El método del “encapsulamiento” policial, que encierra a manifestantes entre muros de granaderos impidiendo su legítimo derecho a la manifestación, fue utilizado también en tres violentos operativos contra trabajadores de la salud, que reclamaban el pago de salarios adeudados y la necesidad de insumos básicos para la atención a los pacientes del sistema público.

Anunciado por el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, como un “protocolo” para evitar las acciones directas contra negocios en las marchas anti-gentrificación, la medida policial se ha utilizado contra otro tipo de manifestaciones pacíficas, como la de los trabajadores organizados.

“Somos trabajadores del órgano público descentralizado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar, como personal de contratación subrogada, que no teníamos una base fija. En 2023, cuando se abrió el programa de IMSS-Bienestar, nos dijeron que nos iban a transferir con mejoras laborales y de salario, pero en cuanto aceptamos, comenzaron las anomalías”, dijo a Desinformémonos Diana Salas, encargada de Estrategia de fortalecimiento sindical, de Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (Fintras).

Este sindicato fue conformado apenas en 2024, como una forma de incidir en esas circunstancias laborales que los tenían en la indefensión, el cual asumió una postura democrática y de defensa de sus trabajadores, lejana a la clásica lealtad patronal de los sindicatos amarillos. Salas explicó que primero, como el IMSS-Bienestar para el que trabajan era un programa nuevo (ellos iniciaron labores el 1 de setiembre de 2023 en este nuevo organismo de atención pública) “dijimos: vamos a darle tiempo al gobierno de acoplarse a esta situación, no hay problema. Nosotros seguimos trabajando”.

Las deudas se multiplicaron, el sindicato nació y las mesas de negociación con las autoridades pasaron a ser una tras otra, dando largas, mientras en los hospitales, además de los adeudos a los trabajadores, comenzó la escasez de material y medicinas. Hasta que decidieron manifestarse.

“El 8 de julio de este año, hicimos una manifestación pacífica, como todas nuestras manifestaciones han sido y nunca habíamos tenido problema. Pero ese día, nuestro punto de reunión fue el metro Auditorio; íbamos caminando sobre la banqueta hacia el Paseo de la Reforma e Insurgentes, donde queríamos cerrar, cuando nos empezaron a cercar los granaderos”, contó en entrevista.

Según el relato de la fuente, aún no había comenzado su manifestación cuando el despliegue policial impidió la movilización de los trabajadores, que lucían sus uniformes blancos, a la altura de Reforma y Periférico, usando el método del encapsulamiento.

“Empiezan a llegar camionetas por todos lados de granaderos, y en el momento que decidimos cerrar la lateral de Periférico, empezaron las agresiones contra los compañeros”, explicó.

Una de las mujeres presentes sufrió un traumatismo craneo-encefálico y a otro trabajador le tiraron un diente, de los golpes que recibió en la cara. “Lo único que estábamos haciendo era acomodarnos para cerrar la vialidad y estar sentados en la calle, nunca violentamos a nadie”, explicó Salas.

Desmedida fuerza

Este uso desmedido de la fuerza evidencia, por un lado, la ampliación de una medida represiva que fue anunciada en un contexto específico, al resto del movimiento social organizado y en lucha. Y además, que no importa realmente lo que hagan los manifestantes, cuando la órden de reprimir ya fue dada.

Ante el cierre y la agresión policial, otro grupo de trabajadores intentó ese día replegarse sobre Reforma hacia Campo Marte, pero encontraron otro cierre policial, donde también fueron agredidos.

La misma respuesta obtuvieron quince días después otros trabajadores de IMSS-bienestar que llevaban una huelga de hambre frente a las oficinas gubernamentales encargadas, cuando decidieron cortar el tráfico de la avenida Insurgentes. “Pasó exactamente lo mismo, más tardaron en cerrar los compañeros que en 20 minutos ya estaban rodeados de granaderos. Ahí los arrastraron, los patearon, hasta que los quitaron de la calle y los pusieron sobre la banqueta”, contó en entrevista.

Salas calificó a ambos episodios como un “uso desmedido de la fuerza para quitarnos, cuando no estábamos haciendo pintas, ni destrozos, ni absolutamente nada, sólo estábamos manifestándonos pacíficamente”.

Por si esos dos eventos fueran poco, el 23 de julio recibieron otra vez el trato brusco de las fuerzas policiales. Derivado de la manifestación del día 8, el gobierno les ofreció una mesa de negociación para el 23, dónde esperaban ser recibidos por la licenciada de Admistración y Finanzas, así como Directivos de IMSS-Bienestar. “Acudimos a esa mesa, con la convocatoria a compañeros delegados de otros estados donde también existe el sindicato Fintras, para que pudieran negociar sus problemáticas, y resulta que la encargada de administración no fue, aunque el día anterior nos había confirmado su presencia. Pero ella es la única persona que puede resolver esta situación, entonces todos muy molestos, decidimos volver a cerrar Insurgentes”, contó.

Durante los últimos 21 años el Gobierno de la Ciudad de México mantiene vivo un litigio en el que ya fue condenado a pagar más de nueve millones y medio de pesos a un empleado que fue despedido en 2004, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador como gobernante de la capital del país, cantidad que día con día incrementa.

El caso está en etapa de ejecución, pero el incumplimiento de las autoridades de la CDMX pone en juego la continuidad del director general de Servicios Legales local, José Juan Torres Tlahuizo, quien fue designado a inicios de este año en dicho cargo por Eréndira Cruzvillegas Fuentes, consejera jurídica de la administración de Clara Brugada.

Fernando González recordó que la cantidad máxima que llegó a pedir en un préstamo fue de 100 mil pesos con intereses, pues durante dos años no logró encontrar un nuevo empleo.

Luego de siete años de litigio, el TFCA falló en su favor y determinó que sus funciones no eran las de un trabajador de confianza, por lo que ordenó reinstalarlo en la misma dependencia y con el mismo cargo que ocupaba o uno similar, así como pagarle los salarios que dejó de recibir desde el año 2004 y hasta que la Secretaría de Salud de la CDMX cumpliera con el laudo.

“Es una decepción gigantesca cómo se administra la Ciudad de México y, al parecer, nada más es un visto bueno lo que hace falta por parte de la Consejería de la Ciudad de México para que ya pueda resolverse este tema. 

“De hecho, no entiendo por qué no se hizo desde un principio. O sea, le hubiera costado mucho menos a la Secretaría de Salud y a mí también me hubiera costado mucho menos dolores de cabeza, desveladas, emocionalmente; me dio insomnio, me dio gastritis. No es nada fácil que te corran de manera injustificada y pues ahora a ver cómo le haces con tus deudas, con lo que tenías planeado”.

Marcos Chávez Orozco, abogado de González Ramos y especialista en Derecho Laboral, explicó que la administración de justicia para los trabajadores gubernamentales, tanto federal como local, es extraordinariamente lenta, pero que este caso en particular ha superado por mucho el tiempo que regularmente demora un juicio.

“La separación del doctor ocurrió en mayo de 2004, estamos en julio de 2025 y todavía no se da cumplimiento a la resolución que se dictó. Esto quiere decir que llevamos 21 años en este procedimiento. Sí tenemos juicios largos, pero este ha roto todos los récords”, comenta.

El abogado lamentó que, una vez emitido un laudo, la etapa de ejecución del mismo es mucho más tardada incluso que el juicio mismo, pues en el caso de González Ramos la deuda de la Secretaría de Salud de la CDMX es de 21 años de salarios caídos.

“Esto viene siendo una bola de nieve económica financiera para la institución en donde está obligada a pagar sueldos caídos por cada día que transcurra sin cumplir la obligación de la reinstalación del doctor”, agregó Chávez.

El laudo en favor de González Ramos ya fue confirmado tanto en juicio de amparo como en recurso de revisión y, pese a ello, el médico tuvo que tramitar otro juicio de amparo, esta vez contra la omisión del TFCA de obligar al gobierno de la Ciudad a pagarle lo que le debe y reinstalarlo en su cargo.

Empleados del sector salud se manifestaron la mañana del martes 29 de julio frente al Hospital General Tijuana, en la Zona Urbana Río Tijuana, para exigir insumos médicos y el pago de la tarjeta “Toka” a los trabajadores.

Según informó Rosario Ortíz, secretaria general del Sindicato Mexicano para el IMSS Bienestar Sección Tijuana, Tecate y Rosarito, los afectados suman hasta mil personas distribuidas en los 24 centros de salud que abarca la jurisdicción sanitaria.

“Necesitamos personal, tenemos insuficiencia de personal, por lo cual no podemos dar atención de calidad y estamos también con falta de insumos. Desde los más básicos, como son equipos para ponerles sueros, antibióticos, antihipertensivos… no se les puede dar una atención de calidad a los usuarios y menos de calidez con esa falta de insumos”, explicó Ortíz.

A pesar de que la insuficiencia afecta a todos los centros de salud, resaltó que la situación es más crítica en los de mayor cobertura, como el Hospital Materno Infantil, el Hospital General de la Zona Este y el Hospital General Tijuana.

“Para empezar, estamos trabajando bajo estrés porque no había quien hablara por nosotros, quién peleara por nuestros derechos. Entonces no podemos trabajar bajo estrés, ya que trae a nuestra profesión un estrés intrínseco”, abundó.

Fallas en el proceso de asignación de plazas por parte de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS) impidieron que este año se ocuparan todos los espacios disponibles para hacer residencias médicas en hospitales públicos y privados, pese a que el gobierno de México reconoce un déficit nacional de médicos generales y especialistas.

Médicos egresados de diversas especialidades, que buscaban una residencia en diferentes instalaciones hospitalarias, señalan que quedaron fuera debido a fallas burocráticas, y no a los resultados del Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) 2024. El proceso tuvo menos periodos y oportunidades, que en años pasados. 

El ENARM es la única evaluación nacional que permite a los egresados de la licenciatura en medicina realizar un curso universitario de especialización médica en el Sistema Nacional de Salud. Es un instrumento que mide conocimientos en el contexto del ejercicio de la medicina general y constituye la primera etapa del proceso para ingresar al sistema.

Aun así, logró contactar con un hospital del ISSSTE, donde le aseguraron que había plazas disponibles para traumatología, su especialidad, y que tenían la autorización de CIFRHS para aceptar residentes, ya que al hospital no se había postulado nadie más. Gerardo ingresó sus documentos, pero al final el jefe de enseñanza del mismo hospital le contestó, a finales de marzo, que no lo podía aceptar porque su folio seguía retenido. Se dio cuenta de que su renuncia se había registrado en una fecha posterior a cuando realmente ocurrió. 

“Somos muchos médicos que tenemos ese derecho, por haber presentado el examen, por haberlo aprobado, por haber pagado nuestra ficha y nuestro folio, y ya no nos lo quieren dar”, apunta. Todo ello pese a que el déficit de médicos generales y especialistas en nuestro país ha sido aceptado incluso por el propio gobierno federal en múltiples ocasiones. De acuerdo con cálculos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México tiene 2.4 médicos por cada mil habitantes, cuando el estándar internacional estipula que deberían ser 3.5.

Apenas en 2023, durante la XXXIV Reunión de Embajadores y Cónsules, el entonces secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, informó que México tenía un déficit de 33 mil 832 médicos generales y de 154 mil 786 especialistas. Durante la ceremonia de graduación de residentes del ciclo académico 2022-2023, el que fuera titular de la dirección general de calidad y educación en salud, José Luis García Ceja, detalló que esta es una deuda pendiente sobre todo en zonas marginadas y de difícil acceso de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

“Me dijeron que no quedaba mucho que hacer”

Jimena tuvo que abandonar, junto con otro grupo de especialistas, su plaza en un hospital público de la zona metropolitana por temas de acoso laboral y sexual. Volvió a presentar el ENARM para la especialidad de medicina interna, lo aprobó y fue aceptada en un hospital adscrito a otro sistema de salud. Aun estando ya asignada, cuando se dirigió en febrero de 2024 a hacer su inscripción, se encontró con el rechazo. 

Este se debía, le dijeron, a que no podía pasar dos veces por la misma especialidad aunque fuera en hospitales diferentes, si estos estaban avalados por el mismo centro universitario. Después descubrió que el problema había radicado en que el hospital del que tuvo que darse de baja no la había registrado correctamente. Donde sí querían aceptarla tampoco estaban de acuerdo en que el trámite no se concretara y redactaron una carta para planteárselo a la CIFRHS. Tampoco funcionó.

“Me dijeron que no quedaba mucho que hacer con mi caso, porque ya había pasado todas las vueltas, y que entonces yo estaba fuera de proceso. Lo único que podían hacer es que yo volviera a presentar un tercer examen, o que me podían hacer válido el primer año de residencia –que ya había cursado– y que buscara una plaza de subespecialidad, pero si es difícil encontrar una plaza para una troncal, obviamente faltando tres días para entrar a la residencia, era imposible encontrar una para subespecialidad”, lamenta.

Optó incluso por un centro hospitalario en Sinaloa, donde la demanda es baja por las condiciones de seguridad, y consiguió que la aceptaran, pero la CIFRHS al final le informó al hospital que no habría posibilidad de otorgar la plaza. Más tarde, un hospital de la Ciudad de México estuvo dispuesto también a aceptarla, pues tendrían un lugar libre, pero el organismo se negó a hacer lo que ella llama un simple “cambio de sede”. A final de cuentas, la plaza la tenía asignada desde un principio.

Al acudir a las instalaciones del organismo, en la Secretaría de Salud, para consultar si podían ocupar una de las vacantes de cuya disponibilidad tenían certeza, así como de la necesidad por parte de los hospitales de ocuparlas, fueron informados de que esas plazas no serían otorgadas sino hasta después de los próximos resultados del nuevo examen, que se conocerán en octubre. Los nuevos cursos iniciarán hasta marzo de 2026. “Esa ya fue”, recibieron por toda respuesta al preguntar por plazas específicas, bajo el argumento de la conclusión del proceso.

Según datos del Gobierno de México, 223 mil personas laboran en el país como médicos generales y familiares, con salarios promedio de 10 mil 300 pesos por jornadas que suman aproximadamente 39.3 horas a la semana. Su edad promedio es de 42.2 años y se concentran principalmente en la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco. 

El análisis elaborado por los residentes subraya que para especialidades como cirugía general existen por lo menos 31 hospitales –de acuerdo con la información que recibieron directamente de esas instalaciones– con plazas vacías, mientras que para Pediatría o Ginecología por lo menos 24 centros aún tenían alguna plaza disponible. El ENARM 2024 contempló 18 mil 207 plazas para personas mexicanas y 421 lugares para extranjeros en un total de 27 especialidades.

El Colectivo de Médicxs en Formación denunció que residentes de más de 18 centros hospitalarios en todo México no han recibido el pago de sus becas.

A través de un comunicado señalaron que desde hace un mes los residentes de distintas sedes de la Secretaría de Salud y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE) no han recibido su remuneración, por lo que exigen una solución a la brevedad.

Contrario al compromiso del gobierno capitalino de que el 1 de septiembre ya tendrían una plaza definitiva en la plantilla del IMSS Bienestar, ninguno de los dos mil integrantes del movimiento de médicos Galeno Salud Independiente de la Ciudad de México ha firmado contrato de base, declaró la agrupación médica.

En entrevista con Proceso, la doctora Érika Cano, del Hospital General Balbuena, confirma que “ninguno de los médicos de la Secretaría de Salud ha firmado contrato de base con el IMSS Bienestar”.

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que ya se retiraron los bloqueos que mantenían trabajadores de la Secretaría de Salud capitalina en distintas vialidades.

Las autoridades indicaron que se llegó a un acuerdo para llevar a cabo una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Salud.

Personal de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz mantienen un bloqueo en la avenida Cuauhtémoc, en la zona del puerto, para protestar por la falta de aire acondicionado en los hospitales ante la ola de calor.

Con pancartas y reclamos, familiares de pacientes también se sumaron a la manifestación pues aseguran que el calor está afectando a quienes reciben algún tipo de tratamiento.