Cae avión militar en Sonora, dos muertos

Ciudad de México. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que una aeronave que realizaba vuelos de reconocimiento en el estado de Sonora sufrió un percance y se precipitó a tierra, lo que dejó un saldo de dos tripulantes fallecidos.

La nave accidentada es un avión denominado T-6C, el cual se precipitó a tierra 20 kilómetros al sureste de la población de Opodepe. La Sedena indicó que la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos de esa institución y la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea investigan las causas que originaron el evento.

Fuente: La Jornada

Autor: Redacción

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/09/cae-avion-militar-en-sonora-dos-muertos

A ocho años de ‘Presunto Culpable’, aún falta “ver menos impunidad” y “más justicia”: Negrete

Layda Negrete y Roberto Hernández coinciden en que pese a cambios en las leyes aún falta mucho para combatir la impunidad y la corrupción en el sistema judicial mexicano.

Los productores del documental Presunto Culpable, Layda Negrete y Roberto Hernández, admitieron que aunque el filme ha empujado varios avances en materia judicial en México, aún falta mucho por hacer; “es como una gota en un lago”. Sin embargo, celebraron que la Suprema Corte haya decidido “a favor de la libertad de expresión”.

En entrevista para Aristegui CNN, Negrete recordó que “el caso de Presunto Culpable que llegó a la Corte viene de haber grabado un juicio penal donde había un acusado injustamente de homicidio y que fue sentenciado a 20 años de prisión, el testigo que ahí estaba y que fue el testimonio que en realidad condenó a esta persona injustamente fue el que nos acusó en juicio por daño moral y dijo que no teníamos nosotros permiso de retratarlo y de difundir su imagen, eso sacó a Presunto Culpable de cartelera en su momento en 2011″.

Por su parte, Hernández agregó que “a la tercera semana de exhibición, una juez, Blanca Lobo Domínguez, que de broma decían en redes sociales que tenía nada de blanca y todo de lobo, decide frenar la distribución del documental y decide ordenar que se retire como medida cautelar de las pantallas de cine. Ahí empiezan los litigios en contra de la película, de la noche a la mañana se volvió el documental más visto en la historia de México, sigue manteniendo ese récord, según una encuesta que hizo Parametría 36 por ciento del país vio el documental”.

Recordó que para entonces la película ya se había proyectado en varios festivales y en el Festival de Morelia y el de Los Ángeles se ganó sendos premios al mejor documental, el Emmy como mejor investigación periodística en Estados Unidos y fue primera plana en el Wall Street Journal.

Ambos revelaron que fueron acreedores a más de 20 demandas de tipo civil y administrativo y que han “ganado absolutamente todos los casos, no perdimos ni un solo litigio, ni en ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ni en los foros administrativos, ni en la Suprema Corte”.

La Coordinadora del Proyecto de Calidad de la Justicia de México Evalúa destacó que fue el testigo quien causó el encarcelamiento y condena contra Toño Zúñiga, protagonista del documental, quien se inconformó por el uso de su imagen y finalmente “la Corte decidió la pregunta de si nosotros teníamos derecho a grabar a ese testigo en el contexto de una audiencia penal, es decir si teníamos esa libertad de expresión protegida o si bien el testigo tenía el derecho a la privacidad y resolvió en favor de la libertad de expresión, es decir nosotros teníamos derecho a mostrar este testimonio porque es un asunto de interés público y esta persona… está en el contexto de una audiencia penal que es muy importante y adquiere una proyección pública”.

“Lo que nos está diciendo es que el juicio penal es muy importante, es una actividad pública donde cuando te quitan la libertad todos debemos estar interesados, todos podemos y debemos ver la justicia y que un testigo que participe en ella no puede tener una expectativa de privacidad, es un acto público muy importante y creo que eso es afortunado”, abundó.

Negrete confesó que “han sido 5 años de todos estos litigios y conservar la calma y seguir haciendo la vida como si no pasara nada ha sido difícil”. Resaltó que “quizá lo más grave es no tener policías que sean competentes, policías civiles, no policías militares e investigadores, ministerios públicos y procuradurías que funcionen, eso todavía esta dejado de lado”.

Finalmente manifestó su deseo de “ver menos impunidad” y “más justicia” en el país.

A su vez, Roberto Hernández resaltó que el documental abrió un debate importante “sobre cómo deben ser los juicios, cómo se debe de juzgar a la gente, acompaña una reforma judicial que acaba de cristalizar en 2014 con un código nacional de procedimiento penal, se hicieron a un lado 33 legislaciones estatales un código federal de procedimiento penal y ahora México tiene una sola ley de enjuiciamiento criminal que es el código nacional de procedimiento penal“.

Reconoció que tanto en el gobierno como en el propio Poder Judicial hubo receptividad sobre las críticas que desde el filme se emitieron, “no fue el gobierno refractario a la crítica y desde el gobierno se impulsaron políticas públicas para hacer frente a lo que la película estaba cuestionando”.


No obstante, el abogado y documentalista advirtió que aún falta mucho por hacer. “El índice de estado de derecho que publica el World Justice Projet es una encuesta a 118 países me parece, mil personas por país, su misión es averiguar cómo se vive el Estado de Derecho y la Justicia en la realidad y en el índice en 2016 México salió en la posición 88 en cuanto a justicia penal salimos en la posición 113 de los 118 países (…) solamente le ganamos a Venezuela eso nos habla de que hay mucho por hacer, que el haber cambiado los juicios penales en México y que haya juicios orales pues es como una gota en un lago, fue un cambio enorme, dramático, pero no alcanza todavía, no alcanzamos todavía a verlo reflejado en cómo se vive la justicia en México y cómo funcionan las instituciones”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0912/mexico/a-ocho-anos-de-presunto-culpable-aun-falta-ver-menos-impunidad-y-mas-justicia-negrete-en-cnn/

Hasta cinco años de cárcel a quien promueva y organice peleas de perros

El presidente de la Comisión de Justicia consideró que se trata de una de las prácticas más deplorables, en las que el humano emplea la violencia hacia otro ser vivo.

El Pleno cameral aprobó el dictamen que adiciona el artículo 419 Bis al Código Penal Federal, para incluir las peleas de perros como delito y sancionar con seis meses a cinco años de prisión y el equivalente de 200 a dos mil días de multa, a quien posea, crie o entrene estos animales con el propósito de hacerlos participar en riñas.

También, a quien organice, promueva, patrocine o venda entradas para asistir a peleas de perros; posea o administre una propiedad donde se realicen; permita que menores de edad las presencien, y los realice con fines de lucro.

Las mismas sanciones se incrementarán hasta en una mitad cuando se trate de servidores públicos y se impondrá un tercio de la pena a espectadores o asistentes a peleas de perros, establece el dictamen que fue avalado con 291 votos a favor y 1 en contra, y enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

En la fundamentación, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI), expresó que una de las prácticas más deplorables que puede utilizar un ser humano es la violencia hacia otro ser vivo, que por sus propias características y condiciones se encuentran en desventaja, es decir, indefenso. “Este tipo de patología incluye al maltrato animal”.

Indicó que, en la actualidad, una de las formas más comunes del maltrato animal es la pelea de perros, la cual ha proliferado exponencialmente casi en todo el mundo en las últimas décadas, debido a las fuertes sumas de dinero que se manejan en apuestas y, por ende, el reporte de grandes ganancias para quienes participan en ellas. “Es decir, desde la clandestinidad se ha construido una industria”.

Es primordial, afirmó, tomar cartas en el asunto y hacer lo propio para inhibir esta lamentable práctica y con reformas adecuadas, como los que se contemplan, combatir el crecimiento de un negocio basado en la crueldad hacia los seres vivos.

Ibarra Hinojosa subrayó que lo que se busca con esta propuesta es combatir el maltrato animal, específicamente la pelea de perros. Con estas reformas se sancionarán, entre otras conductas, a quienes organicen u ocasionen que menores asistan a eventos en los que se lleven prácticas tan lamentables. Con esta reforma, detalló, México se une a países como Chile, Estados Unidos y Suiza, que cuentan con una sanción específica para las personas que fomenten esta actividad.

En los posicionamientos, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán (Encuentro Social) señaló que un acto tan cruel y vandálico como la organización de peleas de perros es una conducta antisocial que merece ser perseguida, castigada y reprendida con severidad. Se trata de un fenómeno social de alta complejidad y lesividad que niega todo indicio milenario de domesticación y rompe con una relación muy antigua, explicó.

De acuerdo con un estudio realizado por la organización Personas por un Trato Ético de los Animales, de Latinoamérica, las peleas de perros a menudo están ligadas a otro tipo de delitos, incluyendo las apuestas ilegales, inherentes a este tipo de situaciones, pero también drogas y asesinatos.

Francisco Javier Pinto Torres, diputado de Nueva Alianza, argumentó que conforme a la Declaración Universal de los Derechos del Animal, el desconocimiento y desprecio de las garantías de los animales han conducido al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra ellos mismos.

“Es nuestro deber proteger el planeta y las especies que lo habitan. Es momento de demostrar que verdaderamente somos humanos y nos preocupan esos animales que nos han acompañado desde hace más de 10 mil años”, añadió.

La diputada Verónica Delgadillo García (Movimiento Ciudadano) precisó que en México no existe una legislación que pueda prohibir las peleas de perros. En algunos estados, hay algunas leyes que sólo los sancionan como falta administrativa, y “lo que hoy aprobamos establecerá la penalización y la prohibición de las peleas de perros en el propio Código Penal Federal, y todo lo relacionado con estos espectáculos”.

Este es un tema que tiene un gran respaldo de la sociedad. Un estudio demostró que el 99 por ciento de los mexicanos rechaza y repudia las peleas de perros, y el 85 por ciento pide que se sancione a los organizadores de las peleas de perros, subrayó.

Por Morena, el diputado Alfredo Basurto Román consideró que en la tipificación de este precepto legal, hay incongruencias y existen tecnicismos jurídicos que no han sido abordados, incluso de técnica legislativa que faltó de abordar, para que fuera perfectamente tipificado este delito.

“Le estamos aventando una bronca a los ministerios públicos para que puedan integrar una averiguación o una investigación. Queda al libre arbitrio, tanto del ministerio como del juez, tipificar con exactitud qué es el maltrato animal y qué no. Es decir, cómo determinar con exactitud en qué momento se está, en un momento dado, en una pelea de perros”, agregó.

El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez (PVEM) destacó que esta reforma incorpora como tipo penal la promoción, inducción, asistencia, participación y ayuda para la realización de peleas de perros. Con esto, dijo, se atenderá un serio problema sobre el cual diversas organizaciones civiles en México han venido manifestándose y exigiendo una solución.

Las peleas de perros involucran tortura, maltrato y explotación, por lo cual rompen con los principios de respeto a todas las formas de vida e invalidan el derecho de los animales a tener bienestar. Por ello, resulta indispensable contar con un marco jurídico elemental que garantice su derecho a vivir y a ser respetados, agregó.

Arturo Santana Alfaro, diputado del PRD, puntualizó que hoy se generan sanciones penales tendentes a combatir el maltrato animal, específicamente el relativo con los caninos. “Debemos conocer a los animales, entenderlos para protegerlos y evitar la extinción de muchos de ellos”.

El dictamen, abundó, trata de respetar cualquier forma de vida, fortaleciendo la perspectiva de que los animales son seres vivos, dotados de plena capacidad de sentir y sufrir y, por tanto, se les debe garantizar una vida digna, libre de sufrimiento innecesario.

De Acción Nacional, la diputada Patricia Sánchez Carrillo relató que las peleas son organizadas por personas que al hacerlo no solamente demuestran su total carencia de escrúpulos, sino exhiben una conducta patológica que pudiera derivar en actos criminales en el futuro, al no tener absolutamente nada de sensibilidad. “Nadie, en su sano juicio, puede disfrutar de este tipo de eventos”.

Añadió que en los últimos años la sociedad ha desarrollado una sensibilidad hacia las especies animales. “Estamos conscientes de que muchas de ellas nos aportan alimento y abrigo, esto nos obliga a no incurrir en prácticas que infrinjan dolor innecesario o excesivo, sobre todo con las que de manera natural convivimos”.

El diputado Pablo Elizondo García (PRI) indicó que las peleas de perros son una expresión categórica de la violencia, representan un espectáculo bárbaro e involucran la tortura, el maltrato y la explotación animal, en el cual dos o más caninos se enfrentan a muerte ante muchos espectadores.


Puntualizó que la lucha para erradicar el maltrato animal, es una responsabilidad de todos. “A nosotros nos corresponde legislar para contribuir a que si un país puede juzgarse por la forma en que trata a sus animales, México está del lado incorrecto de la historia”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0912/mexico/peleas-de-perros-se-castigaran-con-hasta-cinco-anos-de-carcel/

Detienen a mujer policía que daba protección a banda de robacoches, en Michoacán

MORELIA, Mich: Vanessa Adriana M., mujer policía en activo, fue detenida por elementos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), acusada de brindar “protección” a una bien organizada banda de robacoches de la entidad.

Junto con la oficial fue capturado un supuesto integrante del grupo delincuencial.

Con relación al asunto la PGJ divulgó: “Resultado de trabajos de investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de Justicia del Estado, el jueves anterior fueron detenidas dos personas relacionadas con una banda dedicada al robo de vehículos.

“Entre los capturados hay una mujer, elemento activo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quien presuntamente brindaba protección a los integrantes de dicha banda delincuencial, lo que demuestra que en el combate a la delincuencia no hay impunidad”, presumió la dependencia.

La uniformada de la Policía Michoacán, es Vanessa Adriana M., mientras que el otro indiciado es Edgar Noé A y uno de los hechos más recientes en el que se les vincula a los imputados, según la PGJ, ocurrió el 15 de noviembre pasado en esta ciudad de Morelia.

En esa ocasión, Edgar Noé y otros de sus cómplices amagaron con un arma de fuego al propietario de una camioneta Hyundai, Sanata, modelo 2015, sobre la calle Acero de la colonia Industrial, llevándose el vehículo.

Durante el desarrollo de las investigaciones se estableció que Vanessa Adriana, en su carácter de agente policial, brindó protección a este grupo delictivo durante la comisión de éste y otros robos.

Las autoridades ministeriales siguen con las pesquisas porque no se descarta que estas personas estén inmiscuidas en más asuntos de esta naturaleza.

Entrevistado sobre el caso de la mujer policía, el secretario de Seguridad Pública en la entidad, Juan Bernardo Corona Martínez recalcó que no habrá impunidad, con nadie.

“Está detenida, está a disposición de la autoridad competente. Yo di la instrucción a la Unidad de Asuntos Internos para actué de manera inmediata porque nosotros no vamos a permitir situaciones anómalas en la Secretaría”, dijo.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.

LINK: http://www.proceso.com.mx/465734/detienen-a-mujer-policia-daba-proteccion-a-banda-robacoches-en-michoacan

Denuncian “campañas negras” del gobierno de BC contra la vida privada de periodistas

CIUDAD DE MÉXICO: Periodistas de Baja California denunciaron una vez más la violencia institucional que ejercen en su contra funcionarios del gobierno de Francisco Arturo Vega de Lamadrid.


Asimismo, informaron que iniciarán una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y ante organismos internacionales de defensa y protección de los periodistas, “para salvaguardar el derecho que, por profesión, tenemos a informar y el derecho que a la sociedad le corresponde de ser informada”.

En un pronunciamiento firmado por cien periodistas de diversos medios, destacaron que ante la falta de respuesta a la carta que publicaron el pasado 11 de noviembre, “denunciamos una vez más que utilizando los recursos públicos asignados a la coordinación de comunicación que titula Roberto Karlo López, y al área de Publicidad e Imagen a cargo de Jorge Alberto Cornejo Manzo, se ha intentado a partir de campañas negras atacar la vida privada de las periodistas Adela Navarro Bello del Semanario ZETA y Dora Elena Cortez Juárez, de Agencia Fronteriza de Noticias”.

También se ha presionado a directores de medios, editores y periodistas para cambiar la línea editorial, manipular la información que llega a la sociedad, e incluso censurar contenidos críticos hacia el desempeño en el gobierno del estado, subrayaron.

Por ello, insistieron se realice una investigación oficial en la que participen agentes externos que den seguridad de una labor imparcial, alejada de la simulación, “para lo que proponemos a la comisionada estatal de los Derechos Humanos, Melba Olvera Rodríguez, un grupo de ciudadanos integrado con personas de probada capacidad técnica, intelectual y moral, así como una comisión de periodistas que de antemano contribuyen para la investigación de este caso con la Quinta Visitaduría” de la CNDH.

Señalaron que casi un mes de la petición original al gobernador y otras autoridades del estado, no se emitió una respuesta oficial a los 42 periodistas que le solicitaron la investigación.

En su pronunciamiento destacaron que la procuradora general de Justicia de Baja California, Perla Ibarra Leyva, declaró públicamente que investigaría los hechos, pero no ha informado al respecto.

En tanto, el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, explicó a una comisión de periodistas que él, por su cuenta y atribución, ordenó una investigación y además una indagación a la Contraloría del estado, y que no habían encontrado elementos para suponer o descubrir manejos irregulares de los recursos de comunicación o prácticas antiéticas por parte de los mencionados funcionarios.

Precisaron, asimismo, que tanto Roberto Karlo López como Jorge Cornejo “continúan encabezando y haciendo uso de los recursos del estado de Baja California en las áreas que se supone están bajo investigación por parte de la Procuraduría, y fueron averiguadas por el secretario general y el contralor”.

Los actos de hostigamiento, violencia institucional y presiones, añadieron, continúan hacia periodistas de Baja California. “Incluso algunos de los que firmaron la solicitud del 11 de noviembre de 2016, fueron llamados a cuentas por los directivos de los medios de comunicación, luego que desde Comunicación del gobierno del estado les reclamaron actuar contra los intereses de quienes les pagan publicidad”.

Ante la actitud oficial, más de 60 periodistas se reunieron de nueva cuenta el pasado lunes 5, y otros casos de presiones fueron dados a conocer. Entre ellos el de Antonio Heras, periodista y colaborador de Proceso y La Jornada, quien fue hostigado por la Procuraduría General de Justicia de Baja California, señalándolo de estar bajo investigación, agraviando su vida personal y profesional. Después la misma Procuraduría reculó en su posición invocando una equivocación debido a un homónimo.

“Resulta alarmante que la política de comunicación social del gobierno del estado de Baja California para presionar y hostigar a periodistas con campañas de desprestigio, se adopte en otras dependencias generalizando las prácticas irregulares”.

A 29 días de la solicitud de una investigación imparcial que no se hizo, y sin una respuesta oficial, “manifestamos de nueva cuenta nuestra preocupación ante lo que se perfila como una política de estado, que pondera la violencia institucional y el hostigamiento hacia la prensa en Baja California”, recalcaron los comunicadores.


Añadieron: “En estas condiciones resulta imperante que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid enfrente la delicada situación. Que tome decisiones, ordene investigaciones imparciales y participe a la ciudadanía, para que las acciones llevadas a cabo por el secretario general de Gobierno no queden como investigaciones unilaterales donde juegan el rol de juez y parte”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/465726/denuncian-campanas-negras-del-gobierno-bc-contra-la-vida-privada-periodistas

Impiden comuneros consulta “amañada” sobre ampliación de proyecto minero en Oaxaca

OAXACA, Oax: La comunidad de Magdalena Ocotlán impidió una consulta “amañada” para la ampliación del proyecto minero impulsado por la empresa Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, al tiempo que ratificó que continuará con la defensa de su territorio como lo han hecho desde 2005.


También responsabilizaron a la empresa minera Cuzcatlán, a la Procuraduría Agraria y a la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca por cualquier confrontación o atropello en su comunidad porque su defensa es pacífica y por las vías legales.

Los inconformes denunciaron que el pasado 29 de noviembre, la empresa minera Cuzcatlán en complicidad con la Procuraduría Agraria, la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca y una Notaría Pública presionaron a las autoridades agrarias y municipales de Magdalena Ocotlán para aceptar la firma de contratos o convenios de exploración mediante la simulación de una consulta, la cual no se consumó debido a la oposición de la comunidad.


En una carta dirigida a organismos de derechos humanos, precisaron que esa acción generó una fuerte confrontación, ya que la empresa minera con la finalidad de lograr la aceptación de dicha consulta, trasladó a trabajadores de la localidad al palacio municipal, lugar donde se realizaría la actividad.

Por su parte el representante legal de la empresa minera, Javier Castañeda Pedraza y el subdelegado de la Procuraduría Agraria presionaban a las autoridades locales para que la ciudadanía firmara la boleta por un “sí”.

Los comuneros explicaron que “la ‘consulta’ estuvo plagada de una serie de irregularidades, además de que fue amañada y tendenciosa por lo que generó una fuerte indignación” en su comunidad, por lo que actualmente existe un clima de enojo y hostilidad”.

Consideran que estos hechos violentan su “derecho a la paz social, a la libre determinación, a la integridad de nuestro territorio, así como el derecho al consentimiento previo libre e informado, derechos reconocidos por el gobierno mexicano”.

Por tal razón, denunciaron que las autoridades federales y estatales, principalmente la Procuraduría Agraria se encuentran en complicidad con la empresa minera, dejando en total desprotección los derechos reconocidos constitucionalmente a la comunidad, cuando esa instancia gubernamental debería velar por los intereses y derechos de las y los ejidatarios, no por los intereses particulares de una compañía minera.

Se quejaron que esta acción forma parte del proceso de ampliación del proyecto minero “San José”, ubicado en el municipio vecino de San José del Progreso, el cual ha generado una fuerte conflictividad social y política, además de contaminar el territorio.

Como ejemplo citaron que durante 2016 se ha incrementado la emisión de polvo, existe contaminación en el arroyo El Coyote por un derrame de la presa de jales, así como un sinnúmero de explosiones que han agrietado sus casas.

Por consiguiente, la comunidad de Magdalena Ocotlán, exigió a las autoridades federales y estatales respeten su decisión porque “la consulta representa para nosotras y nosotros un acto de provocación, ya que desde 2005 hemos definido no aceptar ningún proyecto minero.

“Magdalena Ocotlán no ha pedido ninguna consulta a ningún orden de gobierno, sino más bien el respeto a los acuerdos establecidos por la comunidad donde rechazamos tajantemente cualquier actividad minera”, subrayaron los comuneros.


Finalmente exigieron al gobierno federal, estatal y municipal que cese “el hostigamiento constante que hemos vivido, el cual se incrementó a partir de 2009, fecha en la que sufrimos un desalojo violento por policías federales y estatales, así como 2012, fecha en la que de manera arbitraria y flagrante violación a nuestros derechos, la empresa minera introdujo una manguera de aguas residuales en nuestro territorio”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/465728/impiden-comuneros-consulta-amanada-ampliacion-proyecto-minero-en-oaxaca

Aprueban 22 diputados revocación de Cuauhtémoc Blanco

Cuernavaca, Mor. De 30 diputados, 22 aprobaron la revocación de mandato del alcalde Cuauhtémoc Blanco, pero la destitución del cargo del ex futbolista se ejecutará hasta que se resuelva la controversia constitucional 214/2016 y el juicio de amparo indirecto que interpuso Blanco.

Por estas dos suspensiones provisionales tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el juicio de amparo, la presidenta de la mesa directiva Beatriz Vicera Alatriste, después de la votación a favor de la revocación de mando de Cuauhtémoc Blanco, pidió que se ejecute “la presente resolución en su momento procesal oportuno”, además instruyó a la Secretaría de Servicios y Parlamentarios de cumplimiento a lo que se “ha ordenado”, dijo Vicera Alatriste.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: RUBICELA MORELOS CRUZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/09/aprueban-22-diputados-revocacion-de-cuauhtemoc-blanco

Docentes bloquean la carretera libre Zamora-Morelia

Morelia, Mich. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y comuneros de Tiríndaro, municipio de Zacapu, bloquearon la carretera libre Zamora-Morelia, a la altura de esa población purépecha, para exigir la liberación de siete profesores detenidos por obstruir e intentar dañar las vías del tren en la zona portuaria y en Pátzcuaro.

De manera particular, los comuneros exigen la liberación de los maestros Álvaro Villa y Javier Ruíz, quienes son maestros adscritos a la región Zacapu y residentes de la comunidad de Taríndaro.

Por tercer día consecutivo, los maestros disientes tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación en el Estado, y bloquearon las vías del tren en la tenencia de Guacamayas, municipio de Lázaro Cárdenas, en Clatzontzin, municipio de Uruapan, y en Morelia. Hoy la policía no ha intervenido ni ha intentado desalojarlos.

Los maestros rechazan la reforma educativa, piden que se les paguen prestaciones y que se otorguen plazas automáticas a los egresados de las normales de Michoacán.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/09/docentes-bloquean-la-carretera-libre-zamora-morelia

CNDH emite recomendación a “El Bronco” por matanza en Topo Chico

CIUDAD DE MÉXICO: Las condiciones de sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno, inadecuada clasificación e insuficiencia de personal técnico y de seguridad y custodia en el penal Topo Chico derivaron en lo hechos de violencia entre líderes de grupos antagónicos el 11 de febrero y 1 de junio pasados, en que perdieron la vida 52 reos, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).


Por ello, mediante una recomendación dirigida al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, pidió que se atiendan las deficiencias detectadas durante su investigación y “se desarrolle una estrategia penitenciaria “que favorezca el pleno respeto de los derechos humanos y prevenga su vulneración”.

En un comunicado, el organismo refirió que confirmó que la falta de disciplina e inadecuadas condiciones de habitabilidad del lugar vulneraron los derechos humanos a la vida, a la integridad personal, al trato digno, a la seguridad jurídica y a la reinserción social de los internos.


Las condiciones en las que se encuentra y opera el penal, subrayó, “obstaculizan el acceso a los medios para una reinserción social efectiva e impiden que se privilegie y resguarde el orden y tranquilidad al interior del centro penitenciario”.

Además de las deficiencias señaladas, abundó la CNDH, en Topo Chico existen privilegios, objetos y sustancias prohibidas, condiciones inadecuadas para las hijas e hijos de las internas, ausencia de protocolos para la prevención, manejo y control de riñas, motines y otros hechos violentos que “impiden garantizar la vida e integridad física de los internos, una estancia digna, la gobernabilidad y el acceso a los medios para una reinserción social efectiva”.

Al encargarse de la custodia de los internos, indicó, la autoridad penitenciaria asume la calidad de garante de los derechos humanos de la población en reclusión y está obligada a preservar todos aquellos derechos que la disposición judicial no ha restringido.

“Quienes se encuentran en los penales sujetos a un régimen jurídico particular, tal sometimiento o especial sujeción no justifica detrimento o menoscabo alguno de sus derechos”, señaló el organismo.

Un sistema penitenciario estable, consideró, debe integrar el control y la justicia como parte de la obligación de la autoridad para evitar que el orden colapse, procurando un trato equitativo y respetuoso de los derechos humanos, tendentes a lograr una reinserción social efectiva.

Esas omisiones, negligencias y carencias, siguió, son premisas para la aparición de grupos de poder, que imponen reglas a la vida carcelaria, originando el autogobierno, con lo que la convivencia se torna “intolerable”, genera goce de privilegios, actos de extorsión y corrupción que dan lugar a disturbios en los centros penitenciarios.

El primer motín ocurrió el 11 de febrero, cuando fallecieron 49 internos y 34 más resultaron con lesiones. El segundo ocurrió el 1 de junio en que tres internos perdieron la vida y 21 más resultaron heridos.

En ambos casos, visitadores de la CNDH realizaron recorridos por el penal, entrevistaron a internos, entre ellos los lesionados, así como a empleados y se percataron de la carencia de personal y la persistencia de inadecuadas condiciones de habitabilidad.

Los visitadores también acudieron al Hospital Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León y a la Procuraduría General de Justicia de la entidad, donde entrevistó a internos hospitalizados, revisó expedientes clínicos, la carpeta de investigación y acudió al Servicio Médico Forense.

Tras emitir medidas cautelares para la Secretaría de Seguridad Pública estatal y el Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, para salvaguardar la integridad física de la población interna y de servidores públicos detenidos, el 6 de junio la CNDH inició queja de oficio ejerció su facultad de atracción para continuar con la investigación.

La CNDH confirmó que el personal de custodia no fue suficiente en número y capacidad para garantizar la seguridad entre la población penitenciaria. En el primer motín, el centro contaba con 49 elementos en servicio para una población de tres mil 984 internos (tres mil 504 hombres y 480 mujeres). Para marzo reportó una plantilla de 310 agentes, divididos en tres turnos, y para el segundo motín la población era de tres mil 610 personas (tres mil 185 hombres y 425 mujeres).

En el caso específico de las mujeres, detectó que no cuentan con espacios de reclusión exclusivos para ellas, por lo que no hay control en la convivencia por parte de la autoridad penitenciaria.
Las internas, detalló están en desventaja al ser alojadas en locales improvisados, precarios e inapropiados para ellas y sus hijas e hijos, viven en riesgo permanente de violencia y “en clara violación a una efectiva reinserción social”.

Recomendaciones

En su recomendación, la CNDH solicita al gobernador de Nuevo León implementar un programa integral de estrategias y acciones que permitan, funcional, material y presupuestalmente consolidar un sistema penitenciario respetuoso de los derechos humanos en la entidad, que fortalezca las condiciones de operatividad y elimine factores de riesgo como sobrepoblación, hacinamiento y autogobierno.

También le pidió brindar atención tanatológica y psicológica a los familiares de los internos fallecidos en los hechos del 11 de febrero y 1 de julio de este año; que mientras se cuente con un nuevo centro de reclusión, se asignen recursos presupuestales, materiales y humanos para garantizar a los internos de Topo Chico una estancia digna y segura.

Asimismo, que las autoridades penitenciarias recobren el control total y la gobernabilidad en Topo Chico, que se realice la clasificación penitenciaria con base en los criterios establecidos en la normatividad nacional y en instrumentos internacionales, y que se atienda bajo una perspectiva de género a las mujeres presas y a sus hijos, “privilegiando el interés superior de la niñez”, mediante la construcción, ampliación y/o remodelación de un centro exclusivo para ellas.

La CNDH recomendó además dotar a Topo Chico de equipo y tecnología para la detección de sustancias y objetos prohibidos, asignar personal de seguridad y custodia en número suficiente y capacitado en derechos humanos y control de disturbios, riñas, motines y otros hechos violentos al interior del centro.
Rodríguez Calderón deberá instruir a quien corresponda para que en un término no mayor a seis meses, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, se determine la responsabilidad administrativa de las autoridades encargadas del penal.


Finalmente la CNDH pidió al gobernador colaborar ampliamente con el organismo en el inicio de las quejas que promueva ante el Órgano Interno de Control, y la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Nuevo León, para que en el marco de sus atribuciones investiguen la actuación de las autoridades penitenciarias.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/465718/cndh-emite-recomendacion-a-bronco-matanza-en-topo-chico

Fitch coloca calificación crediticia de México en “perspectiva negativa”

CIUDAD DE MÉXICO: La calificadora Fitch Ratings colocó en perspectiva negativa la calificación crediticia de México ante su pobre crecimiento económico y el impacto que tendrá el arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

Si bien Fitch confirmó que la nota crediticia de México se mantendrá en BBB+, la colocó con una perspectiva negativa que significa que hay un 33% de probabilidad de que en la próxima revisión se reduzca la calificación.

“La revisión de la perspectiva de México refleja un aumento en los riesgos a la baja del crecimiento económico y los riesgos que ello genera para la estabilización de la carga de deuda”, explicó Fitch en un comunicado.

Y afirmó que “la victoria de Donald Trump en la elección presidencial de EU ha incrementado la incertidumbre económica y la volatilidad en los precios de activos en México, al mismo tiempo que el presidente electo alude a una renegociación o finalización del Tratado de Libre Comercio (TLC) y más controles migratorios”.

Actualmente el perfil económico de México es débil, tiene un crecimiento promedio de 2.4% anual en los cinco años recientes, menor al 3.1% observado en otras economías con calificación crediticia similar.

Para el próximo año, la calificadora no prevé un mejor panorama pues estima un crecimiento por debajo de 2%.

“Fitch cree que la demanda doméstica y el crecimiento económico sufrirán de una incertidumbre económica más alta que refleja dudas sobre una renegociación del TLC y las políticas migratorias de Estados Unidos, la volatilidad del peso y una caída adicional de la producción petrolera”, aseveró.

Además anticipó que se espera una mayor inflación en la economía mexicana que también limitará el crecimiento del consumo.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: REDACCIÓN.

LINK: http://www.proceso.com.mx/465739/fitch-coloca-calificacion-crediticia-mexico-en-perspectiva-negativa

Subcomité de la ONU para prevenir la tortura hará segunda visita a México

CIUDAD DE MÉXICO: El Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura realizará una segunda visita a México del 12 al 21 de diciembre próximos, para evaluar el tratamiento de personas privadas de su libertad; las medidas adoptadas para evitar la tortura y los malos tratos, así como el avance en la implementación de las recomendaciones hechas en 2008.

En un comunicado, el organismo explicó que 25 expertos de la ONU visitarán prisiones, estaciones de policía, cuarteles, instituciones psiquiátricas, centros correccionales y de detención de migrantes, tanto a nivel federal como estatal.

Además, los integrantes de la delegación se reunirán con autoridades, representantes de la sociedad civil y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).


Según Felipe Villavicencio, director del Subcomité, en México “el riesgo de maltrato es mucho mayor para las personas en detención, ya que una vez que son privadas de su libertad se vuelven muy vulnerables”.

Agregó que el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes “es una manera práctica de defender los derechos de las personas detenidas y asegurar que éstos sean respetados”.

El representante del organismo internacional destacó la disposición de las autoridades mexicanas para dar acceso a los lugares de detención. “Están mostrando su compromiso para mejorar las condiciones para las personas privadas de su libertad”, dijo.

De acuerdo con el comunicado, al término de la visita, el grupo de expertos independientes dará sus observaciones preliminares al gobierno mexicano de manera confidencial.


La nueva visita del Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura toma relevancia luego de que en marzo del 2015, el relator especial de la ONU para la Tortura, Juan Méndez, aseguró que la tortura es una práctica generalizada en México. La declaración fue descalificada por funcionarios del gobierno mexicano. Tiempo después, éste mandó decir al relator que para 2016 no podría hacer una nueva visita de seguimiento.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/465753/subcomite-la-onu-prevenir-la-tortura-hara-segunda-visita-a-mexico

Denuncia Sedesol a 493 promotores por desvío de pensión para adultos mayores

Ciudad de México. La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) a 493 promotores del Programa de Pensión para Adultos Mayores, que desviaron recursos por alrededor de 19 millones de pesos.

En su primera conferencia de prensa, desde que asumió el cargo, Luis Enrique Miranda, titular de la dependencia, señaló que en el actual sexenio se han presentado siete denuncias por diversas irregularidades detectadas en los esquemas sociales.

De las auditorías que en su caso ordenó, dijo que se desprendieron "hechos presumiblemente constitutivos de faltas administrativas y/o conductas delictivas, cometidas por personal que tiene como responsabilidad el registro de los adultos mayores en el padrón, así como la acreditación de su supervivencia".

Los promotores denunciados realizaron tres mil 989 registros utilizando su huella para cobrar la pensión en 30 entidades. Es decir, precisó el secretario, "se autopromovían como adulto mayor".

Miranda Nava abundó que la querella no pone en riesgo la adecuada ejecución del esquema.

Anunció que la Sedesol incluirá mayores medidas de seguridad y control en las reglas de operación del Programa de Pensión para Adultos Mayores para el ejercicio fiscal 2017.

Entre ellas, realizar un cruce permanente del padrón con otras instancias para que sea confiable y verificable en tiempo real.

También, a través de convenios con instituciones financieras, bancarizar a más de 2 millones de beneficiarios del programa, a fin de eliminar intermediarios para la entrega de pensiones y evitar retrasos en los depósitos.

Mediante dispositivos móviles, "vamos a ir casa por casa de los beneficiarios para recabar su información y confirmar su supervivencia", y con ello terminar con las citas para pruebas de vida.

"Nuestra principal preocupación es que los recursos de éste y de todos los programas de la Sedesol sean destinados exclusivamente a sus beneficiarios y ejercidos con la mayor transparencia".

Miranda Nava indicó que que desde junio de 2015 se detectaron irregulares en los programas sociales, especialmente en el de Adultos Mayores.

"Llama la atención la incorporación irregular de beneficiarios principalmente en Veracruz y Tabasco, por lo cual la entonces secretaria Rosario Robles presentó denuncias ante la PGR y suspendió a implicados".

Mientras que en enero de este año, recordó, su antecesor en el cargo, José Antonio Meade, inició auditorías para identificar áreas de oportunidad o de riesgo en el esquema.

Por otro lado, el funcionario federal ratificó que tendrá reuniones constantemente con diputados y senadores para verificar el comportamiento de los padrones de los programas sociales en Nayarit, Coahuila y Estado de México, donde el año entrante habrá elecciones.

"Me comprometí también que durante este periodo y hasta que terminen las elecciones, no acudiré al estado de México, a Coahuila y Nayarit a realizar ninguna actividad de carácter social, pero eso no significa que no se lleven a cabo ahí los programas sociales".


Adelantó que en los próximos días, junto con el Instituto Nacional Electoral, anunciará un blindaje más amplio en esas entidades.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALMA E. MUÑOZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/09/denuncian-ante-pgr-a-493-promotores-por-desvio-de-pension-para-adultos-mayores

EPN coincide con Sedena: fuerzas armadas no están para hacer labores policiacas

Ciudad de México. La lealtad y patriotismo de los solados y marinos que realizan labores de seguridad pública ha permitido que tengamos ciudades y regiones del país a las que ha regresado la paz y la tranquilidad, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto.

Durante la clausura del encuentro nacional de procuración e impartición de justicia, el mandatario dijo coincidir plenamente con lo dicho por el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, en el sentido de que las fuerzas armadas están para preservar la seguridad interior y la soberanía del país, y no en la realización de tareas que corresponden a las policías de investigación o a las procuraduría del país.

El mandatario pidió a procuradores y fiscales, así como a los presidentes de los tribunales superiores de justicia que rindieran un homenaje a los soldados y marinos, representados en esta ceremonia por los titulares de la Semar y la Sedena, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz y el general Cienfuegos.

Los encargados de procurar e impartir justicia, aplaudieron durante varios minutos las expresiones del presidente y a los mandos de la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea.

Peña Nieto, resaltó que en tanto todas las autoridades del Estado mexicano logran modernizar y fortalecer las instituciones civiles, los soldados y marinos seguirán apoyando con patriotismo y lealtad acciones en materia de seguridad pública.

Ayer, durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, demandó que se regularice la situación de las fuerzas armadas y se apruebe un marco legal que diga hasta dónde sí, hasta dónde no, y nosotros haremos lo que siempre, lo que dice la ley, acataremos lo que disponga el propio Congreso.

Subrayó: Qué quieren los mexicanos que hagan las fuerzas armadas? ¿Quieren que estemos en los cuarteles?, adelante; yo sería el primero en levantar no una, las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales.


En su primera conferencia de prensa en instalaciones castrenses en más de cuatro años, ante la plana mayor del Ejército y los representantes de los medios de comunicación invitados a visitar la Fábrica de Vestuario y Equipo de la Sedena con motivo del fin de año, Cienfuegos Zepeda dijo: “Nosotros no pedimos, o sea, ustedes lo saben y yo lo tengo que decir, no pedimos estar ahí, no nos sentimos a gusto. Ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: GUSTAVO CASTILLO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/09/soldados-y-marinos-seguiran-apoyando-en-materia-de-seguridad-publica-resalta-epn

Diputada descarta que nueva Ley de Vivienda afecte propiedad privada

Legisladora del PAN rechaza que se vayan a generar nuevos impuestos para los capitalinos.

La diputada local Margarita Martínez Fisher descartó que la nueva Ley de Vivienda aprobada por la Asamblea Legislativa capitalina arriesgue la propiedad privada.

También sostuvo que ese texto no implica ningún riesgo, ni de expropiación ni de confiscación de la propiedad y del patrimonio de ningún ciudadano o vecino de la Ciudad de México.

La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) rechazó categóricamente que con ese nuevo ordenamiento se vayan a generar nuevos impuestos para los ciudadanos.

Explicó que, en ese caso, a lo que se refiere el texto aprobado por el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) es al valor generado cuando existan nuevos desarrollos inmobiliarios.

Puso como ejemplo que si hay un programa de vivienda nueva donde hubiera una densificación o se generan más niveles, es decir exista un potencial constructivo mayor, se tiene que pagar por ese valor, pero ese costo tendrá que ser erogado por los desarrolladores inmobiliarios, jamás por los vecinos.

Esos pagos, indicó, serán utilizados para hacer mejoras a la ciudad como banquetas, abasto de agua, drenaje, parques y otro tipo de equipamiento urbano, así como para la compra de suelo urbano para generar viviendas de interés social.

A nombre de la bancada de su partido, precisó que ese pago debe ser cargado a los desarrolladores, no a los ciudadanos, y sólo aplicaría cuando se pida la Licencia de Construcción o exista un cambio en el Uso de Suelo, como se establece en la Ley Federal de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial.

Dejó claro que la diputación local de Acción Nacional defenderá en todo momento el derecho a la propiedad privada y al patrimonio de las familias.

Pero al mismo tiempo, añadió, “vamos a defender que los inmobiliarios paguen contribuciones para mejorar a la ciudad como se hace en los estados de Aguascalientes, Hidalgo, Morelos, Michoacán, Quintana Roo y San Luis Potosí, entre otros.

La presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la ALDF mencionó que su grupo legislativo además apoyará la petición del presidente de la Comisión de Gobierno para que la ley no se publique hasta que se eliminen conceptos que causan confusión y dar total certeza a los ciudadanos.

“Por ello vamos a solicitar al jefe de gobierno que no se promulgue hasta que las redacciones estén claras y no exista confusión, con el propósito de que los ciudadanos estén totalmente tranquilos”, remarcó la legisladora.


De acuerdo con Excélsior, en la Asamblea Legislativa, la Comisión de Vivienda, presidida por Dunia Ludlow (del PRI), y la panista Margarita Martínez Fisher, decidieron modificar la Ley de Vivienda y en el artículo 94 incorporaron la palabra que ha causado tanta polémica: “plusvalía”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0912/mexico/diputada-descarta-que-nueva-ley-de-vivienda-afecte-propiedad-privada/

Primero fortalecer policías, para posible regreso de tropas a los cuarteles: SNSP

Álvaro Vizcaíno Zamora reconoció que persisten debilidades institucionales en algunas corporaciones municipales y estatales.

El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno Zamora, reconoció que persisten debilidades institucionales en algunas policías municipales y estatales.

El funcionario expuso que en la medida en que esa situación se supere, las Fuerzas Armadas podrán cumplir con las tareas que constitucionalmente tienen asignadas respecto a la seguridad nacional.

Sobre si ya es tiempo de que regresen a sus cuarteles, insistió en que es necesario seguir avanzando en el fortalecimiento de las capacidades de los policías y de las instituciones de seguridad pública a nivel municipal y estatal.

Vizcaíno Zamora indicó que “las debilidades institucionales a nivel municipal y estatal tienen ya muchos años de haberse formado y por ello el fortalecimiento de las capacidades estatales y municipales permitirá lograr ese objetivo”.

Adelantó que en 2017 se trabajará en la consolidación del Sistema de Justicia Penal, pues “lo que buscamos es aceitar el diseño y la maquinaria del mismo, ya que hay algunos engranes que no están girando a la velocidad para la que fueron diseñados”.

Un ejemplo, dijo, es hacer más eficiente la justicia alternativa, los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, porque “en la medida en que logremos que esos sistemas funcionen de manera más ágil se va a despresurizar el sistema de justicia”.

Será así, explicó, porque un menor número de casos llegará a las instancias de investigación de los delitos, que podrían concentrarse en atender los asuntos más graves o más relevantes.

También es necesario que un mayor número de asuntos pueda judicializarse, conforme fue planeado en el diseño del Sistema de Justicia Penal.


“Literalmente de lo que se trata es de aceitar, de poner gotas de aceite en aquellos engranes que todavía no están girando a la velocidad en que el sistema fue planeado y diseñado”, remarcó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0912/mexico/primero-fortalecer-policias-para-posible-regreso-de-tropas-a-los-cuarteles-snsp/

Cienfuegos quiere “ley de impunidad” para encubrir violaciones del Ejército, acusa Gallardo

El general en retiro aseguró que la ONU y la CIDH "han detectado y documentado" la participación de militares en actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales.

Lo que en realidad pretende el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, es que se apruebe una “ley de impunidad para encubrir y justificar las violaciones del Ejército” al realizar tareas de seguridad pública, acusó el general Francisco Gallardo.

Gallardo Rodríguez consideró que la urgencia del titular de la Sedena, para que el Congreso avale la Ley de Seguridad Interior, se debe a que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “han detectado y documentado” que militares han participado en actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales.

En entrevista para Aristegui Noticias, apuntó que lo señalado por el general Cienfuegos contradice los Manuales de Operaciones en Campaña, en los que se establece que además de tutelar la soberanía nacional, es labor del Ejército “tutelar el orden interno”.

“El adiestramiento, la capacitación y la educación de los militares están enfocados al orden interno, por lo que no es aceptable lo que dijo el secretario“, comentó.

Sin embargo, reconoció que hace una década, cuando por instrucción del entonces presidente Felipe Calderón, los militares fueron sacados a las calles para realizar tareas de seguridad pública, se debió definir que esta situación era temporal y los puntos específicos de la geografía nacional donde operarían.

El general Gallardo denunció que la autoridad civil “ha sido omisa” con lo que establece el artículo 21 constitucional, que a la letra señala que “la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios”.

El general Brigadier del Ejército Méxicano publicó en 1993 un artículo titulado “La necesidad de un ombudsman militar en México” y fue arrestado debido a que se imputaron 27 delitos en 9 averiguaciones previas, como malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, destrucción y quema de archivos del Ejército, calumnias e injurias a dicha institución, entre otros.

Fue condenado por un Consejo de Guerra a 14 años de prisión. Organismos nacionales e internacionales iniciaron una lucha para conseguir su liberación, lo que ocurrió hasta el año 2002.

En el mismo sentido, la profesora-investigadora del CIDE, Catalina Pérez Correa, ha advertido que otorgar mayores facultades al Ejército y a la Marina en labores de seguridad pública, representa un riesgo porque restaría legitimidad a las Fuerzas Armadas.

Mientras que Raúl Jiménez, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, publicó en Siempre! que asegurar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles “de forma indefinida y expandir su radio de acción a otros campos ajenos al crimen organizado, tales como huelgas de trabajadores, resistencias indígenas, movilizaciones populares y protestas ciudadanas, es jurídicamente inviable“.


La iniciativa del coordinador de los diputados federales del PRI, César Camacho Quiroz, con la que se busca regular las actividades de marinos y soldados en tareas de seguridad pública.

Propuesta de César Octavio Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo Morales by Aristegui Noticias on Scribd

  Propuesta de César Octavio Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo Morales by Aristegui Noticias on Scribd

Propuesta de Roberto Gil Zuarth by Aristegui Noticias on Scribd

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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: ISAÍAS ROBLES.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0912/mexico/cienfuegos-quiere-ley-de-impunidad-para-encubrir-violaciones-del-ejercito-acusa-gallardo/

Milicia y Justicia / Quejas de fuerzas armadas caen en oídos sordos

Ciudad de México. El general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, lamentó ayer la falta de apoyo de la Secretaría de Gobernación y del Congreso para dotar a las fuerzas armadas de un marco legal para que desarrolle labores de seguridad interior; lamentablemente sus quejas no han sido escuchadas. En lugar de atender la demanda, los diputados, una vez más, demostraron que no es de su interés abordar el tema.

Hace unos días, los diputados del PRI dejaron en claro que “no hay condiciones” para discutir la participación de soldados y marinos en operativos que pongan en riesgo peligro la estabilidad, la seguridad interior, la paz pública y para combatir la corrupción. Ni tardo ni perezoso, el PRD se sumó a la idea de que la propuesta, que hizo hace unas semanas el propio PRI, siga durmiendo el sueño de los justos.

A cambio, los diputados revivieron la Ley reglamentaria del artículo 29 constitucional que faculta  al Presidente de la República solicitar al Congreso la suspensión de garantías cuando considere que hay riesgos a la seguridad pública, la seguridad o amenazas al Estado.

Como es costumbre, los legisladores prefieren aprobar parches legislativos en lugar de resolver el fondo del problema.

En público y en privado, el general Cienfuegos y el almirante secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, le han precisado a los legisladores que la columna vertebral del marco legal que necesitan es: Que se les diga claramente para qué quieren a las fuerzas armadas y una vez decidido este punto, determinar los límites de su actuación.

Por otra parte, ayer en una inesperada conferencia de prensa, Cienfuegos reconoció que los soldados “ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando estos grupos con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos o a lo mejor les conviene más que los procesemos por no obedecer, y les sale más barato”.

El comentario del divisionario no es menor, revela la preocupación de los mandos porque la tropa se siente desprotegida y los oficiales que los comandan saben que su trayectoria de muchos años está en riesgo en cada operativo.

Saben que si los acusan de violar derechos humanos, lo que procede es la inmediata separación de su cargo y el inicio de un proceso que dura al menos un año, sean o no responsables de lo que se le acusa. No importa que un mayor o coronel salga finalmente absuelto, su carrera militar está acabada.

Los mandos castrenses han exigido a la Procuraduría General de la República, para variar, sin éxito, que el Protocolo de Estambul, para determinar si los detenidos fueron torturados, se aplique al momento de que los presuntos delincuentes son presentados ante el ministerio público. No meses o incluso años después de los hechos, como ha sido la constante en los últimos años.

Porque esa práctica a destiempo y sin pruebas contundentes que avalen sus dichos, opera, la mayor de las veces, a favor de los detenidos por delitos graves que han encontrado en ese tipo de denuncias, la posibilidad de quedar libres o de, al menos, reducir sus sentencias.

Más acusaciones contra el ex director del Canal Judicial

Después de que se hizo pública la investigación, ordenada por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, sobre las denuncias de acoso sexual y  laboral durante la administración de Enrique Rodríguez Martínez como director del Canal Judicial, resulta que más de una veintena de ex trabajadores se han presentado voluntariamente ante la Contraloría Interna del máximo tribunal para testificar en contra de Rodríguez.

Precisamente, confiaron fuentes judiciales, esta oleada de denunciantes, algunos que dejaron de trabajar en la Corte y otros que fueron cambiados a otras áreas como resultado del hostigamiento sufrido, es lo que ha alargado el procedimiento en contra de Rodríguez y de sus principales colaboradores.

Ante los hechos que se han denunciado, nos dicen, la pornografía que encontró la Contraloría en las computadoras personales de los involucrados parece el menor de los problemas que enfrentarán.

Se dice que el principal responsable podría hacerse acreedor, al menos, a una inhabilitación de 10 a 20 años para trabajar en el servicio público.

Sin embargo, las nuevas evidencias encontradas por la Contraloría podrían derivar en otras responsabilidades, nos dicen.

Por otra parte, el ex director del Cisen, ex procurador general de la República y ex embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, asumirá la presidencia de la segunda sala de la SCJN el próximo mes de enero, en sustitución de Alberto Gelacio Pérez Dayán.


Es tiempo de que la sala, bajo una nueva presidencia, asuma un compromiso de transparencia informativa que se ha ido perdiendo con los años.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JESÚS ARANDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/09/milicia-y-justicia-quejas-de-fuerzas-armadas-caen-en-oidos-sordos