En su informe preliminar, el fiscal Maldonado explicó que la intervención se realizó del 26 de mayo al 13 de junio de 2025 en la fosa común del panteón Pedro Amaro, en el municipio de Jojutla.  

Subrayó que esa diligencia se condujo conforme a los protocolos establecidos por ley y enfatizó que “no se trata de una fosa clandestina, como erróneamente se ha señalado en algunos espacios públicos, sino de una fosa común”, que fue utilizada en años anteriores por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos para inhumar personas en calidad de desconocidas sin estudios periciales adecuados. 

El fiscal también indicó que esta cuarta etapa fue planeada desde el 26 de abril, en una reunión con representantes de colectivos de búsqueda y autoridades de los tres órdenes de gobierno.  

Afirmó que durante los trabajos participaron especialistas en criminalística, antropología física, arqueología, odontología, medicina legal, genética y fotografía forense, así como integrantes de la Comisión Nacional y la Comisión Local de Búsqueda, personal de la Guardia Nacional —que, dijo, estuvo presente durante toda la diligencia—, visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, personal de la Visitaduría General de la FGE y notarias y notarios públicos. 

Sin embargo, es importante recordar que, al concluir la primera semana de trabajos, los colectivos denunciaron que durante varios días no hubo especialistas adecuados en campo, que se violaron lineamientos básicos para la preservación y recolección de restos, y que por lo menos en dos días no estuvo presente personal de la Guardia Nacional, a pesar de que su participación había sido anunciada como permanente. 

Estas omisiones fueron reconocidas por la FGE en un comunicado emitido un día antes de la presentación del informe de resultados. En ese comunicado, la institución admitió que no se contó con todos los perfiles técnicos necesarios y anunció que, en la siguiente etapa de intervención, se garantizará la presencia de los especialistas faltantes y se permitirá la participación de peritos independientes. 

A pesar de estas denuncias, Maldonado Ceballos reiteró que “la inclusión de estos sectores refleja el compromiso institucional de mantener un trabajo abierto, acompañado y supervisado por las familias de personas desaparecidas”. 

El fiscal detalló que los 83 indicios hallados —seis correspondientes a bebés y uno a restos fetales— deben ser considerados como tales hasta que concluyan los estudios periciales que permitirán su identificación. “Hablar de 83 hallazgos no significa que se trate de 83 personas; un solo individuo puede generar múltiples indicios”, explicó. 

El periodo autorizado para la intervención se amplió una semana más, debido al número de hallazgos, aunque el 19 de junio los trabajos se suspendieron temporalmente por el riesgo de colapso de una barda perimetral y por condiciones climáticas.  

La Fiscalía informó que la reanudación dependerá de que existan condiciones de seguridad adecuadas. 

También aclaró que los restos no son recientes. La última inhumación documentada en la carpeta de investigación data de junio de 2014. Desde 2017, en ese sitio se han localizado 219 indicios, de los cuales 78 ya cuentan con perfil genético. 

En respuesta a los cuestionamientos sobre el Coordinador General de Servicios Periciales, el fiscal defendió la trayectoria del Dr. Samuel Nava, pero advirtió: “Si las funciones no se cumplen, habrá consecuencias. Aquí no hay compromisos personales con ningún servidor público; el único compromiso es institucional”. 

Finalmente, Maldonado Ceballos afirmó que continuará el proceso en coordinación con las familias y colectivos. “Este proceso conlleva un desgaste institucional, pero si esta Fiscalía tiene que intervenir las veces que sea necesario para dignificar los restos y regresarlos a sus núcleos familiares, se hará. Estoy dispuesto a asumir ese desgaste y a cumplir con esta obligación institucional, pero también con el compromiso moral que tenemos con las familias y los colectivos de búsqueda. Las veces que sea necesario, lo haré”, concluyó.

Entre los puntos señalados por la Red destacan los siguientes: 

“Esto es un trabajo en conjunto que nos abona mucho a la Fiscalía. Entiendo su visión y por lo que han sufrido, y también todos entendemos que esta problemática viene desde hace muchos años atrás, pero que nosotros tenemos la voluntad y disposición para dar respuesta a las familias y colectivos de búsqueda”, expresó Maldonado, según cita el documento. 

Uno de los compromisos centrales asumidos durante la reunión fue el desarrollo de perfiles genéticos de los restos recuperados durante la cuarta fase de intervención judicial, una demanda que las familias han sostenido desde hace varios años. 

Además, el fiscal informó que las labores de exhumación en las fosas comunes de la dependencia, situadas en el panteón “Pedro Amaro” de Jojutla, fueron suspendidas temporalmente el pasado viernes, ante el riesgo de derrumbe de un muro colindante con la zona de excavación, y aseguró que “se reanudarán en cuanto se garantice la seguridad estructural del área”. 

Ante las solicitudes de los colectivos, la Fiscalía “abrió la puerta a la incorporación de peritos independientes y valorará la inclusión de especialistas en arqueología y antropología física, con el propósito de asegurar una intervención técnica más robusta y respetuosa”, puntualiza el comunicado. 

También se planteó la posibilidad de reforzar las capacidades operativas en las regiones Oriente y Sur Poniente mediante la asignación de agentes del Ministerio Público especializados en desaparición forzada, “de acuerdo con la disponibilidad institucional”. 

Al encuentro acudieron representantes de los colectivos Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla; Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos; Regresando a Casa Morelos; Unión de Familias Resilientes en Búsqueda de sus Corazones Desaparecidos; Buscadoras del Sur; la Brigada Nacional de Búsqueda, y personal de la Comisión Nacional de Búsqueda. 

Por parte de la Fiscalía también participaron el fiscal especializado en Desaparición Forzada de Personas, Alberto Belmont Gutiérrez; el coordinador general de Servicios Periciales, Samuel Nava Vázquez; la secretaria ejecutiva, Alejandra Cruz Quiroz, y el fiscal especializado en Delitos Electorales, Víctor Rogel Gabriel.

Por ello, exigió a la fiscalía del estado de Morelos continuar las excavaciones con personal especializado y garantizar la participación de los colectivos de búsqueda.

También pidió a la autoridad realizar las investigaciones e identificar los cuerpos exhumados, sin estigmatizar ni revictimizar a quienes observan y documentan.

Además, demandó publicar los resultados de los perfiles genéticos de todas las personas halladas.

“Las fosas comunes no pueden seguir siendo sinónimo de impunidad. Las víctimas y sus familias merecen verdad y justicia”, zanjó la ONG.

Colectivos de familias de personas desaparecidas denunciaron el domingo la localización de al menos 60 cuerpos y decenas de restos humanos en la fosa común del panteón municipal de la comunidad de Pedro Amaro, en Jojutla.

No obstante, la fiscalía del estado de Morelos afirmó en un comunicado que “dicha información carece de veracidad” y prometió presentar esta misma semana un reporte con los resultados de la cuarta fase de búsqueda en la zona, que inició el 26 de mayo y fue suspendida el 19 de junio a causa de las lluvias.

Entre 2015 y 2017, colectivos y familiares de personas desaparecidas evidenciaron que la fiscalía de Morelos enterró de manera irregular decenas de cuerpos en fosas comunes, muchos de ellos con signos de violencia y sin investigación previa, ignorando los protocolos correspondientes.

Los restos fueron encontrados por los colectivos primero en el panteón de la comunidad de Tetelcingo, y posteriormente en Jojutla, ambos en Morelos.

A raíz de los hallazgos, las autoridades y colectivos han realizado labores de búsqueda en Jojutla desde 2017, cuando comenzó la primera fase de búsqueda.

La segunda fase se realizó en 2022; la tercera en 2024, y la cuarta fue recientemente suspendida por los efectos del huracán Erick en la zona.

Sin embargo, la fiscalía no ha informado una cifra exacta de los restos identificados en la fosa común de Jojutla desde el inicio de las búsquedas.

En México, hay más de 127.000 personas desaparecidas y no localizadas, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO) que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950.

El colectivo Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla denunció irregularidades en el proceso. Reportaron errores en la nomenclatura usada por la Fiscalía, lo que impide un conteo claro de los restos.

“Hasta ahora hablamos de más de 60 cuerpos, incluidos entre 10 y 12 bebés y entre 10 y 12 mujeres, además de una decena de restos óseos. Pero la clasificación no es clara”, dijo Amalia Alejandra Hernández Hernández, integrante del colectivo y tía de Oliver Wenceslao Navarrete, inhumado de forma irregular en ese lugar.

También señaló que hay bolsas con restos de más de una persona y fragmentos no identificables como cuerpos completos, ni como producto de violencia o atención médica, por falta de análisis especializado.

Amalia denunció además la ausencia de la Guardia Nacional durante al menos dos días. Su participación, dijo, ha sido clave para obtener perfiles genéticos. “Han sacado ADN donde la Fiscalía decía que no se podía. Si no están, se pierde información valiosa”.

Agregó que no hay antropólogo físico ni arqueólogo adscrito por parte de la Fiscalía. La única presencia especializada en campo es una arqueóloga de la Comisión Nacional de Búsqueda, pero —según aseguró— no cuenta con cédula profesional.

Por ello, pidió al Congreso local que exija la presencia del fiscal Edgar Maldonado Ceballos en el lugar. “Queremos que venga, que vea cómo se está trabajando y escuche a las víctimas. No es lo mismo que le manden una tarjeta informativa”, reclamó.

También criticó a la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas, Penélope Picazo Hernández, por dar entrevistas sin haber estado en las fosas. “Está desinformando. Pedimos que la comisión envíe a un asesor jurídico que acompañe en campo y dé respaldo directo a las familias”, dijo.

La diligencia fue acordada en una reunión celebrada el 16 de abril entre colectivos y autoridades de los tres niveles de gobierno. La Fiscalía informó que convocará a una nueva reunión en los próximos días para revisar avances, presentar el dictamen técnico y definir una fecha para retomar los trabajos, una vez que se garantice la seguridad en la zona.

“Con el ritmo que llevan, sacar todos los cuerpos antes del 20 de junio es imposible”, advirtió Amalia Alejandra Hernández Hernández, integrante del colectivo Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla.

Amalia Hernández y Alba Fabiola Cruz Barrios, madre de una desaparecida en Jiutepec y parte de Familias Resilientes Morelos, denunciaron que la Fiscalía no cumple los lineamientos que ella misma estableció, lo que afecta la calidad y validez del trabajo.

“Los nuevos lineamientos para 2025 no se respetan. Esto significa un retroceso respecto a lo logrado en años anteriores”, señaló Hernández, que ha observado las diligencias a diario.

Entre las deficiencias destacaron la falta de un antropólogo físico permanente en la Fiscalía, lo que impide diferenciar con precisión restos humanos de fragmentos animales.

La única antropóloga externa terminó su participación recientemente, dejando vacíos técnicos importantes.

La ausencia de control detallado sobre los niveles de tierra excavada y la falta de cribado exhaustivo pone en peligro la recuperación completa de restos para análisis genéticos confiables.

Además, la clasificación incorrecta de indicios genera confusión en la cadena de custodia.

Hernández dijo que, la supervisión del Ministerio Público tampoco es constante, ya que la agente asignada mostró indiferencia y se negó a entregar información sobre la orden judicial para ampliar la zona de excavación.

Por instrucciones del fiscal, las labores deben concluir el 20 de junio, lo que obliga a trabajar con hasta cuatro cuerpos simultáneamente, aumentando el riesgo de errores en embalaje y registro.

También cuestionaron la ampliación de la fosa, pues en 2024 un cuerpo quedó sin exhumar por falta de orden judicial y no han mostrado autorización para intervenir fuera del perímetro original.

“Queremos saber la orden judicial que avala esta extensión. En 2024 no se pudo intervenir por falta de autorización; ahora se amplió sin explicación”, dijo Alba Fabiola Cruz Barrios.

Al ser cuestionado directamente por las víctimas, Alberto Belmont Gutiérrez, titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, respondió que los lineamientos “son enunciativos, no limitativos”, postura que las activistas cuestionaron.

“Estos lineamientos están basados en estudios internacionales y buscan proteger el derecho a la verdad y un manejo adecuado”, enfatizó Amalia Hernández.

Desde la primera diligencia, las irregularidades persisten o se agravan. Hernández denunció que el coordinador de servicios periciales, Samuel Nava, presiona para acelerar la exhumación, comprometiendo la metodología.

También señalaron la remoción injustificada de personal comprometido y la difusión de información falsa sobre su estatus laboral dentro de la Fiscalía.

Ante esto, las buscadoras exigieron al fiscal Edgar Maldonado que supervise personalmente las labores en campo.

“Debe dejar el escritorio, conocer lo que ocurre y garantizar transparencia y rigor en el proceso. Si no confía en su personal, debe venir a verlo por sí mismo”, señaló Amalia Alejandra.

Para Alba Fabiola, la falta de avances es una herida abierta.

Hay personas que no podrán regresar a casa y familias que nunca sabrán dónde están sus seres queridos.

“Hasta ahora no ha habido un solo pronunciamiento sobre las prácticas de la Fiscalía al inhumar estos cuerpos, ni sobre cómo está llevando el proceso de exhumación y la documentación que permitirá identificar a las víctimas”, subrayó en entrevista con este medio Amalia Alejandra Hernández Hernández, vocera del colectivo.

Recordó que en 2017 fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la que acompañó los trabajos, luego del hallazgo de la fosa en Tetelcingo un año antes. En ese momento, la exhumación en Jojutla fue suspendida porque algunos restos estaban bajo tumbas particulares. Se acordó reanudar el proceso una vez que los restos fueran trasladados, compromiso que quedó asentado en actas oficiales.

Sin embargo, cuando las exhumaciones se retomaron en 2022, la CNDH ya no fue convocada y la intervención de la CDHEM ocurrió sólo tras la presión de las víctimas. “La Fiscalía argumentó que, con base en una denuncia, solicitó al juez la exhumación. Dejaron fuera a la CNDH, y entonces tuvo que entrar la Comisión Estatal”, explicó.

La vocera también señaló que la Comisión se ha mantenido en silencio en otros episodios, como en 2021, cuando se documentó el hacinamiento de cuerpos en los Servicios Médicos Forenses. “Hubo una queja de nuestra parte, participaron, pero nunca se pronunciaron públicamente”, indicó.

Criticó además el papel pasivo de algunos observadores de la CDHEM durante las diligencias en campo. “Desde el proceso anterior, vemos que hay trabajadores de la Comisión que sólo llegan, anotan algunos datos y se sientan al final de la fosa”, relató.

Agregó que han identificado posibles conflictos de interés, ya que algunos visitadores han trabajado previamente en la Fiscalía General del Estado. “Eso genera vínculos laborales o personales, y en ocasiones minimizan lo que les exponemos”, afirmó.

Por ello, propuso que se conforme un equipo fijo de acompañamiento a las exhumaciones. “Debería haber un grupo rotativo, máximo de tres personas, que garantice la continuidad en el seguimiento del proceso”, sugirió.

También recordó un caso ocurrido en 2024, cuando un cuerpo fue exhumado, pero no pudo salir de la fosa porque la Fiscalía no solicitó a tiempo la ampliación del mandato judicial. “No lo hicieron, y lo sabemos porque el exfiscal Goytia Pacheco tuvo que reconocerlo. La Comisión debe revisar ese caso, porque se violentaron los derechos de esa víctima y de su familia”, advirtió.

A pocos días de que concluya el periodo de Raúl Israel Hernández Cruz al frente de la CDHEM, el colectivo Tetelcingo y Jojutla reiteró su llamado a que el organismo asuma una postura clara y pública ante la crisis forense y las omisiones de la Fiscalía en Morelos.