Documentos a los que Proceso tuvo acceso señalan que, pese a ello, la FGR se vio obligada a liberar a “La Machorra” y otros tres hombres con los que fue detenido mientras eran investigados por portación de armas de fuego y posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y desde el año 2021 les perdió la pista.
De acuerdo con la documentación consultada el 24 de enero de 2020 Jareth Roberto “H”, Jesús Enrique “M”, Edgar Alejandro “M” e Hilarión “O” fueron detenidos en flagrancia por policías del estado de Tamaulipas y elementos de la Guardia Nacional con 4 armas largas tipo fusil calibre 7.62x39 milímetros; 242 cartuchos y 15 cargadores.
Desde entonces la FGR inició una investigación en su contra pero debido a que los delitos no merecían prisión preventiva oficiosa en ese momento, el ministerio público federal los dejó en libertad mientras determinaba si ejercía o no acción penal en su contra.
Para el 29 de mayo de 2021 la FGR envió su carpeta de investigación con terminación 220/2020 a un juez de control en el estado de Tamaulipas a quien además solicitó fijar fecha para audiencia inicial.
El juez ordenó citar a los 4 investigados para el 30 de junio de 2021, sin embargo, sólo fue posible notificar a Edgar Alejandro “M”, mientras que a los demás no.
En el caso de Jareth Roberto “H”, el actuario fue atendido por su papá quien indicó que su hijo ya no vivía con él y se negó a recibir cualquier notificación; Jesús Enrique “M”, no fue encontrado en su domicilio e Hilarión “O” señaló un domicilio “abandonado, con maleza y sin ventanas”, según refiere la orden de aprehensión emitida contra “La Machorra”.
Aunque el juez podía llevar a cabo la audiencia sólo con Edgar Alejandro “M” la FGR dijo que prefería que estuvieran todos juntos.
Ante ello, el juez le dio tiempo a la FGR para que encontrara a los tres que faltaban por notificar y, debido a que no lo logró, la causa penal número 176/2021 fue archivada el 24 de septiembre de 2021.
Fue hasta el 25 de julio pasado que la FGR retomó el caso y solicitó órdenes de aprehensión contra los cuatro hombres, por lo que el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Tamaulipas, Ricardo Ignacio Rivera Pacheco concedió la petición únicamente por lo que hace a tres de ellos.
Rechazó ordenar detener a Edgar Alejandro “M” porque fue el único del que se conocía el domicilio y a quien se pudo notificar en el año 2021 y que la audiencia no se llevó a cabo entonces a petición del fiscal encargado del caso.
“En modo alguno hay un riesgo de sustracción que actualice la necesidad de cautela que refiere el fiscal; por el contrario, este juzgador estima que no existe por el momento. Sera´ cuestión de volverse a citar y si ya no se encuentra o no acude a audiencia, podri´a ser que se llegase a actualizar.
“Cabe precisar que de no encontrarse en el domicilio, dicha cuestión no seri´a imputable al investigado, pues han pasado cinco an~os desde el hecho delictivo, por lo que el fiscal tendra´ la carga de la prueba de investigar el nuevo domicilio o la localizacio´n del investigado; por lo que debera´ realizar nuevos actos de investigacio´n, pues los que cita en su solicitud son del an~o dos mil veintido´s”, indicó el juez.
Pese a que desde el 25 de julio pasado existía una orden en su contra Jareth Roberto “H” no buscó protección alguna sino hasta después del homicidio del delegado de la FGR en Tamaulipas, ocurrido el 4 de agosto.
El 5 de agosto “La Machorra” solicitó un amparo contra cualquier orden de aprehensión en el que el juez Séptimo de Distrito en el estado de Tamaulipas, Fidel Gallegos Figueroa le concedió una suspensión provisional que, en teoría, lo protegía contra su captura sin importar el delito por el que estuviera acusado.
De acuerdo con el expediente 1065/2025, la demanda de amparo fue tramitada también por Edgar Alejandro “M”, contra quien actualmente no existe ninguna orden de captura.
“SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL a la parte quejosa respecto de los actos reclamados, en los siguientes términos: Para el efecto de que la parte quejosa no sea privada de la libertad personal y quede a disposición de este órgano jurisdiccional, sólo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición del juez que lleve la causa penal de origen, para la continuación del procedimiento, y así garantizar la continuación del mismo; lo anterior, sin que importe el delito que se le atribuya.
“Lo así expuesto no implica la paralización del proceso penal de origen, sino que el juez natural, en efecto, tiene la competencia legal para continuar con el procedimiento correspondiente. Empero, cuando la parte quejosa comparezca a la audiencia inicial, de ser el caso, podrá dictar las medidas cautelares pertinentes, incluida la prisión preventiva justificada a solicitud del Ministerio Público; sin embargo, la prisión preventiva no será ejecutable, ya que los solicitantes estarán bajo la jurisdicción del Juez de Distrito en lo que respecta a su libertad personal, en virtud de la suspensión concedida, siempre que ésta siga vigente”, indicó el juzgador de amparo.
Al conceder la medida, que permanecerá vigente por lo menos hasta el 13 de agosto próximo cuando el juez celebre la audiencia incidental para determinar si concede la suspensión definitiva o no, los quejosos fueron requeridos para que exhiban una garantía de 10 mil pesos cada uno.
Asimismo, el juez Séptimo de Distrito retomó los argumentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que consideró que la prisión preventiva oficiosa en México es inconvencional para ordenar que la suspensión los proteja aunque estén acusados por los delitos que merecen esta medida cautelar.
“Se considera que existen elementos que configuran la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, ya que la suspensión provisional también evitará privar de la libertad a la parte quejosa cuando la orden de aprehensión esté relacionada con delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, interpretación que tiene como objetivo encontrar un equilibrio entre las leyes nacionales e internacionales, dando prioridad a aquella que brinde una protección más extensa. De tal modo que, ante el cambio de enfoque representado por las recientes sentencias y jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y considerando la naturaleza progresiva y dinámica del sistema jurídico mexicano, este órgano jurisdiccional estima conceder en los términos precisados la presente medida anticipada”, explicó.
El 11 de agosto pasado, el juez notificó que la FGR tramitó un recurso de queja en contra de la concesión de la suspensión provisional, mismo que deberá ser resuelto por un Tribunal Colegiado.
ÚNICO INVESTIGADO POR ATAQUE A FISCAL NO FUE PROCESADO POR ESE DELITO.
Pese a que “La Machorra” fue detenido el pasado 7 de agosto, la FGR no lo ha imputado por el homicidio del delegado de la institución en Tamaulipas, Ernesto Vásquez e incluso logró evadir uno de los tres delitos por los que fue aprehendido.
El pasado 8 de agosto la FGR anunció su detención y supuesta relación con “Los Metros”, una facción del Cártel del Golfo y principal responsable del huachicol en Tamaulipas.
La captura fue realizada a las 00:57 del 7 de agosto pasado en el centro de rehabilitación “Guerreros con ganas de vivir” ubicado en Reynosa donde, según la FGR, “La Machorra” se escondía.
Allí, le fueron halladas dos pistolas calibre 9x19 milímetros Luger, marca Glock con cargadores abastecidos con 11 cartuchos cada uno, marihuana, metanfetamina y cocaína.
En su comunicado, la FGR indicó que Jareth Roberto “H” es investigado por el homicidio de Vásquez Reyna, sin embargo, durante la audiencia inicial realizada por videoconferencia el 9 de agosto, no le imputó ningún delito relacionado con el ataque contra el funcionario federal.
En cambio, le imputó posesión de armas de fuego de uso exclusivo de la fuerza armada permanente; posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de la fuerza armada permanente y delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio de metanfetamina, cocaína y marihuana
Durante la audiencia inicial el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal en el Estado de Sonora, en funciones de Juez de Control, Carlos Andrés Miranda Verdugo rechazó vincularlo a proceso por posesión de cartuchos y únicamente lo vinculó por los dos delitos restantes.
El juez le impuso la medida de prisión preventiva justificada en el penal federal del Altiplano, por lo que su traslado se realizó vía aérea e ingresó el domingo al centro penitenciario.
Asimismo, hasta ahora la FGR no ha ejecutado la orden de aprehensión que tiene pendiente desde el 25 de julio pasado por portación de armas y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.
