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Sistema de Salud de Puebla está al borde del colapso, advierte Sindicato de Trabajadores de la Salud

De acuerdo con líder sindical, familiares de pacientes cooperan para pagar casetas de autopistas, para parchar llantas o el combustible de las ambulancias. Mientras que los trabajadores se han visto forzados a hacer “coperachas” para comprar papelería, tóner de impresoras o para el internet.

Al advertir que los hospitales y clínicas del sistema de salud de Puebla se encuentra a punto de colapsar, pues no hay personal suficiente, carecen de medicamentos, insumos básicos, equipos y falta de mantenimiento a vehículos e instalaciones, el dirigente sindical, Julio Alfredo García, demandó la destitución de Carlos Olivier Pacheco, secretario de Salud en el estado. 

Cuando están por cumplirse seis meses del gobierno armentista, el líder de la Sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTA) consideró que la información sobre la crítica situación que prevalece en los servicios de salud pública no está llegando al gobernador Alejandro Armenta Mier.

Mencionó que las carencias se han hecho críticas a partir de la transición al sistema IMSS-Bienestar y llegan al grado que en muchos de los hospitales y unidades médicas no cuentan con el servicio de agua ni para tomar, ni para sanitarios y acciones de saneamiento que son indispensables en este tipo de instalaciones.   

“No tenemos lo básico, y ahorita se está agravando más la situación, nuestros hospitales están colapsando, están en una situación como nunca habían estado”, expresó el líder sindical en rueda de prensa.   

Agregó que los familiares de los pacientes son los que están cooperando para pagar casetas de autopistas, para parchar llantas o el combustible de las ambulancias. Mientras que los trabajadores se han visto forzados a hacer “coperachas” para comprar papelería, toner de impresoras o para el servicio de internet. 

“Sepan (los ciudadanos) que cuando llega una de nuestras unidades y no reciben la atención que esperan no es porque no tengamos capacidad, conocimiento o experiencia, sino es porque no tenemos con qué hacer las cosas. Carecemos de medicamentos, de insumos, de material de curación, de equipos médicos que funcionen”, denunció. 

Indicó que, por ejemplo, aunque en el presupuesto se autorizan recursos para el mantenimiento de vehículos, las ambulancias y demás unidades motrices de los hospitales se encuentra en pésimas condiciones o no sirven. "Ese dinero hay que saber dónde está", reclamó el representante. 

Agregó que tampoco se están atendiendo necesidades de mantenimiento de las instalaciones, pues muchos de los hospitales se “están cayendo” o se inundan de aguas negras cuando llueve, lo cual es un riesgo sanitario para los pacientes y personal.   

En ese sentido, el dirigente sindical pidió a los poblanos que no agredan a los trabajadores de salud, pues si no pueden prestar un servicio adecuado es porque no tienen ni lo más básico para atenderlos. 

Aparte dijo que en la mayoría de las unidades están incompletas las plantillas de trabajadores, pues, aunque se han jubilado y muerto más de 400, estas plazas no han sido cubiertas. En total estimó que hace falta la contratación de entre 2 mil y 2 mil 500 trabajadores para cubrir las necesidades de trabajo. 

“Yo hago un llamado con mucho respeto al señor gobernador para que preste atención sobre las necesidades de la secretaría”, expresó. 

Dijo que, ante el cambio del gobierno estatal, esperaron un tiempo para empezar a ver resultados, pero los funcionarios de la secretaría no han estado receptivos para dar atención a esta grave problemática.   

García leyó un pliego petitorio cuyo primer punto es demandar la salida del secretario de Salud y de otros funcionarios de esa dependencia, así como que se lleve a cabo una auditoría externa a la dependencia. 

“Creo y lo digo con respeto, que el gobernador se equivocó de persona”, declaró García. 

También pidió que se cumpla con las condiciones generales de trabajo, el pago de salarios y prestaciones a tiempo y se respete la representación sindical. 

García advirtió que, de no encontrar respuesta a este pliego petitorio para la próxima semana, convocarán a una movilización de la estructura sindical en Puebla y también en la Ciudad de México para exigir a la federación que envíen los recursos necesarios para resolver las problemáticas luego de que Puebla se incorporó al modelo IMSS-Bienestar. 

Por la noche, el gobierno de Puebla emitió un comunicado en el que señaló que, en la Secretaría de Salud, en conjunto con el IMSS-Bienestar, se mantiene “abierta la disposición al diálogo” y la atención permanente a las demandas de los trabajadores del sector salud. 

“La dependencia aclara que se trabaja de manera constante para garantizar el abasto de medicamentos e insumos, que actualmente se encuentra entre un 60 y 70 por ciento”, señaló el escrito. 

Agregó que, en el último año, IMSS-Bienestar ha contratado a más de mil 500 trabajadores en diferentes categorías, para fortalecer la atención a la población. 

“Asimismo, se aclara que no se tiene ningún reporte sobre amenazas a personal médico por parte de pacientes, producto de una supuesta negativa de atención, como se señaló recientemente”, subrayó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Operativo policíaco-militar contra defensores del agua de Xoxtla es “un acto hostil de intimidación”: NODHO

El Nodo de Derechos Humanos calificó como “un acto hostil de intimidación” el operativo que las fuerzas armadas y policiales llevaron a cabo este lunes contra los defensores del agua de San Miguel Xoxtla, Puebla, cuando participaban en un cabildo abierto para derogar toda concesión del líquido a la empresa Agua de Puebla.

El operativo, en el que participaron elementos de la Guardia Nacional, el ejército, la Marina y la policía estatal y municipal, “refleja que para las autoridades poblanas el que un pueblo defienda su agua y su territorio de la sobreexplotación y mercantilización por empresas como Concesiones Integrales (Agua de Puebla) los convierte en una fuerza hostil merecedora de intervención militar”, señaló el Nodo (NODHO) en un comunicado.

La agresión contra los defensores sucedió en el marco de la lucha que desde el pasado 28 de mayo se intensificó en la comunidad, luego de que la presidenta municipal de Xoxtla, Guadalupe Ortiz, informara públicamente la ratificación del convenio que su antecesora Guadalupe Peregrina firmó con el gobierno de Puebla, el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) y la empresa Agua de Puebla para rehabilitar el pozo 4 de la comunidad y llevar 50 por ciento de su agua a la capital del estado.

Como parte de sus acciones, la comunidad realizó este lunes un cabildo abierto para derogar todo permiso, convenio y negociación que el municipio haya tenido con la empresa, el gobierno del estado y las instituciones que pretendan extraer el agua de la comunidad, como se acordó tras una asamblea pública el pasado 30 de mayo.

El operativo, agregó el NODHO, “parece reforzar la práctica caciquil de utilizar a las fuerzas armadas y de seguridad como agentes represivos al servicio de intereses clientelares”, lo que se suma a la “constante presencia militar y policíaca que amenaza con reprimir violentamente a la movilización en San Miguel Xoxtla que exige la cancelación de los contratos de cesión de agua a empresas extractivas”.

El Nodo de Derechos Humanos manifestó su preocupación por la seguridad de los defensores del agua y exigieron a los gobiernos municipal, estatal y federal que respeten el derecho de los pueblos a decidir sobre su territorio y sus recursos.

COMUNICADO:


FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Intimidan y criminalizan a defensores del agua de Xoxtla

El pueblo de San Miguel Xoxtla, Puebla, denunció la campaña de intimidación y criminalización por parte del gobierno estatal y municipal contra los defensores que desde el 28 de mayo protestan para exigir que no se entregue el agua de la comunidad a la empresa Agua de Puebla, que busca suministrar el líquido a las zonas residenciales de la capital del estado.

«En el intento de fragmentar y deslegitimar la organización en defensa del agua pretenden aislar al municipio de Xoxtla diciendo que son otros pueblos los que se están manifestando contra el despojo de agua. Además el pasado 30 de mayo en las calles de Xoxtla hubo presencia de elementos del ejército y Guardia Nacional para intimidar a la población, con lo que se demuestra que los tres niveles de gobierno se empeñan en despojarnos y usar la fuerza pública para entregar el agua a los empresarios», señalaron los defensores en un comunicado.

La lucha de Xoxtla comenzó luego de que el pasado 12 de mayo la presidenta municipal, Guadalupe Ortiz, informara públicamente la ratificación del convenio que su antecesora Guadalupe Peregrina firmó con el gobierno de Puebla, el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) y la empresa para rehabilitar el pozo 4 de la comunidad y llevar 50 por ciento de su agua a la capital del estado.

Además de la rehabilitación, el convenio incluía la construcción de un nuevo pozo y la donación de 100 tinacos para la población. Frente a la amenaza de despojo de su agua, los pobladores de Xoxtla se organizaron en asamblea y bloquearon la carretera México-Puebla, en exigencia de la cancelación del convenio.

La presión comunitaria logró que el 30 de mayo, en presencia de regidores del ayuntamiento, se realizara otra asamblea pública, en la que se acordó que este 2 de junio se realizará un cabildo abierto para derogar todo permiso, convenio y negociación que el municipio haya tenido con la empresa, el gobierno del estado y las instituciones que pretendan extraer el agua de la comunidad. De la misma forma, se acordó que el pozo 4 quedaría inhabilitado y a resguardo de la comunidad.

«Estos acuerdos quedaron firmados por la comisión del pueblo de Xoxtla, regidores y el síndico municipal, Miguel Hernández Azucena. A raíz de este documento, el mal gobierno estatal y municipal comenzaron una campaña de criminalización y desinformación contra la comunidad de Xoxtla e integrantes del movimiento en defensa del agua», denunciaron los defensores.

En espera del cabildo público de este lunes, el Consejo reiteró que volverá a exigir la cancelación del convenio con la empresa y que mantendrá su lucha para que el agua de la comunidad se quede en el pueblo.

COMUNICADO:

Al pueblo de San Miguel Xoxtla

A los Pueblos de la Región Cholulteca

A los medios de comunicación

El pasado 12 de mayo, la presidenta municipal de San Miguel #Xoxtla, Guadalupe Ortiz, traidora del pueblo, señaló públicamente la ratificación del convenio que su antecesora, Guadalupe Ziyancan Peregrina Díaz, firmó con el gobierno del estado de Puebla, SOAPAP y la Empresa traficante de agua Concesiones Integrales Agua de Puebla S.A. de C.V. El cual señala la rehabilitación del pozo número 4 para llevar según sus declaraciones, el 50% del agua a la Ciudad de Puebla, la construcción de un nuevo pozo y la donación de 100 tinacos para la población.

A consecuencia de esas declaraciones, la comunidad del pueblo de San Miguel Xoxtla convocó a diversas asambleas públicas para aclarar la situación y exigir determinantemente la cancelación de dicho convenio. Al no haber una respuesta por parte del gobierno municipal y estatal, la asamblea tomó la decisión de realizar 2 cierres de la autopista México – Puebla.

La presión comunitaria permitió que el 30 de mayo, en presencia de regidores del ayuntamiento, se realizara otra asamblea pública en la cual se llegó al compromiso de que el próximo 2 de junio se realizara un cabildo abierto, para derogar todo permiso, convenio y negociación que el municipio haya tenido con la empresa Concesiones Integrales Agua de Puebla, Gobierno del estado e instituciones que pretendan extraer el agua de la comunidad.

De la misma forma, se acordó que el pozo número 4 quedara inhabilitado y a resguardo de la comunidad. Estos acuerdos quedaron firmados por la comisión del pueblo de Xoxtla, regidores y el síndico municipal, Miguel Hernández Azucena.

A raíz de este documento, el mal gobierno estatal y municipal comenzaron una campaña de criminalización y desinformación contra la comunidad de Xoxtla e integrantes del movimiento en defensa del agua.

En el intento de fragmentar y deslegitimar la organización en defensa del agua pretenden aislar al municipio de Xoxtla diciendo que son otros pueblos los que se están manifestando contra el despojo de agua. Además el pasado 30 de mayo en las calles de Xoxtla hubo presencia de elementos del ejército y Guardia Nacional para intimidar a la población, con lo que se demuestra que los tres niveles de gobierno se empeñan en despojarnos y usar la fuerza pública para entregar el agua a los empresarios.

Le recordamos al mal gobierno que como pueblos unidos nos apoyamos en la defensa del agua y que ante cualquier intento del mal gobierno y empresas criminales de despojarnos de nuestra agua los pueblos nos organizaremos siempre para defenderla y liberarla.

Les recordamos que en abril del 2024, el pueblo de Xoxtla cerró el pozo clandestino de la empresa Castores.

En 2008, en Juan C Bonilla evitaron la perforación de dos pozos profundos que se emplearían para llevarse el agua a la ciudad de Puebla y dársela a los desarrolladores inmobiliarios.

En el año 2017, toda la Región Cholulteca incluida Xoxtla frenamos la privatización del agua que el mal gobierno pretendía hacer en el estado.

En 2021, los pueblos de la región frenaron el despojo de agua que la empresa traficante de agua Bonafont – Danone generaba en el territorio.

Para nosotras y para nosotros el agua no es una mercancía, el agua de nuestros pueblos se queda en nuestros pueblos y es destinada para seguir reproduciendo la vida, no para llenar los bolsillos de empresarios ambiciosos y criminales.

Una vez más los pueblos demostramos que la acción colectiva es la única vía para asegurar la vida en nuestras comunidades.

Es por eso que se convoca a todo el pueblo de Xoxtla y comunidades de la región a hacer presencia el próximo 2 de junio a las 3:00 pm. En el zócalo de San Miguel Xoxtla, para exigir la cancelación de todo tipo de acuerdos que pretenden llevarse el agua de nuestra comunidad.

¡Fuera traidoras y traidores de los pueblos que entregan nuestra agua!

¡Porque el agua es de Xoxtla y se queda en Xoxtla!

ATENTAMENTE

Consejo ciudadano, defensores del agua y la tierra de San Miguel Xoxtla

¡Fuera mal gobierno, fuera Alejandro Armenta fuera Agua de Puebla para Todos!

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Cholultecas de Xoxtla exigen cancelación de concesiones de agua en Puebla

El pueblo de San Miguel Xoxtla bloqueó la autopista México-Puebla para exigir que la presidenta municipal Guadalupe Ortiz cancele la entrega de la administración del pozo 4 a la empresa Agua de Puebla para Todos, que busca suministrar el líquido a las zonas residenciales de la capital del estado.

«Ante este despojo y frente al cinismo que caracteriza al gobierno, el pueblo de Xoxtla cerró la carretera federal en ambos sentidos hasta asegurar que no serán despojados del agua», explicó la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, que se solidarizó con el pueblo cholulteca.

«Vendió el agua y estamos inconformes. La autopista no se abre hasta que Lupita Ortiz nos dé una solución y nos dé la cara», expresó una de las mujeres que participó en el bloqueo, iniciado en la noche de este 28 de mayo.

Los pobladores de Xoxtla se dirigieron al pozo número 4, donde se pretende construir una nueva infraestructura de extracción para destinar 50 por ciento del líquido a la zona residencial de Puebla por acuerdo entre el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla y el ayuntamiento de Xoxtla. Al encontrarse con un cerco policial en el pozo, el pueblo decidió bloquear la carretera.

Durante el bloqueo los habitantes de Xoxtla utilizaron llantas en llamas para evitar el paso de los automóviles y exigir la cancelación de la concesión a la empresa, así como la renuncia de Guadalupe Ortiz, de quien acusaron que «vendió» el agua y que «no sabe gobernar».

«El agua es del pueblo y se va a quedar en el pueblo», aseguraron los pobladores de Xoxtla en el bloqueo para demandar que se detenga la perforación de pozos para la extracción de agua.


COMUNICADO:

Al digno pueblo de San Miguel Xoxtla

Los pueblos, organizaciones, colectivos e individuos que integramos la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida levantamos la voz y nos solidarizamos con la defensa del agua que están sosteniendo los pobladores del pueblo de San Miguel Xoxtla en la Región Cholulteca, que el día de hoy, miércoles 28 de mayo, en asamblea pública exigieron a la presidenta municipal Guadalupe Ortiz y su ayuntamiento que cancele la entrega del agua para la ciudad de Puebla.

Hace unos días la presidenta municipal, declaró que la empresa Agua de Puebla para todos Concesiones Integrales S. A. de C. V., administraría el agua del pozo número 4 para suministrar del líquido a las zonas residenciales de Puebla.

Ante este despojo y frente al cinismo que caracteriza al gobierno, el pueblo de Xoxtla cerró la carretera federal en ambos sentidos hasta asegurar que no serán despojados del agua.

Desde la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida nos mantenemos en alerta ante cualquier intento de represión.

Llamamos a la solidaridad urgente y difusión de la lucha de nuestras hermanas y hermanos que defienden con digna rabia su agua.

¡El agua de Xoxtla se queda en Xoxtla!

¡El agua es de los pueblos no de las empresas!

¡Fuera la empresa saqueadora Agua de Puebla para todos Concesiones Integrales!

ATENTAMENTE

TIERRA, AGUA Y LIBERTAD

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

“No nos vamos a callar”: alumnas acusan que no es la primera vez que la universidad UPAEP ignora acoso sexual; temen represalias

Estudiantes de la UPAEP, cuyo exjefe de educación física y deportes está vinculado a proceso por abuso sexual, aseguran que la universidad poblana está tratando de desarticular las manifestaciones solidarias con la denunciante.

Las estudiantes de la Universidad Autónoma Popular del Estado de Puebla (UPAEP) que se han organizado tras la detención y vinculación a proceso del exjefe de educación física y deportes de la institución por una denuncia de abuso sexual, aseguran que no es la primera vez que la universidad desatiende quejas, e incluso temen represalias si continúan sus protestas.

Entrevistadas bajo condición de anonimato para resguardar su seguridad y por tratarse en dos casos de menores de edad, tres de ellas relataron que su única y principal exigencia es que la actuación de la universidad sea honesta y apegada a sus propios valores y marcos éticos.

Describieron que luego de que se realizara una primera protesta el 16 de mayo al exterior de las instalaciones de la UPAEP, en la que se colocaron carteles con mensajes que reclamaban la indolencia de la universidad, al organizar una segunda –que coincidió con la inauguración de un nuevo plantel de bachillerato a la que asistieron las autoridades sin percatarse–, la mayoría decidieron no participar de último momento, por miedo a la presión u hostigamiento de los propios directivos.

Además, coincidieron en que la institución no actuó de inmediato en el caso, contrario a lo que aseguró en el único comunicado público que emitió el pasado 12 de mayo. Esto fue corroborado por Animal Político mediante la información pública disponible relativa a un amparo que se promovió contra las omisiones e inacción de las autoridades universitarias, que, como única medida de “protección” para la estudiante agredida, determinaron la salida de ella de las residencias escolares, así como la limitación de los beneficios de su beca deportiva.

Consultada al respecto, la institución informó a través de su área de prensa que en este momento está impedida de emitir declaración o comentario alguno debido a los procesos civiles y penales en curso, tanto las denuncias contra el docente como el amparo por la actuación de las autoridades. Refirieron al medio a su comunicado público del 12 de mayo y a un enlace con los reportes ante el comité de integridad de otoño 2023 y otoño 2024.

Mientras que el primero no conduce a un documento de reporte sino al código de ética de la universidad, el segundo —otoño 2024– presenta porcentajes del tipo de quejas recibidas, sin precisar el total en números absolutos. De esta manera, solo puede conocerse que un 12% correspondió a acoso sexual y un 7% a hostigamiento sexual. Los mayores porcentajes son los relativos a acoso escolar y “otras conductas contrarias al código de ética”, que no se describen. La principal amonestación considerando el total de todos los tipos de denuncia fue la baja de la institución (30%), pero no se desglosa en relación con el tipo de agresión. 

“Nuestra compañera fue silenciada”, sostienen alumnas de UPAEP

“Nuestra compañera fue silenciada. Ella ya había dado su denuncia (interna) desde muchos meses atrás, a la cual UPAEP no le hizo caso y siguió como si nada hasta que ella ya hizo una denuncia legalmente. Fue cuando UPAEP la trató de silenciar, la mandó a clases en línea y dejó de vivir en las residencias, lo cual se nos hizo tan injusto, que ella que es la víctima se haya tenido que ir, y él estuvo tantos meses ahí; UPAEP sabía lo que pasaba, y no hizo nada”, comentó una de ellas.

Fue entonces cuando sus compañeras decidieron hablar por ella, en un momento en que la alumna menor de edad no podía hacerlo porque tuvo que regresar a su entidad de origen a seguir con sus clases a distancia. La única intención de las estudiantes al organizarse y protestar ha sido que se visibilice que UPAEP no está haciendo nada.

“Más que nada ponernos un poquito en su lugar e intentar ayudarla por medio de algo que ella no puede hacer, que es volverlo visible, y que tanto la comunidad UPAEP y la sociedad de afuera lo puedan saber, y que vean que no nos vamos a quedar calladas y que si pasa algo, va a salir todo hasta que se haga justicia o den una respuesta clara”, agrega otra de las estudiantes.


Para ellas, justicia y respuestas claras implicarían, en principio, que la institución reconociera los hechos tal como ocurrieron. El texto del comunicado no describe toda la verdad, y las porciones que sí están apegadas a esta le restan gravedad, acusan. Además, a partir de su organización, han recibido varios mensajes que señalan que no es la primera vez que un profesor o directivo acosa a alguna alumna y se normaliza.

“Lo normalizan tanto que toman represalias con las mismas trabajadoras de UPAEP, y luego las terminan despidiendo; sólo les dan una carta de recomendación”, dice una de las estudiantes. La entrenadora del equipo de baloncesto femenil de bachillerato, Ana Rentería, anunció precisamente su renuncia el pasado fin de semana tras la difusión pública del caso, bajo el argumento de que a partir de que trató de apoyar a la víctima, se le hostigó y aisló laboralmente.

“Lamentablemente a otras niñas que les ha pasado, la víctima de ahorita no es la única, pero por manipulaciones, amenazas y así se tuvieron que ver obligadas a no decir nada por miedo a las represalias”, asegura otra alumna de UPAEP.

Vacíos en la postura de UPAEP frente al abuso sexual

Además de que el comunicado llegó tarde, las estudiantes critican que tuviera varios vacíos en los detalles del caso, pues a su juicio, las personas o instituciones suelen creer que lo importante son sólo las medidas a futuro, pero no el esclarecimiento de los hechos ya ocurridos.

Aunado a ello, la comunidad escolar cuestiona que la baja del profesor no es clara, ni puede interpretarse como definitiva, pues el comunicado afirma que se le separó de su cargo mientras transcurre la investigación de la denuncia penal, pero no se han exhibido pruebas de que él esté impedido de volver a colaborar con la institución en el futuro.

“A final de cuentas, uno de sus valores (de la universidad) siempre ha sido salvaguardar a los estudiantes, lo cual en muchas de las ocasiones no ha pasado. Digo, esta no es la primera noticia que tienen de este caso. Entonces en este tema, la UPAEP no va muy de acuerdo con lo que promueve o promulga”, asegura una de las alumnas que se organizaron para manifestarse.

Las jóvenes también recordaron que la denuncia se hizo inicialmente en el buzón de integridad de la UPAEP en marzo, luego transcurrió todo abril y no se hizo nada al respecto. Animal Político publicó que el amparo ante el poder judicial en el que se denuncian las omisiones de la institución fue concedido el 9 de abril mientras que para el 14, el jefe de educación física seguía en su cargo, y aún así, el 12 de mayo la universidad afirmó que su actuación había sido inmediata.

Las alumnas están seguras de que al final sólo emitieron una comunicación porque la denuncia se conoció públicamente, pero de no haber sido así, hubieran permanecido en el mismo silencio que habían elegido desde el principio.

“Justificándose de que chance no tenían ningún conocimiento, o haciendo alguna justificación errónea de algo que tuvo que salir a la luz de manera legal y con apoyo por fuera, porque la institución hizo caso omiso de lo que se presentó en el buzón de integridad”, enfatizó una de las estudiantes.

Sobre el protocolo que tiene la universidad para la atención a a casos de hostigamiento y abuso sexual, este apenas se les hizo de conocimiento al principio de este semestre, aunque tienen claro que si ocurre alguna agresión, la vía es decírselo primero al tutor, para que luego escale de una autoridad a otra hasta los directivos.

El protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual de la UPAEP, de 10 páginas, prevé como posibles sanciones para conductas graves de hostigamiento y acoso –previa evaluación del Comité– la terminación de la relación laboral con colaboradores de la universidad.

Como muy fuertes se describen conductas como presiones físicas y psíquicas para tener contactos íntimos, formular amenazas de afectar negativamente la situación laboral o escolar si no se aceptan invitaciones o propuestas sexuales, imponer medidas disciplinarias por rechazar proposiciones sexuales, ejercer presión con ese fin, encerrar dentro de las instalaciones universitarias a la víctima, o ejercer sexting, acoso cibernético o porno venganza.


Sin embargo, en este caso, aún cuando las autoridades universitarias han determinado separar al maestro de su cargo para que se dé seguimiento a la denuncia penal que existe ante la fiscalía estatal, la preocupación de las alumnas que se han organizado para apoyar a la denunciante es que en la institución no respete el derecho que tienen a manifestarse.

“Nosotras empezamos a anunciar lo que se iba a hacer el día de hoy (martes 20) desde el viernes. Pero al llegar nada más éramos tres; muchas niñas nos empezaron a decir que no iban a ir porque ya se estaba tornando algo peligroso, porque les habían amenazado con que no fueran, diferentes cosas; para mí se me hace de verdad muy feo y muy alertante que al nosotras manifestarnos de una manera tranquila y pacífica, ni eso podamos hacer”, lamenta una de ellas.

Actualmente, confiesan, no se sienten seguras o en confianza con sus propios profesores, sobre todo porque no se trata del primer caso. Lo que debe suceder, sostienen, es que la UPAEP reconozca los casos y los atienda de una manera diferente, tomando cartas en el asunto desde que se presentan denuncias, y medidas necesarias para apoyar verdaderamente a las víctimas en lugar de afectarlas en sus estudios, lo que hablaría de congruencia con los valores de la institución.

“No queremos ningún problema; simplemente lo que queremos es que den la cara, que se hagan responsables, que no culpen a la víctima por todo lo que le pasó; estamos buscando la manera más asertiva y más pacífica posible de hacer todo esto, pero la autoridades a veces no se prestan”, reclama una de las estudiantes.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.

Habitantes de San Andrés Cholula alcanzan acuerdo en su lucha contra la expansión inmobiliaria

El acuerdo con el gobierno de Puebla y el ayuntamiento de San Andrés Cholola se alcanzó luego de 36 horas de bloqueo en la carretera federal Puebla-Atlixco.

Las organizaciones y pueblos cholultecas llegaron a un acuerdo con el gobierno estatal y el ayuntamiento de San Andrés Cholula para que sus estrategias comunitarias, ante la expansión inmobiliaria sobre sus tierras, sean tomadas en cuenta en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano.

Luego de 36 horas de mantener un bloqueo en la carretera federal que comunica Puebla con Atlixco, los manifestantes lograron establecer una mesa de diálogo con el subsecretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, y la alcaldesa de San Andrés, Guadalupe Cuautle.

Tras horas de negociaciones, las autoridades aceptaron dar continuidad a un convenio que ya se había firmado en años anteriores para tomar en cuenta estas estrategias que buscan evitar que los pobladores originarios sigan siendo desplazados de sus tierras o que se saqueen recursos como el agua.

Parte de los acuerdos firmados es que, en una mesa de trabajo, académicos de universidades como la Ibero, la Buap y la Udlap, expongan los análisis que ya emitieron sobre estas estrategias y propuestas, y que esto se haga con la participación de representantes de la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado.

“Una vez realizada la exposición de dictámenes o documento de factibilidad por las Universidades, y en caso de que exista viabilidad jurídica y técnica manifestada por todas las instancias competentes en la materia, se iniciará el proceso para la integración de las estrategias y/o acciones propuestas por los pueblos originarios, por el Ayuntamiento de San Andrés Cholula”, indica el documento firmado.

Entre las estrategias que proponen está el crear polígonos de protección, de terrenos no vendibles, en torno a los pueblos originarios; revertir los incrementos en costos de escrituración de propiedades en comunidades cholultecas; frenar extracción de agua y llevar a cabo estudios sobre riesgo de hundimientos, entre otros.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

El INAH desmiente a Armenta: el Cablebús aún no ha sido autorizado

“Ayer nos aprobaron dos proyectos, el INAH, por unanimidad", dijo el jueves el gobernador de Puebla, pero el INAH aclaró que los proyectos apenas se habían presentado un día antes.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitió un boletín para aclarar que las obras propuestas por el gobierno de Alejandro Armenta Mier, como son el Cablebús y la Universidad del Deporte, aún no han sido aprobadas y siguen en evaluación, pues apenas fueron presentados sus proyectos este 21 de mayo.

En rueda de prensa el día 22, el gobernador poblano aseguró que esas dos obras ya las había autorizado el INAH “por unanimidad”.

“Ayer nos aprobaron dos proyectos, el INAH, por unanimidad. Uno, la Universidad del Deporte, porque va a estar en la zona monumental. Y dos, el Cablebús, porque las cosas las hacemos con planeación. No corremos, damos pasos firmes porque no estamos pensando en hay que hacer muchas obras para ver cuánto nos va a dejar”, declaró Armenta.

No obstante, este sábado, el Instituto emitió un boletín en el que señala que apenas fue el 21 de mayo cuando ambos proyectos elaborados por el Gobierno de Puebla fueron presentados ante el Consejo de Monumentos Históricos Inmuebles.

Aunque el gobernador había declarado anteriormente que una línea del Cablebús iría de la Junta Auxiliar La Resurrección -donde pretende construir un “ecoparque”-  hacia Casa Aguayo, en el centro histórico de Puebla, el INAH aclara que ha solicitado que este transporte corra fuera de los límites de la Zona de Monumentos Históricos para evitar que elementos que soportan su estructura afecten el paisaje histórico de la capital poblana.

“En particular, el proyecto del Cablebús implica el desarrollo de una línea aérea de transporte público que conectará desde la zona de la Resurrección hasta el Centro Integral de Servicios (CIS) de la Angelópolis, siguiendo un trazo por el oriente y el sur de la ciudad de Puebla”, indica el INAH.

“Este proyecto está siendo evaluado en diferentes aspectos, para evitar que cualquier construcción pudiera tener repercusiones o afectar los valores patrimoniales del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, el cual es un sitio inscrito, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en la Lista del Patrimonio Mundial”.

Puntualiza que el Consejo de Monumentos Históricos Inmuebles evalúa actualmente el proyecto y en fechas próximas emitirá las recomendaciones generales y/o solicitudes de modificación del mismo, para que pueda garantizarse la protección del sitio histórico.

“Una vez que esta fase haya concluido, podrán emitirse las autorizaciones correspondientes para que, en su momento, inicien los trabajos por parte del gobierno estatal”, subraya. “El INAH reitera su compromiso con la salvaguarda de los valores universales que contiene el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GBRIELA HERNÁNDEZ.

Pueblos cholultecas bloquean carretera y demandan a gobierno que frene urbanización de sus tierras

Las comunidades indígenas advirtieron que la expansión del llamado Cártel Inmobiliario de Puebla pone en riesgo de desaparecer su cultura y forma de vida milenaria.

Representantes de organizaciones y de pueblos cholultecas mantienen bloqueada la carretera federal Puebla-Atlixco en demanda de que se ponga freno al crecimiento inmobiliario “salvaje” que ha avanzado por más de tres décadas sobre sus tierras, en particular por parte de Grupo Proyecta desarrollador de Lomas de Angelópolis.

En un pronunciamiento previo a esta protesta, las comunidades indígenas advirtieron que la expansión del llamado Cártel Inmobiliario de Puebla pone en riesgo de desaparecer su cultura y forma de vida milenaria, luego que Cholula es considerada la población más antigua de América al mantenerse habitada de manera ininterrumpida desde el año 500 A.C.

Habitantes de Tlaxcalancingo, Santa María Zacatepec, Nealtican, Cacalotepec, Ocoyucan, Malacatepec, Acuexcomac, San Pedro y San Andrés Cholula señalaron que sus pueblos no sólo han perdido territorio y disponibilidad de agua, sino que han sido contaminados por el basurero intermunicipal, padecen incremento en servicios e impuestos y ven amenazada su forma de vida, identidad, cultura y lengua.

En tanto que Grupo Proyecta, propiedad de los hermanos Posadas Cueto y de Pedro Aspe Armella, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, se ha extendido por cientos de hectáreas con clúster de fraccionamientos e intensifica sus planes para seguir expandiéndose sobre sus tierras.

 “Por más 30 años Grupo Proyecta se ha enriquecido de manera abusiva despojando a los pueblos originarios de la región cholulteca de la tierra, el agua y el derecho a un medio ambiente sano con la construcción de miles de residencias y edificios que le han hecho ganar millones de dólares, desapareciendo territorios y caminos ancestrales de los pueblos originarios y con ello su forma de vida”, denunciaron.

Agregaron que estas formas de despojo no sólo han sido por parte de este grupo empresarial, que se ha sido favorecido por todos los gobiernos sin importar partidos, sino también por la autoridad estatal y de los municipios de San Andrés Cholula y Santa Clara Ocoyucan y por otros fraccionadores.

El llamado Cártel Inmobiliario de Puebla, denunciaron, ha recurrido a la expropiación, a la compra forzada, al encarecimiento de impuestos, la ocupación ilegal de terrenos, a juicios amañados, a cerrar caminos y acceso a predios que quedan dentro de los clústers, al uso de la fuerza pública y privada, a corromper autoridades y a dividir a los pobladores.  

Organizaciones y habitantes elaboraron un Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial y un documento llamado “Estrategias de Planeación Territorial y Protección de los Pueblos Originarios”, este último dictaminado como viable por parte de académicos de la Ibero Puebla, de la BUAP y de la Udlap.

En estas estrategias, plantean diversas medidas entre ellas marcar polígonos de protección -no sujetas a venta- para que los pueblos sigan prevaleciendo como unidades comunitarias.

Los participantes en el cierre carretero aseguraron que existe un acuerdo con el Ayuntamiento de San Andrés y el gobierno estatal para que sus propuestas sean incluidas en el Programa de Desarrollo Urbano, pero hasta ahora esto no se ha cumplido.

Expusieron que si bien el gobernador Alejandro Armenta ha hecho críticas públicas contra Grupo Proyecta al señalar que compraron a los campesinos sus tierras por pocos pesos y después las vendeb en dólares, en la práctica sigue favoreciendo a ese grupo empresarial, pues promovió que se cambie la caseta de la autopista Puebla-Atlixco, lo cual les permitirá incrementar plusvalía de sus desarrollos.  

Hasta la tarde de este jueves, los probladores mantenían en el cierre de la carretera en espera de que la alcaldesa de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle, así como representantes del gobierno estatal, acudan a San Bernardino Tlaxcalancingo a establecer una mesa de diálogo en la que se acuerde la inclusión de las estrategias en el Programa de Desarrollo Urbano.  

En esta manifestación participan organizaciones como el Campamento de Resistencia en Defensa de la Tierra y el Agua de Malacatepec, Cholultecas Unidxs en Resistencia, el Comité en defensa del Agua de Santa María Acuexcomac, la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en defensa del agua y el Congreso Nacional Indigena.

Preso político

En entrevista telefónica desde el penal de San Miguel, Emiliano Zambrano, líder del Campamento de Resistencia en Defensa de la Tierra y el Agua de Malacatepec, demandó a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Alejandro Armenta, poner atención a su caso al asegurar que es un “preso político” al que le fabricaron una denuncia por órdenes de Grupo Proyecta.

Zambrano, un hombre indígena de 58 años de edad, es líder de pobladores que mantienen desde hace nueve años un campamento que han impedido la expansión de Grupo Proyecta sobre más de 245 hectáreas que abarcan los cerros de La Sombra y el Pando.

El activista explicó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha aprobado el proyecto de ese grupo inmobiliario llamado City Lomas, porque incluye terrenos de las reservas estatales el Tentzo y Valsequillo.

No obstante, refirió que hace días trabajadores de esa empresa derribaron “casitas” construidas en el campamento, y ya antes los han amedrentado e incluso atacado a balazos.

Emiliano explicó que fue acusado por una de sus vecinas de violación, pero aseguró que el caso fue fabricado para sacarlo de la lucha y que ya en prisión, representantes de la inmobiliaria y del gobierno lo han amenazado con mantenerlo encarcelado, si continúa la resistencia.

También, acusó que el grupo empresarial ha usado su poder económico para “sobornar” a integrantes del movimiento para que se retiren del campamento y traicionen la defensa del territorio.  
“Estoy indefenso en la cárcel”, expresó, “les pido a las autoridades estatales y federales que me pongan mucha atención, que me apoyen, que nos defiendan, dicen que primero los pobres y le están dando preferencia a los ricos, ya estamos cansados de los abusos de Grupo Proyecta y la autoridad no hace nada”.
Cabe señalar que las organizaciones cholultecas han demandado la libertad de Zambrano, al sostener que las acusaciones en su contra fueron fabricadas y que el fondo es desarticular la resistencia contra el desarrollo inmobiliario.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.