FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ
La absoluta exoneración del PRI fue únicamente la muestra fehaciente de que su estrategia de recuperación del control de la autoridad electoral rindió frutos. La implementación de la misma la iniciaron en la reforma constitucional y legal de 2007, cuando particularmente respecto al tema de fiscalización le arrebataron la función al Consejo General y se la depositaron a una unidad dentro de la rama ejecutiva (Proceso 1622) y la continuaron con la designación de los consejeros electorales en febrero y agosto de 2008 (Proceso 1632 y 1659) y en diciembre de 2011 (Proceso 1832), donde se aseguraron de contar con un grupo fiel de tres consejeros electorales y dos más que en las decisiones cruciales se inclinarían a su favor.
Los priistas siempre responsabilizaron a la autoridad electoral de su derrota en las elecciones presidenciales de 2000 y nunca le perdonaron la histórica multa de mil millones de pesos por el llamado Pemexgate. Ambos hechos los hicieron valer para vetar a todos los integrantes del Consejo General de 1996-2003, durante la renovación del mismo en octubre de 2003 pero sobre todo se aprovecharon de la inconformidad de la izquierda tras las elecciones presidenciales de 2006 para empezar a aplicar una estrategia que le permitiera introducir cambios estructurales que les aseguraran dicho control, más allá de los consejeros.
AUTOR: JESÚS CANTÚ
Los priistas siempre responsabilizaron a la autoridad electoral de su derrota en las elecciones presidenciales de 2000 y nunca le perdonaron la histórica multa de mil millones de pesos por el llamado Pemexgate. Ambos hechos los hicieron valer para vetar a todos los integrantes del Consejo General de 1996-2003, durante la renovación del mismo en octubre de 2003 pero sobre todo se aprovecharon de la inconformidad de la izquierda tras las elecciones presidenciales de 2006 para empezar a aplicar una estrategia que le permitiera introducir cambios estructurales que les aseguraran dicho control, más allá de los consejeros.
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