Operaciones encubiertas y uso de información por seguridad nacional

La nueva Ley de la Guardia Nacional y las reformas a las leyes secundarias en la materia, como la Ley Orgánica de la Administración Pública, permitirán que agentes de esa dependencia, ahora bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), realicen investigación y tareas de inteligencia para la supuesta prevención de los delitos. Además, podrán solicitar la intervención de comunicaciones privadas.

“Generar, operar, procesar y utilizar información en materia de Seguridad Nacional para advertir riesgos y prevenir amenazas mediante los organismos de inteligencia”, establece el artículo 29 de la reforma.

De acuerdo con R3D, esto implica legalizar la vigilancia por parte de las Fuerzas Armadas, pues además, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se faculta a la Sedena para procesar información para actividades de inteligencia por “motivos de seguridad nacional” sin previa autorización de un juez de control.

La preocupación por esta atribución se acrecenta ante los antecedentes de espionaje por parte de la Sedena. Cabe recordar que en 2022 la investigación Ejército Espía documentó que periodistas y defensores de derechos humanos fueron objeto de espionaje por parte de esa dependencia con el software Pegasus.

Las reformas a estas leyes también autorizaron que la Guardia Nacional realice operaciones encubiertas, a pesar de que apenas en 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las invalidó en la propia ley de dicha corporación por considerar que podrían dar lugar a la obtención de pruebas ilícitas y desproporcionadas.

Interconexión de bases de datos y acceso al CNI

Además de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también se creó la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que da lugar a una Plataforma Central de Inteligencia para interconectar los sistemas de las instituciones de seguridad con registros y bancos de datos de cualquier institución pública y hasta con la información en posesión de particulares a nivel nacional e incluso internacional en tareas de prevención, investigación y persecución de delitos. 

El artículo 24, por ejemplo, enlista que entre estas bases de datos se encuentran registros vehiculares y de placas, biométricos, telefónicos, registros públicos de la propiedad y del comercio, fiscales, de comercio, de servicios financieros, bancarios, de transporte, salud, telecomunicaciones, empresariales, comerciales.

Mientras que el artículo 39 señala que se podrán interconectar a la Plataforma Nacional de Inteligencia empresas u organizaciones sociales así como organismos regionales e internacionales, gobiernos y empresas extranjeras “que puedan tener información susceptible de ser usada en investigaciones para la prevención de delitos, esclarecimiento de hechos y en general del proceso penal”.

Esto a petición directa o mediante convenio con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia, adscrito a la misma. Además, se establece que habrá una subsecretaría de esa dependencia que será responsable de coordinar la integración de bases de datos, plataformas tecnológicas y de análisis criminal.

“Es una cantidad de información que no tiene precedentes, que no es necesaria, que es absurda, porque el problema de seguridad en este país no existe por falta de datos ni por falta de tecnología”, refiere Luis Fernando García, abogado especializado en derechos humanos y tecnología.

Interconectar los sistemas de inteligencia federales, estatales, municipales y privados tiene como fin la investigación de delitos de alto impacto, según la ley.

CURP biométrica obligatoria en todos los trámites

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Ley General de Población fueron cambiadas para que la Clave Única de Registro de Población (CURP) cuente con datos biométricos, huellas y fotografía y sea obligatoria para trámites públicos y privados.

“La Clave Única de Registro de Población deberá ser empleada en los procesos de validación y autenticación de la identidad de las personas en medios digitales”, establece el artículo 91 Sexies sobre este “documento nacional de identificación, de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional”, según el dictamen. 

Además, se establece que se vinculará con el Registro del Sistema Nacional de Salud, y será parte de una Plataforma Única de Identidad a cargo del Registro Nacional de Población.

“Todo ente público o particular estará obligado a solicitar la Clave Única de Registro de Población para la prestación de sus trámites y servicios”, establece también la ley.

Luis Fernando García explica que si bien existen instituciones que poseen datos biométricos para fines específicos como la Secretaría de Relaciones Exteriores con el pasaporte o el Instituto Nacional Electoral con la credencial de elector, no se tiene registro de un almacenamiento masivo de este tipo de datos.

“Cualquier cosa va a requerir que tú te identifiques con tu CURP. Esto por un lado genera barreras en el acceso a servicios y a cuestiones que son necesarias para la vida diaria. Pero, además, esa es la intención del gobierno: generar un registro de las actividades de todas las personas en todo momento ¿Qué trámites haces? ¿Qué servicios ocupas? ¿Qué compras? ¿En dónde? ¿Cuándo?”, advierte el abogado.

El transitorio octavo indica que en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la entrada en vigor, el Ejecutivo federal emitirá el reglamento al que remiten las disposiciones de la ley, donde se deberán detallar los servicios y trámites que requieren la presentación de este documento.

Otro problema es que la base de datos puede ser blanco de ataques informáticos por, además, ser un registro de las actividades de todas las personas en todo momento. Como antecedente, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ocurrió la filtración masiva de información de seguridad nacional conocida como Guacamaya Leaks en 2022 o el hackeo a la Consejería Jurídica de la Presidencia (CJEF) en el gobierno de Claudia Sheinbaum en 2024.

En el mismo sentido, en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas se estableció la creación de la Plataforma Única de Identidad, herramienta para facilitar la localización y que se conectará con diversas bases de datos, como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y registros administrativos. A esta podrán acceder fiscalías y comisiones de búsqueda.

Pero dicha plataforma, al estar conectada con la CURP, que tendrá que usarse para cualquier trámite o servicio, representa otra amenaza a la privacidad y un riesgo de vigilancia. “¿Qué quiere decir esto? Que bajo el argumento de la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, se puede hacer el rastreo de la actividad de una persona que se encuentre en ese estatus”, agrega Flores.

Un comunicado de R3D menciona que esto se complementa con la Ley para Eliminar los Trámites Burocráticos, aprobada por el Senado, que contiene la creación de la Llave MX como mecanismo de autenticación e identificación vinculado a la CURP.

Se trata de un proyecto de identidad digital de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para realizar trámites en línea en portales de los tres órdenes de gobierno. El titular, José Antonio Peña Merino, reconoció en la conferencia de prensa del 1 de julio que se está trabajando en que tenga más controles de seguridad.

Geolocalización en tiempo real

La reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que en la investigación de un delito los concesionarios de telecomunicaciones deberán “colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos terminales, en los términos que establezcan las leyes”. 

Para esto, el concesionario deberá conservar los datos durante 12 meses en sistemas que permitan su consulta y entrega en tiempo real a las autoridades, a través de medios electrónicos y 12 meses adicionales en sistemas de almacenamiento electrónico. 

Aunque este artículo está presente en la ley vigente desde 2014, la oposición nombró a esta reforma “ley espía”. El senador panista Ricardo Anaya incluso dijo que era el “último clavo al ataúd para acabar con la privacidad en México e instaurar el gobierno espía”.

Derivado de las investigaciones hechas por la Fiscalía Especializada de Feminicidios y gracias a la solicitud de colaboración para dar cumplimiento al mandato judicial, la Fiscalía de Oaxaca inició las labores de búsqueda, pues las indagatorias apuntaban que el presunto agresor se refugiaba en la capital del estado.

Una vez realizadas las labores de localización, se pudo establecer que Gabriel Alejandro G.C. estaba en un domicilio en el norte de la ciudad de Oaxaca, por lo que el 28 de junio pasado se desplegó un operativo en el que fue detenido.

Luego de la detención, se efectuaron los trámites legales pertinentes para su traslado al Estado de México y, con ello, ponerlo a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para su debido proceso legal.

De los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público para las investigaciones del caso y los servicios periciales; en tanto, la Secretaría de Seguridad afirmó que ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para la identificación de los probables responsables.

Las autoridades no han esclarecido si estos hechos están relacionados entre sí, o si los agresores fueron los mismos que perpetraron ambas agresiones.

El desplazamiento comenzó desde el 16 de junio hasta este fin de semana, de acuerdo con las víctimas que ya denunciaron ante las autoridades. 

Los testimonios de habitantes y de quienes trabajan en minas de la región explicaron que el grupo delictivo llegó para buscar el oro que hay en la zona. Primero arribaron decenas camionetas y este fin de semana se intensificó la presencia de hombres armados.

En esa zona de Urique y Moris el grupo predominante que mantenía el control de la región era La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez, que presuntamente se alió con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los Salazar se concentraban en tres municipios de Chihuahua y otros tres de Sonora, de acuerdo con un análisis de contexto presentado por autoridades federales y estatales durante la última audiencia del caso del homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, contra el exalcalde de Chínipas Hugo Amed Schultz Alcaraz.

En el caso de Moris y Uruachi, señalan como cabecilla del grupo agresor a Hugo Guerrero Encinas, conocido como 01, quien fue aprehendido en octubre de 2011 y liberado recientemente.

Los municipios que ha tenido durante años el grupo Los Salazar o Los Salazares, son Guazapares y Urique, que conlindan con Sinaloa, y Chínipas, que colinda con Sonora. De acuerdo con los testimonios y denuncias de los habitantes, se habrían extendido hacia Moris y Uruachi, que también colindan con Sonora, en busca del oro de ese territorio.

El área de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua dio a conocer que, según un folio fechado el 26 de junio último, el grupo del destacamento de Moris informó sobre los hechos que le atribuyen a Los Salazar:

“Por este medio me permito informar a usted que, siendo las 16:00 horas del día de hoy, fui informado por el radio operador en turno sobre el folio número 141331. En dicho reporte se señala la presencia de drones detonando explosivos en la cabecera municipal de Moris, así como en las rancherías de El Zapote, La Trompa, Chiltepín, La Finca, La Ciénega, Naranjito y Sahuayacancito. También se informa sobre personas sin vida y viviendas incendiadas, presuntamente por parte del grupo Los Salazar”.

Sin embargo, el informe no detalla el número de viviendas dañadas ni de personas asesinadas.

El reporte de la fiscalía continúa:

Además, residentes de las comunidades warijó y Pimas tuvieron que viajar a la Ciudad de México para interponer diferentes denuncias en instancias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Gobernación y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre el 19 y 20 de junio últimos porque, aseguran, en la ciudad de Chihuahua no recibieron apoyo. Ellos piden que los ayuden a regresar a sus hogares.  Entre los voceros de los afectados se encuentra Hilario Valenzuela, gobernador de la comunidad warijó la Finca Pesquera.

Los denunciantes aseveran que desde que incursionó el grupo de Los Salazar en esa región han salido miles de personas del territorio.

Otras personas warijó de Moris y Uruachi que se trasladaban hacia la ciudad de Chihuahua dijeron a Proceso que ellos se dedican a la ganadería y agricultura, otros son gamusinos que sacan oro del río o de otras partes de la región y con eso viven. Sin embargo, tuvieron que dejar todo: viviendas, animales que se está robando el grupo delictivo, y cultivos. Huyeron de sus casas sólo con lo que traían puesto.

Asimismo personas que trabajan o están a cargo de mineras en la región dieron a conocer que se retiraron por la violencia y pidieron que se apoye a las comunidades indígenas.

Una vez que el caso se hizo público, el grupo agresor incrementó los ataques contra los pocos habitantes que había y la violencia se extendió a otras comunidades. Este fin de semana, lanzaron un mensaje de alerta a través de redes sociales:

“Estimado gobierno,  nos dirigimos a ustedes de las comunidades indígenas de Arechuivo (Uruachi), Chiltepín, San Juan, Palmarito, La Barranca, La Finca, La Mesa de Cereachi, y San Juan de la Trompa, ya que personas armadas que llegaron del municipio de Uruachi atormentan a los habitantes de estos pueblos causando que la mayoría de ellos se vayan y dejen sus hogares y pertenencias, puesto que estos sujetos armados han levantado personas inocentes y las asesinan a sangre fría a personas inocentes que viven de manera honrada en Palmarito se les arrebató la vida de manera violenta a base de torturas y castigos inhumanos, entre ellos personas de edad avanzada, mujeres, niños y todo, con la finalidad de obtener supuesta información.

“En San José de la Trompa se reportan detonaciones que han afectado severamente a la comunidad desde el 5 de junio pasado, sin parar. El 17 de junio, madres de familia y habitantes de la comunidad salieron a pedir ayuda al gobierno que patrullaba la zona, a lo que ellos entre burlas y risas dijeron que no les importaba en lo absoluto, y que se resguardaran en sus casas. En ese momento comenzaron a caer bombas y los soldados sólo se burlan para después irse a toda velocidad de la comunidad.

“Como el supuesto gobierno no hizo nada, acudimos a las autoridades en la ciudad de Chihuahua para ver si hacen algo por las personas de las comunidades afectadas.

“Para las personas que vean esto, les pedimos de todo corazón que nos ayuden a compartir esto, pues al momento de subirse esta publicación, ya decenas de familias han abandonado sus hogares buscando la paz, que hace tiempo el grupo de Los Salazares les arrebataron. La gente llega armada, matando, torturando y mutilando personas inocentes que sólo se dedican a la cosecha, a la minería, ganadería y pesca”.

Largo historial de impunidad

Durante la audiencia para valorar el cambio de medida cautelar de prisión preventiva del exalcalde de Chínipas, Hugo Amed Shultz, la representación social presentó una serie de pruebas para demostrar que aún representa un riesgo para las víctimas, ofendidos y sociedad en general. La jueza de Distrito, María Elena López Morales, determinó que el sentenciado debe continuar en prisión.

Entre las pruebas, el analista delictivo y exfuncionario de la Fiscalía General del Estado, Manuel Salvador Torres Borunda, presentó un análisis de contexto que realizó desde 2017, cuando asesinaron a la periodista Miroslava Breach, originaria de Chínipas, ya que el exalcalde está acusado como cómplice del crimen.

El exfuncionario dijo que tiene conocimiento de que el grupo fue fundado por Adán Salazar Zamora, originario también de Chínipas. La organización criminal tiene sus actividades hasta la frontera, que abarca desde Chínipas, así como Agua Prieta, Magdalena, San Luis Río Colorado y Caborca, del estado de Sonora. Se dedica a la siembra de amapola y marihuana, así como a la confección de metanfetaminas.

“La extensión que cubren refiere la cantidad de gente que les avala. Es una organización que fue fundada en los años 90. Se suma al control de Jesús Alfredo Salazar (…) Adán es contemporáneo de líderes delictivos en Sonora, Sinaloa y Tamaulipas, como Caro Quintero, Emilio Quiriarte, Payán, Ismael Mayo Zambada”, agregó Torres Borunda.

De 2005 a 2011 se les acreditaron hechos como agresión física y homicidios de profesionistas, funcionarios de procuración de justicia y periodistas. En Chihuahua, los hijos de Adán Salazar nacieron y se criaron en el municipio de Chínipas.

Operan en los municipios de Chínipas, Guazapares y Urique, que hoy es un corredor turístico y en su momento también fue corredor minero que conllevaba el cultivo de marihuana y amapola.

Esa descripción coincide con lo que denuncian ahora las comunidades de Moris y Uruachi, que van por el oro del territorio.

Al analizar algunos de los aspectos preocupantes de las reformas, las organizaciones puntualizaron que “otorgan facultades de recolección, procesamiento y uso de información personal a instancias militares y de inteligencia, como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), sin mecanismos de rendición de cuentas, supervisión judicial ni controles independientes”.  

Las reformas que han sido consideradas como de espionaje, resultan alarmantes “en un país donde ya se ha documentado el uso ilegal de programas de espionaje contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas y el impacto negativo de la militarización”. 

Lo anterior debido a que las modificaciones legislativas “no sólo ignoran las denuncias previas” de espionaje a defensores y periodistas, “sino que legalizan estas prácticas”, eliminando el requisito de solicitar autorización judicial para acceder a datos de telecomunicación, además de que se permite la geolocalización en tiempo real, “sin supervisión”. 

Al señalar que con estas reformas “el Estado profundiza su capacidad para vigilar de manera masiva y arbitraria”, el Espacio OSC destacó que entre los sectores de la población que resentirán el impacto de estas medidas serán defensores de derechos humanos y periodistas.  

Explican que “la falta de garantías sobre el uso y protección de la información recabada, así como la interconexión de bases de datos públicas y privadas sin salvaguardas, ponen en riesgo la integridad, la seguridad y la libertad de quienes documentan violaciones a derechos humanos, acompañan procesos comunitarios o informan sobre abusos de poder”.  

Tras recordar que México ha sido clasificado por organismos internacionales como uno de los países más riesgosos para ejercer el periodismo y la defensa de derechos humanos, a partir de la documentación de “agresiones, amenazas, hostigamientos, asesinatos e incluso espionaje”, el Espacio OSC apuntó que “dotar a funcionarios públicos de facultades de vigilancia opacas, sin control ni rendición de cuentas, no protege a la población en general, ni mucho menos a quienes defienden y ejercen derechos, sino que incrementa su vulnerabilidad y permite abrir la puerta a más abusos e impunidad”.  

Abundaron que las reformas aprobadas por Morena y sus aliados en ambas cámaras “no sólo limitan el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales, sino que también crean un clima de inhibición, autocensura y persecución, especialmente para quienes ya se encuentran en situación de riesgo por la defensa de derechos humanos”. 

Para las organizaciones firmantes, “defender derechos no puede ser una actividad vigilada ni criminalizada, y ejercer el periodismo no debe suponer exponerse a formas de control estatal opacas y sin supervisión”.  

El Espacio OSC hizo un llamado urgente al Congreso de la Unión “a frenar la implementación de estas reformas y abrir un debate público e informado sobre sus implicaciones”. 

Los defensores exigieron que “cualquier medida en materia de seguridad e inteligencia, cumpla con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y control democrático conforme a los estándares internacionales de derechos humanos”.  

Las organizaciones firmantes cerraron su pronunciamiento recordando que “la construcción de una sociedad más segura no puede darse a costa de nuestras libertades fundamentales” y que “la vigilancia sin controles no es protección”.  

Conforman el Espacio OSC, que es acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI), las organizaciones Artículo 19: Casa del Migrante Saltillo: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer (Cimac); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.  

Asimismo, Instituto de Derecho Ambiental (IDEA); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Prodesc).

El pasado 20 de junio, la SECGOB dio a conocer una lista con 17 candidatos para dirigir la Comisión. Entre ellos, solo el de Luis Gómez Negrete fue respaldado por la asociación civil Dulce Monse y cuatro colectivos de familias buscadoras: Una Luz en el Camino, Hasta Encontrarles CDMX, Luciérnagas y Mariposas Buscando Corazones y Justicia. 

Al cierre de esta publicación, el colectivo “Una Luz en el Camino” compartió que este 3 de julio ofrecerán un pronunciamiento sobre la designación de Brugada.

En este sentido, Federico Prince Laris, director ejecutivo y gerente general de Laboratorios Kener, especializada en productos de cardiología, hematología y medicamentos de emergencia, anunció una inversión de 5,180 millones de pesos (unos 277 millones de dólares).

Esta inversión incluye la expansión de la planta de Kener con miras a triplicar su capacidad instalada y a inaugurarla en el primer trimestre de 2027.

“Esto nos permitirá garantizar en varios de nuestros productos, la soberanía farmacéutica nacional, la creación de un centro de mezclas para oncología, antibióticos y nutrición parental”, apuntó Prince Laris.

En tanto, el laboratorio Genbio, que produce medicamentos como la albúmina, la inmunoglobulina y factores de coagulación, invertirá 4,000 millones de pesos (unos 214 millones de dólares), con el objetivo de lograr la autosuficiencia en productos derivados del plasma y la creación de cien empleos especializados en biotecnología, ingeniería y procesos farmacéuticos.

La inversión de Genbio está dirigida a la instalación y operación de la primera planta de fraccionamiento de plasma en América Latina para producción de albúmina, inmunoglobulinas y factores de coagulación, con lo que se pondría fin a más de 20 años de dependencia de productos importados, según dijo José Miguel Ramos Rodríguez, director general del laboratorio.

Mientras que Alpharma BioGenTec, especialista en productos como vitaminas y medicamentos de alta especialidad, invertirá 800 millones de pesos (41.81 millones de dólares), para crear 110 empleos directos y 310 indirectos.

En los próximos años, según Luz Astrea Ocampo Gutiérrez de Velasco, directora general del Grupo Neolpharma, la empresa espera invertir unos 6,000 millones de pesos (321 millones de dólares) en un total de ocho proyectos.

Finalmente, Neolsyn, dedicada a la producción de ingredientes activos farmacéuticos, invertirá 500 millones de pesos (26.76 millones de dólares) y generará 120 empleos directos y 400 indirectos, gracias a la expansión de su planta en Jiutepec, Morelos.

Las inversiones anunciadas contemplan la creación de más de 1,100 empleos directos y alrededor de 2,800 indirectos, distribuidos principalmente en el Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

“México tiene una serie de ventajas muy importantes en ese tema para que podamos ser competitivos por nuestra productividad, nuestra cercanía y una serie de ventajas logísticas que tenemos en el mundo de la mente. Es decir, tu costo de producción no va a variar”, apuntó Ebrard durante la conferencia de prensa presidencial.

Afirmó que el país, a nivel producción, es muy competitivo, y aunque reconoció que se está entrando en un sistema de desventajas comparativas, en las que cada país va a tener que pagar un monto distinto para entrar al mercado de Estados Unidos.

Ebrard detalló que con el plan fiscal de Trump podrían ingresar productos de Vietnam, que es un competidor de México, con costos más altos para ellos.

“Entrar al mercado de los Estados Unidos les va a costar (a Vietnam) algún porcentaje promedio entre 35 y 40 %, cuando a nosotros nos va a costar en promedio 6 %. Entonces, te puedes dar cuenta que hay una gran diferencia”, enfatizó.

También aseguró que los incentivos fiscales propuestos por Estados Unidos podrían tener un impacto limitado, debido a que las empresas evalúan factores más allá de las exenciones impositivas, como la infraestructura, los acuerdos comerciales y la estabilidad del mercado laboral.

“Por consiguiente, el balance al final es que nuestra ventaja se va a acentuar, es lo que estamos viendo. Por eso pienso que no nos va a afectar el paquete fiscal”, zanjó.

La reacción de Ebrard ocurre en medio de tensiones comerciales entre ambos países, en el que México busca consolidar su posición como un destino atractivo para la inversión extranjera y la manufactura, especialmente en el marco de la revisión del Tratado con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Hace unos días el Senado estadounidense aprobó el Plan Fiscal de Donald Trump que, entre otras cosas, tiene grandes estímulos fiscales a las grandes empresas; y que aún falta que sea avalado por la Cámara de Representantes.

Saucedo también explicó que para lograr reducir la violencia en Sinaloa sería necesario un cambio profundo en las estructuras de gobierno y seguridad del estado.

En su opinión, “tendría que escanearse el sistema penitenciario desde donde siguen operando los jefes del narcotráfico” y “tendría que cortarse el flujo de armas, sobre todo los fusiles de asalto que llegan desde los Estados Unidos”.

Saucedo señaló que el gobierno mexicano, a pesar de su discurso, ha seguido las instrucciones de Estados Unidos en este tema.

“La postura declarativa del Gobierno mexicano es envolverse en la bandera, en una postura funcional que les da puntos de popularidad supuestos, pero en los hechos acataron las directrices de Washington”, aseguró.