Asimismo, resaltó la falta de estrategia del gobierno estatal para frenar las desapariciones y llevar ante la justicia a los perpetradores, de que ni siquiera el 1% de los casos han sido juzgados.
“Yo lo expuse en la mesa con el gobernador. El secretario de Seguridad quedó muy puntualmente de ver ese caso personalmente y hasta la fecha no se ha comunicado ni conmigo ni con la madre del joven”, afirmó Jara Montes.
Dijo que el caso más reciente es el de un joven privado de la libertad en abril pasado en la plaza de La Cantera, aunque horas después, liberado con golpes.
“La madre del joven logró señalar a un policía estatal como involucrado en la desaparición”, sostuvo.
La vocera del colectivo expuso además un segundo caso.
El segundo caso que yo expuse fue de una madre que tenía a su hijo desaparecido y que había denunciado que un elemento de investigación, que estaba en la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas, de nombre Brito, era quien se lo había llevado. Y ese señor ahorita anda trabajando en otra área como si nada.
Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, No localizadas y Localizadas (RNPDNO), en cuanto al delito de desaparición forzada de personas — en las que participa algún agente del Estado— refiere que hay 17 personas desaparecidas y no localizadas en esta situación, de 32 en total.
Cabe recordar que ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, hay más de 50 denuncias por este problema, ocurridos principalmente en 2017, aunque se han extendido las fechas.
El joven forma parte de una familia que ya había sido víctima de desaparición y secuestro, dijo la buscadora.
“Tiene un hijo desaparecido desde el 2019, que en el 2020, cuando todavía estaba la licenciada Yayori, el esposo de esta integrante sufrió un secuestro exprés. Afortunadamente, nos movimos y lo pudimos recuperar”, narró.
Jara Montes subrayó que las desapariciones no han cesado y que el colectivo ha identificado un aumento preocupante en el número de mujeres que se suman a la búsqueda de familiares.
“De febrero a mayo tenemos registrado en nuestro colectivo alrededor de 18 madres que han ingresado, y hemos sabido que hay en otros colectivos donde también han ingresado nuevas madres”, dijo.
Denunció además que muchas de estas mujeres viven bajo amenaza directa.
Muchas han sido amenazadas, muchas personas, delincuentes que llevan a cabo este flagelo han ido hasta sus casas, les han dicho que no hagan público las búsquedas.
Esto ha obligado a que las acciones del colectivo se mantengan en el anonimato y con discreción las acciones y búsquedas, “porque hay muchas madres que por desgracia se han agregado a las filas, pero tienen miedo, sobre todo con el conflicto que hay en el norte del estado”.
Según la vocera, uno de los principales focos de desapariciones está relacionado con el conflicto armado que se vive en la zona norte, especialmente en los municipios de Huajicori, Acaponeta y Tecuala.
“Nuestro foco de preocupación es el conflicto que hay de Sinaloa, pero que afecta a lo que es Huajicori, Acaponeta, Tecuala, porque muchos jóvenes de aquí, de la capital, han sido llevados a trabajar con privación forzosa a esas áreas del Estado”, indicó.
Sobre este fenómeno, precisó que las madres sí conocen los destinos a los que son llevados sus hijos, bajo engaños.
“Sí, lo hemos sabido porque se han llevado a dichos jóvenes en presencia de sus madres, de sus familias, les han dicho a dónde los llevan y que van a regresar pronto, y pues muchos ya no regresan”.
En el municipio de Tecuala, aseguró que existen al menos ocho familias dentro del colectivo que han identificado a las personas responsables, pero la mayoría ha decidido no presentar denuncias ante las autoridades por temor.
“Las personas del municipio de Tecuala no han querido denunciar porque dicen que estos delincuentes se la llevan patrullando por las calles como si no pasara nada”, apuntó.
Agregó que en ese mismo municipio, hasta hace pocos meses, se sabía de la existencia de una casa de seguridad cercana a instalaciones oficiales.
Nos contaba una familiar que enfrente de los juzgados del municipio existía una casa de seguridad hace cuatro meses aproximadamente.
Cuestionada sobre la respuesta de las autoridades, Jara Montes insistió en que no hay un plan de acción para atender las desapariciones, ni para prevenir que no sucedan — el sexenio del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero está a dos años de concluir—.
No hay un plan que tenga que ver con los contextos de Nayarit para erradicar o eliminar este flagelo. Son esfuerzos aislados, no hay un trabajo con visión integral ni de contención.
Dijo que las reuniones con el gobierno estatal han resultado poco efectivas, aunque la autoridad les promete actuar ante sus peticiones.
“Siempre nos escuchan, pero no vemos resultados. Se nos promete atención directa a los casos, pero se quedan en el aire“, dijo.
Añadió que aunque algunos casos han recibido atención, el avance es mínimo y de los más de 2 mil 86 registrados en la Comisión Estatal de Búsqueda de personas en todo el estado.
“Sí, tenemos un porcentaje de atenciones, pero es mínimo, estamos hablando de menos de un 10 por ciento de los casos, y aun así no se ha hecho justicia; además, tenemos más del 90 por ciento de los casos que no son judicializados, o sea, se quedan en el archivo y no hay seguimiento.”
Conmemoran ocho años de las desapariciones masivas en Nayarit
Rosa Jara mencionó que el colectivo Por Nuestros Corazones, como cada año, conmemoró con una misa, el día de las desapariciones masivas ocurridas el 22 de junio de 2017 en Tepic y otros municipios.
“Donde alrededor de 25 jóvenes fueron privados de su libertad, sistematizadas estas privaciones de la libertad, donde se llevaban 15-20 minutos una tras otra”, recordó la mujer que perdió a su hijo ese mismo día, a manos de su mejor amigo, que ya recibió sentencia de más de 700 años, pero mantiene una apelación.
La mayoría de estas desapariciones son investigadas por la presunta participación de policías y otros agentes del estado, durante el sexenio del exgobernador Roberto Sandoval y el exfiscal convicto por narcotráfico en Estados Unidos, Édgar Veytia.
Jara Montes agradeció la participación constante de la Iglesia católica y al obispo Luis Artemio Calzada, para realizar esta actividad, “porque él siempre ha manifestado el interés en que sean visibles estas desapariciones que ha habido aquí en el estado”, señaló.
Jara Montes concluyó haciendo un llamado urgente a las autoridades, para frenar las desapariciones en Nayarit.
No podemos seguir normalizando que las desapariciones ocurran frente a todos y no haya consecuencias. Necesitamos justicia, pero también seguridad para las familias que buscan.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: KARINA CANCINO.
