Pero en todos los casos, los gobiernos, tanto el anterior como el actual, solicitan pruebas a un Gobierno extranjero, al tiempo que no prueban las propias para combatir no sólo la impunidad y la corrupción, sino demostrar, sin dejar duda, en el caso de los políticos que nada deben.
Fue el notorio caso de las instituciones financieras CIBanco, Vector e Intercam anunciado apenas el miércoles 25 de junio por el Departamento del Tesoro de la Unión Americana, que trastocó especialmente a los usuarios de las tres instituciones en un mar de incertidumbre, dado que fueron puestos en una lista negra en el vecino país, pero protegidos, de alguna manera con la indiferencia inicial del Gobierno de la República, de la Secretaría de Hacienda, de su Unidad de Inteligencia Financiera y, por supuesto y no menos importante, de la Fiscalía General de la República. Tales dependencias mexicanas, son las que tienen las facultades para investigar la información que el Departamento de Estado hizo pública y legal con las sanciones del FinCEN.
En el corto plazo no resultó un caso menor, y tanto la Presidenta como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cambiaron la postura. La segunda, tomó la decisión ante la incertidumbre para los usuarios de las tres instituciones financieras, de intervenirlas de forma gerencial, es decir, hacerse cargo de las operaciones administrativas, para dar certeza a quienes manejan cuentas bancarias, inversiones o transacciones en cualquiera de ellas, al tiempo que la mandataria nacional, calificó la medida como “pertinente”, dejando atrás el discurso de “no hay pruebas”.
De acuerdo al Departamento del Tesoro de la Unión Americana, CIBanco maneja un total de siete billones de dólares en activos, mientras que Intercam lo sitúan con 4 billones de dólares y Vector con operaciones y activos por 11 billones de dólares, en esa dimensión, puntualizaron en su comunicado, “En conjunto, desempeñaron un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo”.
Posterior a la declaratoria del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y al desdén del Gobierno de México al no contar con “pruebas” sobre los señalamientos de las tres instituciones financieras, la Fiscal General de la Unión Americana, declaró en una conferencia de prensa que México había sido adherido a la lista de países adversarios a los Estados Unidos, sus palabras textuales fueron: “No nos dejaremos intimidar y mantendremos a Estados Unidos a salvo gracias al liderazgo del Presidente Trump. No sólo frente a Irán, sino también frente a Rusia, China y México. Frente a cualquier adversario extranjero, ya sea que intente matarnos físicamente o mediante la sobredosis de nuestros hijos con drogas”.
La temeraria declaratoria de la Fiscal norteamericana Pam Bondi, contrasta con la ausente manifestación sobre el caso del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, o con la condescendiente actitud de la Secretaría de hacienda, desde donde junto con la presidencia solicitan que los Estados Unidos envíe las pruebas de su declaratoria y sanciones, para poder iniciar una indagación propia.
“Si hay pruebas de que hay lavado de dinero se actúa, administrativamente, incluso penalmente”, dijo la Presidenta Sheinbaum para asegurar que no va a “cubrir a nadie, no hay impunidad”, pero evidentemente y por los resultados en declaraciones posteriores, esa arenga presidencial no fue suficiente para las autoridades del vecino país, especialmente cuando la declaratoria del departamento del Tesoro tiene como uno de sus objetivos, hacer un llamado a no establecer acuerdos, negociaciones o relaciones comerciales o financieras con las empresas y las personas incluidas en la lista negra. La única reacción de México fue a través de la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, un órgano ciertamente público, pero desconcentrado del Gobierno federal. Donde también reaccionaron fue en las agencias privadas, como las casas certificadoras de valor crediticio, que han puesto notas negativas a las tres instituciones financieras por la incertidumbre que generan en los derechos de sus usuarios, los ahorros de los mismos, hecho por el cual la CNVB tomó la administración gerencial, Edgar Zamora, Secretario de Hacienda, lo había dicho así: "Hubo problemas de financiamiento en estas tres empresas. Es muy importante mencionarlo, en su conjunto no representan ni el uno por ciento de los depósitos del sistema bancario. Son bancos de escala pequeña… (pero) no quisimos tomar riesgos, lo importante es proteger a los ahorradores, proteger a la integridad del sistema financiero y con estas medidas, con esta intervención temporal se restituyeron las condiciones de confianza”.
El tema con México, especialmente con la Administración federal, cuando se trata de acusaciones en otros países, con frecuencia en especial y dada la cercanía de los Estados Unidos, no existe un tema de convivencia y coordinación vecinal internacional. Por lo menos en cuatro casos, dos recientes ya en el sexenio de la doctora Sheinbaum, dos durante el anterior Gobierno que encabezó López Obrador, la primera reacción oficial mexicana ha sido desestimar la información del vecino país, no investigar en territorio nacional, y con ello, mantener la impunidad ante la presunción de delitos.
Así sucedió en dos visibles casos de la Administración anterior, la aprehensión en octubre de 2020 en el aeropuerto de Los Ángeles, California, del general Salvador Cienfuegos, por presuntas ligas, conspiración y colaboración con organizaciones criminales mexicanas En el tiempo en que el general fue Secretario de la Defensa Nacional en el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto. Bajo amenazas y advertencias públicas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador logró que el Gobierno de los Estados Unidos, al cual había tachado de actuar indebidamente al no informarle de la investigación sobre el militar, lo liberara, aun con el compromiso de hacer una investigación en México. Para la FGR las documentales aportadas, en este casi sí, por el Gobierno vecino, no fueron suficientes y no probaron la comisión de delitos, por lo que sólo tres meses después, decidieron no ejercer la acción penal contra el extitular castrense.
Unos años más tarde pero aún en la Administración de López Obrador, en julio de 2024 y también en un aeropuerto, pero este en Nuevo México y de pista privada, fue detenido por elementos de seguridad de la Unión Americana, el inatrapable e impune en México por cinco décadas, Ismael Zambada García. Pero la Presidencia de México no celebró la captura del capo, exigió información sobre el operativo de captura y de hecho la FGR inició una investigación contra Joaquín Guzmán López, por traición a la Patria, dado que él fue quien “secuestró” y entregó a Zambada con los estadounidenses.
Esa misma práctica, de exigir investigaciones ajenas en lugar de iniciar las propias, la ha continuado la Presidenta Claudia Sheinbaum. No sólo siguió, y de hecho continúa, solicitando información sobre la captura de Zambada García al Gobierno de los Estados Unidos, sino en dos casos que a ella le han tocado, ha actuado de igual forma. El 10 de mayo de 2025, la Gobernadora de Baja California, la morenista Marina Ávila Olmeda, dio conocer posterior a una publicación de su esposo Carlos Torres en redes sociales, que el Gobierno de los Estados Unidos le había retirado la visa de turista para entrar a ese país. Pero a pesar que fue un hecho que nunca antes había sucedido en México, la Presidenta lo minimizó, como también dejó pasar el tema de que el investigado, en dos países, es el esposo y el cuñado de la Gobernadora bajacaliforniana, una indagación que, de hecho, está en la FGR por huachicol, y de la cual no sólo el Fiscal Gertz tiene conocimiento, también el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Y tan reciente como el 25 de junio, la determinación de las sanciones del Departamento de Estado de la Unión Americana sobre la participación de las tres instituciones financieras en el lavado de dinero de los cárteles y la adquisición de precursores para la elaboración de fentanilo.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
