Para dicha elección, el gobierno estatal hizo su propia movilización de votantes, además de la movilización que llevó a cabo Morena a nivel nacional.

Al analizar los resultados de la elección local, puede comprobarse que las candidaturas promovidas por el Poder Ejecutivo fueron las ganadoras, al llevarse más del 60 % de la votación total.

En Coahuila, la elección local se llevó a cabo a través de tres planillas, promovidas por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y se distribuyeron cuatro boletas: Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de Disciplina Judicial, Tribunales de Distrito y Personas Juzgadoras de Primera Instancia.

En todos los casos, los ganadores fueron los promovidos por el gobernador priista Manolo Jiménez Padilla, quien prácticamente arrasó en la elección judicial local.

En la elección del Tribunal Superior de Justicia, por ejemplo, la planilla del Ejecutivo sumó 361 mil votos, contra 81 mil del Legislativo, 70 mil del Judicial y 76 mil votos nulos.

En cuanto a la elección federal, en Coahuila no ganaron las mismas candidaturas que triunfaron a nivel nacional.

En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las nueve candidaturas promovidas por el oficialismo a través de acordeones, en Coahuila sólo dos recibieron respaldo: Lenia Batres, que fue la tercera candidata más votada, ubicándose por debajo de Olivia Aguirre y Rebeca Aladro, y Hugo Ortiz Aguilar, quien también se ubicó en primer lugar.

En Coahuila se emitieron en total 5 millones 382 mil votos en la elección de la SCJN, de los cuales 4.1 millones fueron válidos, 565 mil fueron nulos y 708 mil corresponden a recuadros dejados en blanco por la ciudadanía. Es decir, el 23 por ciento de los votos fueron nulos o blancos.

Durango: otro estado con alta participación

Los mismos niveles atípicos de participación respecto de la media nacional se registraron en el estado vecino de Durango, también gobernado por un político priista: Esteban Villegas Villarreal.

En Durango, además de la elección judicial federal, hubo elecciones para renovar 49 cargos del Poder Judicial local y 39 ayuntamientos.

En esta entidad, los cuatro distritos electorales federales tuvieron niveles de votación más altos del 13% registrado como media nacional.

Los distritos 03, de Lerdo y 01, de Victoria de Durango, tuvieron una participación de 20.3 %. Mientras que el 04, también con cabecera en la capital, tuvo un 19.41 de participación, y el 02, de Gómez Palacio, registró una participación del 18.64 % del padrón electoral.

En Durango, donde la coalición PRI-PAN y Morena se disputaron los ayuntamientos, el gobernador priista también promovió a sus candidatos al Poder Judicial local, aunque en este caso los tres poderes locales postularon las mismas candidaturas.

En la entidad se renovaron 49 cargos del Poder Judicial local y hubo exactamente 49 candidatas y candidatos promovidos por los tres poderes, por lo que la elección era sólo una ratificación de los acuerdos entre el gobernador y el Congreso.

En lo que se refiere a la elección de cargos federales, en Durango la participación atípica se tradujo en la emisión de 2 millones 527 mil votos; aunque en este caso sólo 1.6 millones fueron votos válidos y casi un millón fueron anulados o dejados en blanco.

Durango fue uno de los estados con mayor porcentaje de votos nulos (17.6%) y de recuadros que se dejaron en blanco (18.57%).

TABLA

Estos son los 27 distritos con participación mayor al 20 por ciento del padrón en la elección de ministros de la SCJN.

La movilización de votantes destacó en los distritos de Xalapa, Álamo, Minatitlán, Poza Rica, Coatzacoalcos, Orizaba y Córdoba, donde Morena tiene más influencia.

En contraste, los estados donde se ubican los distritos electorales con menor participación son Jalisco, gobernado por MC, y Guanajuato, entidad gobernada por el PAN.

En ambos estados, la participación en la mayoría de los distritos se ubicó por debajo del 7 por ciento.

Los res distritos con más baja afluencia de votantes en la elección judicial fueron: el 03, con cabecera en Tepatitlán, y el 15, La Barca, en Jalisco, con 4.5% de participación. Y el 02, de San Miguel de Allende, Guanajuato, con el 5 por ciento.

Este domingo, el INE llevará a cabo el cómputo nacional de la elección judicial federal y entregará las constancias de mayoría a los virtuales ganadores de los comicios.

Dafne acusa a los trabajadores del Juzgado Quinto de lo Familiar de proteger a su expareja. No sólo por no sancionarlo cuando la manoseó en el Cecofam, sino porque nunca le notificaron sobre los escritos que tramitaba para intentar quitarle la custodia de su hijo. De igual forma critica que los funcionarios no presionaron a su agresor para que se hiciera la prueba psicológica desde el inicio del proceso legal.

“Mi agresor está utilizando el sistema judicial para violentarme, eso es lo que está haciendo, y el juez se lo está permitiendo”, critica Dafne en entrevista.

Casos como este se repiten una y otra vez en los juzgados familiares de la Ciudad de México. La lentitud en la resolución de estos asuntos se explica en parte por la falta de perspectiva de género y la alta carga de trabajo de los funcionarios públicos, quienes decidieron irse a paro de actividades desde el pasado 29 de mayo como forma de protesta.

Los juzgados familiares de la capital se vuelven un verdadero laberinto para todo aquel que entra, por su tamaño —están en un edificio de más de 15 pisos en el Centro Histórico— y por los obstáculos burocráticos.

Diana Reyes sigue luchando por la guarda y custodia de sus dos hijos, quienes fueron sustraídos por su expareja desde el 2020. Tiempo después, el padre de los pequeños convenció a un juzgado familiar de que le dieran la guarda y custodia.

Durante años, Diana supo que sus hijos eran víctimas de violencia física y explotación laboral por parte de su expareja. Lo supo por los maestros de los pequeños, quienes le reportaron que los dos no asistían a la escuela por salir a vender dulces.

Diana reportó esto al juzgado, pero ningún funcionario intervino. Fue hasta el 7 de marzo de 2025 cuando sus hijos lograron contactarla vía telefónica, con ayuda de una tía, para pedirle que los rescatara. Ella fue enseguida, recogió a sus pequeños y acudió al Ministerio Público a interponer una denuncia por violencia contra su expareja.

Un médico legista constató que el mayor, de entonces 8 años, tenía lesiones en las costillas, y el menor, de cinco años, heridas en la cabeza. Un doctor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó estas afectaciones en los pequeños.

Diana interpuso su denuncia, pero poco después, el 7 de mayo, su expareja falleció a causa de la diabetes e hipertensión que padecía. Parecía que con eso acabaría su problema, pero no fue así, ya que la abogada de su agresor la está acusando de sustraer a sus hijos y busca que los dos sean enviados al DIF, donde quedarían bajo resguardo del Estado.

“Ha sido bastante pesado, es estresante saber que tu vida en todo momento pende de un hilo porque no se hacen las cosas como se debería en los juzgados”, relata Diana.

Ella lleva cinco años metida en su proceso legal en la Ciudad de México, la tercera entidad federativa con más asuntos pendientes de resolver en materia familiar, solo por detrás del Estado de México y Veracruz que tienen una mayor población, de acuerdo a los datos del Inegi.

¿Qué funciones tendrá la presidencia de la Corte?

Las atribuciones del la nueva presidencia de la SCJN, establecidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, incluyen tramitar los asuntos competencia del Pleno y turnar los expedientes entre sus integrantes para que formulen los proyectos de resolución, designar a ministras o ministros ponentes de distintos asuntos para que determinen el trámite que les corresponde, así como dirigir los debates y conservar el orden de las sesiones, así como autorizar la lista de asuntos que se revisen en las sesiones del Pleno. 

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre actualmente, la nueva Corte no contará con salas especializadas y sólo sesionará en pleno, lo que complicará la resolución de los asuntos y podrá generar un mayor rezago en su atención.

“Las salas estaban especializadas por materia. Ahora los ministros serán todólogos, ya no existirán las dos salas y dejan la operación fundamentalmente en el Pleno, lo cual es un tanto más complicado y, desde luego, aumentará el rezago que es brutal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, sostiene Reyes Peralta.

Como te contamos en esta publicación, la reforma judicial implicará retrasos en 1.5 millones de litigios, según advirtió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un informe.

La presidencia de la Corte también se encargará de designar a los ministros para formular nuevos proyectos de resolución en caso de no obtenerse una votación mayoritaria en el pleno y para los casos en que haya impedimentos legales para que un ministro o ministra conozca de un asunto. 

Además, se encargará de presentar un informe de labores de la SCJN al término del segundo periodo de sesiones de cada año. Y establecerá las disposiciones para el ingreso, estímulos, capacitación, ascensos y promociones por escalafón y remoción del personal administrativo de la Corte.

Las funciones administrativas que ya no le corresponden a la presidencia de la Corte

Antes, a quien presidiera la SCJN le correspondía llevar la administración del Poder Judicial de la Federación y formular anualmente el anteproyecto del presupuesto de egresos, someterlo a la aprobación del Pleno para enviarlo al Poder Ejecutivo. 

Ahora esto le corresponde al Órgano de Administración Judicial, que se integrará por cinco personas mexicanas por nacimiento, con experiencia profesional mínima de cinco años; con título de licenciatura en Derecho, Economía, Actuaría, Administración, Contabilidad que no estén inhabilitadas para desempeñar un cargo en el servicio público.

“Someter a la consideración del Pleno el anteproyecto de presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que, una vez aprobado, lo proponga al Presidente o Presidenta del Órgano de Administración Judicial para su inclusión en el proyecto de presupuesto del Poder Judicial de la Federación”, establece como atribución de quien presida la Corte la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

¿Cómo se definirá la presidencia de la Corte?

La forma de elegir a la presidencia de la Suprema Corte también cambió con la reforma judicial. Ahora, el artículo 94 constitucional establece que esta “se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación”.

Así, de acuerdo con los cómputos distritales de la pasada elección judicial, Hugo Aguilar será presidente de 2025 a 2027 luego de obtener la mayor votación, 6 millones 195 mil 612 sufragios, equivalente a 5.3%.

Las ministras en funciones que contendieron en la elección también presidirán la SCJN. Lenia Batres, quien obtuvo el segundo lugar en votos, lo hará de 2027 a 2029. Luego, Yasmín Esquivel, quien quedó en tercer lugar en la votación, presidirá la Corte de 2029 a 2031. Tras ella, será presidenta de 2031 a 2033 Loretta Ortiz, quien se ubicó en cuarto lugar, según los cómputos.

En una llamada con Trump este sábado, el líder ruso destacó "la importancia de evitar la escalada del conflicto" y expresó la disposición de la parte rusa a llevar a cabo posibles esfuerzos de mediación en el conflicto en la región de Oriente Medio. "[Putin] opina, al igual que yo, que esta guerra entre Israel e Irán debe terminar", indicó el presidente estadounidense anteriormente en una publicación en Truth Social.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, afirmó este domingo que es necesario que Washington "exprese su postura precisa y condene el ataque a las instalaciones nucleares" para convencer a Teherán de que no participó en los ataques israelíes. "Lo que se ha hecho ahora es sabotear las negociaciones, y lamentamos que el Gobierno estadounidense haya accedido. En los últimos dos días, a través de diversos canales, hemos recibido mensajes de EE.UU. que indican que no está involucrado, pero no creemos en esta afirmación. Si hacen tal afirmación, sería bueno que lo dijeran claramente. Un mensaje privado no basta", destacó.

Tras la llamada, declaró a ABC News que estaría "abierto" a que Putin mediara en el conflicto. "Él está dispuesto. Me llamó para hablarme de ello. Tuvimos una larga conversación al respecto. Hablamos más de esto que de su situación. Creo que es algo que se va a resolver", afirmó el presidente.

Sin embargo, esta jornada el mandatario estadounidense afirmó que logrará un acuerdo de paz entre Israel e Irán, comparando este potencial logro con sus anteriores intervenciones en conflictos internacionales.

"Irán e Israel deberían llegar a un acuerdo, y lo harán", escribió en la red Truth Social, presentándose como un potente mediador capaz de resolver disputas complejas y evitar guerras inminentes. Citó como ejemplos conflictos de India y Pakistán, Serbia y Kosovo, así como Egipto y Etiopía, afirmando que se resolvieron gracias a su intervención.

La violencia se remonta al día anterior, el sábado 14, cuando durante la tarde una patrulla de la Policía Municipal fue atacada por un grupo armado hiriendo a tres agentes en la colonia centro en el cruce de las calles Benito Juárez y Venustiano Carranza.

Derivado del ataque a la patrulla número 0411 uno de los agentes falleció mientras recibía atención médica y un segundo fallecido se reportó durante la mañana de este domingo.

Este ataque se da apenas una horas más tarde de anunciar al nuevo secretario de Seguridad Pública de Culiacán, el coronel Alejandro Bravo Medina, militar en activo propuesto por la Secretaría de la Defensa Nacional.

El cargo lo viene a ocupar 12 días después de la renuncia de Sergio Antonio Leyva, quien dejó el cargo después del arresto de siete elementos de la corporación quienes presuntamente brindaban protección a un supuesto criminal en una clínica particular después de haber sido herido de bala en un ataque. 

La jornada del sábado dejó saldo de ocho asesinatos en Sinaloa, cinco de ellos en la capital del estado.

El informe titulado “Cuidado y apoyo a niños y niñas con discapacidad, el entorno familiar y sus dimensiones en México” fue redactado por un equipo multidisciplinario integrado por especialistas en derechos humanos, salud, derecho, psicología y comunicación, en colaboración con familias cuidadoras de diversos estados del país.

Se presentó ante la Relatoría Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y documentó la crítica situación del cuidado de niñas y niños con discapacidad en México. El informe fue entregado a la ONU en este mes de junio y se presentó públicamente en mayo último, en conmemoración del 17 aniversario de la firma de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.

El documento expone la falta de un sistema de cuidado, la insuficiencia de las políticas públicas actuales que no ofrecen centros de vida y cuidado para las personas cuidadoras ni para las personas con discapacidad, ni políticas fiscales que aminoren la presión económica.

Además, reclama la invisibilización del trabajo de las cuidadoras y su aporte económico al Producto Interno Bruto (PIB), y acusa al Estado de descargar sobre ellas la responsabilidad de la educación formal de los hijos con discapacidad.

El texto señala que en México el 86.9% de las personas que proveen cuidados en el hogar son mujeres y sólo 13.1% son hombres. Añade que el 53.9% de las personas con discapacidad o dependencia que reciben cuidados en el hogar son atendidas principalmente por madres o hijas, y puntualiza que el 79.3% de las cuidadoras principales en el hogar son mujeres, lo que equivale a aproximadamente 22.5 millones de cuidadoras en el país.

El informe fue construido a partir de testimonios directos de familias de Nayarit, Aguascalientes, Coahuila, Jalisco y Guanajuato. Denuncia la sobrecarga desproporcionada que enfrentan las mujeres en el cuidado de infancias con discapacidad y busca visibilizar que “cuidar es un derecho humano”, además de exigir el cumplimiento de estándares por parte de los gobiernos.

La abogada y defensora de derechos humanos, Cinthia Ramírez Fernández, fue la coordinadora de este esfuerzo. Ella relató que el informe denuncia la falta de apoyo a los cuidadores de personas con discapacidad en México y detalló los desafíos que enfrentan, como la presión financiera, la falta de servicios accesibles y la insuficiencia de programas sociales.

Barreras y autoridades omisas

El reporte indica que en México el acceso a servicios públicos de diagnóstico, atención médica, rehabilitación y educación inclusiva es precario, discriminatorio y profundamente burocratizado.

A pesar de avances jurídicos aislados, como el reconocimiento legal de derechos o resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la práctica persisten barreras estructurales y exclusión sistemática en escuelas y en instituciones de salud, tanto en los ámbitos municipal, estatal y federal.

El informe también subraya cómo la falta de apoyos institucionales produce consecuencias graves: deserción escolar, pobreza crónica, migración forzada, aislamiento social y desintegración de redes familiares.

La Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (Enasic 2022) reveló que sólo el 3.3% (unos 0.2 millones) de las personas con alguna discapacidad o dependencia asisten a centros de cuidado (como servicios de educación especial o guarderías).

También se cita que la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid 2023) señala que el 54% de las personas con discapacidad de 5 a 29 años no tienen acceso a la educación, y que el 14.9% de las personas con discapacidad mayores de 15 años carecen de escolaridad.

En el informe, las familias narran cómo enfrentan desde negativas para la inscripción escolar hasta tratos hostiles por parte del personal médico, pasando por largas listas de espera y falta de medicamentos básicos.

Cuidadoras, en el abandono institucional

El informe expone que las cuidadoras en México viven una situación dramática de violación a sus derechos humanos, ya que asumen gastos que el Estado debería cubrir.

Se les niega un sistema de cuidado adecuado, lo que las obliga a reducir su calidad de vida y las probabilidades de desarrollo de sus hijos con discapacidad. Muchas de ellas trabajan en empleos precarios e inestables, además de actuar como monitoras de sus hijos en la escuela debido a la falta de recursos en el sistema educativo.

“La primera convulsión de mi hijo Mario fue a los dos años. A mí recién me habían amputado la pierna, y me llevé un sustazo de la vida, porque además me quedaba sola por la noche, ya que mi esposo trabajaba de noche. Estaba entre el sueño y escuché ruidos raros en la cuna. Me levanté y vi a Mario convulsionando. Entonces lo tomé en brazos, lo llevé a brinquitos a la cama, le hablé a mi marido y a mi hermana, y lo llevaron al hospital”, relató Laura Padilla, madre de familia, en un foro efectuado en Aguascalientes.

Laura es mamá de dos hijos con discapacidad: Mariana, con discapacidad intelectual, y Mario, con discapacidad motriz. Ella también tiene una discapacidad motriz; perdió una pierna por cáncer en la tibia. “Ha sido un peregrinaje muy largo, desgastante y doloroso”, dijo en el foro.

El Estado descarga sobre ellas la responsabilidad de la educación formal de sus hijos, obligándoles a desplazarse constantemente a diferentes lugares para llevarlos a terapias, sin contar con transporte accesible.

El informe también destaca que el trabajo de las cuidadoras es invisibilizado y no reconocido social ni jurídicamente, a pesar de su gran aporte económico al Producto Interno Bruto del país. En Jalisco, por ejemplo, los programas sociales son considerados por las cuidadoras como una falta de respeto, ya que no toman en cuenta la realidad económica de las familias.

La investigación expone las consecuencias de la falta de un sistema de cuidado en México. Menciona, por ejemplo, casos dramáticos como el de una madre adolescente soltera que trabaja en una maquila y debe actuar como monitora de su hijo en la escuela por falta de recursos en el sistema educativo.

También denuncia la falta de acceso a servicios adecuados, lo que obliga a las madres a reducir su calidad de vida y las probabilidades de desarrollo de sus hijos. Todo ello refleja la falta de voluntad política para implementar políticas públicas efectivas y suficientes.

“Ha sido complicadísimo dividirme como madre soltera, viuda y cuidadora. Se acabó la vida para mí. Estudié licenciatura en artes visuales y soy pintora, pero tengo que dejar de pintar, que es lo que me hace feliz y me apasiona. Es como una muerte espiritual, dejar de ser lo que yo era. Es frustrante encontrarme con esta nueva versión y preguntarme: ¿quién soy yo? Porque me fragmenté, me despersonalicé. Siento que dejé de existir, dejé de vivir. No puedo entrar sola ni al baño, eso que es tan íntimo y básico, y tengo que estar con esa zozobra de las necesidades y cuidados del niño”, compartió Aurora, pintora y maestra de artes, en otro foro de cuidadoras efectuado el 12 de abril en Jalisco.

Escuelas: discriminación y exclusión

En el ámbito educativo, el informe documenta prácticas discriminatorias en centros escolares públicos y privados, así como la exclusión recurrente de niñas y niños con discapacidad, bajo argumentos capacitistas.

Las madres señalan que muchas veces deben permanecer en las escuelas como auxiliares no oficiales o incluso asumir la educación en casa, sin contar con formación ni apoyos institucionales. Además, se advierte la ausencia de una legislación nacional que garantice el derecho al cuidado.

Ramírez Fernández, defensora de derechos humanos y madre de un hijo con autismo, describe la situación como “vivir en un mundo donde a cualquier parte que volteemos hay violaciones a nuestros derechos”, y señala la insuficiencia de las políticas públicas actuales.

“Si revisas el informe y contrastas lo que se propone atender en esa política pública sin sustento jurídico —porque no tenemos una ley de cuidados—, podrás ver que no tiene absolutamente nada que ver, porque no estoy viendo centros de vida y cuidado donde las personas cuidadoras también sean atendidas”.

Estas mujeres no sólo asumen labores de crianza, sino también funciones de enfermeras, terapeutas, gestoras administrativas, monitoras escolares e incluso educadoras en casa. Esta multiplicidad de responsabilidades las obliga a renunciar a su autonomía económica, abandonar empleos remunerados y vivir en condiciones de desgaste físico, mental y emocional extremos.

El psicólogo Leonardo Roldán Arroyo, quien participó en la redacción del informe, refirió que la encuesta Enasic 2022 indica que las mujeres dedican en promedio 37.9 horas semanales a labores de cuidado, frente a las 25.6 horas que dedican los hombres.

“Esto necesariamente tiene un impacto en las mujeres. Lo mencionan ellas: el tener un hijo con discapacidad inicia un constante peregrinar para encontrar el diagnóstico. Yo, como psicólogo, comprendo la importancia de un diagnóstico rápido, porque si se tarda años, afecta muchísimo. Este peregrinar tiene que ver con encontrar un diagnóstico”.

Además, el psicólogo resalta: “Mencionan las madres que hay un deterioro claro en su salud mental y física. Una persona que cuida tiene un desgaste emocional muy alto; esto lo podemos ver en las experiencias de las madres. Todo este trabajo no remunerado crea una condición en la persona cuidadora, disminuye su economía porque tienen que dedicarse al cuidado; por ello, normalmente deben dejar su trabajo y buscar horarios adaptados”.

Las cuidadoras, según el informe, asumen un gasto que el Estado debería cubrir, lo que representa un "despojo de los derechos de las personas cuidadoras". La falta de acceso a servicios adecuados obliga a las madres a reducir su calidad de vida y sus probabilidades de desarrollo, afirma Ramírez Fernández.

Surge colectivo

El colectivo busca generar movilización social y transformaciones legislativas. También se están iniciando estrategias legales, incluyendo amparos en temas de atención médica.

Ramírez celebra una “pequeña victoria”: “Por primera vez, un juez de distrito ordenó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) garantizar el acceso a terapias para personas con autismo. Consideran que la resolución del juzgador de Zapopan podría abrir la puerta a casos similares que involucren otras discapacidades”.

Se espera que la relatora de la ONU sistematice la información y presente un informe en la 80ª Asamblea General sobre el estado actual del derecho al cuidado de las personas con discapacidad en el mundo, y que se “exija al Estado mexicano que adopte un marco jurídico, que establezca una política pública adecuada, suficiente, con presupuesto garantizado para atender estas necesidades”.

Las demandas del colectivo Cuidadoras en Resistencia, fundado por Ramírez y sus compañeras, son concretas: “Queremos un centro de vida y cuidado para las personas con discapacidad y para nosotras. No sólo una guardería, porque en las guarderías solamente se atiende a niños y niñas, y después de cierta edad son expulsados del sistema. Es más, si tu hijo tiene una condición de discapacidad, en la gran mayoría de los casos las guarderías ni siquiera son una opción”.

En septiembre próximo se iniciará la primera generación de la escuela de cuidadoras y defensoras de derechos humanos, con el objetivo de organizar mejor a nivel nacional a las cuidadoras. “Es una acción de movilidad social porque ya no vamos a aceptar limosnas, no queremos más dádivas”, indicó Cinthia Ramírez.

También buscan un marco legal y políticas públicas adecuadas, con presupuestos garantizados, para atender las necesidades de los cuidadores. Aunque se han presentado iniciativas en el Congreso para crear una Ley General para un Sistema Nacional de Cuidado o para su incorporación en la Constitución, ninguna ha sido aprobada hasta ahora. Mientras tanto, la política pública sigue siendo asistencialista, limitada a transferencias económicas sin respaldo en redes de servicios públicos integrales, accesibles y de calidad.