AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) pretende evadir su responsabilidad en los abusos cometidos contra Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, las tres indígenas otomíes que obtuvieron sentencias favorables de la justicia federal y que obligan a la dependencia a indemnizarlas y ofrecerles una disculpa pública.
Así lo señalaron el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Amnistía Internacional (AI) al iniciar este jueves una campaña para exigir a la PGR que cumpla con sus obligaciones y que desista de las acciones judiciales para evadir las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) a favor de las vendedoras ambulantes.
Las indígenas originarias de Querétaro fueron acusadas de secuestrar a seis policías fuertemente armados de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), por lo que permanecieron más de tres años en prisión.