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Diputado Héctor Yunes amenaza e insulta a secretario de finanzas en el Congreso de Veracruz

El incidente se desató cuando el funcionario respondió a cuestionamientos de la diputada panista Indira Rosales sobre el seguro para desastres naturales.

El diputado local del PRI, Héctor Yunes Landa, protagonizó un violento altercado durante la comparecencia del secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, en el marco de la glosa del sexto informe de gobierno del gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 

El incidente se desató cuando el funcionario respondió a cuestionamientos de la diputada panista Indira Rosales sobre el seguro para desastres naturales. Reyes Hernández señaló que la legisladora “no entendía” el tema y le sugirió consultar a sus asesores. Yunes Landa interpretó la respuesta como una falta de respeto y se levantó de su curul para confrontar directamente al secretario, gritándole “¡Cobarde!” y exigiendo respeto hacia las mujeres de la oposición.

Tras abandonar el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada”, el diputado encaró a un joven asesor legislativo al que acusó de tomarle fotografías para provocarlo. En videos que se viralizaron en redes sociales, se escucha claramente a Yunes Landa empujar y amenazar al trabajador con las palabras: “Te voy a romper la madre” y “¿Quieres que te parta la madre aquí?”. 

La presidenta de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, Tanya Carola Viveros Cházaro (Morena), pidió calma y respeto al formato de la comparecencia, sin que ello lograra contener al legislador. 

No es la primera vez que Yunes Landa se ve involucrado en episodios polémicos en el recinto legislativo. En febrero de 2025 protagonizó otro enfrentamiento con la diputada Viveros Cházaro por cuestiones de protocolo durante la entonación del Himno Nacional, y en sesiones previas de la glosa había sido blanco de gritos de “¡Cobarde!” por parte de presuntos simpatizantes de Morena.


FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

En Congreso morelense, 15 diputados incumplen con su declaración patrimonial: Morelos Rinde Cuentas

Roberto Salinas, director del centro de investigación, informó que, tras un ejercicio de revisión en la Plataforma Nacional de Transparencia, destinado a conocer si los integrantes de la 56 Legislatura habían publicado su declaración patrimonial, se encontraron con un alto nivel de incumplimiento.

A un año y dos meses de asumir sus cargos, 15 de 20 diputados del Congreso de Morelos mantienen oculta su declaración patrimonial inicial, incumpliendo la Ley de Transparencia y, además, podrían estar vulnerando la Ley de Responsabilidades Administrativas. 

Roberto Salinas, director del centro de investigación Morelos Rinde Cuentas, informó que, tras un ejercicio de revisión en la Plataforma Nacional de Transparencia, destinado a conocer si los integrantes de la 56 Legislatura habían publicado su declaración patrimonial, se encontraron con un alto nivel de incumplimiento.

“Son 15 de 20 diputadas y diputados los que no han publicado nada a pesar de ser sujetos obligados”, indicó. 

De acuerdo con la Ley General de Transparencia, en su Artículo 23, todos los congresos del país están obligados a hacer pública su información. En el ámbito estatal, las leyes locales retoman lo establecido en el Artículo 70, que determina qué datos deben estar disponibles para cualquier persona, incluyendo información sobre las y los servidores públicos y el monto de sus percepciones. 

A ello se suma lo dispuesto por el Artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, que ordena a los sujetos obligados —entre ellos el Congreso local— poner a disposición del público toda su información de transparencia en la Plataforma Electrónica del IMIPE y mantenerla actualizada sin necesidad de una solicitud.  

Además, la fracción XII del Reglamento de Transparencia del Estado establece la obligación de publicar la versión pública de las declaraciones de intereses y de situación patrimonial de las y los servidores públicos, tal como lo manda la Constitución estatal. 

La propia Ley de Responsabilidades Administrativas, en su Artículo 34, ordena que todos los servidores públicos presenten declaraciones patrimoniales y de intereses bajo protesta de decir verdad; el Artículo 35 fija los plazos obligatorios para la declaración inicial, la declaración de modificación y la de conclusión del encargo. 

Salinas explicó que únicamente cinco integrantes del Congreso tienen disponible su declaración de inicio. “Dos de ellas, porque están repitiendo como legisladoras, ya tenían publicada la de inicio: Andrea Gordillo y Tania Valentina”, precisó.  

Agregó que otros tres legisladores cumplen con esta obligación, mientras que el resto mantiene la información sin publicar. “Es lamentable que quince legisladores no tengan publicada la información”, señaló. 

Coordinadores parlamentarios en incumplimiento

Encabezan el incumplimiento los coordinadores de grupos y fracciones parlamentarias, así como el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos:
  • Daniel Martínez Terrazas (PAN, Distrito I).
  • Rafael Reyes Reyes (Morena, Distrito VI). 
  • Luis Eduardo Pedrero González (PVEM, plurinominal). 
  • Luz Dary Quevedo Maldonado (Movimiento Cuidando por la Vida, plurinominal). 
  • Ruth Cleotilde Rodríguez López (Panal, plurinominal).
  • Isaac Pimentel Mejía, presidente de la Mesa Directiva (Morena, plurinominal).
Legisladoras y legisladores que no cumplen por partido: 

Morena:
  • Sergio Omar Livera Chavarría (Distrito III).
  • Guillermina Maya Rendón (Distrito IV).
  • Jazmín Juana Solano López (Distrito V). 
  • Nayla Carolina Ruiz Rodríguez (Distrito VII). 
  • Martha Melissa Montes de Oca Montoya (Distrito XII). 
  • Brenda Espinoza López (plurinominal).
PAN:
  • Gerardo Abarca Peña (plurinominal).
  • Francisco Érick Sánchez Zavala (Distrito X).
PT:
  • Alberto Sánchez Ortega (Distrito VIII) 
Legisladoras y legisladores que sí cumplieron:

Morelos Rinde Cuentas identificó que solo cinco diputados tienen publicada su declaración patrimonial; en dos casos, los documentos no están actualizados:
  • Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega (PAN, Distrito II), declaración de 2021. 
  • Alfredo Domínguez Mandujano (Morena, Distrito IX). 
  • Alfonso de Jesús Sotelo Martínez (Morena, Distrito XI). 
  • Gonzala Eleonor Martínez Gómez (PT, plurinominal). 
  • Tania Valentina Rodríguez Ruiz (PT), declaración de 2018.
En el caso de Andrea Valentina Gordillo y Tania Valentina Rodríguez, la información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia muestra que no han actualizado su declaración de modificación patrimonial, pues la última entregada corresponde a años anteriores. Esto podría constituir un incumplimiento del Artículo 35, inciso b, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos, que obliga a presentar la declaración de modificación cada mes de mayo.

Falta de compromiso institucional

Salinas advirtió que este patrón de incumplimiento se replica en el propio Congreso como institución. “Nos preocupa que el Congreso sea una de las instituciones que menos cumple con la publicación de la información; sobre todo cuando se trata de temas financieros, no les gusta transparentar”, afirmó. 

Agregó que los resultados evidencian una falta de compromiso con la rendición de cuentas. “Esto confirma que no hay realmente un compromiso en cumplir la ley… Es relevante que a quienes legislan no les interesa transparentar”, dijo. 

Finalmente, subrayó que la ausencia de declaraciones patrimoniales “es una alerta sobre legisladores que no cumplen con la ley y que no muestran disposición para transparentar su información”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Morena propone crear comisión en Congreso de la CDMX para investigar marcha de la Generación Z

La bancada del oficialismo sostuvo que la agresión contra policías y la destrucción de mobiliario público no fue espontánea, sino resultado de una estrategia articulada con fines políticos. Al mismo tiempo, evitó mencionar el registro de ciudadanos y periodistas heridos durante la concentración.

El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México se alineó con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y presentó un punto de acuerdo para crear una comisión especial que investigue el origen, financiamiento y coordinación de los grupos que participaron en los actos de violencia registrados durante la manifestación del 15 de noviembre en el Zócalo capitalino.  

La bancada del oficialismo sostuvo que la agresión contra policías y la destrucción de mobiliario público no fue espontánea, sino resultado de una estrategia articulada con fines políticos. Al mismo tiempo, evitó mencionar el registro de ciudadanos y periodistas heridos durante la concentración, aun cuando el propio Gobierno de Brugada reportó una cifra de 20 manifestantes con “heridas menores”.

El documento fue presentado por el diputado Paulo García y, al igual que el discurso de la dirigente capitalina, argumentó que existieron convocatorias previas en redes sociales para derribar vallas y atacar instalaciones federales.  

El legislador atribuyó estas acciones a grupos vinculados a sectores conservadores que supuestamente tuvieron el objetivo de generar imágenes que muestren una respuesta represiva por parte del Gobierno capitalino. 

Aunque las autoridades ya informaron sobre la apertura de carpetas de investigación contra los manifestantes detenidos, el punto de acuerdo exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a realizar indagatorias sobre los agresores materiales y sobre posibles operadores políticos o financieros detrás de los grupos de choque.  

El punto de acuerdo también solicita investigar presuntas presiones hacia comerciantes y funcionarios de las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc para asistir a la marcha. Ambas demarcaciones son encabezadas por los opositores Mauricia Tabe y Alessandra Rojo de la Vega, respectivamente.  

Los diputados morenistas apuntaron que en redes sociales se difundieron denuncias sobre posibles actos de coacción para incrementar artificialmente la participación. 

Como parte de la propuesta, la bancada guinda planteó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) conforme una comisión especial que dé seguimiento a las investigaciones sobre los hechos y sobre sus presuntos operadores políticos.  

Además, llamó a los grupos parlamentarios del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano a condenar públicamente la violencia registrada y a deslindarse de cualquier vínculo con los grupos que participaron en las agresiones.  

Una vez más, como lo dijo la jefa de Gobierno, el punto de acuerdo señaló que la ausencia de un posicionamiento claro podría interpretarse como falta de distancia con respecto a los hechos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.

Colectivo Cuernavaca rechaza reformas electorales impulsadas por el PAN y avaladas por Morena

Una de las principales preocupaciones del colectivo es la ampliación del número de curules en el Congreso local de 20 a 30, lo cual, aseguraron, contradice el proyecto de reforma federal impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum que propone reducir el número de diputaciones en la Cámara de Diputados.

Integrantes del Colectivo Cuernavaca, conformado principalmente por personas fundadoras y militancia de base de Morena, manifestaron su rechazo a las reformas en materia electoral aprobadas recientemente por el Congreso local, al considerar que vulneran principios de igualdad sustantiva y representan un retroceso democrático.   

En conferencia de prensa- ofrecido en Zócalo de Cuernavaca-, el vocero del colectivo, Francisco Radilla Corona, criticó que las y los legisladores de Morena hayan respaldado una iniciativa promovida por el Partido Acción Nacional (PAN) que, a su juicio, responde a intereses personales de un grupo político y no a una auténtica reforma democrática.
“Esta expresión ciudadana manifiesta públicamente su desaprobación y desacuerdo con la decisión de las y los legisladores del grupo parlamentario de Morena de respaldar con su voto la aprobación de las iniciativas de ley que en materia electoral fueron presentadas por el PAN, que claramente atentan contra la igualdad sustantiva plasmada en la Constitución”, expresó Radilla Corona. 
Una de las principales preocupaciones del colectivo es la ampliación del número de curules en el Congreso local de 20 a 30, lo cual, aseguraron, contradice el proyecto de reforma federal impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum que propone reducir el número de diputaciones en la Cámara de Diputados y en el Senado.

“Ampliar de 20 a 30 curules el Congreso local es un claro retroceso. Va en sentido contrario de la reforma electoral que a nivel federal impulsa la presidenta de la república”, sostuvo el vocero. 

El colectivo también advirtió que el grupo parlamentario de Morena en la LVI Legislatura actuó “de manera ingenua e irresponsable”, al abrir la puerta —según señalaron— a que el PAN pueda controlar el presupuesto de egresos del estado en 2028.

Además, denunciaron que las reformas se han utilizado como moneda de cambio para la extinción de órganos autónomos como el Instituto Morelense de la Mujer, y advirtieron que lo mismo podría ocurrir con el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE). 
“La utilización de esas reformas como moneda de cambio… pone en evidencia la actuación bajo consigna, el bajo nivel parlamentario y el interés acomodaticio de las y los legisladores de Morena”, agregó Radilla. 
Aunque reconocieron que algunos funcionarios de dichos órganos han incurrido en abusos en el manejo de recursos públicos, insistieron en que la solución no es su desaparición.

“Ante la ausencia de mecanismos claros de control y rendición de cuentas se autoasignan sueldos, prestaciones y haberes de retiro millonarios que los ha convertido en una especie de casta dorada del servicio público… eso no se puede seguir tolerando”, puntualizó. 

Finalmente, Radilla Corona anunció que el colectivo buscará establecer contacto con organizaciones feministas y de la sociedad civil organizada para analizar la posibilidad de promover un juicio de amparo en contra de las reformas. 

“Queremos dejar en claro que ante las reformas electorales retrógradas que recientemente han sido aprobadas, esta organización ciudadana buscará contactar con grupos feministas y otras expresiones de la sociedad civil organizada para analizar la posibilidad de recurrir al juicio de amparo… a fin de garantizar la salvaguarda de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución”, concluyó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Congreso de Tamaulipas tipifica como delito las “terapias de conversión”; impone penas de 2 a 6 años de prisión

De esta manera Tamaulipas se convierte en la entidad número 21 en prohibir las llamadas terapias de conversión. Las personas que promuevan o realicen estas prácticas serán sancionadas con prisión y multas.

El Congreso de Tamaulipas aprobó reformas que tipifican como delito las llamadas “terapias de conversión“e impuso penas de dos a seis años de prisión contra las personas que las promuevan o apliquen. 

Las reformas fueron aprobadas por unanimidad en la sesión ordinaria del martes y consisten en la adhesión del Capítulo IV al Título Duodécimo del Código Penal de Tamaulipas en el que se tipifica como delito cualquier práctica que atente contra la orientación sexual, identidad o expresión de género de las personas. 

A esto se agregó el artículo 276 Octies, que impone penas de dos a seis años de prisión y multas de hasta 2 mil UMAs (el equivalente a 226 mil 280 pesos) a quien imparta, obligue, financie o aplique terapias de conversión. 

La sanción aumentará hasta una mitad del mínimo o máximo impuesto cuando estas prácticas se realicen contra personas menores de edad, con discapacidad, adultos mayores o en contextos de poder o subordinación, como el ámbito familiar, médico o laboral.

La acción legislativa fue impulsada por la diputada morenista, Guillermina Magaly Deandar Robinson, quien aseguró que se llevaron a cabo consultas públicas con colectivos LGBT+, personas con discapacidad y profesionales en psicología para elaborar el dictamen.

De esta manera Tamaulipas se convierte en la entidad número 21 en prohibir las “terapias de conversión”. Hasta ahora los estados que han legislado para prohibir y sancionar este tipo de tortura son:
  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Chiapas
  • Colima
  • Ciudad de México
  • Guerrero
  • Hidalgo
  • Jalisco
  • México
  • Morelos
  • Nuevo León
  • Oaxaca
  • Puebla
  • Querétaro
  • Quintana Roo
  • Sinaloa
  • Sonora
  • Tamaulipas 
  • Tlaxcala
  • Yucatán
  • Zacatecas
Mientras que en los 11 estados restantes ya se han presentado iniciativas en los congresos locales sobre el tema. 

Además, esta práctica se encuentra prohibida a nivel nacional. A partir del 7 de junio de 2024 entraron en vigor las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud para prohibir las “terapias de conversión” y sancionar con dos a seis años de prisión a quienes las realicen, obliguen o financien.

La sanción aumentará al doble cuando dichas prácticas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad. Lo mismo pasará cuando la persona autora guarde una relación laboral con la afectada y cuando haga uso de violencia física o de la función pública para cometer el delito.

¿Qué son las “terapias de conversión”?

Las “terapias de conversión” son intervenciones que se realizan con el objetivo de cambiar a las personas gays, lesbianas o bisexuales a heterosexuales y de transgénero o género diverso a cisgénero.

El término “terapia” proviene del griego y se refiere a “curación”. No obstante, las llamadas “terapias de conversión” son todo lo contrario, pues sin sustento científico parten de que la orientación sexual y la identidad de género son enfermedades.

Por eso es preferible llamarles Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), porque al usar la palabra “terapia” se les valida como tal cuando no lo son. Además, el término es inexacto, ya que estas prácticas no pertenecen a la medicina o la psicología, es decir, no son terapéuticas, según la guía Nada que curar.

Se trata sólo de “esfuerzos” que intentan modificar algo que la ciencia ha demostrado que no se puede cambiar mediante supuestos enfoques psicológicos, médicos y religiosos.

De acuerdo con la ONU, estas prácticas son “inherentemente discriminatorias, crueles, inhumanas y degradantes y que, según el grado de dolor físico o mental infligido a la víctima, pueden equivaler a formas de tortura”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Morena y aliados aprueban la reforma judicial en 24 congresos estatales; Querétaro y Jalisco la rechazan

La reforma judicial logró obtener las 17 aprobaciones necesarias en Congresos locales para poder emitir la declaratoria de constitucionalidad. Querétaro y Jalisco son los únicos estados que la han rechazado.

La reforma judicial, aprobada por el Senado de la República, llegó a los Congresos estatales y ya fue aprobada en 24 de estos: Oaxaca, Tlaxcala, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Nayarit, Yucatán, Baja California, Baja California Sur, Colima, Morelos, Durango, Puebla, Campeche, Sinaloa, Guerrero, Zacatecas, Tamaulipas, Ciudad de México, Estado de México, Sonora, San Luis Potosí, Chiapas y Michoacán.

Esto ocurrió a menos de dos días de que Morena consiguiera el voto que les faltaba para la mayoría calificada, 86 de 128 legisladores, y se aprobara la reforma.

Tras protestas, diputados de BC sesionan por Zoom y aprueban reforma judicial

Luego de una intensa jornada de protestas que llegaron a la agresión física con policías estatales, y bajo la cuestionable premisa de que hubo daños en el equipo técnico de las instalaciones del Poder Legislativo, diputados del Congreso del Estado, sesionaron vía remota para aprobar la reforma constitucional al Poder Judicial, la cual se encuentra en un proceso de ratificación por parte de las 32 entidades del país.

La sesión programada para las 2 de la tarde se vio suspendida luego de la irrupción violenta de un grupo de manifestantes que conforman la planilla laboral del Poder Judicial Federal, quienes sostuvieron un enfrentamiento con policías estatales que resguardaban el lugar.

Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo y Veracruz aprueban reforma al Poder Judicial de AMLO

Después de que el Senado de la República sacara adelante la Reforma Judicial, algunos congresos locales empezaron a analizar y someter a votación los cambios que contiene la reforma constitucional que planteó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los congresos de Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo y Veracruz aprobaron este miércoles la reforma al Poder Judicial, por lo que se convirtieron en los primeros estados del país en dar luz verde a la iniciativa que propone la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular.