El hallazgo generó gran incertidumbre entre quienes lograron verlos, por lo que dieron parte a las autoridades, quienes se dieron a la tarea de indagar sobre la procedencia de tales objetos y, al no tener una confirmación oficial, se dio paso a su retiro.

De acuerdo con lo señalado por la SRE, tras el hallazgo de los letreros se entabló comunicación con el Consulado de México en Brownsville con el objetivo de indagar sobre el origen de los mismos; sin embargo, no hubo confirmación de que su colocación haya sido realizada por alguna autoridad estadounidense.

La Secretaría también informó que estableció comunicación con la Embajada de Estados Unidos en México y que la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) llevará a cabo consultas técnicas con el objetivo de esclarecer el incidente y hacer una revisión de los “tratados vigentes de límites y aguas de los mapas e instrumentos que delimitan la frontera entre ambos países”.

Por último, la Semar y la SRE refrendaron su compromiso y disposición a trabajar con las autoridades estadounidenses y otras instancias mexicanas con el fin de garantizar la “certidumbre jurídica en la frontera común y fortalecer la cooperación que caracteriza la relación entre ambos países”.

De acuerdo con reportes de medios locales, el cadáver de la menor fue localizado en el patio de una vivienda de la colonia Valle Soleado, donde también fue hallada la camioneta Ford Edge de la familia.

Los cuerpos de los otros tres miembros fueron encontrados en un predio ubicado en la zona rural del municipio fronterizo, en la salida a San Fernando.

Raúl Flores —quien se identificó como familiar de las víctimas y presentó la denuncia por la desaparición—, narró a medios de comunicación que el pasado 30 de octubre dejó de tener contacto con la familia, por lo que se dirigió a su domicilio, en la colonia Hacienda de las Fuentes, y no los encontró.

Relató que, al llegar, encontró la vivienda sin luz, con las puertas entreabiertas y algunas pertenencias faltantes: “Fue muy extraño: las puertas estaban entrecerradas, abrí una chapa y la puerta se abrió sola, sin necesidad de forzarla”.

Tamaulipas, y en particular la zona fronteriza donde se ubica Reynosa, así como diversas carreteras que conectan con Nuevo León, es un foco rojo de desapariciones.

Entre enero y septiembre de este año, en la entidad hubo 168 homicidios dolosos, aunque organizaciones y activistas han denunciado que hay una cifra negra debido a los delitos no denunciados. Incluso, la entidad ocupa el tercer lugar a nivel nacional en la materia, con un 96.4 %, de acuerdo con datos del Inegi.

Por otro lado, la Comisión Nacional de Búsqueda tiene registro de 13,630 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas en la entidad, la tercera más alta a nivel nacional.

A través de solicitudes de transparencia, Elefante Blanco y Animal Político obtuvieron los registros de beneficiarios del programa llamado oficialmente Becas para hijos de trabajadores de la educación, para madres solteras e hijos con capacidades diferentes, uno de los beneficios para maestros sindicalizados previstos en el convenio entre la SET y el SNTE establecido desde 2013.

Entre los datos entregados están los nombres de los beneficiarios, clave del centro de trabajo (escuelas o unidades administrativas donde laboran), la función que desempeñan, y el monto de los cheques recibidos.

Al hacer el análisis se detectó que 575 beneficiarios estaban registrados como trabajadores de la Unidad Ejecutiva de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, con la clave 28ADG0055Y. Al mismo tiempo recibieron cheques como trabajadores de otros centros de trabajo. En todos los casos la SET les dio montos superiores al máximo previsto en sus lineamientos.

Por ejemplo, Aracely Arellano Ochoa es colaboradora de Ulises Ruiz Pérez, secretario particular del dirigente del SNTE en Tamaulipas, pero recibió 142 mil 500 pesos a través de 14 cheques, siete con la clave de la Unidad Ejecutiva y otros siete con la clave de trabajo de la oficina del titular de la SET.

Su hermana Fluvia Mireya Arellano Ochoa recibió 5 cheques de becas como trabajadora administrativa del área llamada “Departamento de Pagos al Personal Federal”, y 5 cheques más registrados con la clave de trabajo de la Unidad Ejecutiva de la SET.

El común denominador fue la inscripción como supuestos trabajadores de la Unidad Ejecutiva de la SET. Los pagos destinados a la Unidad Ejecutiva suman 4.6 millones de pesos en 2024, lo que representa el 17 % de los 26 millones de pesos entregados ese año por concepto de becas para el magisterio.

La Unidad Ejecutiva es un área administrativa que depende directamente del titular de Educación, y que se encarga de administrar el programa de becas, compensaciones y administra los centros regionales que controlan las escuelas de Tamaulipas.

Rechazó que hubiera algún desvío. “Nada de vela tengo en el entierro. Es muy fácil acusar, pero yo me siento contento de que los hijos de mis compañeros hayan contado con el apoyo del sindicato”. Al referirle que los montos entregados fueron superiores a lo previsto en los lineamientos, rechazó que hubiera irregularidades. “Actúen, yo no recibí ni un peso. Investiguen, pero yo y el sindicato jamás”.

Al buscar a los beneficiarios, Aracely Arellano respondió mensajes negando que hubiera recibido los recursos, aún cuando se le enviaron los documentos que comprueban la entrega, y no aceptó dar una entrevista.

Otro trabajador, Jesús Espinoza, respondió la llamada, pero al preguntarle por qué había recibido más dinero de lo previsto en las becas, dijo que “lo iba a checar” y colgó.

Exdirigente sindical interviene en las becas

En 2023, el SNTE hizo un paro laboral en Tamaulipas que duró 15 días. Entre sus exigencias estuvo presionar a la SET para que entregara los recursos de estas becas que hasta ese momento presentaban retrasos, según dijo el dirigente estatal, Arnulfo Rodríguez Treviño. El conflicto concluyó tras una reunión entre los dirigentes de la sección 30 del SNTE y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, y la SEP, Leticia Ramírez.

Al volver a clases, Hugo Armando Fonseca Reyes, titular de la Unidad Ejecutiva, desplazó en el diálogo con el sindicato a la secretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor, y encabezó la revisión de los lineamientos del programa de becas a petición de la Sección 30 en 2024, el año en que ocurrieron estas irregularidades.

Fonseca Reyes es de cuna priista y fue vocero del partido durante seis años. En 2017 comenzó a trabajar con el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas. Tres años después renunció a su militancia priista. En 2022 fue nombrado coordinador de docentes en la Avanzada Tamaulipeca, grupo interno de Morena fundado por Américo Villarreal Santiago, hijo del gobernador y hoy delegado de programas sociales en Coahuila.

Ante la renuncia de Castillo Pastor a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, en abril de 2025, Hugo Fonseca se promovió para el cargo, pero sólo fue ascendido a la Subsecretaría de Administración y nombrado el negociador ante el sindicato.

Becas magisteriales desviadas

Desde 2013, las becas para el personal magisterial se otorgan mediante el convenio de colaboración entre la Secretaría de Educación y la Sección 30 del SNTE. El 30 de diciembre de 2022, el gobierno de Américo Villarreal Anaya publicó los lineamientos para la beca SET-SNTE, Madres solteras y capacidades diferentes en el Periódico Oficial del Estado.

A partir de enero de 2024, las normas fueron analizadas por una comisión conformada por Hugo Armando Fonseca Reyes, de la Unidad Ejecutiva, y representantes de la Sección 30 del SNTE. En las reuniones participó Aracely Arellano Ochoa, una de las principales beneficiadas, como se pudo comprobar en la foto publicada por el SNTE en la que anuncian la mesa de trabajo.

Aracely Arellano recibió 142 mil 500 pesos, su hermana Fluvia Mireya. 133 mil pesos. Mientras que a su esposo, José Antonio Mata Charles, le dieron 100 mil 500 pesos, por medio de la Jefatura del sector 22 primarias en Victoria y la Unidad Ejecutiva. Actualmente labora en el Departamento de coordinación, de programas y seguimiento.

De acuerdo con información pública, Arellano Ochoa se integró a la secretaría particular de la Unidad Ejecutiva en mayo de 2023. Posteriormente fue comisionada a la dirigencia del SNTE, donde todavía trabaja con Ulises Ruiz Pérez, el principal operador del secretario general, Arnulfo Rodríguez Treviño.

La tercera persona más beneficiada es Jesús Adán Espinoza Puente, con 120 mil pesos. Con la clave 28ADG0011A, correspondiente a Subdirección de Control Escolar de la Secretaría de Planeación de la SET, obtuvo cinco cheques con montos máximos de 13 mil pesos. A través de la Unidad Ejecutiva se le asignaron 5 pagos por 15 mil pesos cada uno.

Otro matrimonio beneficiado es el integrado por Diana María Guevara Trejo y Bladimir Ramírez Martínez, con 107 mil 500 pesos en 9 cheques de becas. Ambos laboran en la Unidad Ejecutiva en el departamento de coordinación interinstitucional.

La familia Rodríguez Castillo, originaria de San Fernando, Tamaulipas, es la segunda que más obtuvo dinero de las becas. Oliver Rodríguez, quien es vicepresidente del comité sindical, consiguió 56 mil pesos. Su esposa Juana Castillo Villafranca, actualmente es regidora en el ayuntamiento local, ganó 45 mil 500 pesos. Además, a Luceldi Rodríguez Lara le asignaron 28 mil pesos en dos becas.

Los lineamientos para las becas indican que la Sección 30 del SNTE debe publicar y difundir una convocatoria por ciclo escolar. Sin embargo, en el periodo 2023-2024 no cumplió con esta obligación, de acuerdo con una búsqueda del documento en la página web, redes sociales y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

También es responsabilidad del sindicato registrar las solicitudes de becas, así como revisar el cumplimiento de requisitos, aprobar y asignar el monto por apoyo, en concordancia con el tabulador incluido en los lineamientos.

Posteriormente, el SNTE envía la base de datos de becas autorizadas a la Coordinación de Becas y Estímulos Educativos (CBEE) de la Unidad Ejecutiva. Dicha área verifica las solicitudes autorizadas por la dirigencia sindical junto con la información de las personas favorecidas.

Por último, la CBEE de la Unidad Ejecutiva recibe los cheques de la beca “para su distribución y pago a través de los Centros Regionales de Desarrollo Educativo (Credes)”, responsables de entregarlos.

La Sección 30 y la Unidad Ejecutiva son las responsables de que el programa se respete, refieren las normas estatales. El dinero de las becas es presupuesto público asignado a la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET).

La participación de la Coordinación de Becas y Estímulos Educativos es clave para comprobar los pagos. En esa área trabajó Francisco Javier Córdova González, quien recibió 73 mil pesos por medio de tres claves de centros de trabajo.

La operación para clonar las claves sin importar que no correspondieran a los lugares en que laboran las personas sucedió en todos los niveles. Es el caso de Martha Elena Castillo Mata, trabajadora administrativa de un jardín de niños, a quien le asignaron 6 cheques por un monto total de 75 mil pesos.

Una clave que solo fue utilizada en 15 casos es la 28ADG0001U, correspondiente a la secretaría particular de la SET. Uno de los pocos beneficiados fue Damián Eusebio Martínez Quintero, quien labora en el Departamento de pagos al personal federal.

En ninguno de los documentos aparece la firma de Augusto Francisco Bres Pintos, titular de la Coordinación de Becas y Estímulos Educativos desde 2022. Dicha área de la Unidad Ejecutiva debió revisar las solicitudes y validar la entrega de las becas que fueron desviadas con la firma de Hugo Fonseca.

Para este caso, se determinaron tres meses para la investigación complementaria, con corte al 20 de enero de 2026. Cabe señalar que el exfuncionario mantiene otros procesos por hechos vinculados a ese programa social.

En un tercer caso, el juez Juan Antonio Haro Morales vinculó a proceso al exsubsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, Enrique Jorge “N” también por uso ilícito de atribuciones y facultades. La carpeta refiere la excepción de concurso de proveedores para un contrato de seguros de vida del personal de Salud (enero–diciembre de 2020) por 5 millones 867,184 pesos con Consultoría Internacional de Seguros y Finanzas.

En audiencia previa se impuso una garantía de 500 mil pesos y la entrega de su pasaporte. Durante una intervención pública reciente, el exfuncionario afirmó: “No me he escondido; seguiré dando la cara”.

De acuerdo con los jueces, las causas seguirán su ruta con investigación complementaria, eventuales actos periciales y definición de medidas conforme al código procesal aplicable. Las defensas de los imputados plantearon argumentos sobre competencias administrativas y excepciones por emergencia sanitaria; el ministerio público presentó documentación de soporte y dictámenes para sustentar los cargos. 

Los procesos en contra de los excolaboradores de García Cabeza de Vaca derivan de carpetas iniciadas por autoridades investigadoras estatales a partir de contratos celebrados en 2020. En audiencias previas y recursos subsecuentes se modificaron resoluciones iniciales, lo que permitió reanudar imputaciones y avanzar hacia la vinculación a proceso en los casos descritos.

Esta mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya analizaron el informe estadístico de la situación en el afluente a partir de las estaciones en Tamuín, San Luis Potosí y Pánuco, Veracruz.

La creciente más grande en 70 años

Sobre la creciente del río Pánuco, el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, enfatizó que es la más grande en 70 años y se encuentra a 82 kilómetros de Tampico.

“Se estima que transitará en las próximas 80 horas. Probablemente para mañana, en el transcurso del día, no podemos ser tan precisos, se empiece a reflejar en Tampico y Ciudad Madero”, mencionó el funcionario estatal.

Aunado al aumento del Pánuco, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó lluvias, de 5 a 20 milímetros. Quiroga Álvarez aseguró que no sumaría riesgo a la situación en el afluente.

“De que va haber derrames, va haber derrames. Me quiero quedar con la premisa de que la vida humana, que es lo que más nos interesa, no va tener problema alguno. Vuelvo a poner como paralelismo el tema del norte de Veracruz que ahí si hay llanto por todos lados, no va suceder eso en Tamaulipas”, sostuvo el coordinador estatal del operativo”.

Recuperan estaciones de medición en el río

“Las hemos rescatado, las estamos terminando de calibrar junto con la Conagua, y ahora podemos decirles, hora por hora, a los alcaldes y Protección Civil cómo va subiendo la escala del río”, afirmo.

La Coordinación estatal de Protección Civil señaló que la Capitanía del puerto de Tampico será la encargada de suspender la navegación en el río, lo que se daría a los 4.5 nudos en el río Pánuco.

Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, dijo que, siguiendo las instrucciones de la presidenta se ha mantenido al tanto del crecimiento del río Pánuco.

Señaló que este cuerpo de agua ya llegó a su punto máximo en la estación hidrométrica en Las Adjuntas, que es cercana a la población Tamuín, pero ya se encuentra en descenso.

Villarreal explicó que las zonas bajas ya están alertadas y los presidentes municipales ya se encuentran trabajando en forma coordinada, además de que se han establecido albergues con los suministros suficientes en caso de que haya necesidad de hacer algún desplazamiento de la población y de los cuales están informados las y los habitantes de la zona, a través de Protección Civil, la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional.

Sheinbaum Pardo estuvo acompañada por el general de División de Estado Mayor, Juan José Gómez Ruiz, comandante de la IV Región Militar, y el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Jesús Adolfo Amparán Hernández.

En Tampico, nos reunimos con el gobernador de Tamaulipas, @Dr_AVillarreal, para evaluar el crecimiento del río Pánuco, que al momento no representa riesgo. Continúa el monitoreo y seguimos atentos para alertar a la población en caso necesario. pic.twitter.com/OLxWzK2l3F

— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 18, 2025

De acuerdo con la documentación consultada el 24 de enero de 2020 Jareth Roberto “H”, Jesús Enrique “M”, Edgar Alejandro “M” e Hilarión “O” fueron detenidos en flagrancia por policías del estado de Tamaulipas y elementos de la Guardia Nacional con 4 armas largas tipo fusil calibre 7.62x39 milímetros; 242 cartuchos y 15 cargadores. 

Desde entonces la FGR inició una investigación en su contra pero debido a que los delitos no merecían prisión preventiva oficiosa en ese momento, el ministerio público federal los dejó en libertad mientras determinaba si ejercía o no acción penal en su contra. 

Para el 29 de mayo de 2021 la FGR envió su carpeta de investigación con terminación 220/2020 a un juez de control en el estado de Tamaulipas a quien además solicitó fijar fecha para audiencia inicial. 

El juez ordenó citar a los 4 investigados para el 30 de junio de 2021, sin embargo, sólo fue posible notificar a Edgar Alejandro “M”, mientras que a los demás no. 

En el caso de Jareth Roberto “H”, el actuario fue atendido por su papá quien indicó que su hijo ya no vivía con él y se negó a recibir cualquier notificación; Jesús Enrique “M”, no fue encontrado en su domicilio e Hilarión “O” señaló un domicilio “abandonado, con maleza y sin ventanas”, según refiere la orden de aprehensión emitida contra “La Machorra”. 

Aunque el juez podía llevar a cabo la audiencia sólo con Edgar Alejandro “M” la FGR dijo que prefería que estuvieran todos juntos. 

Ante ello, el juez le dio tiempo a la FGR para que encontrara a los tres que faltaban por notificar y, debido a que no lo logró, la causa penal número 176/2021 fue archivada el 24 de septiembre de 2021. 

Fue hasta el 25 de julio pasado que la FGR retomó el caso y solicitó órdenes de aprehensión contra los cuatro hombres, por lo que el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Tamaulipas, Ricardo Ignacio Rivera Pacheco concedió la petición únicamente por lo que hace a tres de ellos. 

Rechazó ordenar detener a Edgar Alejandro “M” porque fue el único del que se conocía el domicilio y a quien se pudo notificar en el año 2021 y que la audiencia no se llevó a cabo entonces a petición del fiscal encargado del caso. 

“En modo alguno hay un riesgo de sustracción que actualice la necesidad de cautela que refiere el fiscal; por el contrario, este juzgador estima que no existe por el momento. Sera´ cuestión de volverse a citar y si ya no se encuentra o no acude a audiencia, podri´a ser que se llegase a actualizar.  

“Cabe precisar que de no encontrarse en el domicilio, dicha cuestión no seri´a imputable al investigado, pues han pasado cinco an~os desde el hecho delictivo, por lo que el fiscal tendra´ la carga de la prueba de investigar el nuevo domicilio o la localizacio´n del investigado; por lo que debera´ realizar nuevos actos de investigacio´n, pues los que cita en su solicitud son del an~o dos mil veintido´s”, indicó el juez.  

Pese a que desde el 25 de julio pasado existía una orden en su contra Jareth Roberto “H” no buscó protección alguna sino hasta después del homicidio del delegado de la FGR en Tamaulipas, ocurrido el 4 de agosto. 

El 5 de agosto “La Machorra” solicitó un amparo contra cualquier orden de aprehensión en el que el juez Séptimo de Distrito en el estado de Tamaulipas, Fidel Gallegos Figueroa le concedió una suspensión provisional que, en teoría, lo protegía contra su captura sin importar el delito por el que estuviera acusado. 

De acuerdo con el expediente 1065/2025, la demanda de amparo fue tramitada también por Edgar Alejandro “M”, contra quien actualmente no existe ninguna orden de captura. 

“SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL a la parte quejosa respecto de los actos reclamados, en los siguientes términos: Para el efecto de que la parte quejosa no sea privada de la libertad personal y quede a disposición de este órgano jurisdiccional, sólo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición del juez que lleve la causa penal de origen, para la continuación del procedimiento, y así garantizar la continuación del mismo; lo anterior, sin que importe el delito que se le atribuya.  

“Lo así expuesto no implica la paralización del proceso penal de origen, sino que el juez natural, en efecto, tiene la competencia legal para continuar con el procedimiento correspondiente. Empero, cuando la parte quejosa comparezca a la audiencia inicial, de ser el caso, podrá dictar las medidas cautelares pertinentes, incluida la prisión preventiva justificada a solicitud del Ministerio Público; sin embargo, la prisión preventiva no será ejecutable, ya que los solicitantes estarán bajo la jurisdicción del Juez de Distrito en lo que respecta a su libertad personal, en virtud de la suspensión concedida, siempre que ésta siga vigente”, indicó el juzgador de amparo. 

Al conceder la medida, que permanecerá vigente por lo menos hasta el 13 de agosto próximo cuando el juez celebre la audiencia incidental para determinar si concede la suspensión definitiva o no, los quejosos fueron requeridos para que exhiban una garantía de 10 mil pesos cada uno. 

Asimismo, el juez Séptimo de Distrito retomó los argumentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que consideró que la prisión preventiva oficiosa en México es inconvencional para ordenar que la suspensión los proteja aunque estén acusados por los delitos que merecen esta medida cautelar. 

“Se considera que existen elementos que configuran la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, ya que la suspensión provisional también evitará privar de la libertad a la parte quejosa cuando la orden de aprehensión esté relacionada con delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, interpretación que tiene como objetivo encontrar un equilibrio entre las leyes nacionales e internacionales, dando prioridad a aquella que brinde una protección más extensa. De tal modo que, ante el cambio de enfoque representado por las recientes sentencias y jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y considerando la naturaleza progresiva y dinámica del sistema jurídico mexicano, este órgano jurisdiccional estima conceder en los términos precisados la presente medida anticipada”, explicó. 

El 11 de agosto pasado, el juez notificó que la FGR tramitó un recurso de queja en contra de la concesión de la suspensión provisional, mismo que deberá ser resuelto por un Tribunal Colegiado. 

ÚNICO INVESTIGADO POR ATAQUE A FISCAL NO FUE PROCESADO POR ESE DELITO.

Pese a que “La Machorra” fue detenido el pasado 7 de agosto, la FGR no lo ha imputado por el homicidio del delegado de la institución en Tamaulipas, Ernesto Vásquez e incluso logró evadir uno de los tres delitos por los que fue aprehendido. 

El pasado 8 de agosto la FGR anunció su detención y supuesta relación con “Los Metros”, una facción del Cártel del Golfo y principal responsable del huachicol en Tamaulipas. 

La captura fue realizada a las 00:57 del 7 de agosto pasado en el centro de rehabilitación “Guerreros con ganas de vivir” ubicado en Reynosa donde, según la FGR, “La Machorra” se escondía. 

Allí, le fueron halladas dos pistolas calibre 9x19 milímetros Luger, marca Glock con cargadores abastecidos con 11 cartuchos cada uno, marihuana, metanfetamina y cocaína.  

En su comunicado, la FGR indicó que Jareth Roberto “H” es investigado por el homicidio de Vásquez Reyna, sin embargo, durante la audiencia inicial realizada por videoconferencia el 9 de agosto, no le imputó ningún delito relacionado con el ataque contra el funcionario federal. 

En cambio, le imputó posesión de armas de fuego de uso exclusivo de la fuerza armada permanente; posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de la fuerza armada permanente y delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio de metanfetamina, cocaína y marihuana 

Durante la audiencia inicial el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal en el Estado de Sonora, en funciones de Juez de Control, Carlos Andrés Miranda Verdugo rechazó vincularlo a proceso por posesión de cartuchos y únicamente lo vinculó por los dos delitos restantes. 

El juez le impuso la medida de prisión preventiva justificada en el penal federal del Altiplano, por lo que su traslado se realizó vía aérea e ingresó el domingo al centro penitenciario. 

Asimismo, hasta ahora la FGR no ha ejecutado la orden de aprehensión que tiene pendiente desde el 25 de julio pasado por portación de armas y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.