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El “paraíso ecológico” de Armenta, enredado en violaciones ambientales

El gobierno de Puebla insiste en construir parques en la Malinche, el Izta-Popo y en el Pico de Orizaba aduciendo que busca el rescate y preservación de esas cimas, así como impulsar la educación, protección y el respeto por el medio ambiente... pero en un área natural protegida.

El gobernador morenista Alejandro Armenta Mier presenta su propuesta de construir un parque dentro del área natural protegida (ANP) de La Montaña Malinche, como un proyecto de preservación y educación ecológica, aunque desde su arranque su administración ha transgredido y desacatado leyes en materia ambiental.

El 4 de junio último el gobierno poblano ingresó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un nuevo estudio de impacto ambiental del llamado Ecoparque Tlalli Malinche, en la cual también pide autorización para “rehabilitar” el camino que va de la localidad de San Miguel Canoa al predio donde propone ese recreativo, pese a que esa obra se licitó, contrató e inició varios meses antes, desde principios de este año.

Es decir, solicita permiso para intervenir un área natural protegida, cuando en esa reserva ya se usó maquinaria pesada, se removió vegetación y tierra y hasta se inició la colocación de pavimento, con lo cual violentó disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y del programa de manejo del Parque Nacional La Montaña Malinche (PNMM).

Por ello, la obra fue clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) desde finales de abril último. El gobierno armentista no respetó la clausura, continuó con los trabajos y negó públicamente que ese camino estuviera dentro de la poligonal del Parque Nacional.

Armenta Mier, quien se autodefine como un “amante de la naturaleza” y suele encabezar campañas de donación de arbolitos, ha insistido en que su plan de construir parques en la Malinche, el Izta-Popo y en el Pico de Orizaba busca el rescate y preservación de esas cimas, así como impulsar la educación, protección y el respeto por el medio ambiente.

“Estamos cumpliendo todos los requisitos. Nosotros no violentamos la ley, nos apegamos al derecho y somos estrictamente respetuosos de las normas ambientales y de la aplicación del uso del suelo”, defendió el mandatario al insistir, además, en que sus propuestas se ciñen a la “bioética social y al humanismo”.

En el primero de esos tres proyectos, ubicado en la Malinche, lanzó la licitación OP- SPFA-LPE-2025-005 cuando apenas habían transcurrido 45 días del sexenio y firmó un contrato con la empresa Toscana Universal Construcciones y Acabados para cimentar, por 69.8 millones de pesos, un camino de 9.7 kilómetros hacia el predio del pretendido parque, aunque hasta la fecha éste no ha sido autorizado por la Semarnat.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 28 de la revista Proceso, correspondiente a octubre de 2025

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Denuncian censura y criminalización de la BUAP contra pueblos cholultecas

Pueblos de la región cholulteca denunciaron la censura, criminalización y amenazas a estudiantes por parte de las autoridades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y su Facultad de Filosofía y Letras, luego de que éstas suspendieron un conversatorio sobre la defensa del agua tras asegurar que las personas y organizaciones que asistirían «andan incitando a la violencia» y realizan «actos vandálicos y amenazas de muerte».

En un comunicado, los pueblos y colectivos cholultecas informaron que el conversatorio «La Autonomía de los Pueblos contra el despojo y la contaminación del capital. La lucha de los Pueblos de la región Cholulteca en defensa del Agua», programado para el 13 de octubre en el Colegio de Antropología Social, fue suspendido con una solicitud en la la institución se deslinda «de cualquier tipo de responsabilidad presente o futura hacia los estudiantes», pues con el evento se les exponía «tanto en su integridad física, psicológica, legal».

El documento oficial de la BUAP añade que «en caso de que los estudiantes quisieran apoyar este tipo de movimientos, hacerles saber que actuarán bajo su más estricta responsabilidad deslindando a esta casa de estudios», párrafo que, aseguraron los pueblos, «da cuenta clara de que la solicitud proviene de representantes académicos de la BUAP, del Estado y sujetos que han promovido la división en los pueblos, como es Héctor Flores Santamaría», quien firmó la solicitud.

«Denunciamos que estas posturas favorecen, promueven, legitiman y justifican la represión a los pueblos y abonan al ambiente de criminalización que padecemos como comunidades. […] Peligrosos son quienes, desde un lugar de poder como es la dirección de la BUAP, nos señalan como violentos; somos pueblos que defendemos nuestros derechos, que ejercemos nuestra autonomía y que luchamos por la vida», reclamaron las comunidades y colectivos cholultecas.

Agregaron que las prácticas de las autoridades de la BUAP no les extrañan debido a la institución «ha sido cómplice del ecocidio» en la región, pues fue utilizada por el ahora gobernador, Alejandro Armenta Mier, para avalar «científicamente» que el basurero intermunicipal Calpan-Cholula no contaminaba el medio ambiente.

«De la misma forma, la actual rectora, Lilia Cedillo, se alquiló para hacer proselitismo en el municipio de Juan C. Bonilla. No nos extrañan estas actitudes de parte de la BUAP hacia los pueblos, pues en septiembre de 2024, en el Coloquio Internacional e Interdisciplinario de Género y Feminismo, realizado en la Facultad de Filosofía y Letras, la voz de las compañeras fue censurada en sus plataformas virtuales», denunciaron en el comunicado.

Frente a la criminalización y censura por parte de la institución, los pueblos anunciaron que el conversatorio se realizará en el campamento contra el basurero y en defensa del agua y la vida en Cholula, este 11 de octubre a las 12:00 horas, pues aseguran que es un espacio «más crítico, libre y rebelde».

«No necesitamos al gobierno y sus instituciones, no necesitamos una educación que amenaza, adormece y corrompe la voluntad y el pensamiento; nos necesitamos a nosotros, la gente sencilla y humilde que en la práctica y los hechos derrumbará esa pirámide y sobre sus ruinas construirá un mundo para el bien común», finalizaron los pueblos cholultecas.

COMUNICADO:

A Los estudiantes

A los medios de comunicación

A los pueblos de la región Cholulteca y de los volcanes

A los compañeros y compañeras que luchan por la vida

En el marco de la lucha y defensa del agua y de las jornadas contra la Guerra hacia los pueblos zapatistas y la defensa del común, los pueblos de la región Cholulteca y estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (#BUAP) organizamos un conversatorio en el Colegio de Antropología Social que forma parte de la Facultad de Filosofía y Letras. Esta actividad, que lleva por título: «La Autonomía de los Pueblos contra el despojo y la contaminación del capital; La lucha de los Pueblos de la región Cholulteca en defensa del Agua», se programó para el día lunes 13 de octubre a las 12:00 horas en el Colegio de Antropología Social con la finalidad de compartir entre los estudiantes la resistencia, la organización comunitaria y la preservación y cuidado de la tierra y la vida.

Sin embargo, el día 7 de octubre, la Dra. Josefina Manjarrez Rosas, Directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP, y el Dr. Porfirio Sánchez Méndez, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, enviaron y difundieron el oficio CGUTAI-852/2025 con la solicitud 610/2025. Dicho documento, proveniente de la Plataforma Nacional de Transparencia con fecha 2/10/2025 a nombre de Héctor Flores Santamaría, folio: 210447925000610, indica la solicitud de la suspensión de dicho evento. La «solicitud» que en documento se plantea como tal, pero que en los hechos es dirigida y difundida por la directora y el titular de la Unidad de Transparencia como orden, señala, entre otras cuestiones, que las personas y organizaciones que asistirán a dicho evento «andan incitando a la violencia», además de realizar «actos vandálicos y amenazas de muerte». Más adelante, el documento indica: «en caso de llevarse a cabo una plática o conversatorio o reunión nos deslindamos de cualquier tipo de responsabilidad presente o futura hacia los estudiantes […] Ya que se busca que no se vaya a exponer a los estudiantes tanto en su integridad física, psicológica, legal y además en caso de que los estudiantes quisieran apoyar este tipo de movimientos hacerles saber que actuarán bajo su más estricta responsabilidad deslindando a esta casa de estudios». Este último párrafo, además de las graves amenazas y la violencia implícita hacia los estudiantes, da cuenta clara de que la solicitud proviene de representantes académicos de la BUAP, del Estado y sujetos que han promovido la división en los pueblos como es Héctor Flores Santamaría.

Como pueblos organizados en defensa de la autonomía, la tierra y la vida, analizamos la terrible y preocupante situación de violencia generada, promovida y difundida por la institución de la BUAP ante sus estudiantes y planta académica, que se sigue dando en el marco de unas elecciones de rectoría muy cuestionables donde la Dra. Lilia Cedillo Ramírez se impuso nuevamente a través de estas mismas prácticas de represión y criminalización.

A los pueblos de la región Cholulteca y de los volcanes no nos extrañan estas prácticas, pues sabemos que la institución de la BUAP ha sido cómplice del ecocidio en nuestra región, pues fue utilizada por el criminal priísta que hoy es gobernador por MORENA, Alejandro Armenta Mier, para decir que la Universidad avalaba científicamente que el basurero intermunicipal Calpan-Cholula no contaminaba el medio ambiente. De la misma forma, la actual rectora, Lilia Cedillo, se alquiló para hacer proselitismo en el municipio de Juan C. Bonilla. No nos extrañan estas actitudes de parte de la BUAP hacia los pueblos, pues en septiembre de 2024, en el Coloquio Internacional e Interdisciplinario de Género y Feminismo, realizado en la Facultad de Filosofía y Letras, la voz de las compañeras fue censurada en sus plataformas virtuales.

Denunciamos que estas posturas favorecen, promueven, legitiman y justifican la represión a los pueblos y abonan al ambiente de criminalización que padecemos como comunidades. Sabemos de la postura con tendencia fascista que se está generalizando en los gobiernos del mundo y que permiten que la guerra sea contra los pueblos; lo vemos de manera clara en el genocidio en Palestina y no vamos a permitir que crezca y se fortalezca ese discurso en contra de nosotros. Peligrosos son quienes, desde un lugar de poder como es la dirección de la BUAP, nos señalan como violentos; somos pueblos que defendemos nuestros derechos, que ejercemos nuestra autonomía y que luchamos por la vida.

¿Qué tipo de egresados de la BUAP esperamos si institucionalmente se promueve el racismo y el autoritarismo?

Los pueblos, desde hace siglos, hemos construido y defendido nuestra autonomía, algo de lo que carece esta institución. Las comunidades, como quiera, vamos a seguir luchando y resistiendo el embate del gobierno y sus estructuras de poder.

Lo que sí debería indignar a toda la sociedad es el trato inhumano y represor que esta institución promueve y reproduce entre sus estudiantes y planta docente.

Los pueblos de la región Cholulteca y de los volcanes les hacemos un llamado a todos los estudiantes a organizarse, a seguir defendiendo el pensamiento crítico y la lucha por la libertad porque el día de mañana serán ustedes los que, junto con nosotros, transformen la realidad para el bien común.

En este sentido, los invitamos al conversatorio: «La autonomía de los pueblos contra el despojo y la contaminación del capital; La lucha de los pueblos de la región Cholulteca en defensa del agua». Pero ya no en el auditorio Néstor García Canclini del Colegio de Antropología Social de la BUP (ya le quitamos la A), sino en un espacio más crítico, libre y rebelde: en el campamento contra el Basurero y en defensa del agua y la vida. Y ya no será el día 13 de octubre del año en curso, sino el sábado 11 de octubre a las 12:00 hrs.

No necesitamos al gobierno y sus instituciones, no necesitamos una educación que amenaza, adormece y corrompe la voluntad y el pensamiento; nos necesitamos a nosotros, la gente sencilla y humilde que en la práctica y los hechos derrumbará esa pirámide y sobre sus ruinas construirá un mundo para el bien común.

Sin más por el momento…

AUTONOMÍA, TIERRA Y LIBERTAD

A 8 de octubre de 2025

PUEBLOS UNIDOS DE LA REGIÓN CHOLULTECA Y DE LOS VOLCANES

UNIÓN DE PUEBLOS CONTRA EL BASURERO Y EN DEFENSA DEL AGUA

CONSEJO CIUDADANO DE XOXTLA Y SUS ALREDEDORES

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Artículo 19 pide a Armenta detener criminalización e intimidación contra e-Consulta

La organización refirió que la actualización del proceso judicial ocurrió posterior a publicaciones en las que e-consulta informó sobre una presunta estrategia del gobierno de Puebla para obligar a funcionarios a dar likes y postear de manera positiva en redes sociales a favor del gobernador.

La organización Artículo 19 hizo un llamado al gobernador Alejandro Armenta y a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que detengan la criminalización e intimidación contra el portal de noticias e-Consulta, luego de que se reactivó una denuncia presentada desde 2020 contra Rodolfo Ruiz, director de ese medio. 

En un comunicado, la organización refirió que la actualización de ese proceso judicial, por el supuesto delito de lavado de dinero, ocurrió posterior a una serie de publicaciones en las que e-Consulta informó sobre una presunta estrategia del gobierno de Puebla para obligar a personas en función pública a dar likes y postear de manera positiva en redes sociales a favor del gobernador.

“Es preciso mencionar que la denuncia en cuestión tiene su origen en auditorías fiscales de enero de 2020 que no se concluyeron, pero que la Secretaría de Finanzas y Administración de Miguel Barbosa promovió ante la Fiscalía General del Estado (FGE), junto con otros procesos civiles por supuesto daño moral en contra el medio y el director, acumulando más de 7 procesos judiciales durante dicha administración”. 

Agregó que, en su momento, Artículo 19 alertó que ese tipo de procesos judiciales son denuncias o demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPPs, por sus siglas en inglés) utilizados por la gente que detenta el poder para limitar el debate público, “así como censurar e intimidar a través de lo que implica en términos de recursos humanos y económicos el defenderse frente a estos procesos”. 

Recordó que el caso de Rodolfo Ruíz y de e-Consulta ocurre también en medio de una serie de discursos “estigmatizantes”, donde se han utilizado las conferencias de prensa de gobierno estatal para criminalizar a ese medio. 

Esto se refiere a los señalamientos hechos durante una rueda de prensa directamente en contra de Ruiz, cuando Armenta lo llamó “cobarde”, “canalla” y lo tachó de ciberdelincuente al acusarlo de la publicación de un mensaje en redes sociales, que el periodista ni siquiera había emitido. 

Artículo 19 menciona que a esto se suma el hecho de que Puebla ha sido centro de debate público por la reforma que tipifica el delito de ciberasedio, que ha sido cuestionada por organizaciones y periodistas al considerar que genera un “efecto inhibitorio” para el ejercicio de libertad de expresión e información de las personas. 

Al exponer estos antecedentes, la organización pidió al gobierno de Armenta abstenerse de estigmatizar o criminalizar a periodistas y medios de comunicación y a la Fiscalía abstenerse de utilizar recursos públicos en procesos que buscan intimidar a la prensa por sus publicaciones.   

Igual llama al Poder Judicial de Puebla a que aplique los estándares internacionales y criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de libertad de expresión y ejercicio periodístico, para el estudio y resolución de los procesos civiles o penales iniciados contra periodistas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Morena propone que médicos puedan negarse a practicar el aborto en Puebla

La iniciativa de la diputada Nayeli Salvatori llega pese a que la SCJN ya resolvió que la objeción de conciencia no puede ser barrera para la interrupción legal del embarazo.

La fracción de Morena en el Congreso de Puebla propuso una reforma a la Ley Estatal de Salud que plantea el derecho a la “objeción de conciencia” para que el personal de salud de hospitales de Puebla pueda negarse a practicar un aborto. 

Presentada por la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, la iniciativa retoma una figura que ya fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al señalar en 2021 la inconstitucional el Artículo 10 Bis de la Ley General de Salud y asentar que “la objeción de conciencia” no puede ser barrera para la interrupción legal del embarazo. 

No obstante, la diputada de Morena propone que el personal médico y de enfermería pueda ejercer el derecho de “objeción de conciencia cuando se oponga de forma directa, auténtica y grave contra sus convicciones”. 

Cabe señalar que apenas hace un año, en julio de 2024, el aborto fue despenalizado en esta entidad donde aún se contemplaba pena de cárcel para las mujeres que recurrieran a la interrupción del embarazo. 

Sin embargo, las agrupaciones feministas han advertido que aún está pendiente la reforma a la Ley Estatal de Salud para que las mujeres tengan acceso al servicio médico de manera gratuita. 

Desde marzo de 2023, CAFIS, Odesyr y GIRE ganaron un amparo a favor del derecho a las mujeres a decidir, lo cual obligó al gobierno de Puebla a establecer que el aborto gratuito se podía llevar a cabo en siete hospitales de la entidad, siempre y cuando fuera con el acompañamiento de esas organizaciones. 

Recientemente, colectivas feministas que participan en la Campaña por el Aborto Legal en Puebla denunciaron que a pesar de haberse despenalizado y de que el Poder Judicial respaldó el derecho de las mujeres a decidir, en Puebla las mujeres que solicitan un aborto en hospitales públicos se enfrentan a la falta de medicamentos y equipos, y a la actitud hostil del personal médico que, incluso, con frecuencia intenta disuadirlas. 

Además, advirtieron que las mujeres de diversas regiones de la entidad en condiciones de pobreza no tienen acceso al derecho a la interrupción legal del embarazo, pues en las unidades de salud pública de sus municipios les niegan el servicio y les aseguran que ese procedimiento sólo puede llevarse a cabo en la capital de la entidad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Trabajadores de Puebla exhiben cómo se les ordena hablar bien de Armenta en redes

Empleados del Gobierno de Puebla relataron a SinEmbargo que desde el Poder Ejecutivo de esa entidad se les exhortó a que dejaran comentarios positivos en las publicaciones de las redes sociales del Gobernador Alejandro Armenta, con el propósito de inflar la imagen del mandatario.

Trabajadores del Gobierno de Puebla denunciaron que están siendo víctimas de ciberacoso por parte de la Administración de Alejandro Armenta, la cual les ordenó dejar mensajes positivos en las publicaciones oficiales del Gobernador, para lo cual incluso crearon una aplicación llamada Nódica, la cual vigilaba dicha actividad, misma que fue desactivada luego de que se exhibió esta situación.

Empleados del Gobierno de Puebla relataron a SinEmbargo que desde el Poder Ejecutivo de esa entidad se les exhortó a que dejaran comentarios positivos en las publicaciones de las redes sociales del Gobernador Alejandro Armenta. Primero, este llamado fue “voluntario”, afirmando que el no hacerlo no afectaría su área laboral, pero después con la creación de Nódica, la tarea se convirtió en obligatoria y de vigilancia continua.

Fue el portal e-consulta el que dio a conocer la existencia y propósito de Nódica. Incluso, el periodista Ignacio Gómez Villaseñor, a través de su cuenta de X, publicó pruebas de que el Gobernador Armenta administraba el sitio, mismo que era utilizado para inflar su imagen en redes sociales. “No deja duda que usan ilegalmente Nódica para inflar las redes del gobernador. Y no solo eso, aquí les demuestro que el mismo gobernador es administrador”, escribió Gómez Villaseñor.
El medio digital dio a conocer los videos que los empleados recibieron en los que se les daba a conocer la forma en la que funcionaba la plataforma, a través de la cual, los burócratas estaban obligados a comprobar si cumplían con la cuota de “activación” –los mensajes que debían publicar en favor del Gobierno poblano– semanal, de acuerdo a un calendario de actividades que la Coordinación General de Comunicación Social del estado creo.

De acuerdo con este cronograma, a cada una de las 82 dependencias estatales que conforman la Administración que encabeza Armenta se le designó tres días a la semana para apoyar las publicaciones que en redes sociales difunde el Gobierno de Puebla. Asimismo, cuando alguna de estas entidades no lleva a cabo esta labor, se publica una lista con el nombre de las entidades evidenciado que no se “activaron” conforme a la designación que se estableció en el calendario.

Los trabajadores afectados expresaron a SinEmbargo que están obligados a cumplir con esta actividad de “apoyo voluntario” por miedo a perder su empleo y que incluso se siente “cercados” ya que les ha impuesto el subir evidencia de su participación “en las publicaciones de las redes sociales del Gobernador Armenta”, tarea que es conocida por algunos como ciberactivismo gubernamental, pero que en realidad se trata de un cibieracoso contra estos empleados burócratas.


El trabajador de una de las dependencias estatales, quien solicitó mantener el anonimato, evidenció cómo desde el Ejecutivo estatal, mediante los mandos medios, principalmente, se dan instrucciones, a través de grupos de WhatsApp, para que los trabajadores dejen mensajes de apoyo en las redes sociales del Gobernador Armenta.
“Mis compañeros y compañeras tienen que estar subiendo las evidencias de manera periódica, básicamente dependiendo de la agenda que tenga el Gobernador. En este escenario, que ya es de por sí complicado, en lugar de estar nuestro trabajo, ahora nuestros superiores, mandos medios sobre todo, y superiores, nos están solicitando que participemos en este tipo de activaciones de las redes del Gobernador, cosa que es obscena, es insultante”, dijo.
“Para los que somos de izquierda es una pena ver cómo toda esta gente que llegó de la 4T improvisada al Gobierno del estado no ha hecho más que recurrir a estar prácticas priistas de la vieja política”, agregó el trabajador, quien enfatizó que muchos empleados han sido obligados a “participar en grupos de WhatsApp”, en los cuales “hay mucha gente”, quienes “tienen que subir las evidencias” [los mensajes de apoyo en redes sociales en favor de Armenta*.


La información de e-consulta señala que la creación de Nódica fue idea de Fansel Miroslava Pastor Betancourt, directora de Monitoreo y Redes Sociales del Gobierno de Puebla y promotora de la activación digital, quien justificó que la plataforma era usada para monitorear y atender situaciones de riesgo para la población, pese a que las pruebas periodísticas muestran que con la App se obligaba a los trabajadores estatales a dejar mensajes positivos en favor de Armenta.

Por su parte, en respuesta a los señalamientos del periodista Gómez Villaseñor, José Tomé Cabrera, coordinador general de Comunicación Social del Gobierno de Puebla, aseguró que Nódica fue una herramienta que no tuvo costo para la administración estatal, misma que fue dada de baja desde el pasado viernes cuando se evidenció dicha actividad. “Muestra el contrato. No existe porque es una herramienta que para nosotros no tuvo costo. ¿Qué parte no entiendes que no se puede acusar en falso?”, dijo Tomé en su cuenta de X.
El GobernadorArmenta Mier suma ya varias polémicas en nueve meses de administración. Antes fue señalado por agresiones a periodistas y medios de comunicación locales, a los cuales se sumó la “Ley Censura”, con la que su gobierno buscaba blindarse frente a la crítica ciudadana.

Oriundo de Izúcar de Matamoros, Puebla, Armenta inició su carrera política a los 23 años cuando fue elegido por plebiscito para Presidente municipal de Acatzingo de Hidalgo. Posteriormente, fue Diputado local de 2002 a 2005, en la segunda mitad del sexenio del Gobernador priista Melquíades Morales.

En el gobierno de Mario Marín (2005-2011) fungió como director del DIF Estatal, Secretario de Desarrollo Social y en 2010 se convirtió en dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde le tocó la designación de los candidatos para la gubernatura, alcaldías y diputaciones.

En 2015 fue designado como Diputado federal por el PRI en el Distrito 7 de Tepeaca; y en 2017 acudió a un evento organizado por Morena en contra de la corrupción, por lo que el PRI decidió suspender temporalmente su militancia al considerar que había asistido a un evento partidista de otro órgano político.

En respuesta, Armenta anunció su renuncia al PRI y su incorporación a la militancia de Morena en abril de 2017. Rápidamente, en las elecciones de 2018 fue elegido como Senador por el partido guinda y, desde entonces, ha ocupado importantes puestos. En la Cámara alta, lo logró con el apoyo de Ricardo Monreal.

Al inicio del Segundo año legislativo de la LXV legislatura y después de tres votaciones, fue electo como Presidente de la Mesa Directiva del Senado para el período 2022-2023, él era el candidato de Monreal y en ese periodo quedó exhibida una ruptura dentro de la bancada morenista, pues poco menos de la mitad rechazaban la llegada de alguien cercano a Ricardo.

Y en 2024 se convirtió en el candidato al gobierno de Puebla por la coalición Sigamos Haciendo Historia; es el gobernador poblano desde el 14 de diciembre de ese año.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: NORA GASPAR RESÉNDIZ.

Habitantes de Xoxtla exigen la revocación del permiso de extracción en el pozo 4

Más de 300 habitantes de Xoxtla, Puebla, marcharon este miércoles por las calles del municipio para exigir a la alcaldesa Guadalupe Ortiz Pérez la revocación del permiso que otorga a Concesiones Integrales la extracción de 50 litros por segundo del pozo 4.

La caravana inició en el zócalo de Xoxtla y recorrió las principales vialidades. Los habitantes alertaron a la población sobre las consecuencias del acuerdo como el recrudecimiento de la escasez de agua que ya enfrentan. El recorrido finalizó cerca de la autopista México–Puebla, donde invitaron a que más ciudadanos se sumen a la protesta.

Pascual Bermúdez Chantes, activista y líder del movimiento, informó que el Juzgado Cuarto de Distrito admitió su juicio de amparo contra una orden de aprehensión impulsada por la empresa, y obtuvo una suspensión provisional.

Durante la movilización, los pobladores también alertaron sobre los intentos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por entregar volúmenes del recurso a la empresa, lo cual fue aseguraron que se trata de un beneficio a intereses privados.

Asimismo, denunciaron la revocación de una suspensión previa a Bermúdez por un error judicial y recordaron el caso de Renato Romero, activista recientemente exonerado tras ser acusado por su defensa del agua en la entidad.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Graban despojo violento: científica y empresario austriaco denuncian abusos de los hermanos Kuri

Los restauranteros Carolina Mendoza y Armin Brandel acusan a los hermanos Kuri Carballo (ligados al Partido Verde) de orquestar su desalojo violento en Lomas de Angelópolis mediante amenazas, agresiones, difamación y abuso de poder. Los hechos, en complicidad con la policía de San Andrés Cholula.

El 7 de mayo último el matrimonio formado por la científica Carolina Mendoza y el ingeniero austriaco Armin Brandel fueron desalojados con violencia de su restaurante en el que no sólo invirtieron los ahorros de su vida (poco más de cinco millones de pesos), sino en el cual trabajaron para convertirlo, en pocos meses, en uno de los mejor calificados de la exclusiva zona de Lomas de Angelópolis de este municipio.

Aficionados a la cocina, Carolina y Armin creyeron estar cumpliendo un sueño al emprender ese establecimiento especializado en comida italiana al que llamaron Fenotti, pero al poco tiempo se vieron inmersos en la pesadilla que jamás imaginaron.

En lo que ahora asumen fue una maquinación, los restauranteros denuncian que fueron despojados de su trabajo y dinero en medio de una cadena de atropellos, difamación en medios de comunicación y redes sociales, robos, amenazas de muerte, violencia institucional, boicots al negocio, agresiones físicas, detenciones arbitrarias, abuso de autoridad y falsificación de documentos, entre otras acciones. 

Ante distintas autoridades la pareja ha acusado a los hermanos Juan Pablo y Emilio Kuri Carballo, propietarios del Centro Comercial Riona High Plaza, de haber usado influencias políticas y poder económico para avasallarlos de diversas maneras hasta sacarlos de dos locales que en marzo de 2024 les arrendaron en obra negra y en los cuales invirtieron para acondicionarlos como un restaurante de alta gama.

Juan Pablo Kuri fue regidor en el Ayuntamiento de Puebla de 2014 a 2018, y, al mismo tiempo, fungió como dirigente estatal del Partido Verde hasta julio de 2019, cuando se integró al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) como secretario de Comunicación Social de ese partido hasta noviembre de 2020. 

De 2018 a 2021 fue diputado local, cuando el Verde se sumó a la alianza Juntos Hacemos Historia, que llevó a la 4T a ganar la gubernatura de Puebla. 

Además, los hermanos Kuri Carballo son hijos de Antonio Kuri Alam, quien fue delegado del Infonavit de 2016 a 2023, época en la que ese instituto fue señalado por demandar a derechohabientes en otras entidades del país para dejarlos en la indefensión. Al perder sus casas, éstas se remataron en favor de inmobiliarias.

En denuncias ante autoridades como la Secretaría de la Función Pública estatal, la contraloría de San Andrés Cholula, la embajada de Austria, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los restauranteros aseguran que en el entramado en su contra participaron servidores del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, que preside la panista Guadalupe Cuautle y del Sistema Operador de Agua y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP).

Las maniobras para anular el contrato de renta, que se firmó por tres años, y para apropiarse de las adecuaciones que hicieron los empresarios, se relacionarían con que en ese centro comercial operará en breve una franquicia Akademi, de Kidzania, centro interactivo para niños que, al estar en la zona de mayor nivel socioeconómico de Puebla, atraería una alta afluencia de familias a esa plaza. 

Los Fenotti

Armin y Carolina llegaron a Puebla hace cuatro años, cuando la científica, doctora en Nanociencias y Materiales, fue contratada para trabajar en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE). Su pareja, quien labora en línea para Microsoft, no tuvo problema en cambiar residencia.

En entrevista con Proceso, explican que a principios del año pasado decidieron aventurarse y poner a trabajar sus ahorros en un restaurante en una zona de alta demanda como lo es Angelópolis. 

El 1 de marzo de 2024 firmaron un contrato de renta con los Kuri Carballo para pagar 100 mil pesos mensuales por dos locales en la Plaza Riona High, ubicada en el bulevar Atlixcáyotl.

Los dueños del centro comercial condicionaron el arrendamiento a que, en la adecuación de las instalaciones, que estaban en obra negra, contrataran al arquitecto Miguel Jacobo Yitani, amigo de los Kuri, quien cobró dos millones de pesos sin entregarles factura por sus servicios. 

Desde los primeros meses enfrentaron problemas, pues tuvieron que hacerse cargo de la instalación de gas, ya que, aunque el centro comercial rentó el lugar para restaurante, no contaba con ese indispensable servicio.

Armin asume ahora que esta intención de despojo estaba presente desde ese momento, pues en el proceso para tramitar licencia de funcionamiento y permisos de protección civil, los empleados de la plaza nunca entregaron documentos que requerían, por lo que tuvieron que contratar a un perito que resolviera esos trámites. “Creo que la intención era que no obtuviéramos los permisos, pero a pesar de todo, lo logramos”, refiere el austriaco.

“Éramos muy niños”, expresa al reconocer la ingenuidad con la que aceptaron condiciones, omisiones, tratos de palabra y cláusulas que luego usaron en su contra. 

Fenotti empezó a operar el 1 de agosto del año pasado. La pareja cuenta que el establecimiento logró ganar popularidad por lo que en poco tiempo empezaron a tener lleno los fines de semana. Esto, pese a los constantes saboteos de la administración a cargo de Rosario Pedraza, quien apagaba las luces de la plaza o dejaba sin funcionar elevadores y escaleras eléctricas, cuando aún tenían clientela. 

Detenciones y difamación

El 10 de enero de 2025 ocurrió el primer incidente grave. Carolina buscó estacionarse en un lugar cercano al local, pero el personal de seguridad se lo impidió.

Al suscitarse un altercado, los Brandel llamaron al 911 para pedir el auxilio de la policía vial, pero al lugar llegaron además elementos municipales que, luego de saludar con familiaridad a la administradora, esposaron a Armin y se lo llevaron detenido. Al temer la desaparición de su pareja, Carolina igual se subió a la patrulla. 

Ambos fueron llevados al Complejo de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPPC) de San Andrés Cholula donde una jueza los puso en libertad al no haber cargos, aunque las fichas que les levantaron dice que fueron aprehendidos por “escandalizar en evento deportivo” y los obligaron a pagar dos mil pesos de multa.  

En su denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Armin afirma que los policías fueron sobornados por la administradora de la plaza, Rosario Pedraza, para grabarlo en video cuando lo subían a la patrulla. Esas imágenes fueron pautadas en medios de comunicación locales y en redes sociales para exponer al austriaco como un “agresor de mujeres”. 

“Armin Brandel ya tiene antecedentes de agresiones y es conocido por ser conflictivo. Este incidente no es el primero en el que se ve involucrado en situaciones de violencia”, dice una de las notas de ese día.

En tanto que Pedraza presentó una demanda contra Armin al que acusó de haberla agredido físicamente por el espacio de estacionamiento. 

Tras esta andanada mediática, el austriaco acudió ante la embajada de su país en México y el 13 de enero dio una rueda de prensa en la que señaló a los Kuri Carballo de usar sus contactos y recursos económicos para hostigarlo y difamarlo. 

En ese momento pidió la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alejandro Armenta para que hicieran prevalecer el Estado de derecho y la certeza jurídica en su derecho al trabajo y el de los 15 empleados del restaurante.

Amenaza de desalojo y clausura

El 20 de febrero último, cuando el restaurante apenas tenía seis meses de operar, los empresarios fueron notificados de un juicio de desalojo en el que los Kuri pidieron conservar las adecuaciones y retener tres meses que habían pagado como depósito.

A partir de entonces iniciaron la defensa legal, que aún sigue en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo y Juicios Federales en Puebla bajo el expediente 14/2025, aunque el desalojo ya se consumó.

La pareja menciona que sus abogados dieron por hecho que la demanda no procedería, pues los Kuri usaron la vía mercantil, cuando el contrato de renta es civil. No obstante, el juzgado inicio el proceso y les pidió una garantía de 800 mil pesos. 

Luego de que ellos recurrieron al amparo y al observar la posible falta de competencia de la vía mercantil, Armin cuenta que los Kuri desataron otras estrategias de presión. 

El 4 de abril un inspector del SOAPAP llegó a Fenotti y cortó el suministro del agua bajo el argumento que incumplían con permisos de descargas, aunque éstos no correspondían al establecimiento, sino al centro comercial. 

Para no suspender el servicio, los empresarios instalaron un tinaco y compraron otros dos recipientes que no usaron. Armin asegura que la noche del 7 de abril, cuando ya el restaurante había cerrado, empleados del centro comercial allanaron la terraza de su local y tiraron desde la segunda planta dos de los tinacos. Días después, afirma, los encontraron en una bodega de la plaza, aplastados y orinados. 

El austriaco, alertado por un vecino, regresó al restaurante cuando acababa de ocurrir este hecho y encontró patrullas de la municipal de Cholula en el lugar que se negaron a actuar, aunque les mostró los videos de las cámaras de seguridad donde identificó a trabajadores de seguridad de la plaza ingresando al negocio y lanzando los tinacos. 

En tanto, la SSPPC de Cholula emitió un comunicado ese día en el que descartó que se tratara de un robo y expuso que todo se debió a la falta de pago de agua por parte del restaurante. Aseguró que los tinacos fueron resguardados por personal de la plaza, aunque en el video se ve cuando los lanzan desde la terraza. 

Tras cinco días sin servicio de agua, el SOAPAP reconoció la ilegalidad del corte aplicado el 4 de abril y reconectó el suministro al restaurante. 

Dos días después, el 11 de abril, inspectores de Protección Civil llegaron a Fenotti con la intención de clausurarlo. Los empresarios relatan que presentaron todos los permisos en orden, pero los empleados del ayuntamiento de Cholula arguyeron el peso de los tinacos llenos de agua, aunque estos fueron robados. 

Colocaron un gran pegote de “clausurado” en una de las ventanas del local.  

De nueva cuenta, la SSPPC de Cholula publicó un comunicado para sostener que la clausura del restaurante se debió a que se “constató que los tinacos llenos de agua se encontraban adentro del inmueble”.  Y de nuevo, la nota fue difundida en medios. 

Los propietarios de Fenotti iniciaron el 14 de abril un procedimiento administrativo de revisión y, el día 23, la Secretaría de Protección Civil del municipio anuló por irregular esa clausura, aunque nunca se presentaron para retirar el pegote de “Clausurado” que causaba confusión entre los clientes. 

También, afirman que otro de los ataques fue mediante bots en Google, Instagram y Twitter para tumbar la calificación de las reseñas de Fenotti que era de 4.9. Tras una denuncia pudieron comprobar el ataque masivo y anular los falsos mensajes. 

Armin y Carolina reconocen que a este punto ya estaban agotados y desgastados anímica y económicamente. Cuando los abogados les advirtieron que podrían proceder al desalojo con el uso de la fuerza pública, decidieron salirse voluntariamente pensando en la seguridad de sus empleados y de ellos. 

Carolina asegura en una de las demandas que en ese entonces la administradora del centro comercial se acercó a ella y le dijo: “Si no se largan, los Kuri los van a matar”.

El 7 de mayo pasado comenzaron a desocupar los locales en presencia de un representante de la CEDH. Pero Carolina cuenta que apenas éste se retiró, los empleados de la plaza desataron la violencia, rompieron vidrios y los amedrentaron para tratar de impedir que siguieran sacando sus equipos. 

Todo esto ocurrió frente a elementos de la policía de San Andrés, de un supuesto notario y de representantes de medios de comunicación. 

Carolina mostró a Proceso un video (ver en el link original) donde ese día Octavio de Jesús Solís Morán, apoderado legal de los Kuri, se lanza a golpes contra un empleado del restaurante y contra ella misma, a la que tiró al piso para arrebatarle el celular con el que grababa.

Entrevistado por este medio, Raúl Sánchez Betanzos, consejero jurídico del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, rechazó que la alcaldesa, Guadalupe Cuautle, tenga alguna inclinación en favor de los Kuri y aseguró que las denuncias presentadas por los Brandel contra policías y servidores públicos ante la Contraloría Municipal se investigarán y se procederá si se encuentran responsabilidades.

“Yo puedo pensar que, de mala fe, la administradora haya presentado denuncias. Fuimos dos áreas, una municipal y otra estatal que fue el SOAPAP, que caímos a lo mejor en el engaño y nos subieron a un escenario de particulares donde nosotros no teníamos nada que ver”, argumentó.

De la misma manera, Proceso buscó la posición de los hermanos Kuri, pero sólo se pudo contactar a la administradora de la plaza Riona, Rosario Pedraza. En respuesta a los señalamientos, este medio recibió ligas de internet sobre las notas publicadas en distintos portales locales sobre las “conductas agresivas” por parte de Armin Brandel. 

Rosario Pedraza insistió en que fue agredida y ofendida por el empresario austriaco. “Están mal de la cabeza”, dijo. 

Los Brandel acudieron ante las autoridades a denunciar cada uno de estos hechos, igual que se quejaron ante la alcaldesa de San Andrés, pero hasta ahora nada ha procedido. Dicen que en este trayecto descubrieron que no son los únicos que han sido víctimas de despojo por parte de los Kuri. 

“Cedimos porque, aunque Fenotti fue un espacio construido con amor, esfuerzo y sueños compartidos, ningún negocio merece sostenerse a costa de la paz, la salud mental y la integridad física de quienes lo crean”, manifestaron en un mensaje que confirma su cierre.
Lo que con amor, esfuerzo y disciplina construimos se entregó al despojo, ¿Por qué? Porque este despojo estaba pactado desde el día mismo que acudimos al pent-house del edificio Komplex a celebrar la firma del contrato de arrendamiento. Porque entramos en un sistema perfecto, que se desarrolla en silencio, pero protegido y encubierto por las autoridades que nos negaron refugio. ¿Por qué? Porque sacamos permisos y licencias en lugar de dar mordidas, porque como niños confiamos que las autoridades actuarían.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Puebla: Caen seis presuntos miembros de 'La Barredora' y CJNG

Durante una primera intervención en la colonia Bosques de Amalucan, se logró la detención de Erik N., alias “El Yiyo”, de 20 años, proveniente de Jalisco, y de Diego N., de 20 años.

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla informó el viernes sobre la detención de seis presuntos miembros del grupo delictivo ‘La Barredora’, esto como parte de las acciones gubernamentales para combatir la delincuencia organizada en la entidad.

En un esfuerzo conjunto para la construcción de la paz y resultado de diversos operativos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaron a cabo la detención.

Durante una primera intervención en la colonia Bosques de Amalucan, se logró la detención de Erik N., alias “El Yiyo”, de 20 años, proveniente de Jalisco, y de Diego N., de 20 años, quienes viajaban en una camioneta con placas de circulación del Estado de México, posiblemente relacionada con el homicidio de un policía estatal custodio, registrado en la colonia Lomas de San Miguel.

Por otro lado, la SSP, SEMAR y FGE ubicaron un inmueble ubicado en la colonia Santa Margarita, que presuntamente era utilizado como casa de seguridad, y donde fueron detenidos Agustín N., alias “El Maken”, de 21 años; Astrid N., de 18 años; Dony N., alias “El Pilas”, de 35 años, de origen guatemalteco; y Juan Manuel N., alias “El Rolas”, de 35 años, proveniente de Jalisco, quien ya había sido detenido en 2023 en el municipio de Cuautlancingo y cuenta con un proceso penal por delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

En esta acción, las instituciones de seguridad e impartición de justicia aseguraron chalecos tácticos con la leyenda “Operativa Barredora” y “CJNG” (Cártel Jalisco Nueva Generación), armas de fuego de distintos calibres, cartuchos útiles de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y envoltorios con posible droga.

“El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, refrenda el compromiso de combatir frontalmente a la delincuencia y presentar ante la justicia a quienes pretendan desestabilizar la tranquilidad de las y los poblanos”, sentencia el comunicado oficial.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.