y también el auto que si vincula a proceso al sujeto que poseía los cargadores con cartuchos para arma de fuego larga y realizaba funciones de vigilancia en el exterior del Rancho La Vega.

Estos hechos se conocieron antes que los verificados en el Rancho Izaguirre, delegación La Estanzuela, en el mismo municipio de Teuchitlán, el 6 de marzo siguiente, donde también existía un campo de adiestramiento del CJNG, e inicialmente, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas aseguraban que se trataba de un “centro de exterminio”.

La denuncia fue presentada por la Delegada Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Guadalajara.

A partir de la información proporcionada por la víctima, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Jesús “N”, quien fue detenido y presentado ante un juez.

El juez dictó el auto de vinculación a proceso el pasado 5 de agosto y decretó prisión preventiva oficiosa por seis meses mientras continúan las investigaciones.

Las autoridades mantienen el compromiso de proteger a la niñez y adolescencia, y de sancionar a quienes atenten contra su integridad.

De acuerdo con el CEPAD, la disculpa estaba prevista para este jueves 7 de agosto, pero el mismo día, sin previo aviso, una persona notificó que el evento quedaba suspendido.

Posteriormente, se informó que sería reprogramado para la fecha mencionada.

La Fiscalía, encabezada—desde diciembre de 2024— por Salvador González de los Santos, reconocerá en el las omisiones y malas prácticas cometidas durante la investigación.

Según el CEPAD, se trata de un paso “hacia la verdad y la justicia no solo para esta familia, sino para miles que buscan a sus seres queridos.”

El procedimiento se lleva a cabo en cumplimiento de la Recomendación 167/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que se acreditó que la actuación de las autoridades afectó el derecho a la búsqueda, localización e identificación de las víctimas.

Dalia, Luis, Bernardo y Carolina desaparecieron el 30 de septiembre de 2010, cuando salieron de Ahualulco de Mercado, Jalisco, rumbo a Guadalajara, con la intención de llegar a Estados Unidos, y hasta el momento se desconoce su paradero.

Desde entonces, la madre de Dalia, María Natividad, ha denunciado revictimización, malos tratos y retrasos en el acceso al expediente, el cual pudieron consultar los familiares de ambas personas desaparecidas hasta 2013.

A pesar de una recomendación de la CNDH y sentencias judiciales que ordenan medidas de búsqueda, la Fiscalía de Jalisco, la de Zacatecas y otras instancias no han cumplido plenamente con sus obligaciones, lo que mantiene abierta la demanda de verdad y justicia

El CEPAD convocó a organizaciones civiles y personas solidarias a acompañar a la familia en lo que calificó como “un momento de dignidad, justicia y reparación”.

El evento también será transmitido en vivo a través de la página oficial del organismo en Facebook.

Además, fue condenado al pago de diez mil días de multa e inhabilitado para ocupar cargos públicos por el mismo periodo.

“La Vicefiscalía en Personas Desaparecidas obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión contra Jesús ‘N’, quien se desempeñaba como subdirector de la Policía Municipal de Casimiro Castillo”, indicó el comunicado.

Con este caso se refrendan los esfuerzos de las autoridades estatales por sancionar severamente los delitos cometidos desde las instituciones de seguridad, destacó la FEJ.

“La Fiscalía del Estado refrenda su compromiso de llevar ante la justicia a quienes cometan delitos que vulneren la vida y libertad de las personas y de garantizar que este tipo de conductas no queden impunes”, concluyó la dependencia.

La comunidad LGBT+ exigía justicia por este caso

La asociación civil Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad (Codise) informó que este caso refiere al ocurrido el 26 de agosto de 2020, cuando policías municipales de Casimiro Castillo detuvieron de manera arbitraria a Britany Jaqueline, mujer trans.

Confirmaron que fue entregada por policías a un grupo delictivo “para que la golpearan, regresándola lesionada a los separos de la corporación y entregada más tarde a sus familiares con graves lesiones que fueron la causa de su muerte.”

Según datos de la asociación, el 29 de agosto de 2020 la Fiscalía del Estado informó que el motivo de la detención de la joven, “fue un presunto robo de 15 mil pesos, también se informó que 4 policías fueron detenidos y puestos a disposición de un juez que les vinculó a proceso.”

Esta asociación y otras, exigieron justicia y el cese de este tipo de crímenes de odio en el país, principalmente en el estado de Jalisco.

Detalló que Pinto Madera cuenta con una orden de aprehensión por asociación delictuosa y se le relaciona con extorsiones, secuestro, trasiego de droga, robo de combustible.

Por su parte, el nombre de Jaime Gómez Delgado Registro Nacional de Detenciones y se describe que el detenido tiene una estatura de 1.75 metros y complexión robusta.

Asimismo se detalla que en el momento de su detención portaba una camisa tipo polo color azul marino, pantalón de mezclilla claro y tenis color negro.

La captura ocurrió poco después de las 06:00 horas cuando la pareja de Mier Luna y/o Miranda Rodríguez acudió a recogerlo a bordo de un vehículo de la marca Jeep; sin embargo, la impericia de la mujer provocó que chocara levemente con alguna estructura, lo que advirtieron policías municipales, que al aproximarse a la unidad observaron un fusil AK-47 en el interior. El ahora liberado salió del establecimiento de mariscos y defendió a la joven, asegurando que ella no tenía broncas y que las cosas que había en el automotor eran suyas.

Pese a que la mujer tripulaba la unidad donde estaba el arma de fuego larga, los uniformados dejaron ir a la mujer y pusieron a disposición de autoridades ministeriales al apodado el Kateo. La Fiscalía del Estado no tenía asunto que perseguir al individuo, o al menos eso trascendió, del que por qué no lo investigaron a fondo, y entonces lo remitieron a la Delegación Jalisco de la Fiscalía General de la República (FGR). De ahí le ejercitaron acción penal por la portación ilegal del arma de uso de las Fuerzas Armadas.

La defensa del imputado alegó una detención ilegal, sin embargo, el Juez de Control decidió dictar la medida cautelar de prisión preventiva y dejar que la defensa hiciera su trabajo durante el término constitucional ampliado. El argumento legal del equipo legal de alias el Kateo fue que su cliente no estaba dentro del automotor donde estaba el arma larga asegurada por los policías zapopanos e incluso presentaron un video sobre el momento del arresto que lo evidenciaba.

El Ministerio Público Federal adscrito no tuvo la capacidad de enderezar la carpeta de investigación ni de aportar pruebas que permitieran un auto de vinculación. Tampoco la voluntad de que compañeros de la Fiscalía General de la República, ya sea de la Delegación de Tijuana, o de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentaran carpetas de investigación existentes en Baja California por la pertenencia de Mier Luna y/o Miranda Rodríguez al Cártel Arellano Félix y en los últimos tiempos aliado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

CRÍMENES EN BAJA CALIFORNIA

Es de dominio público, y ZETA lo ha documentado, que Diego Abel Miranda, el Kateo, además de ser líder de las células criminales referidas, está señalado de ser el autor intelectual del asesinato de la agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), Dalia Consuelo Espinoza Suszek, el 3 de noviembre de 2023. El móvil del homicidio de la mujer policía estaría ligado a una detención y dos robos, uno de 30 kilos de cocaína y otro más de 20 armas ejecutado por agentes estatales en un lapso de dos a tres meses.

Al Kateo también se le imputan acciones en diversas carpetas de investigación, en México y Estados Unidos, por tráfico de drogas de Jalisco a San Diego, secuestros, trata de personas migrantes, homicidios y el incendio de 19 automotores el 12 de agosto de 2022. Antes, ya estuvo detenido por intervención de un grupo de inteligencia en julio de 2021, durante una boda realizada en un rancho en la zona de El Coronel, en Ensenada, donde era el padrino del evento; sin embargo, esa vez también fue liberado por un juez federal.

AMPARO POR SI LAS DUDAS

Debido a que quien se hace llamar Luis Mier Luna aún seguía preso el domingo 20 de julio, en el penal de Puente Grande, su abogada Tania Guadalupe Domínguez Campaña, quien llegó desde Tijuana para asesorar jurídicamente al imputado, presentó una demanda de amparo en su favor alegando actos de privación ilegal de la libertad de parte del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco y otras autoridades. El juicio de garantía fue radicado con el número de expediente 678/2025 en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal de la entidad, con el complejo penitenciario.

Dado el señalamiento de actos violatorios de derechos humanos como lo sería la retención prologada del imputado, seguramente dando tiempo al Ministerio Público Federal para que impidiera su excarcelación, el juez de amparo comisionó al actuario Judicial adscrito a ese tribunal para que acudiera a las instalaciones del penal, a efecto de localizar al directo quejoso Mier Luna, para pormenorizar los detalles que pudiese apreciar de la condición física del individuo e incluso lo cuestionara sobre su estado de salud.

En la misma diligencia, el actuario judicial de la adscripción tenía que notificarle la demanda de amparo promovida en su nombre, para que en ese momento, o bien, dentro del término de tres días, manifestara si ratificaba o no dicho escrito. El Kateo fue localizado en la prisión pero manifestó “No ratifico la demanda de amparo promovida a mi favor”. Además, se hizo constar que no se advirtieron golpes en su cuerpo y al ser cuestionado sobre su estado de salud, “refirió que se encuentra bien”. Por lo anterior, se tuvo por no presentada la demanda en el juicio de amparo. Ya estaba destinado que recuperaría en breve la libertad.

BIEN REPRESENTADO

La defensora de Mier Luna y/o Miranda Rodríguez cuenta con experiencia en el ámbito penal federal, pues años atrás, a inicio de la década se le ubicaba como Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, Posteriormente se dedicó al litigio atendiendo casos relevantes de delitos contra la salud, llevando defensas como la del ex agente federal Édgar Luciano Beristáin Ávila, detenido junto con otros sujetos por elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército, en posesión de un cargamento de droga en 2016.

La profesionista también ha sido abogada de personajes como Pedro Herrera Estrada, el Viejón o Peter, identificado por autoridades de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad como cabecilla de la célula de Los Erres, que presta sus servicios al CJNG.

Por lo pronto, Diego Abel y/o Luis, el Kateo, quien abandonó el penal de Puente Grande a las 12:00 horas del lunes 21 de julio, seguirá moviéndose entre Guadalajara, Tijuana y San Diego, pues no existe impedimento legal para que lo haga.

Al solicitar información en la Delegación Jalisco de la Fiscalía General de la República, en Guadalajara, solo se obtuvo evasivas y entretención para no dar a conocer el fracaso ministerial, bajo el argumento de “las investigaciones sobre este caso y la persona continúan”. En los próximos días se conocerá si dicha autoridad apela a la resolución o muestra su conformidad como aparentemente lo hizo al no aportar pruebas que lograran la vinculación a proceso.

Detalló que Pinto Madera cuenta con orden de aprehensión por asociación delictuosa y se le relaciona con extorsiones, secuestro, trasiego de droga, robo de combustible.

Asimismo, de pactar una alianza con otro grupo criminal, por lo que esta detención tendrá un impacto en la disminución de la violencia en la región.