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A Melanie la mató su exnovio. FGJ de Morelos "recomendó" a familia no pedir asesoría

El feminicidio de Melanie Trejo García ejemplifica la ola de irregularidades y la falta de investigación que se distinguieron en la administración del entonces Fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara.

Personal del Ministerio Público en Morelos pidió a José Ángel Trejo no buscar asesoría jurídica ni recurrir a activistas tras el asesinato de su hija Melanie Fernanda Trejo, baleada por exnovio la madrugada del 6 de agosto de 2022 en Huitzilac, Morelos. Esta “recomendación” no sólo vulneraba su derecho a la defensa, sino que es apenas una muestra de la indiferencia, revictimización y la omisión con la que las autoridades de Morelos han llevado el caso y que ahora orillan a la familia a aceptar un juicio abreviado contra el agresor.
“Ha sido muy complicado. Hemos asistido a varias audiencias, la más reciente fue el 2 de abril, pero este tipo y su abogado han sido muy hábiles para evitar que sea sentenciado. Se han amparado y recurrido a muchas artimañas para que no los procesen. Estamos en espera de la audiencia intermedia […] Lo que pido es que el juez que se encargue del caso actúe con perspectiva de género, porque mi hija no murió accidentalmente. Me la mató este tipo y es un feminicidio con todas las de la Ley”, expresó en entrevista con SinEmbargo, José Ángel Trejo, padre de Melanie.
El caso de Melanie es un ejemplo de las fallas estructurales dentro de la Fiscalía de Morelos, bajo la gestión del entonces Fiscal Uriel Carmona Gándara. La falta de investigación adecuada y las irregularidades han marcado este caso desde el principio y, aunque actualmente el proceso penal se encuentra en la etapa intermedia, y la familia de Melanie no descarta un juicio abreviado, no por convicción, sino por temor a que los errores acumulados en la investigación favorezcan al feminicida.

La vida de Melanie Fernanda Trejo fue arrancada la madrugada de un 6 de agosto cuando fue asesinada a balazos por su exnovio, Ernesto I. T, alias "El Neto", un hombre celoso y violento de quien Melanie había huido luego de dos meses de relación. La joven de 27 años, quien era madre de una menor de nueve años, fue asesinada junto con un amigo Christofer, quien también había sido su expareja. El crimen ocurrió frente a la casa de Melanie, donde Ernesto disparó dos veces contra Christofer y seis contra ella.

Sin embargo, desde el día del crimen las autoridades han jugado al desgaste poniendo obstáculos a la justicia, los cuales, a decir de José Ángel, parecía que actuaban más para proteger al victimario en lugar dar con el responsable.

El feminicida de Melanie, Ernesto "N", pasó más de 10 meses prófugo. Y es que, a pesar de que su ubicación era conocida, las autoridades de Morelos no hacían nada para detenerlo, según narró el padre.

José Ángel fue testigo del crimen, pues la madrugada que ocurrieron los hechos,  los ruidos y una discusión que se escuchaba al exterior de su casa lo despertaron; al asomarse a la ventana fue el momento en que el agresor disparó contra su hija y el joven. Aunque el padre inmediatamente alertó a la policía y les pidió acompañarlos para ir a detener y buscar al agresor, las autoridades no actuaron.
"No me hicieron caso. Los policías me dijeron que no podían mover ni un dedo. Yo solo pude cubrir los cuerpos con una cobija para que no tomaran fotografías", relató.
Lo más indignante fue, al día siguiente del crimen, que Ernesto, con total impunidad, tramitó un amparo y fue visto en las calles comprando tamales, como si nada hubiera ocurrido. José Ángel recibió mensajes de personas cercanas, alertándole de la presencia del agresor.
“Ahí me llegó un mensaje de un amigo de Tres Marias y me dijo: 'Oye, ¿cómo es posible que este tipo hizo lo que hizo, mató a su hija y anda comprando tamales aquí en la calle como si nada?'. Le digo: '¿Qué?', y él me confirma. Me fui muy molesto al día siguiente a la Fiscalía a reclamar que cómo era posible que el agresor estuviera como si nada y ellos no hacían nada”, dijo el padre de la víctima.
La familia denunció que las autoridades no solo hicieron caso omiso de la situación, sino que llegaron a asegurar que ya no podían hacer nada para detenerlo.
“El MP de nombre José Eduardo me dice: ‘Oiga, ¿qué cree, señor Trejo? Pues ya no se puede nada contra Ernesto porque ya se amparó. Ya no lo podemos detener, ni nadie’. ‘¿Cómo, cómo, cómo, cómo?’, le contesté. Y me dice: ‘Sí, ahí está en su carpeta: vino y se amparó, ya no vamos a hacer nada’. Entonces yo le digo: ‘Mira, yo no sé, no sé de leyes, no sé lo que me estás hablando. Pero una cosa sí te digo: van a saber de mí’. Y agarré muy molesto la carpeta, me fui y fue que comenzamos a asesorarnos”, narró el padre de la joven.
Finalmente, Ernesto fue arrestado en la Ciudad de México, pero no por el feminicidio, sino por otro delito. Sólo cuando las autoridades se dieron cuenta de que tenía una ficha de búsqueda por el asesinato de Melanie, fue trasladado a Morelos para enfrentar cargos.

A pesar de las fallas acumuladas durante el proceso, la familia de Melanie se ha visto forzada a aceptar un juicio abreviado para que el feminicida reciba una condena, aunque menor. Esta decisión no es una opción por convicción, sino por el temor de que el sistema de justicia, que ya ha fallado en múltiples ocasiones, favorezca al agresor.

El crimen

Melanie tenía 27 años de edad y era madre de una menor de nueve años Era una mujer alegre, muy dedicada a su hija, querida en su trabajo y cercana a su familia. Vivía en Tres Marías, Morelos, y trabajaba en un restaurante en Cuernavaca. Su mayor ilusión era ahorrar para construir una casa o comprarse un coche, platicó el padre.

En junio de 2022 conoció a Ernesto; Melanie tenía poco que había terminado una relación de dos años con Christopher. A las pocas semanas de conocer a Ernesto le dijo a su padre que se iba a ir a vivir con él. A pesar del consejo de su padre de esperar, ella insistió en que lo quería y quería intentarlo. José Ángel comenzó a preocuparse por su hija, pues Melanie comenzó a dejar de comunicarse como antes, dejó de publicar en redes sociales. Pasó muy poco tiempo y a mediados de julio, llevó bolsas con ropa a casa de su padre y le dijo que había dejado a Ernesto porque la había querido agredir: “me agarró del cuello, pero yo le dije que a mí nadie me toca, ni siquiera mi papá lo hizo”, recordó que José Angel que le dijo Melanie.

Ernesto insistió y le pidió perdón. José Ángel le pidió que no lo volviera a ver. “"No, el hombre que te pega una vez te va a pegar después. Yo te suplico que no vayas ni a nada, comida, ni a ningún lado”, le dijo el padre, según narró

Melanie aceptó ir a comer con el Ernesto, con la madre de ella, y con la madre del joven y regresó con él, pero por poco tiempo, pues a inicios de agosto decidió terminar completamente la relación con él y el 4 de agosto de 2022 regresó a casa de su padre, que estaba trabajando cuando ella le mandó un mensaje: “Papá, estoy aquí en la casa”. Esa noche, salió con unas amigas.

El viernes 5 por la mañana, Melanie amaneció en casa y desayunó con su padre, a quien le dijo que no se sentía bien, que estaba “como flotando” y que ya no sabía qué hacer con su vida. Había perdido su trabajo y no quería volver ahí. Su padre le dijo que se quedara tranquila, que se quedara en casa, que no se preocupara por los gastos y que pensara en ella y en su hija.

Ese mismo día, Melanie volvió a salir con sus amigas, primero grabó un video con sus amigas, tomando y conviviendo en la casa, y lo subió a su Tiktok. Más tarde le escribió a su papá para avisarle que estaba en un bar en Tres Marías. Después grabó otro video donde está conviviendo y feliz con sus amigas. El padre le preguntó a qué hora volvería, y ella respondió que ya iba para la casa, por lo que su padre se confió y se durmió.

Horas después, alrededor de las cinco de la mañana, José Ángel se despertó y escuchó voces discutiendo afuera. Se asomó por la ventana: vio a Melanie, a su amigo Christopher —que fue su pareja hace unos años—, a Ernesto, y vio la camioneta de él una Cherokee, estaba estacionada cerca.

“Como de las 5 de la mañana oigo como que estaban discutiendo. Entonces me asomo por la ventana (mi casa está en esquina y no tiene barda, tiene malla ciclónica, entonces veo perfectamente toda la la calle”, narró el padre.

En medio de la discusión, el padre escuchó dos disparos y de inmediato otros seis disparos más:

“Y en eso que que me asomo, están discutiendo, oigo dos disparos y ya no veo el cuerpo de Cristopher. Y después oigo seis seguidos y ya no veo esa mi hija. Entonces yo entré como en shock. Lo primero quise hablar por teléfono, le hablé Jaqui (mi pareja actual). Hablé con mi hermano. Le hablé a unos vecinos porque, no sé si por el nerviosismo cómo entraba el 911 para pedir auxilio”, narró José Ángel.

Fue una vecina quien logró comunicarse con la policía y el padre, aún en shock alcanzó a ver cómo Ernesto abría y cerraba las puertas de la camioneta y luego salió huyendo a toda velocidad, mientras él salía corriendo de casa, pero ya sólo alcanzó a ver los cuerpos sin vida de Melani y Christopher. Cerca de ellos, había un garrafón de gasolina. El impacto, recuerda José Ángel, fue devastador.

“Fue algo muy pues muy fuerte e impactante para mí ver todo eso, la verdad que yo quisiera que toda fuera como un sueño, que pudiera volverme a despertar y ver a mi hija”, relató.
@melanifer54

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Omisiones desde el inicio

La policía municipal llegó, pero no actuó de inmediato. A pesar de que José Ángel fue testigo del feminicidio de su hija Melanie de que había visto al agresor, lo había reconocido y le pidió a los policías ir a buscarlo, las autoridades no lo escucharon.
“Yo les dije: ‘Pues vamos, yo sé quién los mató, yo sé dónde vive, vamos a ver’. Y no me hicieron caso. Hasta sentí como que se burlaron. Me dijeron que no se podían mover”, relató.
El padre cubrió los cuerpos de su hija y de Christopher con una cobija, como último gesto de dignidad frente a la indiferencia de los agentes. Después llegó la Fiscalía, los peritos, y comenzaron a recabar pruebas. José Ángel y la madre de Melanie, fueron llevados a declarar ante el Ministerio Público. El padre recordó que pasaron más de nueve horas en la Fiscalía de Feminicidios interrogándolos por separado y por distintos agentes del Ministerio Público y psicólogos.

“Nos tuvieron según dando nuestra declaración, tanto a mí como a la mamá de mi hija. Nos pasaban con uno, con otro, con un psicólogo, con otro, con otra MP. Fue una tortura para nosotros. Ellos (los de la Fiscalía) que no coincidían la algunas declaraciones mías y y de la mamá. Obvio no coinciden porque yo soy divorciado de la mamá de mi hija desde el 2014, entonces va a ser difícil, ella no sabe lo que yo viví, ni yo sé lo que viví yo con ella”, narró.

La indolencia de las autoridades se volvió cada vez más evidente. Un día después del feminicidio, un conocido le informó a José Ángel que el agresor seguía libre, caminando por las calles como si nada. Fue a reclamar a la Fiscalía, pero le dijeron que estaban trabajando y le pidieron que no contratara abogado ni asesor jurídico. “Me dijeron: 'Usted esté tranquilo, sí, le recomendamos que no contrate abogados ni asesor jurídico, porque para eso es nuestro trabajo. Usted no se asesore con nadie. Este, nosotros le vamos a dar informes de cómo va avanzando el caso y todo eso`. Y pues uno no sabe, y uno confía”, narró el padre, quien señaló que fue una Ministerio Público de nombre Monserrat Tapia que “en todo momento nos decía que no contratáramos asesores jurídicos ni abogados que por entorpecen su trabajo o nos roban el dinero”.

Otra de las evidentes irregularidades fue la insistente renuencia a entregarle la copia de su declaración y la carpeta de investigación. José Ángel explicó que tuvo que ir varias veces a pedir la carpeta de investigación; fue hasta la tercera ocasión que, molesto, les exigió que entregaran la carpeta pues es su derecho como víctima, pero no se la querían dar aguantando que no estaba, hasta que el padre les dijo que, si no se la entregaban, “iba a hacer un escándalo”.

La carpeta de investigación recuerda José Ángel, tenía solo 82 hojas, de las cuales 20 eran del amparo que el agresor tramitó un día después de matar a Melani. “Yo no sabía de leyes, sólo revisé que estuviera mi nombre y firmé. Y al final, el Ministerio Público, José Eduardo, me dijo: ‘¿Qué cree, señor Trejo? Ya no se puede hacer nada contra Ernesto, ya se amparó’. Le dije: ‘No sé de leyes, pero una cosa sí te digo: van a saber de mí’”.

Fue entonces que José Ángel comenzó a asesorarse por su cuenta. Un sobrino le ayudó a contactar a un abogado en Puebla, quien ingresó como su representante legal en el juicio de amparo. También recurrió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, donde fue atendido por la licenciada Tamara, quien le ayudó a documentar las irregularidades. Mandó la carpeta al Observatorio Nacional del Feminicidio, que también señaló deficiencias graves. “Me dijeron que estaba muy mal integrada. Que había muchas fallas”, detalló.

Con ese oficio en mano, acudió nuevamente a la Fiscalía de Feminicidios en Morelos, a cargo de la fiscal Fabiola García Betanzos, pero desairaron el documento. “Le dije (a la fiscal Betanzos): ‘Lea esta recomendación, vea cómo está mal la carpeta’. Me contestó: ‘Yo no acepto recomendaciones de instituciones que no sean de gobierno’. Me la arrebató”

El 24 de agosto de 2022, la Fiscalía liberó la ficha de búsqueda de Ernesto. Cinco días después, el 29, ya contaban con la orden de aprehensión. Sin embargo, no actuaron.

José Ángel recuerda que a pesar de la orden de aprehensión girada, el agresor era visto constantemente en la región “Toda la gente lo veía en Tres Marías. Ahí andaba como si nada”.

En una de esas ocasiones, en septiembre de 2022, José Ángel incluso decidió buscarlo y seguirlo. El padre narró que se cubrió el rostro, alquiló un coche y lo vio un crucero. Después de verlos con sus propios ojos, nuevamente fue a la Fiscalía para denunciar su paradero. “Les dije que estaba ahí, que lo acababa de ver. Pero sólo me dijeron que estaban trabajando.”.

Durante esos meses, José Ángel recibió amenazas. Un vecino le avisó que dos sujetos armados, en un coche blanco, habían preguntado por él en su casa, la cual, desde el 6 de agosto de 2022, no ha vuelto a represalias.

La detención... fortuita

Finalmente, el 1 de julio de 2023, Ernesto fue detenido, casi once meses después del feminicidio, pero no fue por las autoridades de Morelos, sino por elementos policiacos de la Ciudad de México que hacían un recorrido.
“Estaban haciendo un recorrido, detuvieron un coche sospechoso y ahí iba este tipo y otro, como su guardaespaldas o no sé qué. Cuando los paran, les encuentran droga, un arma y el coche robado. Entonces los detienen y. por la ficha de búsqueda que tenía este tipo Ernesto, pues lo mandan para Morelos”, narró.
Ernesto internado en el penal de Santiaguito, Estado de México. Desde entonces, el proceso judicial ha estado marcado por la lentitud y la desconfianza hacia la Fiscalía. José Ángel ha tenido que vigilar personalmente cada audiencia, incluso pagando de su propio bolsillo los traslados y los gastos legales. “He tenido que hacer todo solo. Si yo no me muevo, nadie se mueve”.

Actualmente, el juicio sigue en curso. Aunque Ernesto está vinculado a proceso por feminicidio, la familia teme que las omisiones y fallas en la integración de la carpeta puedan derivar en una sentencia injusta por lo que al momento en que la Fiscalía sugirió ir a un juicio abreviado, aceptaron.

“Yo lo que pido es que el juez que nos toca ahorita juzgue con perspectiva de género, porque mi hija no murió, a mi hija me la mató este tipo y es un feminicidio con todas las letras. En mi cabeza no cabe cómo una persona que se dice hombre le pegue a una mujer seis tiros con un arma de fuego. Entonces yo es lo que le pediría al juez, que juzgue con perspectiva de género y que no se deje llevar por mentiras de este tipo y su familia, que no se venda”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

El FMI prevé una contracción de 0.3% en México este 2025. "No coincidimos": Sheinbaum

Ante la previsión de una contracción del PIB por parte del FMI, Sheinbaum reafirmó su confianza en el Plan México y en los modelos que maneja la Secretaría de Hacienda.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó este martes las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que anticipan una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) de México del 0.3 por ciento para este año.

Según el FMI, esta caída estaría impulsada por los aranceles impuestos por Estados Unidos y representaría una reducción de 1.7 puntos porcentuales respecto a su informe de enero.
"No coincidimos. Tenemos modelos económicos de la Secretaría de Hacienda que no coinciden con el organismo, quienes además estaban acostumbrados a decir qué hacer a cada país", indicó.


La Presidenta Sheinbaum Pardo también criticó la postura de los organismos internacionales, a quienes señala por asumir que los gobiernos no pueden contrarrestar las presiones del mercado.
"Nuestra administración no comparte esa visión. Estamos impulsando medidas concretas para fomentar el desarrollo y fortalecer la economía nacional", añadió.
Entre las principales acciones del Plan México, la mandataria federal mencionó la reciente presentación de la Ley de Simplificación y Reducción de Trámites, diseñada para facilitar la inversión y el crecimiento empresarial.
Además, destacó la importancia de sectores estratégicos como la industria aeroespacial, que será protagonista en una exposición este martes en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con Brasil como país invitado por su liderazgo en esta área.

La Jefa del Poder Ejecutivo también anunció que el próximo 5 de mayo se lanzará un programa para fortalecer la manufactura, mientras que el 16 de mayo se presentarán nuevas acciones para el sector automotriz.

Finalmente, expresó su confianza en que México seguirá avanzando con un modelo económico dinámico y soberano, el cual dejará atrás las proyecciones del FMI por su enfoque en el desarrollo estratégico y la inversión en sectores clave.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La CNHJ de Morena desecha queja de militantes en Oaxaca contra la afiliación de Murat

La CNHJ de Morena desechó la queja presentada contra el exgobernador Alejandro Murat, quien aseguró su lugar en el partido pese a las críticas internas de militantes oaxaqueños.

El exgobernador de Oaxaca y actual Senador, Alejandro Murat Hinojosa, aseguró su lugar en Morena luego de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) desechara una queja presentada por el Comité Estatal del partido.

La queja, que cuestionaba la compatibilidad de Murat con los principios del movimiento de la Cuarta Transformación (4T), fue descartada por falta de fundamentos sólidos.

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, quien antes respaldó la acción del Comité Estatal, aclaró que no fue él quien interpuso la queja y reveló: “Tengo entendido que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia ya resolvió, desechó el recurso”.

Además, Jara informó que se ha presentado un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar la resolución de la Comisión.

La afiliación de Murat a Morena, anunciada en febrero pasado, avivó tensiones en el partido oficialista.

Legisladores como Laura Estrada, Antonino Morales y Luis Alfonso Silva Romo desaprobaron la noticia y argumentaron que la incorporación de Murat contradice los valores fundamentales del movimiento.

Murat refrenda apoyo a Sheinbaum

En medio de las tensiones internas, Murat ha enfrentado llamados públicos para que retire su afiliación al partido.

Senadores de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Oaxaca han hecho exhortos a Murat a seguir el ejemplo de Miguel Ángel Yunes Márquez, quien recientemente optó por abandonar las filas del partido guinda tras las críticas internas.


Sin embargo, el exgobernador oaxaqueño se ha mantenido firme con su decisión, y su compromiso con los ideales de la Cuarta Transformación y su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“Acá estamos firmes. Ya lo dije de manera clara y lo vuelvo a reiterar hoy. No se me hagan bolas: pa’ atrás ni para agarrar vuelito, y los que tengan la piel delgada, que se hagan a un lado", dijo el exmandatario estatal al dejar claro que no tiene intenciones de retroceder en su camino político.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Gobierno Federal cancela 200 cuentas en redes, utilizadas por cárteles para reclutar jóvenes

El Gobierno Federal dió de baja al menos 200 cuentas en las diversas redes sociales, mismas que eran utilizadas para el reclutamiento por parte de grupos del crimen organizado, según lo informó, el 22 de abril de 2025, Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario federal dijo que 41 perfiles más estaban siendo investigados por la misma práctica, usada principalmente por grupos del narcotráfico para atraer a quienes estuvieran interesados en ser sus miembros.

“Derivado de los trabajos de investigación y ciberpatrullaje, realizados por el Gabinete de Seguridad para la identificación de perfiles en redes sociales dedicados a reclutar personas para el crimen organizado, a la fecha se han dado de baja 200 cuentas en diferentes plataformas y 41 están en proceso de investigación. Agradecemos a las plataformas digitales por su apoyo”, detalló García Harfuch.

Sin embargo, el funcionario federal no especificó en cuáles redes sociales se encontraban estas cuentas, ni a qué grupos criminales estaban asociadas. No obstante, es público que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa utilizan plataformas como TikTok, Facebook y WhatsApp, para atraer a jóvenes mediante contenido que glorifica la vida criminal y ofrece falsas promesas de empleo.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Abaten a “El Cachorro”, segundo al mando del CJNG en Chiapas

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo en la mañanera del pueblo que fue una acción relevante que contó con el apoyo del gabinete de seguridad federal.

El segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y jefe de plaza en la región Frailesca, Bryan N, “El Cachorro”, fue abatido este lunes durante un enfrentamiento contra militares y policías estatales, informó el secretario de Seguridad del Pueblo, Oscar Alberto Aparicio Avendaño. 

El criminal fue “neutralizado” por las fuerzas de seguridad federales y estatales durante un operativo desplegado en las proximidades del hotel La Estrella Azul, en el municipio de Villacorzo. En el choque armado murió “El Cachorro” y un segundo integrante del grupo delictivo, y fueron aseguradas un arma larga y 2 armas cortas, dijo el funcionario.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo en la mañanera del pueblo que fue una acción relevante que contó con el apoyo del gabinete de seguridad federal. 

Aparicio Avendaño explicó que en Villa Corzo se tuvo contacto con dos presuntos delincuentes que agredieron a policías de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y de la dirección estatal de la Policía Preventiva. Los agentes repelieron la agresión y “neutralizaron a dos sujetos que en ese momento estaban con 2 armas cortas y un arma larga, entre ellos Bryan N, “El Cachorro”. 

Estos sujetos, agregó el funcionario, “cobraban piso en la región de la Frailesca, se encontraban operando”. 

En el enfrentamiento, dos agentes resultaron lesionados, uno de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y otro de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva, que ya se encuentran fuera de peligro, subrayó el Secretario de Seguridad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.

Diputados discutirán reformas de seguridad y desapariciones en periodo extraordinario

Ricardo Monreal afirmó que abordarán las reformas en materia de seguridad pública, la iniciativa en materia desapariciones y las reglas secundarias de la reforma al Poder Judicial, en el mes de junio o julio.

El presidente de Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que el periodo extraordinario en San Lázaro será en junio o julio. 

El diputado morenista afirmó que los temas que abordarán serán las reformas en materia de seguridad pública, la iniciativa en materia desapariciones y las reglas secundarias de la reforma al Poder Judicial.

“El periodo extraordinario podrá ser solo un periodo extraordinario y será probablemente en dos fechas, los primeros días, la primera semana de junio, 4 o 5 al 10, más o menos, o la segunda quincena de julio. Esas son las dos posibilidades más probables de realizar el periodo extraordinario con las tres materias, sin que esto quiera decir que estén acotadas estas tres materias. 

“Las tres materias que requieren ser aprobadas son las dos de seguridad pública, inteligencia e investigación, seguridad pública y la de desapariciones, pero está pendiente también toda la reglamentación del Poder Judicial que debe estar antes de que tomen protesta los nuevos jueces, los nuevos magistrados, los nuevos ministros. Obliga también a que en este mismo periodo pueda legislarse sobre estas materias”, detalló. 

Ricardo Monreal informó que esta semana se llevarán a cabo tres sesiones, entre los temas que se abordarán las reformas sobre la ley de armas de fuego y explosivos, el Reglamento de la Comisión Permanente y tras la extinción del INAI, buscarán establecer las normas jurídicas propuestas a modificar para que se sustituyan las facultades y se atribuyan al órgano de control interno y al órgano de transparencia de la Cámara de Diputados. 

Además, el legislador zacatecano afirmó que la próxima semana se llevarán a cabo dos sesiones en San Lázaro, la primera se realizará el lunes y la segunda, el martes 30 de abril, cuando se termine este periodo ordinario.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Hechos violentos en Cuernavaca y Emiliano Zapata dejan cinco detenidos, un muerto y dos heridas

Una persecución entre elementos federales y civiles armados dejó cinco detenidos, y un ataque a una estética terminó con un estilista asesinado y dos mujeres heridas.

Dos hechos violentos sacudieron este lunes a Cuernavaca y Emiliano Zapata; una persecución entre elementos federales y civiles armados dejó cinco detenidos, y un ataque a una estética terminó con un estilista asesinado y dos mujeres heridas. 

De acuerdo con fuentes policiacas, el primer incidente ocurrió cuando los agresores dispararon contra un establecimiento en Cuernavaca. Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano iniciaron un operativo y, minutos después, localizaron el vehículo de los responsables.

Al intentar huir, los sujetos abrieron fuego contra los oficiales, desatando una persecución que terminó en la colonia Satélite, donde los cinco hombres fueron detenidos y se les aseguraron un arma larga y una corta. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. 

En Emiliano Zapata, un estilista fue asesinado a tiros al interior de un establecimiento en la avenida de Las Flores. Según testigos, dos hombres armados lo persiguieron hasta el local, donde le dispararon.  

Durante el ataque, una mujer y su hija resultaron heridas. Paramédicos confirmaron la muerte de la víctima en el lugar, mientras que las dos mujeres fueron trasladadas a un hospital. La Policía Morelos acordonó la zona y el personal forense realizó el levantamiento del cadáver.  

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables, quienes lograron darse a la fuga.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sheinbaum dice que su Gobierno NO firmó con industria de chatarra. “Coca Cola daña”

La mandataria mexicana afirmó que la reunión del Secretario de Educación Pública con los directivos de empresas que fabrican productos chatarra fue meramente "informativa".

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo esta mañana que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no firmó un acuerdo con la industria de la chatarra dentro del programa “Vida Saludable”, y aseguró que “Coca Cola hace daño”, como una forma de distanciarse de empresas a las que se les atribuye el haber provocado una epidemia de obesidad en México.

Días atrás, Mario Delgado, titular de la SEP, informó públicamente de un acuerdo. “En reunión con los directivos de 27 empresas con presencia global, agremiadas al Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico), acordamos sumar esfuerzos para impulsar y fortalecer la estrategia integral ‘Vida Saludable’ de nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum, que tiene como objetivo en común poner por delante la salud de las infancias, y lograr la generación de niñas y niños más saludables, fuertes y felices de la historia”, anunció.

Delgado agregó: “Las y los empresarios se suman a la estrategia ‘Vive Saludable, Vive Feliz’ comprometiéndose a donar básculas, elaborar materiales para promover la actividad física, y compartir información derivada de investigaciones científicas sobre alimentación y salud en los planteles escolares. Con esta unión convertiremos a las escuelas en espacios de prevención y cuidado de la salud, ¡por el bienestar y desarrollo integral de las niñas y niños!”, escribió en X.


Hoy, a pregunta directa de SinEmbargo, la Presidenta sostuvo que no hay acuerdo. "No. No son acuerdos porque han criticado mucho a Mario [Delgado], lo he visto en las redes, que cómo es posible que si está promoviendo Vida Saludable, se reúna con Coca Cola y con… No hay ningún acuerdo ni nada que tenga que ver con poner en riesgo la vida de la gente, y menos de las niñas y los niños", declaró.
"El programa de 'Vida Saludable' tiene el objetivo de alimentación saludable en las escuelas; la prohibición de la comida chatarra en las escuelas; y también de este programa que llevamos a cabo con el Instituto Mexicano del Seguro Social [IMSS], y todas las maestras y maestros de México de que las escuelas se conviertan en centros de promoción de la salud", agregó.
De acuerdo con Sheinbaum Pardo, enfermeras y enfermeros del IMSS acuden a las escuelas públicas del país. Ahí miden la talla y el peso de las y los estudiantes, y les proporcionan orientación. También, añadió, se cuenta con el programa especial "Visualiza tus sueños", el cual contempla un examen de la vista.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: NANCY GÓMES.

Delegado del IMSS en Tamaulipas detenido con arma ilegal y 3 mdp en efectivo sin justificar

José Luis Aranza Aguilar, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas, fue detenido por elementos de la Guardia Estatal, alrededor de las 13:00 horas del 22 de abril de 2025, en la avenida Francisco I. Madero, de Ciudad Victoria, tras pasarse un alto y circular de forma sospechosa.

El también ex delegado del IMSS en Hidalgo fue trasladado a la sede local de la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos de portación ilegal de un arma corta -sin contar con el permiso que otorga la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA)-, y la posesión injustificada de al menos tres millones de pesos en efectivo.

Al inspeccionar el vehículo, los agentes estatales hallaron una bolsa negra con fajos de billetes que sumaban 3 millones de pesos, sin que el funcionario federal pudiera justificar su procedencia. Sin embargo, según lo reportaron medios locales, fue liberado dos horas después, presuntamente sin seguir el protocolo correspondiente.

Aranza Aguilar asumió la titularidad de la delegación del IMSS en Tamaulipas, el 2 de diciembre de 2025. Es Médico Cirujano Partero, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Posteriormente se especializó en Medicina Interna, en el Hospital de Especialidades Centro Médico Siglo XXI. Además, realizó la especialidad de Cardiología, en el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”.

Asimismo, es egresado de la Maestría en Administración de Hospitales y Salud Pública, del Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública, donde cursó estudios de Doctorado en Administración Pública. También ha realizado diversos diplomados en Administración.

En el IMSS se ha desempeñado como jefe de Servicios de Prestaciones Médicas en la Delegación DF Sur; así como Director del Hospital General Regional No. 1 “Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro” de la Ciudad de México; Director del Hospital General de Zona No. 32 de la Delegación DF Sur; así como titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) Estatal de Tlaxcala e Hidalgo, respectivamente.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Denuncian exclusión de radios indígenas y comunitarias en foro sobre Ley de Radiodifusión y Telecomunicaciones

Colectivos y radios comunitarias de Michoacán, Puebla y Oaxaca denunciaron que la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados no los convocó a participar en el foro que inició hoy para revisar la actual Ley de Radiodifusión y Telecomunicaciones, a pesar de que uno de los sujetos de la Ley son los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos y de que con la exclusión se incumple el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“No tenemos persona representante, ni mucho menos hemos delegado o nombrado ninguna persona u organización social que hable a nuestro nombre y representación en el foro convocado por la Comisión de Radiodifusión y Telecomunicación de la Cámara de Diputados de San Lázaro”, señalaron las radios comunitarias e indígenas.

Hasta el momento, sólo la representación de la Radio Comunitaria La Patrona 105.7 FM “La radio del pueblo”, de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, logró acceder al foro “y se encuentra en espera de poder participar”, informó la organización Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad (Redes) la mañana de este martes.


Las radios comunitarias denunciaron que con la exclusión del foro el poder Legislativo “está incumpliendo lo que señala el Convenio 169 de la OIT, en donde se establece que el Estado no podrá realizar una reforma constitucional o legal cuando esa reforma afecte los derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas”, por lo que exigieron un espacio de diálogo directo y permanente con los pueblos sobre la materia.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Fiscalía de CDMX investiga 4 empresas relacionadas a muerte de fotoperiodistas en Axe Ceremonia

Sin mencionar los nombres de las empresas investigadas, la fiscal de Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, detalló el giro de cada compañía.

La fiscal de Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó este martes que investiga a cuatro empresas por el accidente que provocó la muerte de dos periodistas en el Festival Axe Ceremonia, en el Parque Bicentenario de la capital.

En conferencia de prensa, Alcalde Luján aseguró que la dependencia ha “avanzado de manera muy importante con la investigación”, pero argumentó que no podría dar más detalles para cuidar “el sigilo” de las pesquisas.

La funcionaria se refirió así al accidente ocurrido el pasado 12 de abril, cuando una estructura decorativa movilizada por una grúa cayó sobre los fotógrafos Miguel Ángel Rojas Hernández, de 26 años, y Citlalli Berenice Giler Rivera, de 28.

Alcalde Luján señaló que se han realizado más de 35 entrevistas y más de 20 peritajes en distintas materias, como seguridad industrial, medicina, criminalística y química.

“Hay distintos peritajes que hemos realizado y lo que podemos adelantar es que tenemos investigadas a cuatro empresas importantes“, dijo, sin precisar el nombre de las compañías bajo investigación.

Una de las empresas fue la encargada de presentar el plan de Protección Civil, y de supervisarlo, para lo que “se subcontrató una empresa que estaba encargada de este punto”, indicó la fiscal capitalina.

La segunda es la concesionaria del parque, que presentó el plan ante la alcaldía Miguel Hidalgo; y la tercera es la empresa que organizó el evento y realizó el montaje de toda la estructura, incluidas las grúas que se colocaron, una de las cuales se desplomó y aplastó a los dos fotógrafos.

Por último, señaló Alcalde, se indaga a la empresa que se subcontrató para que instalara estas grúas en específico.

Asimismo, afirmó que han tenido “mucho contacto con los familiares de las víctimas” y que se está “trabajando con ellos, para determinar también las acciones a seguir en este caso”.

La concesión la administración del Parque Bicentenario fue otorgada a la empresa Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, el 1 de marzo de 2018, durante el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El festival ‘Axe Ceremonia’ se realiza todo los años desde 2013 en la capital mexicana con un promedio de 100 mil asistentes durante dos días de espectáculos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

CSP reprueba desfile del CJNG en Michoacán; Gabinete de Seguridad y FGE ya investigan

El desfile de presuntos miembros del CJNG en Huajúmbaro desató críticas y el rechazó de la Presidenta Sheinbaum, quien confirmó que el Gabinete de Seguridad abrió una indagatoria.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) expresó este martes su rechazo al desfile de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán, y aseguró que ya se inició una investigación por parte del Gabinete de Seguridad y de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum confirmó que el Gabinete de Seguridad también da seguimiento al caso, aunque la responsabilidad principal recae en las autoridades locales. "No estamos de acuerdo, obviamente", señaló.

El desfile ocurrió el pasado Sábado de Gloria en la comunidad de Huajúmbaro, municipio de Ciudad Hidalgo, al oriente de Michoacán. En videos difundidos a través de las redes sociales, se observa a hombres armados con chalecos tácticos con las siglas “CJNG” viajando en camionetas mientras habitantes les lanzan agua, les dan cerveza y los animan.

Las imágenes muestran cómo varios jóvenes aplauden a los sujetos encapuchados, les entregan bebidas alcohólicas y corean consignas mientras suena música de banda de fondo.
“Se manifestó el Gobernador ayer, qué bueno. También lo hice personalmente y no estamos de acuerdo, obviamente, y a partir de ahí se abren procesos de investigación”, declaró la mandataria desde Palacio Nacional.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán asumió la indagatoria, aunque la Presidenta confirmó que el Gobierno federal también está involucrado en el análisis del caso a través del Gabinete de Seguridad. Sheinbaum criticó la glorificación de los grupos criminales y reiteró que no se debe promover su imagen. "No se puede hacer apología de la violencia ni celebrar a las organizaciones criminales", subrayó.

El evento no dejó personas heridas ni se reportaron enfrentamientos, pero generó una fuerte polémica en redes sociales por la actitud festiva de los pobladores ante los hombres armados.
“Los mismos que están jugando ahí con el agua son los que extorsionan, los que secuestran, los que asesinan, los que levantan, los que desaparecen. Es una tragedia”, declaró el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla al condenar el suceso.

El convoy circuló por la carretera que conecta Huajúmbaro con Bocaneo, a unos 70 kilómetros de Morelia. La escena, pese a su gravedad, no tuvo intervención inmediata de fuerzas del orden. En los videos se observa al menos dos camionetas rojas con hombres armados de alto poder, quienes fueron recibidos con entusiasmo por los vecinos, como si se tratara de una celebración tradicional.

Según la Presidenta, en casos como este, las investigaciones no se dirigen inicialmente contra individuos específicos, sino que se abren como parte de un protocolo para esclarecer los hechos.
“La hace la Fiscalía del Estado, que es a quien le corresponde hacer esta investigación, pero de todas maneras el Gabinete está investigando”, agregó.
Claudia Sheinbaum insistió en la necesidad de ofrecer alternativas reales para la juventud que no involucren el crimen organizado. “Es una opción de muerte”, aseguró. A pesar del despliegue de armas, la presencia del convoy y la respuesta de los pobladores, no se han reportado hasta ahora detenciones ni operativos posteriores en el lugar.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Harfuch confirma asesinato de suboficial de la SSPC en Guanajuato; hay 2 detenidos

Omar García Harfuch informó la muerte del suboficial Jonathan "N" en León de Aldama, Guanajuato, y confirmó dos detenciones en el ataque armado contra la SSPC.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó este martes el fallecimiento del suboficial Jonathan “N”, quien fue asesinado durante un ataque armado en el municipio de León de Aldama, Guanajuato.

En la conferencia matutina encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch detalló que el agente formaba parte de un grupo de trabajo de la Subsecretaría de Investigación que realizaba labores en el sitio cuando fue agredido por sujetos el día de ayer.

El funcionario reveló que ya se logró la detención de dos personas presuntamente implicadas en el ataque, aunque aclaró que aún hay más responsables por detener.
“De manera lamentable quiero informar que el día de ayer al realizar trabajos de investigación, compañeros de la Subsecretaría de Investigación fueron agredidos por sujetos armados. Tras estos hechos el suboficial Jonathan perdió la vida”, declaró Harfuch.

El Secretario de Seguridad calificó al suboficial como un servidor que “representó con honor el valor y el compromiso de servir a nuestra Nación”. También añadió que la muerte del agente no quedará impune y garantizó respaldo institucional a la familia de la víctima, “Ya hay dos detenidos por estos lamentables hechos y faltan personas por detener”, sostuvo.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum expresó su pésame a los familiares de los elementos de seguridad que han muerto en el cumplimiento del deber. La mandataria compartió que “han fallecido 25 elementos del Ejército, la Guardia Nacional, la Marina y la Secretaría de Seguridad” desde el inicio de su Gobierno.
“Siempre hay que pensar, cuando ayer que veíamos a jovencitos porque son a los 18 años entran, en este caso ayer a la Escuela Naval Militar, pero cuando entran los cadetes del Colegio Militar o a la Guardia Nacional o a la propia Secretaría de Seguridad, pues la decisión que toma una persona, un joven, al ser parte de la Marina, del Ejército, de la Secretaría, de policías, es la entrega personal para salvaguardar la vida de los demás y eso es un acto heroico", indicó Sheinbaum.
La titular del Poder Ejecutivo reiteró su “cariño, agradecimiento y reconocimiento” a las familias de los elementos caídos en servicio.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato no ha emitido una postura sobre el caso ni ha dado a conocer si los detenidos pertenecen a algún grupo delictivo. El ataque contra los elementos de la SSPC ocurrió en el marco de un operativo desplegado en León. No se han ofrecido más detalles sobre las circunstancias del enfrentamiento.

En redes sociales, Omar García Harfuch lamentó el fallecimiento del suboficial: “Lamentablemente, en el cumplimiento de su deber, nuestro compañero el suboficial Jonathan perdió la vida”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Denuncian intimidación, hostigamiento y vigilancia durante el Encuentro Rebel y Revel del EZLN

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) denunció los «actos de intimidación y vigilancia» de las fuerzas de seguridad estatales y de las fuerzas armadas durante el Encuentro de Arte Rebel y Revel, llevado a cabo por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) del 13 al 19 de abril en el Cideci-Unitierra y el caracol Jacinto Canek, en Chiapas.

«En medio de una estrategia de seguridad de la nueva administración estatal, caracterizada por ser de carácter militar y policíaca, y respaldada por el gobierno federal, se impulsó un esquema de actuación para el festival plagada de violaciones al libre tránsito, así como acciones de intimidación y hostigamiento durante los traslados de las personas participantes», señaló el Frayba en un comunicado.

Entre las irregularidades destacaron los patrullajes de la Guardia Nacional y el ejército mexicano en tramos carreteros entre Chamula y Tenejapa, camino de paso rumbo al Caracol zapatista de Jacinto Canek, y la denuncia del Subcomandante Moisés sobre los rondines de la Guardia Nacional y las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en las afueras de las instalaciones de Cideci-Unitierra en San Cristóbal de Las Casas.

El centro de derechos humanos añadió que durante el encuentro también se registraron puntos de revisión de la policía estatal en la carretera de salida de San Cristóbal de Las Casas a Tenejapa y en la carretera San Cristóbal de Las Casas – San Juan Chamula, «justo en una de las rutas para llegar a Cideci-Unitierra». Además, documentó la presencia policial sobre el camino a Tenejapa, a poco más de cinco kilómetros de la desviación al Caracol zapatista de Jacinto Canek.

«Estos actos de intimidación y vigilancia por parte de los gobiernos federal y estatal se enmarcan dentro de una estrategia de seguridad en Chiapas donde están rehaciendo pactos con la criminalidad, se apropia de narrativas de paz, al mismo tiempo que con mensajes de cero corrupción e impunidad fortalece un estado policiaco y militar a través de grupos especiales como las FRIP, la cual a pesar de haber entrado en operaciones recientemente, ya cuenta con denuncias por violaciones a derechos humanos y detenciones arbitrarias, cometidas contra la población civil, y señalamientos de sus mando por colusión con la delincuencia organizada», acusó el Frayba.

El centro de derechos humanos se pronunció contra «toda intimidación y hostigamiento» hacia el EZLN y sus Bases de Apoyo, así como hacia los más de mil artistas, colectivos y organizaciones que participaron en el encuentro que reunió «las expresiones más humanas desde donde se construye también los fragmentos de las posibilidades para combatir y construir más allá de los sistemas racistas, patriarcales, y de opresión que despojan a los pueblos del mundo».

COMUNICADO:

El «(Rebel y Revel) Arte: Encuentro de arte, rebeldía y resistencia hacia el día después» convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se llevó a cabo entre los días 13 al 19 de abril de 2025 en el Caracol Zapatista de Jacinto Canek en Tenejapa, y en CIDECI-Unitierra en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, por este motivo llegaron cientos de asistentes al evento en donde se presentaron más de 1000 artistas de 28 países.

En medio de una estrategia de seguridad de la nueva administración estatal, caracterizada por ser de carácter militar y policíaca, y respaldada por el gobierno federal, se impulsó un esquema de actuación para el festival plagada de violaciones al libre tránsito, así como acciones de intimidación y hostigamiento durante los traslados de las personas participantes. Ubicamos la presencia de Fuerzas de seguridad del estado de Chiapas y las Fuerzas Armadas en las rutas e inmediaciones de las sedes del Rebel – Revel Arte, situación inusual en el territorio.
  • Se lograron documentar puntos de revisión de la Policía Estatal de Chiapas en la carretera de salida San Cristóbal de Las Casas a Tenejapa en donde cuestionaron a varios asistentes qué hacían, a dónde iban y cuánto tiempo estarían ahí, y también en la carretera San Cristóbal de Las Casas- San Juan Chamula, justo en uno de las rutas para llegar a Cideci-Unitierra.
  • Presencia de la Policía Estatal sobre el camino a Tenejapa, a 5 kilómetos y 300 metros cerca de la desviación al Caracol de Jacinto Canek.
  • Se vieron patrullajes de la Guardia Nacional y Ejército mexicano compuestas por 5 camionetas en total, en tramos carreteros entre Chamula y Tenejapa, camino de paso rumbo al Caracol de Jacinto Canek.
  • El sábado 19 de abril de 2025 aproximadamente a las 18:50 hrs. El Subcomandante Insurgente Moisés denunció en el encuentro Rebel y Revel Arte que hubo rondines de la Guardia Nacional y las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en las afueras de las instalaciones de CIDECI-Unitierra en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Estos actos de intimidación y vigilancia por parte de los gobiernos federal y estatal se enmarcan dentro de una estrategia de seguridad en Chiapas donde están rehaciendo pactos con la criminalidad, se apropia de narrativas de paz, al mismo tiempo que con mensajes de cero corrupción e impunidad fortalece un estado policiaco y militar a través de grupos especiales como las FRIP, la cual a pesar de haber entrado en operaciones recientemente, ya cuenta con denuncias por violaciones a derechos humanos y detenciones arbitrarias, cometidas contra la población civil, y señalamientos de sus mando por colusión con la delincuencia organizada.

Por consiguiente, denunciamos toda intimidación y hostigamiento en contra del EZLN y sus Bases de Apoyo, así como contra las personas que, a título individual, colectivo y como organizaciones participaron en El (Rebel y Revel) Arte: Encuentro de arte, rebeldía y resistencia hacia el día después», nutrido por las expresiones más humanas desde donde se construye también los fragmentos de las posibilidades para combatir y construir más allá de los sistemas de racistas, patriarcales, y de opresión que despojan a los pueblos del mundo.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Fiscalía pretende cerrar caso de Diego Bonilla, indígena ñuhú torturado por la policía en Veracruz

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) notificó el posible cierre de la investigación de la tortura que policías ministeriales cometieron contra el indígena ñuhú Diego Bonilla, “a pesar de la existencia de elementos periciales, testigos e incluso análisis de contexto”, denunciaron organizaciones y centros de derechos humanos.

Bonilla, originario de la comunidad El Pericón, en el municipio de Texcatepec, fue testigo del homicidio de su amigo el 29 de mayo de 2023, por lo que al día siguiente fue trasladado a Huayacocotla para rendir su testimonio en la FGEV, donde policías ministeriales “lo inmovilizaron amarrándolo con una cobija, luego lo presionaron con las rodillas, trepados sobre su cuerpo, y comenzaron a meterle agua por la nariz repetida y violentamente” para que incriminara a otra persona por el crimen, explicaron el Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, entre otras organizaciones.

De acuerdo con la denuncia, el testimonio de Bonilla “fue tergiversado y redactado en español, sin respetar su idioma ni su versión real”, para detener a Silverio Reyes, hoy preso por el crimen a pesar de que Diego Fernando nunca lo señaló como responsable. Durante su declaración ante el fiscal itinerante, en presencia de una intérprete oficial, Bonilla relató en ñuhú cómo fue torturado por la policía, pero “tanto el Fiscal como la intérprete ignoraron su testimonio” y redactaron una versión “que Diego no entendió” y que “le pidieron firmarla y retirarse”, precisaron.

Con el acompañamiento de las organizaciones, el 30 de junio de 2023 Bonilla presentó una denuncia formal por tortura y la Fiscalía Especializada abrió una carpeta de investigación, pero durante más de cuatro meses “no se realizó ninguna diligencia sustancial”, por lo que se interpuso un amparo. La demanda fue admitida en marzo de 2024 y a partir de entonces se realizaron algunas diligencias, como la toma de declaración de Diego, la ratificación de su denuncia y la inscripción del caso en el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), así como se programó la aplicación del examen médico-psicológico conforme al Protocolo de Estambul.

“A pesar de estas evidencias y del avance impulsado por el juicio de amparo, el 25 de marzo de 2025, la Fiscalía de Tortura anunció su intención de cerrar el caso, al enviar una determinación de no ejercicio de la acción penal a revisión de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales. Es decir, considera que Diego no fue víctima de tortura, a pesar de la existencia de elementos periciales, testigos e incluso análisis de contexto”, señalaron las organizaciones.

Frente a la pretensión de la Fiscalía de Veracruz, las organizaciones y centros de derechos humanos exigieron que las autoridades no cierren la investigación sin agotar todas las diligencias, que respeten el derecho de Bonilla a una investigación con enfoque intercultural, y que cese el uso de declaraciones obtenidas bajo coacción.

“La tortura no puede seguir siendo ignorada ni encubierta por las propias instituciones encargadas de impartir justicia”, subrayaron las organizaciones, que aseguraron que la decisión de la Fiscalía “refuerza el patrón de impunidad” en Veracruz frente a las denuncias de violaciones a derechos humanos.

COMUNICADO:


FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Villahermosa, 1er lugar nacional en donde ciudadanos se sienten más inseguros; Culiacán, segundo

Durante marzo de 2025, 61.9 por ciento de la población de 18 años de edad y más consideró inseguro vivir en su ciudad, según resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicados el 22 de abril de 2025, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los resultados de la más reciente encuesta -que se recolecta cada trimestre en 91 áreas urbanas del país- no representaron un cambio estadísticamente significativo en comparación con marzo (61.0 por ciento) y diciembre (61.7 ciento) de 2024.

En esta edición de la ENSU, 18 áreas urbanas de interés presentaron cambios estadísticamente significativos frente a diciembre de 2024: 7 con reducciones y 11 con incrementos. En marzo de 2025, 67.5 por ciento de las mujeres y 55.0 por ciento de los hombres consideraron que vivir en su ciudad era inseguro.

Las áreas urbanas de interés con mayor porcentaje de personas de 18 años de edad y más que consideraron que vivir en su ciudad era inseguro fueron: Villahermosa, Tabasco, con 90.6; Culiacán de Rosales, Sinaloa, con 89.7; Fresnillo, Zacatecas, con 89.5; Uruapan, Michoacán, con 88.7; Irapuato, Guanajuato, con 88.4; y, Chimalhuacán, Estado de México, con 86.1 por ciento.

En contraste, las áreas urbanas con menores porcentajes de percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García, Nuevo León, con 10.4; Benito Juárez, Ciudad de México, con 20.4; Piedras Negras, Coahuila, con 20.5; Puerto Vallarta, Jalisco con 23.0; Saltillo, Coahuila, con 24.5; y, Los Cabos, Baja California Sur, con 24.7 por ciento.

En cuanto a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, 69.1 por ciento de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; 62.8 por ciento, en el transporte público; 56.1 por ciento, en la carretera y 53.2 por ciento, en el banco.

Durante marzo de 2025, de la población de 18 años de edad y más, residente en las áreas urbanas de interés, 31.6 por ciento consideró que, en los próximos 12 meses, la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de mal; mientras que 22.9 por ciento de la población refirió que la situación empeorará.

En contraste, 16.9 por ciento de la población mencionada dijo que la situación de la delincuencia e inseguridad en su área urbana seguirá igual de bien y 27.5 por ciento manifestó que mejorará.

Conforme a los resultados de la ENSU del primer trimestre de 2025, de la población que mencionó haber visto o escuchado conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda, el primer lugar lo tuvo el consumo de alcohol en las calles, con 58.0 %; el segundo lugar fueron los robos o asaltos, con 49.6 %; el tercer lugar lo ocupó vandalismo en las viviendas o negocios, al alcanzar 40.4 %; en cuarto lugar, con 39.2 %, figuró la venta o consumo de drogas, seguido de cerca por disparos frecuentes con armas, con 39.1 por ciento.

Durante el primer trimestre de 2025, 35.0 por ciento de la población de 18 años de edad y más tuvo algún conflicto o enfrentamiento, de manera directa, con familiares, con personas vecinas, con personas compañeras de trabajo o escuela, con personal de establecimientos o con autoridades de gobierno.

Los porcentajes más altos de conflictos o enfrentamientos correspondieron a demarcaciones territoriales de la Ciudad de México: Azcapotzalco (64.8 %), La Magdalena Contreras (63.7 %) y Álvaro Obregón (58.6 %). Mientras que las áreas urbanas que reportaron los menores porcentajes de conflictos o enfrentamientos fueron: Irapuato, Guanajuato (7.8 %), Ciudad Obregón, Sonora, (10.3 %); y Tapachula, Chiapas (10.4 por ciento).

En marzo de 2025, 44.8 por ciento de la población de 18 años de edad y más, residente en las áreas urbanas de interés, manifestó que modificó sus hábitos respecto a llevar cosas de valor, como joyas, dinero o tarjetas de crédito, por temor a sufrir algún delito. Además, 42.2 % modificó rutinas en cuanto a permitir que las o los menores que viven en el hogar salgan sin compañía.

Por su parte, 40.5 por ciento reconoció haber cambiado hábitos en cuanto a caminar de noche por los alrededores de su vivienda y 25.5 por ciento cambió rutinas relacionadas con visitar parientes o amistades.

En el primer trimestre de 2025, para la Marina, 87.8 % atribuyó un desempeño muy o algo efectivo, mientras que la Fuerza Aérea Mexicana alcanzó 83.7 %, y el Ejército, 83.7 por ciento. Con menores porcentajes en la percepción de un desempeño muy o algo efectivo figuraron la Guardia Nacional con 75.1 %, la policía estatal con 55.4 % y la policía preventiva municipal con 48.1 por ciento.

En cuanto a los principales problemas que impactan su ciudad, 81.4 % de la población de 18 años de edad y más consideró que son los baches en calles y avenidas; 62.0 %, las fallas y fugas en el suministro de agua potable y 57.4 por ciento, la insuficiencia del alumbrado público.

En marzo de 2025, 31.4 % de la población de 18 años y más consideró que el gobierno de su ciudad era muy o algo efectivo para resolver los problemas más recurrentes. Las áreas urbanas de interés donde se percibió mayor efectividad fueron: Piedras Negras (66.8 %), San Pedro Garza García (61.4 %) y Apodaca, Nuevo León (61.3 %). Por otro lado, las áreas urbanas de interés donde resultó menor esta percepción fueron: Ecatepec de Morelos, Estado de México (10.6 %), Cuautitlán Izcalli, EDOMEX (13.8 %) y Oaxaca de Juárez (16.0 por ciento).

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Despiden al director del Hospital General de Ensenada tras denunciar las carencias de la institución

El doctor Juan José Godínez Montaño fue removido de su cargo como director del Hospital General en transición a IMSS-Bienestar de Ensenada, luego de hacer públicas las carencias que enfrenta el personal, falta de medicamentos y equipo.

La destitución fue notificada a través de un oficio con fecha del 16 de abril de 2025, firmado por Miguel Bernardo Romero Flores, coordinador estatal del IMSS Bienestar en Baja California.

En febrero, Montaño envió un oficio a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, para informar sobre la suspensión del servicio en Ensenada debido a las agresiones por parte de los usuarios al personal médico por la falta de medicamento, equipo y materiales.

Las familias de los enfermos no sólo tienen que comprar medicamentos, sino también llevar sus propias sábanas, gasas, cubrebocas, soluciones, sondas. Es decir, que para cada intervención quirúrgica se le entrega a las familias una larga lista de materiales, esta situación de escasez, ha generado molestia.

De acuerdo con el oficio de despido, se informa que, “a partir de la recepción del presente documento, se da por concluido su cargo como director de la unidad hospitalaria denominada Hospital General de Ensenada”.

El escrito también señala que el doctor deberá realizar el proceso de entrega-recepción de la unidad hospitalaria.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: LORENA LAMAS.

La fiscal de Derechos Humanos de la FGR busca ser electa ministra, pese a historial de impunidad en la oficina a su cargo

La fiscal Sara Irene Herrerías es candidata a ministra de la Suprema Corte, con un “récord” del 90 % de impunidad en los casos que han pasado por sus manos.

Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH) de la Fiscalía General de la República (FGR), compite en esta elección judicial para ser una de las próximas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pese a encabezar una fiscalía especializada que tiene más del 90 % de impunidad en diversos casos bajo su mando. 

Es decir, un rezago importante en la resolución de delitos como la desaparición forzada de personas, la desaparición cometida por particulares, los delitos cometidos contra las personas migrantes, los cometidos contra la libertad de expresión, que incluye el asesinato y desaparición periodistas y comunicadores del país, y la tortura. 

Ahora, la candidata a ministra aparecerá el próximo 1 de junio de 2025 en la boleta electoral morada -que es para elegir a los próximos ministros y ministras de la Corte- postulada por el Poder Ejecutivo (PE) y el Poder Legislativo (PL).

Animal Político buscó a la candidata a ministra de la Corte para hablar sobre su paso por la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y los resultados de cuatro de las nueve áreas que tiene bajo su mando, quien accedió a dar una entrevista especificando que, sobre temas relacionados con funciones o resultados de la Fiscalía Especializada no puede hablar, pues dichos asuntos competen a la Fiscalía General de la República. 

“Lo que sí le puedo decir es que cada uno de los delitos que lleva la FEMDH son muy complejos para investigar y para judicializar”, señaló en entrevista.

Candidata promete defender a víctimas, pero deja pendiente resolución de sus casos

“La justicia que llega tarde no es justicia”. Con esta frase, la candidata a ministra Sara Irene Herrerías Guerra se presenta ante la ciudadanía en la plataforma Conóceles del INE, para informar su intención de ser una de las próximas ministras de la Suprema Corte.

En dicha página, la candidata señala que desde 2019 y “a la fecha” ha encabezado la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), órgano de la FGR que tiene bajo su mando nueve áreas entre las que están la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF), la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes (UIDPM), la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y la Fiscalía Especializada en Investigación de Delito de Tortura. 

No obstante, su función al frente de esta área inició desde mucho antes, en 2016, cuando fue nombrada como subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención al Delito y Servicios a la Comunidad, de la extinta Procuraduría General de la República (PGR). Es decir que lleva ocho años en el cargo.

Precisamente, de una revisión hecha por este medio sobre las averiguaciones previas y carpetas de investigación que fueron iniciadas; judicializadas y consignadas; en las que se determinó el No Ejercicio de la Acción Penal (NEAP); y la reserva o archivo temporal de los casos se puede constatar que la resolución de asuntos de las áreas a cargo de Herrerías fue muy baja.


Por ejemplo, respecto a las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía Especial en Desaparición Forzada se encontró que del 2016 al 2023 está área inició 968 indagatorias por el delito de desaparición forzada de personas, mientras que en el mismo periodo inició mil 44 investigaciones por desaparición cometida por particulares, una suma total de dos mil 12 casos, según una solicitud de acceso a la información con número 330024624001942. 

“En caso de desaparición de personas, en donde se hacía antes como un seguimiento de los casos, pero no se consignaba y se judicializaba, hemos estado también en distintas investigaciones, [pero] para datos como muy específicos tendría, y con todo gusto podemos verlo con el área de comunicación social de la Fiscalía, porque de acuerdo a lo que me marca el INE, sólo puedo hablar como justo de mi trayectoria en general y hacia dónde quiero ir”, señaló la candidata a ministra de la Corte. 

Sin embargo, en otra solicitud (330024624000781) un ciudadano solicitó conocer el número de casos en los que la FGR logró consignar o vincular a proceso a presuntos responsables de los delitos previstos en la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, obteniendo la siguiente respuesta: 

“Al respecto la Unidad Administrativa informa que localizó una averiguación previa consignada y treinta y seis carpetas de investigación judicializadas por los hechos que la ley considera como delitos”. Es decir, que la Fiscalía presentó ante un juez solo el 1.84 % de los casos. 

Respecto a la labor de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, el organismo a cargo de Herrerías Guerra respondió en otra solicitud de información (330024624001942) que en el periodo del 2018 al 2024 inició 10 mil 409 carpetas de investigación por delitos cometidos en contra de personas migrantes o extranjeras. 

A principios de 2024, otra persona solicitó (330024624000879) a la FGR conocer cuántas carpetas de investigación iniciadas por desaparición forzada y desaparición cometida por particulares en contra de migrantes habían sido judicializadas (presentada ante un juez) entre el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2023. 

La respuesta de la FGR nuevamente fue contundente: “Después de realizar una minuciosa búsqueda en sus archivos, se localizaron CERO REGISTROS de carpetas de investigación judicializadas por hechos posiblemente constitutivos de delitos en contra de personas migrantes”. 

En contraste, la candidata aseguró a este medio que “desde que entramos nosotros, hay también más de 50, 60 sentencias condenatorias por los distintos delitos que afectan a migrantes, como es el tráfico de migrantes, que es el que nos toca a nosotros en la FEMDH”. 

Finalmente, respeto a la labor de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delito de Tortura, el organismo informó que del 2016 al 2023 inició cinco mil 833 averiguaciones previas y carpetas de investigación por el delito de tortura, un ilícito en el que, aunque haya pasado mucho tiempo desde que se cometió, existe la posibilidad de investigarlo y denunciarlo.

De estás indagatorias, la Fiscalía informó que 261 habían sido enviadas a la “reserva” o “archivo temporal” y cuatro mil 955 habían sido determinadas con el “no ejercicio de la acción penal”, mientras que solo 75 habían sido “consignadas” o “judicializadas”; es decir, que fueron presentadas ante un juez solo el 1.29 % de las investigaciones. 

“Yo en este momento como fiscal atiendo a las víctimas, trato de ser empática con ellas, ponerme en su lugar para entender qué es lo que ellas necesitan y quieren, pero al momento de impartición de justicia, están ambas partes. Fui 13 años proyectista de sala penal y sé la importancia de, sobre un mismo asunto, ver las distintas versiones sobre un mismo hecho y en todo momento respetar los derechos procesales también del imputado. Y en caso de que no es la materia penal, en los demás casos, justo de ambas partes tenemos que ser objetivos y cercanos a las partes en un proceso para impartir justicia”, señaló.

Delitos cometidos contra la prensa, con el 98.27 % de impunidad: Artículo 19

Hace unos días, la organización Artículo 19, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos de la libertad de expresión y a la información, presentó su informe anual titulado Barreras informativas: Desafíos para la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información, en el que se documentan 639 agresiones contra periodistas en posible nexo con su trabajo. 

Durante la presentación del informe la organización hizo un llamado a consolidar una política de protección a periodistas que se enfoque en la prevención, la justicia y la reparación para acabar con la impunidad en los casos que llegan a la FEADLE. 

En dicho documento, la organización señaló que en todo 2024, la FEADLE inició un total de 84 carpetas de investigación por diversos delitos cometidos contra periodistas, con tan solo una indagatoria por el delito de homicidio, que en comparación con los datos registrados por Artículo 19, y documentados en el informe, la FEADLE sólo ha atraído un porcentaje bajo de casos. 

“Una vez atraído el caso, los procesos de investigación para las víctimas pueden ser interminables o mantenerse incluso en un limbo de impunidad. En el caso de la FEADLE misma, de 2,781 indagatorias o carpetas de investigación iniciadas entre 2010 y 2024, hay 201 casos resueltos, ya sea por sentencias condenatorias, suspensión condicional del proceso, o por acuerdos reparatorios. Es decir, 84.77 % de los casos se mantienen en la impunidad y si se considera sólo los casos de sentencias, 98.27%”, señaló la organización. 

Respecto a su labor al frente de la FEADLE, la candidata Herrerías Guerra aseguró que en libertad de expresión “más de 200 personas han sido imputadas por este delito. También tenemos sentencias condenatorias y soluciones alternas”.


“Siempre he pensado que no solo las sentencias son las que dan justicia a las víctimas, sino también los resultados que uno puede tener por los medios alternativos de solución de conflictos. En esa materia, la libertad de expresión tiene que ver mucho con el delito de amenazas, que se puede solucionar por medios alternos y finalmente, al solucionar ese delito, evitas que la violencia crezca y que luego tenga otras consecuencias”.

En el informe, Artículo 19 señala que la FGR enfrenta serias dificultades para cumplir con su responsabilidad de investigar y procesar delitos contra la libertad de expresión. A pesar de los compromisos de asegurar la justicia para los periodistas afectados por delitos, los avances son escasos, enviando el mensaje de que los agresores no serán perseguidos y gozan de impunidad.

Además, la candidata asegura que en materia de los asuntos derivados de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también han seguido las investigaciones, así como judicializado y consignado varios de ellos.

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“¿Por qué quiero ocupar un cargo público? Para que la justicia sea confiable, entendible y contribuya a la justicia social. Para que todas las personas sean oídas”, asegura la candidata a ministra de la Corte en su perfil publicado por el INE. 

En su currículum vitae, después de una larga lista de aspectos para describir su formación académica, tesis y doctorados, la candidata a ministra expone que de 2016 a 2019 fue subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención al Delito y Servicios a la Comunidad, de la entonces Procuraduría General de la República (PGR). 

Herrerías Guerra se incorporó a la extinta PGR en noviembre de 2016, cuando el entonces procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, la nombró subprocuradora, cargo que mantuvo durante la administración del procurador Alberto Elías Beltrán. Luego de dejar sus puestos ambos funcionarios fueron indagados por la presunta comisión de diversos delitos. 

En 2019, el primer fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, la ratificó al frente de la ahora Fiscal Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, cargo que desempeña hasta la fecha. 

“El que suscribe, doctor Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República […] en lo dispuesto en el Acuerdo A/013/19 por el que se instala la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, con efectos a partir de esta fecha ha tenido a bien designarla Fiscal Especializada en Materia de Derechos Humanos”, se puede leer en un oficio de la FGR publicado el 16 de julio de 2019.

Sin embargo, de acuerdo con diversos medios nacionales, el nombramiento de la fiscal se dio a pesar de que el colectivo #FiscalíaQueSirva pidió al fiscal general que el proceso de designación de este puesto fuera abierto y transparente. 

La exigencia de las organizaciones de la sociedad civil fue sobre todo debido a que la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos tendría bajo su cargo organismos clave para la defensa de los derechos humanos de las personas en el país, casos que en su mayoría continúan pendientes de resolución. 

—¿Ahora por qué quiere ser ministra de la Suprema Corte? —, se le pregunta.  

—Llevo toda mi vida profesional como servidora pública y siempre he querido que el presupuesto público se use para lo que es, para hacer un servicio público y cumplir una función pública. He estado en prevención del delito, en procuración de justicia, impartiendo justicia cuando fui proyectista y en protección de derechos humanos cuando estuve en CNDH y en SEGOB. Quiero que toda esta experiencia pueda servir para hacer una justicia más cercana a la ciudadanía, más ágil, más entendible. Por eso quiero ser ministra de la Suprema Corte—, responde. 

Por ese motivo, asegura, no pidió licencia -como lo recomendó el propio INE- para competir por un cargo de ministra de la Suprema Corte, “porque considero que tengo un compromiso con mi trabajo”.

“Tengo nueve áreas de investigación, no solo eso, también llevo las quejas y recomendaciones de CNDH y otras… todo lo que es la atención ciudadana de la Fiscalía. Y dentro de esos asuntos de la Fiscalía tengo en curso temas muy delicados y creo que tengo un compromiso para hacerlo y para resolverlos, porque son asuntos que conozco y que considero que debo de resolver. No creo que pueda dejar a las víctimas que confiaron en nosotros así. Sábados y domingos, y muy temprano o en la tarde, es cuando estoy atendiendo la campaña, pero sí creo que tengo un compromiso con el trabajo que realizo”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.