“En México los avances normativos coexisten con patrones de violencia”, recalcan en Bruselas representantes de la sociedad civil. Y solicitan a la UE, en el marco de sus acuerdos, no descuidar el monitoreo de los DD.HH.
La política antidroga ejercida por el Estado en México pone la seguridad por encima de los derechos humanos. A pesar del cambio de gobierno, "la militarización y el uso de la fuerza siguen y ponen en riesgo el Estado de derecho”, afirmó en Bruselas en la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo David Joloy, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Grave situación
Algunos datos mencionó: la tortura en el país ha aumentado en un 500% desde 2006 y testimonios surgidos de torturas son aceptados como prueba válida. 938 denuncias contra los militares ha habido en el último año y 26.000 personas se han registrado como desaparecidas en el sexenio anterior. La detención preventiva de hasta 80 días, sin cargos, se mantiene, dijo Joloy. Y la tasa de impunidad roza el 98%.