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La SSPC detiene a nueve implicados en masacre del bar "Los Cantaritos" en Querétaro

La SSPC realizó cinco cateos en tres estados para desmantelar la red criminal que habría estado detrás de la masacre en Querétaro.

Las Fuerzas Armadas, coordinadas por el Gabinete de Seguridad Federal, detuvieron a nueve personas de un grupo delictivo, presuntamente relacionado con la masacre del bar "Los Cantaritos" en Querétaro, ocurrida el pasado 9 de noviembre de 2024 y donde perdieron la vida 10 personas, dio a conocer este jueves la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).


"En los estados de Querétaro, Guanajuato y Yucatán se realizaron cinco cateos y otra acción operativa, donde fueron detenidas nueve personas que formaban parte de un grupo generador de violencia, entre ellos dos de sus principales operadores", destacó la SSPC en un comunicado.
Las aprehensiones ocurrieron en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad y fueron el resultado de trabajos de investigación e inteligencia, en una acción encabezada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN).
De acuerdo con la dependencia, en seguimiento a trabajos de investigación por el ataque armado a un bar en el estado de Querétaro, los efectivos de seguridad se trasladaron al sitio para colaborar en las indagatorias, analizar las cámaras de videovigilancia en la zona y realizar entrevistas ciudadanas, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro y autoridades locales.

Con la información recabada se pudo identificar a integrantes de una célula delictiva relacionada con la agresión al bar y otros ataques contra grupos rivales y autoridades, además de estar vinculados con delitos como delincuencia organizada, secuestro, robo de hidrocarburo, homicidios y venta de droga en la región.

La SSPC también señaló que se identificaron cinco inmuebles utilizados para resguardar a sus integrantes y realizar actividades delictivas; cuatro de ellos ubicados en el estado de Querétaro y uno más en Guanajuato. "Mediante vigilancias fijas y móviles, y con el uso de herramientas tecnológicas, se recabaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó las órdenes de cateo" detalló.


Los agentes de seguridad, en un despliegue coordinado, intervinieron los domicilios ubicados en las colonias Juriquilla, Real de Juriquilla, La Pradera y el kilómetro 32.5 del Libramiento Norponiente de Tlacote el Alto, en Querétaro; y otro localizado en la colonia La Providencia en San Miguel de Allende, Guanajuato.
"En uno de los inmuebles en Querétaro fueron detenidos José Francisco 'N' y Sandra 'N', identificados como los principales operadores de una alianza entre grupos criminales, además de ordenar acciones violentas contra integrantes de organizaciones delictivas rivales, en dicho inmueble se aseguraron dos bolsas con cristal, una caja de cartuchos útiles, tres vehículos y dos motocicletas de alta gama", indicó la Secretaría.
En los otros domicilios intervenidos en el estado de Querétaro, fueron detenidos tres hombres y una mujer, y en el inmueble localizado en Guanajuato, se detuvo a dos hombres, donde se aseguraron diversas dosis de droga, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal, en tanto los inmuebles se sellaron y quedaron bajo resguardo de la autoridad para continuar con las diligencias correspondientes.

De manera simultánea y resultado de las investigaciones, en la Calle 30, del Fraccionamiento Piedra de Agua, en el municipio de Umán, Yucatán, fue detenido José Remedios “N”, operador del mismo grupo delictivo y jefe de homicidas y narcomenudistas.
"A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes y serán tratadas como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano Jurisdiccional, en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales", sostuvo la SSC.
La masacre de Querétaro

La violencia estalló el 9 de noviembre en Querétaro, y el estado, que se había mantenido como un oasis por la baja cifra de homicidios dolosos, se convirtió en noticia luego de que 10 personas fueron asesinadas y otras 13 resultaron heridas la noche del sábado en el centro de la capital. En lo que va del mes suman dos ataques a establecimientos nocturnos en la entidad.

Juan Luis Ferrusca, secretario de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, explicó en un primer informe oficial que la masacre fue perpetrada con armas largas y entre las 10 víctimas mortales había siete hombres y tres mujeres.

En la prensa local y en redes sociales se ha comenzado a mover la lista de las 10 personas asesinadas, pero las autoridades no la han confirmado:
  • Rodrigo García
  • Giovanni Arellano
  • Diego Tapia
  • Carlos Gómez
  • Jesús Alberto Arteaga
  • Fátima Ramos
  • Berenice López
  • Angie Ascencio
  • Arturo Velazco
  • Fernando González Núñez
Uno de estos siete hombres, Fernando González Núñez, es señalado en la prensa como presunto integrante del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sería el objetivo de la matanza.

El hombre, de 31 años de edad, era conocido como “La Flaca” y se dedicaba principalmente al robo de hidrocarburos.

El Cártel Jalisco y el Cártel de Santa Rosa de Lima mantienen una disputa por el control del territorio en Querétaro y precisamente éste había sido el motivo del ataque a “La Flaca”, quien ya contaba con antecedentes penales, pues había sido detenido en al menos dos ocasiones en los meses de marzo y agosto del presente año por portación de armas de fuego.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Los cárteles enganchan miembros con engaños. El Rancho Izaguirre es apenas una prueba

El reclutamiento forzado por parte del crimen organizado en México no es un fenómeno nuevo ni aislado. En Jalisco, esta práctica ha sido identificada desde al menos tres sexenios, remontándose al periodo de Aristóteles Sandoval Díaz. Durante su mandato, se descubrieron campamentos de trabajo forzado y de entrenamiento vinculados al crimen organizado, con un modus operandi que incluía la difusión de ofertas de trabajo falsas en redes sociales.

“Yo pensé que ya estaba muerta, pero todo revivió”, Contesta con la voz apagada y entrecortada Luz Elba Hernandez, madre de Brayan de Jesús Hernández Gutiérrez, de 17 años, quien fue secuestrado el 28 de abril de 2016 mientras esperaba una supuesta entrevista de trabajo a la que acudió luego de leer un volante publicitario distribuido en Poza Rica, Veracruz. La madre, que desde entonces no ha parado de buscar a su hijo, al hablar del Rancho Izaguirre en Teuchitlán hace una pausa y luego sentencia: “Con esa noticia, yo sólo reviví para volver a morir”.

Brayan cursaba el primer semestre de preparatoria y soñaba con estudiar en la Escuela Normal. Quería ser maestro. Pero su vida se truncó de golpe. Un grupo armado lo privó de la libertad en cuestión de minutos. Lo arrancaron de los brazos de su madre con la misma brutalidad con la que el crimen organizado ha arrebatado a miles más.

Su nombre desde hace años es parte de una larga lista de jóvenes desaparecidos, captados por falsas promesas de empleo. Se trata de un mecanismo empleado por el crimen organizado para alimentar las filas de su frente en la guerra que hace al Estado y también a grupos antagónicos. Unas de las agrupaciones que emplea este modus operandi es el Cártel Jalisco Nueva Generación, con presencia en gran parte del país y en el mundo.

Ricardo Ravelo, periodista y especialista en temas del crimen organizado indicó que al respecto que "el cártel sin duda se ha caracterizado por esta práctica, porque tiene en sus filas a muchos jóvenes que fueron entrenados no solamente en campos de Jalisco, sino de otros estados de Michoacán, Veracruz, Tamaulipas".

"Hay muchos muchos estados donde se habilitaron zonas territoriales para estas actividades con la variante de que pues este las formas de reclutarlos han sido diferentes. Primero se publicaban en los periódicos anuncios de empleo y luego en las redes sociales también se dio mucho este esta actividad porque el Cártel de Jalisco es uno que uno de los que más explotan las redes sociales para sus fines”, comentó en ese sentido el periodista especializado en temas de seguridad Ricardo Ravelo.


Estas mismas características han sido observadas en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Cuando el pasado 20 de septiembre las autoridades de la Guardia Nacional y del estado aseguraron el predio, afirmaron que se trataba de “un centro de adiestramiento”.
“Coincide con el modus operandi que en otros estados también puso en marcha este grupo criminal, de tal manera que pues yo creo que ahí lo que tiene que ponerse, es una investigación de fondo para determinar realmente quiénes operaban ese rancho”, ahondó Ravelo.
Este mismo miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha establecido estrategias para combatir el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado a través de redes sociales.
“La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene una área especializada que está bajando permanentemente estas páginas o estas cuentas de redes que buscan incorporar a jóvenes a alguna actividad delincuencial, entonces no es que no se esté haciendo nada, sino que en el momento en que se detecta se habla con Facebook, incluso con Mercado Libre se ha visto”, planteó.
Por su parte, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, ofreció ayer mismo una conferencia de prensa en la que confirmó que en el Rancho Izaguirre sí había restos humanos que no registró la Fiscalía de Jalisco, que la Guardia Nacional, quien cateó el predio en septiembre del año pasado, no notificó a la FGR sobre el uso de armas de alto calibre, y que algunas credenciales halladas en el lugar, corresponden a “sicarios” del cártel que fueron detenidos en otros estados.

Además, Gertz Manero, a pesar de que leyó y confirmó tener testimonios que indican que ese era un campo de reclutamiento y exterminio, no quiso detallar o confirmar si fue así. En ese sentido, sostuvo que “no hay todavía un dictamen concluyente, sí encontraron restos, pequeños trozos de osamenta, el dictamen no nos garantiza la credibilidad y las características específicas de los restos óseos".

El reclutamiento forzado por parte del crimen organizado en México no es un fenómeno nuevo ni aislado. En Jalisco, esta práctica ha sido identificada desde al menos tres sexenios, remontándose al periodo de Aristóteles Sandoval Díaz. Durante su mandato, se descubrieron campamentos de trabajo forzado y de entrenamiento vinculados al crimen organizado, con un modus operandi que incluía la difusión de ofertas de trabajo falsas en redes sociales.
“Tanto a nivel nacional como en el estado de Jalisco, no es una situación nueva y tampoco ha sido una situación aislada. Ha sucedido a lo largo de por lo menos tres sexenios partiendo, por ejemplo, en Jalisco, el sexenio de Aristóteles Sandoval Díaz, donde se han podido encontrar, por ejemplo, los campamentos de trabajo forzado, de entrenamiento donde ya también se ha detectado el modus operandi con las ofertas de trabajo difundidas en redes sociales”, expuso Anna Karolina Chimiak, coordinadora del área de incidencia del Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo (CEPAD), quienes han acompañado a colectivos de búsqueda en Jalisco.
Inicialmente, estas ofertas se enfocaban en labores de seguridad, como guardaespaldas o escoltas. Sin embargo, con el tiempo, se han diversificado y ampliado. En aquella época, se identificaron campamentos en la zona de Tala, Teuchitlán, Tepatitlán y Lagos de Moreno. Antes del reciente hallazgo en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, se había encontrado otro campamento en la zona de La Vega, donde se liberaron 36 personas que habían sido reclutadas a la fuerza.

A pesar de los cambios de administración, estas prácticas continúan y se han extendido a zonas colindantes con Colima, Michoacán y Nayarit. También se han detectado en otros estados como Veracruz y Tamaulipas. Además de los campamentos de entrenamiento, existen casas de seguridad donde personas reclutadas a la fuerza son obligadas a realizar diversas tareas para el Cártel Jalisco, incluyendo trabajos en narcolaboratorios y en la producción de drogas sintéticas.

"En ese entonces, por ejemplo, hemos escuchado de los campamentos en la zona de Tala, también de Teuchiclán y por ejemplo Tepatitlán y yendo más hacia el norte del estado, por ejemplo, en Lagos de Moreno”, detalló Chimiak.

Evolución de las ofertas laborales

Las ofertas laborales falsas han evolucionado, primero eran a través de periódicos, volantes y eran para puestos más específicos como guardaespaldas, y ahora incluyen supuestas vacantes para choferes, albañiles, obreros de construcción y pintores de casas. A Brayan, el joven de 17 años desaparecido desde el 2016, no secuestraron cuando el joven acudió sólo a pedir informes.

Luz Elba, a lo largo de los años y de buscar a su hijo, ha reconstruido por su cuenta lo ocurrido aquel día martes 26 de abril de 2016. Ella y su Luz Elba y su hijo, Brayan de Jesús, caminaban por el centro histórico de Poza Rica cuando recibieron un volante con una oferta de empleo.
"El papel anunciaba un pago de 200 pesos por cuatro horas de trabajo en un puesto de hot dogs llamado 'Bob Esponja'. Yo le dije a mi hijo: ‘Mira, son solo cuatro horas, estudias y te da tiempo de trabajar’”, recuerda Elba Hernández.
Brayan llamó al número indicado y fue citado para el jueves en el Parque Benito Juárez, justo frente al puesto de comida rápida. Supuestamente, ahí recibiría más información sobre la entrevista. “Yo lo llevé. No era una oficina, era en un parque. Lo senté y me retiré para que lo entrevistaran. Cuando regresé, Brayan ya no estaba... pero no solo se lo llevaron a él, también a varios muchachos que cayeron en el engaño del trabajo”, relata.

La madre recuerda que, tras dejar a su hijo, fue a una tienda de telas por un momento. Al regresar, unos 40 minutos después, Brayan ya no estaba. Pensó que quizá lo habían llevado a otro sitio para la entrevista. Intentó llamarlo, pero la llamada se fue a buzón. Minutos después volvió a intentarlo, pero esta vez el teléfono ya estaba apagado.

Al preguntar a quienes estaban en el parque, supo que otros cinco jóvenes habían estado en el mismo lugar. Un bolero le contó que un hombre joven se acercó a ellos y los condujo hacia la orilla del parque, ubicado detrás del Ayuntamiento de Poza Rica y junto a la Comisaría.
"Cuando usted venía por una esquina del parque, se los llevaron por la otra. Yo vi, pero no sé quiénes eran, solo que llevaban armas”, recuerda Elba que le dijo el bolero.
Con el tiempo, la madre logró recopilar otros testimonios que coincidían en que los jóvenes fueron subidos a una camioneta gris y un carro azul.

En la evolución de las ofertas laborales también se han identificado engaños en ofertas de empleo para operadores telefónicos y encuestadores. En Jalisco, el tema del reclutamiento forzado volvió a tomar relevancia en junio y julio de 2023, cuando ocurrieron numerosas desapariciones en la nueva central camionera, ubicada entre Tonalá y Tlaquepaque.

La directora de CEPAD explicó que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ha documentado al menos 70 casos de personas enganchadas mediante falsas ofertas de empleo en redes sociales y citadas en dicho lugar para entrevistas o para comenzar de inmediato a trabajar.

El reclutamiento forzado afecta principalmente a jóvenes en situación de desigualdad y precariedad. La falta de oportunidades y la búsqueda de una mejor calidad de vida convierten a estas falsas ofertas en un atractivo para quienes buscan empleo. Aunque la mayoría de las víctimas son hombres, también se han documentado casos de mujeres reclutadas para tareas específicas.
“Hablando también de lo que hemos visto sobre todo desde observar como esa problemática gran parte de las personas o sea de las víctimas han sido personas jóvenes eh frente a las condiciones de desigualdad y precariedad eh y la falta de oportunidades y alternativas tanto laborales como de vida, donde las falsas promesas de trabajo se han convertido en incentivos para poder contar con otro nivel de vida y tener un salario eh más atractivo que permita eh establecer eh pues una vida distinta, y principalmente han sido hombres, pero también sabemos de eh para algunas tareas también se han reclutado las las mujeres”, explicó la defensora.
Pero además, para reclutar a jóvenes no solo se usan las redes sociales, sino que también hasta a través de videojuegos.

En octubre de 2021, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) daba a conocer que había en ese entonces por lo menos 10 carpetas de investigación por al menos 10 casos de reclutamiento de menores de edad a través de videojuegos en los estados de Baja California, Oaxaca, Jalisco, Tlaxcala y Coahuila, informó
“Se han dado este tipo de situaciones de búsqueda de reclutamiento criminal (de menores) y hemos visto que a partir del año pasado se vinieron incrementando todos estos casos [...] El confinamiento pues ha generado que haya también una mayor actividad en las redes y esto a su vez genera una mayor potencialidad al riesgo”, dijo en ese momento Ricardo Mejía Berdeja, entonces Subsecretario de Seguridad Pública, en entrevista con SinEmbargo.
Lo que explicó en ese momento el funcionario es que a raíz de la pandemia por la COVID-19 se había registrado un incremento en este método de tratar de buscar a los menores a través de videojuegos y redes sociales para que se incorporen a las estructuras delincuenciales.

Jalisco ya se posicionaba como la entidad que concentra el mayor número de casos, con un total de al menos cinco carpetas de investigación, seguida de Oaxaca con dos averiguaciones, Tlaxcala, Baja California y Coahuila, uno en cada entidad, de acuerdo con la información proporcionada por el funcionario en ese momento.

Sin embargo, a la fecha la información no ha sido actualizada por la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, la cual, a través de su departamento de prensa, al momento de solicitar entrevista e información sobre la información de la Policía Cibernetica y los datos sobre el reclutamiento forzado, señalaron que en estos momento no había agenda para entrevistas y que la estrategia de comunicación había cambiado.

Sobre las ofertas de trabajo y ganchos falsos en redes sociales, la Secretaría de Seguridad solo ha señalado de manera escueta, a través de su titular, Omar García Harfuch, que constantemente retiran ofertas en las redes sociales.

Cuestionado el pasado 11 de marzo sobre un posible ciberreclutamiento en el rancho Izaguirre, García Harfuch dijo que que, "tanto desde la Ciudad de México como ahora en el Gobierno federal, se han detectado y eliminado numerosas cuentas vinculadas con estos delitos.

Sin reconocer la magnitud del problema

Los colectivos de familias de personas desaparecidas han denunciado en diversas ocasiones la existencia de campamentos de reclutamiento forzado. Sin embargo, las autoridades han argumentado que no pueden ingresar a ciertas zonas. En muchos casos, las familias han intentado rescatar a sus seres queridos por su cuenta, con resultados desafortunados.

Existen testimonios de personas que han logrado escapar, lo que ha permitido documentar las condiciones en estos campamentos. En 2021, se localizó un campamento en Talpa de Allende, donde se identificaron diversas prácticas que luego fueron confirmadas por familiares tras el hallazgo en Teuchitlán.

La difusión de información sobre estos campamentos y prácticas ha sido limitada debido al miedo a denunciar y a los riesgos que implica hacerlo, tanto para las víctimas como para sus familias, según explicó Anna Chimiak.

Las autoridades poco información sobre los campamentos y centros de reclutamiento forzado. La falta de información y seguimiento por parte del Estado ha impedido documentar la magnitud del problema. No existen diagnósticos o informes de análisis de contexto que permitan dimensionar la situación.
“No existen tampoco diagnósticos o por ejemplo informes de análisis de contexto que pudieran explicarnos más como sociedad en conjunto sobre la magnitud y también características de esa problemática, Lo que ha sido pues muy claro es que el estado pues representa una postura de encubrimiento de los hechos y la apuesta hacia la impunidad. Sabemos que la práctica de reclutamiento forzado involucra en la actividad muy fuerte de los grupos del crimen organizado, en muchas ocasiones también participan de forma directa o indirecta las autoridades”, dijo Chimiak.
En este contexto, la postura de las autoridades ha sido problemática. Cuando se hizo público el modus operandi de reclutamiento en la nueva central camionera, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez calificó estos casos como "ausencias voluntarias" y negó la existencia del fenómeno. A finales de 2023, la fiscalía y el gobernador difundieron una estadística alarmante: afirmaron que el 75 por ciento de las víctimas de desaparición localizadas no habían sido víctimas de ningún delito. Sin embargo, cuando se intentó contrastar esta información, se reveló que la fuente de estos datos eran entrevistas con las víctimas y actos de investigación.

En el caso particular del rancho Izaguire, Gertz Manero, a pesar de que fue cuestionado directamente en varias ocasiones, descartó confirmar si el lugar era un centro de exterminio o un campo de entrenamiento, aún cuando en septiembre pasado la Guardia Nacional afirmó que se trataba de “un centro de adiestramiento”.

El Fiscal acusó que las autoridades del estado no hicieron la investigación completa sobre este rancho e incluso no se ha podido establecer quién era el dueño del lugar.

Otro aspecto es la indiferencia y la mala integración de los casos cuando llegan haber denuncias, Las víctimas y madres, a veces tampoco quieren denunciar porque las propias autoridades no les creen o las maltratan, como evidencia el caso de Brayan.

Y es que, Luz Elba Hernández  contó que cuando acudió desesperada a la Fiscalía Especializada en Veracruz para denunciar el secuestro desaparición de su hijo y pedir ayuda, no le creyeron y la trataron como una  mentirosa.
“Lo primero que me preguntaron fue quiénes eran sus amigos, qué andaba haciendo mi hijo, y hasta insinuaron que yo estaba mintiendo sobre el volante de trabajo. Me decían que les dijera la verdad. Les expliqué que Brayan solo buscaba empleo, pero me dijeron que eso no era cierto”, relata.
La madre intentó hacerles entender que la mentira provenía de quienes usaron el volante para engañar a los jóvenes y secuestrarlos. "Pero me ganó el sentimiento. Las palabras duras de la autoridad y mi dolor me vencieron. Terminé llorando... y haciendo lo que ellos me decían: que volviera al día siguiente, luego al otro, y así”.
Ante la falta de avances en la investigación, algunos conocidos le sugirieron acudir a la Ciudad de México para que el caso fuera tomado a nivel federal En la capital, se presentó en la Unidad de Búsqueda Especializada de la en tonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy FGR, y solicitó que la desaparición de Brayan se investigara como un caso de trata de personas. Han pasado los años y Luz Elba sigue buscando a su hijo.

"Sí es cierto que existen las desapariciones por reclutamiento, Ellos  (las autoridades) en su momento lo han negado, pero sí existen porque a mí me pasó", expresó.
Organizaciones, como la CEPAD, que dirige Anna Karolina, han denunciado que la ausencia de estrategias coordinadas entre los distintos niveles de gobierno ha impedido enfrentar el reclutamiento forzado, aunado a que la falta de medidas de protección efectivas también ha contribuido al miedo de las víctimas a denunciar, pues temen represalias contra ellas y sus familias.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

Tribunal Electoral reduce 50% el tiempo en radio y TV para promover elección judicial; candidaturas podrían ser canceladas por faltas graves

El Tribunal Electoral indicó que no hay una regla constitucional de manera clara donde haya una distribución especifica con respecto a la elección judicial. Por lo tanto, el INE puede llevar a cabo la modificación a los lineamientos en radio y televisión.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) redujo un 50% el tiempo del Instituto Nacional Electoral (INE) en radio y televisión para promover e informar sobre la elección judicial que se llevará a cabo el próximo 1 de junio, lo que se traduce de 48 a 24 minutos.

Durante la sesión ordinaria, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, propuso entregar al INE 24 minutos, pues representan el 50% de los tiempos del Estado.

“De esos 24 minutos y en respeto a las prerrogativas constitucionales, los partidos pueden disponer del tiempo con el que ordinariamente cuentan de dos a tres minutos, dependiendo del tipo de medio. Y finalmente, el tiempo restante, es decir, aproximadamente 21 minutos puede ser utilizado por el INE para la promoción y difusión del proceso de elección de personas juzgadoras tanto a nivel federal, como local”, indicó.

Dijo que se debe tomar en cuenta a los candidatos, pues es una elección diferente a las que siempre se han tenido.

“Los perfiles que aparecerán en la boleta y la información que a manera de promoción recibirá la ciudadanía, se relaciona con capacidades técnicas y jurídicas claras, trayectorias, experiencia jurisdiccional en su caso, y otras características que cada votante deberá sopesar para tomar una decisión. Esta forma de hacer campaña representa todas luces distinto a lo que la ciudadanía está acostumbrada”, sostuvo.

INE puede modificar tiempos en radio y TV para elección judicial

Comentó que en este caso no hay una regla constitucional de manera clara donde haya una distribución especifico y por lo tanto se tienen las reglas especificas en torno al INE que puede llevar a cabo la modificación a los lineamientos en radio y televisión.

“Tenemos que estudiar si es razonable que el INE se auto adjudique estos 48 minutos, parece ser que coincidimos que los 48 minutos completos para sí mismos el INE pareciera que no es racional, por varias razones. Primero: por el tipo de elección. Es decir, en este caso no hay partidos políticos y todo ese tiempo que se da normalmente se les da a los partidos para promocionar candidaturas”, explicó el magistrado.

Añadió que dichas candidaturas normales tampoco tendrán tiempos en medios de comunicación, pues ya lo determinó el INE.

“Pareciera que se afecta injustificadamente por supuesto el modelo genérico de comunicación política basado en la libertad comercial por parte de las concesionarias de radio y televisión y también el derecho a las audiencias, en el caso a recibir información con respecto a las elecciones, pero sin una saturación exagerada o innecesaria que puede llevar a la desinformación”, planteó de Mata Pizaña.

Ciudadanía debe votar en elecciones judiciales con conocimiento, dice Tribunal

En tanto, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, comentó que los principios como la equidad y la imparcialidad fueron pilares del diseño normativo, ya que fue con la finalidad de asegurar elecciones democráticas en donde el actor principal es la ciudadanía para que vote con libertad y conocimiento.

“Hasta el día de hoy, la sobre propaganda en radio y televisión se basaban en la premisa de otorgar prerrogativas a los actores políticos para posibilitar un intercambio de información relevante con la ciudadanía”, dijo Fuentes Barrera

“En cuanto a la promoción de las candidaturas en el proceso judicial, no es análoga a los mecanismos de participación ciudadana. Y en ello me quiero también referir. Igualmente me aparto, no coincido en que se considere que la promoción de las candidaturas en radio y televisión en el proceso electoral judicial resulta análoga a la revocación de mandato y la consulta popular, pues estos mecanismos de participación ciudadana que tienen una finalidad distinta, muy importante sin duda, que es la participación real y efectiva de la ciudadanía en la vida política del país, pero diversa a la persecución en los procesos electorales”, añadió.

Cancelarán candidaturas del Poder Judicial por faltas graves

Por otra parte, la magistrada Janine Otálora, revocó al INE el acuerdo por el que se limitaban las cancelaciones de los registros de candidaturas al Poder Judicial.

Los candidatos no podrán recibir recursos públicos y privados y tampoco asistir a eventos proselitistas de los partidos políticos.

Si, por el contrario, llega a suceder, se deberá valorar cada caso y determinar si hay cancelación.

“Las sanciones del proceso electoral judicial no deben quedar limitadas solamente a las conductas infractoras (…) son de la naturaleza suficiente para que sean sancionadas con la cancelación del registro cuando esa determinación deberá tomarse solo una vez que se analiza cada caso”, comentó.

“La elección de la sanción aplicable a cada conducta reside justamente en un ejercicio de análisis casuístico que debe realizar la autoridad conforme a las particulares de cada caso, una vez que se haya materializado la acción (…) Es incorrecto que, entre los lineamientos, el INE determina que las restantes conductas previstas en el artículo 51 no son de la naturaleza suficiente para que sean sancionadas con la cancelación del registro cuando esa determinación deberá tomarse sólo una vez que se analiza cada caso”, consideró Otálora.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Violencia en Chiapas: crece el tráfico de personas y desapariciones aumentan 300% en 5 años, señala Centro Frayba

De acuerdo con el Centro Frayba, la delincuencia organizada, junto con empresas nacionales y transnacionales, así como el Gobierno en sus tres niveles, han disparado la violencia en Chiapas.

Chiapas está controlado por una “triada del mal” que la conforma la delincuencia organizada, las empresas nacionales y transnacionales, y el Estado en sus tres niveles, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Centro Frayba).

En su informe “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal”, la organización advirtió que la violencia armada, desapariciones y detenciones arbitrarias han incrementado en el estado en los últimos cinco años.

“En este contexto, el discurso y justificación que viene desde el Estado mexicano, es que existe una estrategia de seguridad consistente en no ‘alborotar el avispero’, no confrontarse con la DO (delincuencia organizada) en los territorios que controlan”, señaló. 

“(…) Esto sirve sólo para confirmar su responsabilidad ya que están siendo testigos de las acciones operativas de la DO, del control poblacional, del territorio y de las vidas de pueblos y comunidades en Chiapas, donde se cometen actos criminales, asesinatos, desapariciones, desplazamiento, entre otras graves violaciones a los derechos humanos”.

Desapariciones crecieron casi 300% en 5 años

En los últimos cinco años, se ha registrado un incremento del 299% en casos de desaparición en la entidad, según la información publicada en el informe.

En 2019, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) registró 320 casos de desaparición en Chiapas, en tanto que la cifra incrementó a 1,277 para el 2024.

“La edad más frecuente de desaparición es de 15 años, y son las mujeres adolescentes las que más desaparecen”, detalló el Frayba. “Los principales lugares son Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Comitán de Domínguez y Palenque”.

La organización remarcó que tanto los casos de las personas que permanecen desaparecidas, así como la cifra de desaparición de mujeres, es mayor en el estado que el promedio nacional en ambos indicadores.

Tan sólo considerando los reportes de desaparición que maneja el RNPDNO, Chiapas se posiciona como el cuarto lugar nacional en niñas, niños y adolescentes desaparecidos.

Hay tres rutas principales de tráfico de personas

El estado de Chiapas se ha convertido en un territorio propicio para el tráfico de personas a manos de organizaciones criminales, debido a la gran afluencia de personas migrantes que transitan por ahí.

La organización señaló que hay al menos tres rutas principales para mover a las personas: una por el Norte del estado, otra por la costa, y una tercera por el centro de Chiapas.

“Por un lado, bajo presión de los Estados Unidos, México sigue implementando una política de criminalización de la migración; y, por otro lado, deja las empresas criminales que trafican seres humanos con una impunidad casi total”, señaló en el informe.

Esto, a su vez, lo relacionó con el incremento en casos de niñas y mujeres desaparecidas en la entidad.

Sector minero provoca conflictos en comunidades

Entre las agresiones que el Frayba ha detectado, existen aquellas orientadas a defensores de la tierra y del territorio, quienes han sido víctimas incluso de desapariciones y asesinato. Estas personas fueron violentadas por “haber afectado los intereses de actores poderosos, en particular cuando se trata de megaproyectos”.

En el estado, el sector minero ha sido un foco de desestabilización en la región, ya que chocan intereses económicos y políticos que resultan en la vulneración de derechos.

Un ejemplo de ello, citó el Centro Frayba, fue en la comunidad de Nuevo Morelia, municipio de Chicomuselo, en abril de 2024, cuando 11 personas que se oponían a la violencia criminal, en el contexto de la explotación minera, fueron masacrados.

A partir de 2022, incrementó la presencia de grupos de la delincuencia organizada en este municipio. “Uno de los motivos era tratar de imponer los proyectos mineros que iban contra los intereses de las comunidades y, a fin de cuentas, la violencia fue más allá de la reactivación de la mina (que las comunidades organizadas habían logrado suspender tras años de lucha), alcanzando intereses de control político, social, económico y territorial de todas las localidades del municipio”, detalló.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TAMARA MARES.

Padres de estudiantes de cine desaparecidos rechazan la “verdad histórica”; exigen su búsqueda

Este miércoles se cumplen siete años de la desaparición de Marco Francisco García Ávalos, Jesús Daniel Díaz García y Javier Salomón Aceves Gastélum.

Las desapariciones de Salomón, Marco y Daniel, ocurridas el 19 de marzo de 2018, llevaron a la creación de La Glorieta de las y los Desaparecidos en Guadalajara, Jalisco. Este caso provocó que un gran número de ciudadanos salieran a las calles para exigir su localización.

Este miércoles se cumplen siete años de la desaparición de Marco Francisco García Ávalos, Jesús Daniel Díaz García y Javier Salomón Aceves Gastélum. En aquel momento, el gobierno de Jalisco afirmó que los tres jóvenes habían sido asesinados y que no había forma de localizar sus restos, ya que, según afirmaron, sus cuerpos habían sido disueltos en ácido. Sin embargo, un juez desechó esta versión en 2024, al determinar que faltaban pruebas contundentes.

Los padres de Marco y Daniel rechazan la “verdad histórica” y afirman que “todo ha sido una mentira”. Ellos están inconformes con la manera en que se ha llevado el caso, al tiempo que continúan en la búsqueda de la verdad sobre el paradero de sus hijos.

Virginia García y Miguel Díaz, padres de Jesús Daniel, junto con Sofía Ávalos, madre de Marco Francisco, comentaron sobre las investigaciones, los juicios y las sentencias emitidas el año pasado en relación con el caso de sus hijos. A siete años de la desaparición, sus familias siguen luchando por la verdad y la justicia.

Las familias exigen ahora que se les busque con vida y denuncian que la Fiscalía General de la República (FGR), que atrajo el caso en 2018 ha realizado un trabajo ineficaz, con múltiples inconsistencias en las investigaciones y sin buscar nuevas líneas de indagación.

Desde el inicio de la investigación, los familiares de los jóvenes desaparecidos han denunciado que las autoridades no llevaron a cabo una búsqueda adecuada. A lo largo de los años, han ofrecido información valiosa para ayudar en la localización de sus hijos, pero se sienten frustrados por la falta de respuestas.

“Si ellos hubieran hecho bien su trabajo desde el principio, quizás hoy tendríamos a nuestros hijos, pero eso no pasó”, declaró Virginia, madre de Daniel.

A casi un año del desahogo de pruebas judiciales que evidenciaron diversas irregularidades en la investigación, las familias continúan manifestando su angustia ante la falta de avances por parte de las autoridades.

Virginia, madre de Daniel, destacó que en el juicio, una perita forense reveló que en los bidones donde supuestamente se habrían disuelto los cuerpos no se encontraron restos humanos, solo diésel. 

“En el juicio, una perito del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses afirmó que en los bidones donde supuestamente habían disuelto a nuestros hijos no se encontraron restos humanos; únicamente diésel”, enfatizó.

Este testimonio pone en tela de juicio la narrativa oficial y resalta la urgencia de las familias para que se realicen investigaciones más profundas y se busque a los jóvenes con vida.

En mayo de 2024, cuando el juez desechó la versión de las autoridades, señaló que el expediente de investigación carecía de pruebas forenses que corroboraran el relato oficial. Sofía Ávalos, madre de Marco, subrayó que el juez declaró que el caso no podía cerrarse debido a la falta de elementos que confirmaran que los jóvenes habían sido asesinados.

“Lo más importante de ese juicio es que el juez determinó que el caso no se podría cerrar porque no había suficientes elementos para afirmar que nuestros hijos fueron asesinados y desaparecidos, como sostiene la Fiscalía”, indicó Sofía, enfatizando la necesidad de continuar la búsqueda de la verdad y asegurar justicia para los jóvenes desaparecidos.

En el reciente proceso judicial se impusieron condenas de 75 años de prisión a cinco individuos por el delito de secuestro agravado, aunque las familias de los estudiantes desaparecidos esperaban que las sentencias incluyeran la responsabilidad por la desaparición.

Los sentenciados son: Luis Fernando Martínez González, conocido como "Cochi"; Javier Antonio López Pérez, alias "QBA"; Samuel Alejandro Ramírez Torres, apodado "Kalimba"; Diego Alberto Sánchez Morales, también conocido como "Tun Tun"; y Ricardo Josué Herrera López, apodado "Choco". En contraste, un sexto implicado, Alejandro N., fue liberado debido a la falta de pruebas que confirmaran su participación en los hechos, una decisión que los padres consideran inaceptable, dado que la investigación señala su implicación. Piden que se revise la libertad de este acusados.

Aunque el caso sigue abierto, las familias aún no han recibido información sobre nuevos avances o planes de búsqueda. “Queremos que salgan a buscarlos, porque no lo han hecho en todos estos años”, afirmó Virginia, quien sigue convencida de que su hijo está vivo.

Las familias solicitaron a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo y al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que revisen el caso y se ocupen de la búsqueda urgente de los tres estudiantes. A casi un año del desahogo de pruebas, la esperanza de que se haga justicia permanece latente, a pesar de la inacción de las autoridades.

Demandan que el gobierno implemente un plan serio de búsqueda que contemple todas las posibilidades, incluyendo la de que los estudiantes puedan estar con vida.

“Queremos que salgan a buscarlos, porque no lo han hecho en todos estos años. Algo me dice que mi muchacho está ahí, en alguna parte. Desde el principio, no se les buscó como se debía; por eso exigimos que se elabore un plan para realizar una búsqueda en campo, para buscarlos con vida”, indicó Virginia, madre de Daniel.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ELIZABETH RIVERA AVELAR.

Teuchitlán: presunto sobreviviente narra cómo escapó y cuánto les pagaban

Reclutado con una oferta de empleo falsa, un hombre narra cómo sobrevivió al adiestramiento criminal en el rancho de Teuchitlán, Jalisco.

A casi dos semanas del hallazgo del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, señalado como un centro de adiestramiento y exterminio de un grupo criminal, un presunto sobreviviente compartió su testimonio sobre cómo fue reclutado y logró escapar. La historia fue presentada en entrevista con Alejandro Domínguez.


Reclutados con trabajos falsos y pagos de 13 mil pesos mensuales

El hombre, cuya identidad se reservó por motivos de seguridad, narró que fue contactado en junio de 2024 tras responder a una oferta de trabajo como guardia de seguridad con un sueldo mensual de 13 mil pesos. La cita fue en la terminal de autobuses de Tlaquepaque, Jalisco.

Ahí, junto con otras siete personas, fue trasladado en un vehículo de plataforma a una casa cercana al rancho Izaguirre. Fue cuando se dieron cuenta que la supuesta oferta laboral era una trampa.

“Cuando llegamos, había gente armada. Nos dijeron que ya no podíamos salir y que debíamos entrenar o morir”, relató el testigo a Domínguez en Milenio Televisión.

Así era el entrenamiento en el rancho de Teuchitlán

Según el testimonio, el pago ofrecido durante el adiestramiento era de tres mil pesos semanales, es decir, 12 mil pesos al mes. Sin embargo, el dinero no garantizaba la supervivencia. Las personas que se negaban o no cumplían las órdenes eran ejecutadas.

“Era un lugar de entrenamiento, pero también de castigo. A los que no obedecían los mataban”, afirmó el presunto sobreviviente.

Dentro del rancho Izaguirre había un espacio denominado “la carnicería”, donde los cuerpos de las víctimas eran desmembrados e incinerados. “Su lema era que si no había cuerpo, no había delito”, agregó.

Los objetos hallados en Teuchitlán no significan que las víctimas hayan muerto, advierte testigo

Sobre los objetos localizados por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco el pasado 5 de marzo, el testigo explicó que en el lugar se les obligaba a comprar botas tácticas y que estaba prohibido el uso de otro tipo de calzado.

“Ellos mismos nos vendían las botas. El zapato o el tenis no servía”, señaló.

Por esta razón, advirtió que los objetos encontrados no significan necesariamente que sus dueños hayan muerto en el lugar.

Enviados a Zacatecas tras el adiestramiento criminal en Teuchitlán

El testigo relató que, tras concluir el adiestramiento, fue enviado a operar en una plaza de Zacatecas. Desde ahí logró escapar tiempo después.

“Me tuve que escapar. No había de otra. Yo no quería estar ahí y más que nada porque quería volver a ver a mi hijo”, dijo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Cae “El Niño de Oro”, segundo al mando del Cártel de Sinaloa en Morelos

“El Niño de Oro” es señalado como el segundo al mando del Cártel en la zona oriente, bajo el liderazgo de Júpiter Araujo, mejor conocido como “El Barbas”.

Rafael “N”, conocido con alias de “El Niño de Oro” o “El Centenario”, identificado como segundo al mando del Cártel de Sinaloa en el oriente de la entidad, fue detenido esta madrugada en un operativo realizado en el municipio de Atlatlahucan. 

En la acción también fue detenido otro personaje al que apodan “El Chuckie”, presunto jefe de sicarios, además, aseguraron una camioneta de lujo.

La noticia fue confirmada por el secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, quien no dio a conocer mayores detalles de la operación. En redes sociales ya circulan supuestas imágenes de la detención. 

“El Niño de Oro” es señalado como el segundo al mando del Cártel en la zona oriente, bajo el liderazgo de Júpiter Araujo, mejor conocido como “El Barbas”, quien hace unas semanas apareció en un video, dado a conocer en redes sociales, en el que se le observa sentado a una mesa, con ropa táctica, gorra, chaleco antibalas y un arma larga sobre las piernas. 

En ese video aparecen también en la mesa el presidente municipal en funciones de Cuautla, Jesús Corona Damián, también el de Atlatlahucan, Agustín Toledano, municipio donde ocurrió la detención del Niño de Oro, según la información disponible. 

La difusión del video desató un escándalo mediático, además de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR). En torno al asunto, el secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que hay una investigación sobre 17 de los 36 alcaldes de Morelos. 

De su lado, Jesús Corona, alcalde de Cuautla, ha dicho que está “limpio”, que no tiene nada que esconder. Sin embargo, no ha aclarado sí estuvo o no en esa reunión. En tanto, Toledano, alcalde de Atlatlahucan, dijo que está a la espera de que la FGR lo llame a declarar, pero por lo pronto ambos siguen en el cargo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JAIME LUIS BRITO.

Reportan bloqueos y enfrentamientos en Casimiro Castillo, Autlán y Villa Purificación al sur de Jalisco

Por los enfrentamiento al sur de Jalisco, el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, ubicado en Autlán, suspendió actividades.

En redes sociales, usuarios, páginas informativas locales y autoridades reportaron bloqueos y enfrentamientos entre civiles armados y elementos de las fuerzas federales de seguridad en los límites de Casimiro Castillo, Villa Purificación y Autlán, en la zona sur de Jalisco.

“Esta tarde se han registrado sucesos en zonas cercanas a nuestro municipio. Por ello, les pedimos mantenerse en resguardo, conservar la calma”, señala un breve comunicado emitido por el gobierno de Casimiro Castillo.

También el Ayuntamiento de Autlán informó sobre los “sucesos de seguridad en zonas cercanas al municipio” y llamó a los pobladores a resguardarse, mantener la calma y estar atentos a la información oficial.

Por su parte, el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, ubicado en el municipio de Autlán, suspendió actividades académicas y administrativas este jueves a partir de las 13:00 horas debido a la “situación que se presenta en la carretera federal 80”.

Entre los reportes están los bloqueos en la carretera federal 80 en las cercanías de El Zapotillo, entre Casimiro Castillo y Autlán, otro entre El Corcovado y Unión de Tula y uno más en el kilómetro 158+200, cerca del puente La Caja, con dos vehículos incendiados.

También se informó sobre el bloqueo de la carretera estatal Autlán-Villa Purificación y en la carretera estatal con dirección a Pérula, cerca de la localidad de Juan Gil Preciado.

Ante estos hechos, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes delegación Jalisco (SICT) pidió a los automovilistas evitar la zona por motivos de seguridad aunque poco a poco se ha ido informado sobre la liberación de algunas de las vialidades.

Con corte a las 16:00 horas, autoridades de Seguridad de Jalisco no habían emitido información referentes a los hechos de violencia ocurridos al sur de la entidad.

Apenas el fin de semana, enfrentamientos en Jalisco que se extendieron a Michoacán dejaron como saldo seis elementos de las fuerzas federales de seguridad muertos, cuatro del Ejército y dos de la Guardia Nacional.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Congreso de Jalisco pospone comparecencia de funcionarios de Seguridad sobre caso Teuchitlán

Los funcionarios del Gabinete de Seguridad de Jalisco estaban citados este miércoles para rendir cuentas sobre el rancho hallado en Teuchitlán.

La comparecencia del Gabinete de Seguridad de Jalisco ante el Congreso local por el caso del presunto centro de adiestramiento y exterminio hallado en un rancho de Teuchitlán, la cual estaba programada para este miércoles, se pospuso.

En ella iban a estar presentes el fiscal Salvador González de los Santos; el coordinador general Estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada; el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, y la secretaria de Inteligencia y Búsqueda, Edna Montoya.

Alejandro Puerto, diputado local independiente, confirmó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) informó a los legisladores que la comparecencia se iba a posponer ya que los funcionarios solicitaron una prórroga.

“Es una verdadera lástima porque esto fue un ejercicio de presión que hizo el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, para que no vinieran a rendir cuentas”, señaló el diputado en un video publicado en sus redes sociales.

Por su parte, Claudia Murguía Torres, diputada del PAN, señaló que se decidió aplazar la comparecencia con motivo del informe que dio la Fiscalía General de la República (FGR) y dijo que su bancada “no tiene inconveniente” en moverla por un tema de “coordinación”, pero precisó que pedirán que no sea más allá de la próxima semana.

El pasado 13 de marzo el Congreso de Jalisco aprobó exhortar a los funcionarios del Gabinete de Seguridad estatal a comparecer por el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán “para conocer a profundidad y analizar los hechos ocurridos”.

La noticia de que la comparecencia sería pospuesta se dio casi a la par de que Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, la cual atrajo el caso, daba una conferencia de prensa en la que señaló diversas irregularidades por parte de la Fiscalía estatal.

Entre las irregularidades que mencionó el fiscal están que las autoridades locales no cumplieron con los protocolos establecidos tras el hallazgo del rancho y no procesaron la evidencia, no se informó sobre los indicios hallados y que, a seis meses, los servicios periciales no cuentan con un dictamen sobre los segmentos óseos encontrados.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“No pararé hasta que se haga justicia”: médico colombiano denuncia al INM por maltrato

Cristian García Rincón y su familia fueron sometidos a tratos xenófobos, racistas y discriminatorios e “inadmitidos” por agentes de INM en el aeropuerto de Cancún con señalamientos falsos y no obstante llevar todos sus papeles en regla. La denuncia es ante la CIDH y la ONU.

El médico colombiano Cristian Iván García Rincón, quien el mes pasado fue maltratado, retenido ilegalmente e “inadmitido” junto con su familia por agentes migratorios en el aeropuerto de Cancún, demandó al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la violación de sus derechos fundamentales.

El demandante, un reconocido especialista en medicina interna e infectología radicado en Medellín, denunció ante esos organismos que el pasado 3 de febrero agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) de México los sometieron a él, a su esposa, la epidemióloga Luz Yaneth Becerra, y a su hijo de cuatro años de edad, a tratos xenófobos, racistas y discriminatorios.

Luego fueron “inadmitidos” en México bajo dos señalamientos del personal del INM que, ahora se sabe, son absolutamente falsos: que el médico tenía una “alerta migratoria” y que “aparentemente” estaría vinculado al crimen organizado.

García Rincón plantea en su demanda ante la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que los vejámenes de los que fue víctima en el aeropuerto de Cancún, junto con su familia, no es un caso aislado, sino que forma parte “de una conducta sistemática, reiterada, sostenida en el tiempo y cada vez más extendida de agentes del Estado mexicano” contra visitantes colombianos.

El INM de México, asegura, “ha tenido un trato discriminatorio y violatorio de los derechos humanos contra colombianos que viajan a México, mayoritariamente en calidad de turistas, y que son ‘inadmitidos’ a pesar de cumplir con todos los requisitos solicitados por la autoridad”.

García Rincón dice a Proceso que se siente indignado del trato “degradante y humillante” que recibieron su hijo, su esposa y él mismo, y que buscará que se haga justicia no sólo en su caso, sino en los de miles de colombianos que son maltratados por los agentes migratorios mexicanos.

El médico, un investigador universitario de enfermedades infecciosas que además atiende a pacientes en su consultorio y en un conocido hospital de Medellín, denunció también su caso ante la Defensoría del Pueblo de Colombia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, al propio INM, al Consulado colombiano en Cancún y a las oficinas de congresistas colombianos y mexicanos que le ofrecieron atender su denuncia.

“Quiero justicia –asegura–. Póngase en mi lugar, como padre, lo que siento de que hayan tenido encerrado a mi hijo. No puede ser que uno vaya de vacaciones a un país y lo traten como delincuente. Están jugando con los sueños de mucha gente que va de vacaciones a un país que considera a México un país hospitalario y acaba viviendo un infierno”.

Y dice que no se trata sólo de él y su familia, sino de miles de colombianos que son retenidos durante días en cuartos “de rechazo” insalubres y malolientes, que pasan hambre y sed y que, al ser “inadmitidos” por guardias migratorios rudos y malencarados, pierden todo el dinero que invirtieron en un plan vacacional.

Sesgo anticolombiano

Sólo el año pasado, el INM, una entidad envuelta en escándalos de corrupción y negligencia presuntamente criminal –como el incendio que mató a 40 migrantes en marzo de 2023 en una estación migratoria en Ciudad Juárez–, “inadmitió” a 53 mil 450 visitantes colombianos, más de mil a la semana en promedio, por razones que organizaciones humanitarias consideran “mayoritariamente absurdas”.


Esa cifra representa un aumento del 82.5% con respecto a las “inadmisiones” de 2023, lo que revela que hay una política cada vez más rigurosa para bloquear el ingreso a México de un número cada vez mayor de visitantes colombianos.

En 2024, México “inadmitió” al 8.7% de los turistas colombianos que arribaron a ese país, un porcentaje que duplica a los de los dos años previos (3.98% en 2023 y 3.91% en 2024), lo que según la ONG Elementa DDHH se debe a las presiones de Estados Unidos a México para que asuma el papel de “filtro” de migrantes provenientes de Centro, Sudamérica y el Caribe.

Llama la atención, sin embargo, que los colombianos encabecen la lista de “inadmitidos” por la migración mexicana. En segundo lugar aparecen los peruanos, con ocho mil 892 rechazados en 2024, seguidos de los chinos, con siete mil 797 y los bolivianos, con tres mil 183.


Estas cifras están muy por debajo de los 53 mil 450 ciudadanos de Colombia “inadmitidos” el año pasado en México, la mayoría de los cuales fueron víctimas de violaciones humanitarias que van desde el trato xenofóbico hasta el acoso sexual y la violencia física, según denuncias que forman parte de gruesos expedientes en los consulados de Colombia en la Ciudad de México y en Cancún y que han sido reportadas desde hace años por la prensa colombiana.

Apenas este jueves 6 de marzo, el programa de sátira política La Pulla, del periódico El Espectador, le dedicó un video de 11 minutos a ese tema con el título “El infierno de los colombianos en México”. Los “hostiles” agentes migratorios mexicanos, dijo el conductor, “nos tratan como una basura”. Las historias “son aterradoras”, señaló, y enseguida presentó testimonios de turistas maltratados que juran nunca más regresar a México.


El médico García Rincón lo dice abiertamente: “La verdad, a mí no me quedaron ganas de regresar a México”.

La directora de la ONG colombo-mexicana Elementa DDHH, Adriana Muro, señala que el maltrato a colombianos por parte del personal del INM es un problema que lleva mucho tiempo, pero se ha recrudecido en los últimos tres años.

“Hemos detectado un aumento de detenciones arbitrarias de colombianos por parte de los agentes migratorios, tratos crueles, degradantes, incluso a menores de edad, y la violación del debido proceso”, dice, y asegura que el responsable de esto “es el Estado mexicano, que no ha querido dar pasos firmes para parar la situación”.


Daño colateral

Los medios colombianos han reportado decenas de denuncias de maltratos de los agentes del INM, principalmente en los aeropuertos de la Ciudad de México y de Cancún, y las redes sociales divulgan impactantes testimonios de víctimas.

México ha ganado fama de ser un país cada vez más hostil con los colombianos, lo que ha provocado una caída en el número de turistas que viajan a ese país.

Según datos de la Secretaría de Gobernación de México, mientras que en 2022 ingresaron a ese país 858 mil 839 turistas colombianos, en 2024 sólo lo hicieron 613 mil 188, lo que implica una caída del 28 por ciento.

Aun así, Colombia es el tercer país con más turistas que viajan a México, después de Estados Unidos y Canadá.

Es decir, la falta de cultura de servicio, la deficiente capacitación y la impunidad con que actúan los agentes del INM acaban por dañar la industria turística mexicana y, sobre todo, golpean una relación cultural binacional especialmente entrañable.


La música ranchera y el Chavo del Ocho han sido asumidos como propios por amplios sectores de colombianos, igual que muchos mexicanos consideran suyos a la cumbia y a Gabriel García Márquez.

Un asunto de dignidad

El médico Cristian Iván García Rincón, su esposa Luz Yaneth Becerra y su pequeño hijo son tres de los varios miles de colombianos que han sido maltratados por agentes migratorios mexicanos, quienes, según todos los indicios, tienen línea institucional para cumplir con una “cuota” determinada de “inadmisiones” de nacionales de Colombia por cada vuelo que llega a la Ciudad de México, Cancún o Guadalajara desde este país sudamericano.


La particularidad del doctor García Rincón es que se ha preocupado por documentar y denunciar su caso ante diversas instancias de su país, de México e internacionales.

Y dice que no va a parar de buscar justicia porque se trata de un asunto “de dignidad” y de solidaridad con sus compatriotas que han sido víctimas de vejámenes de los agentes migratorios mexicanos.

“Ahí están las cámaras del aeropuerto de Cancún, que registraron todo”, señala.

Pero además de que todo quedó registrado por las cámaras, todas las denuncias del médico –ante la CIDH, la ONU, legisladores de Colombia y de México e instituciones de derechos humanos de los dos países– han ido acompañadas de un pormenorizado relato cronológico de las horas “de pesadilla” que pasaron él y su familia en el aeropuerto de Cancún.

En esa narración señala que al llegar al aeropuerto hicieron fila en el bloque tres de control migratorio, donde demoraron más de una hora en ser atendidos. Cuando les tocó el turno, un agente del INM –al que ya habían visto exigir a varios colombianos acceso a sus teléfonos celulares– los recibió con un “trato displicente” y exigiéndoles de mala gana todos sus documentos.

Le mostraron los boletos aéreos de regreso a Colombia, una póliza internacional de salud, varias tarjetas de crédito, dólares en efectivo y los comprobantes de pago de su alojamiento en un hotel de lujo, con todo incluido, y de tours al parque Xcaret y a las pirámides de Chichen Itzá.

El agente se retiró con la documentación y dejó con ellos a una joven que les hizo varias preguntas sobre sus fuentes de ingresos y que tomaba nota de las respuestas a su interrogatorio en una hoja de papel simple.

“Al poco rato –señala el médico en su denuncia– regresó el individuo que nos recibió los pasaportes, pidió que desbloqueáramos nuestros celulares, se detuvo en ellos, principalmente el mío (¿buscando qué y para qué?, no lo sé, pero eso hizo), para luego decirnos que nos conduciría a un sitio para una segunda entrevista, para ver si podíamos ingresar al país”.

Luego ingresaron a una oficina y “allí nos pidieron que nos trasladáramos a una habitación contigua, en forma de L, con el brazo corto en angulación de 120 grados, y luego nos entregaron unos documentos para llenar, con nuestros nombres, propósitos de visita, ingresos mensuales y cuánto más esperábamos gastar allí”.

Como en 1984

En el cuarto de “rechazo” había varios migrantes que pasaban mucho frío porque el aire acondicionado estaba a su máxima potencia. En el centro había varias cámaras para monitorear todo el espacio.

“Mientras estaba allí –relata García Rincón– recordaba el libro 1984 de George Orwell, y su panóptico (modelo arquitectónico y de vigilancia social). Estuvimos cerca de 150 minutos allí, con frío, sin poder comer algo, con acceso a unos baños en mal estado cuando era necesario, con nuestro hijo de apenas 3 años allí, intentando evitar que percibiera que sus derechos estaban siendo violentados”.

Luego, una pareja de agentes migratorios se le acercaron. Uno de ellos le dijo que tenía una “alerta migratoria” emitida por Colombia, lo que desmintieron después autoridades de este país, y que esa “alerta” lo ubicaba como “sospechoso de pertenecer al crimen organizado”.

“Eso fue vil, sorprendente –señala–, una historia para no creer y que quisiera no tener que recordar jamás, aunque desde aquel día no pasa una hora en que no tenga un flash-back al respecto. Tengo muchos defectos en mi vida personal, como todos, pero delincuente no soy; lo único que he llegado a matar son los microorganismos que infectan a mis pacientes, y lo hago a través de antibióticos”.

Pero “la humillación no terminó allí, cada vez era peor. Después de eso tuvieron la desfachatez de tomar mis huellas dactilares y mi perfil biométrico. De todas las personas a las que devolvieron, fui yo el único al que le hicieron esto. ¡Qué desfachatez y qué despropósito! Ahora quedaban con mis datos y podrían hacer con ellos lo que les viniera en gana, si ustedes no los detienen”.

Los comentarios xenófobos, racistas, anticolombianos e insultantes se repitieron desde su llegada hasta su salida del aeropuerto de Cancún. También el “maltrato sicológico”, según denunció.

El médico acusa en sus demandas al INM de “falsedad en documento público” pues a él lo “inadmitieron” en México por la inexistente “alerta migratoria”, pero en el acta de inadmisión los agentes migratorios mintieron y señalaron como causal del rechazo “inconsistencias en la segunda entrevista”, la cual ni siquiera ocurrió.

Además, el infectólogo considera que fue víctima de robo indirecto, pues el INM le hizo perder sin justificación alguna unos cinco mil dólares que había pagado por anticipado al hotel y a operadores turísticos por su estancia en Cancún.

En su escrito, García Rincón señala: “¡Mientras escribo esto, no saben cuánto odio y repulsión siento por esas personas, su trato humillante y denigrante... lloro de rabia! Fuimos los últimos en ingresar al avión, ‘los parias’. Justo antes de ello, en la sala previa al acceso, nos entregaron celulares y computadores”.

Sus pasaportes fueron entregados por los agentes migratorios a la tripulación del avión, en el cual fueron acomodados en sillas separadas.

“Tenía y tengo mucha rabia –dice el médico–: quienes me conocen saben que soy demasiado tolerante, pero estaba llegando al límite”.

Miles de colombianos, asegura, viven un “calvario sistemático” por parte de las autoridades migratorias.

“Considero que esto debe ser analizado de forma detallada por los diferentes entres de control, nacionales e internacionales, porque, como lo demuestro, en muchos de los casos no hay una causa justa de inadmisión, y hay una violación evidente de nuestros derechos humanos que debe ser corregida”, señala García Rincón, quien el 4 de febrero celebraría su cumpleaños en Cancún con su esposa y su hijo.

Es la primera vez que el Estado mexicano enfrenta una demanda ante instancias internacionales por la violación de derechos humanos de los turistas colombianos.

La CIDH ya le respondió que también puede presentar una medida cautelar contra cualquier país miembro de la OEA, como es el caso de México, y él está dispuesto a seguir el trámite, mientras que en la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos el caso fue planteado por el médico como “detención arbitraria”, además de la violación de sus derechos fundamentales.

“No voy a parar hasta que no se haga justicia”, asegura.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAFAEL CRODA.

Colectivos envían correcciones a la propuesta de Sheinbaum sobre crisis de desaparecidos

“Hacemos un llamado a sus asesores para que le ayuden a informarse sobre los mecanismos institucionales, procedimientos y leyes que ya existen en materia de desaparición de personas, lo que en este momento han presentado sólo exhiben ignorancia en el tema y o su intención de engañar al pueblo”.

Familiares de personas desaparecidas y organizaciones sociales cuestionaron las propuestas para abordar el flagelo de las desapariciones en México expuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que sólo exhibe el “desconocimiento de los mecanismos y procedimientos institucionales que ya existen en el país en materia de búsqueda e investigación”.  

En una carta firmada por centenares de familiares de víctimas, de colectivos de buscadores, organizaciones sociales y activistas, los autores del texto hicieron observaciones a cada uno de los seis puntos de la declaración presidencial, acompañadas de propuestas para corregir los tropiezos.

“Hacemos un llamado a sus asesores para que le ayuden a informarse sobre los mecanismos institucionales, procedimientos y leyes que ya existen en materia de desaparición de personas, lo que en este momento han presentado sólo exhiben ignorancia en el tema y o su intención de engañar al pueblo”, consignaron los firmantes en la carta, en la que expresaron su disposición para dialogar “cuando el gobierno tenga la seriedad de abordar realmente el problema”.  

Los firmantes cuestionaron que se pretenda incrementar el presupuesto y capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), si no se destituye a su titular, Guadalupe Reyes Sahagún, nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, “quien, a pesar de no contar con el aval de las familias por su clara incapacidad técnica para ocupar el puesto, no ha demostrado estar abierto al diálogo con las víctimas de este país”, por lo que demandaron realizar un proceso de elección de la titularidad del organismo con participación de familiares de víctimas, como lo estipula la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

De la misma manera, en la carta se le solicita a la presidenta separar del cargo a la actual encargada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez, y no sólo incrementar el presupuesto como medida de fortalecimiento, “sino asumir que las personas titulares deben tener conocimiento del tema, se convoque a funcionar el Sistema Nacional (de Atención a Víctimas) y, sobre todo, sensibilidad para atender a las víctimas”.  

Los familiares y colectivos criticaron que el gobierno de Morena pretenda “revivir la iniciativa de Felipe Calderón de contar con una cédula de identidad”, medida que “no resuelve en lo inmediato la crisis de desapariciones”, en tanto que enunciar modificaciones a la Ley General en materia de datos forenses, muestra una vez más “el desconocimiento” de la responsabilidad que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) al respecto pero que “se ha negado implementar”.  

La misma crítica se hizo sobre la mención de creación de protocolos de búsqueda, que ya existen, pero que no se aplican por “la falta de voluntad política de romper los pactos de impunidad que persisten en el país”, siendo los “operadores del sistema, Ministerios Públicos, Fiscalías, el primer obstáculo para iniciar las búsquedas”.  

Rechazaron “enérgicamente” la pretensión de equiparar el delito de desaparición al de secuestro, al considerar que “es una muestra clara de no entender las dinámicas criminales” y por ser “un claro retroceso en cuanto a la investigación”, al dejar invisibilizada la desaparición y las víctimas “atendidas de manera incorrecta”.  

Al comentar que “no hay certeza” de la confiabilidad en el Registro Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), los familiares y colectivos hicieron votos para que se concrete la propuesta de informar mensualmente sobre la crisis de desapariciones, no sólo un reporte sobre cuántas personas desaparecen al día “sino de cuántas logran encontrar así como ver cuántas investigaciones logran llegar ante un juez”, porque hasta ahora sólo 1% de los casos son judicializados.  

“La responsabilidad de buscar y encontrar sigue siendo de ustedes como gobierno, y son los servidores públicos uno de los principales obstáculos para encontrar a nuestros familiares desaparecidos, si se sigue tolerando eso, el problema no se resolverá. Porque mientras los edificios de gobierno están cerrados y envallados, las familias estamos encontrando a nuestros familiares que fueron desaparecidos y abandonados por el Estado mexicano”, sentenciaron las decenas de remitentes de la carta a la presidenta Claudia Sheinbaum.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Madres buscadoras desestiman anuncios de Sheinbaum; exigen ser incluidas en plan y que se indague sexenio de AMLO

Expertos en búsqueda de desaparecidos y de derechos humanos consideran que “no son ideas nuevas, sino pendientes” las medidas de la presidenta Sheinbaum tras el caso Jalisco. En entrevista, ambos exponen qué se necesita para atender esta crisis de seguridad.

“¿Qué parte de ‘sin las familias no’, no les ha quedado claro?”, cuestiona Grace Fernández Morán, integrante de Buscando Desaparecidos México (Búscame) y del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), ante el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del emprendimiento de una nueva estrategia para enfrentar la crisis de desaparecidos en el país.

Hermana de Dan Jeremeel, desaparecido por miembros del Ejército el 19 de diciembre de 2008, en Torreón, Coahuila, Fernández Morán alerta que lo que para la presidenta son iniciativas, “en realidad son pendientes de hace siete años desde que entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda”.

Partícipe en la redacción final de la iniciativa que se convirtió en ley, Fernández Morán recuerda que, por exigencia de las familias de desaparecidos, la Ley General y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) fueron “instrumentos que pensamos, negociamos, trabajamos, implementamos de la mano, codo a codo, las víctimas y las autoridades, y lamentablemente, ya cuando les tocó entrarle a los trancazos, lamentablemente ya no hubo el respaldo”.

La Ley General entró en vigencia a partir de 2017, en tanto que el MEIF fue auspiciado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en cuyo último tramo de su administración decidió disolverlo, destino que también compartió el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH).

Entrevistada antes de abordar un vuelo con destino a Italia, para participar en la “Jornada de Recuerdo y Compromiso en Memoria de las Víctimas Inocentes de la Mafia”, que cada 21 de marzo se celebra en Sicilia, Italia, Grace Fernández insiste que lo anunciado por Sheinbaum “no son propiamente ideas nuevas, son pendientes”, y reconoce que después de la exhibición el rancho Izaguirre en Jalisco, la mandataria declara que va a atender el tema de las desapariciones que superan las 120  mil víctimas, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizada (RNPNO).

“Qué bueno que va retomar los pendientes, eso nos da gusto, nos da esperanza. Ahora lo que se sigue es que se lleve a cabo, que el pronunciamiento de la presidenta venga acompañado de voluntad política, presupuesto y capacidad porque esas promesas las vengo escuchando desde que llegó López Obrador y el señor fiscal (Alejandro Gertz Manero). Ya se fue López Obrador, ya casi se va el fiscal y siguen los pendientes”, apunta Fernández Morán.

Horas después de que Claudia Sheinbaum mencionó las seis medidas para enfrentar las desapariciones de personas, Grace Fernández urge no sólo a retomar los pendientes.

Advierten desconocimiento

Respecto de sumar las desapariciones al delito de secuestro, la defensora considera que si se trata de “equiparar en materia de equipo, de infraestructura y de estructura orgánica que tenía la Unidad Antisecuestros, vale, que se destinen cinco mil elementos, que era lo que tenía esa unidad en todo el país para la Comisión Nacional de Búsqueda; pero si se trata de cambiar el delito, preguntamos ¿qué parte de ‘sin las familias, no’, no les ha quedado claro? Qué bueno que ya está volteando a ver el tema, qué bueno que ya lo tenga en la priorización, pero no pueden irse sin las familias”.

Al puntualizar que, si es auténtica la intención de Sheinbaum por atender el problema, se debe combatir la impunidad y la corrupción de autoridades ligadas al crimen organizado “de los sexenios anteriores, incluido el de López Obrador, que dejó 60 mil desaparecidos”, ello como paso fundamental para detener la crisis humanitaria.
Lo anunciado por la presidenta –explica Grace Fernández– es parte de las herramientas para construir la ruta y el camino de la verdadera justicia, que sólo se construye con las familias, es indispensable que entiendan que los familiares de las personas desaparecidas no solamente somos el vehículo, somos la dirección y el destino de cualquier proyecto que intente dar solución a las desapariciones en México. 
La exigencia de incluir a las familias en la discusión de los pasos a seguir para atender el problema de desapariciones en México es también compartido por integrantes de la sociedad civil, como Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director jurídico de I(dh)eas  Litigio Estratégico en Derechos Humanos.

Asesor de colectivos de familiares de desaparecidos y de colectivos de búsqueda, Gutiérrez Contreras alerta que detrás del discurso de la presidenta hay un profundo desconocimiento el tema que “está híperdiagnosticado en los informes del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los informes de las organizaciones de la sociedad civil y de los familiares de víctimas”.

Contrario al anuncio de la presidenta de presentar iniciativas de ley para atender el problema, Gutiérrez Contreras apunta que “no se tiene que reformar nada, a la Ley General y los protocolos de búsqueda ahí están, más bien son acciones cosméticas, parches que no están realmente apuntando al problema estructural, que es la corrupción de las instituciones”.

Señala que en el discurso de Sheinbaum no se habla de las medidas a tomar contra “los funcionarios policiales, ministeriales, soldados, marinos, integrantes de la Guardia Nacional que están acusados de desaparición forzada que siguen operando de manera activa”.

El defensor considera que el origen de no plantear acciones estructurales por parte de la presidenta, se debe a que “no se está escuchando a las familias ni a las organizaciones, ni se están revisando las recomendaciones internacionales; estamos hablando de que las desapariciones son crímenes de lesa humanidad y para atenderlas, hay que tomar medidas extraordinarias”.

El director jurídico de I(dh)eas critica que se presente como iniciativa el fortalecimiento de la CNB, “cuando es una obligación de Estado”, además de que otros enunciados son “insustantivos porque ya existen en la ley, como lo que llama ‘Base Nacional Forense”, cuando en los artículos 119 y 120 de la Ley Genera en Materia e Desaparición ya está contemplado, es el Banco Nacional Forense y a quien le corresponde coordinarlo es a la Fiscalía General  de la República, que no se ha echado a andar; tampoco tiene sentido hablar de los protocolos de búsqueda e investigación, que también ya existen”.

Gutiérrez Contreras expone que la ley general ordena la búsqueda inmediata de cualquier persona, y que para ello no es necesario la espera de 72 horas, esa temporalidad “sólo aplica para abrir carpetas de investigación de hombres mayores de 18 años porque para mujeres y personas menores de 18 años la ley obliga a abrir de manera inmediata una carpeta de investigación”.

El defensor lamenta que Claudia Sheinbaum no presente propuestas “para fortalecer los servicios forenses, es ahí donde hay una crisis en México”, y en cambio se hable de equiparar el tipo penal de desaparición con el secuestro.

“Me parece que es grave porque desnaturaliza nuevamente la figura de la desaparición, homologar la desaparición al secuestro va en contravía de años de lucha de las familias, en contravía de años de lucha de identificar la desaparición como un delito de Estado”, explica.

De la misma manera, lamenta que no se incluyan reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, “para ofrecer beneficios a presuntos perpetradores por colaboración eficaz, si no hay manera de negociar con la delincuencia, si no hay manera de pedirles información sobre cómo operan, no se va a poder detener la tragedia”.

Gutiérrez Contreras, quien con I(dh)eas y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), han presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI) denuncias por las desapariciones en Nayarit y Veracruz, puntualiza que ante la dimensión del problema en México, su organización ha urgido la intervención de la  CPI y de la Asamblea de Naciones Unidas, porque “se debe reconocer que en el país se practican crímenes de lesa humanidad, que los grupos delincuenciales en colaboración con agentes del Estado cometen esos actos”.

Ante la dimensión del problema, Gutiérrez Contreras considera que México: 
Debe pedir la intervención a la CPI y asumir que el Estado no puede combatir el problema solo, sin ayuda y cooperación internacional.
“Consideramos que el CED debe presentar el caso ante la Asamblea General de Naciones Unidas porque la Convención de Naciones Unidas contra la Desaparición establece que, cuando las desapariciones se practican de manera generalizada, la Asamblea General debe actuar estableciendo un monitoreo y exigirle a México que asuma de manera inmediata una priorización de acciones que tienen que ver con el drama humanitario que se está viviendo en el país”, agrega.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ