De acuerdo a los reportes policíacos, alrededor de las 2:30 de la madrugada, habitantes de esa junta auxiliar pidieron la presencia de patrullas en el área conocida como el puente de piedra donde fueron abandonadas dos bolsas que tenían manchas de sangre y a un par de metros se encontraba una motocicleta.

Hasta esta mañana, las autoridades no han precisado a cuántas personas correspondían los restos humanos que estaban en las bolsas. 

Este hecho de violencia se suma a otros ocurridos en Puebla en los últimos días. Este mismo día, en Huixcolotla, fue localizado el cuerpo de una persona ejecutada en la batea de una camioneta. 

 El 22 de octubre de un hombre y una mujer que viajaban en una camioneta por calles de la colonia Barranca Honda fueron baleados desde otro vehículo en marcha y ese mismo día otro hombre fue ejecutado en la colonia Bosques de Santa Anita cuando viajaba en una motocicleta.   

También, el día 21, fue asesinado un hombre a balazos en el mercado La Fayuca en esta ciudad.

Grupo Constructor JLM SARL AAT, S.A. de C.V. quedó constituido el 12 de febrero de 2025 e inscrito el 8 de mayo del mismo año ante la corredora pública Nora Mendoza Arrevillaga, de Tlaxcala, Tlaxcala. Lira Maldonado y Sergio Acacio Ramírez Lazcano aportaron 167 mil pesos cada uno, y Arroyo Téllez 166 mil pesos, de acuerdo con información disponible en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía federal.

La empresa tiene un amplio objeto social: servicios profesionales y técnicos en construcción, restauración, demolición, urbanismo y edificación de vivienda; construcción de carreteras, puentes, presas, canales, acueductos y obras de infraestructura urbana; montajes electromecánicos, instalación de tuberías, tendido eléctrico y telefónico, fibra óptica; fabricación, importación y exportación de herramientas, maquinaria para construcción y materiales pétreos; y participación en licitaciones públicas, servicios de arquitectura e ingeniería; bienes raíces; y licitaciones.

En Transportes ANY JU, S.A. de C.V., el socio mayoritario es Sergio Acacio Ramírez Lazcano, con 60 % de las acciones; y Juan Lira Arroyo, con el 40 % restante, lo que se traduce en que cada uno aportó 240 mil y 160 mil pesos, respectivamente.

Esta compañía se dedica al sector transporte y logística con actividades en explotación del servicio público de autotransporte estatal y federal, transporte de carga general y especializada; talleres mecánicos, alineación y balanceo, reparación de motores, servicios eléctricos; ensamblado y fabricación de remolques, conversión y repotencialización de vehículos; compra, venta, importación y exportación de autobuses, microbuses y vehículos automotores; servicio exprés nacional e internacional, transporte de documentos y paquetería.

Creadas con apenas seis meses de diferencia, ambas son empresas complementarias: una se enfoca en el sector de la construcción e infraestructura; otra, en el sector transporte y logística, lo que les permitiría crear sinergias operativas.

¿Quién es Juan Lira Maldonado?

El ahora empresario constructor comenzó su vida laboral “trabajando en la construcción, aprendiendo el oficio desde cero”. Fue chofer de tractocamiones, etapa que “me permitió conocer diferentes lugares y personas, ampliando mis horizontes y perspectivas”, de acuerdo con la información que él mismo proporcionó al Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE) en las elecciones de 2024.

Fundó invernaderos que producen vegetales y estableció una purificadora de agua. “La transición de ser un obrero a un empresario requirió sacrificios, aprendizaje constante y, sobre todo, la convicción de que el trabajo duro siempre da frutos”, afirma en el Sistema de consulta de información proporcionada por los candidatos que participaron en la contienda electoral local de 2024.

En la información que entregó al IEE no menciona tener relación alguna con empresas constructoras o de transportes, como las constituidas este año en el estado de Tlaxcala, pero con domicilio en el Pueblo Mágico de Chignahuapan.

A Juan Lira Maldonado se le ha relacionado con grupos delictivos dedicados al trasiego y la extracción ilegal de hidrocarburos de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en los municipios de Zacatlán de las Manzanas, Tetela de Ocampo, Huauchinango, Aquixtla y en toda la franja que va hasta Ahuazotepec, en el estado de Puebla.

Emboscados por un grupo de delincuentes ligados a Lira Maldonado, a finales de agosto de 2020 un comandante de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) fue asesinado y seis más resultaron heridos en la comunidad San Francisco Terrerillos, en la junta auxiliar de Acoculco, en Chignahuapan. Los policías, dijo el entonces gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, de Morena, estaban en la zona para ejecutar órdenes de aprehensión.

El último día de septiembre de 2020, durante la administración de Barbosa Huerta fue detenido por su probable participación en el robo de combustible, tentativa de homicidio y narcomenudeo. Es “el líder más importante de la banda de robo de combustible, narcomenudeo, secuestros, sicariato y cobro de piso en la Sierra Norte”, dijo el titular del Poder Ejecutivo.

En marzo de 2025, Idamis Pastor Betancourt, titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla, dijo que se investiga a Lira Maldonado por supuestos nexos con actos de violencia y el uso de recursos ilícitos. Aseguró que realizaron cuatro cateos en propiedades de Lira Maldonado: tres el jueves 19 de marzo, y uno más el viernes 20.

Consultada para esta investigación, el área de comunicación social de la fiscalía respondió que “no podemos informar sobre mandatos judiciales por el sigilo de las investigaciones”.

Es decir, solicita permiso para intervenir un área natural protegida, cuando en esa reserva ya se usó maquinaria pesada, se removió vegetación y tierra y hasta se inició la colocación de pavimento, con lo cual violentó disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y del programa de manejo del Parque Nacional La Montaña Malinche (PNMM).

Por ello, la obra fue clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) desde finales de abril último. El gobierno armentista no respetó la clausura, continuó con los trabajos y negó públicamente que ese camino estuviera dentro de la poligonal del Parque Nacional.

Armenta Mier, quien se autodefine como un “amante de la naturaleza” y suele encabezar campañas de donación de arbolitos, ha insistido en que su plan de construir parques en la Malinche, el Izta-Popo y en el Pico de Orizaba busca el rescate y preservación de esas cimas, así como impulsar la educación, protección y el respeto por el medio ambiente.

“Estamos cumpliendo todos los requisitos. Nosotros no violentamos la ley, nos apegamos al derecho y somos estrictamente respetuosos de las normas ambientales y de la aplicación del uso del suelo”, defendió el mandatario al insistir, además, en que sus propuestas se ciñen a la “bioética social y al humanismo”.

En el primero de esos tres proyectos, ubicado en la Malinche, lanzó la licitación OP- SPFA-LPE-2025-005 cuando apenas habían transcurrido 45 días del sexenio y firmó un contrato con la empresa Toscana Universal Construcciones y Acabados para cimentar, por 69.8 millones de pesos, un camino de 9.7 kilómetros hacia el predio del pretendido parque, aunque hasta la fecha éste no ha sido autorizado por la Semarnat.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 28 de la revista Proceso, correspondiente a octubre de 2025

A Los estudiantes

A los medios de comunicación

A los pueblos de la región Cholulteca y de los volcanes

A los compañeros y compañeras que luchan por la vida

En el marco de la lucha y defensa del agua y de las jornadas contra la Guerra hacia los pueblos zapatistas y la defensa del común, los pueblos de la región Cholulteca y estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (#BUAP) organizamos un conversatorio en el Colegio de Antropología Social que forma parte de la Facultad de Filosofía y Letras. Esta actividad, que lleva por título: «La Autonomía de los Pueblos contra el despojo y la contaminación del capital; La lucha de los Pueblos de la región Cholulteca en defensa del Agua», se programó para el día lunes 13 de octubre a las 12:00 horas en el Colegio de Antropología Social con la finalidad de compartir entre los estudiantes la resistencia, la organización comunitaria y la preservación y cuidado de la tierra y la vida.

Sin embargo, el día 7 de octubre, la Dra. Josefina Manjarrez Rosas, Directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP, y el Dr. Porfirio Sánchez Méndez, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, enviaron y difundieron el oficio CGUTAI-852/2025 con la solicitud 610/2025. Dicho documento, proveniente de la Plataforma Nacional de Transparencia con fecha 2/10/2025 a nombre de Héctor Flores Santamaría, folio: 210447925000610, indica la solicitud de la suspensión de dicho evento. La «solicitud» que en documento se plantea como tal, pero que en los hechos es dirigida y difundida por la directora y el titular de la Unidad de Transparencia como orden, señala, entre otras cuestiones, que las personas y organizaciones que asistirán a dicho evento «andan incitando a la violencia», además de realizar «actos vandálicos y amenazas de muerte». Más adelante, el documento indica: «en caso de llevarse a cabo una plática o conversatorio o reunión nos deslindamos de cualquier tipo de responsabilidad presente o futura hacia los estudiantes […] Ya que se busca que no se vaya a exponer a los estudiantes tanto en su integridad física, psicológica, legal y además en caso de que los estudiantes quisieran apoyar este tipo de movimientos hacerles saber que actuarán bajo su más estricta responsabilidad deslindando a esta casa de estudios». Este último párrafo, además de las graves amenazas y la violencia implícita hacia los estudiantes, da cuenta clara de que la solicitud proviene de representantes académicos de la BUAP, del Estado y sujetos que han promovido la división en los pueblos como es Héctor Flores Santamaría.

Como pueblos organizados en defensa de la autonomía, la tierra y la vida, analizamos la terrible y preocupante situación de violencia generada, promovida y difundida por la institución de la BUAP ante sus estudiantes y planta académica, que se sigue dando en el marco de unas elecciones de rectoría muy cuestionables donde la Dra. Lilia Cedillo Ramírez se impuso nuevamente a través de estas mismas prácticas de represión y criminalización.

A los pueblos de la región Cholulteca y de los volcanes no nos extrañan estas prácticas, pues sabemos que la institución de la BUAP ha sido cómplice del ecocidio en nuestra región, pues fue utilizada por el criminal priísta que hoy es gobernador por MORENA, Alejandro Armenta Mier, para decir que la Universidad avalaba científicamente que el basurero intermunicipal Calpan-Cholula no contaminaba el medio ambiente. De la misma forma, la actual rectora, Lilia Cedillo, se alquiló para hacer proselitismo en el municipio de Juan C. Bonilla. No nos extrañan estas actitudes de parte de la BUAP hacia los pueblos, pues en septiembre de 2024, en el Coloquio Internacional e Interdisciplinario de Género y Feminismo, realizado en la Facultad de Filosofía y Letras, la voz de las compañeras fue censurada en sus plataformas virtuales.

Denunciamos que estas posturas favorecen, promueven, legitiman y justifican la represión a los pueblos y abonan al ambiente de criminalización que padecemos como comunidades. Sabemos de la postura con tendencia fascista que se está generalizando en los gobiernos del mundo y que permiten que la guerra sea contra los pueblos; lo vemos de manera clara en el genocidio en Palestina y no vamos a permitir que crezca y se fortalezca ese discurso en contra de nosotros. Peligrosos son quienes, desde un lugar de poder como es la dirección de la BUAP, nos señalan como violentos; somos pueblos que defendemos nuestros derechos, que ejercemos nuestra autonomía y que luchamos por la vida.

¿Qué tipo de egresados de la BUAP esperamos si institucionalmente se promueve el racismo y el autoritarismo?

Los pueblos, desde hace siglos, hemos construido y defendido nuestra autonomía, algo de lo que carece esta institución. Las comunidades, como quiera, vamos a seguir luchando y resistiendo el embate del gobierno y sus estructuras de poder.

Lo que sí debería indignar a toda la sociedad es el trato inhumano y represor que esta institución promueve y reproduce entre sus estudiantes y planta docente.

Los pueblos de la región Cholulteca y de los volcanes les hacemos un llamado a todos los estudiantes a organizarse, a seguir defendiendo el pensamiento crítico y la lucha por la libertad porque el día de mañana serán ustedes los que, junto con nosotros, transformen la realidad para el bien común.

En este sentido, los invitamos al conversatorio: «La autonomía de los pueblos contra el despojo y la contaminación del capital; La lucha de los pueblos de la región Cholulteca en defensa del agua». Pero ya no en el auditorio Néstor García Canclini del Colegio de Antropología Social de la BUP (ya le quitamos la A), sino en un espacio más crítico, libre y rebelde: en el campamento contra el Basurero y en defensa del agua y la vida. Y ya no será el día 13 de octubre del año en curso, sino el sábado 11 de octubre a las 12:00 hrs.

No necesitamos al gobierno y sus instituciones, no necesitamos una educación que amenaza, adormece y corrompe la voluntad y el pensamiento; nos necesitamos a nosotros, la gente sencilla y humilde que en la práctica y los hechos derrumbará esa pirámide y sobre sus ruinas construirá un mundo para el bien común.

Sin más por el momento…

AUTONOMÍA, TIERRA Y LIBERTAD

A 8 de octubre de 2025

PUEBLOS UNIDOS DE LA REGIÓN CHOLULTECA Y DE LOS VOLCANES

UNIÓN DE PUEBLOS CONTRA EL BASURERO Y EN DEFENSA DEL AGUA

CONSEJO CIUDADANO DE XOXTLA Y SUS ALREDEDORES

“Es preciso mencionar que la denuncia en cuestión tiene su origen en auditorías fiscales de enero de 2020 que no se concluyeron, pero que la Secretaría de Finanzas y Administración de Miguel Barbosa promovió ante la Fiscalía General del Estado (FGE), junto con otros procesos civiles por supuesto daño moral en contra el medio y el director, acumulando más de 7 procesos judiciales durante dicha administración”. 

Agregó que, en su momento, Artículo 19 alertó que ese tipo de procesos judiciales son denuncias o demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPPs, por sus siglas en inglés) utilizados por la gente que detenta el poder para limitar el debate público, “así como censurar e intimidar a través de lo que implica en términos de recursos humanos y económicos el defenderse frente a estos procesos”. 

Recordó que el caso de Rodolfo Ruíz y de e-Consulta ocurre también en medio de una serie de discursos “estigmatizantes”, donde se han utilizado las conferencias de prensa de gobierno estatal para criminalizar a ese medio. 

Esto se refiere a los señalamientos hechos durante una rueda de prensa directamente en contra de Ruiz, cuando Armenta lo llamó “cobarde”, “canalla” y lo tachó de ciberdelincuente al acusarlo de la publicación de un mensaje en redes sociales, que el periodista ni siquiera había emitido. 

Artículo 19 menciona que a esto se suma el hecho de que Puebla ha sido centro de debate público por la reforma que tipifica el delito de ciberasedio, que ha sido cuestionada por organizaciones y periodistas al considerar que genera un “efecto inhibitorio” para el ejercicio de libertad de expresión e información de las personas. 

Al exponer estos antecedentes, la organización pidió al gobierno de Armenta abstenerse de estigmatizar o criminalizar a periodistas y medios de comunicación y a la Fiscalía abstenerse de utilizar recursos públicos en procesos que buscan intimidar a la prensa por sus publicaciones.   

Igual llama al Poder Judicial de Puebla a que aplique los estándares internacionales y criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de libertad de expresión y ejercicio periodístico, para el estudio y resolución de los procesos civiles o penales iniciados contra periodistas.