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Mujeres representan 70% en el sector salud, pero solo una cuarta parte ocupa puestos de liderazgo

Las mujeres constituyen la mayoría de la fuerza laboral en el ámbito sanitario, sin embargo los espacios de toma de decisiones siguen estando dominados por hombres; a nivel global, las profesionales de la salud representan el 70 por ciento del personal sanitario y social, pero solo ocupan el 25 por ciento de los puestos de liderazgo, tanto en funciones asistenciales como de gestión.

Esto fue revelado en el informe El liderazgo de las mujeres en la salud de las Américas: por una gobernanza sanitaria paritaria e inclusiva, elaborado por la Task Force Interamericana sobre Liderazgo de las Mujeres.

Hay que recordar que históricamente las mujeres han sido relegadas de los espacios de toma de decisiones, entre ellos, el sector de salud. De acuerdo con el reporte, Entre 2018 y 2022 el número de ministras de sanidad, encargadas de dirigir y coordinar las políticas y acciones relacionadas con la salud pública disminuyó del 31% al 25% a nivel mundial y la proporción de delegaciones de la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) dirigidas por mujeres bajó del 27% al 23%.

Las áreas donde predomina el personal femenino suelen estar vinculadas al cuidado, con funciones que históricamente han sido feminizadas. A nivel mundial, las mujeres representan el 90% de la fuerza laboral en enfermería y obstetricia, pero son minoría en especialidades como la cirugía. Estas ocupaciones, generalmente de menor jerarquía y peor remuneradas, están marcadas por estereotipos de género que limitan el acceso de las mujeres a puestos mejor valorados.

Esta desigualdad también se refleja en la distribución del personal entre instituciones públicas y privadas. Mientras los hombres acceden con mayor frecuencia a empleos mejor remunerados en el sector privado, como los de médicos (49.2 %), las mujeres predominan en ocupaciones peor pagadas, como el cuidado personal, también dentro del sector privado (81.8 %).

Los espacios asignados socialmente a las mujeres suelen ofrecer salarios más bajos en comparación con aquellos dominados por hombres, o incluso carecen de retribución. Además, presentan peores condiciones laborales y menor acceso a protección social, como pensiones o servicios de salud, lo que impide a muchas mujeres alcanzar una vida plena y digna.

Por otro lado, el 83% de las delegaciones ante la samblea Mundial de la Salud, en las últimas siete décadas estuvieron compuestas por una mayoría de hombres, y ninguna tuvo más de un 30% de mujeres como Delegadas Jefe. Según sitios oficiales de gobiernos de 32 países de América Latina y el Caribe, a mayo del 2024 solo el 31% tenía mujeres como máxima autoridad en los ministerios de salud. 

En América Latina y el Caribe, la brecha salarial es persistente: en 2019, por cada dólar que percibieron los hombres, las mujeres ganaron apenas 58 centavos. En el sector salud y asistencial, la diferencia salarial bruta entre hombres y mujeres ronda los 20 puntos porcentuales, cifra que aumenta a 24 puntos al considerar factores como la edad, el nivel educativo y el tiempo de trabajo.

Esta brecha salarial no responde a supuestas diferencias en las características o capacidades entre hombres y mujeres, indica el informe, sino que obedece a factores como la segregación ocupacional por género, la baja representación de mujeres en los puestos mejor remunerados, la alta proporción de mujeres en trabajos de medio tiempo y la persistente “penalización por maternidad”.

Asimismo, es importante señalar que muchas mujeres se ven obligadas a aceptar empleos de tiempo parcial debido a la división sexual del trabajo, que históricamente les ha asignado las tareas de cuidado. Estas tareas incluyen actividades cotidianas de gestión y sostenimiento de la vida: cuidado en salud, del hogar, de personas dependientes y del propio autocuidado.

Datos de 16 países de América Latina y el Caribe muestran que entre el 12% y el 25% del tiempo de las mujeres se destina al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, mientras que en el caso de los hombres ese rango se sitúa entre el 3 % y el 13 %. En promedio, las mujeres dedican entre 22.1 y 42.8 horas semanales a estas labores, frente a las 6.7 y 19.8 horas que destinan los hombres

Acoso sexual y laboral

Las mujeres que trabajan en el ámbito sanitario no están exentas de enfrentar acoso sexual, lo que genera consecuencias negativas para su salud física y mental. Esta situación se agrava cuando el género se cruza con otras condiciones de desigualdad, como en el caso de jóvenes becarias, mujeres migrantes y mujeres de poblaciones históricamente discriminadas. La segregación laboral que relega a las mujeres a puestos de menor jerarquía e ingresos también incrementa el riesgo de sufrir violencia.

En México, el 26% del personal de enfermería reportó haber sufrido acoso sexual, y una de cada tres víctimas señaló repercusiones en su salud mental y emocional. En estos casos, los factores asociados fueron: tener una edad mayor al promedio, no tener pareja y contar con menor escolaridad. Cabe destacar que, aunque la investigación incluyó a hombres, solo las mujeres reportaron haber sido víctimas de acoso.

Además, en muchos entornos laborales, las trabajadoras sanitarias no cuentan con mecanismos eficaces para denunciar abusos cometidos por colegas varones de alto rango sin temor a represalias. A esto se suma el miedo a la estigmatización, la exposición pública, la vergüenza e incluso el enjuiciamiento, lo que desalienta a muchas víctimas de violencia sexual a levantar la voz.

“Era un tema complicado porque, a pesar de que había denuncias, no sabían cómo darles seguimiento. En las personas encargadas de resolver los casos ni siquiera había perspectiva de género, y no estoy hablando sólo de acoso sexual, también había hostigamiento laboral, que a veces se empalman”.

Quienes ocupan cargos de liderazgo también se enfrentan a diversas formas de violencia y acoso, como insultos, amenazas, difusión de noticias falsas y campañas de desprestigio. Estas agresiones buscan provocar que las víctimas abandonen sus empleos, vean truncadas sus oportunidades de ascenso o incluso deserten de sus trayectorias profesionales.

¿La falta de liderazgo de mujeres en el sector salud cómo nos impacta?

Los estigmas que cuestionan la capacidad de las mujeres para liderar, sumados a las brechas salariales y el acoso que enfrentan en sus espacios laborales, provocan que muchas se vean forzadas a desertar de sus carreras profesionales. Esta exclusión repercute en la ausencia de mujeres en puestos de toma de decisiones, lo que a su vez genera una falta de inclusión de sus perspectivas y necesidades en la formulación de políticas públicas, en las investigaciones científicas, en los tratamientos médicos y en el desarrollo de medicamentos.

El informe destaca que, históricamente, numerosos estudios clínicos han excluido a las mujeres como sujetos de prueba. Un ejemplo alarmante ocurrió entre 1997 y 2000, cuando el 80% de los medicamentos retirados del mercado en Estados Unidos lo fueron debido a efectos adversos en mujeres, quienes no habían sido incluidas en los ensayos clínicos que evaluaban su seguridad y eficacia.

Contrario a lo que se podría esperar, la inversión en investigaciones centradas en la salud femenina no ha aumentado significativamente en las últimas décadas. Veinte años después de aquel episodio, apenas el 1% de los recursos destinados a investigación e innovación sanitaria se invirtió en afecciones específicas de las mujeres fuera del campo de la oncología. Esta desatención ha contribuido a una peor calidad en la atención médica para las mujeres, lo que se traduce en un mayor riesgo de enfermedad y muerte.

Recomendaciones

Como primera instancia para asegurar participación igualitaria en la toma de decisiones se propone garantizar la paridad en todos los niveles del sistema de salud, desde hospitales hasta ministerios, con normativas que aseguren igualdad laboral, protección ante el embarazo y licencias equitativas. También se sugiere incorporar procesos de selección sin sesgos y mecanismos de denuncia seguros ante violencia y discriminación.

En cuanto a la educación, se plantea integrar la perspectiva de género en la formación profesional, fortalecer el liderazgo femenino, promover programas de mentoría, y eliminar barreras como los topes de edad y la falta de accesibilidad lingüística en la capacitación.

Para visibilizar y erradicar las desigualdades e incidir en la agenda pública se solicita impulsar la producción de datos desagregados por género e interseccionalidad, así como la difusión de investigaciones sobre brechas salariales, violencia laboral y salud mental de las lideresas. 

Por otro lado, en el informe se propone la creación de sistemas integrales de cuidados que alivien la carga sobre las mujeres, profesionalizar ese trabajo y fomentar políticas laborales flexibles que permitan conciliar la vida personal y profesional.

Finalmente, pidieron presupuestos con enfoque de género, inclusión de comadronas y saberes tradicionales, inversión en infraestructura y participación activa de las mujeres en puestos de liderazgo.

FUENTE: CIMAC NOTICIAS.
AUTOR: PAOLA PIÑA.

Más denuncias salen del interior del TFJA: hostigamiento, despidos, acoso laboral...

A pesar de su relevancia en la resolución de controversias entre particulares y la administración pública —incluidas aquellas que involucran grandes cantidades de recursos públicos—, el TFJA ha sido señalado por operar bajo lógicas de opacidad, violencia contra los trabajadores, hostigamiento laboral y protección interna a sus magistrados.

En el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), órgano que no fue incluido en la reciente Reforma al Poder Judicial al depender del Ejecutivo federal, siguen acumulándose denuncias de irregularidades, hostigamiento, violencia laboral y despidos, prácticas cuestionables dentro de esa institución que está encargada de resolver litigios millonarios en materia administrativa y fiscal.

A pesar de su relevancia en la resolución de controversias entre particulares y la administración pública —incluidas aquellas que involucran grandes cantidades de recursos públicos—, el TFJA ha sido señalado por operar bajo lógicas de opacidad , violencia contra los trabajadores, hostigamiento laboral y protección interna a sus magistrados.

En SinEmbargo se le ha dado seguimiento a diversas denuncias internas por violencia, amenazas, hostigamiento laboral y prácticas ilegales como la reducción de salario y el obligar al personal a presentar su renuncia. Estas situaciones son parte de la realidad que se ha instalado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Ahora dos denuncias más se agregan a la serie de señalamientos en dicho Tribunal, éstas involucran o señalan a dos magistrados, Jorge Octavio Gutiérrez Vargas y Gerardo Brizuela Gaytán, por presuntas irregularidades en la adscripción de plazas y manejo administrativo por parte de Gutiérrez Vargas, así como actos de violencia laboral, hostigamiento y despido presuntamente injustificado hacia una trabajadora por parte de Brizuela Gaitán.

Una fuente cercana a los casos explicó que la Junta de Gobierno, quien se encarga de dar seguimiento y resolución a las denuncias, mantiene un patrón de conducta que tiende a dejar en el olvido los casos, pues asegura que una vez que se presenta una queja en contra de un Magistrado o por actos de corrupción, le inician un procedimiento de responsabilidad a quien presenta la denuncia.

Desde el pasado 2 de julio, SinEmbargo consignó una denuncia que daba cuenta cómo la Junta de Gobierno y Administración de este Tribunal, que encabeza Guillermo Valls Esponda, ha hecho caso omiso a las denuncias por violencia y amenazas y por otras prácticas que violan el propio “Protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia laboral en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa”.

Guillermo Valls Esponda trabajó en la Procuraduría General de la República (SAT) de Felipe Calderón Hinojosa y en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Enrique Peña Nieto. Como él, hay otros magistrados que fueron nombrados por Calderón y Enrique Peña Nieto, como Víctor Orduña, consejero de Diego Fernández de Cevallos; Rafael Estrada Sámano, amigo de Calderón así como el exsenador Carlos Chaurand Arzate, allegado a Manlio Fabio Beltrones, y la Magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, propuesta por Calderón en 2012.


Irregularidades en adscripción de plazas

Un nuevo caso documenta una denuncia presentada el 31 de enero de 2025 a través del portal de la Secretaría de la Función Pública, dirigida a la Dirección de Denuncias y Atención Ciudadana de la Dirección General de Investigación de la Unidad de Combate a la Impunidad y compartida. En ésta se acusan posibles actos de responsabilidad administrativa cometidos por el Magistrado Jorge Octavio Gutiérrez Vargas, titular de la Segunda Ponencia de la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), a quien se le acusa de un manejo irregular en una plaza que está pendiente por una prejubilación.

La denuncia señala que el Magistrado Gutiérrez Vargas, usando su posición como integrante de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal, se adscribió el 31 de diciembre de 2024 a una ponencia cuya plaza se encontraba desocupada por prejubilación, a pesar de que un juez federal había otorgado una suspensión a la Magistrada anterior para que permaneciera en su cargo hasta la conclusión del juicio de amparo promovido en su defensa.

La denuncia también involucra al Magistrado presidente Guillermo Valls Esponda, a quien se señala de haber dado anuencia para que dicha adscripción ocurriera, pese a que el 13 de diciembre de 2024 ya se habían dado por concluidas las sesiones de la Junta de Gobierno.

De acuerdo con la parte denunciante, la plaza en cuestión no debió ocuparse sino hasta que finalizara el proceso de prejubilación o, en su defecto, hasta que concluyera un juicio de amparo promovido por la Magistrada en funciones, pero no fue así.

Además del presunto nombramiento irregular, la denuncia también destaca que el Magistrado Jorge Octavio Gutiérrez Vargas, se ausenta con frecuencia, lo que —según indica el denunciante— entorpece la tramitación de los juicios asignados a su ponencia. Y es que, de acuerdo con la denuncia, el Magistrado emite instrucciones a través de una secretaria de acuerdos que no está adscrita a su sala, sino que pertenece a la Sala Superior del Tribunal

Eso se constata en los acuerdos de la Junta de Gobierno del Tribunal correspondientes a diciembre de 2024, publicados en el portal institucional y en el Diario Oficial de la Federación, así como los reportes del sistema electrónico del Tribunal usados para el control de juicios en enero de 2025, donde se pueden advertir las fechas de turnado de asuntos y los retrasos en la tramitación.

Violencia laboral

Otra denuncia por violencia laboral se le suma al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se trata de un escrito dirigido a la Junta de Gobierno del propio tribunal el 27 de septiembre de 2024 en Tijuana, Baja California, donde la denunciante señala que fue víctima de actos de violencia laboral por parte del Magistrado Gerardo Brizuela Gaytán durante los días 19, 25 y 26 de septiembre del mismo año, cuando fue presionada para que firmara su renuncia, aunque ella no quería, y finalmente la despidieron.

La denunciante alude que fue un despido injustificado y que, además, los días posteriores a su despido, cuando fue a recoger sus pertenencias, fue tratada como delincuente.

La queja refiere que desde la llegada del Magistrado Gerardo Brizuela Gaitán se marcó un deterioro progresivo en su ambiente laboral, y que, pese a contar con capacitación para promover una cultura de derechos en el trabajo, fue víctima de un trato autoritario, excluyente y violento.  La denuncia detalla una serie de eventos que, según la víctima, constituyen un patrón de hostigamiento, humillaciones y presión indebida para forzar su renuncia.

El jueves 19 de septiembre de 2024, a través de su secretaria particular Yomara Sainz Landeros, el Magistrado en mención la mandó llamar a su oficina “a privado”, se lee. Durante la reunión, el Magistrado le expresó su desacuerdo con un proyecto de sentencia, la denunciante pidió la presencia de la oficial jurisdiccional que había elaborado los proyectos previos, para verificarlo, pero el Magistrado se negó a esto y exigió a la denunciante que lo elaborara nuevamente, advirtiéndole que tenía hasta el 25 de septiembre para entregarlo. La trabajadora relató que ella le pidió más tiempo para evitar errores por la premura, el Magistrado se negó a concederle plazo, por lo que el 20 de septiembre a las 2 de la tarde, la denunciante entregó el proyecto en mano.


Sin embargo, el 25 de septiembre, fue llamada de nuevo al privado del Magistrado, quien —según la denuncia — la recibió con reclamos por errores ortográficos en el documento y la interrumpió mientras intentaba señalarle que sí había revisado el documento, pero que por la premura en la que se lo solicitaron se podrían ir errores, ademas de justificar las fallas por la falta de herramientas tecnológicas. En esa reunión, el Magistrado le sugirió cambiarla de ponencia y le insinuó que debía renunciar, a lo que ella respondió que no pensaba renunciar, defendió su trabajo y denunció que sus expedientes eran los últimos en salir del despacho, pese a entregarlos primero, y que sufría restricciones arbitrarias como no poder hablar, reír o prestar expedientes a sus compañeros.

De acuerdo con la denuncia, de manera insistente la volvió a presionar para renunciar, pero ella se negó a hacerlo, por lo que le solicitó el expediente para corregirlo, pero él se negó a entregárselo, y –al no lograr que ella renunciara– le dijo que estaba despedida. “Nos vemos en los tribunales”, fue la respuesta de la trabajadora al salir del despacho.

Ese mismo día, según la denuncia, la trabajadora trató de comunicarse con el Magistrado visitador Jorge Octavio Gutiérrez Barrugas, pero fue atendida por su personal. A su vez, ella solicitó al Magistrado que le diera oportunidad de seguir en su puesto hasta la visita oficial, del Visitador Gutiérrez, la cual estaba prevista entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre, como medida de protección a sus derechos laborales y de género, pero no recibió respuesta.

Al día siguiente, jueves 26 de septiembre, a las 9:08 horas, la denunciante acudió a su lugar de trabajo, pero al intentar ingresar, el guardia de seguridad le impidió el acceso por órdenes del magistrado Brizuela y de la delegada administrativa, quien habría ordenado al personal operativo que sacara sus pertenencias hasta el lobby del edificio, negándole incluso el acceso al sistema para tomar sus pertenencias y realizar la entrega formal de su puesto.

Sus compañeras de trabajo le ofrecieron apoyo moral durante el desalojo, y ella insistió en que no se había cumplido con el debido proceso para una remoción e insistió en que le permitieran ingresar y usar una computadora para redactar el acta de entrega. Finalmente logró que le permitieran usar un equipo de cómputo, hizo el acta de entrega, pero –se establece en la denuncia– el Magistrado se negó a firmarla como superior jerárquico.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

En Culiacán, Harfuch afirma que se ha debilitado al Cártel de Sinaloa

Harfuch afirmó que los operativos en Sinaloa son para “darle tranquilidad a la ciudadanía”, luego de que en septiembre de 2024 iniciara una pugna entre Los Chapitos y Los Mayos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este domingo de los resultados obtenidos por parte del Gabinete de Seguridad Nacional en Sinaloa, estado que concentra el 54 % de los homicidios en el país.

En conferencia de prensa, el titular de la SSPC detalló que en este territorio se han detenido a 1,487 personas, decomisado 3,003 armas de fuego, desmantelado 91 laboratorios de producción de metanfetamina y asegurado más de 53,602 kilogramos de droga -entre la que se detectan pastillas de fentanilo-, durante el periodo del 1 de octubre de 2024 al 16 de julio del presente año.

También destacó que el aseguramiento de armas en esta entidad “representa más del 20 % del total confiscado en el país”.

Asimismo, recordó que estos operativos constantes son para “darle tranquilidad a la ciudadanía”, luego de que en septiembre de 2024 iniciara una pugna entre Los Chapitos y Los Mayos, enfrentamiento que ha dejado más de 1,500 muertos en Sinaloa.

“Esa situación que comenzó en el estado de Sinaloa, esta situación de violencia provocada por dos grupos delictivos -que se conocían perfectamente- es lo que justamente estas operaciones e investigaciones que a diario realiza el Gabinete de Seguridad son para revertir esto que estos mismos delincuentes provocaron”, sentenció.

En cuanto a las organizaciones criminales, Harfuch subrayó que “han sido mermadas”, pues “al inicio del conflicto veíamos los convoys de varias camionetas en Culiacán (capital), hoy no tenemos registro de eso, cada vez son menos frecuentes”.

“No quiere decir que la situación esté resuelta, lo que decimos es que no son iguales, no tienen la misma capacidad de fuego estos grupos delincuenciales”, afirmó.

Por su lado, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla, negó la presencia de otros cárteles en Sinaloa, y resaltó el despliegue de 11,000 elementos del Ejército mexicano y la Guardia Nacional (GN) en la entidad.
Todos los días, desde octubre del 2024, se han incrementado las operaciones y poco a poco, pero con acciones contundentes, se han ido debilitando estas estructuras.
“No hemos encontrado indicios de otro cartel, al sur de Sinaloa algunos grupos han colocado mantas donde buscan generar esa idea, pero del personal que ha detenido o de material, armamento, drogas que se han asegurado, no se ha encontrado algún indicio que apoye esa teoría”, respondió descartando posibles alianzas con Los Chapitos.

Al ser cuestionado por la detención Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín ‘el Chapo’, ocurrida en enero de 2023 en Culiacán, Harfuch presumió que fue una operación realizada 100 % por autoridades mexicanas.

“Recordarle a la ciudadanía quién detuvo a Ovidio, cómo se detuvo (…) La detención fue 100 por ciento por autoridades mexicanas, mueren 10 militares en operativo, es el Gobierno de México quien lo envía, se extradita, y hasta ahorita se hace un acuerdo para mencionar a otras personas de su grupo delictivo”, manifestó sobre este detenido que recientemente se declaró culpable de cuatro cargos de narcotráfico en EE.UU..

Por órdenes de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad del país visitará cada 15 días el estado con el objetivo de restablecer la paz en la región.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Funcionaria en Celaya bajo investigación por amenaza: “Con 2 mil pesos te desaparezco”

La denuncia fue presentada ante las instancias correspondientes después de que un video donde se escucha la amenaza se viralizara en redes sociales.

Una funcionaria pública de Celaya está siendo investigada por autoridades locales luego de que presuntamente amenazara con desaparecer a un hombre a cambio de 2 mil pesos.

Medios locales reportan que la denuncia fue presentada ante las instancias correspondientes después de que un video donde se escucha la amenaza se viralizara en redes sociales.

En el audio, la mujer señala que con una cantidad económica específica podría hacer desaparecer a la persona, lo que generó la apertura de una carpeta de investigación por posibles delitos de amenazas e intimidación.

Se reporta que instancias judiciales y de seguridad han iniciado procesos para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades legales.

La identidad de la funcionaria y el afectado no han sido reveladas debido a protocolos de privacidad y seguridad.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

“El Chapito” y “El Ratón” traficaban y fabricaban armas, con ayuda de Chávez Jr: La Jornada

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de “Los Chapitos”, “Los Menores” y/o “Los Chiquillos”, una facción del Cártel de Sinaloa (CDS), junto a su hermano, Ovidio Guzmán López, “El Ratón” -ambos hijos del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo- dirigían una organización que traficaba ilegalmente explosivos, armas de grueso calibre y cartuchos de Estados Unidos a México, mismos que una vez que ingresaban a territorio mexicano, los utilizaban en la fabricación de armas.

Así lo señaló el diario de circulación nacional La Jornada, en una nota titulada ‘Chapitos’ fabricaban armas tras copiar las que traían desde EU’, firmada por el periodista Gustavo Castillo García, quien citó supuestas investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), cuyo titular es Alejandro Gertz Manero.

“En algunos de los casos, se procede a desarmar los objetos bélicos adquiridos con el propósito de copiar sus componentes y fabricarlos en talleres clandestinos, refieren investigaciones de la Fiscalía General de la República, y en las cuales se ha señalado el involucramiento del boxeador Julio César Chávez Carrasco”, afirmó el citado rotativo.

“La indagatoria señala que las armas eran entregadas en gran número a sicarios de la organización delictiva conocida como cártel de Sinaloa. Las investigaciones a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) establecieron que por lo menos desde 2018, el grupo de traficantes de armas era encabezado por Martín León Romero, quien contaba con la colaboración de ciudadanos estadunidenses que adquirían las armas, los explosivos y los cartuchos en Tucson, Arizona, y los trasladaban a Nogales, Sonora”, agregó La Jornada.

“León Romero fue detenido en diciembre de 2024 y ese mismo mes quedó vinculado a proceso penal por un juez con sede en Hermosillo, Sonora, tras concluir que desde 2018 dirigía una organización de más de tres personas, cuyo centro de operaciones se estableció en Nogales, Sonora, teniendo además actividades en Nogales y Tucson, Arizona, Estados Unidos, pero cuyo centro de mando se encuentra en el estado de Sinaloa”, abundó el diario.

“Por estas operaciones, el Ministerio Público Federal obtuvo órdenes de aprehensión en contra de 13 personas, incluido Julio César Chávez Carrasco (hijo del ex campeón mundial Julio César Chávez [González]), y fueron descubiertas en noviembre de 2019, cuando un elemento de la Agencia de Investigación y Seguridad Nacional, perteneciente a la Dirección de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE/HSI), presentó una denuncia ante la FGR”, detalló La Jornada.

“La célula delictiva tenía integrantes que se dedicaban a reclutar a más personas para la compra de armas de fuego (en Tucson, Estados Unidos). Su forma de operar consiste “en que varios miembros de ésta contactan a otras a cambio de dinero, les piden que usen sus tarjetas de crédito y proporcionen sus domicilios para que reciban los pedidos de compras de armas de fuego y cartuchos que se realizan por Internet y puedan llegar a esos domicilios en Estados Unidos, y de ahí son recogidos por miembros de la organización criminal comandada por Martín León Romero”, explicó el rotativo.

“Y, una vez que se tienen físicamente las armas y los cartuchos para armas de fuego, éstas son ingresadas ilegalmente a Nogales, Sonora, y es el propio Martín León Romero quien las recibe en esa ciudad fronteriza, revisa la calidad y la cantidad de los productos, los reempaca, los transporta a través de autobuses, para posteriormente ser enviados a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, para ser entregados a Iván Archivaldo y a otros miembros de la organización delictiva conocida como Cártel de Sinaloa”, abundó La Jornada.

“Entre los objetos bélicos adquiridos en Estados Unidos se detectaron granadas de calibre 44 milímetros y cañones lanzagranadas modelo M203 para calibre 40 milímetros. Durante las indagatorias de Estados Unidos se aseguraron 97 mil cartuchos y 19 armas de fuego, y en 2019 se imputó el delito de tráfico de armas a 14 personas en aquel país”, finalizó el diario.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

PAN conmina a ciudadanos a sumarse a amparo colectivo contra la denominada “Ley Espía”

El Partido Acción Nacional puso a la disposición de la ciudadanía un formato para la promoción de un juicio de amparo indirecto contra el paquete de reformas aprobado en el anterior período extraordinario de sesiones y con el que, a decir del dirigente panista Jorge Romero, el gobierno podrá espiar a los mexicanos sin mediar una orden judicial.

En un comunicado emitido este domingo 20 de julio el Comité Ejecutivo Nacional del PAN señaló que, además de la localización geográfica, el gobierno podría intervenir las comunicaciones de los ciudadanos en la modalidad de llamada o mensajes de texto, así como la información contenida en los dispositivos móviles y que igualmente tendrá acceso a los datos personales, a saber: nombre, domicilio, nacionalidad, Clave Única de Registro de Población, Registro Federal de Contribuyentes.

“No podemos permitir que el gobierno utilice la tecnología para espiar a las y los mexicanos sin justificación y sin orden de un juez. La ciudadanía no tiene nada que temer si nada debe, pero el Estado sí tiene límites y esos límites los marca la Constitución”, indicó el presidente del CEN, Romero Herrera.

A inicios de julio el dirigente nacional manifestó en rueda de prensa celebrada en Mexicali que en razón de la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión aprobada en el Congreso de la Unión autoridades de seguridad y de procuración de justicia podrían solicitarles a las telefónicas la ubicación de la ciudadanía en tiempo real sin que mediara una orden judicial.

Durante la misma conferencia el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, indicó que la Ley General de Población obligará a entregar la CURP biométrica a la hora de hacer un trámite ante el gobierno o ante un particular. “Con teclear tu CURP van a poder saber dónde estuviste, qué compraste, dónde te hospedaste, a dónde viajaste”, abundó.

A su vez, el coordinador de los diputados federales Elías Lixa denunció que con la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública los datos de la población pueden ser compartidos con gobiernos extranjeros, con el uso de mecanismos de interconexión.

El 4 de julio, la presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que se pudiera geolocalizar a los ciudadanos sin orden judicial de por medio. Aseguró que el “artículo 183” obligaba a los operadores de las compañías a colaborar “en términos que establecen las leyes”.

Ante ello Romero reviró: “Usted dice que mentimos porque señala que ese artículo refiere que se hará según las leyes aplicables, nada más que con ese mismo argumento yo le digo cuál es otra ley igual de aplicable: la nueva Ley de la Guardia Nacional que ustedes también volvieron a votar recién en estos días, y que en su artículo 9 claramente antes de esta reforma señalaba que para geolocalizar personas se ocupaba de una previa autorización judicial, ustedes acaban de quitarle precisamente esa parte”.

El formato de amparo, disponible en el portal del Partido Acción Nacional, apunta a la protección de la justicia federal contra diversas normatividades: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Ley General de Población, Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Como autoridades responsables refiere a la Cámara de Diputados, el Senado de la República, la titular del Poder Ejecutivo federal y el director general del Diario Oficial de la Federación.

Romero Herrera reiteró la invitación a sumarse al amparo colectivo. “No se trata sólo de un tema partidista sino de un derecho que le pertenece a toda la ciudadanía”, mencionó.

Aseguró que, con leyes como tales, Morena tiene pretensiones de “normalizar el espionaje político y social”, tentativa que consideró como un riesgo para la democracia en el país.

“El gobierno debe servir a las personas, no vigilarlas ni intimidarlas”, remató.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: EDUARDO ANDRADE URIBE.

“Para mi fue suficiente”: diputada pide a Tribunal Electoral frenar disculpas públicas de ciudadana tras ocho días

El Tribunal Electoral resolvió que la ciudadana Karla María Estrella debe pedir disculpas públicas a la diputada Diana Karina Barreras por 30 días.

La diputada federal Diana Karina Barreras pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reconsiderar el falló emitido por el cual la ciudadana Karla María Estrella debe pedirle disculpas públicas por 30 días, esto tras cometer violencia política de género en su contra luego de que la cuestionó en sus redes sociales.

“Desde la primera vez que se ofreció una disculpa, para mi fue suficiente. Ni siquiera necesitaba que fuera pública; lo que realmente me importaba era el reconocimiento de la vulneración que sentó”, escribió en su cuenta de X.

La legisladora dijo creer en la libertad de expresión pero también en el derecho a “vivir una libre vida de violencia”, por lo que consideró que en el contexto actual, “donde las redes sociales amplifican lo emocional”, se debe aprender a “compaginar estos dos derechos”.

También dijo creer “en la capacidad de reconocer, de rectificar y de aprender”, por lo cual solicitó al Tribunal reconsiderar la sanción en contra de la ciudadana Karla María Estrella al señalar que el “agravio” quedó saldado desde la primera disculpa emitida.

“Cierro este capítulo desde la serenidad de quien sabe que actuó con convicción y respeto. Lo cierro con la tranquilidad de haberme defendido sin agredir, con los medios legales que la ley me otorga; de haber puesto un límite sin renunciar al diálogo”, mencionó.

Cabe destacar que al ser cuestionada sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como un “exceso” la resolución del Tribunal Electoral: “es un exceso, el poder es humildad, no soberbia. No está bien esta exigencia de que por 30 días te disculpes”.

La resolución del Tribunal Electoral

El TEPJF determinó sancionar en junio pasado a la ciudadana y ama de casa, Karla María Estrella, tras haber cuestionado en redes sociales a la diputada del Partido del Trabajo (PT), Diana Karina Barreras, esposa del morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados.

“Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”, publicó Karla María Estrella en sus redes sociales el 14 de febrero de 2024.


Posteriormente, el 27 de febrero, la Unidad Técnica Ejecutiva del INE notificó a Karla de la queja de la diputada Barreras Samaniego por su publicación. La institución le refirió que debía contestar “cuál era el objetivo” de su tuit y presentar “documentación que justifique” las afirmaciones.

De acuerdo con Proceso, el 11 de abril la Sala Regional Especializada del TEPJF resolvió que si bien el mensaje no constituía calumnia, sí configuraba violencia política de género, ya que sugería que la candidatura de Barreras Samaniego obedecía únicamente a su relación con un hombre, en menoscabo de sus capacidades.

La diputada mencionó que lo que se dijo sobre ella “jamás se habría dicho de un hombre”, por lo que el buscar esta sanción en contra de la ciudadana fue también para que “ninguna mujer —sin importar su historia, su origen o su camino— tenga que vivir violencia de ningún tipo. Ni física, ni verbal, ni simbólica”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Soy tabasqueña”, dice Sheinbaum en gira tras polémica por exsecretario de Seguridad; anuncia inversión en el estado

Durante la inauguración de la ampliación de un hospital del IMSS Bienestar en Tabasco, Sheinbaum dijo que el estado la "adoptó" y que no le hará falta nada, sin embargo, en su gira omitió hablar de la crisis por presuntos vínculos criminales del exjefe policiaco.

En su tercera visita a Tabasco, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que fue adoptada por el estado, por lo que ya es “tabasqueña” y aunque no hizo referencias a las recientes polémicas por la presunta relación del exsecretario de Seguridad local con un grupo delincuencial, aseguró que su gobierno va “requetebien”.

Como parte de sus giras de fin de semana, la mandataria visitó Tabasco, estado natal del expresidente Andrés Manuel López Obrador y del exgobernador y actual senador, Adán Augusto López, quien ha estado envuelto en cuestionamientos por los supuestos vínculos criminales de Hernán Bermudez, extitular de seguridad durante su mandato y quien ha sido señalado como presunto líder de “La Barredora”.

En el evento, Sheinbaum aseguró que en los siguientes tres años habrá una inversión de 2 mil millones de pesos para el sistema de Salud del IMSS Bienestar de Tabasco y dijo que se va a atender “lo que le haga falta” al estado.

“No le va a faltar nada a Tabasco, no solamente porque queremos mucho (al gobernador) Javier May, sino también a todas y a todos los tabasqueños; además, ya me adoptaron, soy tabasqueña, y vamos bien, vamos muy bien, como diría nuestra compañera Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, vamos bien con el segundo piso de la Cuarta Transformación, ‘requetebién’”.

La mandataria no hizo referencias al tema de seguridad en la entidad.

Mientras que en su intervención, el gobernador Javier May, aseguró que en Tabasco “hay coordinación, convicción, rumbo y autoridad”.

“Entre todas y todos vamos a devolver la paz a nuestro querido Tabasco y nos hemos sumado a la estrategia contra la extorsión impulsada por la presidenta. (…) Tabasco cuenta con la presidenta y la presidenta con Tabasco”, dijo sin hacer mención a las recientes polémicas.

Exsecretario de Seguridad de Adán Augusto vinculado con “La Barredora”; Morena busca expulsarlo del partido

Tres años después de ser identificado como operador de un grupo criminal y tres días después de que se confirmó que huyó del país, Morena inició un proceso para la posible expulsión de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en el gobierno de Adán Augusto López Hernandez en Tabasco.

De acuerdo con reportes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de 2022 —revelados por Sedena Leaks—, Bermúdez Requena fue uno de los mandos en Seguridad nombrados por el actual coordinador de los senadores de Morena, que estaban presuntamente vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La información recabada entre 2019 y 2022 por el Centro de Fusión de Inteligencia del Sureste identificó que el grupo formado por esos funcionarios, conocido como La Barredora, estaría implicado en robo y venta de combustible, extorsión y trasiego de droga.

Bermúdez Requena, sin embargo, continuó como titular de Seguridad en la entidad después de que López Hernández se incorporó como secretario de Gobernación al gabinete de Andrés Manuel López Obrador en 2021.

Cuando salieron a la luz los reportes de Sedena Leaks, AMLO minimizó las acusaciones y defendió a su entonces secretario de Gobernación.

Bermúdez Requena se mantuvo en el cargo hasta que una ola violenta con asaltos y bloqueos con automóviles por parte de grupos criminales lo orillaron a renunciar, en enero de 2024.

No obstante, después de que los presuntos vínculos criminales del exfuncionario salieron a la luz, el partido Morena lo incorporó en sus filas, el 20 de marzo de 2023, de acuerdo con el padrón que está en manos del Instituto Nacional Electoral.

Sin embargo, en medio de los cuestionamientos sobre la inacción del coordinador de Morena en el Senado sobre el caso de su exfuncionario, el 17 de julio Morena suspendió los derechos políticos de Hernán Bermúdez Requena como militante de esa organización. 

Con lo anterior la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) prepara la expulsión como militante del exfuncionario de Tabasco.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Morena alista una maquinaria territorial de 357 mil 705 operadores, al estilo del viejo PRI

En su Congreso Nacional, Morena votará la creación de 71 mil 541 comités permanentes que promuevan el voto y las políticas de ese partido en todo el territorio nacional, bajo el control de la Secretaría de Organización que encabeza Andrés Manuel López Beltrán.

Con casi siete años en el poder, el partido Morena aspira a conformar una estructura territorial similar a la que tuvo el PRI en su época de partido de Estado. Este domingo, el Congreso Nacional morenista aprobará un plan para crear comités de al menos cinco personas en cada una de las 71 mil 541 secciones electorales del país, para promover el voto a su favor e impulsar las políticas de ese partido.

Los integrantes de estos comités tendrán la tarea de promover el voto y la defensa electoral antes, durante y después de los procesos electorales federales o locales, con vecinos con quienes compartan la misma sección electoral.

De acuerdo con los Lineamientos que Morena prevé aprobar en su octavo Congreso extraordinario, las tareas de los Comités serán promover y difundir los valores, principios y programas de ese partido, impulsar y coordinar actividades de formación política y participación de la militancia, incluyendo la organización de círculos de debate y estudio.

Además, apoyarán las actividades de afiliación de otras personas a su partido, conforme a la estrategia que defina la Secretaría de Organización, que busca llegar a los 10 millones en este 2025.

También estarán encargados de distribuir el periódico Regeneración en esas secciones.

La estructura morenista de despliegue territorial

Un representante de cada Comité participará en los Consejos municipales o distritales realizados en los procesos internos del partido y buscarán establecer una red con otros comités de su localidad, además de otras organizaciones sociales.

Cada semestre, los Comités deberán presentar en su sección un informe de sus actividades realizadas y mantener actualizados los registros de sus integrantes.

Morena busca que sus comités estén conformados por al menos cinco personas, con una presidencia y una secretaría ejecutiva, elegidas en una asamblea por votos secreto, que se mantendrán en ese puesto durante tres años.

De acuerdo con los lineamientos, las personas que integren los comités no recibirán ninguna remuneración por formar parte de esa estructura.

La Secretaría de Organización a cargo de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente y fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador, llevará el control y registro de cada uno de los Comités seccionales.

Los integrantes de los Comités podrán ser requeridos para formar parte de delegaciones con misiones específicas que determine la presidenta Luisa María Alcalde.

En sus Estatutos, Morena ya contempla los “Comités de Defensa de la Transformación” como base de su estructura; sin embargo, no clasifica su existencia a partir de cada sección electoral, sino que pueden corresponder a un barrio, colonia, comunidad, pueblo, municipio o alcaldía, y en las comunidades de mexicanos en el extranjero. Ya establece que al menos deberá contar con cinco integrantes.

“Van a girar con la membresía de los programas sociales”

Cuando se dio a conocer la intención de Morena sobre la creación de sus comités territoriales nació la comparación con la Estructura Territorial del PRI, que se integra de acuerdo con sus estatutos por comités en cada una de las secciones en que se dividen los distritos uninominales del país.

De forma paralela, ese partido tiene en su Movimiento Territorial —creado por Luis Donaldo Colosio Murrieta— una estructura nacional enfocada en asentamientos urbanos y de zonas periféricas, que al igual que la propuesta de Morena está conformada por Comités de Base, que se conforman con un mínimo de cinco integrantes.

El priista Rubén Moreira, coordinador de su bancada en la Cámara de Diputados, reconoce que la estructura que busca consolidar el partido Morena parece similar a la que en su momento creó su propio partido, pero acusa a Morena de querer consolidarse como partido hegemónico, con el soporte principal en los programas sociales.

“El PRI no tuvo una plataforma de programas sociales como la que hoy vemos que estuviera vinculada con el partido, eso no existió (…) Hoy están tratando de vincularlos a través de los Siervos de la Nación, a través de los famosos superdelegados que todavía existen, a través del levantamiento de estos padrones masivos con compromisos que ya habíamos dejado atrás por ilegales, como el del SNTE de Alfonso Cepeda Salas, de ofrecer públicamente el registro de personas a Morena. Entonces no, no es lo mismo. Ellos tratan de construir, y lo digo con respeto, su dictadura”, comentó el también exgobernador de Coahuila.

En febrero pasado, Alfonso Cepeda Salas, senador por Morena y dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), aseguró que su organización podría aportar 5.5 millones de nuevos afiliados al partido guinda.

Moreira asegura que los comités tendrían la responsabilidad de que los beneficiarios de programas sociales voten por el partido Morena, a través de una idea interiorizada entre la población.

“Van a girar a partir de la membresía de los programas sociales, que es una enorme diferencia con lo que era el PRI. El PRI funcionaba a partir de una reivindicación social. ¿Tuvieron éxito o no? Esa es otra historia; pero cuando tú revisas qué se hizo en tiempos de Lázaro Cárdenas, pues era la movilizar a quienes tenían un reclamo social. Ahora no, ahora no hay esa lucha social, lo que hay es una membresía de programas sociales que se utiliza para hacer esto. Lo que quiere hacer Morena no es hacerse como el PRI, si no es hacerse un partido totalitario, un partido único, en un contexto que no es de eso”, afirma Moreira.

El coordinador priista acusa que con estos comités que estarán bajo el control de la Secretaría de Organización, Morena busca consolidar un proyecto que beneficiaría al titular de esa área, Andrés Manuel López Beltrán.

“Es evidente que hay un proyecto transexenal de López Obrador papá y que lo trata de concretar a través de Andy. Si no es así, pues parece que sí… Recordemos que Morena es una organización mesiánica. (…) La presencia es tan clara que ahí va a seguir y es la organización que él está realizando a través de Andrés, su hijo Andy.”.

“Van a participar en las decisiones del partido”

Gabriel García, quien fue secretario de Organización del partido Morena, destaca en entrevista que los comités no son algo nuevo en su movimiento. Para la elección de 2018, señala, alcanzaron a tener 65 mil en todo el país. Sin embargo, admite que por la dinámica de la organización es fundamental mantener una actualización al menos cada tres años.

Durante su gestión, explica, ya existían los comités por sección electoral y otros correspondientes a sectores sociales como trabajadores, de la diversidad sexual o grupos de migrantes…

—¿Cuál sería la principal diferencia con la propuesta que van a evaluar este fin de semana?

—Más que diferencia, son las nuevas cualidades de los comités. Ahora se está planteando, además de ampliar porque crecieron el número de secciones electorales, van a tener responsables que van a participar en las decisiones del partido y eso es un cambio cualitativo para democratizar más.

La presidenta del partido, Luisa María Alcalde, ha señalado que busca que los comités tengan representatividad y participación más activa en el partido.

Morena prevé que estos comités tengan voto en las asambleas donde se definirán los perfiles de posibles candidaturas a un puesto público.

“De tener una estructura bien conformada, la aportación que se pudiera hacer es que los comités tuvieran voz y voto en las asambleas electivas de candidaturas. Pero eso es otro momento, ahorita lo que necesitas es primero tener la organización durante este año, para que el siguiente estemos discutiendo cuáles van a ser los mecanismos de elección de candidaturas”.

Gabriel García, creador de los Siervos de la Nación, rechaza que los comités busquen condicionar los programas sociales con votos a favor de su partido. Argumenta que si los aspirantes no tienen trabajo directo en territorio los beneficios sociales gubernamentales no determinarán los comicios.

“Esa es una vieja historia, de la cual me atribuyeron muchos mitos, porque yo fui el coordinador de los programas. Yo les puse Servidores de la Nación, pero fíjate que no, porque el trabajo que hacen estas personas ahora es directo con la ciudadanía”.

El diputado, sin embargo, reconoce la influencia de los programas sociales a la hora de salir a votar.

“Aunque quisiéramos hacerlo, ya la gente tiene una evolución y si no se tiene cercanía, te mandan a la quinta de Palenque. Es distinto, realmente no hay manera. Lo que ahora está votando la gente no es porque se lo diga un Servidor de la Nación. La gente está votando por el reconocimiento al proyecto, los beneficios sociales; si mejoraron tu calidad de vida, tú votas por ese proyecto”.

Para el convencimiento de los votantes en territorio, señala, su partido requiere un ejército organizado.

“Hay esta versión de que esto es para afianzar, para que los servidores de la nación y los gobiernos que ya estén hagan algo impenetrable. No es cierto. Es la consolidación de la organización. Y yo le digo el regreso a la esencia”.

La diferencia con la estructura del PRI, argumenta, es el corporativismo de las organizaciones sociales que derivaban en decisiones verticales.

“La diferencia es que ahora es organización a nivel territorial, microrregional, pero con libertad de autodeterminación. Entonces puede ser —y eso esperemos que así sea— que a veces las decisiones o posturas generales de las y los dirigentes de Morena se cuestionen, como por ejemplo la incorporación de alguien a las filas del partido que cause desánimo. Por eso te digo que esta posibilidad de sujetarse a las decisiones mayoritarias de la organización partidaria hace bastante diferente al verticalismo que se vivió durante muchos años con el PRI”, explicó el operador morenista.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANDRO AGUILAR.

Bermúdez Requena 'tendrá que rendir cuentas a la justicia': gobernador de Tabasco

Javier May afirmó que los procesos judiciales siguen su curso y que no se abordó el tema durante la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Tabasco.

El gobernador de Tabasco, Javier May, declaró que el exsecretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena —actualmente prófugo y presuntamente vinculado al grupo criminal “La Barredora”— “tendrá que rendir cuentas a la justicia”.

Así respondió el mandatario al ser cuestionado por medios de comunicación en el aeropuerto de Villahermosa, sobre la situación del exfuncionario del gobierno de Adán Augusto López Hernández.

“Tendrá que rendir cuentas a la justicia de sus acciones, cada quien es responsable de sus hechos. Y nosotros vamos a esperar que actúe la ley, que se aplique la ley”, expresó. Agregó que todos los exfuncionarios tabasqueños detenidos en relación con este caso ya enfrentan procesos judiciales.

“Todos los que han sido detenidos han sido vinculados a proceso y están en proceso en la Fiscalía o en el Tribunal Superior de Justicia”, indicó.

Sobre el caso de Bermúdez Requena, May subrayó que se trata de un asunto que compete a la fiscalía. Afirmó que en Tabasco “hay cero impunidad” y que se aplicará la ley a quienes cometan delitos.

El gobernador negó que durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Tabasco, el sábado 19 de julio, se haya abordado el tema. También descartó haber tratado el asunto con López Hernández, coordinador de los senadores de Morena, con quien dijo haber conversado  “de las reformas” recientes.

El pasado viernes, tras varios días de ausencia, y luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum considerara “pertinente” que el senador ofreciera su versión, Adán Augusto López Hernández publicó un mensaje en X donde defendió su actuación como gobernador y aseguró estar a disposición de cualquier autoridad que requiera su presencia.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Adán Augusto López reaparece en Congreso de Morena tras polémica por su exsecretario

“No me desaparecí”, sostuvo el senador, y se limitó a decir que las autoridades deben hacer su trabajo y que él ya había informado lo que consideraba necesario.

El senador, Adán Augusto López Hernández, reapareció este domingo en el Consejo Nacional de Morena, tras varios días de ausencia en medio de la polémica por su exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, presuntamente vinculado con el grupo criminal ‘La Barredora’.

Al llegar al evento en la Ciudad de México, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado evitó hacer declaraciones extensas, aunque rechazó tajantemente los señalamientos de que se encontraba ‘desaparecido’.

“No me desaparecí”, sostuvo, y se limitó a decir que las autoridades deben hacer su trabajo y que él ya había informado lo que consideraba necesario. 
Yo lo que tenía que decir ya lo dije. Espero que las autoridades harán su trabajo, su investigación.
López Hernández defendió su gestión como gobernador durante un mensaje anterior y afirmó estar a disposición de cualquier autoridad que requiera su presencia.

En días recientes, circuló en redes sociales una carta falsa atribuida a López Hernández, en la que se anunciaba su renuncia como coordinador parlamentario de Morena, alegando “presiones indebidas”. 

Senadores afines a la Cuarta Transformación, como Gerardo Fernández Noroña, Juan Carlos Loera y Víctor Mercado, desmintieron la autenticidad de este documento y señalaron que se trata de una maniobra para generar confusión y división.

Ante la polémica, la bancada de Morena en el Senado emitió un pronunciamiento de respaldo institucional y político a López Hernández, subrayando que no existe investigación judicial ni señalamiento formal en su contra, y calificó las acusaciones como intentos para debilitar al proyecto político del partido.

Bermúdez Requena continua prófugo de la justicia y cuenta con una orden de aprehensión por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Caso Cienfuegos, un expediente que ahora persigue al gobierno de Sheinbaum

Cuando parecía que el rocambolesco caso Cienfuegos estaba guardado en un cajón tras su exoneración en 2021, la confrontación del actual gobierno federal con el abogado de Ovidio Guzmán trae de vuelta al debate nacional las circunstancias en las que el general fue liberado y devuelto a México.

A solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Fiscalía General de la República (FGR) presentará, de nueva cuenta, un informe sobre el caso del general Salvador Cienfuegos, el secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que fue capturado el 15 de octubre de 2020 en el aeropuerto de Los Ángeles, a petición de la DEA (la agencia antidrogas de Estados Unidos), y liberado el 18 de noviembre de ese año tras la intervención de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Ahora la posición del gobierno mexicano, con Claudia Sheinbaum, es que EU liberó al general porque es inocente, aunque documentos en el incipiente proceso judicial en ese país indican que fue dejado en libertad por cuestiones de política exterior.

Aún más, están las declaraciones del propio López Obrador que confirman su intervención en el caso: “Sentí que se estaba cometiendo una injusticia”, dijo. 

En octubre de 2020 el gobierno federal maniobró para que el secretario de la Defensa Nacional de Peña Nieto fuera liberado en México. El acuerdo con EU es que sería investigado en nuestro país basándose en la información que Washington había compartido con las autoridades mexicanas. Sin embargo, el general fue exonerado en enero de 2021.

Reaparición polémica

En febrero de este 2025, durante la Marcha de la Lealtad, Cienfuegos volvió al debate público tras aparecer en el presídium del evento. Meses más tarde reapareció en la conversación nacional a propósito de las declaraciones de Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán –hijo del Chapo Guzmán–, capo que en días pasados logró un acuerdo con la justicia estadunidense.   

“La idea de que el gobierno de Estados Unidos incluyera al gobierno de México en alguna suerte de negociación o decisión (sobre Ovidio), es absurda. Basta con pensar en el caso del general Cienfuegos, un caso bastante reciente”.

El asunto de Cienfuegos inevitablemente lleva a recordar las declaraciones contradictorias del entonces presidente López Obrador sobre el general de Peña Nieto cuya responsabilidad quedó en una presunción porque el proceso en su contra en territorio estadunidense fue interrumpido, contrario a la suerte del superpolicía del entonces presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, sentenciado y encarcelado en EU por narcotráfico. 

El 15 de octubre de 2020 AMLO se expresó así en el contexto de la captura del general: “Estamos ante una situación inédita porque está detenido (Cienfuegos) por la misma acusación que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón (García Luna).
Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen -dijo AMLO-, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país durante el periodo neoliberal. Siempre dije que no era sólo una crisis, que era una decadencia lo que se padecía, un proceso de degradación progresivo y estamos ahora constatando la profundidad de esta descomposición que se fue gestando de tiempo atrás.
López Obrador dijo que “tenemos que seguir insistiendo, y ojalá también sirva para comprender que el principal problema de México es la corrupción”.

Dos días después el entonces presidente morenista también consideró que, si en el juicio en Estados Unidos “el general Cienfuegos resulta responsable, que se le castigue. Si hay otros oficiales involucrados y se prueba, que se les castigue. En el caso de García Luna, lo mismo”.
Por si fuera poco, el entonces presidente descartó utilizar cualquier recurso de su gobierno para la defensa de Cienfuegos y remitió el caso a la asistencia consular. “Cuando se trata de mexicanos que son enjuiciados, detenidos en el extranjero, se les apoya, hay asistencia consular, pero no se utilizan recursos para defender a ningún presunto responsable de delitos, no se está contemplando esa posibilidad, yo creo que se está iniciando apenas el juicio”, dijo.

Ese mismo día el general Cienfuegos, quien recomendó a su sucesor (Luis Cresencio Sandoval) con el entonces presidente electo López Obrador, le escribió una carta al tabasqueño, misiva que incluyó en su libro A la mitad del camino. 

En el escrito, redactado desde el encierro en territorio estadunidense, el general afirmó que fue víctima de “una detención arbitraria, injusta y humillante, enfrente de mi familia, por las autoridades del combate a las drogas de este país”. 

Cienfuegos aseguró que los cargos de los que fue acusado eran falsos, por lo que “le solicito su superior intervención para que el juicio que se me impone sea agilizado y pueda demostrar mi inocencia. Me parece sumamente grave, no solo para mí y la familia, lo que está sucediendo, es un asunto que va más allá de mi persona o lo que represento o representé (...) lo importante es que hay una gran injusticia, me siento impotente y carezco de recursos para pagar un juicio en este país (...) Quedo en espera de su alta determinación”.

Entonces, la posición del presidente López Obrador cambió 180 grados y se convirtió en defensor del general de Peña Nieto.

En favor de Cienfuegos su caso transcurrió paralelo al desarrollo del proceso electoral en Estados Unidos. En ese contexto, si bien fueron escasas las declaraciones públicas de López Obrador sobre ese tema, por debajo de la mesa pública, reveló el exmandatario, hubo una serie de llamadas y labor del gobierno federal para traer de vuelta al general. 

Entonces, vino la serie de exposiciones sobre la intervención del Estado mexicano para el retorno de Cienfuegos.

López Obrador no tuvo dificultad en afirmar: “Lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política, diplomática para expresar nuestra inconformidad ante un hecho que se presenta y deciden juzgar en Estados Unidos sin conocimiento de nuestro gobierno. 

“Esto va más allá de lo legal, no quiere decir que no sea legal, existe un acuerdo de colaboración suscrito años atrás en esta materia, pero no se hacía valer y fue, en el caso que nos atañe, violado porque nosotros no tuvimos ninguna información. 

“Hay que esperar a que la jueza decida sobre esta petición (...) sentimos que no se había cuidado el procedimiento”.

AMLO: “Sí hubo una intervención”

En octubre de 2020 la labor de la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, bajo el amparo de un acuerdo existente, derivó en que el Departamento de Justicia solicitó a la jueza Carol Amon desestimar los cargos contra Cienfuegos –por motivos de política exterior–, lo cual no se traduce en declarar la inocencia del general. 

Esta decisión complació al presidente mexicano:
Quiero agradecer al gobierno de Estados Unidos que supo, en este caso, escuchar nuestro planteamiento y rectificar.
En México la FGR, como parte del acuerdo con EU, inició una investigación y en sólo un par de meses Cienfuegos quedó exonerado.

Para López Obrador estaba de por medio el prestigio del Ejército, institución fundamental para el Estado y su proyecto gubernamental... “Y no es cualquier cosa, no podemos permitir, sin elementos, que se socaven nuestras instituciones fundamentales; además, México es un país, que no se olvide, libre, independiente, soberano”, dijo el tabasqueño en aquella ocasión.

Ahí mismo López Obrador fue claro: “Entonces, como es un asunto importante para México, en todo sentido, por eso se intervino y, sí, lo que se mencionó en ese comunicado, que hubo una intervención diplomática. Sí la hubo. Tan es así que habló el secretario de Relaciones Exteriores con el fiscal, y habló con el embajador de Estados Unidos, se mandó una nota. Sí hubo una intervención para lograr un acuerdo también”. 

Esto confirma que Estados Unidos no permitió el traslado de Cienfuegos a México porque fuera inocente, sólo desestimó sus pruebas la cuales fueron enviadas a la autoridad mexicana para que éstas investigaran al general. 

Lo dicho por el Departamento de Justicia a la jueza fue que “hay asuntos o materias que tienen que ver con política exterior y reconocemos una sociedad muy fuerte entre México y Estados Unidos para combatir la criminalidad, incluyendo el tráfico de drogas, y por eso hemos considerado o pedimos que se desestimen estos cargos para que el general Cienfuegos se traslade a México y sea México, en primera instancia, el que resuelva la condición de legal (...) Para permitir la investigación en México y su potencial procesamiento en primera instancia en México”, leyó entonces Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores en el sexenio pasado, hoy secretario de Economía.



Choque con la DEA

Tras la exoneración del general Cienfuegos se desarrolló una confrontación del gobierno mexicano con la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos. El presidente López Obrador dijo que esa oficina fabricó delitos contra el militar. 

La respuesta no tardó en venir del otro lado del Río Bravo, el propio Departamento de Justicia dio a conocer: “Estamos profundamente decepcionados por la decisión de México de cerrar su investigación y compartir la información que le fue compartida de forma confidencial”. 

Y es que el enojo de la DEA también fue detonado porque el gobierno mexicano dio a conocer parte de los datos confidenciales que el gobierno estadunidense compartió sobre el general. Lo que “pone en cuestión si Washington puede continuar compartiendo información para apoyar las investigaciones criminales de México”.

Todavía en 2023 el presidente López Obrador aseguró que “la inconformidad en el fondo (en EU) es porque intervenimos ante una actuación que consideramos violatoria de nuestra soberanía por parte de la DEA y se demostró que le fabricaron delitos al secretario de la Defensa del gobierno anterior, pero independientemente de que era el secretario de la Defensa del gobierno anterior, pudimos constatar de que fue una venganza”. 

Incluso destacó su defensa a Cienfuegos: “Así como salí yo a defender al general Cienfuegos porque percibí que era una injusticia, en política se tiene que tener instinto certero, y a mí me ha funcionado eso. Entonces, así como salí a defender, de decir: a ver, tráiganme todo, está muy raro esto (...)  si Calderón dice que García Luna es inocente, ¿por qué no lo ayuda, si es abogado Calderón, y se mete y lo defiende? ¿Por qué se queda callado?”

Ya en total libertad, el general Cienfuegos gozaba de condecoraciones recibidas de manos del propio presidente López Obrador, e invitaciones al presídium con motivo de la Marcha de la Lealtad en 2025, la primera encabezada por la presidenta Sheinbaum.

Contradicciones

El 10 de febrero pasado, al ser cuestionada por la presencia de Cienfuegos en un acto presidencial, Sheinbaum aseguró que Estados Unidos liberó al general porque no hubo pruebas; y cuando se le recordó que su liberación en México fue por el acuerdo y compromiso de que sería investigado, la mandataria federal rechazó ese apunte.
–Sabemos que Cienfuegos fue regresado a México, pero por una intervención del gobierno mexicano –le recordó esta reportera a la presidenta Sheinbaum–, en el que se hablaba de temas que tienen que ver con la relación bilateral México-Estados Unidos, pero no propiamente porque se le haya llevado un juicio allá y en el que se comprobara o no que él estuviera coludido con el crimen organizado.

–La fiscalía de Estados Unidos en aquella época (todavía era el primer periodo del presidente Trump) no tuvo elementos (...) ¿Tú crees –preguntó Sheinbaum a esta reportera– que si el gobierno de Estados Unidos hubiera tenido realmente algo contra el general Cienfuegos, lo hubiera liberado?

En otro momento del intercambio de preguntas y respuestas la mandataria federal expuso:

“No, discúlpame. No hubo causas, no hubo pruebas suficientes, esa fue la razón de la liberación”.

–En México, ¿no? –se le aclaró a Sheinbaum.

–Y en Estados Unidos –reiteró la mandataria.

En la conferencia mañanera del día siguiente el intercambio de preguntas y respuestas fue de esta reportera con el fiscal general Alejandro Gertz Manero.

“Si el gobierno de Estados Unidos se desistió de la acción, porque en los documentos no existen todas esas consideraciones a las que usted hace referencia, simplemente se desistió de la acción y envió toda la documentación que tenía de ese expediente al gobierno de México”, dijo el fiscal.

–¿Hubo una comunicación formalmente en la que dijeran: “Pues sí, nos desistimos porque, en efecto, no hubo pruebas”?

–A ver, compañera, por favor... Cuando uno notifica oficialmente a una persona moral, y en este caso a un Estado, que la denuncia que presentó no cuenta con ninguna prueba y se le da la oportunidad de presentar las pruebas, no tiene por qué hacer determinaciones o juicios aparte de “sí” o “no” aceptó que ese no ejercicio era jurídicamente válido. ¡Lo aceptó!, compañera, por favor.

En ese momento, el fiscal Gertz Manero aseguraba que el caso en México estaba concluido y que no recibieron por parte de Estados Unidos ninguna queja. Lo que nunca pudo asegurar fue la existencia de un documento en el que oficialmente Estados Unidos expresara que no tenía pruebas y que por ser inocente dejaba en libertad al general Salvador Cienfuegos, lo cual, de hecho, no sucedió porque lo ocurrido fue que delegó la investigación a la FGR. 

El gobierno mexicano aseguró que sus afirmaciones eran la verdad y no su versión oficial, pese que a que en la realidad la posición de Estados Unidos no fue explícita en asegurar que Cienfuegos era inocente, además de que, como confirmó en varias ocasiones López Obrador, sí hubo una intervención de su administración que derivó en la libertad del general Cienfuegos en México.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

Capturan en Sonora a “El Comanche”; ofrecían 1 millón de pesos de recompensa

Era considerado un objetivo prioritario acusado del delito de desaparición forzada, por lo que tenía activas cuatro órdenes de aprehensión.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó que fue detenido Isaías Valentín “N”, alias “El Comanche”, considerado un objetivo prioritario por su presunta responsabilidad en diversos delitos de alto impacto.

De acuerdo con el comunicado oficial, durante la audiencia inicial ante el juez se le formuló imputación por el delito de desaparición cometida por particulares con resultado de muerte, en perjuicio de Massiel Adrián “N”.

Por ello, se determinó como medida cautelar la prisión preventiva justificada.

La audiencia de vinculación a proceso quedó programada para el próximo 23 de julio.

La detención

La captura se llevó a cabo sobre el Camino del Seri, a la altura del bulevar Quiroga, luego de que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de Sonora interceptaron un vehículo Toyota Corolla gris con placas de Baja California.

Según el comunicado, dichas placas eran “similares a las utilizadas en recientes hechos delictivos en los que sujetos armados se ostentaron como elementos de la AMIC”.

“Tras realizar las diligencias correspondientes”, se confirmó la identidad del detenido como Isaías Valentín “N”, originario de Culiacán, Sinaloa, y presunto integrante de un grupo criminal con operaciones en la región.

La Fiscalía de Sonora informó que sobre él pesan cuatro órdenes de aprehensión vigentes, además de una ficha de búsqueda activa, con recompensa de un millón de pesos.

Los delitos por los que se le señala incluyen desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa, con mandamiento judicial emitido el 22 de diciembre de 2023; desaparición cometida por particulares agravada, con orden del 27 de mayo de 2024, y otra más por desaparición cometida por particulares, fechada el 22 de septiembre de ese mismo año.

Asimismo, se le vincula con los hechos ocurridos en enero de 2024 al interior del bar Jakarta Clublife, en Hermosillo, donde se registraron tres homicidios.


FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La Sedena busca tirar 259 hectáreas más de selva para hacer rentable el Tren Maya

La deforestación de selva maya permitirá una terminal con almacenes de autopartes, químicos y tanques de combustible. El proyecto, de siete mil 700 millones de pesos, busca hacer rentable el megaproyecto mediante el transporte de carga.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) planea deforestar otros 259 hectáreas de la selva maya para construir una terminal multimodal del Tren Maya, destinada a cargar y descargar mercancías en tráileres, la cual tendrá un costo calculado en siete mil 700 millones de pesos.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto que la Sedena entregó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la nueva terminal tendrá, entre otros, un almacén de residuos peligrosos, un alojamiento para la Guardia Nacional y otro para los tripulantes, un edificio aduanal, zonas de almacenamiento de combustible, e implicará la “remoción de vegetación forestal” en 259.59 hectáreas.

En el documento, la institución castrense indicó que la terminal multimodal servirá como “almacén temporal destinado a depositar la carga proveniente de vías terrestres de autotransportes para seguir su traslado por medio de vías férreas en el sureste mexicano”; se prevé que 117 personas trabajarán en ella durante su fase de operación, incluyendo 27 soldados de la Guardia Nacional.

Esta terminal multimodal, que no estaba contempladas en el programa original del Tren Maya, forma parte de la segunda etapa del megaproyecto, que consiste en la infraestructura para transportar carga en los más de mil 500 kilómetros de vías del tren. 

En abril último, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el arranque de esta segunda fase, que contemplará terminales en Poxilá y Progreso, en Yucatán; Chetumal y Cancún, en Quintana Roo, y en Palenque, Chiapas, donde se conectará con el Tren Interoceánico; la presidenta informó que el gobierno planea invertir 40 mil millones de pesos en esta infraestructura.

Estas obras aumentarán el costo del Tren Maya, una de las más onerosas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que en diciembre de 2024 ya había costado 470 mil 428 millones de pesos, según documentó Proceso en su edición de junio.

Rentable con la carga

Con el transporte de carga, el gobierno federal pretende hacer un poco más rentable el Tren Maya y llegar a un “punto de equilibrio” en 2030, del que se encuentra muy lejos: en 2024 la empresa que opera el tren reportó ingresos propios de apenas 275 millones 831 pesos, un monto que no cubrió ni 10% de los dos mil 837 millones de pesos que informó como gastos de operación.

“Por eso es muy importante que hayamos iniciado ya la construcción de las instalaciones de carga, para que en 2027-2028 ya estemos generando muchos más ingresos que nos permitan absorber los costos operativos”, dijo Óscar David Lozano Águila, el director de la empresa castrense, durante la conferencia matutina del viernes.

Al preguntarle sobre el costo total del Tren Maya, el general aseveró que no tenía el “dato preciso”; reconoció que el megaproyecto apenas está en “etapa de maduración” y requiere que “se le inyectan recursos”; recordó que “muchas empresas mueren en los primeros tres años”, pero que “nosotros tenemos la ventaja del apoyo del gobierno federal”.

Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del agrupamiento de ingenieros “Felipe Ángeles”, de la Sedena, explicó que la institución castrense terminará las cuatro terminales “más rentables” en un año y medio, incluyendo la de Cancún, con el compromiso de tener una ruta ferroviaria de carga del sureste hasta Nogales, Sonora, a finales del sexenio.

Vallejo agregó que la terminal multimodal de Cancún estará conectada a la red ferroviaria del Tren Maya por una “vía secundaria” que permitirá “que los viajeros que viajan por la línea férrea del Tren Maya no vean estos inmensos patios de carga donde se pierde gran cantidad de vegetación”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.