Transportistas de la zona oriente de Morelos han sido víctimas de amenazas, agresiones y cobros sistemáticos por parte del crimen organizado, y aunque las autoridades piden que se denuncie, no dan garantías de seguridad, según señalan los afectados.
“Primero te dejan un papelito, luego vienen las balas”, dice un transportista que, por razones de seguridad, ha pedido mantener su nombre en el anonimato. Su testimonio, recabado por Proceso, es uno entre decenas que describen el mismo patrón: extorsiones constantes, amenazas directas, agresiones armadas y una sensación generalizada de abandono por parte de las autoridades.
Todo esto sucede en la zona oriente de Morelos: en Cuautla, Ayala, Yautepec, Tlayacapan y Atlatlahucan, y los Altos de Morelos como Totolapan, Tlanepantla, donde operar una ruta de transporte público es una sentencia de miedo y silencio.
Los grupos delictivos La Unión Tepito y una célula del Cártel de Sinaloa, conocida como “El Barbas”, son los que asedian al transporte público, exigiendo extorsiones y amenazando a los operadores.
Las rutas 14 y 6 han suspendido parcialmente el servicio debido a ataques armados, amenazas y cobro de piso, reveló Miguel Ángel Urrutia Lozano, secretario de Seguridad Pública del estado.
“Éste es un problema que estamos abordando con operativos conjuntos para garantizar la seguridad en las rutas más afectadas y reactivar el servicio lo más pronto posible”, indicó Urrutia.
El secretario explicó que los operativos se están llevando a cabo con la colaboración de diversas instituciones de seguridad y con el apoyo de inteligencia operativa. “Nuestro enfoque es trabajar directamente con los líderes del transporte para que las rutas se reactiven de forma segura, sin poner en riesgo a los operadores ni a los usuarios. Estamos comprometidos con brindarles las garantías necesarias para que retomen sus actividades”, comentó Urrutia.
Una de las tácticas más utilizadas por los grupos criminales es el cobro de piso mediante la colocación de calcomanías con símbolos intimidatorios en las unidades de transporte que acceden a sus exigencias. Estos símbolos, como el conocido oso armado, han comenzado a proliferar en las rutas afectadas, principalmente en municipios como Yautepec, Tlayacapan y Totolapan. La Secretaría de Seguridad Pública, en conjunto con la Secretaría de Movilidad, ha realizado operativos para retirar estas marcas de las unidades de transporte.
“La colocación de estas calcomanías es una forma de intimidar a los operadores y hacerles entender que deben ceder a las demandas del crimen organizado. Lo que estamos haciendo es combatir esta práctica de manera frontal, retirando estas marcas en operativos que ya hemos implementado en las zonas más conflictivas”, señaló el secretario.
Aunque algunos avances se han registrado, el clima de inseguridad persiste en las rutas afectadas, como la Ruta 14, que conecta municipios como Tlayacapan, Totolapan y varias comunidades de Yautepec. Esta ruta ha sufrido paros y ataques en repetidas ocasiones, lo que ha dificultado la movilidad de los pobladores.
Los operadores, temerosos por su seguridad, han optado por suspender temporalmente el servicio en diversas ocasiones.
Primera amenaza
La mecánica es cada vez más reconocida entre los choferes y concesionarios: un papelito es arrojado dentro de las unidades o dejado sobre los asientos. “No tiene remitente, sólo un número y un mensaje claro: ‘Repórtate en 15 o 20 minutos o te vamos a quemar la combi o matar al chofer’”, cuenta uno de ellos. Si el mensaje es ignorado, llega otro más agresivo: “No te hagas pendejo, ya sabes a lo que vas”. Después vienen las amenazas físicas: disparos al aire, golpes a los operadores o, en el peor de los casos, ataques directos que ya han cobrado vidas.
“No sabes quién lo deja. A veces dos tipos en moto, con casco, se te emparejan, te lo avientan y se van. Si no haces caso, al tercer día ya están baleando la unidad o bajando al pasaje a punta de pistola”, narra otro operador que ha vivido el terror en carne propia. “Ahí es cuando ya no sabes para dónde hacerte. Si denuncias, te piden pruebas. ¿Y de qué sirven? Cuando lleguen, ya te mataron o te quemaron la unidad”.
Uno de los mecanismos de control más recientes y visibles es la colocación del llamado “sticker del terror”: una calcomanía con la imagen de un osito armado con dos rifles R-15. Ese sello indica que la ruta ya está “cooperando” con el grupo criminal. “Es un aviso a las demás rutas de que aquí ya pagamos. Y entonces empiezan a presionar a las rutas vecinas”, explica un transportista de Cuautla.
El objetivo, denuncian, es claro: que todas las rutas se sometan a un sistema de cobro que puede ir desde los 500 hasta mil o dos mil pesos mensuales por unidad y una aportación inicial de 10 mil pesos.
“Hay quienes no pegan la calcomanía para no evidenciarse, pero otros sí lo hacen por presión. Luego, cuando hay operativos o reportajes, ahora hay que quitarlas para no meternos en más broncas. Pero ya es tarde, el daño está hecho. Todo el mundo sabe que pagamos”, dice uno de los afectados.
Un periodista documentó esta práctica en medios de la región, “mostró la calcomanía”. Sin embargo, la reacción de las autoridades fue nula. “La policía dice que es un osito. ¿Un osito? Tiene dos R-15, por Dios. Es una amenaza, no una caricatura”, critica otro concesionario.
Los transportistas afirman que han acudido a las autoridades. “Dicen que pongamos la denuncia, pero ¿con qué resultados? Acaba de pasar en Yautepec. Dispararon contra una unidad y una pasajera murió. ¿Qué más quieren?”, cuestionan.
Incluso, circula entre ellos la versión de que representantes de la Ruta 6 buscaron y se reunieron con una autoridad estatal de alto nivel para pedir apoyo tras el asesinato de dos líderes transportistas. La respuesta, aseguran, fue lapidaria: “Pues paguen”.
La desesperación ha llevado a muchos a contemplar dejar el oficio. “Pero ¿a qué nos vamos? ¿A otro estado? ¿Guerrero? ¿Puebla? ¿Querétaro? Están igual. La delincuencia está en todos lados. Ya ni en eso podemos pensar”, reflexiona un chofer con décadas de experiencia.
"Pagamos a los buenos... y también a los malos"
Además de los impuestos, placas, refrendos y pagos oficiales, el transporte público en Morelos ahora debe asumir una “cuota criminal”.
“Desde antes de Cuauhtémoc Blanco ya se pagaba. Por unidad se daban 500, mil, hasta 2 mil pesos al mes. Ahora es más. ¿Y el pasaje sube? No. El gobierno no lo permite. Pero nosotros sí seguimos pagando más: gasolina, refacciones, y además, la cuota del crimen”, denuncian.
Los testimonios recogidos por este medio evidencian un sistema paralelo de control criminal frente a una administración estatal que, según los propios afectados, ha decidido voltear la mirada.
“Cierran taquerías, talleres, negocios. Todo el mundo está pagando piso. El miedo ya nos rebasó. ¿Y qué dice la gobernadora? Que bajamos del lugar 10 al 15 en inseguridad. Eso es mentira. Aquí la situación es de caos”, dice uno de los entrevistados con indignación.
En Morelos, la inseguridad ha dejado de ser una estadística. En las calles, en las rutas, en los rostros de quienes trabajan todos los días para llevar a otros a su destino, el miedo es una presencia constante. “No hay a quién acudir. El gobierno lo sabe. Lo permiten. ¿Y nosotros? Sólo queremos trabajar, pero cada día es más difícil”, concluye uno de los testimonios.
El secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia, reconoció que existen desafíos significativos, como la baja cobertura de telecomunicaciones y la falta de infraestructura de videovigilancia en varias de las zonas afectadas.
La falta de cámaras de seguridad, añadió, dificulta el monitoreo constante y la recopilación de pruebas para los operativos. Sin embargo, el gobierno ha comenzado a instalar cámaras en puntos estratégicos, con un plan para que estén operativas en los próximos meses.
Sabemos que los avances se están logrando, pero también somos conscientes de los retos que aún enfrentamos. La infraestructura de telecomunicaciones y videovigilancia es clave para garantizar que podamos monitorear de manera efectiva y proteger a las comunidades y a los operadores de transporte. Estamos trabajando para mejorar estos aspectos en el corto plazo.
Urrutia afirmó que los operativos conjuntos con la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Secretaría de Movilidad han logrado resultados importantes. En las últimas semanas se han detenido a varios miembros de los grupos criminales involucrados en las extorsiones y se han asegurado armas de alto calibre utilizadas para amenazar a los transportistas.
“Estamos logrando avances importantes en cuanto a detenciones y el aseguramiento de armas. Esto es parte de una estrategia integral de seguridad que estamos implementando con todas las fuerzas de seguridad del estado y la federación. Ya hemos tenido reuniones con los transportistas, les hemos pedido que sigan colaborando con nosotros, y confiamos en que podremos restablecer el servicio de manera segura en los próximos días”, comentó el secretario de Seguridad.
Interviene la Fiscalía
La Fiscalía General del Estado de Morelos, a través de la Fiscalía Regional Oriente, confirmó que se presentó una denuncia por parte de transportistas afectados y que se iniciaron las investigaciones correspondientes.
Además, personal ministerial informó que se mantiene un acercamiento directo con autoridades de seguridad pública y representantes del transporte para coordinar operativos que garanticen la integridad de los operadores y la reactivación del servicio en la zona.
El fenómeno de extorsión al transporte público no es nuevo en la región oriente de Morelos. En marzo de 2025, los operadores de la Ruta 6 suspendieron temporalmente sus actividades en Cuautla debido a amenazas y extorsiones por parte de grupos criminales.
Desde entonces, el problema ha ido escalando, afectando otras rutas, como la 14, que ha sido objeto de paros y ataques armados.
Este problema ha repercutido negativamente en la movilidad de miles de ciudadanos que dependen del transporte público para sus actividades diarias.
