FUENTE: LOS ANGELES PRESS.
AUTOR: FRANCISCO BEDOLLA CANCINO.
Hasta ahora, como quien tiene estudiado el campo de batalla y se ha preparado para enfrentar las más acres descalificaciones, los altos funcionarios gubernamentales han esgrimido una estrategia declarativa bien enfocada y bastante puntual en torno del acto de encarcelación de Elba Esther Gordillo, popularmente bautizado como el “elbazo”. Se trató, insisten una y otra vez, de una acción vindicatoria del Estado de Derecho. Así, frente a las previsibles comparaciones con la decapitación del SNTE acaecida en los albores del sexenio salinista, el argumento para la decapitación actual estaba listo: hay una mar de diferencia entre el quinazo y el elbazo, pues a diferencia de lo sucedido con el entonces líder vitalicio del magisterio, el profesor Carlos Jongitud, la detención y encarcelamiento de la lideresa no se basaron en la siembra dolosa de pruebas incriminatorias, sino en una investigación sistemática y en un cúmulo de pruebas fehacientes que acreditan las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero.
AUTOR: FRANCISCO BEDOLLA CANCINO.
Hasta ahora, como quien tiene estudiado el campo de batalla y se ha preparado para enfrentar las más acres descalificaciones, los altos funcionarios gubernamentales han esgrimido una estrategia declarativa bien enfocada y bastante puntual en torno del acto de encarcelación de Elba Esther Gordillo, popularmente bautizado como el “elbazo”. Se trató, insisten una y otra vez, de una acción vindicatoria del Estado de Derecho. Así, frente a las previsibles comparaciones con la decapitación del SNTE acaecida en los albores del sexenio salinista, el argumento para la decapitación actual estaba listo: hay una mar de diferencia entre el quinazo y el elbazo, pues a diferencia de lo sucedido con el entonces líder vitalicio del magisterio, el profesor Carlos Jongitud, la detención y encarcelamiento de la lideresa no se basaron en la siembra dolosa de pruebas incriminatorias, sino en una investigación sistemática y en un cúmulo de pruebas fehacientes que acreditan las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero.
