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Exigen cese a criminalización contra defensores ayuujk y binnizá que se oponen al Corredor Interoceánico

Organizaciones de derechos humanos protestaron en el Museo Nacional de Antropología para exigir el cese a la criminalización contra 24 defensores del territorio binnizá y ayuujk, que se oponen a las obras de ampliación del ferrocarril del Corredor Interoceánico en las comunidades de Mogoñé Viejo y de Rincón Viejo, en Oaxaca.

Los colectivos y organizaciones que integran la Misión Civil de Observación del Istmo denunciaron en la protesta que los defensores «enfrentan procesos judiciales injustos que buscan silenciar su resistencia» y que la criminalización incluso alcanzó a personas de la población de Donají, en el municipio de Matías Romero, que han sido demandados penalmente por el Jurídico de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

De acuerdo con las organizaciones, entre ellas Artículo 19 y Consorcio Oaxaca, actualmente permanecen abiertas tres carpetas de investigación en contra de 24 personas Ayuujk y Binnizá, entre ellas tres integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (Ucizoni). En el caso de la comunidad de Mogoñé Viejo, 16 mujeres y hombres indígenas «están siendo acusadas del delito de ataques a las vías de comunicación» por instalar el plantón permanente Campamento «Tierra y Libertad», desalojado con violencia por elementos de la Marina el 28 de abril de 2023. Por su parte, en Rincón Viejo ocho personas enfrentan procesos penales por el delito de invasión de derechos de vía, acusación que se presenta «como una represalia a su negativa de desalojar sus viviendas, tras oponerse a aceptar un pago único que no compensa de manera justa el valor de su patrimonio y herencia».

«Contrario a lo que han declarado funcionarios del gobierno del estado de Oaxaca, hasta la fecha no se ha establecido una mesa de diálogo que atienda de manera adecuada la criminalización y las demandas de las comunidades afectadas por las obras relacionadas con el Corredor Interoceánico», señaló la Misión de Observación. Además, recordó que ninguna de las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), orientadas a mitigar los impactos ambientales del megaproyecto, han sido acatadas por el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y las empresas involucradas en las diferentes obras.

Frente al «clima de hostigamiento e intimidación», las organizaciones exigieron a la Secretaría de Gobernación establecer una mesa de diálogo e intervenir para detener la criminalización que enfrentan los 24 defensores, así como demandaron al Corredor Interoceánico y a la SICT que desistan de las acciones penales.

COMUNICADO:

Este 22 de abril de 2025, en el marco del Día internacional de la Madre Tierra, organizaciones y asociaciones nacionales e internacionales que integran la Misión Civil de Observación del Istmo se manifestaron en Conferencia de Prensa frente al Museo Nacional de Antropología, en la Ciudad de México, para denunciar la persistente criminalización en contra de 24 personas indígenas Ayuujk y Binizaa, originarias de las comunidades de Mogoñé Viejo del municipio de San Juan Guichicovi y de Rincón Viejo, Petapa. Ambas comunidades han sido afectadas por las obras de ampliación del ferrocarril del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, impuestas sin su consentimiento. Ante la falta de atención a sus demandas, han ejercido acciones legítimas de defensa de sus territorios y proyectos de vida, por lo cual hoy enfrentan procesos judiciales injustos que buscan silenciar su resistencia. 

Entre las personas denunciadas, se encuentran tres integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (UCIZONI): Juana Ines Ramírez Villegas, José Alberto Cayetano Matus y Andrés Perez Hernandez, reconocidas por su labor como personas defensoras del territorio y beneficiarias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Su legítima labor de acompañamiento a las comunidades arriba mencionadas ha sido la razón por la cual hoy enfrentan criminalización a través de procesos judiciales. Esta situación refleja el clima de hostigamiento e intimidación que enfrentan las personas defensoras del territorio, en contravención del artículo 9 del Acuerdo de Escazú (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe), que establece la obligación de los Estados de garantizar condiciones adecuadas para la defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales. 

La Misión Civil de Observación surgió en 2022 como respuesta a las agresiones contra pueblos indígenas, personas y comunidades defensoras de la tierra y el territorio frente a la imposición del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. En el informe publicado por las organizaciones en junio de 2024, se resalta la gravedad de las múltiples agresiones registradas, perpetradas en su mayoría por actores gubernamentales de los diferentes niveles. Entre ellas, resulta especialmente alarmante el uso del poder punitivo del Estado a través de la apertura de carpetas de investigación en contra de al menos 55 personas defensoras de los territorios en la región del Istmo. 

Actualmente, permanecen abiertas tres carpetas en contra de 24 personas indígenas Ayuujk y Binizaa (OAX/000294/2023; OAX/000201/2023 y OAX/000574/2024). En el caso de la comunidad de Mogoñé Viejo, municipio San Juan Guichicovi, 16 mujeres y hombres indígenas están siendo acusadas del delito de ataques a las vías de comunicación. Desde 2019, esta comunidad inició una lucha por la defensa de su territorio, estableciendo el plantón permanente Campamento “Tierra y Libertad”, una manifestación pacífica que duró 62 días y fue objeto de hostigamiento y ataques por parte de la Secretaría de la Marina (SEMAR), la policía estatal y civiles encapuchados. El 28 de abril de 2023, el campamento fue desalojado violentamente con 6 personas detenidas. Por su parte, 8 personas de Rincón Viejo, municipio Petapa, enfrentan procesos penales por el delito de invasión de Derechos de Vía. Esta acusación se presenta como una represalia a su negativa de desalojar sus viviendas, tras oponerse a aceptar un pago único que no compensa de manera justa el valor de su patrimonio y herencia.

Contrario a lo que han declarado funcionarios del gobierno del estado de Oaxaca, hasta la fecha no se ha establecido una mesa de diálogo que atienda de manera adecuada la criminalización y las demandas de las comunidades afectadas por las obras relacionadas con el Corredor Interoceánico. Las comunidades y organizaciones señalan que ninguna de las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), orientadas a mitigar los impactos ambientales del Corredor Interoceánico, han sido acatadas por el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y las empresas que han estado involucradas en las diferentes obras. Las organizaciones denunciaron también que la criminalización alcanza ahora a personas la población de Donají, del municipio de Matías Romero, ya que también han sido demandados penalmente por el Jurídico de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Ante la gravedad de esta situación, las organizaciones nacionales e internacionales que suscribimos este boletín reiteramos nuestra preocupación por las repetitivas violaciones a los derechos  humanos y colectivos de las comunidades del Istmo de Tehuantepec en el contexto de la implementación del megaproyecto Corredor Interoceánico. Exigimos la urgente y necesaria intervención de las autoridades con el fin de evitar que habitantes indígenas del Istmo de Tehuantepec sean criminalizados por defender sus terrenos y viviendas. 

Específicamente, hacemos un enérgico llamado:
  • A la Secretaría de Gobernación establecer una mesa de diálogo e intervenir para detener la criminalización que enfrentan las 24 personas indígenas de las comunidades de Mogoñe Viejo y Rincón Viejo, incluyendo las tres personas integrantes de UCIZONI.
  • Al CIIT y a la SICT para que se desistan de las acciones penales en contra de los tres integrantes de UCIZONI, reconocidos defensores de los derechos humanos de los pueblos originarios del Istmo de Tehuantepec, y de los 21 indígenas imputados penalmente por defender su patrimonio.
  • Al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que actualicen y refuercen de manera urgente las medidas de protección otorgadas a quienes forman parte de la UCIZONI. Asimismo, que garantice la implementación de medidas urgentes y adecuadas para todas las personas defensoras que enfrentan criminalización en el Istmo de Tehuantepec.
Organizaciones firmantes:

Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI)
ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica
Territorios Diversos para la Vida A.C. (TerraVida)
Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA
Brigada Humanitaria de Paz Marabunta
Brigada Humanitaria de Paz Marabunta Oaxaca
Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C.
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C.
Corriente del Pueblo Sol Rojo
Proceso de Articulación de la Sierra Santa Marta
Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas, todes y todos (Red TDT)
Grupo de Trabajo «Fronteras, regionalización y globalización» del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante, A.C. (PRECADEM)
Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento (TICPM)
Voces del Territorio A.C.
Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International-IPRI en México
Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de a Tierra y el Territorio (APIIDTT)
Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas
Brigadas Internacionales de Paz (PBI)
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.
Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena/ Concejo Indígena de Gobierno

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Un bebé murió de tos ferina en Oaxaca; suman 26 casos en la entidad

A nivel nacional, la Secretaría de Salud ha confirmado 696 casos de la enfermedad y 37 defunciones, una de ellas en Oaxaca

El secretario de Salud de Oaxaca (SSO), Efrén Emmanuel Jarquín González, confirmó la muerte de un bebé de menos de un año a causa de tos ferina ocurrida el 22 de enero de 2025. 

Además, informó que al corte de la semana epidemiológica número 15, se han registrado otros 26 casos de tos ferina en la entidad.

Detalló que, a nivel nacional, la Secretaría de Salud ha confirmado 696 casos de la enfermedad y 37 defunciones, una de ellas en Oaxaca, la ocurrida el 22 de enero de un bebé originario de Santiago Apóstol. 

Ante este escenario, el secretario de Salud de Oaxaca exhortó a madres y padres de familia, así como a personas cuidadoras, revisar las cartillas de vacunación de niñas y niños para completar sus esquemas al acudir a su centro de salud más cercano, a fin de protegerlos de esta bacteria. 

Precisó que los Servicios de Salud cuentan con abasto suficiente de biológicos necesarios para proteger a la población infantil, principalmente: la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, Haemophilus influenzae tipo b y hepatitis B), que debe ser aplicada en cuatro dosis a los 2, 4, 6 y 18 meses de edad. 

Así como de la vacuna DPT (difteria, tos ferina y tétanos), que es un esquema de refuerzo a partir de los 4 años; la Tdpa (tétanos, difteria y tos ferina) es una dosis única recomendada a todas las embarazadas después de 20 semanas de gestación. 

El funcionario subrayó que se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Salud federal y la Coordinación Estatal del IMSS-Bienestar para mantener el suministro de vacunas y medicamentos en toda la red hospitalaria. 

Asimismo, explicó que las seis Jurisdicciones Sanitarias del estado realizan monitoreo semanal de demanda y de existencias en clave, con el propósito de garantizar el abasto oportuno y cubrir puntualmente las necesidades de cada región.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.

Gobierno de Oaxaca revoca notaría a Nassar Piñeyro, exsecretario privado de Alejandro Murat

La Consejería Jurídica y Asistencia Legal en coordinación con la Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarías, revocaron el Fiat número 15, que le había sido otorgado a Guillermo Alejandro Nassar Piñeyro porque incumplió con una serie de requisitos.

Como parte del combate frontal a la corrupción que ordenó el gobernador Salomón Jara Cruz, el gobierno de Oaxaca revocó la Notaría número 15 a Alejandro Nassar Piñeyro, exsecretario privado del exgobernador priista y ahora morenista, Alejandro Murat Hinojosa. 

Así lo dio a conocer el consejero Jurídico, Geovany Vásquez Sagrero al sostener que los libros notariales y apéndices ya se encuentran en poder de la Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarías, además de que su sello fue destruido.

De esta manera, Nassar Piñeyro queda impedido de seguir ejerciendo funciones notariales, por lo que se pide a las y los usuarios evitar caer en posibles fraudes. 

Explicó que la Consejería Jurídica y Asistencia Legal en coordinación con la Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarías, revocaron el Fiat número 15, que le había sido otorgado a Guillermo Alejandro Nassar Piñeyro porque incumplió con una serie de requisitos. 

Y enumeró que le fue retirado el Fiat por “tener una residencia en el estado no menor de 5 años; no haber sido declarado en quiebra o sujeto a concurso sin que haya sido rehabilitado; no haber sido separado del ejercicio del Notariado dentro de la República Mexicana. 

Así como no haber practicado 1 año en alguna Notaría del país en forma continua y tener cuando menos 5 años de práctica de la profesión de abogado, contados desde la fecha del examen profesional respectivo. 

Cabe mencionar que el pasado viernes 28 de marzo, personal especializado acudió al inmueble ubicado en calle San Martín número 102, del Centro de Oaxaca de Juárez para notificar la resolución del procedimiento de revisión administrativa de oficio, que la Consejería Jurídica instruyó para estudiar las irregularidades que existían en el proceso por el que le habían entregado la notaría. 

Ante tal situación, el 31 de marzo, Nassar Piñeyro, por medio de un representante legal, acudió a las oficinas de la Dirección General de Notarías, donde entregó los libros notariales en su poder, apéndices y su sello fue destruido, por lo cual firmó su acta de clausura. 

En octubre de 2023, esta notaría, entregada a finales del sexenio de Alejandro Murat –ahora senador de Morena–, ya había sido intervenida por la Consejería Jurídica, pero en su momento, un juez federal había concedido una suspensión definitiva para que el Poder Ejecutivo no se pronunciara sobre la nulidad de la patente de notario. 

Sin embargo, dicha medida fue revocada el mes pasado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa de Oaxaca; razón por la que fue procedente la clausura definitiva de la Notaría número 15. 

La dependencia informó a la ciudadanía que los actos jurídicos emitidos en la extinta Notaría número 15 tienen validez, pero, si un trámite quedó inconcluso le darán seguimiento en la Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarías, ubicada en Ciudad Administrativa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.

Conagua y el gobierno de Oaxaca reiniciarán la construcción de la presa Paso Ancho, clausurada en 2014

La construcción de una presa que busca suministrar agua a la zona metropolitana de la capital de Oaxaca, clausurada por la Profepa hace una década, será retomada por los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Salomón Jara.

Desde 2014, el proyecto de la presa Paso Ancho en Oaxaca fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); sin embargo, el próximo mes de agosto reiniciará la construcción de la obra y cambiará de nombre a “Margarita Maza” en honor a la esposa del expresidente de México, Benito Juárez García.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó esta semana que la presa forma parte de los proyectos de infraestructura del Plan Nacional Hídrico presentado la semana anterior por la presidenta Claudia Sheinbaum y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el que se planea atender las zonas con mayor escasez de agua en el país.

De acuerdo con este plan, la construcción de la presa “Margarita Maza” iniciará en agosto de este año y se concluirá a principios del 2027, y tendrá una inversión total de 4 mil 600 millones de pesos.

Se busca garantizar mil litros de agua por segundo y beneficiar a los habitantes de la zona metropolitana de la capital oaxaqueña; es decir, alrededor de 650 mil personas.

“Vamos en ruta correcta, Oaxaca seguirá siendo el motor de crecimiento del sur-sureste y ejemplo de que la Cuarta Transformación coloca en primer lugar a los más pobres y genera una prosperidad compartida para todas y todos los mexicanos”, dijo el gobernador el pasado 17 de marzo.

¿Por qué clausuró la Profepa en 2014?

La construcción de la presa Paso Ancho inició en 2012, durante la administración del entonces gobernador Gabino Cué Monteagudo, en los municipios San Vicente Coatlán y Sola de Vega, con una inversión inicial de 3 mil 341 millones de pesos.

En esa fecha, la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable de Oaxaca (Sinfra), a cargo de Nezahualcóyotl Salvatierra (quien también fue secretario de Infraestructuras del gobierno de Salomón Jara Cruz hasta diciembre de 2024) pagó a dos empresas por adjudicación directa al menos 2 millones de pesos, sólo para la elaboración de dictámenes de impacto ambiental para la Presa de Paso Ancho, que debían incluir un análisis jurídico.

Uno de los contratos fue para la empresa “Planeación, Sistemas y Control, SA de CV” del Distrito Federal, por 980 mil pesos, y otro a “QV Gestión Ambiental S. C.” por 958 mil pesos.

Pero meses después la Profepa clausuró el proyecto “de manera total temporal” por no contar con autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales expedido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La Semarnat informó que la empresa responsable de obra, Tradeco infraestructura, no presentó información técnica y documentación legal del lugar donde se desarrollaba el proyecto. Por ello, la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Semarnat resolvió desechar dicha autorización que implicaba la afectación de una superficie de más de una hectárea.

La obra se paró en su totalidad y la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de la entidad (ahora Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública) inició una investigación por presuntas irregularidades.

Es un proyecto inviable, dicen organizaciones

Desde agosto de 2024, al menos 20 organizaciones de la sociedad civil que integran el Observatorio Ciudadano y Comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca, calificaron de inviable técnica, social y jurídicamente esta iniciativa, además de costosa.

Debido a los antecedentes del proyecto Paso Ancho, clausurado por la Profepa en 2014, pidieron su justificación ecológica, económica y ambiental, así como sus impactos esperados.

El ambientalista Juan José Consejo Dueñas, del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad en Oaxaca (INSO), advirtió que en la zona metropolitana de Oaxaca hay una crisis que pone en riesgo la viabilidad del Valle Central, una “crisis grave y compleja” que no puede ser resuelta por una obra, sino que requiere de un conjunto de medidas legales, técnicas, administrativas y económicas.

Advirtió que han cambiado los paradigmas y la discusión de cómo abordar los temas ambientales e hídricos, por lo que retomar este proyecto es un retroceso.

“Sabemos que tiene elementos insalvables, por ser obras increíblemente caras, y existen muchos análisis al respecto, no sólo se trata del vaso y la presa, sino también un acueducto de más de 80 kilómetros, que tardaría mucho, es decir, ya no es una respuesta a los muchos problemas del agua”, comentó.

Consejo Dueñas dijo que los supuestos en que está fundado son hoy más discutibles pues las presas suelen tener una vida útil de entre 20 y 25 años, un periodo muy corto en relación de lo que cuesta construirlas.

Las organizaciones integrantes del OCCAMA  señalan que hay otras soluciones al problema hídrico de Oaxaca e hicieron énfasis en la necesidad de que las autoridades impulsen procesos participativos donde los diferentes niveles de gobierno asuman su responsabilidad para recuperar y sanear fuentes de agua a nivel local, fortaleciendo la gobernanza del agua desde una visión de cuenca, antes de emprender proyectos donde se vulneran derechos de comunidades en beneficio de grandes urbes que no modifican sus dinámicas de sobreexplotación y contaminación del agua.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ROCÍO FLORES.

Caen funcionarios de la Fiscalía de Oaxaca por desaparición y asesinato de jóvenes de Tlaxcala

La Fiscalía informó que fortalece los protocolos de control interno para evitar que funcionarios de esta institución se involucren en conductas delictivas.

Un comandante y un agente estatal de investigaciones adscritos a la Fiscalía General de Oaxaca fueron detenidos por la misma autoridad tras las desapariciones que han ocurrido en la región de la costa, principalmente por los 9 jóvenes oriundos de Tlaxcala.

“Las dos personas del sexo masculino detenidas son trabajadores -de diferentes áreas- dentro de la institución encargada de la Procuración de Justicia, quienes desempeñaban labores en esa región de la entidad”, informó la Fiscalía en un comunicado.

De acuerdo con reporteros locales, se trata del comandante Miguel A.C.G y del agente A.G.V. quienes son los presuntos involucrados en diferentes hechos ocurridos en esta región de Oaxaca.

La fiscalía detalló que estas detenciones forman parte de las indagatorias que se realizan en esta región de la costa derivado de la desaparición de personas, tras actuar de manera omisa en las investigaciones que se llevan a cabo.

Ante esta noticia, que dos de sus trabajadores tienen injerencia con las desapariciones, la Fiscalía informó que fortalece los protocolos de control interno para evitar que funcionarios de esta institución se vean involucrados en conductas delictivas, y en caso contrario, tiene el compromiso de aplicar la ley para sancionar sin distinción de quien resulte responsable y con ello evitar que este tipo de casos queden impunes.

El pasado jueves la Fiscalía detalló que supuestamente los jóvenes primeros reportados como desaparecidos y posteriormente hallados sin vida entre los límites de Oaxaca con Puebla, habrían llegado contratados por una persona a la costa de Oaxaca para realizar actos delictivos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: DIANA MANZO.

Sin investigación terminada, autoridades de Oaxaca dicen que jóvenes de Tlaxcala asesinados eran de un grupo delictivo

El secretario de Seguridad de Oaxaca dijo que los jóvenes desaparecidos de Tlaxcala eran miembros de un grupo delictivo que entró al estado.

Autoridades de Oaxaca señalaron que los jóvenes originarios de Tlaxcala que fueron vistos por última vez en Huatulco y Zipolite y que posteriormente fueron hallados muertos en Puebla, forman parte de un grupo delictivo, esto sin que hayan concluido las investigaciones sobre el caso.

“Sí hubo una movilidad delictiva (…) es un grupo delictivo que vino de Tlaxcala. Operaba en Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Veracruz”, dijo Iván García Álvarez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal (SSPC).

De acuerdo con el funcionario, una de las líneas de investigación es que los jóvenes presuntamente eran miembros de un grupo criminal que se internó en Oaxaca para “delinquir y sacar recursos” y su asesinato habría sido a manos de otro grupo por entrar “en otro tipo de territorios”.

El secretario descartó que se trate de una disputa territorial pero indicó que el “desenlace” (el homicidio de los jóvenes) fue porque detrás de este tipo de eventos “siempre” hay narcotráfico, narcomenudeo, extorsiones y secuestros, y que los grupos delictivos “tienen injerencia para llevar a cabo ese tipo de ejecuciones”.

Lo anterior fue respaldado por el gobernador Salomón Jara, quien dijo que las fiscalías de Oaxaca y Puebla pronto darán a conocer cómo ocurrieron los hechos.

Sobre este caso, recientemente se informó que la Fiscalía de Oaxaca investigaba la presunta participación de policías de Huatulco en la desaparición de los jóvenes, esto tras la declaración de la única de las víctimas que fue localizada con vida.

Tras esto, la Fiscalía y Policía Estatal, el Ejército, Marina y Guardia Nacional realizaron un operativo en la comandancia de la policía municipal de Santa Cruz Huatulco, donde aseguraron documentos relacionados al caso, desarmaron a los agentes y mantienen resguardadas las instalaciones.

De igual manera, autoridades federales y estatales realizaron un cateo en el “Hospedaje Jocha” en Huatulco, en el cual habrían estado las víctimas y en donde se hallaron objetos personales “que presumiblemente” les pertenecen. Cabe destacar que un día después que se reportó la desaparición de los jóvenes fue asesinado el propietario del hospedaje, José Alfredo Lavariega Canseco.

Por estos hechos, hasta el momento, únicamente se ha reportado la detención de una persona presuntamente involucrada, esto en Oaxaca.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Asesinan a Javier Cruz, expresidente municipal de San Pedro Mixtepec, Oaxaca

El exedil fue ejecutado a balazos cuando se encontraba en su negocio en el fraccionamiento Agua Marina.

Javier Cruz Jiménez, expresidente municipal de San Pedro Mixtepec, en la costa de Oaxaca, fue asesinado esta tarde.

De acuerdo con las autoridades de justicia, el exedil fue ejecutado a balazos cuando se encontraba en su negocio en el fraccionamiento Agua Marina de esta demarcación municipal.

Hasta el momento se desconoce quienes ultimaron Cruz Jiménez de 52 años. Solo se sabe que las personas entraron a su local y le dispararon.

No hay ninguna persona detenida.

La Fiscalía de Oaxaca informó que al lugar se trasladaron un equipo en diferentes especialidades ministeriales, para robustecer las investigaciones que conduzcan a la resolución del caso.

Javier Cruz Jiménez ocupó diversos cargos públicos.

Del 2021 al 31 de diciembre de 2024 fungió como presidente municipal de San Pedro Mixtepec emanado del partido Morena, quiso reelegirse por el PT para este nuevo trienio, pero perdió.

Antes, de 2016 a 2018 ocupó el cargo de presidente del comisariado de Bienes Comunales de San Pedro Mixtepec.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: DIANA MANZO.

Miles perdieron sus propiedades en Oaxaca, sospechosamente, con Murat de Gobernador

De marzo de 2021 a julio de 2022, los últimos dos años del Gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, se acumularon mil 467 carpetas de investigación por despojo de propiedades en Oaxaca.

El entonces Gobernador de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa (2016-2022), hoy militante de Morena, tuvo acceso a documentos que señalaban a funcionarios públicos de su administración –con apoyo de jueces de distrito– de despojo de propiedades.

Murat se comprometió a que se investigaría y habría sanciones, pero “solo nos tomó el pelo”, aseguran los hermanos Gómez Conzatti, tres de las miles de víctimas de esta red.

El entonces subsecretario de Seguridad federal, Ricardo Mejía, expuso que de marzo de 2021 a julio de 2022, los últimos dos años del Gobierno de Murat Hinojosa, se acumularon mil 467 carpetas de investigación por despojo de propiedades en Oaxaca, una entidad donde este delito se ha acelerado en el marco de la gentrificación del Centro Histórico y la zona de playas.

El 14 por ciento de estos casos, dijo, está relacionado con notarios públicos que avalan documentos falsos. Pero, agregó Mejía, también participan funcionarios del Registro Civil, del Registro de la Propiedad y del Instituto Catastral de Oaxaca, así como jueces de distrito.

Imagen: Gobierno federal.

El lunes 17 de febrero un periodista le recordó el caso a la Presidenta Claudia Sheinbaum y le dejó unos documentos sobre un despojo de cinco hectáreas en Tlacolula. “Le das el caso aquí a Adriana para que podamos revisarlo”, respondió la Presidenta. Los hermanos Gómez Conzatti hicieron lo propio con el entonces Gobernador Murat.

“Tuvimos oportunidad a finales del sexenio de la administración pasada de exponerlo, con prueba en mano, al entonces Gobernador y ahora Senador. En esa reunión, el entonces Gobernador viéndonos a la cara, y enfrente de todo su gabinete, afirmó que las personas que habían falsificado esos documentos desde el Registro Civil, es decir, sus servidores públicos, tenían que estar en la cárcel, que no era posible una bajeza de ese tamaño. Simplemente hoy, a cuatro años de haber emprendido esta lucha, no hay un solo servidor público en la cárcel ni ninguna persona particular en la cárcel”, dijo Caleb Gómez Conzatti.

Los documentos mostraron al Gobernador Murat que la red de despojo había alterado desde el Registro Civil y el Registro público de la Propiedad local las identidades de los hermanos para apoderarse de sus propiedades en el Centro Histórico de Oaxaca.

“Él mostraba una sorpresa aparentemente legítima de oír lo que estaba oyendo, de ver y leer las pruebas. En su momento se giraron instrucciones para que el Registro Público de la Propiedad opusiera la situación, aparentemente nos reinscribieron en el Registro Civil porque aceptaban todas estas irregularidades. Sin embargo, me di a la tarea de hacer una solicitud de información para obtener el expediente completo con el que supuestamente nos habían reinscrito de oficio y me encuentro con la sorpresa de que nos habían reinscrito hasta en tanto un juez dijera lo contrario, es decir, nada. Fue una tomada de pelo lo que sucedió. Nos ‘reinscribieron’ para que dejáramos de incomodar al Gobierno en turno con la condición de que los venciéramos en juicio. Por eso continuamos en nuestra batalla legal”, dijo Caleb Gómez.

Imagen: Gobierno federal.

En las mismas fechas en que los hermanos lo denunciaron ante el Gobernador Murat, también desde la conferencia matutina del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador se abordó el caso. El 15 de septiembre de 2022, a dos meses de que concluyera el Gobierno de Alejandro Murat, el entonces subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, expuso desde Palacio Nacional que esta red estaba conformada por funcionarios públicos coludidos con grupos criminales para despojar inmuebles y luego revenderlos:
“En muchas de estas operaciones intervienen grupos criminales, supuestos líderes que intervienen en colusión con servidores públicos y notarios para alterar las escrituras. También esto va acompañado en ocasiones de violencia física, extorsión, amenazas, privación de la libertad e incluso en los casos más extremos, privación de la vida. Una vez que hacen las alteraciones, inscriben las nuevas escrituras y obtienen recursos a través de la venta de inmuebles”, explicó.
Un caso de homicidio para culminar el delito de despojo es el del Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca, Enrique “N”, quien fue asesinado el 13 de septiembre de 2021, de acuerdo con el exsubsecretario Mejía. La propiedad despojada de este Magistrado se ubica a lado de uno de los inmuebles de los hermanos Gómez Conzatti que la misma red pretendía despojarles.

Sin embargo, el ahora Senador Alejandro Murat terminó su gobierno en noviembre de 2022 y, tras no lograr ser el candidato presidencial del PRI en 2024, se acercó a la denominada Cuarta Transformación y hoy milita en Morena.
De acuerdo con el dirigente de Morena Oaxaca, Emmanuel Navarro, Murat insistió en reunirse con el Secretario de Organización del partido, Andrés Manuel López Beltrán, para tomarse la foto de su afiliación. También logró una foto con la dirigente nacional Luisa Alcalde. Ante los señalamientos, el expriista Murat dijo recientemente a la prensa:
“No tengan la piel tan delgada. No me preocupa nada, mi trayectoria habla por mí mismo”, aseguró. “A mí me han tratado de poca madre aquí en Morena y pa’ atrás ni para agarrar vuelito, así que no se me hagan bolas”.
El despojo a los hermanos

El caso de los hermanos Gómez Conzatti inició en 2020. Son propietarios de inmuebles en el Centro Histórico de Oaxaca, una zona de alta plusvalía.

El primer paso de esta red de despojo fue eliminar desde el Registro Civil de Oaxaca las actas de nacimiento de los hermanos Herbe, Caleb y Ashmar Gómez Conzatti, y sustituirlas con datos de personas ya fallecidas. A la par, les inventaron tres identidades nuevas con el apellido López. Con ello, desde el Registro Público de la Propiedad y el Instituto Catastral dejaron de reconocerlos como copropietarios de sus inmuebles ubicados en el Centro Histórico de Oaxaca, los cuales dieron de alta a nombre de un tercero.
“En el año 2020, nos dimos cuenta que ninguno de los tres hermanos existíamos en el Registro Civil de Oaxaca, nos habían desaparecido de los archivos, del sistema e incluso de la base nacional del registro de nacimiento. Y nos crearon una nueva identidad de apellido López, donde nos cambiaron de papá y de nombre, y con ese nombre (falso) aparecíamos dados de alta en el Registro Nacional de Población, en la base de datos de Oaxaca. Al tiempo que sucedía esto, los inmuebles donde somos copropietarios en el Centro Histórico desaparecían del Registro Público de la Propiedad y del Catastro”, compartió Caleb Gómez.
Uno de los involucrados, señalan los hermanos, es Jorge Alberto Melo Gómez, notario público 135 actualmente residiendo en Italia. La Fiscalía de Oaxaca, bajo la gestión del Fiscal Bernardo Rodríguez, no ha solicitado su extradición pese a las carpetas de investigación existentes. Merlo utilizó el programa de Aristegui Noticias para calumniar en 2023 a los hermanos Gómez Conzatti, a quienes señaló de haber agredido a su familia y dijo estar suspendido como notario público en Oaxaca.
“Jorge Melo aparece como beneficiario de nuestros inmuebles. Uno de los inmuebles, donde ahora el que pretende llamarse dueño es este notario público 135, el inmueble de a lado del Centro Histórico que colinda en más de 100 metros lineales con nuestro predio, a ese propietario (Magistrado Enrique ‘N’) lo asesinan y sacan una carta póstuma donde el Magistrado exculpa de cualquier responsabilidad a este notario público 135. Nosotros hemos aportado los elementos necesarios para la judicialización penal de este notario, sin embargo, tiene un año prófugo en Italia bajo unas omisiones de la Fiscalía del estado”, aseveró Caleb Gómez.
Herbe Gómez, el otro hermano afectado, abundó en que el notario público 135, Jorge Alberto Melo Gómez, era el director del Registro Público de la Propiedad en 2004, el último año de Gobierno de José Murat (1998-2004), padre de Murat Hinojosa; el mismo periodo cuando comenzaron noticias sobre despojo de terrenos y cambios desde el Registro Público de la Propiedad.

“Son los mismos personajes moviéndose en círculos en esas instituciones y haciendo lo mismo por décadas”, observó Herbe.

Los jueces coludidos

Al iniciar una batalla legal en tribunales federales desde 2020, los hermanos Gómez Conzatti cuentan con una sentencia firme donde se condena al Estado de Oaxaca a que los reinscriban en los registros públicos con sus verdaderas identidades.

Sin embargo, parte del modus operandi de la red de despojos en Oaxaca es inventar delitos a las víctimas con apoyo de jueces de distrito con base en las identidades falsas obtenidas en el Registro Civil.
“Al mismo tiempo que te desaparecen del Registro de la Propiedad, del Registro Civil, te abren carpetas de investigación ya prefabricadas por delitos de suplantación de tu propia identidad, por despojo a tus propios inmuebles y supuesto uso de documentos falsos de tus propias actas de nacimiento y de tus propias escrituras. Es decir, hay que sumar también a una Fiscalía de Oaxaca que se presta a la integración de este tipo de carpetas de investigación con documentos falsos. También hay que superar a los jueces. Tenemos una sentencia firme que reconoce nuestra identidad, pero para eso tardamos casi tres años en superar obstáculos de algunos jueces de distrito –que después los protegen cambiándolos de suscripción– que, con toda esta documentación, al mismo coro de las instituciones de Oaxaca, son capaces de resolver que estás queriendo suplantar una identidad; te acusan de dolo, etcétera”, aseguró Caleb Gómez.
Asimismo, además de esta intimidación jurídica, los hermanos también comenzaron a ser blanco de acoso a través de noticias falsas, de gente armada afuera de su casa y demás.

Esta red de despojo de propiedades desde Oaxaca tuvo alcances nacionales al menos desde 2004, el último año de Gobierno del priista José Murat (1998-2004), padre del Senador morenista Alejandro Murat.

“Comienzan a salir muchísimas víctimas a lo largo del país que se quejan que desde Oaxaca los mismos notarios públicos que habíamos señalado, y que han sido señalados por décadas, escrituran inmuebles en la CDMX, Edomex, Morelos, Sinaloa a través de documentos falsos. Este fenómeno social, que es el cártel del despojo, podemos sintetizar que es un mecanismo que se organiza y alinea a las instituciones locales y federales”, aseguró Caleb Gómez.

Por este caso de intento de despojo a sus propiedades, y la lucha e intimidación jurídica durante cuatro años que les ha implicado, Herbe Gómez envió un mensaje a la Presidenta Claudia Sheinbaum, que pertenece al movimiento que le abrió las puertas al expriista Alejandro Murat:

“Quiero hacer un llamado a la Presidenta Claudia Sheinbaum de que voltee a ver lo que está sucediendo en el sur, que voltee a ver qué es lo que hicieron estos personajes y que repiense quiénes son los que están integrando su equipo porque ese tipo de personajes realmente no pueden seguir viviendo de la impunidad y del pueblo que gobernaron”, aseveró.

El caso de despojo de propiedades en Oaxaca ya está en manos de la asistencia de Presidencia desde el 17 de febrero.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.