En 2020, Miriam Ramírez fue detenida y torturada por un delito que no cometió. Meses después, volvió a ser víctima de agresiones sexuales por parte de los policías que la arrestaron. Aunque fue absuelta al demostrarse su inocencia, aún no ha recibido justicia ni reparación.
Los siguientes días, la mujer estuvo bajo arresto en distintas instalaciones policiales en donde fue torturada por los uniformados que la detuvieron y custodiaron, hasta que la presentaron ante un juez, quien le informó que estaba acusada por el delito de fraude por 300 mil pesos, y que tendría que estar bajo arraigo domiciliario como medida cautelar mientras avanzaba su proceso.
Aunque las únicas pruebas en su contra fueron las acusaciones de cinco personas que nunca se presentaron a declarar, Miriam pasó 10 meses y 14 días en arraigo domiciliario. Luego, fue víctima de tortura sexual, cuando se determinó que debía ser trasladada al penal de Piedras Negras para ser presentada ante un juez, y los policías que la llevaron –que fueron los mismos que la detuvieron– aprovecharon el trayecto para violarla.
Por falta de pruebas el juez José Samuel Borrego determinó su absolución y quedó libre, aunque a la fecha las agresiones cometidas en su contra siguen sin ser investigadas.
Secuelas y miedo persisten en Miriam, tras agresiones y abusos policiales
Casi cinco años después de la detención, y aún cuando fue encontrada inocente, Ramírez carga con las secuelas de la tortura. Con la voz quebrada, cuenta que no ha podido retomar un proyecto de vida por el miedo que tiene de que sus agresores puedan hacerle daño a ella o a su familia, ya que en distintas ocasiones ha sido amenazada sin que se le otorguen medidas de protección.
Aunque acudió ante las autoridades correspondientes para denunciar las amenazas que ha recibido por parte de los policías que la torturaron, estas no han sido investigadas, “y es muy feo, porque me pregunto, ¿de qué me ha servido agarrar tanto valor para exponer lo que me pasó, revivir lo ocurrido para denunciar y que sepan públicamente que me violaron? Al final nadie me va a reponer la vida que tenía antes de todo este proceso”.
“Es muy triste, yo me siento muy culpable porque mi familia ha sufrido mucho desde que me detuvieron, porque se quedaron expuestos al escarnio y al detrimento económico. Dejé a un niño de meses que necesitaba leche y pañales, otra niña con un tumor en el pecho y a mis papás con problemas de salud, y ahora que estoy fuera ha sido difícil, porque no he podido encontrar empleo, lo que ha afectado en la educación de mis hijos, y algunos días incluso en nuestra alimentación”, lamenta.
“He llegado a suplicar que me atiendan”, recrimina, pero pese a ello las denuncias que ha interpuesto y las quejas abiertas en la Comisión de Derechos Humanos estatal no avanzan; y aunque el policía que la agredió con mayor saña –porque le provocó heridas internas en la boca al introducirle por la fuerza una botella de plástico, además de participar en la violación tumultuaria en su contra– está detenido, se encuentra procesado por otros delitos y no por las acciones que cometió en este caso.
Asimismo, reclama que públicamente se le presentó como una delincuente, ya que en medios de comunicación locales se transmitieron las fotografías que le tomaron el día de su detención y la expusieron como culpable de fraude, aunque después se determinó su absolución. Por estos hechos, que violaron su presunción de inocencia y la revictimizaron, tampoco ha recibido alguna disculpa o reparación.
El temor por las amenazas en su contra y la vergüenza de que la reconozcan como delincuente ha provocado que Miriam llegue a tener ideación suicida, sin embargo, señala que su razón de vivir es su familia, por lo que continúa vendiendo postres sobre pedido y bisutería entre sus conocidos, “y con eso hago lo que puedo; no recibo ningún apoyo, porque no me han reconocido oficialmente como una víctima”.
“Si no es tortura, ¿entonces cómo se nombra lo que le hicieron?”
Valeria López Luévanos, activista que acompaña el caso, remarca que pese a toda la documentación con la que cuenta Miriam sobre las agresiones que sufrió –entre las que se encuentran dos aplicaciones del protocolo de Estambul, una guía para investigar tortura, castigos y tratamientos crueles, inhumanos o degradantes–, las autoridades no han reconocido su responsabilidad.
La única respuesta que han tenido fue la declaración que dio el fiscal de Coahuila, Federico Hernández, luego de una conferencia de prensa en la que se dió a conocer la situación de Ramírez. De acuerdo con el funcionario, se trata de un caso que se ha atendido plenamente, y las acusaciones realizadas por Ramírez “son presunciones”, haciendo alusión a los resultados de Estambul que se le aplicaron.
Sin embargo, Valeria insiste en que “Miriam tiene una cantidad increíble de documentos y fotografías que prueban la violencia institucional en su contra, porque ¿qué haces si el Estado está en contra tuya? Ella ha pasado por dos protocolos de Estambul, pero estos no arrojaron un resultado favorecedor, pero, ¿si no es tortura, entonces cómo se nombra lo que le hicieron, la fractura por los golpes, la herida en la boca, la violación?”.
Al día de hoy, lo único que ha conseguido Miriam es la devolución del dinero que le confiscaron el día de su detención. Los 18 procesos que ha iniciado ante distintas instancias judiciales y de derechos humanos se encuentran detenidos, y los funcionarios públicos que le han prometido apoyo para que avance el caso ya ni siquiera le contestan el teléfono.
La activista apunta que, pese al desánimo por la desatención, continuarán tocando puertas para que el asunto sea atraído por alguna instancia federal, “o incluso para que llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a dondequiera que nos puedan ofrecer ayuda, porque en el estado no hacen absolutamente nada y ya estamos rebasadas”.
“Organizaciones me han dicho que con el simple hecho de tener una sentencia absolutoria tendría que ser acreedora a una disculpa pública, porque el Estado me metió presa sin una orden de aprehensión y sin ser culpable de ningún delito, pero me siguen haciendo pasar por todo este calvario aún absuelta”, clama Ramírez.
“Alzamos la voz, pero seguimos con miedo de que algo suceda”
Acerca del tiempo que ha pasado desde que ocurrieron los hechos, Miriam explica que tardó más de cuatro años en hablar públicamente de su caso por las amenazas que recibió, y que hasta el día de hoy obligan a ella y su familia a vivir casi encerrados, o a salir siempre con el temor de que puedan hacerles daño.
“Alzamos la voz, pero seguimos con miedo de que algo suceda, y cualquier cosa que me llegue a pasar, hago responsable al gobierno de Coahuila, porque hemos visto que no les interesa dar justicia”, expresa.
Acompañada de Valeria López, del Taller de Morras para Morras y de la organización La Lluvia Lagunera, Miriam indica que mantendrá su búsqueda de una reparación integral del daño, la judicialización de sus carpetas de investigación y que le vuelvan a proporcionar atención psicológica y psiquiátrica para continuar con el tratamiento de las secuelas mentales que le ha dejado este episodio.
“Se tiene que dar una disculpa pública por parte del Estado, y se le tienen que garantizar a Miriam las condiciones para vivir una vida digna, libre de violencia, sin los estigmas que provocaron con las acusaciones en su contra, porque el rechazo que siente ella y que ha caído sobre su familia fue algo inmerecido e innecesario, porque ella no hizo absolutamente nada para merecerlo, y sin embargo, Coahuila no se ha hecho cargo de una situación que el propio Estado inició”, recalca López Luévanos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ERÉNDIRA AQUINO.
