El Senado no hizo cambios respecto a la versión que esta madrugada aprobó la Cámara de Diputados. De acuerdo con el dictamen y la mayoría morenista, la modificación busca precisar que la reforma no tiene efectos retroactivos, pues “se trata de una ley procesal” que únicamente aplicará a actuaciones futuras y no afectará derechos adquiridos.

Oposición acusa simulación

Representantes de la oposición acusaron que la mayoría morenista sólo maquilló la retroactividad. Argumentaron que la reforma permitirá al gobierno cobrar créditos fiscales en litigio por más de dos billones de pesos, lo que afectaría principalmente a pequeñas y medianas empresas.

Por parte del PRI, la senadora Carolina Viggiano, sostuvo que las reformas restringen el interés legítimo, lo que impedirá que colectivos, comunidades indígenas, ambientalistas o personas vulnerables interpongan amparos.

“Esta ley es más poder al poder y menos acceso a la justicia al ciudadano. Esa es la realidad, aunque le llamen como le llaman, pero el propósito del oficialismo es muy claro. Quebraron al país y ya no saben cómo y de dónde tener recursos. Por eso siguen con este asunto de la retroactividad para cobrar los créditos fiscales que están pendientes”.

El senador panista Ricardo Anaya insistió que la reforma terminó con una herramienta que servía a un ciudadano a defenderse de abusos de autoridad.

“Le dieron la estocada final al amparo”, advirtió.

El legislador insistió que la reforma viola el artículo 14 constitucional, que implica que sí habrá aplicación retroactiva de la ley.

Es falso, dijo, el principio del artículo que establece que la ley de amparo es procesal.

Morena rechaza que sea retroactiva

El curso de la reforma

La reforma fue aprobada por el Senado inicialmente el pasado 1 de octubre y la remitió a la Cámara de Diputados, quienes hicieron ajustes a los artículos transitorios, principalmente lo relacionado con la posible retroactividad de su aplicación.

Otros cambios que hicieron los diputados y que avaló el Senado este miércoles aplicaron en la fracción tercera del artículo 128, que modifica el término interés público por el de “disposiciones de orden público”, con la intención de eliminar ambigüedades que podrían generar interpretaciones que vulneren el amparo, según explicó Laura Itzel Castillo en la presentación del documento.

La versión aprobada suprimió la frase que señalaba “de ejecutarse el acto se pueden causar daños de difícil reparación”, a fin de armonizar el texto con los principios constitucionales de progresividad y acceso efectivo a la justicia.

En cuanto al artículo 129, ajustaron que se considerará contrario al interés social o a disposiciones de orden público continuar con actividades o servicios que requieran autorización federal, cuando no se cuente con la misma, por lo que suprimieron la referencia a casos de revocación o suspensión de permisos.

Aplicación en etapas concluidas

La aplicación de la reforma en juicios ya iniciados fue establecida en el artículo tercero transitorio.

“Al tratarse de una ley procesal, las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos. Por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se regirán por las disposiciones de este Decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras”.

Así, la reforma incluyó las sugerencias que hizo Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de Presidencia, en una conferencia presidencial, tras la aprobación inicial de la reforma por el Senado y las críticas desatadas por la retroactividad:

En el transitorio, los legisladores establecieron que la Ley de Amparo es procesal, que se prevea que las etapas procesales concluidas generan derechos adquiridos y se rigen por las normas vigentes al momento de su actuación y que señalara que acorde con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del decreto regirán por las nuevas disposiciones, sin que implique aplicación retroactiva —de forma explícita— ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras.

Laura Itzel Castillo explicó que la minuta tiene como finalidad modernizar esa legislación con base en las necesidades de intercambio comercial internacional, y como parte de la estrategia para combatir la evasión y elusión fiscal, la subvaluación y el contrabando.  

También establece requisitos que recintos fiscales, fiscalizados y estratégicos, así como quienes hagan despacho aduanero en un lugar distinto al autorizado deben cumplir en materia de vigilancia y seguridad para que se les pueda otorgar autorización operativa.  

Resaltó que dicho proyecto plantea que las patentes de agente aduanal tendrán una vigencia de 20 años con certificaciones cada tres, además de crear un Consejo Aduanero que resolverá en torno al otorgamiento, suspensión, cancelación y extinción de esas patentes, así como inhabilitaciones de agentes.  

Además, simplifica procedimientos para empresas de mensajería y paquetería que hagan despachos aduaneros, mientras que fija los supuestos que ameritan infracciones en esa materia e impone sanciones más severas para recintos fiscalizados estratégicos que permitan salida de mercancías sin que cumplan formalidades o sin que hayan pagado contribuciones.

En la respuesta del Senado de la República especifican que desconocen el número de familiares de los juzgadores que asistieron al lugar rentado en el Hotel Sevilla Palace. 

Además, detallaron que los menús y bebidas que los familiares de los juzgadores consumieron dentro del hotel Sevilla Palace fueron pagadas con sus propios recursos.

“Costo de la renta del espacio del hotel Sevilla Place y horario” (Sic) 

“El horario de la renta del espacio fue de 9:00 Horas. Costo: $353,700.00

“En respuesta a la solicitud de información sobre el número de asistentes, no es de la competencia de esta unidad dicha información.

“Sobre los costos de los menús y bebidas, cada persona cubrió con sus propios recursos sus consumos dentro del hotel”, responden.

El 14 de agosto del 2025, el vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, informó que el Senado de la República ocuparía un espacio alternativo para los acompañantes de las personas juzgadoras electas en la elección Judicial. 

El espacio que se dispuso para albergar a los familiares de las 881 personas juzgadoras que rindieron protesta el 1º de septiembre del 2025 fue el Hotel Sevilla Palace que se encuentra a unos metros de la sede del Senado de la República en Paseo de la Reforma.

El senador morenista detalló que esa medida es para que los familiares estén cerca y a unos pasos del Senado y pueda ser eso motivo de algo que es un “parteaguas” en la vida de la República: la selección por primera vez con voto directo de los juzgadores de México.

También se turnó el oficio con los nombramientos para la integración de la Comisión Nacional Antimonopolio, con los nombramientos a favor de: Andrea Marván Saltiel (quien fuera presidenta de la extinta Comisión Federal de Competencia, Cofece), por un periodo de tres años; Ana María Reséndiz Mora, por un periodo de cuatro años; Óscar Alejandro Gómez Romero, por un periodo de cinco años; Ricardo Salgado Perrilliat, por un periodo de seis años, y Haydeé Soledad Aragón Martínez, por un periodo de siete años. 

Los oficios fueron enviados por la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, a las comisiones legislativas correspondientes.

Uno de los principales cambios tiene que ver con el llamado interés legítimo, figura clave que determina quién puede presentar un amparo.  Aunque se mantuvo la intención de delimitar sus elementos, las comisiones eliminaron requisitos considerados excesivamente restrictivos en el texto original, como el que exigía que el daño fuera “actual” y que el beneficio fuera “directo”. La intención es evitar que personas o colectivos quedaran fuera del derecho a defenderse.

También aclararon que el daño puede afectar tanto a personas como a grupos, es decir, la afectación puede ser individual o colectiva, en concordancia con el artículo 107 constitucional, lo que cobra relevancia en temas colectivos como el medio ambiente o los derechos de comunidades.

Cambios en materia fiscal

En materia fiscal, se estableció que las leyes o reglas usadas para cobrar impuestos sólo podrán impugnarse en un juicio de amparo cuando el crédito fiscal ya sea definitivo. Además, se especificaron los métodos con los que los contribuyentes pueden garantizar el pago mientras dura el juicio, como billetes de depósito o cartas de crédito, cada uno con requisitos distintos y supervisados por autoridades financieras.

Ampliación de plazos

Otro cambio realizado por las comisiones es la ampliación de 60 a 90 días naturales del plazo para que los jueces puedan dictar una sentencia en un juicio de amparo, tanto por parte de los tribunales como del Tribunal de Disciplina Judicial.

En el mismo sentido, se amplió de tres a cinco días el plazo para que las personas, especialmente quienes tienen menos recursos, puedan presentar las garantías que la ley exige en estos juicios, ya que esos trámites suelen tardar más tiempo en la práctica, especialmente para aquellas personas en situación de vulnerabilidad o con acceso limitado a mecanismos financieros.

Suspensiones provisionales

En cuanto a las suspensiones provisionales, que son medidas que los jueces pueden otorgar para detener temporalmente los efectos de una ley o acto de autoridad mientras se resuelve un juicio de amparo, en la iniciativa original se planteaba limitar esas suspensiones cuando se considerara que podrían afectar el “orden público” o el “interés social”.

Las comisiones dictaminaron que sólo se podrá negar la suspensión (invocando orden público o interés social) cuando lo que se busca es continuar actividades que requieren permisos oficiales, como operar bancos, concesiones de agua o telecomunicaciones, si esos permisos ya fueron cancelados o nunca existieron.

Sanciones a funcionarios que incumplen fallos

Finalmente, las comisiones decidieron eliminar varios cambios propuestos al proceso de cumplimiento de sentencias y de sanciones a autoridades responsables que no obedezcan un fallo.

En concreto, se mantiene la posibilidad de imponer multas a funcionarios que incumplan con lo ordenado por un juez, como una forma de asegurar que las sentencias realmente se respeten y se cumplan.

El dictamen del Senado:

 

Dictamen Juicio de Amparo by Aristegui Noticias

Las audiencias serán organizadas por las Comisiones Unidas de Justicia; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos.

Cada sesión seguirá un formato definido y tras la bienvenida de la presidencia de las comisiones, un senador o senadora actuará como moderador.

Por cada tema se integrará una ronda de hasta ocho personas ponentes, quienes dispondrán de un máximo de cinco minutos para su intervención.

Posteriormente, los senadores podrán formular preguntas directas durante tres minutos, así los ponentes tendrán hasta cinco minutos para responder.

El moderador podrá intervenir para propiciar el debate, aclarar el mensaje de los ponentes, llamar al orden y garantizar el respeto al tiempo asignado, con trato equitativo para todos los participantes.

Asimismo, el acuerdo prevé que las audiencias serán registradas en versión estenográfica y difundidas a través de boletines de prensa, videos y otros documentos audiovisuales.

Además, en el micrositio la ciudadanía podrá dar seguimiento a las audiencias y enviar preguntas sobre los temas tratados.

El acuerdo establece que las Comisiones Unidas podrán invitar directamente a ponentes de su elección, lo que según la información disponible podría favorecer la presencia de perfiles específicos y limitar la diversidad de opiniones,ya que no se establece un criterio público o transparente para estas invitaciones.

Además, en el documento del acuerdo no se especifica si las audiencias se realizarán de forma presencial, semipresencial o virtual, lo que deja incertidumbre sobre el acceso de quienes no puedan trasladarse al Senado.

Las audiencias se desarrollarán en dos partes, la primera tendrá lugar el lunes 29 de septiembre a las 9:00 horas y abordará temas relacionados con interés legítimo, suspensión, plazos y consecuencias por su incumplimiento, así como el juicio de amparo digital.

La segunda parte se realizará el martes 30 de septiembre, también a las 9:00 horas, y analizará la ampliación de la demanda, el cumplimiento y la ejecución de sentencias, y la armonización con el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Ambas sesiones se llevarán a cabo en la Sala de Comisiones del inmueble ubicado en Avenida Reforma #135, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

En el documento, la Junta de Coordinación Política justificó la realización de estas audiencias como un mecanismo para garantizar el debate, la construcción de consensos y la participación técnica de diversos actores.

Asimismo, advirtió que este proceso permite visibilizar riesgos y áreas de oportunidad, fortalece la legitimidad del proceso legislativo y asegura que las decisiones no se tomen de manera unilateral.

Según el documento, abrir el debate busca reducir la polarización en torno a la reforma y generar un marco jurídico equilibrado.

“Este mecanismo permite no sólo reducir la polarización en torno a la reforma, sino generar un marco jurídico más equilibrado y robusto, ya que el intercambio de ideas, sustentado en argumentos jurídicos y experiencias prácticas, asegura que los ajustes al juicio de amparo respondan tanto a las exigencias de gobernabilidad como a la defensa irrestricta de los derechos humanos.”

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, señaló que la reforma “unificará criterios, cerrará vacíos legales y protegerá de manera integral a la sociedad, al fortalecer la coordinación de los tres niveles de gobierno para prevenir, investigar y sancionar el delito”.

Agregó que la extorsión “la padece todo México, pues es un ilícito que requiere de toda la atención por sus múltiples modalidades y por la disparidad en las legislaciones estatales, que han permitido que esta práctica se expanda como una ‘sombra letal’ que sacrifica vidas, acaba con familias, invade negocios y no es incentiva para la actividad económica del país”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Seguridad, Lucía Trasviña Waldenrath, aseguró que la extorsión “no es un delito menor ni aislado, sino un flagelo que lacera hogares, negocios, instituciones y comunidades completas”, y destacó que, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de 2025 se registró un promedio diario de casi 30 extorsiones, un incremento del 57% en seis años.

Además, el INEGI reportó que en 2023 la extorsión fue el delito más frecuente contra las unidades económicas, con un costo superior a 124 mil millones de pesos, equivalentes al 0.51% del Producto Interno Bruto (PIB).

El senador emecista, Luis Donaldo Colosio Riojas, señaló que la extorsión erosiona el comercio local y el emprendimiento, y destacó que las carpetas de investigación aumentaron de entre 400 a 500 en 2015 a más de 850 en 2025.

La senadora Carolina Viggiano, del PRI, subrayó que la impunidad desincentiva la denuncia y que en muchas comunidades existe el “cobro de piso” directo en los negocios.

Verónica Rodríguez Hernández, del PAN, coincidió en la necesidad de homologar la regulación, aunque enfatizó que legislar “no lo resuelve todo, por lo que es indispensable una estrategia eficaz”.

Congreso tendrá 180 días para expedir nueva ley general

El régimen transitorio establece que el Congreso de la Unión contará con un plazo máximo de 180 días, a partir de la entrada en vigor del decreto, para aprobar la ley general en la materia.

Mientras tanto, seguirán vigentes las leyes actuales, tanto federales como locales, que regulan este delito.

Además, la legislación incluirá un apartado transitorio donde se definirán los tiempos y mecanismos para que tanto la Federación como los estados armonicen sus normas con la nueva ley general.

En la actualidad, cada entidad y la propia Federación tienen normativas distintas. Por lo tanto, una de las principales problemáticas que busca corregir la reforma es la disparidad entre las normas federales y estatales en torno a este delito, ya que la extorsión está regulada con diferentes definiciones, modalidades, agravantes y penalidades en los distintos códigos penales.

Con esta reforma, el Congreso podrá expedir una ley general sobre ese delito. La normativa estará enfocada en homologar el tipo penal y sus sanciones, además de establecer mecanismos de colaboración entre instituciones y articular las capacidades del Estado.

La iniciativa fue enviada al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum a principios de julio, unos días después de que su gobierno presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, enfocada en combatir el delito que ha ido a la alza en los últimos años, de acuerdo con la propia mandataria.

La reforma aprobada será enviada a los Congresos estatales para obtener su aval y que pueda ser promulgada, tras lo cual el Congreso tendrá un plazo de 180 días para emitir la ley general en la materia.

Esa ley, según adelanta la propia propuesta, deberá regular los programas de formación especializada para cuerpos de seguridad y procuración de justicia que combatan el delito, así como el uso de inteligencia, tecnología e informática en la investigación.

La normativa tendrá que establecer estrategias para evitar que personas privadas de la libertad orquesta y realicen extorsiones desde el interior de los centros penitenciarios.

También deberá contener la ruta de canales seguros y eficaces de denuncia y las medidas de protección para testigos y víctimas.

“No tienen confianza en las autoridades”

Sólo hubo oradores para hablar a favor de la iniciativa, pero la oposición destacó los pendientes en seguridad que rodean a este delito.

La senadora del PRI, Carolina Viggiano, citó la Encuesta Nacional de Victimización para sostener que la extorsión tiene una cifra negra de 97 por ciento por la falta de denuncias ante la desconfianza autoridades.

“El delito crece en la oscuridad, se esconde en el silencio y golpea directamente la economía familiar”. 

La legisladora recordó que en lo que va del 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó un crecimiento de 45.3 por ciento de la extorsión en lo que va de 2025.

“La extorsión telefónica representa el 85 por ciento, obviamente en los lugares donde tenemos delincuencia organizada hay cobro de piso, de manera directa en los negocios, en las regiones que controla el crimen organizado”, dijo.

La senadora Claudia Anaya, llamó a realizar una autocrítica y reconocer que hay omisión, corrupción y colusión en los delitos de extorsión, lo que deriva en costos más altos en los productos que terminan afectando a los consumidores. Ejemplificó con el caso de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM, presidida por el diputado de Morena Pedro Haces, que tiene denuncias de comerciantes de la construcción.

También, la legisladora advirtió que municipios y estados deberán contar con los recursos suficientes para enfrentar el delito de la extorsión, ya que se ha ido concentrando la administración de los recursos de seguridad a la Federación.

La panista Susana Zatarain, del PAN, destacó la coincidencia de todos los grupos para legislar contra la extorsión y llamó a trabajar en conjunto para poner penas severas.

“Pongamos penas severas, que hagamos que la ley se cumpla y que exijamos que el gobierno de México siga combatiendo con todas sus fuerzas a quienes vienen a quitarle la paz a las y los mexicanos, la seguridad es un derecho, no un privilegio”.

“Mientras en el ámbito federal la pena por extorsión va de dos a ocho años, en Chihuahua alcanza hasta 30 años y en Oaxaca apenas llega a tres años, esta disparidad no sólo es injusta debilita el sistema de justicia y abre márgenes de impunidad, por eso es urgente unificar y homologar”.

Araceli Saucedo, de Morena, reiteró el respaldo a la iniciativa presidencial y reconoció que las víctimas necesitan garantías de la denuncia sin riesgos. 

“Reconocemos y decidimos apoyar a nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con esta iniciativa, además acompañar al pueblo mexicano; porque estoy segura que con ello vamos a avanzar”.

La reforma también establece lenguaje inclusivo en su redacción de los artículos 76 y 78 de la Constitución en materia de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional. La reforma será enviada a los estados y se busca sea aprobada en al menos 17 de estos para que sea constitucional. 

Oposición acusa pifias legales y ratificación de la militarización

La diputada del PAN, Noemí Luna, afirmó que, con esta reforma, los diputados oficialistas solucionan pifias legislativas, sin embargo, no así con las instituciones como la Guardia Nacional, por ello, afirmó que votaran en contra.    

“Las pifias legislativas se pueden solucionar. Lo que lamentablemente no tiene solución, y por eso en el Partido Acción Nacional vamos a votar en contra, es el gravísimo daño que ustedes le están haciendo a todas las instituciones, incluyendo al Ejército Mexicano y la confianza ciudadana. Dicen que introducen los contrapesos y que la ratificación es un mecanismo de control. Control, contrapesos y rendición de cuentas son mecanismos que ustedes no conocen”, detalló.  

Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Claudia Ruiz Massieu, resaltó que este dictamen es resultado de una omisión en la reforma que constitucionalizó la militarización de la Guardia Nacional, así que afirmó que respaldarlo implicaría respaldar la esencia misma de aquella reforma. 

“No es un simple acto de armonización, es el reconocimiento constitucional expreso de la existencia de una nueva corporación de las Fuerzas Armadas. Con mando con integrantes, con formación, con fuero y con un sistema de ascensos militar. 

“Sí hay una omisión, producto de las prisas y el desaseo, sí falta armonizar, porque en su prisa dejaron descobijados a los mandos de la Guardia Nacional. Pero no nos dejemos engañar, esta propuesta no fortalece el control parlamentario del Senado sobre la Guardia Nacional. Lo que hace es seguir legitimando la militarización de la seguridad pública”, enfatizó.

La segunda iniciativa propone modificar la Ley Federal de Protección Industrial en materia de transferencia de tecnología y para simplificar el proceso de protección de patentes y registros, con el propósito de fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y la innovación en México.

Este proyecto plantea impulsar el desarrollo en nuestro país, así como reforzar el sistema de protección industrial con un enfoque integral, social y humanista.

El Congreso espera la resolución de más de 20 iniciativas

 

El Congreso de la Unión retomo sus sesiones ordinarias el 1 septiembre con una agenda que incluye la aprobación de más de 20 iniciativas. De ellas, al menos ocho son prioritarias para la presidenta Claudia Sheinbaum, y seis corresponden a leyes secundarias rezagadas del “Plan C” impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Por ahora ya están también en el Senado iniciativas para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Una de las prioridades de Sheinbaum es la reforma constitucional para que la extorsión sea un delito perseguido de oficio, es decir, sin la necesidad de que sea denunciado ante las autoridades.

Nuevas atribuciones

La Comisión Nacional Antimonopolio tendrá mayores alcances en su labor, con la facultad de realizar diligencias de inspección o recolectar datos a través de cualquier herramienta para sus funciones.

Entre los cambios destaca el incremento en las multas, de hasta 200 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por obstruir verificaciones de la autoridad.

La ley incorpora la facultad al nuevo órgano de inhabilitar de forma temporal a empresas en procesos de contratación pública por un periodo de seis meses hasta cinco años por haber incurrido en una práctica monopólica absoluta, al margen de las responsabilidades administrativa, civil o penal en que se incurra.

El documento también propone que empresas inmiscuidas en prácticas monopólicas podrán obtener una reducción de las multas si colaboran en las investigaciones.

La reforma facilita que los consumidores presenten “acciones colectivas” desde que la resolución administrativa de la Comisión quede firme,  sin necesidad de esperar a que se agote un juicio en tribunales.

Entre las nuevas facultades que tendrá la CNA están la de establecer, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, mecanismos de cooperación y coordinación con autoridades de competencia económica en el extranjero en materia de investigaciones e intercambiar todo tipo de información.

En el terreno de las telecomunicaciones, la nueva Comisión podrá imponer límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación en un mismo mercado o zona geográfica.

Además, tendrá la facultad de declarar la existencia o inexistencia de condiciones de competencia efectiva en los mercados de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, así como determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en esos sectores y emitir opinión respecto del impacto en materia de competencia económica de las medidas específicas impuestas por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. 

La senadora Blanca Judith Díaz, de Morena, defendió el proyecto al señalar que busca romper con una visión elitista y tecnocrática de la competencia económica. 

“México requiere una política de competencia económica que no sólo atienda criterios formales sino que sea sensible a las realidades del país, capaz de reconocer que no existe una competencia auténtica cuando persisten asimetrías estructurales, concentraciones excesivas o condiciones históricas de desventaja para actores productivos, especialmente en regiones marginadas o sectores estratégicos”, dijo. 

El órgano tendría facultades ampliadas para combatir prácticas monopólicas en todos los sectores económicos del país.

Oposición acusa “retroceso”

Senadores de oposición calificaron como un retroceso preocupante la reforma, al señalar que centraliza funciones clave y debilita a los órganos autónomos.

El legislador Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano, afirmó que la reforma afecta la transparencia y la competitividad del país.

“Representa en realidad un grave retroceso para la autonomía, para la transparencia y la eficacia en el combate a las prácticas monopólicas en México. Desde Movimiento Ciudadano enfatizamos claramente nuestra posición, estamos en contra de esta reforma porque creemos firmemente que debilita nuestras instituciones, perjudica a los ciudadanos que representamos y deteriora la competitividad y productividad económica del país”, dijo.

El senador Miguel Ángel Riquelme, del PRI, calificó la reforma como un retroceso con el pretexto de implementar la simplificación administrativa. 

“La propuesta de centralizar estas funciones y crear una Comisión Nacional Antimonopolio subordinada al Ejecutivo representa un riesgo para la democracia económica, diluye su capacidad técnica, abre la puerta a presiones de intereses y reduce su incidencia independiente en las regulaciones y las leyes”, dijo.

En tanto, el panista Marko Cortés acusó a la coalición mayoritaria de concentrar el poder la Presidencia: “Le quitan atribuciones exclusivas al Poder Legislativo y le están dando más poder a la titular del Ejecutivo Federal, quitan los órganos autónomos con autonomía de gestión y crean brazos operadores dependientes del Ejecutivo Federal”

Algo que enfatizó el senador Emmanuel Reyes es la ampliación de los mecanismos de colaboración con autoridades extranjeras, en cumplimiento de acuerdos como el T-MEC, lo cual facilitará investigaciones transnacionales sobre concentración o colusión empresarial.

También se extiende de uno a tres años el periodo para investigar concentraciones entre empresas y se promueve la transparencia, al establecer la publicación obligatoria de versiones estenográficas de las sesiones del pleno de la Comisión.

La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para su discusión y votación. Por lo pronto, la Cofece continuaría en funciones de manera transitoria en tanto se conforma el pleno del nuevo organismo.

La ley, producto de iniciativa presidencial, establece las reglas de funcionamiento del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, así como los mecanismos de coordinación y colaboración entre las instituciones, autoridades y los entes que lo integran, en materia de prevención, investigación y persecución de los delitos.

La legislación subordina las acciones de investigación e inteligencia a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y permite a las instituciones de seguridad la interconexión, el acceso, la consulta e integración de la información contenida en las bases de datos y registros públicos y particulares que componen la Plataforma Central de Inteligencia.

Esta plataforma, a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), estará interconectada a los sistemas de inteligencia de las instituciones de seguridad pública del Estado mexicano, así como a los registros y bancos de información en posesión de cualquier otra institución pública y de particulares.

En ese sentido, incluye a los particulares que tengan a su cargo sistemas de inteligencia, bases de datos y registros administrativos como datos vehiculares y de placas, biométricos, telefónicos, de la propiedad y del comercio, de personas morales, catastros, fiscales, de armas de fuego aseguradas o decomisadas y de personas prestadoras de servicios de seguridad privada.

Además, comprende los padrones de personas detenidas y sentenciadas, de servicios financieros, bancarios, de transporte, salud, telecomunicaciones, empresariales, comerciales, en materia marítima y “todos aquellos de donde se pueda extraer información, indicios, datos y pruebas para la generación de productos de inteligencia para la prevención, investigación y persecución de los delitos”.

La obligación que establece la ley es que estos sistemas “deberán vincularse y colaborar con los órganos del Sistema Nacional, para su consulta de acuerdo con las formas y mecanismos previstos en esta Ley”.

Para el procesamiento y análisis de la información, se utilizarán sistemas y programas que reciban, transcriban, conviertan, organicen, clasifiquen e interrelacionen información y datos de todo tipo, incluidos programas de automatización y herramientas de inteligencia artificial, “a fin de generar las estrategias, acciones y los productos de inteligencia en seguridad pública que detonen y refuercen operativos y operaciones especiales”.

Establece que “los sistemas podrán ser mecánicos, tecnológicos e inteligentes” y la información será utilizada para generar productos de inteligencia y otros estudios que contribuyan a “identificar y combatir amenazas y afectaciones a la seguridad pública”.

Además, incorpora formalmente a la Dirección de Registro y Evaluación dentro de la Ley Orgánica del Congreso General, a fin de reconocer la práctica administrativa existente y reforzar sus atribuciones sin generar un costo presupuestal adicional. 

La reforma tiene la finalidad de adecuar los artículos 53 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos al nuevo marco constitucional y legal en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

La reforma aprobada fue enviada a la titular del Ejecutivo para que la publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entre en vigor.