La Asociación de Internet MX advirtió que hay graves efectos sobre la aprobación a la reforma al Código Fiscal de la Federación, con la que se autoriza que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) revise en tiempo real y de forma permanente las operaciones realizadas en plataformas digitales como Netflix, Mercado Libre, Uber y hasta aplicaciones de citas.

En un comunicado, la asociación, quien representa a la industria tecnológica desde hace 25 años, rechazó la aprobación del Artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación, incluido en el Paquete Económico 2026.

“El país correría el riesgo de seguir el ejemplo de países autoritarios que han recurrido a la vigilancia masiva como instrumento de control económico sobre las empresas”, aseguró.

Comentó que incrementa los riesgos de ciberseguridad, pues si se exige emparejar en tiempo real sistemas gubernamentales con sistemas de alto tráfico en la nube, los delincuentes cibernéticos podrían interceptar esa comunicación continua si las conexiones no están debidamente resguardadas.

México consolida, sin mucho debate público, un modelo de vigilancia masiva que erosiona la privacidad, la libertad de expresión y el derecho a la defensa frente a los abusos del poder. Las piezas de este sistema se han ido colocando una tras otra, hasta conformar una estructura de control que se legaliza por etapas y se normaliza en el discurso. 

La más reciente de ellas son las reformas al Código Fiscal de la Federación (artículo 30-B), aprobadas en el Congreso, que otorgan a las autoridades la capacidad de acceder, permanentemente y en tiempo real, a las plataformas digitales para obtener información “que permita comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales", y de bloquear dichas plataformas si se niegan a otorgar dicho acceso.

Estas modificaciones vulneran el derecho a la privacidad y abren la puerta a la censura de contenidos digitales. Lo que se presenta como herramientas para mejorar las capacidades de recaudación fiscal, se erigen en verdaderos instrumentos de vigilancia y control. Las autoridades podrán acceder a datos personales sin supervisión judicial, y ordenar el bloqueo de plataformas de información, si éstas no cooperan. En la práctica, significa que el Estado podría vigilar, sancionar o censurar con un margen amplísimo de discrecionalidad.

Estas reformas forman parte de un paquete legislativo más amplio, promulgado en julio pasado, que reconfigura el aparato de vigilancia estatal. En ese conjunto se incluyeron las modificaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley General de Población, la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Ley en Materia de Desapariciones, Ley de Guardia Nacional; así como la creación de la la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. Todo ese entramado legal permite el acceso cruzado y en tiempo real a registros, y bases de datos públicas y privadas, y crean la CURP Biométrica obligatoria. El discurso oficial habla de “eficiencia administrativa” y “seguridad”, pero en realidad lo que se construye es una infraestructura permanente de control ciudadano.

Este entramado normativo representa el nuevo rostro del espionaje, uno que ya no es clandestino, sino legalizado. Lo que antes hacían agencias secretas o corporaciones privadas en los márgenes de la ley, ahora lo hace el Estado con aval legislativo. El problema es quién vigila, con qué controles y para qué fines.

En paralelo, se consuma la restricción legislativa de los mecanismos con los que ese mismo pueblo puede defenderse. Las recientes reformas a la Ley de Amparo diluyen la figura del interés legítimo y de la suspensión, gracias a la cual personas, organizaciones y colectivos habían logrado frenar normas y actos inconstitucionales. Todo en un contexto de cooptación del Poder Judicial.

En otras palabras, se consolidan simultáneamente dos movimientos regresivos: un Estado que amplía sus facultades de vigilancia y un Poder Judicial debilitado para contenerlo. El resultado es un desequilibrio de poder profundo. La privacidad se convierte en una ficción legal y la ciudadanía queda sin amparo —literal y jurídicamente— frente a los abusos institucionales.

El argumento oficial es conocido: “no hay nada que temer si no se hace nada malo”. Pero esa lógica es el corazón de todos los regímenes de control. La privacidad no es el refugio del crimen, sino el espacio indispensable de la libertad. Además, está plenamente documentando -por lo menos en los sexenios de Peña Nieto y López Obrador- que las herramientas de espionaje de alta gama (como Pegasus) se usan preferentemente contra voces críticas y que su eficacia anti-crimen ha sido nula.

México no llega paulatinamente a este punto. Lo hace paso a paso, con la complicidad del silencio político y la abulia social. Se normaliza la idea de que la seguridad y la eficiencia justifican la intrusión. Se apela a la bondad y la superioridad moral de quienes conforman el actual proyecto político hegemónico. Pero un Estado que todo lo sabe termina creyendo que todo lo puede, y eso es fuente de abusos.

El futuro digital del país no puede edificarse sobre la renuncia a la privacidad y negando las consecuencias sobre resto de nuestras libertades públicas. Si las “leyes espía” avanzan y los mecanismos de defensa se extinguen, las personas quedaremos atrapadas bajo un gobierno que dice hablar por el pueblo, mientras vigila, en tiempo real y sin controles, cada uno de sus movimientos.

El Partido Acción Nacional puso a la disposición de la ciudadanía un formato para la promoción de un juicio de amparo indirecto contra el paquete de reformas aprobado en el anterior período extraordinario de sesiones y con el que, a decir del dirigente panista Jorge Romero, el gobierno podrá espiar a los mexicanos sin mediar una orden judicial.

En un comunicado emitido este domingo 20 de julio el Comité Ejecutivo Nacional del PAN señaló que, además de la localización geográfica, el gobierno podría intervenir las comunicaciones de los ciudadanos en la modalidad de llamada o mensajes de texto, así como la información contenida en los dispositivos móviles y que igualmente tendrá acceso a los datos personales, a saber: nombre, domicilio, nacionalidad, Clave Única de Registro de Población, Registro Federal de Contribuyentes.

“No podemos permitir que el gobierno utilice la tecnología para espiar a las y los mexicanos sin justificación y sin orden de un juez. La ciudadanía no tiene nada que temer si nada debe, pero el Estado sí tiene límites y esos límites los marca la Constitución”, indicó el presidente del CEN, Romero Herrera.

A inicios de julio el dirigente nacional manifestó en rueda de prensa celebrada en Mexicali que en razón de la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión aprobada en el Congreso de la Unión autoridades de seguridad y de procuración de justicia podrían solicitarles a las telefónicas la ubicación de la ciudadanía en tiempo real sin que mediara una orden judicial.

Durante la misma conferencia el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, indicó que la Ley General de Población obligará a entregar la CURP biométrica a la hora de hacer un trámite ante el gobierno o ante un particular. “Con teclear tu CURP van a poder saber dónde estuviste, qué compraste, dónde te hospedaste, a dónde viajaste”, abundó.

A su vez, el coordinador de los diputados federales Elías Lixa denunció que con la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública los datos de la población pueden ser compartidos con gobiernos extranjeros, con el uso de mecanismos de interconexión.

El 4 de julio, la presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que se pudiera geolocalizar a los ciudadanos sin orden judicial de por medio. Aseguró que el “artículo 183” obligaba a los operadores de las compañías a colaborar “en términos que establecen las leyes”.

Ante ello Romero reviró: “Usted dice que mentimos porque señala que ese artículo refiere que se hará según las leyes aplicables, nada más que con ese mismo argumento yo le digo cuál es otra ley igual de aplicable: la nueva Ley de la Guardia Nacional que ustedes también volvieron a votar recién en estos días, y que en su artículo 9 claramente antes de esta reforma señalaba que para geolocalizar personas se ocupaba de una previa autorización judicial, ustedes acaban de quitarle precisamente esa parte”.

El formato de amparo, disponible en el portal del Partido Acción Nacional, apunta a la protección de la justicia federal contra diversas normatividades: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Ley General de Población, Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Como autoridades responsables refiere a la Cámara de Diputados, el Senado de la República, la titular del Poder Ejecutivo federal y el director general del Diario Oficial de la Federación.

Romero Herrera reiteró la invitación a sumarse al amparo colectivo. “No se trata sólo de un tema partidista sino de un derecho que le pertenece a toda la ciudadanía”, mencionó.

Aseguró que, con leyes como tales, Morena tiene pretensiones de “normalizar el espionaje político y social”, tentativa que consideró como un riesgo para la democracia en el país.

“El gobierno debe servir a las personas, no vigilarlas ni intimidarlas”, remató.

En un proceso de apenas cuatro meses, el Gobierno Federal reformó la Ley General de Desaparición Forzada, que había permanecido ocho años sin cambios sustantivos. Las familias organizadas participaron de una manera cosmética en el proceso, siendo invitadas a una serie de eventos apodados “diálogos en Gobernación”, los cuales fungieron como un gran desahogo de múltiples problemáticas que atraviesan las familias en búsqueda, pero no como espacio de consulta sobre estas modificaciones importantes. Sobre todo, porque las familias tendrían muchas cosas que agregar sobre lo que no funciona en la búsqueda de las más de 120,000 personas desaparecidas en México. 

La urgencia gubernamental por el cambio surgió del impacto mediático que en marzo de este año tuvo la denuncia sobre la existencia del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, como un posible espacio de reclusión, entrenamiento o inhumación clandestina de personas. A pesar del tiempo transcurrido, aún no se conocen avances en la investigación ministerial del predio o sus posibles víctimas, salvo por el anuncio del Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, que rechazó la hipótesis del crematorio clandestino, pero eso fue todo. 

La atención mediática de marzo fue perdiendo fuerza con el anuncio presidencial sobre la  “prioridad nacional” que tenían entonces las personas desaparecidas en México, y fue menor para fines de mes, cuando el Ejecutivo envió la propuesta de reforma de las leyes de desaparición y de población. Este lunes 30 de junio, la cámara de Diputados aprobó las modificaciones que ya venían avaladas del Senado, que integraron los datos biométricos y la fotografía a la clave única de registro de población, buscando convertir al documento general de identificación en el país, conocido como CURP, en una “herramienta” para la búsqueda. 

“Una de las críticas centrales a la reforma es que no toca lo más importante que es la búsqueda, fortalecer el sistema nacional y las comisiones. Lo que nosotros decimos es que es una simulación, un caballo de Troya para imponer un sistema de vigilancia masivo de la población, lo cual es muy riesgoso y poco útil para la búsqueda”, dijo en entrevista, Jorge Verátesgui, uno de los familiares movilizados, quien busca a su hermano Antonio Verástegui González y a su sobrino, Antonio Jesús Verástegui Escobedo, desaparecidos desde el 24 de agosto de 2009, en Parras, Coahuila.

CLAUSURA SIMBÓLICA

En la mañana del miércoles 2 de julio, familias de personas desaparecidas hicieron una clausura simbólica en la puerta dos de la sede del legislativo en San Lázaro, en la Ciudad de México, como una forma de mostrar rechazo por las modificaciones legales mencionadas. “Estamos en la cámara de Diputados haciendo esta acción, para dejar constancia de que fue un proceso simulado”, apuntó Verástegui durante el evento. 

La fuente apuntó que la creación de la Plataforma única de identidad, -que en la ley pasa a ser considerada una “plataforma primaria de consulta permanente”- a partir de la modificación de la ley general de población que incluye los datos biométricos de cada persona en su CURP, “registrará todo lo que se hace ante entes privados o públicos”, apuntó. 

La reforma implica la obligatoriedad para los tres niveles de gobierno de hacer un registro “administrativo y consultable en tiempo real”, del CURP de cualquier persona como “mecanismo de identidad oficial”; también se obliga a los privados a generar y compartir información referente a servicios financieros, de transporte, salud, telecomunicaciones, paquetería o “todos aquellos que tengan información útil que sume a las acciones de búsqueda”, según la información oficial publicada por Presidencia. 

“Si vas a comprar al Oxxo, al súpermercado, o hacer una compra en internet, el empresa está obligada a pedirte tu CURP y eso se va a registrar en una plataforma. Igual si vas a una oficina de gobierno a que te presten un servicio. Todo eso queda en manos del Gobierno Federal, sin que se necesite una orden judicial o que exista una investigación criminal para acceder a esos registros. Este tipo de cosas sirven para espiar a las personas, y que no sólo vulneran las privacidad sino también la seguridad, de las personas desplazadas en el país”, sostuvo Verástegui. 

Sus palabras revelan una desconfianza de las familias en búsqueda hacia las instituciones estatales: “el gobierno no ha dado muestras para confiarle todos nuestros datos de manera irrestricta, y la negativa a tener controles judiciales, genera más dudas. Así como no saber realmente quién va a utilizar la plataforma”, apuntó. Según la ley, ésta deberá ser desarrollada en un plazo no mayor a 90 días naturales. 

SIN MEJORAS

Colocando carteles con los rostros y nombres de personas desaparecidas y pintando en el piso, con grandes letras blancas la frase “Sin las familias no, espiar no es buscar”, dejaron plasmada su posición frente a las medidas del nuevo gobierno. Entre ellas, estuvo María Coronado, quien busca a su esposo Mauricio Aguilar Leroux, desaparecido desde el 27 de mayo de 2011, en Córdoba, Veracruz, quien redobló la desconfianza: “creo que esto es muy peligroso porque de por sí, las familias ya están en riesgo por buscar, ¡imagínate! Con esto van a saber todo lo que hacemos, dónde estamos, dónde nos movemos, si tenemos una reunión. Todo esto es para ponernos en bandeja de plata”, contó en entrevista a Desinformémonos. 

Para la buscadora, la desconfianza ha sido la tónica en la relación con el poder público, la cual se ha nutrido, en sus palabras, por la falta de un diálogo genuino con quienes viven este flagelo: “creo que las reuniones del gobierno con las familias sobre este tema han sido una farsa, porque no invitó a todas. Ellos dan una cifra de que recibieron a más de 500 colectivos y familias que estuvieron de acuerdo con los cambios, cuando eso es una mentira. Desde ahí vuelven a engañar a la sociedad, pero nosotros sabemos que nos siguen poniendo trabajas para encontrar a nuestras familias”, analizó. 

En su caso, considerado de “larga data” en los ámbitos gubernamentales, dado los 14 años y un mes, -según contó Coronado- que lleva en búsqueda: “al gobierno no le importa mi caso, ni los presos políticos hacia atrás y mucho menos los de esta época. Entonces, en la actualidad, día a día, seguimos viendo las desapariciones y no podemos encontrarlos. Somos las familias quienes ponemos a los ministerios públicos, toda la información sobre sus familiares”, apuntó una situación que es común a las buscadoras, quienes además de cargar con el dolor que las embarga, deben cargar con el peso de las investigaciones. “En el caso de mi esposo, lo que ellos tienen es porque yo investigué y lo puse sobre la mesa. Pero cuando voy a verlos, me presentan lo mismo que les dije y les reclamo ¡dime algo que yo no sepa! ¡que tú hayas investigado!”, acusó. En su caso, han pasado tres funcionarios ministeriales encargados de su carpeta, sin mayores avances. 

El día de su desaparición, su esposo salió de la ciudad de Córdoba, Veracruz, y en el trayecto por el municipio de la Concepción, “él venía en coche y se lo tragó la tierra”, contó. “Iba a recoger a mi hijo, que iba a hacer unas prácticas de fútbol en Querétaro, en segunda división, pero ya no llegó. Yo vivía entonces en Coahuila y quise poner la denuncia allá, pero me dijeron que tenía que ir a Veracruz y cuando llegué, los mismos policías me decían: ¡ah! ¡es que fue atravesando el triángulo de las bermudas! ¡ahí todo el mundo desaparece!”

La aceptación de la desaparición sin la mayor conmiseración que les mostraron los funcionarios públicos, obligó a las familias a afrontar la difícil situación por su cuenta: “tú sola tienes que ver los medios, para moverte, para buscarlos. En ese tiempo, mi hijo enfermó de cáncer y yo corría del hospital, a la marcha, a fiscalía. Era una locura. Y no te das cuenta que tu familia se desintegró, porque el papá está desaparecido, pero la mamá prácticamente también, porque desde temprano sale de la casa y llega hasta la noche, por andar de un lado a otro. Desgastada emocionalmente, físicamente. Ha sido todo muy difícil para nosotros como familia. Y no quiero siquiera ya pensar en cómo está él, en qué condiciones. Todo eso no nos deja en paz, por eso, hoy estamos aquí”, concluyó.

En un periodo extraordinario que concluyó el 1 de julio de 2025 el Congreso de la Unión, dominado por Morena y sus aliados, aprobó un paquete de reformas legales que constituye el más ambicioso sistema de vigilancia y espionaje en la historia de México. Ese andamiaje jurídico, presentado bajo el pretexto de fortalecer la seguridad pública y combatir la delincuencia, representa en realidad una amenaza sin precedentes a la privacidad, los datos personales y los derechos fundamentales de los mexicanos.

La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, aprobada en el Senado con 67 votos en favor, 29 en contra y tres abstenciones, otorga al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) facultades de acceso irrestricto a toda la información contenida en la Plataforma Única de Identidad. Esta ley establece en su artículo 12, fracción III, que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) podrá solicitar a instituciones públicas y privadas el envío de información contenida en cualquier registro administrativo.

La Plataforma Única de Identidad creada por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada permitirá consultas en tiempo real y estará interconectada con bases de datos públicas y privadas. Esta plataforma realizará búsquedas continuas y seguimiento en tiempo real de las actividades realizadas con la CURP.

La Ley para Eliminar los Trámites Burocráticos, aprobada con 63 votos en favor en el Senado, crea la Llave MX como mecanismo de autenticación e identificación vinculado a la CURP. Esta herramienta permitirá eliminar 75% de los trámites presenciales, pero a costa de centralizar toda la información personal en una sola plataforma gubernamental, con los riesgos que ello implica en términos de ciberseguridad.

El artículo 72 de esta ley establece que la Llave MX podrá asociarse a fotografía y huellas dactilares contenidas en registros administrativos. Además, contempla la creación del Expediente Digital Ciudadano que permitirá la interoperabilidad entre bases de datos, registros y sistemas para integrar, consultar y compartir información.

La reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada con 369 votos en favor en Diputados, preserva y amplía el sistema de acceso a datos conservados y geolocalización en tiempo real sin controles judiciales de la ley de 2014. 

El artículo 183 establece que los concesionarios de telecomunicaciones deberán colaborar con las instancias de seguridad en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos terminales.

Esta disposición permite que cualquier ciudadano con celular (prácticamente todos) pueda ser geolocalizado en tiempo real sin orden judicial. Los operadores deberán conservar los datos por dos años y las autoridades podrán consultarlos sin control judicial. Esto afecta a más de 100 millones de mexicanos que utilizan teléfonos móviles.

Resulta particularmente preocupante que estas reformas ignoren por completo las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de las Nación. En marzo de 2025, la Primera Sala declaró inconstitucional el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que contemplaba la entrega de datos conservados sin control judicial previo.

La SCJN determinó que los datos conservados ameritan una protección constitucional fuerte y que su acceso requiere autorización previa de la autoridad judicial.

La construcción de este sistema de vigilancia masiva encuentra precedentes sólo en regímenes autoritarios que han utilizado la tecnología para el control social. Los promotores de estas reformas argumentan que son necesarias para combatir la inseguridad y el crimen organizado. La experiencia internacional demuestra que la vigilancia masiva es ineficaz para prevenir delitos, más bien puede facilitarlos. 

La extinción de organismos garantes de derechos fundamentales como el INAI, el IFT y la renovación del Poder Judicial por voto popular agudizan los riesgos y la politización. En un país donde las instituciones de seguridad han sido infiltradas por el crimen organizado, entregarles acceso irrestricto a información personal de todos los ciudadanos representa un peligro mayúsculo.

El andamiaje de vigilancia y espionaje de la 4T constituye una grave amenaza a la democracia mexicana. Al eliminar los controles judiciales, centralizar la información en manos del Ejecutivo y crear mecanismos de vigilancia masiva sin contrapesos, este sistema transforma al Estado mexicano en un aparato de control social, vigilancia y espionaje incompatible con los principios democráticos.

Acceso a datos personales, biométricos y registros digitales por parte de instituciones civiles y militares, interconexión de bases de datos del gobierno y hasta de particulares, compartir la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles sin controles son algunas de las facultades que tendrán las autoridades con las reformas aprobadas en fast track por la mayoría de Morena en el Congreso. 

Las reformas modificaron leyes en materia de población, seguridad, desaparición de personas, telecomunicaciones y Guardia Nacional y crearon una ley de inteligencia lo que, de acuerdo con especialistas, dará capacidades de vigilancia masiva sin controles al gobierno y representa una amenaza a los derechos humanos como la privacidad y protección de datos personales.

“Estas diferentes leyes conformaban una especie de rompecabezas que, al ir uniendo diferentes piezas, lo que buscan es ampliar las capacidades de vigilancia del Estado”, explica José Flores, director interino de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D). “Ese sistema de vigilancia masiva puede llevar al espionaje de personas en específico”, alerta. 

En las conferencias, la presidenta Claudia Sheinbaum lo ha negado. “Es mentira que las leyes aprobadas tengan que ver con que el Estado va a espiar”, dijo el 2 de julio. Por eso en El Sabueso te explicamos en qué consiste cada ley aprobada y sus implicaciones.

En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió que esto no implica la intervención de comunicaciones, pues el artículo 14 constitucional establece que “exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada”. 

Sobre esta reforma, el abogado Luis Fernando García cuenta que desde 2014 las empresas de telecomunicaciones estaban obligadas a resguardar y conservar los datos de tráfico de comunicaciones o metadatos de comunicaciones, por ejemplo, quién se comunicó con quién, la fecha, hora y duración de esas conversaciones y la ubicación. 

Sin embargo, especialistas coinciden en que desde entonces no estaba claro qué autoridades podían requerir esos metadatos y si era necesario el control judicial, es decir, pedirle permiso a un juez antes de que las empresas tuvieran que entregar esta información a las autoridades, ambigüedad que persiste pese a la reforma, pero que en el marco de las demás leyes, representa otro riesgo de vigilancia a la ciudadanía.

“‘Las autoridades facultadas’ pero no hace explícito quiénes son. Entonces, si otro orden legal hace creer a una autoridad que se encuentra facultada y ese ordenamiento no le dice que requiere una autorización judicial, entonces muchas veces se toman esas atribuciones”, alerta García.

Organizaciones civiles alertaron que las recientes reformas legislativas aprobadas en fast track por la aplanadora de Morena y sus aliados en el Senado y en la Cámara de Diputaos representan riesgos para la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión, por lo que llamaron a los legisladores a frenarlas.  

En un comunicado firmado por un conjunto de organizaciones sociales agrupadas en el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC), criticaron que las reformas a la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión , la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Ley General de Población, fueron a probadas “sin garantizar un proceso de discusión pública, sin parlamento abierto y en total opacidad”.

Los recientes cambios a las leyes en materia de seguridad, telecomunicaciones y Guardia Nacional (GN) estarían configurando un sistema de vigilancia masiva intrusiva, desproporcionada e incompatible con los derechos de los ciudadanos, según consideró, el 2 de julio de 2025, la Oficina regional para México y Centroamérica de la organización no gubernamental internacional Artículo 19.

La ONG internacional sostuvo, en un comunicado, que las nuevas facultades otorgadas al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Guardia Nacional (GN), para acceder a información de usuarios de telefonía prefiguraban un sistema de vigilancia con pocos o nulos controles efectivos.

“La Ley de Inteligencia establece que el Centro Nacional de Inteligencia podría acceder sin restricciones a las bases de datos, y la Ley de la Guardia Nacional determina que los militares también tendrán acceso a los datos personales de la población sin controles, se perfila la configuración de un sistema de vigilancia masiva intrusiva, desproporcionada e incompatible con la protección a los derechos humanos”, sostuvo Artículo 19.

Según dijo la ONG internacional, cuyo director es Leopoldo Maldonado Gutiérrez, aunque en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión se exigía control judicial para intervenir comunicaciones privadas, no se explicitó el mismo estándar para la geolocalización en tiempo real o el acceso a datos conservados de las ubicaciones de los usuarios.

“Una redacción tan ambigua deja abierta la puerta para ingresos arbitrarios por parte de distintos funcionarios públicos”, advirtió Artículo 19, que también externó su preocupación por el establecimiento de la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos, como requisito para la contratación de líneas móviles telefónicas y de comercio electrónico.

“Esta disposición, sumada a las reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en materia de Desaparición Forzada que imponen la CURP biométrica como condición obligatoria para acceder a servicios públicos y privados, y una Plataforma Única de Identidad para monitorear y gestionar la identidad de todas las personas en México con consultas en tiempo real, además de ser discriminatorias ponen en extrema vulnerabilidad los datos de las personas sin el más mínimo control, transparencia ni rendición de cuentas”, destacó la ONG internacional.

“Además, por la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia que ordena la interconexión entre bases de datos públicas y privadas, las autoridades podrán acceder irrestrictamente a toda la información de una persona para fines compatibles, o no, con los principios democráticos”, alertó la organización no gubernamental internacional.

Sin embargo, el 3 de julio de 2025, en respuesta a las críticas lanzadas contra la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con la que se constituyó la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), así como la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso darle un nuevo nombre a dicha norma y denominarla “Ley de Apoyo a la Población”.

“Entonces, se incorporaron muchísimas observaciones, ahora la famosa ‘Ley Espía’ hoy otra vez ahí están no sé cuántos comentócratas. No, no, es la Ley de Seguridad y Apoyo a la Población, así debería llamarse, no tiene nada que ver con el espionaje”, enfatizó la titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“Porque es falso, de toda falsedad, que haya en esas leyes alguna capacidad que le den al Estado mexicano fuera de la Constitución para vigilar a las personas. Falso de toda falsedad”, manifestó la mandataria nacional, quien también acusó que las críticas a la citada Ley obedecían a un tema político por parte de algunos personajes, a quienes acusó de estar siempre en contra de su Administración.

“Es un tema político de criticar al Gobierno, no importa qué ley hubiéramos puesto, no importa el contenido de la ley. Hay algunos personajes que todo va a ser en contra nuestra, todo. El problema es que dicen mentiras, por eso tenemos nuestra sección del ‘Detector de Mentiras’. Por eso, ahora la ley habla del derecho de las audiencias, o sea, el derecho del pueblo a la información”, insistió Sheinbaum Pardo.

La titular del Poder Ejecutivo Federal reiteró que era falso que su Gobierno fuera a espiar a la población y que esta actividad sólo se realizaría a partir de la orden de un juez, como parte de una carpeta de investigación.

“Hay nuevas disposiciones en la ley ahí, es falso, absolutamente falso, que el Gobierno, que cualquier institución del Estado mexicano vaya a vigilar a alguna persona. ¿Cómo puede hacerse la vigilancia a partir de la orden de un juez?, ¿cómo puede otorgar un juez esa orden?, pues a partir de una carpeta de investigación y de pruebas”, agregó la presidenta.