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Aseguran armas largas, autopartes y animales en dos fincas de Teocaltiche, Jalisco

Los cateos se realizaron luego de que elementos policiacos repelieran una agresión de sujetos armados en el lugar.

La Fiscalía de Jalisco informó el sábado del aseguramiento de dos fincas en el municipio de Teocaltiche tras ejecutar el pasado viernes una orden de cateo en los inmuebles.

En un comunicado dio a conocer que personal de la Vicefiscalía en Investigación Regional aseguró armas largas, cartuchos, autopartes y distintos animales.

Detalló que la orden de cateo se efectuó el viernes 25 de abril a las 12:00 del día aproximadamente, en un rancho y una bodega.

Medios locales señalaron que previamente se registró un enfrentamiento entre elementos policiacos y presuntos delincuentes. Los policías realizaban un recorrido cuando fueron atacados a balazos que posteriormente huyeron por terrenos de siembra.

En la revisión realizada por los agentes de la fiscalía estatal al primer inmueble, fueron aseguradas dos armas largas (una con 22 cartuchos útiles), así como algunas autopartes (entre ellas retrovisores, bombas, tornillos, tuercas y cadenas).

En el segundo inmueble se localizaron varios casquillos de distintos calibres, dos armas largas (una con cartuchos y cargador, la otra solo con cargador), además una bolsa de plástico con presunta droga, dos cajas fuertes y distintos animales.

Los animales (aves, gallinas, un puerco y un perro), fueron asegurados por autoridades municipales.

“Es importante señalar que en estas labores se contó con el apoyo de efectivos de la Secretaría de Seguridad del Estado”, señaló la fiscalía, al tiempo que destacó su compromiso de trabajar de manera coordinada con diversas instancias, “con el objetivo común de hacer valer el estado de derecho y evitar la impunidad”.

La noche del martes 15 de abril fue asesinado el comisario de Seguridad Pública de Teocaltiche, Ramón Grande Moncada, de 53 años, en un presunto ataque directo en el que resultó herida su esposa.

Versiones periodísticas refieren que el comisario iba a bordo de su vehículo junto a su esposa, cuando varios sujetos armados los atacaron a balazos y huyeron de la escena.

El gobierno municipal presidido por la priista Margarita Villalobos publicó un mensaje en su página de Facebook en el que exigió que se ponga fin a la violencia que vive la localidad.

“El pueblo de Teocaltiche no puede seguir viviendo entre el miedo, la violencia y el dolor. Hoy alzamos la voz con profunda impotencia e indignación por las tragedias que han golpeado una y otra vez a nuestra comunidad. ¡Basta ya de muertes! ¡Basta ya del sufrimiento de nuestras familias! ¡Basta de ser ignorados!”, dice el mensaje.

“Cada vida perdida, cada familia rota, cada noche en vela, son heridas que claman justicia. No podemos ni debemos acostumbrarnos a vivir así. Exigimos al Estado y a la Federación respuestas claras y contundentes. Exigimos protección real para nuestro pueblo. Exigimos que se restablezca la paz, la seguridad y la dignidad de nuestros hogares”, menciona.

Ese mismo día, la Fiscalía de Jalisco informó que realizó un cateo en un inmueble de la calle Chapulines, en la que recuperó y aseguró “vehículos con distintas irregularidades, un arma de fuego, entre otras cosas”.

Detalló que obtuvo la orden luego de que el 11 de abril, policías estatales y elementos federales observaron en un recorrido de vigilancia un portón semi abierto en cuyo interior había distintos vehículos, uno de ellos con reporte de robo, por lo que se dio aviso al Ministerio Público.

Durante el operativo fue asegurado un vehículo tracto camión con plataforma cargada al parecer con trasmisiones; tres plataformas, una de ellas cargada con transmisiones con reporte de robo vigente; una camioneta Pick up Ford Ranger color blanco sin placas de circulación y con reporte de robo; un vehículo de la marca GMC tipo Sierra, sin placas de circulación, así como placas metálicas al parecer de blindaje.

También fue asegurada un arma larga AK-47 calibre 7.62 x 39 (cuerno de chivo) con un cargador con 26 cartuchos útiles, y diferentes cargadores con cartuchos útiles de distintos calibres.

El 9 de abril, el policía Luis Ernesto Chávez Regino, de 31 años, fue asesinado en su vivienda; mientras que el 30 de marzo, el activista Juan Pablo Alonzo fue asesinado dentro de su casa, en un ataque en el que resultó herida su hermana.

El municipio, cercano a Zacatecas, ha vivido episodios de violencia en los últimos años. El 18 de febrero, ocho policías y un civil fueron presuntamente privados de su libertad. La Fiscalía de Jalisco informó que los cuerpos sin vida de cuatro de los policías fueron localizados, mientras sigue la búsqueda de las otras cinco personas que se encuentran en calidad de desaparecidas.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

TelevisaLeaks: La fábrica de mentiras, manipulación y guerra sucia

Una filtración masiva, de más de 5 terabytes de datos, revela que dentro de la televisora más grande del mundo en habla hispana opera un grupo clandestino para difundir noticias falsas y ataques contra quienes considera sus enemigos, con el fin de apuntalar sus intereses en la esfera política y económica.

En las instalaciones donde se transmiten los noticieros que presumen de veracidad, en Televisa Chapultepec, opera un equipo de comunicación institucional encargado de fabricar información falsa y difundir ataques contra sus competidores, a quienes percibe como sus enemigos y para favorecer intereses políticos, de acuerdo con una filtración masiva en poder de Aristegui Noticias.

Las agresiones han sido contra los principales personajes de la vida económica y política del país, desde Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego; mientras que en lo político la empresa que se considera líder en la producción de contenido en español ha operado en la sombra para ensalzar o intentar destruir reputaciones, aprovechando la imagen y discursos de figuras como el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la actual mandataria Claudia Sheinbaum y el partido Morena.

La empresa forjó su emporio en el negocio de la televisión, pero ya se extendió a la producción de revistas, radio, deportes profesionales, entretenimiento, películas, juegos, sorteos y apuestas, con presencia en México, Estados Unidos y de manera global. La firma cotiza en las bolsas de valores de México y Nueva York, donde revela información sobre su estructura y ganancias, pero el área dedicada a construir y destruir reputaciones, descubierta por Aristegui Noticias, ha estado oculta hasta el día de hoy.

Emilio Azcárraga Jean, heredero de la familia que creó el emporio Televisa, renunció a la presidencia de este consorcio de empresas en octubre de 2024. ¿El motivo? Una investigación en Estados Unidos por posible corrupción en la compra de derechos de transmisión de los mundiales de fútbol de 2018 a 2030. Desde entonces, la empresa es dirigida por Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez.

Debajo de ellos trabaja Javier Tejado Dondé, quien opera el grupo clandestino autodenominado “Palomar”, encargado de ensalzar o destruir reputaciones con apoyo de cuentas falsas en redes sociales, distorsionando imágenes, audios y videos para destruir o dañar, según los intereses de la compañía.


Aristegui Noticias tuvo acceso a más de 5 terabytes de comunicaciones internas de este equipo, que cubren de 2018 a 2024. La cantidad de información es similar a la filtración de Sedena Leaks o lo doble de los Panamá Papers. Se trata de miles de videos, fotos, chats, archivos editables, instrucciones y guiones que resultaron en campañas de desprestigio instrumentadas desde las oficinas centrales de la televisora.

El equipo de “Palomar” está integrado por empleados de Televisa y de la empresa Metrics to Index, especializada en realizar campañas negras en internet, entre otras actividades; sin embargo, también contó con dos funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de acuerdo con documentos a los que tuvo acceso Aristegui Noticias.

Los reportes, informes y demás productos que elaboraba el equipo clandestino de la televisora se compartían con Javier Tejado Dondé, como cabeza de “Palomar”, quien a su vez los presentaba a sus superiores jerárquicos: los más altos ejecutivos de Televisa.

En una conversación del 14 de enero del 2018, buscando actualizar un reporte, Juan Manuel Torres Esquivel recuerda que “JT” (Javier Tejado Dondé) llevó una presentación sobre el caso Frida Sofía “con los jefes” de Televisa, en alusión a Emilio Azcárraga Jean, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia.

Otros directivos de Televisa como Rubén Acosta Montoya, director de Medios para México y LATAM de TelevisaUnivisión; y Dora Alicia Martínez Valero, en ese entonces directora General de Asuntos Electorales de Grupo Televisa y hoy candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también recibían la información y productos generados por “Palomar”.

Las operaciones clandestinas de Televisa

Esta serie de reportajes revela que Televisa estuvo detrás de la campaña en redes que impulsó a Arturo Zaldívar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo cargo al que puede aspirar cualquier persona que labore en el Poder Judicial Federal.

Durante la presidencia de Zaldívar, la empresa Metrics to Index obtuvo un contrato por más de 47 millones de pesos y Javier Tejado Dondé fue parte de una adjudicación por más de 14 millones de pesos para la producción de la serie documental “Caníbal, indignación total”, que no puede ser programada por el Canal Judicial, ya que los derechos de transmisión quedaron en manos del ejecutivo de la televisora, a pesar de que la Corte financió su producción.

Gracias a la filtración de datos en poder de Aristegui Noticias, se aprecia que el equipo de Televisa-Metrics implementó estrategias de comunicación para impulsar a Arturo Zaldívar, al tiempo que armaban piezas de desinformación contra ministros que percibía como ‘rivales’.

Zaldívar fue presidente de la Corte de enero de 2019 a diciembre de 2022. Previo a esas fechas, el “Palomar” comenzó a construir una campaña en redes sociales para favorecer al entonces ministro, actual Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia de México y uno de los principales artífices de la reforma al Poder Judicial.


Otro ejemplo de este grupo es la campaña de desprestigio que lanzaron contra Aristegui Noticias y Carmen Aristegui a través de comunicadores afines a la televisora, bots y blogs por una publicación sobre Eduardo Fernández, extitular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), quien denunció a ejecutivos de Televisa por lavado de dinero en Estados Unidos, en un asunto que derivó en procesos contra el exfuncionario por la vía penal y administrativa.

Sobre este tema, fueron publicados en la prensa nacional extractos de dos sentencias en las que Eduardo Fernández es condenado por daño moral en las demandas civiles que  Televisa y José Luis Fernández (miembro del consejo de administración de la televisora) interpusieron en su contra.

Televisa también fabricó chats de Whatsapp que apuntaban, falsamente, que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, había pagado dinero a este medio para difundir una conversación entre el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, y el ejecutivo de Televisa, Javier Tejado Dondé, en la que acuerdan entrevistas, hacen negocios y hablan sobre la influencia judicial de “Z”.



En este reportaje se mostrarán los guiones, chats de WhatsApp inventados, borradores de videos y estrategias de redes supervisadas por Tejado Dondé para intentar dañar la credibilidad de Aristegui Noticias.

Entre los miles de archivos también hay videos de los colaboradores de Televisa en “Palomar” escenificando supuestas denuncias de un ataque sexual en contra de una menor de edad. El material final, con voces distorsionadas y caras desenfocadas, se usó para atacar a un magistrado en una pugna que tuvo contra el Colegio Westhill, propiedad del empresario José María Riobóo.

En los siguientes reportajes se detallará de qué manera se fabricó la historia para dañar a un magistrado que, entre otras cosas, emitió resoluciones judiciales que lo confrontaron con Arturo Zaldívar y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La filtración en poder de Aristegui Noticias incluye seis años de la operación de este grupo, que va de 2018 a 2024, lo que permite definir su modus operandi: Javier Tejado Dondé encabeza reuniones para definir los objetivos a comunicar o atacar. Estas juntas se conocen internamente como war room (cuarto de guerra).

Eso activa un equipo de redactores, editores de video, diseñadoras, científicos de datos y expertos en redes para crear infundios, amenazas o ataques, que pueden expresarse en videos, notas, memes o decenas de bots replicando un mensaje.

Los enemigos, como se expondrá en esta serie de reportajes, pueden ser variados, desde su rival natural, TV Azteca y Ricardo Salinas Pliego por pugnas sobre el rating de ambas televisoras; Telmex y Carlos Slim por competencia en telecomunicaciones; o las empresas como Fox y Disney que pelearon por tener derechos de transmisión del fútbol.

Los miles de documentos revelan que la empresa Metrics opera una red de bots, páginas de internet y perfiles en redes que funcionan como mercenarios; es decir, las páginas que iniciaron difundiendo la Marea Rosa luego demostraron su apoyo a Claudia Sheinbaum; hubo bots contra personajes como Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Gertz Manero y campañas positivas para Omar García Harfuch, Arturo Zaldívar y Xóchitl Gálvez.

Las páginas impulsaron a Ricardo Monreal, mientras Metrics tuvo contratos con el Senado, aunque también difundieron post en contra de Andrea Chávez y Adán Augusto López Hernández.

¿Identidad a favor o en contra de la 4T? Nada de eso, estos perfiles se mueven de acuerdo a los intereses de quien pague las campañas.

En reportes internos preparados para ser presentados a ejecutivos, los empleados de Televisa presumen que su estrategia de comunicación les ayuda a evitar regulaciones del gobierno y a tener funcionarios clave en dependencias y organismos reguladores.

Modus operandi

El equipo se autodenomina “Palomar” en chats de Whatsapp y Telegram, por la ubicación inicial de sus oficinas dentro de Televisa. Se trata de un espacio debajo de la antena principal de la televisora, en avenida Chapultepec, Ciudad de México.

Con la llegada de la pandemia de Covid-19, en 2020, el grupo se mudó al primer piso de Televisa, casi en contraesquina del “Palomar” original.

El equipo se comunica en grupos de chats en Whatsapp y Telegram. Dos personajes clave son: Karla Aguilar Ballesteros y Juan Manuel Torres. La primera es directora de Redes Sociales y Medios Digitales de Televisa y el enlace principal de Tejado Dondé con el grupo; el segundo es socio fundador de Metrics. Torres laboró simultáneamente en Televisa como subdirector de Medios Digitales hasta mayo de 2024 y ahora es director de Operaciones y proyectos en Metrics.

El “Palomar” contó con dos funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mientras Arturo Zaldívar fue su presidente: Francisco José Rullán Gutiérrez y Mariana Rocío Franco Rodríguez.


Según información de la Plataforma Nacional de Transparencia, Rullán y Franco formaban parte del máximo tribunal como ‘dictaminadores’ en la Dirección General de Comunicación Social, pero trabajaban en Televisa bajo las órdenes de Javier Tejado Dondé, apuntan los documentos obtenidos por Aristegui Noticias.

El organigrama de la Corte indica que el jefe inmediato de ambos era el titular de Comunicación Social, César Castillejos Rangel, funcionario que tenía asignada la supervisión del contrato con Metrics.

Entre los chats y miles de archivos se aprecia que Tejado Dondé ha sacado provecho personal de la red, pues su columna en El Universal ha sido escrita y editada por los empleados de Televisa en “Palomar”, además de que también es impulsada en redes con bots de la misma estructura, incluso pagando campañas para publicitarlas.


El equipo sabe que sus operaciones son irregulares y la “pesadilla” de una filtración aparece en dos charlas distintas. El 21 de febrero de 2021, la cuenta de X, @CaballeroMaicol, publicó un tuit en el que se refería a la periodista Carmen Aristegui por exhibir a Televisa y al papel de “cancerbero” que juega Javier Tejado Dondé para frenar las críticas a la televisora.

De inmediato, uno de los colaboradores de Televisa-Metrics escribió a modo de broma: “Dice que ya nos descubrieron, el palomar ha quedado expuesto”. En el mismo tono, siguió un río de culpas y deslindes.

Por ejemplo, Francisco José Rullán, trabajador de la Suprema Corte incrustado en las operaciones clandestinas, se sinceró: “Yo ni soy trabajador de Televisa, jajajaja”. Karla Aguilar, de inmediato advirtió: “Esto me va a hacer tener pesadillas”.

Entre el juego y la paranoia, los integrantes de “Palomar” reconocieron que las difamaciones y noticias falsas que elaboraban, no califican como un trabajo lícito.


El 27 de abril de 2021, la preocupación volvió a estallar dentro de “Palomar”, ya que un productor de video creyó haber perdido un disco duro con todo su respaldo de campañas negras contra ministras, políticos, grandes empresarios y comunicadores.

“¿No está mi disco duro en su lugar?”, preguntó el productor de video.

Juan Manuel Torres Esquivel, fundador de Metrics y a la vez empleado de Televisa, respondió con miedo: “perdiste el disco duro!!!”. El trabajador de “Palomar” insistió en que sus colegas buscaran el dispositivo de almacenamiento, advirtiendo la gravedad de haberlo extraviado.

Sabía que la posible filtración de los datos afectaría a todos: “tiene evidencia como para hundirnos a todos en este chat”. En su momento, el disco fue finalmente encontrado y los integrantes de “Palomar” volvieron a respirar tranquilos.


Sin embargo, tiempo después, ese chat interno y los miles de archivos de las operaciones clandestinas se filtraron y hoy constituyen el corazón de #TelevisaLeaks; una revelación que sacude, por involucrar, de manera directa, a la principal televisora del país y gigante de la comunicación de habla hispana.

La pesadilla de “Palomar” finalmente se hizo realidad.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: CARMEN ARISTEGUI, SEBASTIÁN BARRAGÁN HIDALGO, BRANDON J. CELAYA TORRES, REGINA DIEZ GUTIÉRREZ, JUAN OMAR FIERRO, LILIA SAÚL RODRÍGUEZ. (UNIDAD DE INVESTIGACIONES ESPECIALES)

México colaborará con EU para enfrentar al gusano barrenador: Berdegué

La administración de Trump advirtió que podría restringir las importaciones del ganado mexicano si el gobierno de Claudia Sheinbaum no intensifica la lucha contra el gusano barrenador y resuelve el problema para el próximo miércoles.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué anunció que México colaborará con Estados Unidos para enfrentar al gusano barrenador que afecta al ganado de exportación.

Luego de que el gobierno de EU amenazó con restringir importaciones mexicanas por este problema, el secretario indicó que ya respondió a las autoridades de aquel país.
Este fin de semana, la administración del presidente de EU, Donald Trump advirtió que podría restringir las importaciones del ganado mexicano si el gobierno de Claudia Sheinbaum no intensifica la lucha contra el gusano barrenador y resuelve el problema para el próximo miércoles.

A través de una carta enviada por la secretaria de Agricultura de EU, Brooke Rollins, misma que fue compartida en X, recordó que México limitó a una de las empresas para realizar fumigaciones aéreas para eliminar la plaga para que solo se realizaran 6 días a la semana e impuso aranceles aduaneros “onerosos” sobre las piezas necesarias para mantener sus aviones en el aire.

El gusano barrenador puede provocar la muerte y afectación al ganado, la fauna silvestre y, a veces, a las personas porque los gusanos de las moscas de este gusano se introducen en la piel de los animales vivos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

EU amenaza con restringir la importación de ganado mexicano por el gusano barrenador

El gusano barrenador puede infectar al ganado, la fauna silvestre y, en raras ocasiones, a las personas. Los gusanos de las moscas del gusano barrenador se introducen en la piel de los animales vivos, causando daños graves y, a menudo, mortales.

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, remitió este sábado una carta al Gobierno mexicano en la que advierte de que restringirán de nuevo las importaciones de productos animales de México si no se intensifica la lucha contra una plaga de cochliomyia hominivorax o gusano barrenador antes del próximo miércoles.

La propia Rollins publicó la misiva en su cuenta en X en la que reprocha a México que haya limitado a seis días a la semana los vuelos de fumigación contra la plaga y que haya impuesto "aranceles aduaneros onerosos" sobre las piezas necesarias para el mantenimiento de los aviones de la empresa responsable del tratamiento.

El gusano barrenador puede infectar al ganado, la fauna silvestre y, en raras ocasiones, a las personas. Los gusanos de las moscas del gusano barrenador se introducen en la piel de los animales vivos, causando daños graves y, a menudo, mortales.

Antes del descubrimiento del gusano barrenador, México era el mayor proveedor de ganado de Estados Unidos. En marzo Estados Unidos importó 24.000 cabezas de ganado de México, una cifra inferior a las 114.000 del mismo periodo del año anterior, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Estados Unidos bloqueó los envíos de ganado mexicano a finales de noviembre tras el descubrimiento de la plaga. Levantó la restricción en febrero tras la puesta en marcha de nuevos protocolos para evaluar la salud de los animales antes de su ingreso en el país.

La Secretaría de Salud de México ha emitido un aviso epidemiológico después de que el 17 de abril se confirmara el primer caso humano de miasis por gusano barrenador.

El primer caso es el de una mujer de 77 años de edad residente del municipio de Acacoyagua, en el estado de Chiapas (sur). Esta enfermedad fue un problema en México hasta 1991, cuando se declaró libre de la plaga a los estados de Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, pero en noviembre de 2024 se detectó un caso en un bovino de origen extranjero en Catazajá, Chiapas. Desde entonces se han detectado 869 casos en animales: 487 en Chiapas, 249 en Tabasco, 116 en Campeche, 13 en Quintana Roo y 4 en Yucatán.

Estas advertencias de Estados Unidos se producen en medio de la estrategia de negociación de aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, que ya ha elevado las tasas que tienen que pagar para entra en el país los productos de sus vecinos inmediatos, Canadá y México.

FUENTE: PROCESO/EUROPA PRESS.
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Pasta de Conchos: 19 años y de las entrañas del carbón siguen brotando los cuerpos

A 19 años de la tragedia, el carbón sigue entregando cuerpos. En las entrañas de Pasta de Conchos, los trabajos de rescate avanzan, aunque lentamente y a cuentagotas, pero no se detienen. En los últimos días, al menos otros dos mineros han sido localizados; uno de ellos fue recuperado el pasado domingo, con lo que la cifra de localizados subió a 15, según informaron familiares de mineros. Además, también se han localizado restos biológicos —los llaman “indicios”—, es decir fragmentos humanos de otros mineros que siguen atrapados.

En la región carbonífera de Coahuila, donde se ubica Pasta de Conchos y donde desde hace décadas se ha padecido la explotación impuesta por las empresas mineras, saben bien que el carbón siempre ha sido de los privados o del Estado, que la riqueza siempre ha sido para los dueños de las minas y que lo único que tienen de valor las familias es a sus mineros. Por eso su lucha frente a la tragedia siempre fue, ha sido y será por el rescate de los suyos. Porque al final de esta cadena larga y cruel, lo único que realmente les pertenece es su familiar.

A 19 años de la tragedia en la mina propiedad de Grupo México –del multimillonario Germán Larrea Mota Velasco–, el carbón sigue entregando cuerpos. En las entrañas de Pasta de Conchos, los trabajos de rescate avanzan, aunque lentamente y a cuentagotas, pero no se detienen. En los últimos días, al menos dos mineros fueron localizados; uno de ellos fue recuperado el pasado domingo, hace ya una semana. Además, también se han localizado restos biológicos –los llaman “indicios”–, es decir fragmentos humanos que se presume serían de otros mineros atrapados.

Martha Iglesias, familiar de uno de los mineros atrapados en Pasta de Conchos y quien ha dado seguimiento puntual y cercano a los trabajos, informó que desde la semana pasada han hallado más restos biológicos en el área conocida como Lumbrera Número Dos. Pero no sólo eso: en la zona de rampas se hallaron dos cuerpos, de los que uno ya fue rescatado y se está a la espera de que otro sea extraído por la Fiscalía General de la República (FGR). Con ello, la cifra de mineros localizados asciende al menos a 15, de los que 12 ya han sido identificados, detalló Martha Perla Iglesias López, hija de Guillermo Iglesias, uno de los 65 trabajadores atrapados tras el siniestro ocurrido el 19 de febrero de 2006, durante el sexenio de Vicente Fox Quesada.
“La semana pasada estuvieron recogiendo 'indicios', así le llaman. Ahora, en abril, en la Lumbrera Dos, sacaron restos de indicios. Pudimos ver ahí una camilla, pero igual no está todo completo. Ya han estado recuperando indicios en el trayecto de donde van haciendo los trabajos, y en la rampa sí detectaron dos cuerpos. El domingo sacaron un cuerpo completo, y está pendiente por rescatar el otro cuerpo. Y ahorita, en la Lumbrera Dos, siguen saliendo indicios pequeños pero los van notificando”, dijo Iglesias.
Las familias de Pasta de Conchos afectadas por el derrumbe de la mina sufrieron el desdén de tres hombres ocuparon la Presidencia de la República: el propio Vicente Fox (2000-2006) y sus sucesores Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012)y Enrique Peña Nieto (2012-2018). Ninguno llamó a los deudos a Los Pinos, ninguno incluyó la tragedia en sus discursos y ninguno mostró ánimo de querer dar un poco de alivio a la Región Carbonífera de Coahuila que sobrevive en duelo. Fue hasta que llegó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador que se prometió rescatar a los mineros.

Pasta de Conchos no sólo simboliza la tragedia de la minería del carbón, sino también muestra el resultado de las reformas –Laboral y Energética– y la desprotección en la que quedaron los trabajadores a través de éstas: las malas condiciones de seguridad, salud y prestaciones, entre otras.

Martha es hija de Guillermo Iglesias, uno de los 65 mineros atrapados en Pasta de Conchos. Ella tenía 32 años cuando ocurrió la tragedia. Espero y luchó por 19 años para recuperar a su padre, cuyos restos fueron localizados el 4 diciembre de 2024:
“Mi papá salió en la noche (4 de diciembre de 2024), como a las 9:30", cuenta. Sin embargo, hasta el 19 de enero no recibieron la notificación formal de que el cuerpo era efectivamente el de su padre. Fue el 6 de febrero cuando pudieron recibir los restos y darle una velación digna. “Fue una tremenda noticia, estaba muy segura de que papá saldría y sí, gracias a Dios salió", recuerda con emoción.
Hasta marzo del presente año, el Gobierno federal informaba que se han recuperado 13 cuerpos de la mina de Pasta de Conchos. De los 13 mineros exhumados, cinco ya han sido identificados y entregados a sus familias.

Martha Iglesias, por su parte, actualizó que, a la fecha, finales de este abril, ya se han identificado a 12 mineros y aún queda uno pendiente por identificar oficialmente. Incluso, según explicó la familiar, la próxima semana se hará la entrega oficial de los cuerpos. “Ahora en esta semana que viene, el 1 de mayo, creo, sería la entrega oficial de la de los 12, pero estaría pendiente uno”, dijo.

Pero el rescate no sólo ha tenido un significado humano, emocional y moral para las familias, sino también histórico y la oportunidad de completar el rompecabezas que les permite conocer la verdad.

Para las familias, el hecho de recuperar los cuerpos ha significado entender que en los sexenios de Fox y de Calderón les mintieron y que la mina no estaba caída, como se dijo inicialmente. Lo más grave, afirman, es que esta verdad confirma que nunca se debió haber cancelado el rescate.

Aunado a ello, otro dolor que se agrega para Martha es la incertidumbre de no saber si su padre murió al instante en el derrumbe o si sobrevivió durante algún tiempo, pues algunas de las familias están convencidas de que algunos pudieron haber sido rescatados con vida.
“Hubo una explosión, quizá dos, pero en ese momento la mina no estaba caída. Ahorita está caída porque han pasado muchos años, hubo inundaciones y, aparte, pues por el tiempo también ya hay derrumbes. [...] ¿Y qué quiere decir todo esto? Que en su momento quizás a lo mejor ellos pudieron estar vivos en la explosión y, pues, con el tiempo murieron también por acumulación de gas. Pero, ¿por qué no se hizo el rescate si la mina no estaba caída?”, insistió.
Cuando ocurrió la tragedia, el Gobierno mexicano de Vicente Fox encargó atender la emergencia a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que en ese momento estaba a cargo de Francisco Javier Salazar Sáenz. No pasaron ni siete días cuando anunció el fin del intento de rescate con vida de los trabajadores. Su dependencia dictaminó que la mina había sido destruida por un estallido de gas metano, asociado a la explotación carbonífera y que todos los mineros habían muerto en el primer minuto.

El reclamo central de Martha y de las familias afectadas es que si bien hubo explosiones en la mina, las condiciones no eran tan extremas como la empresa había alegado en su momento:
"La empresa dijo que hubo fuego a más de 900 grados, algo que no sucedió", destacó Martha e hizo la pregunta que desde aquel entonces las familias han hecho: "¿por qué no se realizó el rescate en su momento?".


Para Martha Iglesias no hay ni un ápice de duda que las decisiones de las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto contribuyeron a la falta de un rescate oportuno. Pero además en esta tragedia también hay un actor a quien las familias señalan contundemente de abonar a la negligencia y evitar el rescate a tiempo: al entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano, por no haber impulsado la recuperación de los mineros cuando hubo pruebas claras de que la mina carecía de medidas de seguridad adecuadas.

La familia de Martha no solo busca justicia para su padre, sino también para todos los mineros que perdieron la vida en Pasta de Conchos. "Nosotros siempre supimos lo que pasó ahí abajo", afirma.

Pasta de Conchos se encuentra en la llamada “zona carbonífera” conformada por los municipios de Múzquiz, y San Juan Sabinas, que agrupan las ciudades de Nueva Rosita, Palaú, La Agüita y La Florida, en Coahuila, al norte de México. Cinco horas por carretera las apartan de Saltillo, la capital de la entidad, y 135 kilómetros de la ciudad de Piedras Negras, frontera con Estados Unidos.

La tragedia ocurrió un domingo 19 de febrero de 2006. El último tramo del Gobierno de Vicente Fox y el primero del entonces Gobernador priista Humberto Moreira. El reloj marcaba cerca de las 02:10 horas cuando la acumulación de gases provocó una explosión en la mina ocho de la unidad Pasta de Conchos, propiedad de Industrial Minera México, S.A. de C.V. (IMMSA), de Grupo México. De 76 trabajadores que ahí se encontraban, 65 quedaron atrapados.

Sólo los cuerpos de los mineros Felipe de Jesús Torres Reyna y José Manuel Peña Saucedo fueron recuperados durante las primeras labores de rescate, mismas que se interrumpieron en el 2007. Fue el inicio de una historia de clamor, revictimización de los gobiernos panistas y lucha por el rescate que se ha extendido en al menos cuatro sexenios.

Al menos 11 carboneros que se encontraban en un nivel superior de la mina salieron “casi por su propio pie” con quemaduras de primero y segundo grado, así lo informó el entonces coordinador de seguridad de la empresa Minerales Monclova S.A, Gerardo Armando Díaz Cárdenas.

La mina contaba con una plantilla de 487 trabajadores en tres turnos: 45 empleados de confianza; 282 trabajadores sindicalizados y 160 trabajadores de la contratista General de Hulla. De las víctimas mortales, cuatro son empleados de confianza; 25, sindicalizados y 36, trabajadores de la contratista.

El siniestro dejó 160 huérfanos de padre, 65 familias destrozadas y 65 viudas. Vicente Fox Quesada, Presidente de la República y Humberto Moreira Valdés, Gobernador de Coahuila, pronto se deslindaron.

El viernes el 24 de febrero de 2006 y Xavier García de Quevedo, presidente de IMMSA y el Secretario de Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, anunciaron que no había condiciones de vida en la mina y declararon muertos a los trabajadores.

Un año después de la explosión, Grupo México suspendió el rescate bajo el argumento de que era riesgoso continuar porque el agua podría tener “Sida”:
“Explorar y rehabilitar esta área expone al personal de la mina a patógenos infecciosos, resultando como mínimo graves problemas gastrointestinales. no obstante, dependiendo de la salud de las víctimas, los trabajadores de rescate pueden estar expuestos a infecciones crónicas incluyendo hepatitis, VIH, patógenos entéricos y tuberculosis. esta exposición puede suponer severos riesgos para su salud, no solo al personal de la mina, sino a sus familias o, en último de los casos, a la comunidad entera”, señala el estudio “Una evaluación de las operaciones de recuperación en la mina pasta de conchos y resultado de los futuros esfuerzos de recuperación”, decreta uno de los dos peritajes pagados por la empresa, y entregados a las familias la noche del 4 de abril del 2007. Un miércoles santo.
El 4 de abril de 2006, la empresa Industrial Minera México, S.A de C.V. ordenó el cierre de la mina y el cese definitivo del rescate de cuerpos, argumentando que entre el 25 por ciento y 75 por ciento de la mina estaría inundada y que existía “contaminación bacteriológica que podría contagiar a los rescatistas, sus familiares y poblaciones enteras”, según un peritaje realizado por ellos mismos. El argumento fue por las supuestas altas concentraciones de gas metano.

Cuando Felipe Calderón Hinojosa asumió la Presidencia en diciembre de 2006, nombró a Javier Lozano Alarcón como Secretario de Trabajo. Lozano recibió a los deudos de Pasta de Conchos en su despacho y asumió como compromiso un peritaje para conocer las condiciones de la estructura de la mina y saber así si los restos de los mineros podrían ser recuperados. El peritaje se hizo, pero no condujo al rescate; al contrario, se aferró a la teoría de que no era posible.

En 2008, un grupo de viudas y familiares decidieron emprender un rescate independiente, acusando de abandono a la empresa y al gobierno. Sin embargo, días después, cuerpos policiacos del estado llegaron a detener el rescate.

Las familias son desalojadas de Pasta de Conchos de manera violenta por elementos policiacos enviados por el entonces Gobernador Humberto Moreira el 1 de agosto de 2009.

Acompañados por la defensora Cristina Auerbach Benavides, los familiares de las víctimas emprenden una lucha legal contra la minera y el Estado mexicano. Ha nacido la Organización “Familia Pasta de Conchos”.

En el año 2011, al menos 28 trabajadores fallecieron en minas de la región carbonífera durante el 2011, 9 personas más que en el 2010, -con 17 decesos-, y 20 más que en el 2009, -con 8 muertos- y 24 más que en el 2008, -que registró 4 muertos-.

En 2019, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció que retomarían los trabajos de excavación para recuperar los cuerpos de los mineros que quedaron sepultados en la mina.

De acuerdo con la planeación de rescate que la CFE presentó a las familias en 2020, se indicó que los trabajos comenzarían en septiembre del 2021, de tal manera que para febrero de 2022 ya se tendrían que estar conectando las rampas con las galerías antiguas.

La primera etapa —les indicaron a los familiares— duraría 14 meses; la segunda etapa, 20 meses, y de la tercera fase no dieron plazo, sin embargo, no especificaron cuándo iniciarían esos 14 meses de la primera etapa.

El 16 de febrero del 2022, el Gobierno federal inició las primeras obras, es decir, la construcción de las lumbreras, así como a la par, los túneles y rampas, operaciones para recuperar los cuerpos los mineros que murieron.

¿Y qué hay después del rescate?

Para las familias de Pasta de Conchos, y para Martha Iglesias en concreto, la entrega de los restos no basta. “¿Qué sigue? ¿Cuál es la justicia?”.

El siguiente paso debe de ser la búsqueda de justicia y la reparación del daño, y resarcir a la población. Martha destacó que si bien el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora la Presidenta Claudia Sheinbaum han mostrado compromiso con la recuperación de los cuerpos, las investigaciones sobre la negligencia del pasado siguen sin avanzar. "No sabemos qué se va a hacer con los responsables. La Fiscalía no ha hecho lo suficiente. Todo quedó ‘preinscrito’ y nadie ha seguido adelante con la investigación", señaló.

Martha explicó que, ante el rescate de su padre, su carpeta de investigación está activa, y busca saber con precisión cómo murió su padre. “Me dicen de qué murió, pero no el tiempo. Yo pienso que en algún momento estuvo vivo”, reveló.

Marthas también reprochó la manera en que se ha manejado el caso a nivel judicial, pues señaló que la Fiscalía General de la República ha cerrado el caso con "carpetazos" ,y critica la prescripción de las investigaciones, a pesar de las pruebas de negligencia. "Todo quedó preinscrito, y ahora el juicio, ¿qué vamos a perseguir?", dijo

La familia Iglesias espera que las investigaciones sigan su curso, sin importar el tiempo que haya pasado, y que el proceso judicial no se quede en el olvido: "Lo que quiero es justicia, que no prescriban las investigaciones", señaló.

Martha no solo espera justicia para los mineros de Pasta de Conchos, sino también para todo México, pues también pide que se realicen reformas en las leyes para evitar que tragedias como esta se repitan en el futuro. En particular, exige que las minas sean inspeccionadas de manera más rigurosa y que los responsables de las malas prácticas, tanto dentro de la empresa como en las autoridades, sean llamados a rendir cuentas.

Los familiares de los mineros atrapados siguen luchando por justicia, cuestionando el trato recibido por parte de las autoridades de otros sexenios, pero también demandando al actual un proceso de recuperación y restitución adecuado

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

SEMAR detiene a alias ‘Marquitos’, presunto líder de ‘Los Mayos’ en BCS

Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SPPC) Federal, informó que elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), detuvieron, el 25 de abril de 2025, a Marcos Iván ‘N’, alias “Marquitos”, presunto jefe de una célula de “Los Mayos” en Baja California Sur, junto con otras seis personas, por el asesinato de un elemento de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal del Estado, ocurrido el día 22 del mismo mes y año, en La Paz.

“El día de hoy en una acción encabezada por @SEMAR_mx, con información del Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de BCS y @PGJEBCS, y @SSPCMexico, fue desarticulado un grupo delictivo con operación en La Paz y en Los Cabos, se detuvo a 7 personas y se aseguró armamento, cartuchos, automóviles y droga. Los detenidos son responsables de privar de la vida en días pasados a un elemento de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal del Estado de BCS”, escribió el funcionario federal, en su cuenta de la red social X.

“Entre ellos está Marcos Iván “N” alias “Marquitos” jefe de una célula delictiva generadora de violencia de la facción ‘Los Mayos’ del ‘Cártel del Pacífico’. Agradecemos el apoyo de [Fiscalía General de la República] @FGRMexico para esta operación”, finalizó García Harfuch.

“Los Mayos” son una fracción del Cártel de Sinaloa ligada al capo sinaloense Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”, de 76 años de edad, quien se encuentra preso en el Centro Correccional Metropolitano, en Nueva York (MCC New York, por sus siglas en inglés).

La víctima de alias “Marquitos” era Ulises Omar Cota Montaño, comandante de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, de 49 años de edad, quien, según lo reportaron medios locales, se encontraba fuera de servicio,cuando fue interceptado por hombres armados al llegar a su domicilio particular, ubicado en el fraccionamiento Camino Real.

El comandante asesinado era sobrino de Leonel Efraín Cota Montaño, quien, del 30 de abril de 1996, al 29 de abril de 1999, fungió como presidente municipal de La Paz. También fue gobernador de Baja California Sur, del 5 de abril de 1999 al 4 de abril de 2005. Después, del 22 de abril del 2005, al 21 de abril del 2008, ocupó el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Al inicio del Gobierno del presidente López Obrador, fue designado como titular de la Subsecretaría de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de Paz, en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Luego fungió como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Asimismo, se desempeñó como director general de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), desde el 19 de abril de 2022, hasta el 26 de marzo de 2024.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Asesinato de madre buscadora en Jalisco marca el cierre de nueva ronda de diálogos con la Secretaría de Gobernación

Este jueves una madre buscadora más fue asesinada en México. El mismo día concluyó una nueva ronda de reuniones entre colectivos y la Secretaría de Gobernación con una expectativa más alta de que, esta vez, las promesas de las autoridades no se queden solo en palabras.

Después de tres días de reuniones con la Secretaría de Gobernación esta semana, para el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) la expectativa es ahora más alta, pues se estableció el compromiso de mesas de seguimiento sobre puntos en específico en los que es necesario profundizar, como la interconectividad de plataformas y bases de datos que ya existen. Esto ocurre en un contexto marcado por el asesinato de la madre buscadora María del Carmen Morales en Jalisco.

Mientras el asesinato de la madre buscadora elevó a 30 la cifra de asesinadas o desaparecidas desde 2010, a los colectivos que asistieron a las reuniones de esta semana les prometieron que sus propuestas serán retomadas en la iniciativa de ley que fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado para reformar la Ley General en materia de desaparición. El 3 de junio se fijó la fecha para la reunión de seguimiento a los planteamientos realizados.  

“Creemos que fue un buen ejercicio que, como todos, obviamente puede mejorarse, pero que confiamos en que el diálogo seguirá fluyendo y sobre todo, que tenga impacto, porque ser solo escucha y decirnos ‘gracias por participar’ no es algo que estemos buscando absolutamente nadie, sino que logre tener una incidencia y cambie para bien las leyes y mecanismos que necesitamos”, señala en entrevista posterior Grace Fernández, del MNDM.

Una de las exigencias que más remarcaron los colectivos es que las bases de datos y sistemas que ya existen permitan que la información se comparta entre instituciones. De lo contrario, de nada sirve que existan bancos de datos forenses o muestras de ADN. Otra de las preocupaciones es que, además, no todo le corresponde a la Federación, sino que hay responsabilidades directas de los estados. 

“¿Qué va a hacer la Federación para incentivar, motivar, a los estados a que empiecen a trabajar esto con una perspectiva de todo el Estado mexicano haciendo que la estructura se mueva para buscar a las personas desaparecidas e identificar a las personas fallecidas?”, cuestiona.

Madres buscadoras expresan a Gobernación su preocupación sobre propuesta de plataforma nacional de datos biométricos

Al igual que otros colectivos lo hicieron cuando las reformas se dieron a conocer y durante las primeras reuniones con la Secretaría de Gobernación, Fernández enfatiza que expresaron su preocupación en torno a la intención de crear una plataforma nacional de datos biométricos. Desde su punto de vista, esta podría llegar a ser útil para la identificación plena de las personas, pero no es una herramienta idónea para mejorar la búsqueda de las personas. 

Se trataría de planificar una herramienta que quizá sirva, en todo caso, para desapariciones a futuro –pensando en las personas que nazcan después de que esté constituida–, que va a costar mucho dinero, tiempo, mano de obra y mentes que pudieran destinarse mejor a fortalecer y crear bases de datos que servirían hoy para la búsqueda en vida y forense.


“Creo que ese punto quedó claro, no tenemos claridad de qué vaya a pasar, pero al menos las plataformas sí nos pronunciamos en el sentido de que hay otras herramientas que se pueden privilegiar y favorecer en cuanto a la aplicación de todo tipo de recursos”, añadió.

Animal Político ha publicado que una de ellas es, por ejemplo, el Banco Nacional de Datos Forenses, sobre el que la Fiscalía General de la República eludió su responsabilidad durante años. Pese a que en recientes declaraciones el titular de la dependencia, Alejandro Gertz Manero, señaló que desde 2023 está en marcha, organizaciones han señalado que no cuenta con la información necesaria.

Para el Movimiento, los mínimos que esperan sean atendidos en la reunión de seguimiento para saber que existe una verdadera intención de acción y diálogo son retomar las propuestas de los colectivos en la propuesta de reforma de la presidenta y continuar con un proceso de parlamento abierto en la Cámara de Senadores. Serán las acciones las que hablarán por sí mismas, y ésas empiezan por el proceso legislativo de la reforma, añade.

La seguridad, en el centro de las exigencias de madres buscadoras a Gobernación

En el último día de las mesas de diálogo de esta semana, realizadas el martes, miércoles y jueves, el salón de Expo Reforma, donde se encontraban representantes de diversos colectivos y autoridades, guardó un minuto de silencio en memoria de la madre buscadora María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez, asesinados la madrugada de este jueves en Jalisco.

María Guadalupe Aguilar, de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, quien busca a su hijo José Luis Arana, desaparecido en 2011 cuando tenía 34 años, compartió que es necesario trabajar por un México donde nadie tenga que sufrir la desaparición de un ser querido y dejen de asesinar a las madres buscadoras.

“Donde no sea normal no volver a casa, donde no se tenga que seguir buscando a nuestros hijos entre tierra, entre los huesos, entre perros, donde no nos asesinen por buscarles”, pidió.


Al recordar el momento de silencio, Fernández describe en entrevista que desde el primer día –el martes– se llevó a cabo una mesa de búsqueda y seguridad, donde se hizo énfasis en el riesgo que se corre no solo durante la búsqueda, sino antes y después. “El pensar que la buscadora al estar en la fila de las tortillas la mataron por casualidad, es como pensar que vivimos en Suiza”, reclama.

Por lo tanto, deberían investigarse los asesinatos de personas buscadoras desde la perspectiva de su labor, pues no se trata solo de familias y víctimas, sino de defensoras y agentes de investigación que proporcionan información y señalan a perpetradores, entre los que están autoridades y grupos criminales, lo que aumenta el riesgo. De acuerdo con la organización Artículo 19, 30 personas buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas desde 2010 en México.

“Desafortunadamente, el día de ayer también amanecíamos con la noticia de que una compañera fallecía por enfermedad, y que una búsqueda que se había pedido con dos meses de anticipación en Zacatecas, las familias habían tenido que salir bajo su propio riesgo porque les dijeron que no había recursos para movilizar a Guardia Nacional o a Sedena, y las compañeras denunciaron con gran temor que tenían que salir para buscar y verificar que en el predio que señalaron había restos humanos, y el día de hoy llegamos con la terrible noticia del asesinato de la compañera de Jalisco”, apunta.

Compromisos de Gobernación ante madres buscadoras tras diálogos

En las conclusiones de la reunión, a las que llegaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez –quien, habitualmente, no se queda todo el tiempo–, y la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, las autoridades se comprometieron a echar a andar una capacitación constante para que no exista revictimización, así como contar con personal técnico y especializado, además de una mesa de análisis de resultados donde se evite la corrupción e impunidad.

Aunque a juicio de Fernández lo que faltó en las reuniones fue tiempo, en estas se señaló –más sutilmente que en otras donde se pidió directamente la remoción de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda– que las instituciones pueden fortalecerse a partir de liderazgos que estén legitimados por procesos amplios, transparentes, participativos y mediante perfiles idóneos que trabajen con indicadores de evaluación. 

María, perteneciente a uno de los colectivos de búsqueda, expresó al término de la reunión de este jueves que habría sido importante contar con la presencia de la secretaria de Gobernación en todas las mesas, y no solo al inicio y en las conclusiones: “Yo espero que no nada más sea una simulación de que sí se va a trabajar. Espero que de verdad sí se trabaje para poder encontrar a nuestros desaparecidos”. 

En el contexto del asesinato de la madre buscadora de Jalisco el mismo día del cierre de las mesas de diálogo, María dijo sentirse más vulnerable: “Si a ella le pasó, nos puede pasar a otros”.

“Dónde están, dónde están, nuestros hijos dónde están”, gritaron los colectivos al cierre de las mesas de diálogo, mientras que el gobierno acordó dar continuidad a las reuniones de trabajo.

Una integrante de otro colectivo de búsqueda, que busca a su hijo en Zacatecas con una denuncia en Jalisco y pidió que se resguardara su anonimato, deseó que estas mesas de diálogo no se queden solo en palabras: “No queremos lo del doble discurso de que aquí en las mesas las autoridades estén diciendo que sí, que sí trabajamos, que sí les vamos a apoyar, que sí les vamos a ayudar, y que en campo o ya en la práctica no se haga nada, porque sí hemos tenido ese problema”.

Explicó que el ministerio público de Jalisco no ha querido transferir el caso a Zacatecas, por lo que apenas está en ese proceso tras dos años de denuncia. Decidió asistir a las mesas representando a los colectivos de Zacatecas porque las autoridades no le han dado ni información ni resultados.

Como muchas, recordó, cuando empezó en la lucha de la desaparición y la búsqueda no sabía a quién acudir, o cómo y qué hacer, por lo que su único apoyo han sido los colectivos. 

“Al estar aquí y estar aprendiendo de todo esto, también ya les vas informando a las demás compañeras que se van sumando, que es una tristeza que cada vez son más”, lamentó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA, SILVANA FLORES.

Muere activista que sufrió atentado en Acapulco y tras pasar 8 días hospitalizado

Desde 2021, Marco Suástegui buscaba a su hermano desaparecido Vicente, y desde hace años defendía tierras campesinas amenazadas por un proyecto hidroeléctrico.

El activista y buscador, Marco Antonio Suástegui Muñoz, falleció este viernes a consecuencia de las heridas que sufrió en un atentado con arma de fuego el pasado 18 de abril en la playa Icacos, tras ocho días de luchar por su vida en un hospital de Acapulco.

Organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, así como colectivos locales confirmaron su deceso y reclamaron a las autoridades una investigación exhaustiva y sanción a los responsables.

“Después de que Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder histórico del CECOP, fuera agredido por un pistolero cuando salía de la playa Icacos, hoy lamentablemente nos llegó la noticia de que perdió la vida”, informó el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

Suástegui Muñoz era vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) y también era líder de la Asociación Turisteros Unidos en Defensa y Rescate de la Playa Icacos, donde fue agredido a balazos.

Defendía desde hace años los territorios de 24 comunidades campesinas amenazadas por un proyecto hidroeléctrico de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE). También buscaba a su hermano Vicente desde 2021.

La noche del 18 de abril, un agresor abrió fuego contra Suástegui Muñoz cuando salía de la playa Icacos.

Recibió tres impactos de bala en el abdomen y diversos órganos, lo que obligó a someterlo a dos intervenciones quirúrgicas en un hospital privado de Acapulco, uno de los principales turísticos mexicanos.

Organizaciones y autoridades se pronuncian

“Amnistía Internacional condena el asesinato del defensor y buscador Marco Antonio Suástegui Muñoz. Marco buscaba a su hermano Vicente desde 2021”, indicó la organización en un comunicado.

También exigió a la Fiscalía estatal de Guerrero una investigación eficaz considerando su labor, al tiempo que pidió mecanismos de protección a su familia.

Además un grupo de organizaciones, entre ellas, el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, culturales y Ambientales, la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, admitieron que esta noticia “nos llena de dolor e indignación”.

Las organizaciones admitieron que les preocupa profundamente el clima de inseguridad en Acapulco, Guerrero, México y la situación de desprotección en que se encuentran quienes defienden la tierra, el agua y la vida, añadieron los colectivos, como el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, entre otras.

Entre las autoridades mexicanas, Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, indicó que es fundamental que las autoridades no descarten ninguna línea de investigación.

Por su parte, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, expresó su solidaridad con la familia de Suástegui, al que reconoció como “líder social y compañeros de nuestro movimiento en Guerrero, quien a pesar de los esfuerzos médicos y la atención brindada, esta tarde falleció en Acapulco”.

“Expreso mi más sentido pésame y mi acompañamiento en estos momentos”, concluyó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

CNDH emite medidas cautelares para Guerreros Buscadores de Jalisco tras asesinato de integrante

En el comunicado, la CNDH contó que ya había solicitado medidas cautelares para los integrantes del colectivo, luego de que sufriera amenazas “la dirigente de Guerreros Buscadores de Jalisco, quien recientemente fue víctima de un atentado mientras circulaba en compañía de sus hijos”.

Tras el asesinato de la integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco, María del Carmen Morales, y de su hijo Jaime Daniel Ramírez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares para los miembros del colectivo y alertó sobre “la preocupante situación de riesgo” que enfrenan los miembros de los colectivos de personas desaparecidas. 

En un comunicado, el organismo lamentó las muertes y sostuvo que los hechos constituyen una “subsistencia de agresiones y atentados” contra miembros del Guerreros Buscadores, por lo que exigió la intervención de autoridades estatales y federales, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, “a fin de salvaguardar la integridad de la familia de las víctimas y de los integrantes del colectivo”.

La CNDH reconoció que los integrantes del colectivo, que dio a conocer hallazgos de restos humanos calcinados en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, “con motivo de su lucha de acceso a la justicia y a la verdad, continúan siendo objeto de agresiones que los colocan en una grave situación de riesgo”.   

El organismo hizo un “llamado urgente a las autoridades investigadoras y persecutoras del delito a fin de que esclarezcan con celeridad este lamentable homicidio, así como las agresión y atentados que han sufrido otras personas integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco”.  

En el comunicado, la CNDH contó que ya había solicitado medidas cautelares para los integrantes del colectivo, luego de que sufriera amenazas “la dirigente de Guerreros Buscadores de Jalisco, quien recientemente fue víctima de un atentado mientras circulaba en compañía de sus hijos”. 

Sin mencionar el nombre de la dirigente amenazada, el organismo agregó que esa persona fue “interceptada por un sujeto que le exigió que saliera del estado de Jalisco bajo amenazas de un grupo de delincuencia organizada”, por lo que la CNDH “solicitó a las autoridades competentes acciones urgentes para salvaguardar la vida, integridad y seguridad personal de la defensora y de su familia”.  

El organismo aseguró que mantenía contacto con los integrantes del colectivo para ofrecerles su “apoyo y acompañamiento en el marco de todas nuestras competencias, recursos y facultades”.  

Por lo pronto, a través del Programa de Personas Desaparecidas (Perdes) y del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, se dará seguimiento “a la implementación de las medidas cautelares solicitadas al desarrollo de las investigaciones que se realicen para el esclarecimiento de los hechos para que haya justicia”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Asesinan a integrante de Guerreros Buscadores, colectivo que descubrió el Rancho Izaguirre

Amnistía Internacional condenó el asesinato de María del Carmen Morales y de su hijo Daniel, madre y hermano de Ernesto Julián, desaparecido el 24 de febrero de 2024 en Jalisco.

Ante el feminicidio de María del Carmen Morales, integrante de Guerreros Buscadores y el homicidio de su hijo, Jaime Ramírez Morales, hechos ocurridos la madrugada de este jueves 24, colectivos de personas desaparecidas y organizaciones civiles, exigieron el esclarecimiento de las muertes, así como garantías para las personas buscadoras. 

Los asesinatos ocurren a casi dos meses de que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco diera a conocer indicios de la existencia de un centro de exterminio en el municipio de Teuchitlán; de la negación del gobierno federal de que el lugar fuera utilizado con fines de exterminio, así como de las amenazas contra las personas buscadoras por parte de presuntos integrantes del crimen organizado, a través de un video publicado en redes sociales.

A través de un comunicado, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), organización que acompaña a decenas de familias de personas desaparecidas en la ciudad fronteriza, alertó que “el asesinato cruel” de la madre buscadora y de su hijo, “representa un grave mensaje de represalia para otros colectivos del país cuyos familiares no cuentan con esquemas de protección para su seguridad personal por parte del gobierno federal y de los gobiernos estatales”. 

El presidente del CDHNL, Raymundo Ramos Vázquez acusó a las autoridades de “no hacer nada” para prevenir el doble homicidio, si no que por el contrario se “lanzaron campañas de criminalización mediante redes sociales y medios afines al gobierno intentando minimizar lo ocurrido en el rancho criminal”. 

La organización civil anunció “la suspensión de actividades de búsqueda de campo y de reuniones con el gobierno federal en tanto se ofrezcan medidas de protección a integrantes de colectivos de Nuevo Laredo”, que buscan a sus familiares víctimas de desaparición forzada atribuida a miembros de la Secretaría de Marina, casos ocurridos entre febrero y mayo de 2018.

La organización explicó que familiares de víctimas de integrantes de la Marina, conocido como “Caso Tamaulipas”, estaban citadas por agentes del Ministerio Público el próximo martes 29 de abril en las oficinas centrales de la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF) para revisar carpetas de investigación, pero las autoridades  “no les han proporcionado ningún esquema de protección para su traslado desde la frontera de Nuevo Laredo, por lo que acordaron posponer dicho evento”. 

En su cuenta de X, Amnistía Internacional exigió al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, “medidas de protección para las familias buscadoras”. 

La organización condenó el asesinato de María del Carmen Morales y de su hijo Daniel, madre y hermano de Ernesto Julián, desaparecido el 24 de febrero de 2024 en Tlajomulco, Jalisco, y exigió a la fiscalía estatal una “investigación urgente”. 

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), organización con sede en Guadalajara, señaló en su cuenta de X que “las autoridades han fallado para garantizar la protección a personas buscadoras”, quienes “tienen derecho a buscar sin temor a agresiones y amenazas en su contra”. 

Cepad demando “acciones inmediatas y efectivas para que la búsqueda de personas desaparecidas se de en condiciones de seguridad y no siga costando las vidas”.  

La organización pidió al gobierno de Jalisco que “brinde todos los apoyos necesarios” a los familiares de María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez, y exigió a la fiscalía estatal “realice una investigación seria, exhaustiva, independiente, considerando la labor de búsqueda” que ejercía Morales “como una principal línea de investigación”. 

En tanto, al cierre de la quinta jornada de diálogos entre la Secretaría de Gobernación y colectivos de familiares de desaparecidos, la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez condenó “enérgicamente” los asesinatos de María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel. 

Al solicitar un minuto de silencio a los asistentes al encuentro, la funcionaria expresó su “más profundo pesar” por las muertes y se comprometió “con la justicia y la lucha contra la impunidad no sólo en este caso, sino en todos aquellos que lastiman a las familias y a la sociedad”.

A representantes de los medios de comunicación Rodríguez dijo que estaría pendiente de la investigación y que se dará protección a la familia de María del Carmen Morales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Discusión de reforma a la Ley de Telecomunicaciones es aplazada tras llamado de CSP

El Senado de la República aplazó este viernes la discusión y votación a la Ley Federal de Telecomunicaciones, con el fin de consultar a representantes del sector y expertos para mejorar su redacción.

El Senado de la República aplazó este viernes la discusión del dictamen de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, con el propósito de abrir una nueva consulta con representantes del sector, expertos y el propio Gobierno, a fin de mejorar su redacción y destacar que la Cuarta Transformación "no censura a nadie".

Guadalupe Chavira de la Rosa, Secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, fue la encargada de informar sobre el aplazamiento de la discusión de esta reforma enviada al Congreso por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La iniciativa estaba prevista para ser discutida el lunes 28 de abril en el Pleno del Senado, previo al cierre del periodo ordinario de sesiones; sin embargo, tras la primera lectura que se le dio la tarde de ayer, se decidió abrir un periodo de consultas para pulir la iniciativa sobre inquietudes respecto a su contenido.

Entre dichas inquietudes destaca una relativa a los cambios que se harían al artículo 109 de la Ley, el cual establecería que las autoridades mexicanas podrán bloquear de forma temporal una plataforma digital por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en la Ley. Este motivo fue calificado como censura por parte de la oposición.


Ante las críticas, Chavira de la Rosa expuso que se va a revisar la iniciativa para afinar su redacción, y lamentó que el contenido del dictamen "haya sido distorsionado por las mentiras de la derecha".

"Quieren desviar la atención de fondo de esta iniciativa, que lo que busca es proteger los derechos de las audiencias y llevar la conectividad a los lugares más remotos del país que han sido marginados de la tecnología y la digitalización", afirmó.

Asimismo, la legisladora dio a conocer que, pese a la revisión de los artículos polémicos, "no habrá marcha atrás" en que el Estado recupere la rectoría sobre las telecomunicaciones y se regulen spots extranjeros.

“Se trata de una gran iniciativa, que amplía los derechos de las audiencias, contiene un abanico claro de regulaciones y sanciones, lleva la digitalización a las zonas más pobres del país, dota de facultades claras a la Agencia de Transformación Digital para asumir las tareas que realizaba el Instituto Federal de Telecomunicaciones y obliga a vigilar el contenido de la propaganda contratada por el extranjero, como pasa en todo mundo hasta en los Estados Unidos”, manifestó.


El documento, que derivó de una iniciativa enviada a la Cámara de Senadores por parte de la titular del Ejecutivo federal, establece las facultades de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Con ello, la agencia emitirá los criterios técnicos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, así como el programa nacional de espectro radioeléctrico que tendrá por objeto promover el aprovechamiento de este recurso.

Dicha iniciativa también prohíbe de manera expresa la transmisión de publicidad, propaganda o cualquier información de gobiernos extranjeros, distinta de aquella que tenga fines culturales o turísticos.

De igual forma, con la finalidad de evitar la transmisión de publicidad engañosa, sin afectar la libertad de expresión y de difusión, prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Bertha Alcalde confirma presencia de somnífero en una agresión al interior del Metro

La titular de la FGJ-CdMx aseguró que en ninguno de los casos existe evidencia de que los "pinchazos" con aguja tengan por objeto adormecer a las víctimas para cometer un secuestro o de alguna agresión sexual.

Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) dio a conocer este viernes que, de las nueve denuncias presentadas por "pinchazos" en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en una se determinó que se usó un somnífero.

En conferencia de prensa encabezada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, Alcalde habló sobre los reportes de "pinchazos" que han sufrido varias mujeres al interior de las instalaciones del Metro, mismos que han sido atendidos, además de que las víctimas fueron sometidas a revisión médica, tras lo cual se detectó la presencia de un somnífero en uno de los casos.
“En los casos que hemos analizado, únicamente en uno de ellos hemos logrado identificar una sustancia que pudiera generar somnolencia, que es parte de los síntomas que dicen referir. [...] Hacemos un llamado a las personas usuarias del Metro para que, si se sienten mal o identifican alguna situación de riesgo, bajen la palanca de emergencia y se acerquen a la autoridad”, pidió la Fiscal.
Por su parte, Brugada Molina hizo un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación para actuar con responsabilidad frente a la situación y evitar generar un ambiente de miedo.
Alcalde aseguró que en ninguno de los casos existe evidencia de que los "pinchazos" con aguja tengan por objeto adormecer a las víctimas para cometer un secuestro o alguna agresión sexual. La Fiscal indicó que estas denuncias se atienden a través de un Protocolo de Atención Inmediata, en coordinación con el STC Metro, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CdMx) y la Secretaría de Salud (SSa).
“Es muy importante que las personas que vivan una situación así jalen la palanca de emergencia si están en un vagón, o que se acerquen a una autoridad si se sienten mal, cualquiera que sea la causa”, aseguró.
En ese sentido, se desplegó personal de la FGJ-CdMx en algunas estaciones del Metro para recibir denuncias de manera inmediata y, de darse el caso, incluso canalizar a las personas afectadas al hospital de toxicología para la toma de muestras.

De acuerdo con las autoridades, las denuncias fueron presentadas entre el 14 de marzo y el 19 de abril del 2025, periodo en el que siete mujeres y dos hombres, de entre 16 y 44 años de edad, manifestaron haber sido "picados" dentro de las instalaciones del transporte público de la capital.

¿Qué hacer en caso de ser pinchado en el STC?

El Sistema de Transporte Colectivo informó que cuenta con un protocolo de atención en caso de riesgo durante el traslado. Si una persona dentro de un vagón observa algo inusual o siente un pinchazo o pellizco en la piel, se recomienda:
  • Jalar la palanca de emergencia.
  • Acercarse al personal de seguridad o del Metro o Metrobús para solicitar ayuda
También se puede llamar de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, al centro de atención telefónica en los siguientes números: 55 5627 4861, 555627 4588, 55 5627 4950, 55 5627 4951, 55 5627 4741; o enviar un mensaje por WhatsApp en horario de servicio del Metro, a los números: 55 4321 4031, 55 4323 5284, 55 4607 1441, 55 4608 4617, 55 5009 1930.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.