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Sheinbaum se reúne con directivo de empresa cuyo ejecutivo rentó “casa gris” a hijo mayor de AMLO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió, el 14 de julio de 2025, en Palacio Nacional, a Lorenzo Simonelli, presidente y director ejecutivo de Baker Hughes, empresa estadounidense, contratista de Petróleos Mexicanos (PEMEX), cuyo ejecutivo, Keith L. Schilling, rentó una mansión, en Houston, Texas, llamada “casa gris”, a José Ramón López Beltrán -hijo mayor del ex presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador-, y su esposa, Carolyn Adams Solano.

“Recibimos en Palacio Nacional a Lorenzo Simonelli, presidente y director ejecutivo de Baker Hughes, empresa estadounidense con diversos proyectos de inversión en México y Estados Unidos. Hay confianza en nuestro país”. escribió la titular del Poder Ejecutivo Federal, en su cuenta de la red social X, en la cual anexó una fotografia, donde se observaba a Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía (SENER).

El hijo mayor de López Obrador, exigió, el 10 de octubre de 2024, que Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz -ex candidata a la Presidencia de la República, de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que integraban la coalición “Fuerza y Corazón por México”- se disculpara por el supuesto acoso que sufrió él y su familia, en su domicilio particular ubicado en Houston.

“Sería sano que ella pidiera una disculpa, pero bueno no lo van a hacer, espero que lo hagan”, declaró López Beltrán, durante una entrevista, en la que también apuntó que esperaba que hicieran lo mismo periodista Carlos Loret de Mola Álvarez, y otras personas que, según dijo, “estuvieron metiéndose con este tipo de cuestiones”.

López Beltrán, de 44 años de edad, reprochó que opositores de su padre, incluida la ex senadora y política hidalguense, se apersonaron en la residencia particular, donde vivía con su familia, que fue conocida como la “casa gris”.

“Es molesto que lleguen a tu casa y que te estén molestando, a fin de querer provocar. Buscaban sacarnos de quicio, que les dijéramos dos o tres cosas, sacar de contexto algo, pero al final de cuentas, no sucedió nada”, señaló el hijo del político tabasqueño.

“Cuando vino la señora Xóchitl acá mandé un escrito para decirle que acá no se pueden hacer ese tipo de cosas, y no lo hagas. También en el entendido de que tenemos familia, tengo hijos. No se disculpó”, reprochó López Beltrán.

El 28 de junio de 2024, López Beltrán señaló que continuaba trabajando como asesor legal de desarrollo y construcción, en la empresa KEI Partners, ubicada en Houston, fundada por los mexicanos Érika e Iván Chávez, hijos del empresario chihuahuense Daniel Jesús Chávez Morán, fundador y dueño del Grupo Vidanta -conglomerado de hoteles, centros turísticos y desarrollador de bienes raíces de lujo-, quien además fungía como miembro del Consejo Asesor Empresarial del Gobierno que encabezaba su padre, y que nombró “supervisor honorario” de la construcción del Tren Maya.

“La verdad me da flojera contestarte @CarlosLoret [de Mola Álvarez], pero bueno, te daré un poquito de mi tiempo… Siento mucho si me ves como un provocador por el simple hecho de desmentir todas las calumnias que dicen sobre mí, incluidas las que dices tú. ¿Sabes qué es realmente provocador? Que te creas un periodista serio y veraz”, comentó el hijo mayor de López Obrador.

“A lo que comentas de la casa que se rentó en un barrio de clase media a las afueras de Houston, ya fue aclarado con pruebas e investigaciones serias tanto norteamericanas como mexicanas. Por cierto, cuando sacaste ese cuento, perdón, “reportaje”, ya no vivíamos ahí desde hacía más de un año y medio. No veo la corrupción ni el conflicto de interés al rentar una casa con una alberca con dinero de nuestro trabajo honesto. No me la prestaron ni mucho menos me la regalaron”, expresó López Beltrán.

“Así que, por favor, ahórrate tus mensajes moralinos que no tienes ningún gramo de autoridad para darlos. Para aclarar una más de tus mentiras, sigo trabajando en KEI PARTNERS http://keipartners.com”, finalizó el hijo mayor del mandatario nacional.

El entonces presidente López Obrador afirmó, el 30 de marzo del 2022, que él no hubiera pagado 100 mil pesos de renta mensual por la mansión que arrendaron, su hijo mayor y a su nuera, en Houston, a Keith L. Schilling, quien entonces era un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, contratista de la empresa paraestatal PEMEX.

“Esto es lo que hicieron, una cuestión muy creativa, ¿no?, una casa rentada y todo. Estaba viendo algunos que decían que ‘nos debe una explicación’. Y pues nada, ya hemos hablado bastante. José Ramón tiene 40 años, está casado, rentó una casa con su esposa, 100 mil pesos mensuales, yo no lo haría, pero él es independiente”, comentó el mandatario nacional.

“La rentó a un particular y quienes hicieron el reportaje inventaron de que la casa se la habían rentado porque yo ordené dar contratos a una empresa petrolera extranjera. Imagínense si le amplió contratos a una petrolera extranjera y a cambio le pido a esa empresa que le renten la casa, o sea que el moche es que le renten la casa a José Ramón, ni conozco la empresa, ni nada absolutamente”, recalcó el político tabasqueño.

“Pero cuando dicen ‘nos debe una explicación’, me pongo a pensar y digo qué les molesta. Cuando aquí digo que [Felipe] Calderón [Hinojosa] nos debe una explicación de por qué contrató y era su brazo derecho [Genaro] García Luna, y por qué no ha dicho nada sobre eso, y por qué aceptó que el Gobierno de Estados Unidos introdujera armas. Y nos debe explicación de por qué declaró la guerra, y nos debe muchísimas explicaciones sobre las masacres en su Gobierno”, insistió.

El entonces presidente López Obrador informó, el 24 de febrero del 2022, que ordenó iniciar una investigación sobre el presunto conflicto de interés que podría involucrar a su hijo mayor y a su nuera, por el caso de la mansión que rentaron, en Houston, a Keith L. Schilling, quien entonces era un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, contratista de PEMEX.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional detalló que también pidió al entonces director general de la paraestatal mexicano, Octavio Romero Oropeza, entregara a la Fiscalía General de la República (FGR) la revisión interna, solicitada por la propia compañía estadounidense, con la finalidad de que se integre al expediente.

“Nunca más impunidad, nunca más ocultar las cosas, decir la verdad, no mentir y no proteger a familiares, no al nepotismo. Ahora que salió lo de José Ramón, yo estaba seguro que no había ningún conflicto de intereses, estoy absolutamente seguro, pero de todas maneras ordené que se abriera la investigación o que se diera respuesta a las denuncias presentadas, el que nada debe nada teme”, afirmó el político tabasqueño.

“¿En la Secretaría de la Función Pública [SFP]?”, le preguntó un reportero. “En la Fiscalía. Y cuando la empresa petrolera vino y dio un dictamen, mi instrucción al director de Pemex: preséntalo, que se integre a la investigación que tiene la Fiscalía”, respondió López Obrador.

Además, el mandatario nacional reprochó que el presunto caso de conflicto de interés que involucraba a su familia hubiera sido “inflado” por los medios de comunicación. También aseguró que uno de los autores de la publicación inicial ya había reconocido que se trataba de un asunto político.

“Fíjense, lo elemental de la acusación en cuanto a la casa rentada en Houston, pero cómo lo inflaron. Y ahora este periodista cínico, que según Carmen Aristegui [Flores] era un profesional, se atreve a decir de que no era una investigación, que era un asunto político, a reconocerlo”, insistió el presidente.

El informe del despacho R. McConnell Group PLLC., mismo que descartó un conflicto de interés por el tema de la casa en Houston y los contratos con PEMEX, era un trabajo serio y, para los que dudaban de sus conclusiones, en caso de que hubiera falsedades, esto tenía severas consecuencias para los trabajadores de la empresa y para la compañía en Estados Unidos, señaló Bob Pérez, vicepresidente de Baker Hughes para México y América del Sur, en una entrevista con El Economista, publicada el 23 de febrero del 2022.

“El despacho externo que hizo el trabajo es McConnell Group. No encontró nada ilegal. Pueden decir que lo importante es que fue contratada por nosotros, pero yo quiero subrayar que las leyes estadounidenses establecen sanciones también para ellos, en caso de que no hicieran bien su trabajo. Además tiene una reputación que cuidar, ¿por qué arriesgar tanto por hacer un trabajo a modo”, afirmó Pérez.

“No es correcto decir que tuvimos un trato diferente al de otras empresas que venden servicios a PEMEX. Esto se puede verificar porque los datos son públicos y están a disposición de quien los quiera consultar”, agregó el presidente de Baker Hughes.

El 24 de febrero del 2022, en entrevista con El Universal, Pérez sostuvo que los resultados de la auditoría que encargó “nos permite tener la certeza de que no hicimos nada fuera de norma, ni encontramos irregularidades, y por eso vamos a seguir compitiendo y participando en las licitaciones que publique PEMEX”.

“PEMEX, como parte de su negocio, publica sus licitaciones y, si éstas caen dentro de nuestro dominio, vamos a seguir compitiendo y participando”, respondió al preguntarle si, dentro de su plan de negocios en México, hay próximas inversiones donde quieran o puedan participar.

Gálvez Ruiz, entonces senadora de la República que pertenecía al grupo parlamentario del PAN, en la Cámara alta del Congreso de la Unión, informó, el 22 de febrero del 2022, que la Comisión de Bolsa y Valores​ del Gobierno de Estados Unidos (en inglés, U.S. Securities and Exchange Commission, comúnmente conocida como la SEC), admitió su denuncia (con folio 16439-711-457-818). Ello para investigar un posible conflicto de interés de López Beltrán y de su esposa por el caso de la mansión que rentaron, en Houston.

“Quiero decirles que por más que Carolyn Adams exija que se respete su vida privada, pues al casarse con el hijo del presidente ella se convirtió en un personaje políticamente expuesto, es de interés público saber si la relación contractual”, indicó la senadora hidalguense.

“Que ya la conocemos porque hizo público la primera parte del contrato, si tuvo algo que ver con el incremento millonario que en ese momento se dieron a los contratos de Baker Hughes. Entonces quiero anunciar que la Securities and Exchange Commission ha admitido la denuncia que una servidora hizo para ser investigados”, señaló Gálvez Ruiz.

La legisladora panista agregó que el número de admisión de su denuncia era el 16439-711-457-818, en la que se encontraban todos los documentos y anexos, donde además se incluirían nuevas pruebas del contrato, para corroborar que “sí hay una relación contractual”.

Durante una conferencia de prensa, la senadora también llamó a Morena a “no comer ansias” en el tema, porque quien iba a determinar el conflicto de interés y posibles actos de corrupción era el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés).

“También la [Fiscalía General de la República] FGR me admitió [la denuncia]. Por lo tanto yo le diría a Morena que no coma ansías, sé que ellos están acostumbrados de manera autoritaria a resolver las cosas, pero quien va a determinar el conflicto de intereses y posibles actos de corrupción es el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la SEC”, finalizó Gálvez Ruiz.

El 21 de febrero del 2022, el vicepresidente regional de Baker Hughes, Bob Pérez, dijo que la empresa revisó los contratos que tenía con PEMEX y aseguró que una investigación interna no encontró conflicto de interés en la renta de la casa en Houston, de su entonces alto ejecutivo Keith Schilling a López Beltrán y de su esposa.

Durante una conferencia de prensa desde las oficinas de PEMEX en la Ciudad de México -con la presencia del entonces titular de la empresa paraestatal mexicana, Romero Oropeza-, Pérez dijo, además, que, según la investigación interna ordenada al despacho estadounidense McConnell Group, los contratos de Baker Hughes con Petróleos Mexicanos se apegaban a las leyes mexicanas.

“Revisamos los contratos, que han salido en los medios, que hemos tenido con PEMEX y les puedo decir que no encontramos ningún conflicto de interés ni nada irregular”, informó Pérez, quien también dijo que la empresa que representaba solicitó una investigación a una firma independiente y especializada, misma que analizó las publicaciones relacionadas con el arrendamiento de un inmueble a Adams Solano.

“Baker Hughes no tuvo ninguna participación en la transacción de arrendamiento mencionado. La residencia en cuestión nunca ha sido propiedad, ni ha sido gestionada directa o indirectamente por la empresa”, señaló la investigación presentada desde las instalaciones de PEMEX.

Pérez afirmó que Baker Hughes nunca fue consultada, ni tuvo conocimiento de la transacción de arrendamiento de la mansión en Houston, y que se enteró del caso hasta que fue publicado en los medios de comunicación.

En referencia a Keith Schilling, a quien perteneció la casa que rentó el hijo mayor del presidente López Obrador, el empresario dijo que el ex alto ejecutivo dejó de trabajar en dicha empresa en 2019 y afirmó que no tenía relación con las ventas de Baker Hughes con México.

“Keith Schilling fue empleado de Baker Hughes durante 2016 y salió en diciembre de 2019. Durante su tiempo en Baker él trabajó en el grupo de Norteamérica y México no está dentro de este grupo”, aseguró el empresario.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Sector privado rechaza que Infonavit regularice ocupación ilegal de viviendas

Diversos organismos empresariales rechazaron “categóricamente” que el Infonavit regularice la ocupación ilegal de viviendas, mediante arrendamientos con opción a compra a precios subsidiados de esos inmuebles.

“El Infonavit fue creado para proteger el patrimonio de los trabajadores, no para avalar ocupaciones irregulares ni convertir en beneficiarios a quienes han tomado inmuebles que no les pertenecen”, señalaron la Coparmex, Concamín, COMCE, CNET, AMIB y Canaco CDMX.

Los organismos empresariales indicaron que el 86% de las 168 mil viviendas censadas por la Secretaría del Bienestar están habitadas por personas sin ningún vínculo jurídico con el Instituto ni con los legítimos propietarios. “Pretender que estos ocupantes puedan adquirir los inmuebles, por debajo de su valor real, representa un grave precedente”.

Consideraron como una “crisis de gestión” que el índice de morosidad se disparó del 7.8% en 2018 a más del 18% en 2024, y el deterioro de la cartera crediticia asciende al 32% si se consideran los créditos segregados. Es decir, uno de cada tres financiamientos otorgados por la institución presenta incumplimientos de pago.

“En lugar de regularizar los créditos vencidos en beneficio del patrimonio del acreditado, se impulsa una estrategia que agrava el problema y compromete el futuro financiero del Instituto”, afirmaron.

La administración anterior ya había instruido que no se procediera con desalojos a acreditados con pagos vencidos. Ahora, se pretende extender ese criterio a invasores, incluso cuando las viviendas siguen formando parte del patrimonio de acreditados que han cumplido con sus obligaciones o tienen pagos pendientes de su crédito, lo que representa una vulneración directa al derecho de propiedad y mina la certeza jurídica en nuestro país.

“Rechazamos de forma categórica cualquier iniciativa que premie la toma ilegal de viviendas y exigimos que las autoridades competentes  -en especial la Asamblea del Infonavit- detengan cualquier intento por legalizar ocupaciones al margen de la ley”

El Instituto no tiene atribuciones legales para otorgar créditos, rentas, ni escrituras a personas que no son derechohabientes, lo cual corresponde a la Comisión Nacional de la Vivienda (Conavi), agregaron

Fue el 16 de junio pasado cuando el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, planteó que las personas que están ocupando irregularmente una vivienda la puedan adquirir a un precio “muy económico, valor en libros”, con un esquema -si no son derechohabientes- de renta con opción de compra, “de manera que vayan pagando la renta y pagando la casa y a los cuatro o cinco años sean ya dueños de su vivienda”.

A los legítimos propietarios de esas viviendas ocupadas irregularmente se vería “cómo le reponemos la vivienda” con los más de 20 mil inmuebles abandonados, y reestructurando su crédito.

En México existen 843 viviendas “emproblemadas”. De las 168 mil ya censadas por la Secretaría del Bienestar, 23 mil están deshabitadas y/o vandalizadas. El resto, 145 mil, está en su mayoría habitadas por personas que está ocupándolas de manera irregular, aseguró el funcionario federal.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: JULIETA ARAGÓN.

Con AMLO aumentan consultorios médicos privados: sólo en 2023 hubo más de 9 mil nuevos establecimientos, el máximo histórico

Entre 2019 y 2022, la proporción de personas en situación de pobreza que acudió a centros de salud públicos pasó de 36 % a 25 %, mientras que la atención en consultorios anexos a farmacias subió de 13 % a 23 %, lo que implica un aumento en el gasto de los mexicanos para su salud.

Andrea Genaro, de 52 años, tenía un dolor en el estómago que no la dejaba estar en paz. Acudió a la Clínica 5, de los servicios de salud de la Ciudad de México, donde atienden a personas sin seguridad social como ella. Para su sorpresa, esperó poco para ser atendida por una médica y tres días después recibió los resultados de los estudios de sangre y orina que le mandó a hacer.

Al regresar a consulta, la doctora le dijo que tenía infección en las vías urinarias, pero no tenían medicamento para darle. “Me seguí sintiendo mal. Y (pensé) si ya me hicieron el estudio y no me dieron nada, pues mejor voy a otro lado. Y fui al Similar”. 

Pagó 60 pesos por la consulta y la doctora nuevamente le mandó a hacer estudios, pero esta vez, Andrea tuvo que pagar 350 pesos en un laboratorio de la misma cadena de farmacias. Gracias a eso le detectaron una bacteria en el estómago y le recetaron antibióticos por los que pagó otros 200 pesos.

Su curación le costó 610 pesos, lo que gana, si le va bien, en tres días de venta de las artesanías que tiende en el piso en las calles de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. “Hay días que uno vende algo, hay días que nada. A veces vendo 50 pesos, 60 pesos, pero eso no alcanza ni para la comida; cuando cae algo puedo vender unos 200 pesitos”. 

Lo que gana Andrea, de piel morena acentuada por las horas bajo el sol y de menos de 1.50 metros de estatura, le alcanza apenas para comer junto con su esposo y sus dos hijas. Aunque ellas también trabajan, la familia no ha podido comprar un refrigerador.

Aún cuando tiene que gastar lo poco que tiene en su salud, sabe que es la única forma de atenderse. “Uno busca la forma, cómo hacer para pagar, porque tiene la necesidad de curarse”, dice. Aunque la bacteria ya cedió, aún tiene un dolor en el brazo que le persiste desde el año pasado, pero tendrá que esperar. 

“Tengo que juntar otro poquito (de dinero) y ya después voy al médico y ya pues que me dicen. Porque si me dicen ‘tienes que comprar esto o tienes que hacer un estudio’, si no tengo ¿cómo?”. 

Andrea sólo es un caso de millones. Hasta 2022, seis de cada 10 personas se atendieron en servicios privados de salud, de acuerdo con datos del INEGI. Entre las opciones estuvieron los llamados Consultorios de Atención Adyacente a Farmacias (CAF), el lugar más recurrente para los estratos económicos más bajos.

En 2019 sólo 13 % de los más pobres del país se atendían en farmacias, y 36 % en centros de salud de la Secretaría de Salud que brinda servicio a quienes no tienen seguridad social, pero para 2022 la proporción fue opuesta: 23 % acudió a farmacias, y 25 % a centros de salud.  

Los datos de atención también confirman ese cambio. El número de consultas de la Secretaría de Salud pasó de 95 millones en 2018 a 51 millones en 2022, y ya sin la pandemia de Covid-19 que había afectado los servicios. Significó una caída de 44 millones, es decir, 46 % menos consultas para personas sin seguridad social. 

Esto implica que los mexicanos gastan más de su bolsa para atender sus padecimientos. Y, peor aún, el mayor aumento de gasto ocurrió entre los más pobres: mientras en 2018 desembolsaron 1,729 pesos al año para tratar algún padecimiento, en 2022 gastaron 2 mil 679 pesos. Esto es un aumento de 54 % en cuatro años, de acuerdo con datos del INEGI analizados por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). 

Ese dinero termina en las empresas que, ante la demanda, ofrecen servicios de atención básica de manera rápida y medicinas a bajo costo. Aunque ha sido una industria en crecimiento constante desde hace varios gobiernos, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se registró el mayor número de permisos para nuevos establecimientos de los últimos 23 años, de acuerdo con datos oficiales.

Desde el 22 de mayo, Animal Político preguntó a la Secretaría de Salud sobre el incremento de servicios privados de salud durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero no hubo respuesta. Al final de esta nota podrás ver el cuestionario enviado.


Los más pobres pagan por atención médica

A través de solicitudes de información, Animal Político obtuvo la estadística de los nuevos “Avisos de Funcionamiento”, un permiso que cualquier establecimiento privado que quiera dar servicios de salud debe tramitar ante la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). 

Se trata de consultorios que un médico puede abrir incluso en su casa, consultorios adyacentes a farmacias, consultorios en torres médicas, e incluso de atención dental.

Los datos demuestran que en el sexenio pasado se tramitó el mayor número de permisos. En 2010 se emitieron 4,148 avisos de funcionamiento y la tendencia se mantuvo, en los siguientes años con un pico registrado en 2013, con más de 6 mil.

En 2018, en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto hubo 4 mil 556 avisos para nuevos establecimientos, pero en 2023, un año antes de terminar la gestión de López Obrador las solicitudes prácticamente se duplicaron, al llegar a 9 mil 235 avisos de funcionamiento de nuevos establecimientos.


En Chiapas, el estado donde más población carece de servicios de salud, con 66 % de su población y en el que 6 de cada 10 habitantes se encuentran en pobreza, hubo 421 permisos de funcionamiento en 2023, mientras que en 2019 apenas hubo 31; un crecimiento de 1,258 % en cuatro años.  

En tanto, el Estado de México, donde 44 % de su población no tiene acceso a servicios de salud, es la entidad con el mayor número de nuevos establecimientos: 1,064 en 2023, el doble de los que hubo en 2019, con 495. 

Mientras que al comparar por tasa de habitantes, el mayor incremento se registró en Quintana Roo, que hasta 2023 tuvo 15 establecimientos nuevos por cada mil habitantes, seguido de Aguascalientes, con 13, y Baja California Sur con 12.


El número de nuevos registros no se puede contabilizar en acumulable, puesto que algunos establecimientos dejan de operar. De ahí que hasta 2023 funcionaban 18 mil consultorios adyacentes a farmacia. Lo que representó un crecimiento de 38 % en comparación con los 10 mil que había en 2013, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut).

En la Ciudad de México, por ejemplo, sólo al hacer el recorrido de tres calles en la avenida Sor Juana Inés de la Cruz en la colonia Santa María la Ribera, existen cuatro consultorios adyacentes a farmacias y un laboratorio privado. Todo, a unos metros de la clínica 2 del IMSS.

Las personas aseguran que prefieren acudir a las farmacias cuando enferman de gripe, infecciones estomacales o revisión de sus padecimientos como hipertensión o diabetes, aún cuando sean derechohabientes de instituciones como el IMSS o el ISSSTE. 

Gabriela López es una de ellas. Es ama de casa y está esperando turno en el consultorio de una farmacia para que revisen a su bebita de dos años. Prefiere eso que “ir al IMSS a formarme en la unifila a las 6 de la mañana y esperar tres horas a que me den una ficha y exponerla (a la bebé) tanto tiempo afuera en la calle. Prefiero venir aquí por la rapidez”. En las ocasiones en que la bebé no mejora después de consulta en estas farmacias, la lleva con un pediatra privado, cuya consulta ronda los 700 pesos.


A lado de Gabriela está María Palma, octogenaria, que acude para tratar su gripe. Ella trabajó como modista y su esposo, ya fallecido, era mesero. Nunca tuvieron seguridad social, aunque algunos años se atendió en los centros de salud de la Secretaría de Salud a través del Seguro Popular, pero tras su eliminación y sustitución por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), desaparecido a los dos años de su creación, dejaron de atenderla. 

Así lo explica Luis Gustavo Jiménez, amigo de su marido, quien la acompaña. “La señora tuvo Seguro Popular durante muchos años. Cuando cambia de nombre ya tuvo dificultades. También iba aquí al hospital de Xoco y ya no la atendieron y yo no tuve la oportunidad de ver por qué. Entonces la traemos acá (consultorio de farmacia). Esta es la salvación. Esta es la solución”, dice Luis. 

Sin embargo, tiene la esperanza de que las promesas del expresidente se cumplan. “Mientras esto siga siendo así, hasta que funcione bien el IMSS-Bienestar, que es para la gente que no tiene seguridad social, yo creo que esto (los consultorios de farmacia) va a atenuarse. Porque mientras no tengamos ya un servicio de salud como el que queremos, esto es lo que va a seguir aliviando al país lamentablemente”, remata Luis. 

María sólo vive de la pensión para Adultos Mayores, el principal programa social impulsado por el expresidente López Obrador, y utiliza parte de esos 6,200 pesos bimestrales para pagar el médico y medicinas en farmacias que venden medicamentos genéricos.


Estos establecimientos también ayudan a aminorar el impacto del desabasto de medicamentos en el servicio público, que, de acuerdo con cifras oficiales, al menos 15 millones de recetas no fueron surtidas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. 

Bertha Mercedes, jubilada de 63 años, es una de ellas. Es hipertensa y necesita medicación permanente que no siempre consigue en el IMSS. “Cuando no hay medicamentos en el seguro, los vengo a comprar aquí porque es más económico. Por ejemplo, el mes pasado no hubo. Si lo compro aquí son como 200 pesos. Si lo compro de patente, un medicamento me sale en 600 pesos. Y desde la pandemia ya no trabajo, entonces, pues está más difícil el asunto”. 

Andrea, Gabriela, María y Bertha son sólo una muestra de un patrón creciente en el país: los mexicanos gastan cada vez más no sólo en pagar una consulta, sino en las medicinas para tratar sus padecimientos. 

La compra de medicinas aumentó en 39 % entre 2018 y 2022 a nivel nacional, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), del INEGI. Pero al desagregar por ingreso, nuevamente los más pobres gastaron más. Su desembolso pasó de 211 pesos en 2018 a 427 pesos en 2022, prácticamente el doble. 

¿Dónde termina ese dinero? 

La iniciativa privada, el gran ganador

El pionero en ofrecer servicios de salud a bajo costo es el empresario Víctor González Torres, parte de la familia de políticos que creó el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Desde 1999 constituyó el Grupo Por un País Mejor, que incluye los Laboratorios Best, Farmacias Similares, Transportes Farmacéuticos Similares y Sistemas de Salud del Dr. Simi (Análisis Clínicos).

De acuerdo a la información publicada en su página de internet, tiene 9,600 “unidades de negocio” llamadas Farmacias Similares en México y Chile, y 268 establecimientos de laboratorios clínicos a nivel nacional. 

Pero también están Farmacias Benavides con una red de “más de 1,100 farmacias, 450 consultorios médicos y un centro de distribución”, según su página de internet; además de Farmacias del Ahorro, Farmacias Guadalajara, Farmacias YZA y Farmacias San Pablo.

Datos de la Ensanut revelan que estos establecimientos ofrecen al menos 10 millones de consultas al mes. Si se tomara una media de 50 pesos como costo por cada consulta, significan 500 millones de pesos mensuales, únicamente en el primer contacto de atención, y aún se sumaría las ganancias por la venta de medicinas. 

De ahí que otro de los empresarios más ricos del país entrará al negocio con “Más Salud”. Ricardo Salinas Pliego, dueño de Tv Azteca y tiendas Electra, lanzó el primero de 30 consultorios en todo el país con los que pretende alcanzar a 50 millones de personas. Su modelo de negocio consiste en ofrecer consultas médicas, estudios, pruebas rápidas, procedimientos auxiliares y una farmacia, todo en el mismo lugar. 

Además, así como tiene un modelo de financiamiento de electrodomésticos a altos intereses para la población más pobre del país, en Más Salud incorporará “mecanismos de financiamiento inmediato” a través del Préstamo de Emergencia Más Salud, “que permite a los usuarios cubrir consultas, análisis y tratamientos sin necesidad de posponer su atención por falta de recursos”.


Si bien estos establecimientos tuvieron aún mayor demanda durante la pandemia, el primer gran incremento ocurrió en 2010, cuando las autoridades mexicanas regularon la prescripción de antibióticos que previamente se vendían sin receta médica. Esto provocó que las personas buscaran atención médica en mayor medida y los consultorios adyacentes a farmacias fueron la oferta a esa demanda.

Así lo explica el estudio “Utilización de servicios de salud en México: cascada de atención primaria en 2022”, del Instituto de Salud Pública. “Aunque este tipo de establecimientos a menudo cuentan con instalaciones muy básicas, y el hecho de ser anexos que pertenecen a las farmacias plantea un potencial conflicto de interés para los médicos que atienden en ellos, la población los utiliza con frecuencia”. 

Entre los motivos para acudir a estos establecimientos está el acceso como la ubicación o el horario, en 71 %; 21 % tiene relación con la calidad y 8 % con otros motivos.

Sin embargo, aunque resuelven una necesidad, estos establecimientos únicamente deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana 005-SSA3-2010, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica ambulatoria de pacientes, vigente desde el 16 de octubre de 2010; y el  Aviso de Funcionamiento de la Cofepris.

Entre estos requisitos está, por ejemplo, tener un aviso de responsable sanitario con título profesional, rótulo donde indique el horario de su asistencia, así como el horario de funcionamiento del establecimiento, título profesional del médico que brinda la atención médica a la vista del público, y otros referentes a infraestructura.

Además, la Cofepris realiza inspecciones para revisar el cumplimiento de estos requisitos. Sin embargo, no hay ningún otro mecanismo sobre la práctica médica, sobre todo para identificar que los tratamientos recetados estén relacionados con la mejor decisión de atención y no con un componente comercial alentado por la empresa propietaria de las farmacias. 

De ahí que incluso el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), señaló “la necesidad de crear un régimen que supervise y controle la expansión de este sistema privado, particularmente por su rápido crecimiento en el sector, y considerando su accesibilidad geográfica y burocrática, con el fin de garantizar los requerimientos mínimos de calidad en la provisión de salud y minimizar los incentivos negativos para sobremedicar a los pacientes”.


Cuestionario solicitado a la Secretaría de Salud

Este es el cuestionario íntegro enviado por Animal Político desde el 22 de mayo a la Secretaría de Salud. 

1) ¿Cuál es el diagnóstico de la Secretaría de Salud sobre el incremento de servicios privados de salud, sobre todo relacionados a la primera atención en consultorios adyacentes a farmacias y a viviendas? ¿Cuáles son los motivos que encuentran para explicar este incremento?

2) ¿Además del aviso de funcionamiento, qué otro elemento existe para que el Estado vigile la atención prestada en estos establecimientos?

3) ¿El incremento de este tipo de establecimientos es considerado un problema o ayuda para el Estado en la atención de primer nivel de la población?

4) Otro indicador es que los mexicanos gastaron 39 % más en la compra de medicinas en 2022 que en 2018, en términos reales, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022. ¿A qué le atribuyen este incremento?

5) Sobre los seguros privados de salud, también hubo un incremento, al pasar de casi 1.7 millones de personas con este tipo de servicio contratado en 2018, a 8.3 millones en 2023, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). ¿Cuáles serían los motivos de este incremento, de acuerdo a la Secretaría de Salud?

6) Tenemos casos de médicos especialistas del sector público y que optan únicamente por prestar servicios privados. ¿La Secretaría de Salud ha identificado esto como un fenómeno/patrón? ¿Tienen estadística sobre el número de especialistas que ha renunciado entre 2012 y 2024? 

7) ¿Estos indicadores comprobarían que la salud en México se está privatizando?

8) ¿Cuáles son las estrategias de la Secretaría de Salud para aumentar la atención pública de primer nivel y cuáles son las metas y para qué periodos?

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN, FRASUA ESQUERRA.

Coparmex exige ya “medidas recíprocas” contra aranceles de Trump al acero

“Es fundamental que se actúe con firmeza para proteger a nuestras industrias”, asevera la confederación patronal.

Con la entrada en vigor del nuevo incremento arancelario ordenado por el presidente Donald Trump, que eleva al 50% los gravámenes al acero y al aluminio provenientes de México, el sector empresarial mexicano pidió ya aplicar  “medidas recíprocas”.

A través de un posicionamiento, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió al Ejecutivo mexciano ya responder a la decisión unilateral de los Estados Unidos.

“Es fundamental que se actúe con firmeza para proteger a nuestras industrias, y que se contemplen medidas recíprocas que garanticen condiciones equitativas de competencia”, planteó el organismo empresarial.

Desde la perspectiva del empresariado agrupado en Coparmex, la nueva política comercial de Trump representa “un retroceso grave en la integración económica de América del Norte”, y contraviene directamente el marco de cooperación y libre comercio establecido por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“En la Coparmex consideramos que esta medida, que eleva los gravámenes de 25% a 50% (...) constituye un acto unilateral que contradice el espíritu de cooperación del T-MEC y amenaza directamente la competitividad de sectores clave en nuestra región, como el automotriz y el manufacturero”, señaló.

La Coparmex también criticó los argumentos de la Casa Blanca para imponer este tipo de restricciones comerciales. Particularmente, rechazó la narrativa de seguridad nacional que Estados Unidos ha usado como sustento para esta medida, al subrayar que los flujos bilaterales de acero entre ambos países son fundamentales y están profundamente entrelazados.

“Los datos del 2024 indican que Estados Unidos tuvo un superávit de 4 mil millones de dólares y 2.3 millones de toneladas en productos terminados”, recordó el organismo. Esto significa, precisó, que la dinámica actual beneficia incluso más a los intereses estadounidenses que a los mexicanos.

“El 75% del acero producido en México tiene como destino Estados Unidos, por lo que esta decisión compromete miles de empleos y pone en riesgo inversiones esenciales para el desarrollo económico de la región”, sostuvo.

Además, el documento empresarial refutó la lógica estratégica del gobierno de Trump. “En 2024, el 52% del acero exportado por ese país tuvo como destino México, y aproximadamente el 35% de sus importaciones provino de socios del T-MEC como Canadá y México”.

Nuevas estrategias

La Coparmex también llamó al gobierno de México a enfocarse en fortalecer el entorno interno. El organismo insistió en que es momento de reducir la dependencia comercial del vecino del norte y apostar por una estrategia de desarrollo productivo más sólida y autónoma.

“Facilitar el acceso a insumos competitivos, garantizar un entorno de seguridad y Estado de Derecho, así como promover políticas públicas que incentiven el crecimiento sostenido de las micro, pequeñas y medianas empresas”, expuso.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.

ConMéxico busca ganancias y no le importa si envenena a millones, dicen activistas

La Presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista un acuerdo entre empresas de ultraprocesados y su Gobierno que ponga en riesgo la estrategia para sacar la chatarra de las escuelas, aunque la SEP celebró que ConMéxico, representante de esas industrias y con un historial de frenar políticas públicas en favor de la salud, se comprometió con el plan y hará donaciones.

Aunque Mario Delgado Carrillo, Secretario de Educación Pública, anunció que empresas de ultraprocesados y refresqueras se sumaron a la estrategia para mejorar la alimentación en las escuelas, la Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que su Gobierno tenga acuerdos con la industria de la chatarra que pongan en riesgo este plan. En los últimos días, el acercamiento de la SEP con el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico) ha sido criticado porque la agrupación tiene una trayectoria marcada por promover productos que enferman a la población, y por debilitar y oponerse a políticas públicas a favor de la salud a través del cabildeo y sus conexiones con políticos de distintos niveles.

ConMéxico representa, con esa piel de cordero, a industrias transnacionales como Coca-Cola, Nestlé, PepsiCo, Mondeléz, Unilever, Danone, Barceles y marcas nacionales como Grupo Bimbo y Jumex, todas comercializan principalmente productos ultraprocesados, refrescos y bebidas azucaradas, aunque la agrupación también la integran marcas alcoholeras como Heineken, José Cuervo y Bacardi.

Empresas que forman parte de ConMéxico también pertenecen a cámaras como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb) –antes Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas–,  la Asociación Nacional de tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) o las Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin). Esta conexión entre ConMéxico y distintas cámaras empresariales le ha permitido consolidar su influencia en el ámbito político.
“Industrias que están dentro de ConMéxico pertenecen a otras cinco, seis o siete cámaras más, y cuando participan dentro de un proceso, por ejemplo la discusión de una Norma Oficial Mexicana (NOM), por poner un ejemplo, Coca-Cola, Kellog's o Nestlé pueden estar representados por múltiples fachadas. ConMéxico tiene entre sus filas, entre sus cabilderos, a personajes que están muy bien conectados con la vida política del país, que han tenido relaciones con entidades de gobierno, con diferentes políticos, entonces es una forma a través de la cual ellos acercan su agenda a los espacios de toma de decisión", explicó Ana Larrañaga, investigadora en el Poder del Consumidor, quien ha documentado las estrategias de las industrias de ultraprocesados para evitar regulaciones en los últimos años.

El cabildeo e influencia de ConMéxico

ConMéxico fue fundada en 1996, dos años después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que permitió la entrada de productos ultraprocesados, lo que cambió tanto la alimentación, la agricultura y la cocina mexicana.

Jaime Zabludovsky Kuper, quien fue subjefe negociador para el TLCAN entre 1990 y 1994, durante el durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, dirigió ConMéxico por al menos 16 años. La presidencia ejecutiva la encabeza actualmente Claudia Jañez Sánchez, expresidenta de DuPont en Latinoamérica, empresa de agroquímicos sancionada en Estados Unidos por causar enfermedades.

"En varias ocasiones [Zabludovsky Kuper] acudió de manera personal a cabildear en contra de las reformas en el etiquetado de alimentos al Senado de la República y la Cámara de Diputados, así como la NOM-051 –que permitió la implementación del etiquetado en 2020–", señala la tercera entrega de la investigación Bajo la mira: El control corporativo sobre los sistemas alimentarios en México (2023).

Ana Larrañaga, autora del estudio, recordó que el economista Zabludovsky Kuper se convirtió en 2005 en socio fundador y vicepresidente de IQOM Inteligencia Comercial, firma que brinda servicios de diseño e implementación de estrategias de cabildeo en México y Estados Unidos.

La investigación realizada por El Poder del Consumidor y Bertha Fellow recuerda que entre sus servicios IQOM incluye el “monitoreo sistemático de iniciativas federales y estatales”, la “identificación de actores y tomadores de decisión”, y el “acercamiento con tomadores de decisión para promover intereses”.

Los clientes de IQOM incluyen cámaras empresariales que se han opuesto a las políticas de etiquetados claros de productos chatarra.


Sobre el alcance de ConMéxico en las decisiones políticas, Ana Larrañaga recordó que durante el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) la agrupación formó parte del comité asesor del Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles (OMENT), encargado de emitir recomendaciones de política pública a la Secretaría de Salud.
"El papel que desarrolló dentro del observatorio fue de desestimar toda la evidencia científica que se presentaba sobre la importancia de alimentación escolar saludable. Se opusieron también a la adopción de etiquetados claros en los empaques de alimentos y bebidas. En ese momento hicieron un cabildeo muy fuerte en contra de cualquier intento regulatorio sobre la publicidad que se dirige a infancias, y en contra de los impuestos a bebidas azucaradas que se habían aprobado en ese sexenio".
Además, durante la administración de Peña Nieto, ConMéxico lanzó una campaña llamada “Checa y Elige” para promover el etiquetado llamado Guías Diarias de Alimentación (GDA) que, de acuerdo con análisis de organizaciones de la sociedad civil y expertos en salud pública, era complicado de entender incluso para estudiantes de nutrición, además de haberse aprobó sin la participación de expertos en nutrición libres de conflicto de interés, es decir para favorecer a las industrias de ultraprocesados.


Ya durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando en el Congreso se discutía el etiquetado frontal que advierte con sellos negros si un producto tiene exceso de calorías, sodio u otras sustancias dañinas, cabilderos de ConMéxico "intentaron hacer un transitorio que modificaba prácticamente la iniciativa de etiquetado, querían meter una figura  de cámaras empresariales, que fueran quienes pudieran tener una toma de decisión sobre qué tipo de etiquetado se tenía que implementar en México", mencionó Ana Larrañaga.


Aunque la propuesta no avanzó, la agrupación insistió en desconocer la evidencia científica que relaciona el consumo de productos chatarra y refrescos con enfermedades crónicas. Por ello, preocupa la alianza entre la SEP y ConMéxico.

"Si observamos el comportamiento histórico de ConMéxico frente a las políticas públicas, especialmente las de salud, ha sido siempre a favor de debilitarlas, a favor de detenerlas por completo o a favor de meter a las industrias ahí, hacerlas pasar como un aliado de estas regulaciones y, ya que están dentro, ver de qué manera debilitarlas, de qué manera meter por ahí su propia 'información científica', y lo digo entre comillas porque puede estar muy a la medida de lo que de lo que quieren conseguir", alertó Larrañaga.

La alianza entre la SEP y chatarreras se pone en duda

El 29 de marzo entraron en vigor los lineamientos que prohíben la venta y distribución de ultraprocesados, refrescos y otras bebidas azucaradas en las escuelas de todo el país, pero sólo 11 días después Mario Delgado se reunió con representantes de ConMéxico,

En esa ocasión, el 9 de abril, el Secretario de Educación anunció que la agrupación se sumará a la estrategia “Vive Saludable", implementada en las escuelas por el Gobierno federal y la Secretaría de Salud, con la donación de básculas, materiales para promover la actividad física e "información de investigaciones científicas sobre alimentación y salud".
"Se generó un diálogo abierto en el que los directivos [de las empresas agrupadas en ConMéxico] plantearon sus dudas y se exploraron posibles áreas de colaboración", detalló la SEP en un comunicado.
La información desató una serie de críticas en los últimos días. En entrevista para SinEmbargo Al Aire, Hugo López-Gatell, exsubsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, cuestionó esta alianza y comparó su actuación con la de funcionarios de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes, dijo, se caracterizaron por mantener una relación de protección y defensa a los intereses privados y corporativos en lugar de cumplir la responsabilidad de garantizar entornos saludables para las infancias y adolescentes.


La Presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el tema hasta este 22 de abril, aseguró que "no hay ningún acuerdo ni nada que tenga que ver con poner en riesgo la vida de la gente, ni menos de las niñas y los niños". Y aunque Mario Delgado dejó claro que ConMéxico sí formará parte del programa Vida Saludable, la mandataria expuso que él sólo acudió a una reunión informativa.
“A él lo convocan en esta reunión, él va y sencillamente explica en qué consiste el programa, pero no es que se haya firmado a cambio de algo que nada o que…nada. Este entonces no, cómo creen que… Si la Coca-Cola hace mucho daño. Que me perdone la Coca-Cola ¿verdad?, pero todo en abuso hace daño. Entonces no hay nada que que tenga que ver con algún acuerdo que haya hecho la Secretaria de Educación Pública con estas empresas para este afectar el programa de Vida Saludable", mencionó la Presidenta desde su conferencia en Palacio Nacional.
El consumo de refrescos y productos ultraprocesados se ha relacionado directamente con el aumento en enfermedades cardiovasculares y diabetes en México.

Por ejemplo, una investigación publicada en enero de este año en la revista científica Nature Medicine mostró que México encabeza la lista de los 30 países más poblados del mundo con los mayores números de nuevos casos de diabetes atribuibles al consumo de refrescos y otras bebidas azucaradas; también estimó que uno de cada tres de los casos nuevos de diabetes en el país se debe a su consumo.


Mientras que en un día de escuela las y los estudiantes consumen, en promedio, 550 calorías extras provenientes de productos chatarra, como mostró una auditoría realizada por la organización El Poder del Consumidor en 2022.

En ese contexto, la investigadora Ana Larrañaga alerta que la intención de ConMéxico al trabajar junto a la SEP se lee como un intento más de las industrias de ultraprocesados de debilitar políticas públicas de salud al tratar de mantenerse en las escuelas, vendiendo su productos a las infancias.
"Los intereses de ConMéxico al trabajar junto a la SEP van por sus industrias de ultraprocesados. Son quienes han estado siempre en las escuelas, siempre vendiéndose a infancias, y lo que quieren hacer es continuar o ver cómo vuelven a introducirse, o cómo se debilitan los lineamientos [contra productos chatarra]. Es preocupante porque la SEP está en disposición de hacer una alianza con una cámara empresarial que también representa los intereses de las industrias alcoholares, dentro de ConMéxico hay alcoholares. Es delicado el tema: ¿a quién están llamando aliados los gobiernos para estrategias que son de salud pública?", expuso.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: MONTSERRAT ANTÚNEZ.

Sheinbaum dice que su Gobierno NO firmó con industria de chatarra. “Coca Cola daña”

La mandataria mexicana afirmó que la reunión del Secretario de Educación Pública con los directivos de empresas que fabrican productos chatarra fue meramente "informativa".

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo esta mañana que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no firmó un acuerdo con la industria de la chatarra dentro del programa “Vida Saludable”, y aseguró que “Coca Cola hace daño”, como una forma de distanciarse de empresas a las que se les atribuye el haber provocado una epidemia de obesidad en México.

Días atrás, Mario Delgado, titular de la SEP, informó públicamente de un acuerdo. “En reunión con los directivos de 27 empresas con presencia global, agremiadas al Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico), acordamos sumar esfuerzos para impulsar y fortalecer la estrategia integral ‘Vida Saludable’ de nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum, que tiene como objetivo en común poner por delante la salud de las infancias, y lograr la generación de niñas y niños más saludables, fuertes y felices de la historia”, anunció.

Delgado agregó: “Las y los empresarios se suman a la estrategia ‘Vive Saludable, Vive Feliz’ comprometiéndose a donar básculas, elaborar materiales para promover la actividad física, y compartir información derivada de investigaciones científicas sobre alimentación y salud en los planteles escolares. Con esta unión convertiremos a las escuelas en espacios de prevención y cuidado de la salud, ¡por el bienestar y desarrollo integral de las niñas y niños!”, escribió en X.


Hoy, a pregunta directa de SinEmbargo, la Presidenta sostuvo que no hay acuerdo. "No. No son acuerdos porque han criticado mucho a Mario [Delgado], lo he visto en las redes, que cómo es posible que si está promoviendo Vida Saludable, se reúna con Coca Cola y con… No hay ningún acuerdo ni nada que tenga que ver con poner en riesgo la vida de la gente, y menos de las niñas y los niños", declaró.
"El programa de 'Vida Saludable' tiene el objetivo de alimentación saludable en las escuelas; la prohibición de la comida chatarra en las escuelas; y también de este programa que llevamos a cabo con el Instituto Mexicano del Seguro Social [IMSS], y todas las maestras y maestros de México de que las escuelas se conviertan en centros de promoción de la salud", agregó.
De acuerdo con Sheinbaum Pardo, enfermeras y enfermeros del IMSS acuden a las escuelas públicas del país. Ahí miden la talla y el peso de las y los estudiantes, y les proporcionan orientación. También, añadió, se cuenta con el programa especial "Visualiza tus sueños", el cual contempla un examen de la vista.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: NANCY GÓMES.

CCE suspende a CONCANACO SERVYTUR, por apoyar reforma al INFONAVIT de Sheinbaum

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) informó, el 3 de abril de 2025, que fue notificada de la decisión de suspender provisionalmente su participación dentro del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), tomada el día 2 del mismo mes y año, por seis de los siete presidentes que integraban su Comisión Ejecutiva.

“De acuerdo con los representantes de estos seis organismos, el motivo de la suspensión fue el respaldo público de Concanaco Servytur a la reforma a la Ley del INFONAVIT promovida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo”, refirió la CONCANACO SERVYTUR, en un comunicado.

Dicha Confederación -cuyo presidente nacional es Octavio de la Torre de Stéffano- destacó que su Consejo Directivo Nacional emitió la postura respecto a la reforma al INFONAVIT, “en donde enfatizó la necesidad de ampliar el acceso a la vivienda para millones de trabajadores, fortalecer el mercado interno y fomentar el bienestar familiar”.

“Lo hicimos con argumentos técnicos, en espacios de diálogo y con propuestas entregadas formalmente al Ejecutivo y al Congreso [de la Unión], aprobadas por nuestro Consejo Nacional”, mencionó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo.

La CONCANACO SERVYTUR lamentó que dicha suspensión hubiera sido tomada “de manera apresurada y en un contexto de llamados a la unidad empresarial en defensa de los intereses económicos de México, ante los temas que atraviesa el país y su vinculación con el exterior”.

“En estos momentos, México necesita unidad, visión de futuro y colaboración responsable. Lamentamos que una decisión tan delicada haya sido tomada de manera apresurada y sin escuchar la voz de millones de negocios representados por esta Confederación. CONCANACO SERVYTUR MÉXICO actuó con convicción al reconocer la apertura al diálogo que se tuvo”, indicó el organismo empresarial.

“La CONCANACO SERVYTUR MÉXICO no se aparta del diálogo; por el contrario: seguiremos tendiendo puentes, construyendo acuerdos y representando con firmeza a los sectores de comercio, servicios y turismo, que por Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, representamos y que nos han confiado su voz desde hace 108 años de historia en nuestras mil instalaciones y a través de nuestros líderes empresariales y de opinión, con arraigo en las poblaciones en 258 Cámaras Empresariales que nos conforman. La exclusión no debe ser el camino cuando lo que está en juego es el desarrollo con justicia y el impulso a los sectores productivos del país”, abundó la Confederación.

“Refrendamos nuestro compromiso con un México más justo, más próspero y más unido. Analizaremos y apoyaremos todas las iniciativas que busquen el bien común, generen desarrollo territorial, impulsen la formalidad y estén alineadas con los principios de legalidad, inclusión y honestidad, que encabeza nuestro sector empresarial”, insistió la CONCANACO SERVYTUR.

Desafortunadamente, esta suspensión ocurre en un contexto de llamados a la unidad empresarial en defensa de los intereses económicos de México, por los temas que estamos atravesando en nuestro país y su vinculación con el exterior. Nuestra Confederación reafirma su compromiso absoluto con México, la legalidad y el fortalecimiento de las instituciones, creemos en una representación transparente, moderna y alineada en torno a quienes promueven el desarrollo. Seguiremos sumando en las actividades que impulsa el Gobierno de México junto con los gobiernos, de los estados y los municipios, sin ceder ante presiones externas ni intereses personales ajenos al desarrollo empresarial”, finalizó.

Con 71 votos a favor, 36 sufragios en contra y 2 abstenciones, el Pleno Senado aprobó, el 13 de febrero de 2025, en lo general, la reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), que permitiría la creación de una empresa filial, manejada por el Gobierno Federal, para construir viviendas, usando los ahorros de los trabajadores.

Hasta antes de dicha reforma, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores era un organismo público tripartita, que contaba con la participación del sector de los trabajadores, el sector empresarial y el Gobierno.

Los votos a favor fueron emitidos por los grupos legislativos de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicao (PVEM) y del Trabajo (PT), mientras que los sufragios fueron de los integrantes de las bancadas de Acción Nacional (PAN), del Revolucionario Institucional (PRI) y de Movimiento Caiudadano (MC).

Los diputados federales del PAN, PRI y MC acusaron a legisladores de la auto denominada “Cuarta Transformación”, de aprobar una reforma que daría paso a la creación de una empresa filial, la cual se apropiaría del ahorro de los trabajadores, en la subcuenta de vivienda.

Por su parte, los senadores de la “4t” afirmaron que la reforma tenía como objetivo, entre otras cosas, ofrecer arrendamiento accesible con opción de compra, brindando nuevas alternativas para los trabajadores que buscaban acceso a una vivienda digna.

En la reforma a la Ley del INFONAVIT se estableció que los recursos del Instituto y los que estuvieran bajo su administración, como es el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, serían utilizados para la construcción de las viviendas que realizaría, a través de una empresa filial.

En la iniciativa se determinó que la Dirección General del Instituto proveería lo “necesario” para poner a disposición del público, en forma periódica y a través de su página de Internet, información “clara, sencilla, precisa, confiable y actualizada”, que permitiera conocer la situación financiera, administrativa, económica y los riesgo relacionados con el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Asimismo, según el proyecto, se debería dar la misma información de la empresa filial, de sus proyectos de construcción y de proveedores contratados. Además se ordenó que la fiscalización del INFONAVIT estaría a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y ésta sería competente para revisar la actividad del Instituto como organismo fiscal autónomo, la debida integración y la administración de su patrimonio, el ejercicio del presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia, así como del de inversión en materia de construcción y administración inmobiliaria.

En la reforma también se indicó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) supervisaría y vigilaría que las operaciones del Instituto en materia crediticia, se ajustaran a las normas establecidas y se ordenaría que, en caso de incumplimiento del INFONAVIT, se establezcan “programas de autocorrección”, y en su caso dar vista a la Contraloría General del Instituto, del incumplimiento al programa.

La iniciativa también indicó que el INFONAVIT no sólo construiría, sino que podría rentar viviendas a los trabajadores. Para ello tendrán las siguientes obligaciones: Pagar en tiempo, forma y de manera completa las rentas a que estén obligados, por lo que el monto de las rentas será descontado del salario de los trabajadores.

Además de cuidar la vivienda; notificar al Instituto de cualquier defecto, daño o deterioro que observe; desocupar y entregar la vivienda que se le otorgara al terminar el arrendamiento. También estarían prohibido que los trabajadores usaran la vivienda para fines distintos a su habitación y residencia, así como darla en subarrendamiento.

Aunado a lo anterior, en el proyecto se estableció que en la Ley Federal del Trabajo /LFT) se mencionaba que los abonos para cubrir los préstamos del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, destinado al arrendamiento social, adquisición, construcción, reparación o ampliación de la vivienda, no se deberían exceder el 20 por ciento de salario para préstamos y del 30 por ciento del salario para rentas.

El 6 de febrero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que con la reforma a la Ley del INFONAVIT no se verían vulnerados los recursos de los trabajadores y aseguró que este cambio permitiría combatir la corrupción en dicha institución.

Desde su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal explicó que los fondos de vivienda de los trabajadores estaban regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La mandataria nacional explicó que anteriormente en el esquema de organización del INFONAVIT participaba una parte la dirección patronal y otra la sindical, pero cometieron muchos actos de corrupción.

Sin embargo, según la también ex titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, con la reforma se permitirá la participación tripartita del gobierno, sector empresarial y el de los trabajadores. Además, aseguró que con esto se podría someter a revisiones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Es falso este planteamiento de que, como dice el PAN, que se van a usar los fondos de los trabajadores para quién sabe qué cosa”, señaló la mandataria en contra de la oposición, que ha acusado que esto permitirá que el gobierno disponga de los ahorros de 70 millones de personas. Los fondos están ahí, permanecen, ahí están, ahora se va a construir vivienda, va a haber transparencia y no va a haber corrupción. Es el objetivo de esa ley”, insistió Sheinbaum Pardo.

El CCE -cuyo presidente es Francisco Cervantes Díaz- está conformado por 12 grandes organizaciones: la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-SERVYTUR), la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), y, la Asociación de Bancos de México (ABM).

Así como por el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA).

Además de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), y, por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

El Consejo Coordinador Empresarial se auto define como un organismo autónomo que representa al sector empresarial y regula acciones de organismos de diversos sectores empresariales en México, con el fin de impulsar el crecimiento económico del país y el nivel de competitividad de las empresas mexicanas.​

El CCE es el máximo órgano de representación del sector privado, y agrupa a las organizaciones cúpula empresariales, que en su conjunto aglutinan a más de 2 mil asociaciones y alrededor del 80 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Empresario que financia campaña adelantada de Andrea Chávez en Chihuahua promovió a Adán Augusto en 2023

El dueño de las unidades médicas que promueven la imagen de la senadora Andrea Chávez en Chihuahua es también propietario de la empresa que promovió la del senador Adán Augusto López en su intento de ser candidato presidencial.

Fernando Padilla, el empresario señalado de financiar la campaña adelantada de Andrea Chávez por la gubernatura de Chihuahua al poner a su disposición tres unidades médicas en las que se observa la imagen de la senadora de Morena, también es dueño de una revista que en 2023 colocó al menos 136 anuncios espectaculares promocionando la aspiración presidencial de Adán Augusto López Hernández, ahora líder morenista en el Senado. 

La empresa Líder en Política y Negocios S.A. DE C.V. —con el nombre comercial Revista Líder de México y cuyo socio mayoritario es Fernando Padilla Farfán—, informó entonces al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la colocación de los anuncios en varios puntos del país, y ante denuncias de la oposición de que Adán Augusto López tuviera alguna intervención en ello, tanto esa como otras revistas usaron esa estrategia de promoción encubierta.

La promoción del exsecretario de Gobernación se realizó a través de la empresa Cedrela Comercial Chiapas S.A. de C.V., que se creó en 2018 y originalmente se dedicaba al comercio de equipo médico y de laboratorio, según refiere el padrón de proveedores del gobierno de Chiapas, aunque para 2023 modificó su objeto social y sumó a sus servicios la colocación de publicidad, según consta en documentos del Registro Público de Comercio.

Revista Líder de México es una de las firmas que conforman Grupo Cocei, el consorcio de Fernando Padilla Farfán del que también forman parte las empresas Línea Médica del Sur y FMedical. Esta última empresa es la que proporciona a la senadora Chávez las unidades médicas con las que promueve su imagen, como publicó el medio Latinus. Esta información fue confirmada por una persona que trabajó un breve tiempo en las caravanas. Todo esto a dos años de las elecciones en Chihuahua.

La propia Chávez, al participar en los programas de debate de Azucena Uresti en Radio Fórmula, habló inicialmente de que esas unidades eran “un donativo” de la clase empresarial, aunque luego dijo que eran parte de un “convenio de colaboración”, sin que hasta ahora haya transparentado documentos o contratos sobre ese vínculo para desplegar las unidades en varios puntos de Chihuahua, con gastos tanto de salarios de personal como de equipo médico. 

Al comienzo de la actual Legislatura, en septiembre pasado, la senadora Andrea Chávez informó que ofrecería a la población de Ciudad Juárez, Chihuahua, servicios médicos gratuitos a través de tres Unidades Móviles rotuladas con fotografías de su rostro, su nombre y cargo de senadora, además de la Leyenda “Bienestar por Juárez”. Sumó una unidad en Delicias y prepara otra más en la capital Chihuahua, según ha informado.

Las unidades son operadas por personal que porta pijamas médicas y uniformes con el nombre bordado de la senadora. Esto aunque la promoción personalizada de los funcionarios públicos está prohibida en la Constitución, pues en el artículo 134 se señala que: “En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Ante críticas por ese gasto y promoción, Chávez ha insistido en que no dejará de ayudar a la población de Chihuahua con esas unidades médicas, además de realizar traslados cada fin de semana a esa entidad, aceptando que tiene interés en contender por la gubernatura en 2027. Incluso, en algunos recorridos le han lanzado gritos de “gobernadora”.

Adán Augusto fue sancionado por usar espectaculares

Los 136 espectaculares colocados por la empresa de Padilla Farfán con la imagen de Adán Augusto López forman parte de la promoción que realizó el hoy senador en 2023, en su búsqueda de la candidatura presidencial de su partido. 

Entonces, López Hernández renunció a usar los 5 millones que Morena dispuso para cada precandidato presidencial y aseguró que él pagaría con sus propios recursos. 

Durante la campaña para obtener la candidatura presidencial de Morena, el partido prometió difundir los gastos que realizaron los aspirantes, pero sólo consideró los montos de transporte, hospedaje, viáticos y logística, sin detallar los gastos para promocionales.

De acuerdo con datos de la Unidad de Fiscalización del INE, López Hernández no reportó el gasto de 23.1 millones de pesos, de los cuales 17.1 correspondían a gastos por propaganda en vía pública.

El costo estimado de los anuncios espectaculares colocados por la empresa de Fernando Padilla Farfán para promocionar la imagen de López Hernández en su precampaña es de 2.6 millones de pesos, de acuerdo con el precio promedio establecido por las autoridades electorales en ese proceso, de 19 mil 720 pesos por anuncio.

Sin embargo, en aquella ocasión, tanto el senador como la presidenta Claudia Sheinbaum negaron haber concedido entrevistas a la publicación; mientras que el INE resolvió no sancionar la colocación de los espectaculares ni retirarlos por considerarlos parte de la estrategia de promoción de contenido de un medio periodístico.

Andrea Chávez se contradice sobre origen de las caravanas

En sus participaciones en el programa de radio de Azucena Uresti, Chávez afirmó que las caravanas de la salud que promueven su imagen son donativos pagados por la clase empresarial. Y sobre su costo dijo: “Nada, ni un sólo peso, es completamente gratuito”. 

Dichas unidades están en circulación desde enero de 2023, cuando la legisladora era diputada y la rotulación con su nueva imagen fue actualizada a su llegada al Senado. Sin embargo, no aparecen en su declaración de intereses, cuya última actualización es del 30 de octubre de 2024.


En su intervención del 26 de marzo, al hablar nuevamente sobre el tema, Chávez aseguró que las unidades no eran donativos sino parte de un convenio de colaboración con empresarios de Chihuahua, sin dar más detalles.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: LUIS FERNANDO LOZANO, ANDRO AGUILAR.