AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
MÉXICO, D.F. (apro).- Cuando el Estado fracasa en una de sus principales funciones que le dieron origen –la de garantizar la seguridad a la población–, la autodefensa es un legítimo derecho de cualquier ciudadano, de cualquier comunidad, de cualquier población. Sobre todo cuando se trata de la defensa a la vida.
La violencia, los muertos y desaparecidos, los desplazados y heridos, el avance del crimen organizado sigue en el gobierno de Enrique Peña Nieto como lo fue con Felipe Calderón. Nada ha cambiado aunque la estrategia de comunicación política del peñismo se pare de pestañas para hacernos creer que la paz está de vuelta. Son los nuevos sofistas que una mentira la quieren transformar en verdad a través de la retórica de las imágenes repetidas hasta la saciedad.
Pero esta afirmación de que la paz y la justicia están de regreso resulta falsa si nos atrevemos a mirar detrás de las pantallas de televisión y vemos cómo siguen apareciendo las fosas clandestinas, los secuestros, las extorsiones, la corrupción y la violencia teñida de rojo. Todo esto a pesar de que la agenda informativa impuesta sea la de las reformas energética, educativa, hacendaria y el llamado pacto por México.