El documento, presentado ante la Asamblea General de la ONU, el informe reconoce las tradiciones de los grupos sociales de honrar a los muertos, de ahí que “en los casos de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias (es decir, muertes ilícitas), los cadáveres de las víctimas atestiguan la vulneración del derecho a la vida y, por lo tanto, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de proteger y salvaguardar a las personas fallecidas”.  

El relator especial hace un análisis sobre las distintas formas de honrar a los muertos de acuerdo a las tradiciones y culturas en distintas partes del mundo, así como las legislaciones que regulan la deposición de los restos.  

“Muchas de las desigualdades, discriminaciones e injusticias que se producen en la vida persisten en la muerte”, sostiene en su informe Morris Tidball-Binz, al destacar que persiste “un importante solapamiento de leyes, reglamentos y prácticas relativos a las muertes no violentas y cotidianas”.  

Para el relator “la dignidad de la persona y el respeto debió a su cuerpo y a sus restos humanos no se extinguen con la muerte”, por lo que “alterar esos procesos, mediante la protección indebida o el trato irrespetuoso de los muertos, hace daño a las personas y las sociedades y, en el caso de las muertes ilícitas, socava o impide el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.  

El reporte de la relatoría especial e la ONU puntualiza que “las obligaciones del Estado de proteger a los fallecidos son primordiales para hacer efectivos los derechos de las familias y para garantizar que todas las muertes potencialmente ilícitas se investiguen a fondo”, garantizando que se cumplan las normas internacionales como el Protocolo de Minnesota y los Principios Relativos a una Eficaz, Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias.  

Agrega que en esos casos “la protección de los muertos sigue planteando problemas considerables, que acentúan el dolor y la sensación de pérdida de quienes desean llorar a sus seres queridos”, además de que se dificulta la defensa de los derechos “de los miembros de minorías y de las personas indígenas, la situación e las personas indigentes y los cadáveres no identificados y no reclamados”.  

Tras hacer un análisis de las dificultades para las minorías de contar con la protección de los estados para realizar sus ritos funerarios o las reticencias para solventar los gastos para dar sepultura o incinerar a los indigentes fallecidos, el informe abunda que en el caso de los cadáveres no identificados o no reclamados. 

“En todo el mundo, millones de fallecidos siguen sin identificar y nunca son devueltos a sus familias o comunidades. Los cadáveres no identificados o no reclamados -personas fallecidas sin familiares conocidos o autorizados- plantean un enorme reto a los sistemas medico-legales de los Estados. 

Sobre este tema, abunda que “cuando no hay identificación, un cadáver pasa a ser na persona desaparecida, lo cual no solo perjudica a las familias al privarlas de su derecho al duelo y al restablecimiento, sino que también tiene implicaciones jurídicas y puede obstaculizar las investigaciones penales en casos de muerte potencialmente ilícita”.

El informe hace una revisión de distintas condiciones de fallecimiento y de la recuperación de restos (en casos de ejecución, de conflicto armado, de crisis sanitarias, en casos de emergencias), resaltando de manera preponderante el caso de migrantes fallecidos, quienes, “aunque sean recuperados, muchos de los restos quedan sin identificar”.   

El relator especial hace una serie de recomendaciones a los Estados parte, entre ellas al  trato digno de las personas fallecidas de manera potencialmente ilícita; armonizar la protección de los muertos con base en el derecho internacional, de manera que los Estados dispongan de “medidas nacionales pertinentes -leyes, reglamentos, protocolos, directrices y mecanismos de aplicación- para proteger a los muertos en la práctica y velar por que los restos humanos de una persona fallecida sean atendidos y gestionados adecuadamente, con el fin de preservar la dignidad de los fallecidos y garantizar que se respeten los derechos de sus familias en todo momento”.  

Al recomendar el respeto irrestricto a los familiares de las personas fallecidas, el informe asienta que “los Estados deben velar porque las instituciones y los profesionales responsables de recuperar, documentar y proteger los restos humanos, incluidos los sistemas medico legales de investigación de muertes, dispongan de la capacidad y los recursos adecuados y reciban la capacitación y el apoyo necesarios para que puedan cumplir con sus obligaciones de proteger a los muertos e investigar las violaciones del derecho a la vida, incluso en incidentes con muchas víctimas mortales”.

El desplazamiento comenzó desde el 16 de junio hasta este fin de semana, de acuerdo con las víctimas que ya denunciaron ante las autoridades. 

Los testimonios de habitantes y de quienes trabajan en minas de la región explicaron que el grupo delictivo llegó para buscar el oro que hay en la zona. Primero arribaron decenas camionetas y este fin de semana se intensificó la presencia de hombres armados.

En esa zona de Urique y Moris el grupo predominante que mantenía el control de la región era La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez, que presuntamente se alió con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los Salazar se concentraban en tres municipios de Chihuahua y otros tres de Sonora, de acuerdo con un análisis de contexto presentado por autoridades federales y estatales durante la última audiencia del caso del homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, contra el exalcalde de Chínipas Hugo Amed Schultz Alcaraz.

En el caso de Moris y Uruachi, señalan como cabecilla del grupo agresor a Hugo Guerrero Encinas, conocido como 01, quien fue aprehendido en octubre de 2011 y liberado recientemente.

Los municipios que ha tenido durante años el grupo Los Salazar o Los Salazares, son Guazapares y Urique, que conlindan con Sinaloa, y Chínipas, que colinda con Sonora. De acuerdo con los testimonios y denuncias de los habitantes, se habrían extendido hacia Moris y Uruachi, que también colindan con Sonora, en busca del oro de ese territorio.

El área de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua dio a conocer que, según un folio fechado el 26 de junio último, el grupo del destacamento de Moris informó sobre los hechos que le atribuyen a Los Salazar:

“Por este medio me permito informar a usted que, siendo las 16:00 horas del día de hoy, fui informado por el radio operador en turno sobre el folio número 141331. En dicho reporte se señala la presencia de drones detonando explosivos en la cabecera municipal de Moris, así como en las rancherías de El Zapote, La Trompa, Chiltepín, La Finca, La Ciénega, Naranjito y Sahuayacancito. También se informa sobre personas sin vida y viviendas incendiadas, presuntamente por parte del grupo Los Salazar”.

Sin embargo, el informe no detalla el número de viviendas dañadas ni de personas asesinadas.

El reporte de la fiscalía continúa:

Además, residentes de las comunidades warijó y Pimas tuvieron que viajar a la Ciudad de México para interponer diferentes denuncias en instancias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Gobernación y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre el 19 y 20 de junio últimos porque, aseguran, en la ciudad de Chihuahua no recibieron apoyo. Ellos piden que los ayuden a regresar a sus hogares.  Entre los voceros de los afectados se encuentra Hilario Valenzuela, gobernador de la comunidad warijó la Finca Pesquera.

Los denunciantes aseveran que desde que incursionó el grupo de Los Salazar en esa región han salido miles de personas del territorio.

Otras personas warijó de Moris y Uruachi que se trasladaban hacia la ciudad de Chihuahua dijeron a Proceso que ellos se dedican a la ganadería y agricultura, otros son gamusinos que sacan oro del río o de otras partes de la región y con eso viven. Sin embargo, tuvieron que dejar todo: viviendas, animales que se está robando el grupo delictivo, y cultivos. Huyeron de sus casas sólo con lo que traían puesto.

Asimismo personas que trabajan o están a cargo de mineras en la región dieron a conocer que se retiraron por la violencia y pidieron que se apoye a las comunidades indígenas.

Una vez que el caso se hizo público, el grupo agresor incrementó los ataques contra los pocos habitantes que había y la violencia se extendió a otras comunidades. Este fin de semana, lanzaron un mensaje de alerta a través de redes sociales:

“Estimado gobierno,  nos dirigimos a ustedes de las comunidades indígenas de Arechuivo (Uruachi), Chiltepín, San Juan, Palmarito, La Barranca, La Finca, La Mesa de Cereachi, y San Juan de la Trompa, ya que personas armadas que llegaron del municipio de Uruachi atormentan a los habitantes de estos pueblos causando que la mayoría de ellos se vayan y dejen sus hogares y pertenencias, puesto que estos sujetos armados han levantado personas inocentes y las asesinan a sangre fría a personas inocentes que viven de manera honrada en Palmarito se les arrebató la vida de manera violenta a base de torturas y castigos inhumanos, entre ellos personas de edad avanzada, mujeres, niños y todo, con la finalidad de obtener supuesta información.

“En San José de la Trompa se reportan detonaciones que han afectado severamente a la comunidad desde el 5 de junio pasado, sin parar. El 17 de junio, madres de familia y habitantes de la comunidad salieron a pedir ayuda al gobierno que patrullaba la zona, a lo que ellos entre burlas y risas dijeron que no les importaba en lo absoluto, y que se resguardaran en sus casas. En ese momento comenzaron a caer bombas y los soldados sólo se burlan para después irse a toda velocidad de la comunidad.

“Como el supuesto gobierno no hizo nada, acudimos a las autoridades en la ciudad de Chihuahua para ver si hacen algo por las personas de las comunidades afectadas.

“Para las personas que vean esto, les pedimos de todo corazón que nos ayuden a compartir esto, pues al momento de subirse esta publicación, ya decenas de familias han abandonado sus hogares buscando la paz, que hace tiempo el grupo de Los Salazares les arrebataron. La gente llega armada, matando, torturando y mutilando personas inocentes que sólo se dedican a la cosecha, a la minería, ganadería y pesca”.

Largo historial de impunidad

Durante la audiencia para valorar el cambio de medida cautelar de prisión preventiva del exalcalde de Chínipas, Hugo Amed Shultz, la representación social presentó una serie de pruebas para demostrar que aún representa un riesgo para las víctimas, ofendidos y sociedad en general. La jueza de Distrito, María Elena López Morales, determinó que el sentenciado debe continuar en prisión.

Entre las pruebas, el analista delictivo y exfuncionario de la Fiscalía General del Estado, Manuel Salvador Torres Borunda, presentó un análisis de contexto que realizó desde 2017, cuando asesinaron a la periodista Miroslava Breach, originaria de Chínipas, ya que el exalcalde está acusado como cómplice del crimen.

El exfuncionario dijo que tiene conocimiento de que el grupo fue fundado por Adán Salazar Zamora, originario también de Chínipas. La organización criminal tiene sus actividades hasta la frontera, que abarca desde Chínipas, así como Agua Prieta, Magdalena, San Luis Río Colorado y Caborca, del estado de Sonora. Se dedica a la siembra de amapola y marihuana, así como a la confección de metanfetaminas.

“La extensión que cubren refiere la cantidad de gente que les avala. Es una organización que fue fundada en los años 90. Se suma al control de Jesús Alfredo Salazar (…) Adán es contemporáneo de líderes delictivos en Sonora, Sinaloa y Tamaulipas, como Caro Quintero, Emilio Quiriarte, Payán, Ismael Mayo Zambada”, agregó Torres Borunda.

De 2005 a 2011 se les acreditaron hechos como agresión física y homicidios de profesionistas, funcionarios de procuración de justicia y periodistas. En Chihuahua, los hijos de Adán Salazar nacieron y se criaron en el municipio de Chínipas.

Operan en los municipios de Chínipas, Guazapares y Urique, que hoy es un corredor turístico y en su momento también fue corredor minero que conllevaba el cultivo de marihuana y amapola.

Esa descripción coincide con lo que denuncian ahora las comunidades de Moris y Uruachi, que van por el oro del territorio.

Por su parte, Jáuregui Moreno informó este lunes, en rueda de prensa, que hay dos personas detenidas, el dueño del crematorio y el único trabajador que laboraba en el lugar, así mismo, indicó que investigarán todas las líneas para determinar si hubo funcionarios que cometieron actos de omisión.

A los detenidos les formularon la imputación y el juez de Control les dictó prisión preventiva. La audiencia de vinculación a proceso será este viernes a las 11:00 de la mañana.

Y es que las organizaciones exigieron que se deslinden responsabilidades en la operación del crematorio: “Los permisos otorgados, la supervisión sanitaria y las posibles violaciones a leyes en materia de salud y disposición de restos humanos. También, que las personas detenidas sean procesadas conforme a derecho y con perspectiva de derechos humanos”.

En el pronunciamiento hicieron énfasis en que las autoridades deben garantizar que los crematorios operen bajo estrictas normas sanitarias, legales y éticas. De lo contrario, indican, se abre la puerta a que esos espacios se conviertan en posibles instrumentos para la desaparición de personas.

También demandaron una revisión exhaustiva de los convenios que tiene el gobierno del estado con las funerarias que dan apoyo ciudadano vía la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.

El director de Servicios Periciales, Javier Sánchez. Dio a conocer que los cuerpos recuperados del crematorio en condiciones no favorables, corresponden a 218 hombres y 149 mujeres, así como 16 de género indeterminado aún, por lo que realizarán trabajo de laboratorio para encontrar elementos que les permitan identificarlos, a través del área de antropología de la dirección.

Además de los 16 que ya tienen indicios sobre sus identidades, hay 15 con nombre probable. “Todos tienen tratamiento de embalsamiento, pero algunos de ellos procedían de hospitales, por lo cual llevaban consigo alguna etiqueta en la que se escribía su nombre, y hay casos con número de seguridad social”.

Hay otras cuatro personas que corresponden a menores de edad, entre ellos dos neonatos y los otros dos son un hombre y una mujer. Y otras cuatro personas más que no tienen nombre probable, pero tienen signos como tatuajes, otra tiene una amputación en una pierna, lo que facilita la identificación.

El fiscal informó en la rueda de prensa, realizada el 1 de julio en Ciudad Juárez, que se reunión ese mismo día con 89 familiares de personas que sospecha pudieran estar entre los cuerpos apilados.

Jáuregui Moreno refirió que el 26 de junio pasado, la Fiscalía recibió un llamado de la Policía Municipal de Juárez para acudir a un predio de la zona de Los Kilómetros, ubicado a la salida de la ciudad de Chihuahua, donde habían encontrado indicios de que se encontraban cadáveres.

Al llegar al crematorio, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de Servicios Periciales, encontraron los cuerpos apilados en el crematorio Plenitud, que ofrece servicio a seis o siete funerarias que subcontrataban el servicio de cremación.

De manera paulatina la dependencia comenzó la investigación. En el primer cuarto del crematorio encontraron 50 cuerpos y posteriormente descubrieron el resto. “Todos los cuartos tenían cuerpos apilados con escenas dantescas”.

Lo primero que observaron, indicó el funcionario, es que todos los cuerpos sufrieron algún proceso químico para su preservación, estaban embalsamados. Esta situación dificulta analizar el ADN.

Reconoció que el proceso que realizan es revictimizante para los familiares, quienes ya habían vivido un duelo tras la pérdida de sus seres queridos. Además, indicó que las autoridades investigan si las familias estaban informadas que las funerarias respectivas realizaban el servicio de cremación con otra empresa.

Ezequiel Montoya muñoz, coordinador del Ministerio Público y delitos contra la paz de la FGE, agregó que realizan un procedimiento de individualización de cada uno para su identificación.

Los dos imputados, dijo, están acusados por el delito del fuero común de inhumación por ocultamiento de cadáveres, que tiene penas leves, pero también se basaron en la Ley General de Salud, para fincarles cargos que pueden llevarlos hasta a 17 años de prisión.

“El artículo 222 del Código Penal del Estado, en el tema de inhumación establece de 6 meses a 2 años o pena alternativa, es muy baja”, dijo Montoya.

La dependencia cuenta con más de mil 500 fotografías como evidencia, informó el coordinador de Ministerio Público y detalló que en Ciudad Juárez operan 66 funerarias, de las que sólo cinco tienen negocio con el crematorio Plenitud. Esas funerarias son Luz Divina, Protecto Deco, Funeraria del Carmen, Latinoamericana y Amor Eterno.

Asimismo, indicó que en esa frontera hay ocho crematorios en otras cinco funerarias distintas. “En lo que va del año se han autorizado, por las autoridades, mil 263 cremaciones que son generalmente por enfermedad. En delitos dolosos no está permitido (la cremación)”.

Jáuregui aseveró que investigarán si hubo omisión por parte de la Comisión Estatal de Protección de Riesgos Sanitarios u otros funcionarios.

El calvario de los familiares

Gloria Criollo perdió a su papá en febrero del año pasado y a su mamá durante la pandemia por Covid-19, hace cuatro años. Ahora teme que sus padres sean parte de los cuerpos encontrados en el crematorio Plenitud.

“Ese día nos dijeron que teníamos que traer acta de nacimiento de persona, la hoja donde se mandó cremar y a qué lugar, fotografías donde estén sonriendo porque muchos se van a identificar por sus dientes. En ese momento yo no traía nada de eso, yo venía a informarme”, relató.

Gloria Criollo detalló que los están dividiendo por grupos de ocho personas porque sólo cuentan con ocho psicólogos. Ayer alcanzaron a atender a más de 60 personas y este miércoles continuarán con otras familias, a partir de las 8:00 de la mañana.

En entrevista con medios de Ciudad Juárez, la mujer externó lo difícil que es vivir esa situación, sólo de pensar que sus padres pueden estar ahí.

“Imáginese, nosotros hemos pasado por un duelo, mis papás no fallecieron al mismo tiempo, pero yo estoy pensando qué nos entregaron, porque nos entregaron cenizas, qué trauma para la persona pensar que estuvieron ahí, que los hicieron bolas. No es un trato digno para una persona. No estamos acostumbrados a tratar con los cuerpos todos los días. Toda la noche estuve pensando cómo lo llevaron, dónde lo tenían”.

Sus padres fueron velados en la funeraria Latinoamericana, por lo que Gloria Criollo exigió que se hagan justicia, que supervisen mejor este tipo de negocios, que apliquen la ley.

ONG se pronuncian exigen un proceso exhaustivo

Las organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación por el hallazgo y expresaron su “solidaridad a las familias que hoy viven la incertidumbre de no saber si sus seres queridos fueron debidamente cremados y si las cenizas que recibieron corresponden realmente a quienes despidieron. Extendemos un abrazo fraterno a quienes, tras haber vivido un duelo, enfrentan ahora la posibilidad de transitarlo nuevamente”.

Exigieron a la FGE que realice un proceso exhaustivo, científico y transparente de identificación forense, que no deje espacio a dudas sobre la identidad de cada una de las 383 personas localizadas. “Este proceso debe ir más allá de la documentación hallada junto a los cuerpos”.

Pidieron también que la disposición final de los restos se realice únicamente con el conocimiento y consentimiento informado de las familias, para garantizar el respeto a la dignidad de quienes han fallecido.

“Desde el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y firmantes reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la justicia y la búsqueda de las personas desaparecidas en el estado de Chihuahua. Acompañamos a las familias que hoy sufren esta nueva herida en una ciudad profundamente lastimada y reiteramos nuestro llamado a que este caso sea atendido con la seriedad, humanidad y responsabilidad que merece”.

Las organizaciones firmantes son: Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN); Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A.C. (CEDIMAC); Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; Colectivo de Madres y Familiares Unidos por Nuestras Hijas; Colectivo Madres de Fé; Colectiva Hijas de su Maquilera Madre; Alianza Sierra Madre A.C; Colectivo Buscadoras Guanajuato; Bordeamos por la Paz; Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA); No te olvidamos Te buscamos Irapuato; Colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia; Colectivo Salamenca Unidos buscando desaparecidos; Eukuela Radical Ese-Erre; Fundación Monica Alejandrina Por los DDHH; Bravas Colectiva; Colectivo Te Busco: Colectivo Ángeles de pie por ti; Política Colectiva; Tejiendo armonía y ternura colectivo binacional fronterizo; Periodistas Unidos; FotorreporterosMx; Colectivo Proyecto de Búsqueda Guanajuato AC; Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios: Red Mesa de Mujere; Red Solidaria Trans; Colectivo Histórica Ciudad Juárez; Artemisa Ramirez Ortiz (FUNDEC-M; LaGuerreras en Busca de Nuestros Tesoros A.C; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C; Colectivo Encontrando la paz; Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua; Colectivo José Revueltas; A tu encuentro, de Guajanuato; Red Solidaria de Derechos Humanos, A. C; Cochitlehua Centro Mexicano de Intercambios A.C; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT); Colectiva Hasta Encontrarte; Colectivo Buscando con el corazón; Colectivo Al encuentro de nuestros desaparecidos; Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C; Colectivo Sierra de Juárez; Coalición Parque Corredor Homero; Salvemos los Cerros de Chihuahua; Uno de Siete Migrando; Comité Cerezo México; Comité de Derechos Humanos de Tabasco A. C.; Colectivo de Pie hasta encontrarte, así como mamás buscadoras y activistas en lo individual.

Ciudad Juárez, 01 de julio de 2025

Desde el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte manifestamos nuestra profunda preocupación ante el hallazgo de 383 cuerpos sin incinerar en el crematorio “Plenitud”, ubicado en Ciudad Juárez, y declaramos lo siguiente:

En primer lugar, expresamos nuestra solidaridad a las familias que hoy viven la incertidumbre de no saber si sus seres queridos fueron debidamente cremados y si las cenizas que recibieron corresponden realmente a quienes despidieron. Extendemos un abrazo fraterno a quienes, tras haber vivido un duelo, enfrentan ahora la posibilidad de transitarlo nuevamente.

Exigimos que la Fiscalía General del Estado lleve a cabo un proceso exhaustivo, científico y transparente de identificación forense, que no deje espacio a dudas sobre la identidad de cada una de las 383 personas localizadas. Este proceso debe ir más allá de la documentación hallada junto a los cuerpos.

Asimismo, la disposición final de los restos debe realizarse únicamente con el conocimiento y consentimiento informado de las familias, garantizando en todo momento el respeto a la dignidad de quienes han fallecido.

Nos preocupa profundamente que, pese a la magnitud del caso, el fiscal general del estado haya declarado que “difícilmente” entre los cuerpos podrían encontrarse personas desaparecidas. En un estado con una crisis forense y miles de personas no localizadas, demandamos que se agoten todas las líneas de investigación y que se garantice el derecho a la verdad para las familias que buscan a sus seres queridos.

Asimismo, exigimos que se deslinden responsabilidades sobre las irregularidades en la operación del crematorio: los permisos otorgados, la supervisión sanitaria y las posibles violaciones a leyes en materia de salud y disposición de restos humanos. También, que las personas detenidas sean procesadas conforme a derecho y con perspectiva de derechos humanos.

Enfatizamos que debe garantizarse que estos lugares operen bajo estrictas normas sanitarias, legales y éticas. Lo contrario, abre la puerta a que este tipo de espacios se conviertan en posibles instrumentos para la desaparición de personas.

Desde el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la justicia y la búsqueda de las personas desaparecidas en el estado de Chihuahua. 

Acompañamos a las familias que hoy sufren esta nueva herida en una ciudad profundamente lastimada y reiteramos nuestro llamado a que este caso sea atendido con la seriedad, humanidad y responsabilidad que merece.

Organizaciones, colectivos y personas firmantes

1. Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN)

2. Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A.C. (CEDIMAC)

3. Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez 

4. Colectivo de Madres y Familiares Unidos por Nuestras Hijas.

5. Colectivo Madres de Fé

6. Colectiva Hijas de su Maquilera Madre

7. Alianza Sierra Madre A.C.

8. Judith González

9. Viviana Martínez

10. Colectivo Buscadoras Guanajuato

11. Bordeamos por la Paz

12. Hazel Dávalos

13. Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA)

14. Carlos A. Ventura Callejas, defensor de derechos humanos

15. No te olvidamos Te buscamos Irapuato

16. Salvador Salazar Gutiérrez

17. Colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia

18. COLECTIVO:SALAMANCA UNIDOS BUSCANDO DESAPARECIDOS GTO.

19. Rosy Hernández

20. Favia Lucero Montoya

21. ESKUELA RADICAL ESE-ERRE A.C. 

22. Tania González Ortiz 

23. Fundación Monica Alejandrina Por los DDHH. 

24. Bravas Colectiva 

25. Valeria Peñafiel 

26. Miguel Silerio

27. Colectivo Te Busco

28. Sara Leticia López Uribe

29. Claudio Ivan Grijalva Ortega

30. Colectivo ÁNGELES DE PIE POR TI 

31. Política Colectiva

32. Ana Infante/Muralista

33. Tejiendo armonía y ternura colectivo binacional fronterizo.

34. Periodistas Unidos

35. FotorreporterosMx

36. Alejandro Meléndez Ortiz

37. Jorge Meléndez Preciado

38. Patrizia Ythalia Cruz Güereque 

39. Sofía Corral

40. Colectivo Proyecto de Búsqueda Guanajuato AC

41. Maricela Peralta 

42. COLECTIVO:SALAMANCA UNIDOS BUSCANDO DESAPARECIDOS GTO.

43. Amada Esquípulas Hernández Loza

44. Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios

45. Teresa Morales Rodríguez independiente

46. Faviola Montoya Rosales 

47. Leticia Chavarría Villa

48. Red Mesa de Mujeres

49. Sheyla Muñetones

50. María de Lourdes Contró Monroy 

51. Ixchel Teresa Mireles Rodríguez 

52. Daniel Leonardo García Salinas 

53. Red Solidaria Trans

54. Colectivo Histórica Ciudad Juárez 

55. Artemisa Ramirez Ortiz (FUNDEC-M)

56. LaGuerreras en Busca de Nuestros Tesoros A.C.

57. Virginia Garay Cazares

58. Daniela Macias Valenzuela

59. Luz de Lourdes Ortiz Quintana

60. Diana Candelaria Iris García madre de Daniel Cantú Iris desaparecido 

61. Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C.

62. Clara Euenia Rojas Blanco

63. Alfredo Peñaloza Murillo 

64. Adriana Moreno Becerril (FUUNDEC-M)

65. Colectivo Encontrando la paz

66. Abraham Rubio

67. Gabriel García Moreno

68. Rocío Sotelo Palafox 

69. Karina Bernabé Arriaga 

70. Karla Ma. Villalobos Hernández 

71. Manuel Ramírez Juárez

72. Nithia Castorena-Sáenz

73. Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua

74. Karla Arvizo Lozano             

75. Rosa Angélica García Saucedo madre de Jaime César desaparecido  fuundec .m   

76. Itzel González       

77. Colectivo José Revueltas

78. Ana Leticia Hernández Vélez

79 ATUENCUENTRO GUANAJUATO A.C 

80. Red Solidaria de Derechos Humanos, A. C. 

81.Alejandra Ignacio Álvarez 

82.Maria Eugenia Gabriel Ruiz

Ante el juez, el agente del Ministerio Público (MP), Francisco Javier Rojas Esquivel, dio a conocer al Tribunal de Control que el titular de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COESPRIS), Luis Carlos Tarín Villamar, informó, a través del oficio 2403/2025, que la última verificación sanitaria al crematorio se realizó el 7 de marzo del 2022, como parte de una comprobación de correcciones de irregularidades derivadas de un acta anterior. En esta revisión no se aplicó ninguna medida de seguridad. Es decir, el crematorio tenía tres años y tres meses sin supervisión.

Esta información contrasta con lo que Tarín Villamar expuso en una conferencia de prensa realizada la semana pasada, cuando declaró que la última revisión a esa instalación se había llevado a cabo en febrero de este año y aseguró que el negocio estaba funcionando de acuerdo con la norma. Además, afirmó que había una supervisión de ese crematorio y que se hacían revisiones “muy seguido”, toda vez que en el año del 2020 este establecimiento fue acreedor a otra sanción. Justificó la presencia de decenas de cadáveres diciendo que el trabajo había sobrepasado a los responsables del negocio.

En la diligencia judicial de este lunes, el fiscal también señaló que, a través del oficio 2401/2025, Tarín le informó a la representación social que, después del hallazgo de los cuerpos, así como de restos corporales, ropa, fauna nociva y documentación de los años 2022, 2023, 2024 y 2025 –que estaban mezclados con fluidos corporales–, el personal a su cargo procedió a una suspensión total de esa instalación crematoria, debido a un manejo inapropiado de cadáveres, malas prácticas de higiene, falta de funcionamiento de dos cámaras de refrigeración, el horno crematorio fuera de operación y por falta de energía eléctrica.

El responsable de la dependencia encargada de la regulación y supervisión de los crematorios, Tarín Villamar, también presentó una denuncia ante la Fiscalía estatal y pidió la intervención de esa autoridad al reconocer que la situación en el crematorio Plenitud rebasaba sus facultades, se informó en la audiencia judicial.

Advierten de riesgo sanitario en zona de crematorio

En otra parte de la diligencia, el agente del Ministerio Público le expuso al juez de Control Apolinar Juárez Castro, que el negocio tampoco contaba con agua potable. Indicó que los cuerpos están en estado de descomposición, que entre estos había fauna nociva, como ratones, y que el sitio no contaba con un control sanitario, lo que representa un riesgo de salud para la población juarense, principalmente para las personas que viven o trabajan cerca del negocio.

“Los cuerpos estaban en completo estado de descomposición, sin ningún control sanitario. La acción (delictiva) recayó en almacenar los cadáveres… algo alarmante en nuestra comunidad; y las condiciones insalubres, indignas, una falta de respeto a los restos cadavéricos, roedores encima de los cadáveres, un riesgo sanitario para la comunidad, sin una medida para prevenir afectaciones para la salud pública”, argumentó el fiscal en la parte final de la diligencia, cuando expuso las razones por las que los acusados deben enfrentar el proceso penal en la cárcel y en contraposición de lo solicitado por los abogados defensores, quienes pedían una medida cautelar diversa a la prisión preventiva.

El fiscal a cargo, informó al Tribunal que el dictamen de impacto ambiental del crematorio venció el 3 de marzo del 2023. Esto con base en información proporcionada por el director de Ecología Municipal, César René Díaz Gutiérrez, quien dio a conocer que el dictamen fue otorgado el 22 de febrero del 2022.

Sin energía eléctrica, agua y sin permiso ambiental vigente

La audiencia inició en la sala 1 de los juzgados locales, unos minutos después de las 3 de la tarde, con la formulación de cargos, pues horas antes se había ejecutado una orden de aprehensión en contra de ambos sospechosos.

Al momento de formular la acusación, el fiscal dijo que en el periodo comprendido del 7 de marzo del 2022 al 27 de junio de 2025, en las instalaciones del crematorio Plenitud, ubicado en la carretera Panamericana número 10631 sur, colonia Granjas Polo Gamboa, José Luis A.C., en su carácter de propietario y Facundo Teófilo M.R., empleado del establecimiento, mantuvieron ocultos 383 cadáveres en estado de descomposición.

El representante social señaló que ambas personas no llevaron a cabo la cremación de los difuntos en el tiempo que ordenan las leyes vigentes, que es de 48 horas contadas a partir del fallecimiento. También refirió que el establecimiento no contaba con energía eléctrica, ni agua potable, tampoco con cámaras de refrigeración, ni un dictamen en materia ambiental vigente.

Los hechos fueron clasificados como el delito contemplado en el artículo 202, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, y el ilícito federal establecido en el apartado 462, fracción I, de la Ley General de Salud.

“Se impondrá prisión de seis meses a dos años o de 30 a 90 días multa, a quien”, indica el artículo 202. En la fracción I dice: “oculte, destruya o sepulte un cadáver, feto o restos humanos, sin la orden de la autoridad que deba darla o sin los requisitos que exijan el Código Civil o las leyes especiales”.

El artículo 462 señala que “se impondrán de seis a 17 años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a 17 mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate”. La fracción I indica “al que ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre órganos, tejidos y sus componentes, cadáveres o fetos de seres humanos”.

Ante la acusación, los dos sospechosos guardaron silencio.

Entre las personas que declararon ante el Ministerio Público y que constituyen un dato de prueba en contra de ambos sospechosos, están al menos tres familiares de José Luis, su hermano, Rafael Arellano Cuarón; su madre, Rosa María Cuarón Rivera; y su esposa, Jesica Yaneth Bone Monte; así como peritos, agentes, el director de Ecología Municipal, César René Díaz Gutiérrez, y el titular de COESPRIS Luis Carlos Tarín Villamar.

El primer dato de prueba citado por el fiscal fue el acuerdo de inicio de la investigación, que emitió otra fiscal el viernes 27 de junio, al tener conocimiento por medio de una nota periodística de que en un inmueble se encontraban decenas de cadáveres.

El segundo dato de prueba referido en la diligencia, es un informe policial del 27 de junio, realizado por varios agentes de la Unidad de Delitos contra la Vida, quienes un día antes habían ido al crematorio, tras recibir una llamada telefónica a las 18:50 horas, en la que se les informaba que en un predio de la colonia Granjas Polo Gamboa había decenas de cuerpos.

Los agentes refirieron que al acudir al sitio encontraron un vehículo de capillas Plenitud; decenas de cuerpos apilados y en estado de descomposición en las habitaciones; percibieron olores fétidos, de putrefacción; también vieron una piscina con ropa, envases vacíos con olor a químicos, tanques de gas y dos bolsas con cadáveres, una con el nombre de Martha E. O., y otro con el nombre de Leobario L. Debido a las condiciones climatológicas y a la falta de equipo de protección, decidieron que los trabajos de recuperación de cuerpos e investigación iniciarían hasta el viernes 27 de junio.

La llamada inicial que se recibió en el puesto de mando del 911 y que se registró bajo el folio 0707425214, es otro dato de prueba. Los agentes municipales que respondieron a esa queja documentaron haber llegado a las 18:48 horas del jueves 26 de junio y percibieron un olor fétido que los condujo a un predio el cual estaba abierto e ingresaron.

En el patio, los municipales vieron una carroza abierta, observaron la cabeza de una persona recostada al interior del automotor y le preguntaron si necesitaba ayuda, al ver que no respondía se aproximaron y pudieron ver que no tenía signos vitales, que estaba acartonada. Luego se dirigieron a una habitación con una puerta en color blanco semi abierta y pudieron ver fluidos en el suelo, percibieron un olor penetrante y vieron una gran cantidad de cuerpos, algunos desnudos y otros con ropa, repartidos por varias habitaciones. Entonces procedieron a montar una vigilancia y avisaron a la Fiscalía.

El dueño del crematorio, José Luis, fue asegurado el viernes 27 de junio en las instalaciones de COESPRIS, en Pueblito Mexicano, y al día siguiente detenido, pero por el delito de resistencia de particulares, ya que presuntamente se mostró violento, aventó a un agente ministerial cuando se le cuestionó si “quemaba un cadáver y entregaba cuatro cenizas”.  

En la entrevista ministerial, el empresario José Luis A.C., de 37 años, dijo que es dueño del crematorio, el cual es un negocio familiar en el que empezó a participar en 2020 y tras la muerte de su padre, Luis Arturo Arellano Barnola, en 2023, se quedó a cargo.

José Luis también señaló que Facundo Teófilo lleva 40 años trabajando con esa familia y los últimos cinco años como encargado. Indicó que el crematorio daba servicio a las funerarias Luz Divina, Capillas Protecto, Latinoamericana y Amor Eterno.

El otro acusado, Facundo Teófilo, de 64 años, fue asegurado en su casa y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía para una entrevista ministerial, en la que refirió que en el crematorio no había agua, ni energía eléctrica, ni cámaras de refrigeración, tampoco gas, y dijo que estaba imposibilitado para usar el horno crematorio. También aseguró que todo estaba bien en el establecimiento, excepto que estaba un poco atrasado con el trabajo, primero afirmó que tenía como seis cuerpos pendientes, después que 80 y luego que 160.

Presuntamente, él también se mostró agresivo, insultó a los agentes investigadores y fue detenido por resistencia de particulares. Posteriormente, la Fiscalía obtuvo las órdenes de aprehensión y arrestos a ambos hombres.

La esposa del dueño del crematorio, Jesica Janeth Bone Montes, también fue entrevistada por el MP y dijo que José Luis estaba a cargo de contactar a las funerarias para el servicio de cremación, de recibir los cadáveres y de entregar las cenizas. Agregó que en varias ocasiones Facundo faltaba a trabajar, pero no lo podían despedir porque no era tan fácil encontrar a un trabajador con los conocimientos para laborar en un negocio de ese giro.

La mamá del empresario acusado, Rosa María Cuarón Rivera, también fue entrevistada en las instalaciones de la Fiscalía. Ella se identificó como propietaria del inmueble donde funcionaba el crematorio. Explicó que el negocio fue iniciado por su esposo, Luis Arturo Arellano Barnola, quien falleció hace dos años, y como ella tiene problemas de salud, su hijo José Luis lo administra y maneja desde hace dos años.

Casi al finalizar la exposición de datos de prueba, el fiscal citó un dictamen, una opinión técnica y mostró parte de una serie fotográfica tomada por la médico y perito de Servicios Periciales, Ana Lorena González Sánchez. La especialista determinó que el crematorio no estaba en condiciones de uso y señaló que debido al embalsamiento y los químicos usados no se puede establecer con precisión la data de muerte de los cadáveres, pero estimó que podrían tener más de un año en ese sitio.

Algunas de las fotografías mostradas por el representante social al juez correspondían a autorizaciones de cremación a nombre de la funeraria Luz Divina; tanques de gas en el interior; el yeso del techo cayéndose; y cuerpos amontonados que parecían carcomidos, mostrando un color negruzco, incluso con algunos con objetos encima, también restos de cadáveres en estado de descomposición, con gusanos.

Las imágenes fueron observadas por los acusados. José Luis mantuvo en todo momento la mirada fija en el agente del Ministerio Público que presentó la acusación.

Previo a que se formulara la acusación, una de los tres abogados que representó a los detenidos, Mara Aidée Ávila, le pidió al juez que no permitiera que se presentara imputación por el delito federal, al señalar que el juez que emitió la orden de aprehensión lo hizo solo respecto al delito del fuero común y se declaró incompetente por cuanto a la conducta delictiva contemplada en la Ley General de Salud.

El fiscal argumentó que ese era el momento procesal oportuno para dar a conocer el hecho delictivo y la clasificación jurídica tanto a los detenidos como al Tribunal de Control.

Al final, el juez Apolinar Juárez Castro consideró que la formulación de cargos es una facultad exclusiva del Ministerio Público, dijo que hay una conectividad delictiva y permitió que se presentaran cargos legales por ambos delitos.

Otra incidencia fue planteada al juez antes de la formulación, la intención del Ministerio Público de hacer privada la audiencia bajo los argumentos de que el informe forense debería permanecer en secrecía, la información podría causar un daño a las víctimas, en un futuro podrían configurarse otros delitos, que el hecho ha provocado una conmoción social y por un interés de obtener justicia.

Los abogados defensores dijeron que ellos estaban de acuerdo en que la diligencia fuera privada, pero por motivos diversos, como la protección de los datos de los acusados.

El juez concluyó que uno de los ejes rectores del sistema penal es la publicidad, que se imparta justicia de frente a la sociedad. También, expuso que un derecho de las víctimas es el acceso a la verdad, la publicidad no arriesga el proceso penal, y dijo que la comunidad tiene un alto interés en este tema, por lo que desechó la petición.

Martín Solís, productor de El Barzón e integrante de la contraloría ciudadana, explicó que, a diferencia de los títulos de concesión otorgados por Conagua para extraer agua al año, las miles de constancias de libre alumbramiento no transparentan en el REPDA cuánto volumen de agua se está extrayendo y el dueño puede perforar pozos donde quiera sin necesidad de dar aviso a la autoridad hídrica.

Después de una sequía muy fuerte en el norte, en 2013 los miembros de El Barzón viajaron en caravana de caballos y tractores de Ciudad Juárez a la Ciudad de México para pedir al Gobierno federal que se suspendiera esta figura que permitía perforar pozos y extraer agua sin control.

A inicios de 2013 se emitieron decretos presidenciales para suspender las constancias de libre alumbramiento en acuíferos sobreexplotados. El decreto dice que tenían 60 días para acudir a la Conagua a informar que tenían pozos para registrar las constancias, pero Conagua no verificó la existencia real de esos pozos y se siguió registrando en el REPDA hasta diciembre del 2024.

La empresa Agroindustrias BMV, del presunto prestanombres de Duarte, registró sus 125 constancias de un jalón en agosto de 2013, cuatro meses después del decreto.