domingo, 27 de marzo de 2016

La lista de estados donde ser mujer es un riesgo crece, y los gobiernos no oyen, dicen ONGs

Activistas de Michoacán, Sinaloa y Puebla demandan que estos estados se decrete la alerta de género ante el incremento de feminicidios y agresiones a las mujeres. Hasta ahora el mecanismo se ha oficializado sólo en tres estados: Jalisco, Morelos y Estado de México.

Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).– La violencia contra las mujeres en el país está fuera de control y los casos no dejan de aumentar, a pesar de que en tres entidades del país ya se decretó la Alerta de Género, denunciaron organizaciones civiles.

Por cada mujer que aparece asesinada y abandonada en un paraje, canal o incluso en tambos de basura en Ecatepec, Estado de México, Puebla, Michoacán o Morelos, hay miles que quedan en el anonimato y fuera de las cifras oficiales, lamentaron.

María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF), dijo a SinEmbargo que en México asesinan a 2 mil 500 mujeres al año y alrededor de siete por día, una más que en 2013, sin contar a las desaparecidas.

“Son siete mujeres asesinadas a diario, pero con la cifra de desaparecidas es otro universo de datos que no son claros. Tenemos más de 7 mil casos de desapariciones desde el periodo que abarca de Felipe Calderón [Hinojosa] hasta Enrique Peña Nieto, la mayor parte ocurridas en la actual administración”, dijo.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), organismo a cargo del mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), cuenta con 15 solicitudes de declaratoria hasta el momento.

El Estado de México, Jalisco y Morelos son las únicas entidades en donde se ha logrado emitir una alerta. Puebla y Sinaloa son los dos estados que la han pedido recientemente ante el incremento de la violencia feminicida.

Sin embargo en los estados en donde se implementó la alerta de género, los feminicidios tampoco han disminuido.

El 28 de julio de 2015, el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres acordó por unanimidad la procedencia de la declaratoria de Alerta en 11 municipios del Estado de México conurbados a la capital: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad.

La alarma fue encendida cuatro años y medio después de que fue realizada la solicitud correspondiente, lo que de acuerdo a una jueza provocó la vulneración a derechos humanos que debería ser reparada.

Sin embargo en los municipios donde fue declarada, no hubo ningún tipo de trabajo con los ministerios públicos y funcionarios de gobierno, aseguró David Mancera Figueroa, presidente de Solidaridad por las Familias, organización civil que opera en el Edomex.

“Los gobiernos municipales donde fue declarada, no hubo ninguna reunión con sus equipos para decirles qué es una Alerta de Género. Los empleados de Gobierno no saben, ni la población está concientizada”, explicó.

En Ecatepec, tan sólo entre noviembre y diciembre del año pasado, se conoce de 12 feminicidios en el corredor Ecatepec-Tecámac, sin contar los dos cuerpos de mujeres que aparecieron en Toluca, uno de ellos descuartizado y en una bolsa, indicó Mancera Figueroa.

El presidente de Solidaridad por las Familias indicó que ni el Gobierno estatal del priista Eruviel Ávila Villegas, ni el de Ecatepec, han permitido la formación de un consejo consultivo integrado por expertos en el tema de violencia de género para capacitar a la Policía Municipal, funcionarios y ministerios públicos.

LA SIMULACIÓN ANTE LA VIOLENCIA



Algo similar sucede en Morelos, en donde cada mes mueren en promedio seis mujeres, víctimas de feminicidio, lo que refleja el poco resultado de los mecanismos implementados para evitar más asesinatos de este tipo, han reclamado activistas de la entidad.

La Alerta de Violencia de Género para ocho municipios de Morelos se decretó el 10 de agosto de 2015 por la Secretaría de Gobernación (Segob) y desde entonces la violencia feminicida de la entidad ha cobrado 37 víctimas hasta febrero de este año.

Si bien la alerta de género es una nueva política pública en México, existen fallas en su implementación, afirmaron integrantes de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos (CIDHMORELOS). Una de las deficiencias es que no se determinaron plazos, tampoco se dejó claro el monto de recurso que la Federación aportará y tampoco existe una autoridad que vigile el cumplimiento del mecanismo, entre otras.

“El Gobierno [de Morelos] debe tener muchas excusas, pero lo que vemos es una cuestión de simulación. Hemos tenido dos reuniones con gente del Gobierno, pero vemos que dilata mucho. Vemos que hay acciones que están haciendo encaminadas de reformas a la Ley, para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género; sin embargo, son acciones muy lentas. Y lo que nosotros decimos es que se trata de una situación de emergencia. Y podemos decir, que muchos de estos feminicidios [que se han suscitado en los últimos seis meses] se hubieran evitado, si se hubiesen aplicado correctamente todas las medidas”, explicó Paloma Estrada Muñoz, integrante de CIDHMORELOS, aSinEmbargo.

SINALOA, NUEVO LEÓN Y OAXACA

María de la Luz Estrada, del Observatorio, explicó que ambas alertas fueron un triunfo de las organizaciones civiles y que su implementación no ha sido fácil y las autoridades encargadas de su seguimiento deben recibir acompañamiento de la sociedad civil.


“Como tardó mucho en entenderse el mecanismo las medidas de seguridad y justicia no están siendo sencillas de aplicarse, porque las medidas que se hagan deben implementarse bajo contextos complejos de la violencia contra las mujeres y no se reduce a la violencia familiar. La violencia comunitaria está privando de la vida a las mujeres y es una violencia que tenemos que ubicarla en el contexto de la inseguridad y criminalidad, donde hablas de delincuencia común, organizada, porque los modus operandi, como que de repente se vuelven tan complejos y las medidas que las autoridades se establecieron en el Estado de México y Morelos, son medidas en donde las autoridades no pueden venir repitiendo lo que han venido haciendo”, explicó.

La activista indicó que para que la alerta de género funcione adecuadamente se requieren indicadores de resultados, debido a que las medidas que están tomando las autoridades al momento de echar andar el mecanismo, son muy generales.

Aunque en Morelos y el Estado de México la alerta de género va lenta, las entidades en donde debería darse la alerta de género de forma inmediata son Sinaloa, Nuevo León y Oaxaca opinó.

Rodolfo Domínguez, director de la organización Justicia, Derechos Humanos y Género y colaborador del Observatorio Ciudadano, coincidió con María de la Luz y agregó que el mecanismo es un logro de la sociedad civil que debe extenderse en el país.

“Ha sido un logro fundamental, el reto actual es lograr la implementación de las declaratorias de alerta de género, pues surgen una serie de acciones en materia de prevención, seguridad y justicia que se deben poner en marcha. En el caso del Estado de México ha sido complejo”, indicó.

Domínguez enfatizó en que la violencia feminicida en México va en aumento porque se vive en una cultura “patriarcal y machista”. “La violencia se ha naturalizado al grado que cada día es más común, esta situación se ve agravada por la inacción del estado, cuando no garantiza la atención, se genera una situación de impunidad que agrava el problema”.

LA VIOLENCIA VS LA MUJER NO SE TOMA EN SERIO


VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=zc9X1G2qtfg


El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una joven caminaba por una de las calles de la colonia Condesa en la Ciudad de México, cuando un hombre la atacó: le levantó el vestido y le bajó la ropa interior en total impunidad. La víctima fue Andrea Noel, una reportera estadounidense que interpuso una denuncia y entregó la grabación de una cámara de seguridad como evidencia.

A partir de su denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y en redes sociales, vivió un infierno que la llevó a temer por su vida y a salir del país en una semana, debido a que la siguieron hasta su casa y amenazaron de muerte en Twitter, publicando su ubicación.

“Con que una persona que hable en serio, porque hay personas desde ayer y hoy que están escribiéndome y esto me dejó pensando si debía apagar mis redes, callarme e irme del país, porque no valdría la pena quedarme para que me suceda algo mayor”, dijo Noel en esta entrevista con SinEmbargo.

Las amenazas de muerte y violación se contaron por cientos, aseguró la joven, sin que la Procuraduría capitalina ni alguna de las instituciones protectoras de derechos humanos y de periodistas, activara un protocolo de seguridad para brindarle protección.


“Mi preocupación mayor, encima del primer caso que es dar con el agresor, son las miles de amenazas de muerte, de violación que me están llegando por segundo; se salió complemente de control, hay gente publicando mi ubicación en Internet, fueron personas a mi casa, tuve que marcar a la Policía como a las nueve de la noche e irme. Es algo que te hace pensar, igual y sí logran callarme”, dijo la joven.

María de la Luz Estrada lamentó el caso de Noel y dijo que lo que le sucedió, le pasa en México a la mayoría de las mujeres que se atreven a denunciar y acuden al Ministerio Público.

“Se ha naturalizado la violencia, cuando se legitima se considera que es normal. Eso ha hecho que en México la situación se agrave, porque no investigan, porque hay corrupción y se protege a la delincuencia en esta cultura machista, en donde ha sido la autoridad quien también va a valorar misoginamente y que va a dejar los casos en la impunidad”, explicó.

La activista agregó que la violencia en contra de la mujer es más grave porque la carga de la prueba está en su cuerpo: no investigan al agresor, sino a la agredida.

“La carga de la prueba está en mi cuerpo, porque las mujeres a través de la historia somos considerada basura, no ciudadanas y con ese tipo de mensajes los hombres se sienten protegidos. En México no se están tomando en serio que la violencia está matando a las mujeres”, dijo.

En México, consideró, asesinar a una mujer es fácil, porque no hay castigo para el feminicida, ya que ni siquiera los crímenes se juzgan como tal. La mayoría se investigan como homicidios dolosos.

UN PROBLEMA DE CADA ESTADO

En estados como Puebla y Michoacán, que luchan por una alerta de género, los feminicidios van al alza, de acuerdo con los datos registrados por las organizaciones civiles.

En el caso de Michoacán, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) reconoce ocho feminicidios en 2014 y seis en 2015. Pero las cifras se contrastan con los 850 asesinatos que se dieron de 2006 a diciembre de 2015 de acuerdo con otros datos de la misma dependencia, solicitados en enero de 2016 por la organización Humanas Sin Violencia.

Según el histórico que recoge cifras desde 1999, fue en 2006 –año de inicio de la guerra contra las drogas – cuando se dispararon los asesinatos.

De 36 mujeres asesinadas en 1999, para 2006 la cifra creció a 83, alcanzando el mayor número en 2013 y 2014 con 110 y 107 homicidios, respectivamente.

En el caso de Michoacán la guerra contra el narcotráfico trajo consigo un alza en los asesinatos de mujeres. De acuerdo con Lucero Circe López Riofrio, directora de Humanas Sin Violencia AC, las autoridades de la entidad sólo reconocen a un puñado de esas muertes como feminicidios.


“Tenemos un contraste con las cifras. Nosotras esperamos que terminara el mes de diciembre para pedir las últimas y hacer un corte. Las autoridades de Michoacán sólo reconocen ocho feminicidios”, dijo la activista.

La activista explicó que las autoridades en Michoacán minimizan los feminicidios y no comprenden la necesidad de una alerta que permita el funcionamiento de un sistema de acceso a la justicia para las mujeres.

Lucero Circe detalló que el incremento de los crímenes en contra de las mujeres michoacanas se debe a las más de 15 mil familias desplazadas por el conflicto armado, el nacimiento de las autodefensas, el incremento de embarazos en adolescentes y a la pobreza femenina que las orilla vincularse a situaciones de riesgo.

Además de los asesinatos, los datos de la PGJE revelan que entre 2008 y 2015 fueron desaparecidas 209 mujeres y niñas.

La activista agregó que cada entidad tiene su contexto en el que están asesinando mujeres. En Michoacán es el narco, las autodefensas y las descomposición del tejido social que ha generado feminicidios brutales.

“En Puebla es otra dimensión, otros contextos, por la vinculación hacia el sur, la migración. Son diferentes escenarios. A nivel nacional no se reconoce, pareciera que les incomodara muchísimo entender que deben generar mecanismos, una política pública de acceso a la justicia y prevención para las mujeres. Lo que es un delito en un estado, en otro no lo es”, indicó.

López Riofrio coincidió con María de la Luz Estrada en que las mujeres no son reconocidas como ciudadanas, sino como víctimas.

“Si las mujeres fuéramos reconocidas como ciudadanas, cuando una mujer va a denunciar porque está siendo amenazada, harían acciones para protegerla.

Vianeth Rojas Arenas, directora del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), dijo que en Puebla sucede algo similar a Michoacán en cuanto a las cifras.

Por ejemplo, el Observatorio ha consignado 145 feminicidios desde 2013 a la fecha, pero la procuraduría poblana sólo ha iniciado 17 procesos por ese delito, el resto han quedado como homicidios. Es decir sólo el 12.5 por ciento de los asesinatos en la entidad fueron consignados como feminicidios.

“Nosotras hacemos desde 2013 un seguimiento hemerográfico: por lo menos por un caso de feminicidio que sale en los medios de comunicación, hay otro, que no se consigna. Los crímenes se han vuelto más violentos y vemos que los posibles culpables son las parejas o ex parejas de las mujeres”, detalló.

Rojas Arenas explicó que esas mujeres que fueron asesinadas en algún momento denunciaron, pero no fueron atendidas.

“Si las mujeres sufren una lesión muy fuerte y llegan al hospital, el Gobierno debería implementar todos los mecanismos y acciones para evitar el feminicidio. En Puebla no se está investigando como deberían los homicidios dolosos de las mujeres, y una vez que se dice que hay un feminicidio, no se atrapa al posible culpable”, indicó.

La activista precisó que en México a las mujeres “nos están matando porque se puede matar. No hay institución de justicia que le de justicia a las mujeres. No pasa nada si matas a una mujer, puede ser que ni siquiera te atrapen. Ése es el mensaje que se le está mandando a la sociedad”.



Fuente: Sin Embargo
Autora: Shaila Rosagel
http://www.sinembargo.mx/26-03-2016/1640716

Detienen en Sonora a Raúl Beltrán, operador del 'cártel del Pacífico'

Hermosillo, Son. En un operativo para garantizar la integridad de los vacacionistas, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública detuvieron a Raúl Beltrán Quintero, El Wico o El 9, uno de los principales operadores del Cártel de Pacífico.

El arresto ocurrió la madrugada de este sábado en El Charco, en Puerto Lobo, a 94 kilómetros del municipio de Caborca, Sonora. Junto a Beltrán Quintero, las autoridades detuvieron a otras ocho personas con posesión de armas, cargadores y vehículos con reporte de robo.

El Wico, de 50 años de edad, es hermano de Manuel Beltrán Quintero, El Nini, arrestado por la Policia Federal en el año 2014, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. El Nini era el líder del trasiego de drogas y tráfico de personas en El Sásabe, zona de tráfico de indocumentados hacia Estados Unidos por el desierto de Sonora.

En el operativo se logró el aseguramiento de dos automóviles, un Toyota línea FJ Cruiser, modelo 2012 y un Cadillac Escalade modelo 2007, ambos con reporte de robo en Estados Unidos. También se les decomisaron 8 armas de cortas de diferentes calibres, cargadores y cartuchos útiles.

Entre las ocho personas arrestadas se encuentra un menor de edad, el resto responde a los nombres de Ricardo Méndez, de 22 años, Geu Hernández Montes, de 28 años, Adrián Valenzuela, de 24, Eder Román de 29, José Beltrán de 62, Crispín Salazar de 42, Manuel de Jesús Muñoz de 38.



Fuente: La Jornada
Autor: Cristina Gómez Lima
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/26/detienen-en-sonora-a-raul-beltran-operador-del-cartel-de-pacifico-2665.html

Donald Trump, el judas quemado

En una pausa del ajetreo comercial a unos pasos del Teatro del Pueblo y de la plaza de Santo Domingo, habitantes del Centro Histórico eligieron este año al precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump como el Judas de Semana Santa, al que quemaron en Sábado de Gloria.

Frente al número 54 de la calle de República de Bolivia, jóvenes, en su mayoría, colgaron la figura de cartón de cinco metros de altura (ataviada con traje azul y rubia cabellera), que hicieron explotar en medio de una algarabía que atrajo a pobladores del barrio y a paseantes.

La salida de dos toritos –armazones de carrizo cargados de cohetes con la forma de los astados– manipulados por jóvenes, que corrieron detrás de la multitud, haciendo estallar la pólvora y los gritos de los mirones, prosiguió a este ritual, que a decir de sus organizadores se realiza desde hace más de 60 años.

Julio Gutiérrez, uno de los encargados de recabar los recursos económicos entre vecinos y comerciantes para cubrir los gastos de esta tradición, detalló que cada año se elige a un personaje público con una trayectoria negativa, para llevarlo al paredón. Con sus declaraciones racistas hacia los mexicanos Donald Trump se lo ganó en esta ocasión, expresó.

El rechazo al político estadunidense se plasmó en la figura de cartón (realizada en un taller de La Viga y equipada con cohetes por artesanos de Tultepec) con mensajes como: Chingas a tu madre Trump.

La quema del traidor de Jesúsatrajo también a paseantes. María Elena Téllez llegó puntual a la cita.Ni Dios lo mande que vaya a ser presidente, exclamó.


Fuente: La Jornada
Autora: Rocío González
http://www.jornada.unam.mx/2016/03/27/capital/023n1cap

Hackean la página web de la Academia Mexicana de Ciencias

El sábado la página Web de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) fue hackeada. Al abrir el sitio oficial de la organización científica que agrupa a los más destacados investigadores del país en las ciencias naturales, sociales y las humanidades (amc.edu.mx) lo único que podía visualizarse era su página principal, sin ningún acceso a las secciones que habitualmente contiene. Además se podía escuchar música presumiblemente de origen kurdo.

En la página apareció por varias horas la bandera de Kurdistán, con franjas horizontales en rojo, gris y verde y un gran Sol con 20 picos en el centro. En la parte superior un escudo, con el dibujo de un águila de color amarillo mirando hacia el occidente, con cuatro pares de alas; con las superiores sujeta por encima de la cabeza lo que parece ser un Sol con cuatro triángulos rojos en los principales puntos cardinales y cuatro rectángulos pequeños de color verde. El águila sostiene con sus garras una cinta con una fecha: 1992; y la leyenda: “Gobierno Regional de Kurdistán” escrito en tres idiomas, Kurdo, Árabe, y más abajo en inglés.

El mensaje íntegro que aparece abajo del emblema está escrito en inglés y contiene frases cortas y diversos símbolos y siglas algunos de ellos incomprensibles para este redactor, dice textualmente:

Hacked By

PaYwand Abdulla

Kurdísh Hacker Was Here ¡:D Long

Live To Peshmarga #Kurdish Army!

BZHI PKK<3

\!/See You Admín #Fuck ISIS #Fuck

Turkísh.

Y en una traducción libre:

Hackeado por PaYwand Abdulla

El hacker kurdo está aquí!:D Larga

Vida al #ejército kurdo Peshmerga!

BZHI PKK <3

\!/Nos veremos Admín #Jódete ISIS #Jódanse

Turcos.

Aproximadamente a las 20 horas el mensaje fue retirado por el personal de la AMC. Es la primera vez que la página web de una organización científica en México es hackeada. Hasta el momento se desconoce el origen y el significado de esta intervención.


Fuente: La Jornada
Autor: Javier Flores
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/27/hackean-la-pagina-web-de-la-academia-mexicana-de-ciencias-339.html

“Falta de atención”, causa de la crisis ambiental en la CDMX

En la tercera semana de marzo la Ciudad de México registró una de sus mayores contingencias ambientales. Las autoridades federales, locales y mexiquenses improvisaron medidas extraordinarias. Sin embargo, desde el año pasado el gobierno capitalino contaba con un estudio de científicos universitarios que alertaban de los altos índices de contaminantes peligrosos y proponían acciones urgentes para atenuarlos. Pero el estudio también evidenció el descuidado manejo de las normas vigentes.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A principios de 2015, la secretaria de Medio Ambiente del gobierno capitalino, Tanya Müller García, recibió un catálogo de propuestas de políticas públicas para mejorar la calidad del aire y reducir emisiones de gases de efecto invernadero en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Elaborado por expertos del Instituto de Ingeniería de la UNAM y del Centro de Transporte Sustentable, bajo la coordinación de Claudia Sheinbaum Pardo, actual jefa delegacional en Tlalpan y en aquel tiempo investigadora universitaria, el informe alertaba al gobierno de la Ciudad de México sobre el repunte de sustancias muy dañinas para la salud: monóxido de carbono, ozono, partículas suspendidas y dióxido de azufre, entre otros.

El incremento de esos contaminantes en la atmósfera, según el estudio, era resultado del virtual abandono de las políticas ambientales por los gobiernos federal, capitalino y particularmente del Estado de México.

La propuesta de los expertos pretendía atenuar y en lo posible evitar crisis ambientales como la que se produjo en el Valle de México la tercera semana de este mes, cuya magnitud fue superior a cualquier otra de los últimos 11 años en la zona metropolitana.

Esta crisis obligó a las autoridades capitalinas y mexiquenses a improvisar medidas de contención, como restringir la circulación de automotores con engomados cero y doble cero; reducir las emisiones provenientes de fuentes móviles; actualizar las normas de emisión de contaminantes de vehículos nuevos; generar un esquema de verificación y cumplimiento de las normas de automotores nuevos, así como verificar las características del combustible.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2056, ya en circulación


Fuente: Proceso
Autor: Raúl Monge
http://www.proceso.com.mx/434805/falta-atencion-causa-la-crisis-ambiental-en-la-cdmx

Un proyecto en ciernes: legalizar el cultivo de la amapola

Mientras en el estado de Guerrero ya fue presentada en la Legislatura local una iniciativa de ley al respecto, en dependencias del gobierno federal circula un meticuloso estudio cuyo título determina su trascendencia: “Propuesta para la legalización del cultivo de la amapola.- Fines científicos y médicos”, cuya copia obtuvo Proceso. Basado en estadísticas duras y en análisis de organismos nacionales e internacionales, el documento establece objetivos muy concretos: abatir las ganancias de los grupos criminales, ayudar a los campesinos pobres de las zonas de cultivo y, finalmente, proporcionarle alivio a los enfermos que necesitan medicamentos derivados del opio, de palpable escasez y carestía en México. La propuesta es provocadora y seguramente desatará debate interno y rechazo de algunos países extranjeros, pero el plan ya está gestándose…

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Entre las autoridades federales circula desde el año pasado un documento que propone legalizar el cultivo de la amapola con fines médicos y científicos. Contiene un proyecto cuya finalidad es atender al creciente número de enfermos que padecen dolores intensos y no tienen acceso a los medicamentos derivados del opio, ayudar a las poblaciones pobres donde se cultiva ilegalmente la planta e impactar en las finanzas del crimen organizado, el cual gana anualmente más de mil millones de dólares por el trasiego ilegal de heroína y opio a Estados Unidos.

El documento –titulado oficialmente Propuesta de legalización del cultivo de amapola. Fines científicos y médicos, y fechado en noviembre de 2015– evalúa la posibilidad de reformar el marco legislativo e institucional en materia de protección a la salud para permitir la producción de amapola en México y destinarla al procesamiento y distribución de medicamentos para aliviar padecimientos crónicos.

La idea es legalizar su cultivo y aprovechar los plantíos ya existentes, concentrados en al menos cinco entidades –Durango, Nayarit, Sinaloa, Chihuahua y sobre todo Guerrero— de las 13 donde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha erradicado en los últimos dos años 15 mil 633 hectáreas de esa planta.

La propuesta –elaborada por un grupo especializado de asesores gubernamentales– se apoya en que ya existen marcos normativos internacionales que lo permiten y señala los ejemplos de Turquía e India, donde la legalización de la amapola se realizó con éxito en 1933 y 1947, respectivamente.

Pero se advierte la posibilidad de que esta propuesta provoque malestar en algunos países.

De hecho se cree que podría haber presión internacional contra esta iniciativa de ley, principalmente de parte de Estados Unidos, el mercado más grande de opioides (derivados de los opiáceos) ilícitos producidos en México.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2056, ya en circulación


Fuente: Proceso
Autor: José Gil Olmos
http://www.proceso.com.mx/434798/proyecto-en-ciernes-legalizar-cultivo-la-amapola

Desaparece joven de 15 años de edad en Coatzacoalcos, Veracruz. Autoridades hacen caso omiso

Coatzacoalcos, Veracruz.- Una madre denuncia la desaparición de su hija Juliette de la Fuente de apenas 15 años de edad. La última vez que fue vista se dirigía a laborar a una taquería de esta ciudad de Coatzacoalcos.


Reporta Alerta Amber Nacional, que la madre de la joven presentó la denuncia ante el Ministerio Público, sin embargo las autoridades ministeriales le dijeron que “no se preocupara” que seguramente aparecería pues muy seguramente se había ido con su novio, como hacen todas las demás, aunque la señora les manifestó que su hija no tenía novio, pues solo estudiaba y trabajaba.

Como señas particulares tiene dos tatuajes uno de un hada en antebrazo y una crucifico en la muñeca

A pesar de haber transcurrido más de 45 días de su desaparición. La ministerial les dijo que darían la Alerta Amber, pero hasta el momento no la han realizado. 


Por ello la madre se acercó con la página de facebook de Alerta Amber Nacional para su pronta búsqueda ante la falta de apoyo por parte de las autoridades.



Autor: Gabriel Kurosaki con información de Alerta Amber Nacional
https://www.facebook.com/332246493599053/photos/a.332255023598200.1073741828.332246493599053/631951463628553/?type=3&theater

sábado, 26 de marzo de 2016

Salud pública: Un estudio insuficiente

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 7 de enero de 2016 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó su Segundo Estudio sobre el Sistema Mexicano de Salud. En el prefacio hay una impresionante lista de autores: expertos internacionales y funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Salud y de diversas instituciones de seguridad social. También se cita, como colaboradores o asesores, a legisladores, secretarios estatales de salud y profesionales de organizaciones no gubernamentales.

De ahí se deriva la sensación de que se llevó a cabo una amplia investigación para formular las recomendaciones incluidas en el estudio. Sin embargo, esta apreciación no se confirma con la lectura detallada del documento.

A diferencia de un trabajo anterior de la misma naturaleza, realizado por la OCDE en 2005 y el cual tuvo sustento en una amplia recopilación de datos, el presente trabajo abunda en juicios generales basados en unos cuantos fenómenos arbitrariamente seleccionados.

Por ejemplo, en la página 7 dice: “Casi tres de cada 10 mexicanos mueren dentro de un mes después de un infarto cardiaco y casi dos de cada 10 mexicanos mueren dentro de un mes posterior a un accidente cerebrovascular”. Comenta que esta letalidad es mucho mayor en México que en los países de la OCDE, pero no aclara si los datos mencionados provienen de una institución en particular o de todo el sistema, y si este fenómeno se registra en el ámbito hospitalario, pues estos datos corresponden a una valoración de calidad dentro de los internamientos hospitalarios.

Donde se hace más equívoco este tipo de comparación es cuando el estudio comenta que la esperanza de vida en México ha crecido muy poco. Así lo expresa: “Entre 2000 y 2013 la esperanza de vida aumentó de 77.1 años a 80.4 años; en México sólo se incrementó 1.3 años (de 73.8 a 74.6 años). Por lo tanto, la brecha de longevidad entre México y otros países de la OCDE se ha ampliado”.

En este contexto se da a entender que la esperanza de vida es el resultado del desempeño del sector salud, criterio que es sorprendente en una institución internacional, pues es ampliamente conocido por los sanitaristas, desde la segunda mitad del siglo pasado, que la esperanza de vida depende de muchos factores, como la nutrición, el saneamiento, el trabajo y el ingreso, la vivienda y la educación; es decir, de todo aquello que contribuye al nivel de vida. Cualquiera advierte que estos elementos son mucho más asequibles en las naciones de la OCDE que en nuestro país, donde viven 50 millones de personas en la pobreza y 10 de ellas en la más extrema.

Es inevitable que la OCDE en un momento se topara con el problema de la segmentación del sistema, formado por servicios públicos financiados con los impuestos generales y por las instituciones de seguridad social (IMSS e ISSSTE), que reciben recursos de conformidad con las leyes respectivas. Para los expertos de este organismo no tienen importancia otras organizaciones (existen 21 con sus propios reglamentos, poblaciones y servicios).

Para la OCDE, el Seguro Popular es equiparable a las instituciones de seguridad social, y gran parte de sus recomendaciones se enfocan a la homogeneización de instrumentos, procedimientos y costos, con la finalidad de facilitar convenios de intercambio de servicios.

Incurre en algunas suposiciones. Por ejemplo, afirma que anualmente se traslada de un subsistema institucional a otro todo un tercio de sus asegurados, “lo cual dificulta la continuidad de la atención”; de ser cierto esto, significaría, por ejemplo, que la tercera parte de los trabajadores informales cubiertos por el Seguro Popular pasara cada año a ser atendida por el ISSSTE o por el IMSS, lo cual sería verdaderamente catastrófico desde el punto de vista administrativo y financiero.

Otra fantasía que se encuentra en las aseveraciones del estudio es la de que los empleadores tienen la facultad de inscribir a los trabajadores en el seguro que ellos mismos decidan, sin tener en cuenta las disposiciones de las respectivas leyes.

Se añade a esto la aseveración de que no se ha promovido la disposición de que los asegurados se inscriban en un servicio de atención primaria, falla a la cual se atribuyen grandes consecuencias para la adecuada atención; pero para quienes se acerquen a las instituciones se hace evidente que tanto en el IMSS como en el ISSSTE la inscripción es un requisito que se hace automáticamente, seguido del registro en clínica familiar, y en los centros de salud, para el caso de los afiliados al Seguro Popular.

La atención hacia fenómenos muy particulares impide ver los grandes problemas tradicionales del sector, como la falta de un modelo sustentado en la demografía y la epidemiología que dé continuidad práctica a una atención integral de la salud mediante el acceso a los servicios de primer nivel y a los hospitalarios (segundo y tercer niveles) en una forma ordenada y efectiva. Esto, junto a la inadecuada disposición y distribución de los consultorios, camas hospitalarias y personal profesional, son las grandes fallas estructurales y estratégicas que la OCDE pasa por alto.

El sector privado aparece en el gasto comparado con el público. La OCDE le atribuye a aquel sector 26.8 hospitales por cada millón de habitantes y sólo 11.6 al público. Pero son cifras altamente engañosas; con un poco de análisis adicional surge el hecho de que la mayoría de los establecimientos privados no constituyen verdaderos hospitales, pues de los 3 mil 131 reportados, sólo 80 tienen más de 50 camas; la mayoría, más de 2 mil, tienen menos de 10. En total el sector público maneja más de 85 mil camas censables, en tanto que el privado cuenta con 35 mil.

Las recomendaciones

No es fácil aprovechar las aportaciones de la OCDE, pues en la mayoría de los casos parecen estar dirigidas a otros sistemas; en otras ocasiones su redacción requiere algunas explicaciones adicionales, como en este caso: “Un cambio gradual hacia un incremento del financiamiento de impuestos generales, en especial para nuevos ingresos, podría mejorar la previsibilidad del financiamiento”.

Pese a que repetidamente se menciona el alto porcentaje del gasto en el rubro administrativo, estimado en 9%, un buen número de recomendaciones llevaría, de adoptarse, a un crecimiento en este tipo de erogaciones, principalmente por nuevas entidades administrativas.

Una de ellas, que implicaría amplios compromisos, sería la creación de un nuevo organismo sectorial. La OCDE lo expresa así: “Se deben acelerar los planes para crear una nueva agencia nacional que promueva las actividades de mejora de la calidad en todos los niveles del sistema de salud. Este organismo, totalmente independiente de la Secretaría de Salud y de los institutos de seguridad social, debe desarrollar actividades clave, como el establecimiento de estándares mínimos de calidad”. ¡Nada menos!

Otro organismo que se propone también tendría amplias funciones. Su naturaleza se describe así: “Otras medidas incluyen establecer un foro permanente, o una comisión, para representar a todos los fondos de aseguramiento médico de la seguridad social y del Seguro Popular… y trabajar hacia la implementación de una agenda compartida de seguimiento y de mejora de la calidad, entre otras prioridades”. Atemoriza el costo que esto tendría, así como sus duplicaciones con otras unidades.

La OCDE enfocó su atención en el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica (Cenetec), unidad de la Secretaría de Salud encargada actualmente de evaluar tecnologías. Aprovechando nuestra lejanía de otros sistemas, nos dicen que el Centro de Excelencia mexicano fue creado para acompañar el Seguro Popular y se diseñó a imagen del National Institute for Clinical Excellence, del Reino Unido (conocido en Gran Bretaña por las sugerentes siglas de NICE). Esta unidad se dedica a la selección de intervenciones médicas y a su comparación en eficiencia y costo para asesorar al Servicio Nacional de Salud, nada más alejado del Cenetec.

Un rubro que parece ser de especial interés para la OCDE es el registro de todos los pacientes de los tres sistemas de seguridad social –del IMSS, del ISSSTE y del Seguro Popular– para tener “un registro consolidado de pacientes”, cuyos datos sean al menos intercambiables. Recomienda muy encarecidamente que las instituciones se involucren en un esfuerzo de esta naturaleza, sin tener en cuenta que ya lo han hecho gracias a sus propios registros, que son automáticos al momento de la afiliación.

Siempre quedará el dilema de qué hacer con un registro nacional de pacientes, pues para la planeación de salud siempre se ha recurrido con eficacia a los censos de población y a los registros de vigilancia epidemiológica. Por otra parte, es evidente que un registro consolidado de pacientes es de gran utilidad para las empresas productoras y distribuidoras de equipo, medicamentos y otros insumos, lo cual les permite estimar el volumen, ubicación y naturaleza de sus mercados.

Con insistencia la OCDE recomienda un sistema “centrado en la persona” (como si la atención pudiera centrarse en las cosas). Literalmente esto contradice las experiencias en salud pública, las cuales han puesto de manifiesto la importancia de la atención integral dirigida a la persona y a su familia, a la comunidad y al medio ambiente; es decir, el cuidado de los factores que condicionan la salud.

Conclusiones

Hay un momento en el cual el estudio aborda las principales medidas que contribuirían a una verdadera reforma con sentido de equidad, ciudadanía, eficacia, cobertura y calidad, como la separación del sistema de atención a la salud del de la seguridad social, para formar dos sistema distintos e independientes; así como el financiamiento universal a base de los fondos públicos generales, como se hace en los países europeos y Canadá, que iniciaron sus reformas de alto contenido social desde finales de la Segunda Guerra Mundial y en mucho contribuyeron a conformar sus Estados de bienestar y su desarrollo socioeconómico. Sin embargo, al tratar estos temas los funcionarios de la OCDE afirman que en nuestro país no hay condiciones favorables para considerarlos.

Llama la atención que ahora en el mundo intervengan en el campo de la salud, cada vez más, los organismos internacionales de carácter financiero o económico; primero el Banco Mundial en 1993, con su informe anual Invertir en Salud, y ahora la OCDE.

Con ello se ha relegado a papeles secundarios a los organismos internacionales sustantivos, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud. Este desplazamiento ha alejado una asesoría de carácter sustantivo que era muy valiosa en el campo de los sistemas de salud.

Se ha relegado a estas organizaciones a funciones insustanciales. La OMS, por ejemplo, se dedica, a difundir advertencias alarmantes, como lo hizo en 2009 con el caso de la gripe porcina y lo hace ahora con el zika, una enfermedad benigna que está restringida a los nichos ecológicos donde puede vegetar el mosco aedes aegypti, su transmisor.

* Gregorio Martínez Narváez es autor del libro Un sistema en busca de salud (FCE, 2013), que contiene un análisis integral del sistema de salud mexicano, efectúa comparaciones con otros sistemas y aporta soluciones estructurales para su mejoramiento y modernización. El prólogo es del doctor José Narro Robles e incluye un comentario final del doctor Guillermo Soberón Acevedo.



Fuente: Proceso
Autor: Gregorio Martínez Narváez
http://www.proceso.com.mx/434766/salud-publica-estudio-insuficiente

Recuerdan a los 43 normalistas a 18 meses de su desaparición

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Cuando se cumple 18 meses de la desaparición de los 43 normalistas, sus padres recordaron la fecha con la siembra de árboles, al tiempo que reiteraron su rechazo a cualquier indemnización o reparación del daño por parte del gobierno federal.

Los familiares de los estudiantes dejaron en claro que no han recibido ni recibirán dinero, pues afirmaron que la única forma de reparar el daño es con la aparición de los jóvenes.

“Nuestros hijos no se venden y no tienen precio”, aseguraron los padres en el acto en el que estuvieron acompañados de activistas y manifestantes en un camellón de Paseo de la Reforma.

“Nosotros no hemos recibido un solo peso del Gobierno (…) porque el amor de un hijo se respeta y no vale todo el dinero del mundo”, dijo María de Jesús Tlatempa, mamá de Eduardo.

Los presentes manifestaron su apoyo al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y exigieron su permanencia en el país.

“No vamos a descansar hasta que este grupo concluya su proceso de investigación”, sostuvo Felipe de la Cruz, vocero de los padres.



Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/434817/recuerdan-a-los-43-a-18-meses-desaparicion

Con resultados insuficientes, más de 6 mil maestros de 30 a 40 años

De los 14 mil 545 maestros frente a grupo de prescolar, primaria y secundaria que obtuvieron resultados insuficientes en la evaluación de desempeño, 6 mil 94 tienen entre 30 y 40 años de edad. De ellos, 4 mil 62 son mujeres.

Por rango de edad, 5 mil 54 profesores con resultado insuficiente tienen entre 40 y 50 años, mientras los docentes de 50 a 60 años con este nivel de desempeño suman 2 mil 581. Aquellos con más de 60 años son 269.

De acuerdo con los resultados dados a conocer por la Secretaría de Educación Pública (SEP), los estados con el porcentaje más elevado de educadores que fueron examinados y que deberán someterse a un nuevo proceso de evaluación para garantizar su permanencia en el aula son Sonora, con 28.7 por ciento; Zacatecas, con 27.6; Morelos, con 21.9; Sinaloa, con 21.1, y Nuevo León, con 16.3 por ciento.

Los reportes por entidad revelan que Quintana Roo y Baja California Sur, con un número relativamente pequeño de docentes evaluados (mil 363 y 659, respectivamente), obtuvieron el porcentaje más alto de profesores destacados, con 15 por ciento, frente a una media nacional de 8 por ciento.

Les siguen Colima, con 14.5 por ciento de los 834 docentes convocados para ser evaluados; Yucatán, con 13.9 de los 2 mil 46; Aguascalientes, con 13.4 de un total de mil 330 maestros; la Ciudad de México, con 9.2 por ciento de 7 mil 110 educadores, y el estado de México, con 8.9 por ciento de los 14 mil 244 elegidos para ser evaluados.

En contraste, los estados con el mayor porcentaje de maestros con nivel suficiente –habilidades básicas para su labor educativa– fueron Tabasco y Tamaulipas, con 43.1 por ciento de los docentes que fueron llamados para examinarse. En el primer caso, a escala estatal se convocó a 2 mil 641 maestros y en el segundo a un total de 3 mil 325.

A estos se suma Coahuila, con 42.5 por ciento de los 2 mil 843 educadores examinados en la entidad. Baja California, San Luis Potosí, Puebla y Guanajuato reportaron que casi cuatro de cada 10 maestros (39 por ciento) que acudieron a la evaluación del desempeño obtuvieron calificación suficiente, mientras en Jalisco fue de 38.1 por ciento.


Los estados con el mayor porcentaje de educadores frente a grupo con resultados buenos fueron: Aguascalientes, con 53.4 por ciento; Quintana Roo, con 50.5; Yucatán, con 50.1; Hidalgo y Baja California, con 48 por ciento; y Colima y la Ciudad de México, con 47 por ciento, mientras las entidades con menos de cuatro de cada 10 docentes evaluados en este nivel de desempeño son: Coahuila (39.5), Veracruz (38.0), Jalisco (37.9), San Luis Potosí y Nayarit (36.5), Tlaxcala y Durango (34.7), Querétaro (35.1), Morelos (33.2), Nuevo León y Zacatecas (31.2), así como Sinaloa, con 30.1 por ciento.

De las cuatro entidades (Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero) donde la SEP ha anunciado que aplicará una evaluación extraordinaria de desempeño durante el primer semestre de este año, destacó que de los 18 mil 81 docentes que fueron convocados, sólo se presentaron 6 mil 981, por lo que 11 mil 100 decidieron no participar en este proceso.

De quienes acudieron, 2 mil 447, es decir, 13.5 por ciento, obtuvo resultados insuficientes; 2 mil 493 (13.7 por ciento) se ubicó en habilidades suficientes; con buenos resultados un total de mil 835 (10.1 por ciento) y 206 destacados (1.1 por ciento).

Para la primera evaluación del desempeño docente fueron convocados en Chiapas 2 mil 733 educadores, de los cuales 36.2 por ciento no se presentó; de Guerrero fueron llamados 4 mil 459, pero casi cinco de cada 10 decidieron no asistir (47.6 por ciento); en Michoacán fueron 5 mil 781, pero 78 por ciento no acudió, y en Oaxaca se convocó a 5 mil 108, pero 68 por ciento no se examinó.



Fuente: La Jornada
Autora: Laura Poy Solano
http://www.jornada.unam.mx/2016/03/26/sociedad/028n1soc

En riesgo la producción de maguey en Edomex

Productores de maguey de la región del Valle Teotihuacán demandaron a las autoridades frenar a las bandas dedicadas a extraer de manera indebida la hoja blanca de la penca del maguey para venderla en la elaboración de mixiotes, lo que pone en peligro esta actividad económica.

Raúl Martínez Sevilla, productor del municipio de Nopaltepec y miembro del comisariado ejidal, señaló que recientemente plantearon al secretario de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), Heriberto Ortega, la problemática de extracción de la película de la penca de maguey para vender en las centrales de abasto.

Quitar la hoja blanca pone en malas condiciones a los magueyes, los mata; y además de que se pierde la producción de aguamiel para el pulque, otros derivados también son aniquilados, como los chinicuiles y el gusano blanco. En el primer caso, cada litro de chinicuil cuesta entre 800 y mil pesos y en el segundo, de 600 a 800 pesos.

“Se solicitó apoyo para los rondines de vigilancia, pues el robo de la película ha inhibido la producción, así como se solicitó la compra de unas 5 mil plantas, ya que cada una cuesta entre dos y 25 pesos. El tiempo para que madure y se pueda producir aguamiel es de 10 años, pero antes los ‘desmixioteadores’ actúan y los echan a perder”, apuntó.

Martínez Sevilla destacó que ante esta problemática cada vez hay menos productores en Nopaltepec, y el fenómeno se reproduce en otros municipios de la región del Valle Teotihuacán.

Apuntó que lo que están haciendo los productores es picar el maguey en su tronco cada dos o tres meses; de ese modo se frena el retiro de la película, pero la gente está optando por dedicar sus esfuerzos a la tuna, el nopal, xoconostle o cebada, pues no se puede vigilar y hacer esa tarea, porque son muchos terrenos que se deben cubrir. Dijo que algunos ya no ven futuro en la plantación del maguey, “aunque con la ayuda gubernamental y una legislación adecuada, se podría revertir la situación e impulsar la producción y generar empleos, que es lo que está haciendo falta en la región.

Ortega expresó su confianza en que las autoridades apoyarán las solicitudes que se les formularon y que se brindará mayor seguridad en la zona para combatir a los grupos que atentan contra la conservación del maguey, una planta que forma parte de la tradición nacional y que representa empleos e ingresos para centenares de familias.



Fuente: La Jornada
Autor: Javier Salinas
http://www.jornada.unam.mx/2016/03/26/estados/023n1est

Acumula Colima balaceras y ejecuciones ante un nuevo plan de seguridad

COLIMA, Col. (apro).- La delincuencia organizada no se intimidó frente al reciente anuncio del impulso de una Fuerza de Seguridad Regional en las zonas limítrofes de Colima con Jalisco y Michoacán, por lo que las balaceras y ejecuciones continuaron en esas zonas, particularmente en los municipios de Tecomán, Armería y Manzanillo.

El miércoles 23, el secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, encabezó una reunión de seguridad, en donde informó que el Gobierno del Estado atenderá el llamado del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para impulsar la conformación de una Fuerza de Seguridad Regional o Metropolitana.

Ochoa González expuso que por instrucciones del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, de inmediato iniciará el contacto con sus homólogos de los estados de Jalisco y Michoacán, para impulsar a la brevedad la conformación de esta fuerza que permita blindar los límites y cerrarle el paso a la delincuencia.

Entre las acciones a emprender a corto plazo destaca el reforzamiento de los operativos, de manera especial en los municipios en donde se registran mayores tasas de incidencia delictiva, lo anterior luego de los hechos delictivos registrados en los últimos días.

Ese mismo día por la noche fue localizado el cuerpo de un hombre ejecutado, envuelto con una sábana, en el municipio de Manzanillo, colindante con el estado de Jalisco, a la altura del poblado El Colomo, a un costado de la autopista a Colima.

El jueves 24, un grupo de pistoleros atacó a balazos a una familia que viajaba en una camioneta, en un hecho del que resultó muerta una mujer, en la comunidad Cofradía de Juárez, municipio de Armería.

La noche del jueves 24, en el municipio de Tecomán, colindante con el estado de Michoacán, un hombre fue herido de gravedad al salir de su domicilio, al ser atacado con armas de fuego por individuos que se desplazaban a bordo de una camioneta, en la colonia Benito Juárez de esa localidad.

Horas antes, dos hombres habían sido baleados, en hechos diferentes, en las colonias La Floresta y Libertad, de Tecomán.

La primera de las víctimas recibió cuatro impactos de bala en la pierna, mano derecha y hombro, así como una herida superficial en la cabeza, en tanto que el segundo recibió un impacto en la espalda con salida en el abdomen.



Fuente: Proceso
Autor: Pedro Zamora Briseño
http://www.proceso.com.mx/434753/crimen-en-colima-acumula-balaceras-ejecuciones-ante-nuevo-plan-seguridad

Alistan ONG movilizaciones contra la “ley Atenco”

SAN SALVADOR ATENCO, Edomex. (apro).- Por considerarla una “estrategia legaloide y perversa para criminalizar la protesta social”, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) anunció que combatirá la “ley Atenco”.

Ignacio del Valle, dirigente de este movimiento, indicó que su organización no está sorprendida por la promoción y la aprobación de la “Ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México”.

“Es uno de tantos medios que han utilizado para advertir que no nos movilicemos en contra del despojo de la tierra”, denunció luego de señalar que detrás de esta nueva norma se encuentra el Estado, convertido en “títere” de intereses económicos.

“Es aberrante, no tiene una justificación social relacionada con la ley y la justicia. Es un mensaje, una estrategia legaloide para justificar cualquier acto de represión, una amenaza velada y perversa que pretende la criminalización de un derecho”, expuso.

Del Valle Medina, detenido durante los enfrentamientos del 3 y 4 de mayo de 2006 entre pobladores de Texcoco y San Salvador Atenco y la fuerza pública, anticipó una serie de actividades jurídicas y de movilización que el Frente realizará para denunciar y argumentar las razones por las que el pueblo no puede aceptar la imposición de ese instrumento “que atenta contra el derecho legítimo a la protesta y manifestación en defensa de lo que pertenece a nuestra gente”.

Pese a la advertencia ya regulada del uso de la fuerza pública, dijo que a partir del lunes 28 celebrarán diversas actividades públicas para combatir la ley y hacer conciencia de sus alcances, entre ellas ruedas de prensa, foros y hasta marchas: “Estamos en nuestro derecho y no tenemos por qué asumir una actitud sumisa”.

Además, el Frente realiza diversas reuniones con las comunidades y ha emitido un posicionamiento público en el que informa su solicitud al Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero para que realice el estudio pormenorizado de la norma, a fin de conocer sus alcances y determinar las estrategias jurídicas a seguir, en el entendido de que no combatirla abrirá la puerta para que se extienda a todo el país.

A esta lucha, se han sumado, entre otras organizaciones, Administración Autónoma del Agua Potable de Coyotepec AC, Alianza Única del Valle, Apaxco Comunidades por la Vida, Coordinación de Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica, Delegación Indígena Otomí San Francisco Magú, Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra San Francisco Xochicuautla, Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra San Lorenzo Huitzizilapan, Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra San Lorenzo Ayotuxco, Frente Popular 9 de Junio en Defensa de los Recursos Naturales AC, Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa-CNTE y el Sistema de Agua Potable de Tecámac AC.

A través de una misiva, estas organizaciones también lamentaron la opacidad de los diputados del Estado de México, pues “ningún partido político se atrevió a hacer pública la iniciativa de ley sino hasta el momento de su aprobación, previo a las vacaciones de Semana Santa”.

“Esta iniciativa se mantuvo en secreto para aspirar, ingenuamente, a que nadie haga nada para hacer contrapeso a dicha ley”, denunciaron.



Fuente: Proceso
Autora: Veneranda Mendoza
http://www.proceso.com.mx/434747/una-docena-ong-alista-movilizaciones-contra-ley-atenco

Otra vez Veracruz: “Levantan” a 4 jóvenes y sospechan de Policía o Ejército

XALAPA, Ver. (apro).- Cuatro hombres fueron “levantados” la madrugada del jueves pasado en distintos eventos en el puerto de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, y este viernes, desesperados por la inacción de las autoridades, familiares de los jóvenes montaron un plantón en la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán.

Fausto Isaac Cruz Aviña, Mario Antonio Ahedo Guillén, Jonatan Eduardo Guillén y Cristian Francisco Hernández desaparecieron la madrugada del jueves, sus familiares sospechan que detrás de estos “levantones” se encuentra la Policía Estatal, la Fuerza Civil o inclusive el Ejército Mexicano.

Unas 15 personas taparon el acceso a la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán, a la altura del puente Calzadas. Con cartulinas tapándose los rostros ante las cámaras fotográficas exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que acelere las diligencias para dar con el paradero, con vida, de sus seres queridos.

Ante reporteros locales, recriminaron que la FGE se ha negado sistemáticamente a recibir sus denuncias penales pues pretextaron esperar a que se cumplan 72 horas para poder hacer diligencias.

Una coincidencia en los cuatro “levantones” es que sus victimarios portaban armas largas, iban encapuchados y se trasladaban en vehículos de lujo sin placas.

“Las características de los vehículos y el modus operandi en cada caso de desaparición son las mismas”, expusieron familiares de los desaparecidos.

Por ejemplo a Cruz Aviña lo sacaron con lujo de violencia del interior de su domicilio en la colonia Petrolera; Mario Ahedo Guillén también fue privado de su libertad del interior de su domicilio.

Mientras que a Eduardo Guillén lo “levantaron” junto con Francisco Fernández en la colonia Playa del Sol.

Como nadie del gobierno de Javier Duarte o de la Fiscalía se ha acercado a dialogar con ellos o a establecer un acuerdo para agilizar las investigaciones, los familiares aseguraron que no levantaran la protesta hasta ver resultados concretos.

Los familiares de los cuatro hombres “levantados” aseguraron que no se conocen entre sí, que fue a raíz del viacrucis en la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos, este viernes, cuando decidieron hacer frente común.



Fuente: Proceso
Autor: Noé Zavaleta
http://www.proceso.com.mx/434761/otra-vez-veracruz-levantan-a-4-jovenes-sospechan-la-policia-estatal

viernes, 25 de marzo de 2016

Hallan tres cuerpos en un río y una mujer decapitada en Morelos

YAUTEPEC, Mor. (apro).- Los cuerpos de tres hombres atados de las manos fueron localizados en el río Yautepec, a la altura del paraje conocido como El Rocío. De acuerdo con versiones preliminares, se trata de los tres jóvenes de Atlihuayán desaparecidos desde el sábado pasado y cuyos familiares organizaron una manifestación el miércoles anterior.

Aunque algunos funcionarios han advertido que los jóvenes se ahogaron, nadie ha explicado las cuerdas que estaban atadas a sus manos y presumiblemente a la cintura en los cuerpos.

De acuerdo con las autoridades, los cuerpos presentan signos de haber estado en el río por 72 horas o más. Según las imágenes, los cuerpos estarían maniatados y a sus cinturas estarían atadas rocas para evitar que salieran a la superficie, además ya exhibían hinchazón.

Los jóvenes desaparecidos son Javier Mencia Molina, de 22 años; Mauro Sánchez Mencia, de 21 y Jorge Amaro Mendoza, de 23 años, vecinos de la colonia Emiliano Zapata, en el poblado de Atlihuayán, en el municipio Yautepec, de donde salieron el pasado sábado para ir a pescar a la llamada barranca Honda y ya no regresaron.

La víspera, Telésforo Mencia Reynoso, padre de uno de los jóvenes extraviados, aseguró que, durante un recorrido realizado en las carreteras y brechas de la zona, el encargado de una cantina denominada “El Jaripeo” le habría dicho que los jóvenes habían sido levantados por hombres armados, y que además le había entregado la mochila de uno de los jóvenes.

La última vez que su hijo y sus acompañantes habían sido vistos fue el sábado como a las 17:30, cuando pasaron frente a esa cantina.

“Hay mucha delincuencia en Yautepec, ellos salieron a pescar al río en el poblado de Tucumán, pero resulta que ya no regresaron. Salieron a la una y media de Yautepec, con rumbo a Ticumán, y ya no regresaron”, sostuvo.

“La última pista que tenemos es de la botinera El Jaripeo, donde el dueño nos dio la mochila de mi hijo (Javier Mencia Molina, uno de los tres desaparecidos), es la última pista que tenemos. Pero de ahí nos quieren engañar, esa es su palabra de que los vio subir a una ruta para Yautepec. Pero eso es mentira, ahí fue el pleito, ahí es la última pista y es donde quiero que los busquen”, aseguró.

Hallan cuerpo de mujer decapitada

El jueves por la noche el cuerpo de una mujer desmembrada y sin cabeza fue denunciado por vecinos del poblado de San Antón, a cinco minutos al poniente del centro histórico de Cuernavaca. Los restos se encontraron en un bote de basura color naranja, dentro de una bolsa de plástico negro. Los vecinos se aprestaban a participar en las celebraciones religiosas de Semana Santa cuando descubrieron a unos metros de la entrada de la parroquia de San Antón el cuerpo de la víctima.

Las autoridades se presentaron para hacer el levantamiento del cuerpo y de las evidencias que pudieran apuntar a su identificación y el posible móvil del asesinato. La cabeza no fue localizada. Sin embargo, cuando las autoridades trasladaron el cuerpo y se aprestaban a hacer la autopsia, descubrieron que se trataba de una mujer, aunque no ha sido identificada y no se reveló la edad que pudo tener al ser asesinada.

En lo que va del año, dos mujeres han sido asesinadas con igual saña. Hace dos semanas, el cuerpo de una mujer fue descubierto en un canal de riego del poblado de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, al sur del estado. El cuerpo se encontraba totalmente desnudo, igual que el hallado este jueves en San Antón. Además, se le habían cercenado las manos y la cabeza.



Fuente: Proceso
Autor: Jaime Luis Brito
http://www.proceso.com.mx/434755/aparecen-tres-cuerpos-en-rio-yautepec-decapitan-a-una-mujer-en-morelos

Vinculan a proceso a juniors que plagiaron a madre de empresario en Yucatán

MÉRIDA, Yuc. (apro).- El Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes vinculó a proceso por los delitos de privación ilegal de la libertad, robo simple y robo de vehículo automotor a los dos juniors que la semana pasada secuestraron a la madre de un encumbrado empresario local, por la que planearon obtener un millonario rescate.

Asimismo, por orden judicial los adolescentes, cuyas iniciales son RVG y ACA, llevarán su proceso en detención preventiva, en el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA), como medida cautelar.

En tanto, la fiscalía contará con un plazo de 20 días para cerrar su investigación y determinar si continuará con el proceso contra el par de adolescentes y en qué forma, ya que podrá optar por llevarlos a juicio oral o resolver el caso por otras alternativas previstas en la ley.

El juez de control del sistema especializado en justicia para adolescentes continuó la audiencia inicial después de que los jóvenes, asesorados por sus defensores, se acogieran a la duplicidad del término constitucional para resolver la solicitud de los fiscales de vincularlos a proceso.

La audiencia se celebró a puertas cerradas, pues el sistema especializado en justicia para adolescentes se rige por el principio de privacidad y se prohíbe la publicación por cualquier medio de comunicación de dato alguno que directa o indirectamente posibilite la divulgación de su identidad, así como la prohibición de divulgación de registro.

Después de escuchar a las partes, el juez de control otorgó un plazo de 20 días para que los fiscales continúen con la investigación y la defensa pueda aportar datos de prueba en favor de sus defendidos y, a solicitud de los primeros, impuso la detención preventiva de los acusados como medida cautelar.

Los hechos que se imputan a los dos adolescentes, quienes al parecer tuvieron un cómplice de 21 años que está prófugo, ocurrieron el miércoles 16, aproximadamente a las 20:00, cuando interceptaron a la hoy víctima a las afueras de un casino ubicado en el norte de la ciudad, la subieron a su propio vehículo y circularon con ella durante dos horas por diversas partes de la ciudad; en ese tiempo le vendaron los ojos con una cinta y la esposaron.

Luego, ambos jóvenes llevaron a la mujer a un motel ubicado en el kilómetro 28 del Periférico norte y la amenazaron con matarla si su familia no cooperaba pagando un rescate.

Uno de los dos jóvenes, quien condujo el vehículo, lo abandonó posteriormente en calles de una colonia en el norte de la ciudad y regresó al motel.

En tanto, el otro adolescente se encargó de llamar a los familiares de la víctima, desde el celular de ella, para exigir el pago de 10 millones de pesos. El monto fue bajando hasta llegar a 2 millones.

Los muchachos se apoderaron además de 30 mil pesos y 200 dólares que la víctima llevaba en su bolso al momento de ser secuestrada.

Uno de ellos fue detenido cuando intentaba huir del lugar donde tenían retenida a la hoy víctima, y el otro en una clínica de la ciudad.

Al momento de la captura de este último se hallaron entre sus pertenencias indicios que los relacionan con el delito, entre ellos las llaves del vehículo y una cantidad de dinero de la cual no pudo justificar su pertenencia.



Fuente: Proceso
Autora: Rosa Santana
http://www.proceso.com.mx/434751/vinculan-a-proceso-a-jovenes-secuestraron-a-madre-empresario-en-yucatan

Convocan a mitin para exigir la entrega del auditorio ‘Che Guevara’

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) convocaron para el próximo viernes 1 de abril, a las 13:00, a un mitin frente a la Torre de Rectoría para solicitar la entrega del auditorio Justo Sierra, conocido como Che Guevara, de la Facultad de Filosofía y Letras, ocupado desde hace 16 años por diversos grupos de activistas.

Los estudiantes de la Facultad de Derecho Saúl Martínez, Vanesa Zaragoza y Mario Sandoval, dijeron que este movimiento se origina luego de que, tras la detención de Jorge Esquivel, El Yorch, los ocupantes del auditorio “hacen actos vandálicos dentro de Ciudad Universitaria”.

También destacaron la creación de una página en Facebook llamada Orgullo UNAM, donde empezaron a registrar todas sus actividades en torno a los actos vandálicos que se fueran registrando en el lugar.

Además, señalaron que los ocupantes del auditorio rayaron la biblioteca de la Facultad de Derecho y ellos se volvieron a organizar y limpiaron nuevamente, pero esta vez entrevistaron a compañeros de otras facultades y el resultado fue un video en el que diversos integrantes de esta facultad expresan su opinión respecto de las razones por las que se debe recuperar ese espacio universitario.

Posterior a ese video decidieron convocar a una asamblea, pero en una página de Facebook, llamada Actitud Universitaria, encontraron que se convocaba a otra protesta, y decidieron contactar con el administrador y al darse cuenta que “nuestros intereses son los mismos, estamos convocando a este mitin”.



Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/434746/convocan-a-mitin-exigir-la-entrega-del-auditorio-che-guevara

Emite la CNDH recomendación al gobierno de Chiapas por muerte de indígena en penal El Amate

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió una recomendación a Manuel Velasco Coello, gobernador de Chiapas, por la inseguridad, poca vigilancia y control por parte de las autoridades penitenciarias del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 14 (Cereso 14), El Amate, en Cintalapa.


De acuerdo con la recomendación 04/2016, la CNDH proyecta instruir a la autoridad penitenciaria para que garantice el derecho a la integridad personal de los reos. Dentro de los términos que precisa la recomendación está: incrementar el personal de seguridad y vigilancia en los módulos del penal; erradicar el autogobierno para que los internos no ejerzan funciones de mando que le competen al personal de seguridad y custodia; y hacer una clasificación de la población penitenciaria, informó el organismo a través de un comunicado.

La recomendación se emitió después de que la CNDH realizara una investigación por la muerte del interno de origen tzotzil Joel Díaz Martínez, de 22 años y originario de Tuxtla Gutiérrez, quien fue encontrado ahorcado en un baño del penal en agosto del 2014.

El resultado de la investigación fue que había una insuficiencia en la vigilancia del penal que no permitía cubrir las necesidades de los internos en las áreas donde deambulan. El penal cuenta con 120 elementos de seguridad y custodia, total de hombres y mujeres en ambas guardias, frente a una población de 2 mil 520 reclusos.

En 2012, la CNDH emitió la recomendación específica 11/2012 para gestionar la sobrepoblación. Como medida para combatir la problemática en el penal, en septiembre de 2015 reubicaron a 101 reos hacia el Centro de Readaptación Social número 15, en Villa Comaltitlán, en la costa de Chiapas.

No obstante, el comunicado señala que la autoridad penitenciaria incumplió con lo establecido en el artículo 9 del Código de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Libertad Anticipada para el Estado de Chiapas, el cual indica que las autoridades deben dotar de “recursos materiales y humanos necesarios para asegurar el desarrollo y cumplimiento de sus fines, así como la salvaguarda de los derechos humanos de los internos”.

De igual forma, la CNDH solicitó al gobernador colaborar con el organismo en el procedimiento administrativo que se iniciará contra los servidores públicos responsables, derivado de la queja que se presente ante la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chiapas.


Fuente: Contralínea
Autora: Karen Carrillo
http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/03/22/emite-la-cndh-recomendacion-al-gobierno-de-chiapas-por-muerte-de-indigena-en-penal-el-amate/

Chicoasén II. Despojan a zoques de Chiapas

Avanza el despojo a ejidatarios indígenas para construir hidroeléctrica en Chiapas. Amparos individuales y colectivos aceptados por jueces locales y federales no son suficientes para detener las obras.

Chicoasén, Chiapas. En 1976, la construcción de una central hidroeléctrica diezmó las tierras productivas de Chicoasén, en el Sur de México, y 40 años después parte de sus pobladores luchan contra un nuevo despojo con la erección de una segunda represa en el área.

“Ya destruyeron todo. Las tierras son inservibles, ya no se pueden trabajar. La presa ha afectado mucho nuestra vida”, lamenta a Inter Press Service (IPS) el ejidatario Antonio Herrera, en este municipio rural del estado de Chiapas.

Herrera denuncia que los campesinos no pueden ingresar a sus parcelas desde que la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) licitó en enero de 2015 la construcción de la central Chicoasén II sobre el río Grijalva y reclamó el uso de parte de su ejido, un tradicional esquema de tenencia y explotación comunal de tierras públicas.

Un enorme brazo mecánico rasguña el terreno para chupar arena y grava, mientras Herrera, miembro del Comité Ejidal de Chicoasén, muestra a la distancia el lugar de la obra, donde un manto pajizo ha pintado la vegetación del entorno, ahora mutada del verde a café claro.

La represa, con 240 megavatios de capacidad instalada y un costo de unos 300 millones de dólares, tendrá un canal abierto de 933.62 metros y una cortina de 30 metros de alto y se prevé que comience a operar en julio de 2018.

El estudio de impacto ambiental, presentado por la CFE a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y consultado por IPS, indica que la superficie requerida totaliza 234 hectáreas, de las cuales 188 se destinarán al embalse, emplazado a unos 850 kilómetros al Sur de la Ciudad de México, en este municipio de 5 mil 159 habitantes, territorio ancestral del pueblo zoque.

La CFE adjudicó la construcción a un consorcio de tres empresas mexicanas y la filial costarricense de la corporación china Sinohydro. La generadora ya expropió 69 hectáreas para el nuevo emprendimiento en Chicoasén. Los perjudicados recibieron unos 2 mil 300 dólares por hectárea.

En 1951 el gobierno concedió 3 mil 440 hectáreas para la constitución del ejido, una extensión que más que se duplicó en 1986 con la cesión de otras 3 mil 461, en beneficio de un total de 460 ejidatarios, de los cuales han muerto unos 50, heredando sus parcelas a sus mujeres o sus hijos.

La primera represa, a 100 kilómetros de distancia de la segunda, tomó tierras de la cesión inicial y la planeada de la última aportación.

Cuando en 1976 la CFE construyó la central hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, más conocida como Chicoasén I, con capacidad para generar 2 mil 400 megavatios, la empresa prometió el pago de sus tierras y aportar el servicio de agua potable, una escuela y una clínica, ofertas que no se cumplieron, aseguran los ejidatarios.

Ahora, la historia retorna con recuerdos envenenados.

“No tenemos información de la hidroeléctrica. No sabemos qué va a pasar con la población a orillas del río. La CFE dice que tiene permisos de los ejidatarios, pero no se los hemos dado. Se basa en un acta de asamblea falsa, que tiene firmas de propietarios muertos”, denuncia a IPS la hija de un ejidatario, Claudia Solís.

Para bloquear la nueva represa, los afectados han recurrido a manifestaciones, huelgas de hambre de sus ancianos y medidas legales, en un escenario en que los ejidatarios están divididos, porque un grupo de ellos apoya la segunda represa.

Los opositores, la mayoría y con edades de entre 60 y 90 años, acompañados de sus bastones, sus sombreros campesinos y sus familias, dedican sus últimas energías a defender sus posesiones y, más aún, su forma de vida.

En diciembre de 2014, 62 propietarios interpusieron amparos individuales, que fueron avalados por un juez federal en octubre pasado. Además, en marzo de 2015 presentaron un amparo colectivo, que fue admitido por otro juez federal en mayo pasado, sin que por ello se haya detenido la obra.

La población local cultiva maíz, calabaza, frijol, sandía, melón; pesca en el embalse, y atiende a los turistas que frecuentan la zona.
Chiapas, proveedor de energía

Chiapas es el escenario de grandes proyectos energéticos ya construidos o planificados por el gobierno y las empresas.

En el estado operan ya cuatro represas que aportan 45 por ciento de la capacidad hidroeléctrica del país, más otras tres pequeñas generadoras, dentro de la que es la cuenca hidrológica mexicana más importante.

La construcción de estas plantas provocó secuelas en las comunidades, la modificación del régimen hidrológico, pérdida de cobertura vegetal, desplazamiento de fauna terrestre y la desaparición de varios hábitats, denunciaron ambientalistas y ejidatarios a IPS durante la última protesta hasta ahora contra la obra y un recorrido por la zona afectada.

En México, 13 grandes centrales hidroeléctricas aportan más de 10 mil megavatios anuales, de los 65 mil generados en el país. En el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2015-2029, lanzado en julio pasado, sólo hay un nuevo proyecto hidrológico, el de Chicoasén II.

El estudio ambiental de Chicoasén II reconoce la afectación directa sobre cinco comunidades del municipio e indirecta sobre otras 10 y reconoce que el embalse, desmonte, despalme, operación y mantenimiento de maquinaria y equipo perjudicará al paisaje, la fauna terrestre y el drenaje superficial.

“No queremos la presa. La CFE nos ha dicho que nos esperemos y no nos hace caso, no nos toma en cuenta”, asegura Herrera, en cuya familia hay otros cuatro ejidatarios.

En 2013, el Mecanismo de Desarrollo Limpio de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático rechazó incluir Chicoasén II como un proyecto de compensación de México de su emisión de gases de efecto invernadero, con el argumento de que no estaba demostrado que existieran beneficios de reducción de emanaciones, que el gobierno cifraba en 299 mil 436 toneladas de dióxido de carbono.

Además de su papel clave en la energía hidroeléctrica, Chiapas ha adquirido desde la década de 1970 un peso creciente en materia petrolera y tanto la compañía estatal Petróleos Mexicanos como la Secretaría de Energía (Sener) incluyeron en 2015 en sus planes nuevos campos para explotar o licitar en el estado.

En Chiapas operan 20 yacimientos, con reservas por unos 278 millones de barriles de petróleo, cuya actividad impacta sobre sobre 38 comunidades zoque, distribuidas en seis municipios.

Una encuesta realizada por la Sener sobre los impactos en otras actividades económicas por las operaciones petroleras, realizada en las gobernaciones de los estados, identificó la existencia de perjuicios en los sectores agrícolas, turísticos y en sitios arqueológicos, así como en nueve grandes áreas ambientales.

“La exploración (petrolera) tiene impactos sobre bosques, selva, recursos hídricos, asentamientos indígenas. Va a agudizar la conflictividad que ya existe…, pero las petroleras no se detienen ante los conflictos sociales”, analiza a IPS el profesor Fabio Barbosa, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Además, el Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento de Gas Natural 2015-2019 establece el gasoducto Salina Cruz-Tapachula, entre los estados de Chiapas y Oaxaca, de 440 kilómetros de longitud, en un proyecto que entraría en vigor en 2018, aunque todavía no se licitó.

Para Barbosa, los planes petroleros son inviables. “Si se desarrolla un yacimiento importante, se pueden repetir los desastres ambientales ocurridos en otros estados”, alerta.

La Ley de Hidrocarburos, vigente desde agosto de 2014 y parte de la reforma que abre los hidrocarburos y la electricidad al capital privado, estipula que la Sener debe organizar consultas previas, libres e informadas entre comunidades indígenas en cuyos territorios se desarrollen proyectos energéticos.

Además, los interesados en obtener permisos para ejecutar esas obras deberán presentar una evaluación de impacto social.

Estos requisitos no se han aplicado en Chiapas, según la versión de afectados y activistas sociales y ambientales.



Fuente: Contralínea
Autor: Emilio Godoy
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Grupo México se desmorona

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde los años setenta, los hermanos Xavier y Héctor García de Quevedo Topete se convirtieron en hombres de confianza del clan Larrea, que controla el conglomerado de empresas del Grupo México. Como tales, contribuyeron al despegue del negocio base de esa familia, la minería, cuyos dividendos llevaron a Germán Larrea Mota Velasco a diversificar sus intereses hacia los ferrocarriles y las salas de cine, entre otros negocios con los que escaló posiciones en las listas de los hombres más ricos del mundo.

Pero a partir de 2003 la relación se envenenó a raíz de una operación financiera que hoy amenaza a Germán Larrea con hacerle perder el control accionario directo, caso en el que Héctor García de Quevedo es el actor principal.

Este personaje lleva un año detenido y pasa los días en arresto domiciliario en un hospital de la Ciudad de México, acusado de fraude procesal por Grupo México, empresa donde su hermano Xavier es miembro del consejo de administración y director general de Operaciones, así como presidente de las subsidiarias Industrial Minera México (IMMSA) y Southern Copper.

Las acciones penales contra Héctor ocurrieron luego de que éste, en su calidad de apoderado legal del fondo de inversión británico Infund Ltd., pusiera a Germán Larrea en riesgo de perder el control accionario de Grupo México, pues está en juego un paquete de 65 millones de acciones de la empresa, que representan más de la mitad de lo que directamente posee Larrea y alrededor de 8% del total de los títulos accionarios.

Las maniobras del magnate

El caso Infund vs Larrea comprende una maraña de acciones que se remontan a 2003 y que combinan operaciones financieras con mediación del Banco Inbursa, un proceso mercantil, uno laboral y otro penal. En el centro se encuentran al menos 2 mil millones de dólares en disputa, según la actualización del mencionado paquete accionario que reclama el fondo de inversión.

De acuerdo con las actuaciones asentadas en el expediente mercantil 216/2013, del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, Germán Larrea instruyó a Héctor García de Quevedo, entonces director de Proyectos Especiales de Grupo México, a concretar una venta de 65 millones de acciones por 75 millones de dólares. El ejecutivo lo hizo a través del mencionado fondo Infund.

Las dificultades financieras aquejaban ese año a Grupo México, que estaba al borde de la quiebra, tanto que al año siguiente Larrea dejó de estar enlistado en el ranking anual de millonarios de la revista Forbes.

La operación consistía en allegarse recursos a través de un fondo de inversión, que resultó ser Infund Ltd., una sociedad de responsabilidad limitada cuyos accionistas son Corplaw Ltd., y Corplaw Management Ltd.

La empresa posee un fideicomiso cuyo beneficiario es Xavier García de Quevedo. La gestión del fideicomiso está a cargo del despacho irlandés Pearse Trust, con presencia en varios países. Los fondos se transfirieron a través de Inbursa.

Semanas después de la operación de fondeo, Héctor García de Quevedo cayó enfermo y, al terminar su incapacidad, cuando regresó a trabajar, su oficina ya estaba de­salojada, se le impidió el paso y se le notificó en la puerta su despido, sin liquidación ni prestaciones, tras 27 años de escalar en la estructura corporativa de la empresa.

Los intentos de negociar su salida no prosperaron y en 2007 demandó a Grupo México. Su asunto se encuentra radicado en la Junta Especial número 9 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con el número 846/2007.

Independientemente de la relación laboral, Germán Larrea se había negado a entregar las acciones a Infund Ltd., que las reclamaba desde 2006. Todas las negociaciones fracasaron, y no fue hasta mayo de 2013 cuando el fondo de inversión entabló el citado juicio mercantil.

Desde el inicio del proceso, Germán Larrea intentó que el caso se desestimara y argumentó ante el entonces juez sexto, Enrique Claudio González Meyenberg, que era cosa juzgada. Sin embargo esa pretensión no prosperó.

En una diligencia del juicio mercantil, y en respuesta a una pregunta expresa de los abogados de Germán Larrea, García de Quevedo respondió que fue director de Proyectos Especiales hasta 2003. El ejecutivo fue cuestionado respecto a la fecha en que dejó de percibir prestaciones de la empresa Servicios de Apoyo Administrativo –otra razón social de Grupo México– y respondió que hasta después de 2003.

Aunque las empresas eran distintas, el 23 de enero de 2015 el juzgado sexto penal dictó orden de aprehensión contra García de Quevedo, acusado de fraude procesal. Una vez detenido, se le dictó formal prisión el 5 de febrero siguiente.

Con Héctor García de Quevedo detenido, el juicio mercantil se estancó. El juez González Meyenberg había llamado para dictar sentencia en diciembre pasado pero consiguió su promoción como magistrado del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de Mazatlán, donde asumió el nuevo cargo en enero. El juzgado sexto, en el que se desahogaba el caso, quedó acéfalo, e inusualmente no se ha designado al sustituto, por lo que hasta ahora García de Quevedo sigue esperando sentencia.

Fin de la impunidad

Larrea fue enlistado en el número 121 de los millonarios del mundo por la revista Forbes en su edición más reciente, la pasado febrero último, con una fortuna personal estimada en 11.1 mil millones de dólares. No obstante, el descenso es notable pues la edición anterior de dicha publicación le concedía el lugar 64, con 4.7 mil millones de dólares más.

En los sexenios panistas, Grupo México consiguió impunidad, por ejemplo, por la muerte de 65 mineros en su mina Pasta de Conchos en Coahuila; para evitar el derecho de huelga y despedir a los mineros de Cananea utilizando a la Policía Federal; para que se desecharan las demandas por daños ambientales y sanitarios en Ciudad Juárez, San Luis Potosí y Monterrey, o bien cuando consiguió autorización para convertirse en actor dominante de la transportación ferroviaria (Proceso 1977).

Ahora su imperio ha sufrido reveses.

Luego del derrame de 40 millones de litros de sustancias tóxicas en los ríos Bacanuchi y Sonora en agosto de 2014, hubo sanciones y hay procesos abiertos con posibilidades de conseguir indemnizaciones millonarias para los afectados. En junio de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a Grupo Aeroportuario del Pacífico, del que Larrea quería apoderarse mediante una compra hostil, y tendrá que vender acciones.

Hasta la Sección 65 del sindicato minero, con sede en Cananea, le ganó un litigio por pagos incumplidos en diciembre pasado, mientras que sus operaciones mineras en Perú enfrentan protestas, demandas y reclamos que afectan sus operaciones y su permanencia.

Por si fuera poco, al primer trimestre de 2016 el balance de Grupo México es desfavorable debido a las condiciones adversas del mercado internacional, de manera tan dramática que la caída de sus acciones ha impactado inclusive el Índice de Precios y Cotizaciones, como ocurrió el 11 de febrero pasado.

A lo anterior se suma el caso Infund, uno de los que mantienen a Germán Larrea en aprietos, aunque al menos hasta el informe anual de Grupo México a la Bolsa Mexicana de Valores, correspondiente a 2014, no estaba incluido entre los litigios que enfrenta. 


Fuente: Proceso
Autor: Arturo Rodríguez García
http://www.proceso.com.mx/434706/grupo-mexico-se-desmorona