La tragedia provocó una indignación generalizada en México, la cual abarcó a varias voces de la ONU, organizaciones defensoras de derechos humanos –nacionales y extranjeras–, actores políticos de todos los partidos, líderes de opinión y entre la comunidad migrante estancada en Ciudad Juárez.
Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunciaron la apertura de investigaciones, Francisco Garduño Yáñez, el comisionado del INM –quien en el arranque del sexenio era el encargado de las cárceles federales–, acudió a la ciudad fronteriza para constatar el desastre.
Evidenciado en la peor tragedia que sucedió en uno de sus centros de detención, el INM anunció que se hará cargo de los gastos funerarios de los fallecidos y entregará tarjetas de visitante por razones humanitarias a sus familiares.
Aunque por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló la responsabilidad de los migrantes en el incendio –afirmó que prendieron fuego a sus colchones para protestar contra su inminente deportación–, las voces críticas han denunciado que las personas migrantes estaban privadas de su libertad y bajo la custodia del Estado, por lo que la responsabilidad incumbe al gobierno y, de manera más específica, al INM.
De hecho, las críticas atacaron también la política de contención migratoria implementada en México desde hace dos décadas, pero que se intensificó bajo la presión del expresidente estadunidense Donald Trump.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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