Agregó que la aprobación por los diputados se tomó pese a numerosas advertencias de académicos, expertos, organizaciones de la sociedad civil y actores de la industria digital, cuyas observaciones no fueron escuchadas por parte del proceso legislativo.

“En su redacción actual, el Artículo 30-B busca facultar al SAT para acceder, en tiempo real y de manera permanente, a bases de datos de las plataformas digitales que operan en México. Se argumenta que la medida busca mejorar la recaudación y combatir la evasión fiscal, pero en la práctica habilita potencialmente un sistema de vigilancia masiva sobre las operaciones de las empresas y abre la puerta a violaciones para la privacidad de millones de usuarios de servicios digitales sin exigencia de orden judicial ni límites procesales claros”, explicó.

En riesgo la privacidad de usuarios

En ese sentido, indicó que no existen precedentes en México ni en democracias comparables de una medida “tan intrusiva”.

Aclaró que el acceso “irrestricto” y permanente a sistemas digitales de alto tráfico con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pone en riesgo los datos personales de millones de usuarios, pues, aunque se pretende acotar a información relacionada con lo fiscal, potencialmente el SAT adquiere una “llave maestra” para acceder sin control judicial a información sensible.

“Es fundamental acotar el acceso a los datos que solo sean pertinentes a cuestiones de interés de la autoridad fiscal”, declaró

Comentó que las sanciones son desproporcionadas y alarmantes, ya que las sanciones por incumplimiento pueden ser “drásticas y directas” y pueden significar la “muerte digital” temporal o permanente de plataformas digitales.

“Si el SAT, IMSS o INFONAVIT pueden ordenar el bloqueo del acceso al servicio digital, esto significa que la plataforma sería inaccesible para todos los usuarios en territorio nacional mientras dure el incumplimiento. Esta sanción implicaría pérdidas económicas enormes y afectación a millones de usuarios, sería equiparable a una clausura operativa vía Internet”, añadió.

Violación de derechos humanos

La asociación argumentó que el artículo contraviene el Artículo 16 Constitucional y tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos.

“El Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la protección contra molestia ilegal, disponiendo que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio o posesiones sino mediante mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento”, explicó.

Precisó que también aborda la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y la protección de datos personales, así como un fuerte daño a la economía digital

“Potencialmente, abre la puerta para la sobreexposición de secretos industriales y castiga a las medianas y pequeñas empresas que hoy dependen del internet para sobrevivir. Además, se desincentiva el uso de la economía digital, lo que se traduce en que las empresas dejarán de usar el ecosistema digital por la vigilancia y las medidas desproporcionadas impuestas, lo que se traduce en un retorno a los negocios físicos con menos regulación fiscal y por ende un obstáculo para el cumplimiento de las metas del Plan México en el ecosistema digital”, destacó.

Riesgos en la ciberseguridad

“La historia muestra que incluso agencias gubernamentales potentes pueden ser hackeadas, como ya ocurrió precisamente con la filtración masiva de credenciales del SAT en 2024 o la actual filtración del IMSS”, recordó.

En ese tenor, debilitará la confianza en las instituciones.

“Es de importancia que los legisladores encargados de redactar la versión de este artículo reflexionen sobre la importancia de salvaguardar la privacidad de la ciudadanía y limitar los riesgos de exponer a millones de usuarios a la intromisión del Estado y del crimen organizado en su vida digital”.

En ese momento este servicio fue puesto en la mira de las autoridades y aunque ya tenían alrededor de dos años operando, el gobierno de la Ciudad de México anunció que era ilegal y que presentaría acciones jurídicas en su contra.

“El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Movilidad (Semovi) informa que las aplicaciones que ofrecen el servicio de transporte en motocicleta no cuentan con permiso alguno y se encuentran operando en la ilegalidad. Por ello, la Semovi inició las acciones jurídico administrativas pertinentes para que las empresas que operan erradiquen esta modalidad de transporte”, informó la dependencia en un comunicado.

El titular de la Semovi, Héctor Ulises García Nieto, publicó un video en su cuenta de Facebook en el que señaló que tomarían acciones para no permitir este servicio “porque es altamente riesgoso y pone en peligro a todos los que lo usan”.

El servicio de transporte de pasajeros en motocicleta NO ESTÁ AUTORIZADO en la #CDMX. A fin de salvaguardar la integridad de las personas, @LaSEMOVI inició acciones jurídico administrativas para erradicar esta práctica ilegal. pic.twitter.com/jRubagm1In

— Héctor Ulises García Nieto (@HectorUlisesGN) July 24, 2025

“(Hemos propuesto) proactivamente un marco regulatorio que traiga a la luz no solamente los servicios de moto por plataforma, sino todos los servicios de mototaxis que se dan en estas zonas de marginación media alta y muy alta y que podamos, a partir de ello, dar el reconocimiento de la motocicleta como un vehículo de inclusión, pero fundamentalmente el tema de la seguridad vial y por supuesto el tema de salud pública”, agregó.

En días pasados, este medio informó que en la última década el número de motocicletas registradas que circulan en la CDMX pasó de 260 mil a 750 mil, es decir, incrementaron en un 188 %, y que, acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el 90 % de ellas circula sin tener un seguro de protección.

Aunque el incremento significa un desafío en materia de movilidad y seguridad vial, ahora también lo es en materia de salud pública ya que las salas de emergencia están saturadas de lesionados involucrados en hechos viales con motocicletas.

En entrevista, Anzures informó que a pesar de la prohibición expresa para ofrecer este servicio, continuarán operando porque atienden una necesidad de movilidad en la CDMX.

“Todavía no hay una fecha para un parlamento abierto, pero nosotros estaríamos en el mejor interés de poder hacerlo”, subrayó.

—Y en tanto se materializa, ¿ustedes no tienen previsto suspender el servicio? —se le preguntó.

—“Mira, lo que sucede es que hay una necesidad social enorme. Hay una demanda creciente de este tipo de servicios y, por supuesto, nosotros, pensando en eso y en los ingresos de los motociclistas, hemos tomado esta postura de (dar) el servicio, pero sobre todo de regular”.

Descartó que esta decisión sea una afrenta al Gobierno capitalino e insistió en que mantienen el diálogo a fin de poder transitar a la regulación del servicio.

30 mil motocicletas ofrecen este servicio; la mitad de los viajes los hacen mujeres

Reconoció, antes de compartir su experiencia, que desconocía que el servicio era ilegal.

“Todos me han dado casco. Solo en uno el casco era más de un scooter que de una moto y eso me preocupó (…) y sobre si respetan el reglamento de tránsito la verdad yo creo que uno de cada 10 lo hace porque se van por las ciclovías, se pasan los altos, se van moviendo entre los coches. Me ha dado miedo y también pena decirles que no lo hagan porque tampoco quiero que me den una mala reseña en las aplicaciones”, explicó la joven.

Cuestionada respecto de si sabe si los motociclistas tienen un seguro contra accidentes, refirió no saber, aunque consideró que si el servicio es ilegal, el seguro que puedan tener, también.

“Yo creo que me la voy a pensar un poquito más (seguir usando este servicio) porque no tienen permiso, pero la verdad lo veo un poco difícil porque ahorras mucho tiempo y dinero”, aceptó Tamara.

“Tenemos seguro”

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) nueve de cada 10 motocicletas que circulan no cuentan con ningún tipo de seguro, pero en el caso del servicio DiDi Moto, afirmó Tonatiuh Anzures, director de relaciones con gobierno de DiDi México, su servicio está protegido.

No se trata de un seguro individual de cada motociclista, sino de un seguro que se activa apenas el usuario se sube a la motocicleta y no solo cubre al usuario, sino al motociclista y a terceros que pudieran resultar lesionados.

“El seguro de la plataforma aplica apenas te subes a la motocicleta (y tiene) una cobertura integral para brindar esta protección en nuestros viajes (…) eso es muy importante aclararlo, (además) con la Reforma Laboral (todos los motociclistas) están cubiertos por riesgos de trabajo y nos da mucho gusto que al menos no seamos parte de esta estadística”, subrayó.

La propuesta

Aunque hasta la fecha no hay avances claros en la regularización del servicio, Anzures compartió los principales ejes que han propuesto a las autoridades capitalinas a fin de poner en claro las reglas para la prestación del servicio.

En primer lugar, explicó, que a todos los usuarios se les entregue, al momento de iniciar su viaje, un casco certificado.

“Nosotros le pedimos al pasajero o pasajera que si ve que el conductor no llega con un casco de esas características, siempre puede cancelar sin penalidad”, detalló.

También que se impulse una prueba teórica y práctica para la obtención de un certificado estándar de competencias en “Conducción de Motocicleta”, mismo que ya puso en marcha el Estado de México y es emitido por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (Conocer).

En tercer lugar que las motocicletas que ofrecen este servicio tengan características específicas y que, como sucede con el servicio de transporte por autos que paga a la Tesorería 1.5 % del total de viajes, a las motocicletas también se les requiera este impuesto.

“¿Qué estamos proponiendo sobre este 1.5 %? También, por supuesto, considerarlo para el caso de las motocicletas, pero que sea para campañas de concientización, para seguridad vial y atenderlo como un tema de salud pública desde esa perspectiva de política pública”, señaló Anzures.

Agradecieron a los ministros Pérez Dayán, Javier Laynez y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena quienes se pronunciaron por replantear el proyecto y apegarse a la Constitución.

Proceso informó ayer que el asunto fue returnado a Batres Guadarrama quien, afirmaron los Repartidores Unidos de México, no ha tenido intenciones de escucharlos en ningún momento.

El impuesto impugnado por Uber Porter México fue creado por la administración de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México.

La mandataria federal afirmó que esta labor es “un trabajo riesgoso porque muchos utilizan motocicleta, bicicleta, caminando o el propio automóvil, y genera riesgos a la hora de transportar, pues pasan muchas horas en los distintos vehículos para poder llevar las mercancías”.