Un megaproyecto eléctrico está a punto de otorgarse bajo consideraciones opacas por invitación a tres o más personas y, entre los posibles beneficiarios por ser a quienes la Comisión Federal de Electricidad (CFE) convocó a cotizar, se encuentran familias conocidas.

Las firmas convocadas son Eléctrica Aselec, empresa de Edgardo Meade de Zamacona, familiar del excandidato presidencial, José Antonio Meade Kuribreña; La Jolla Internacional, una filial mexicana de la empresa china Harbin Electric, relacionada con la pareja del director de la CFE, Julia Abdala; de Grupo Dragón, la firma de Ninfa Salinas, hija de Ricardo Salinas Pliego y de HyR, una contratista menos notoria.

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió, el 26 de agosto del 2022, que aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva que es constitucional el “acuerdo” para pasar por completo las funciones de seguridad de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), él ya cumplió con su labor.

El político tabasqueño recordó que el 1 de septiembre del 2022 enviará una iniciativa preferente en materia de Guardia Nacional, misma que será legal, no constitucional. Asimismo, defendió su propuesta de militarizar la GN, al asegurar que las Fuerzas Armadas cuentan con el respaldo de la gente.

Uno de Morena, el otro del PRI, pero dos ex gobernadores con hartas sospechas de corrupción, se dicen ahora “perseguidos políticos”. En ese cinismo que proporciona la impunidad política en México, en cualquier gobierno de cualquier partido, y en un momento en que pareciera que el Gobierno Federal y la Fiscalía Ggeneral de la República administran la justicia basados en la venganza política, Jaime Bonilla Valdez y Alejandro Moreno Cárdenas han encontrado un espacio para victimizarse.

El ex gobernador de Campeche y actual dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, es investigado por la fiscalía de aquella entidad federativa y titulada por Renato Sales, por tres delitos: enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.

El caso Ayotzinapa tomó nuevamente vuelo tras el informe final de la llamada Comisión de la Verdad que derivó en la captura del exprocurador Jesús Murillo Karam, acusado de tortura y delitos contra la administración de la justicia que lo sumieron en prisión formal sin derecho, por ahora, a llevar su juicio en prisión domiciliaria.

Hay, además, una veintena de personajes –exfuncionarios, militares, entre otros –que, de acuerdo con la teoría de la Fiscalía General de la República (FGR), participaron en una suerte de “complot” para armar la llamada verdad histórica que, por cierto, no ha sido derrumbada por las nuevas investigaciones efectuadas por la fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero.

A diferencia de la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam, “nosotros no torturamos a nadie” para obtener los datos y llegar a las conclusiones que se muestran en el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, dijo esta mañana Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Este viernes, explotó un ducto de gas LP de Pemex en el barrio de San Jacinto, en el municipio de Amozoc. No hubo lesionados ni muertos.

La explosión se registró alrededor de las 11:20 horas en el lugar ya mencionado.

El empresario y excandidato a alcalde de Cuautla, Carlos Benítez Sánchez, murió la madrugada de este viernes luego del ataque armado que sufrió la tarde del jueves.

La Fiscalía de Morelos detalló que el ataque sucedió en la avenida Insurgentes, en la Colonia Guadalupe Victoria del municipio de Cuautla, al lugar acudió personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación general de Servicios periciales.

El Estado mexicano debe garantizar la seguridad de los jueces en lugar de hablar de que se pone en riesgo a juzgadores y juzgadoras si se eliminan de la Constitución el artículo que impone la prisión preventiva oficiosa o automática a personas que son acusadas de delitos de alto impacto como secuestro, homicidio, delincuencia organizada y narcotráfico, afirmó el académico de la Universidad Iberoamericana, José Luis Caballero Ochoa.

Miembros del Ejército Mexicano al mando del entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, asesinaron y desaparecieron a seis de los 43 normalistas, reveló el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ).

José Luis Abarca, el excalde de Iguala identificado como “A1” en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, junto a los dirigentes del grupo criminal Guerreros Unidos “en coalición con algunas otras autoridades”, dio la orden de desaparecer a los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014, informó esta mañana el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.

Las al menos cinco conferencias que Jesús Murillo Karam dio entre octubre de 2014 y enero de 2015 como Procurador General de la República y principal responsable del caso Ayotzinapa forman parte de la evidencia que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó en contra del más alto funcionario del sexenio de Enrique Peña Nieto que hasta ahora ha sido colocado en el asiento de los imputables por la desaparición de los 43 normalistas, ocurrida en septiembre de 2014.

Se trata de las ruedas de prensa ofrecidas los días 6, 7 y 27 de octubre de 2014; la del 7 de noviembre del mismo año y la del 27 de enero del 2015, en la que presentó su “verdad histórica”, así como la reunión conclave celebrada entre altos funcionarios en Iguala, en la que salieron relucir los nombres del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre y el actual Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quienes han rechazado los señalamientos.

Autoridades de Estados Unidos detuvieron el pasado 22 de agosto a Yeishi Moriya Villaseñor, hija del Alcalde de Tacámbaro, Michoacán, Artemio Moriya Sánchez, por intentar cruzar la frontera con 248 mil dólares en efectivo y dos armas de fuego.

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), la mujer de 28 años viajaba en un vehículo Volkswagen Jetta 2022 con destino a México, pero tras una inspección le encontraron el dinero que no había sido declarado, así como una pistola Colt 1911 calibre 45 y un arma Glock 9 milímetros.

Chilpancingo, Guerrero. Empresarios de la masa y la tortilla exigen al gobierno de Evelyn Salgado Pineda frene el asedio que sufren por parte de los grupos delictivos que bajo amenazas los obligan a bajar el precio de este producto en sus establecimientos.

A través de la representación local de la Secretaría de Gobernación, los empresarios piden una audiencia con la Mesa de Construcción para la Paz, que preside la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

La Relatora Especial de la ONU sobre Desplazados Internos Cecilia Jimenez-Damary realizará una visita oficial a México del 29 de agosto al 9 de septiembre, para evaluar la situación de derechos humanos de las personas desplazadas internas en el país.

“El desplazamiento interno debido a la violencia o los desastres ha existido desde hace mucho tiempo en México, aunque haya sido recientemente reconocido,” dijo Jimenez-Damary, Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internas. “Se estima que actualmente hay miles de personas desplazadas internas en el país.”

Un tribunal federal se pronunció por primera vez para dar luz verde a la continuación de las obras del tramo 5 Sur del Tren Maya, que corre de Tulum a Playa del Carmen, Quintana Roo.

En su sentencia, los magistrados del Tribunal Colegiado en materias del Trabajo y Administrativa de Yucatán, señalaron que las suspensiones provisionales concedidas por el juez Primero de Distrito de la entidad, Adrián Novelo, respondían a que en ese momento el gobierno federal no contaba con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Sergio Ismael “N”, vinculado a proceso por el delito contra la dignidad de las personas, amenazas y lesiones en agravio de su vecina, Luz Raquel Padilla, fue liberado.

A un mes de que se le dictó permanecer en prisión como medida cautelar, se realizó la audiencia en el Centro de Justicia para las Mujeres.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no acudirá a declarar por el caso de su hermano Pío López Obrador —investigado por presunto financiamiento ilícito de campañas de Morena—, pero enviará una declaración por escrito a la Fiscalía General de la República (FGR).

En conferencia de prensa, señaló que él no tiene nada de qué avergonzarse.

A 11 años de la tragedia del Casino Royale, incendiado por un grupo del crimen organizado, donde murieron 52 personas (42 mujeres y 10 hombres), entre ellos una mujer embarazada, los familiares de las víctimas siguen pidiendo justicia a las autoridades y que siga en pie el memorial en recuerdo de quienes perdieron la vida en este acto terrorista.

Samara Pérez Muñiz, estuvo presente en el Casino Royale el 25 de agosto del 2011 y logró salir con vida, pero su hijo Xavier Muraira Pérez fue una de las 52 víctimas y desde entonces se ha convertido en la vocera de todas las familias.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió un amparo tramitado por Blanca Alicia Bernal Castilla, ex fiscal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO antes SEIDO), vinculada a proceso por el caso Ayotzinapa.

El asunto fue turnado desde mayo pasado a la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández quien será la encargada de elaborar el proyecto de resolución.

Censura sutil o indirecta, violencia letal contra periodistas e impunidad constante en investigaciones por agresiones a la prensa son los signos distintivos de la situación de la libertad de expresión en México durante la segunda mitad de la administración de Andrés Manuel López Obrador, alerta la organización Artículo 19.

“Estamos en el peor de los mundos”, sostiene Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director regional de ese organismo, al destacar que con 18 asesinatos de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en lo que va de 2022, México “es más letal que Ucrania, país que está en guerra”.