FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: J. ARTURO GARCÍA.
El caso de Hilda, asegura Alma Beltrán y Puga, coordinadora jurídica del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), será un parte aguas para la justicia de San Luis Potosí por las irregularidades e inconsistencias en las acusaciones por el aborto que supuestamente se provocó la joven potosina a la edad de 18 años.
El próximo viernes 2 de agosto, las abogadas de GIRE acudirán a la Quinta Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí para la primera audiencia tras la apelación por la sentencia condenatoria emitida por el juez Miguel Ángel Ramiro Díaz, quien dictó a Hilda un año de cárcel por el delito de aborto.
“Este caso es emblemático porque también refleja un patrón de violaciones a los derechos reproductivos y de criminalización de las mujeres, que hemos estado notando: las mujeres embarazadas que acuden a los servicios de salud pública con complicaciones, son acusadas y enviadas al Ministerio Público, antes de averiguar el motivo de la complicación que produjo el aborto, como lo exige el Código Penal”, explica Alma Beltrán.
A pesar de la poca claridad en el proceso iniciado en 2009, fecha en que abortó Hilda tras sufrir una hemorragia, las integrantes de la asociación esperan que el Tribunal revise con imparcialidad la sentencia contra Hilda con el objetivo de que se le dicte un auto de libertad “para que ya no tenga que acudir a firmar al juzgado cada mes”.
AUTOR: J. ARTURO GARCÍA.
El caso de Hilda, asegura Alma Beltrán y Puga, coordinadora jurídica del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), será un parte aguas para la justicia de San Luis Potosí por las irregularidades e inconsistencias en las acusaciones por el aborto que supuestamente se provocó la joven potosina a la edad de 18 años.
El próximo viernes 2 de agosto, las abogadas de GIRE acudirán a la Quinta Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí para la primera audiencia tras la apelación por la sentencia condenatoria emitida por el juez Miguel Ángel Ramiro Díaz, quien dictó a Hilda un año de cárcel por el delito de aborto.
“Este caso es emblemático porque también refleja un patrón de violaciones a los derechos reproductivos y de criminalización de las mujeres, que hemos estado notando: las mujeres embarazadas que acuden a los servicios de salud pública con complicaciones, son acusadas y enviadas al Ministerio Público, antes de averiguar el motivo de la complicación que produjo el aborto, como lo exige el Código Penal”, explica Alma Beltrán.
A pesar de la poca claridad en el proceso iniciado en 2009, fecha en que abortó Hilda tras sufrir una hemorragia, las integrantes de la asociación esperan que el Tribunal revise con imparcialidad la sentencia contra Hilda con el objetivo de que se le dicte un auto de libertad “para que ya no tenga que acudir a firmar al juzgado cada mes”.
