Para Martha Iglesias no hay ni un ápice de duda que las decisiones de las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto contribuyeron a la falta de un rescate oportuno. Pero además en esta tragedia también hay un actor a quien las familias señalan contundemente de abonar a la negligencia y evitar el rescate a tiempo: al entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano, por no haber impulsado la recuperación de los mineros cuando hubo pruebas claras de que la mina carecía de medidas de seguridad adecuadas.
La familia de Martha no solo busca justicia para su padre, sino también para todos los mineros que perdieron la vida en Pasta de Conchos. "Nosotros siempre supimos lo que pasó ahí abajo", afirma.
Pasta de Conchos se encuentra en la llamada “zona carbonífera” conformada por los municipios de Múzquiz, y San Juan Sabinas, que agrupan las ciudades de Nueva Rosita, Palaú, La Agüita y La Florida, en Coahuila, al norte de México. Cinco horas por carretera las apartan de Saltillo, la capital de la entidad, y 135 kilómetros de la ciudad de Piedras Negras, frontera con Estados Unidos.
La tragedia ocurrió un domingo 19 de febrero de 2006. El último tramo del Gobierno de Vicente Fox y el primero del entonces Gobernador priista Humberto Moreira. El reloj marcaba cerca de las 02:10 horas cuando la acumulación de gases provocó una explosión en la mina ocho de la unidad Pasta de Conchos, propiedad de Industrial Minera México, S.A. de C.V. (IMMSA), de Grupo México. De 76 trabajadores que ahí se encontraban, 65 quedaron atrapados.
Sólo los cuerpos de los mineros Felipe de Jesús Torres Reyna y José Manuel Peña Saucedo fueron recuperados durante las primeras labores de rescate, mismas que se interrumpieron en el 2007. Fue el inicio de una historia de clamor, revictimización de los gobiernos panistas y lucha por el rescate que se ha extendido en al menos cuatro sexenios.
Al menos 11 carboneros que se encontraban en un nivel superior de la mina salieron “casi por su propio pie” con quemaduras de primero y segundo grado, así lo informó el entonces coordinador de seguridad de la empresa Minerales Monclova S.A, Gerardo Armando Díaz Cárdenas.
La mina contaba con una plantilla de 487 trabajadores en tres turnos: 45 empleados de confianza; 282 trabajadores sindicalizados y 160 trabajadores de la contratista General de Hulla. De las víctimas mortales, cuatro son empleados de confianza; 25, sindicalizados y 36, trabajadores de la contratista.
El siniestro dejó 160 huérfanos de padre, 65 familias destrozadas y 65 viudas. Vicente Fox Quesada, Presidente de la República y Humberto Moreira Valdés, Gobernador de Coahuila, pronto se deslindaron.
El viernes el 24 de febrero de 2006 y Xavier García de Quevedo, presidente de IMMSA y el Secretario de Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, anunciaron que no había condiciones de vida en la mina y declararon muertos a los trabajadores.
Un año después de la explosión, Grupo México suspendió el rescate bajo el argumento de que era riesgoso continuar porque el agua podría tener “Sida”:
“Explorar y rehabilitar esta área expone al personal de la mina a patógenos infecciosos, resultando como mínimo graves problemas gastrointestinales. no obstante, dependiendo de la salud de las víctimas, los trabajadores de rescate pueden estar expuestos a infecciones crónicas incluyendo hepatitis, VIH, patógenos entéricos y tuberculosis. esta exposición puede suponer severos riesgos para su salud, no solo al personal de la mina, sino a sus familias o, en último de los casos, a la comunidad entera”, señala el estudio “Una evaluación de las operaciones de recuperación en la mina pasta de conchos y resultado de los futuros esfuerzos de recuperación”, decreta uno de los dos peritajes pagados por la empresa, y entregados a las familias la noche del 4 de abril del 2007. Un miércoles santo.
El 4 de abril de 2006, la empresa Industrial Minera México, S.A de C.V. ordenó el cierre de la mina y el cese definitivo del rescate de cuerpos, argumentando que entre el 25 por ciento y 75 por ciento de la mina estaría inundada y que existía “contaminación bacteriológica que podría contagiar a los rescatistas, sus familiares y poblaciones enteras”, según un peritaje realizado por ellos mismos. El argumento fue por las supuestas altas concentraciones de gas metano.
Cuando Felipe Calderón Hinojosa asumió la Presidencia en diciembre de 2006, nombró a Javier Lozano Alarcón como Secretario de Trabajo. Lozano recibió a los deudos de Pasta de Conchos en su despacho y asumió como compromiso un peritaje para conocer las condiciones de la estructura de la mina y saber así si los restos de los mineros podrían ser recuperados. El peritaje se hizo, pero no condujo al rescate; al contrario, se aferró a la teoría de que no era posible.
En 2008, un grupo de viudas y familiares decidieron emprender un rescate independiente, acusando de abandono a la empresa y al gobierno. Sin embargo, días después, cuerpos policiacos del estado llegaron a detener el rescate.
Las familias son desalojadas de Pasta de Conchos de manera violenta por elementos policiacos enviados por el entonces Gobernador Humberto Moreira el 1 de agosto de 2009.
Acompañados por la defensora Cristina Auerbach Benavides, los familiares de las víctimas emprenden una lucha legal contra la minera y el Estado mexicano. Ha nacido la Organización “Familia Pasta de Conchos”.
En el año 2011, al menos 28 trabajadores fallecieron en minas de la región carbonífera durante el 2011, 9 personas más que en el 2010, -con 17 decesos-, y 20 más que en el 2009, -con 8 muertos- y 24 más que en el 2008, -que registró 4 muertos-.
En 2019, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció que retomarían los trabajos de excavación para recuperar los cuerpos de los mineros que quedaron sepultados en la mina.
De acuerdo con la planeación de rescate que la CFE presentó a las familias en 2020, se indicó que los trabajos comenzarían en septiembre del 2021, de tal manera que para febrero de 2022 ya se tendrían que estar conectando las rampas con las galerías antiguas.
La primera etapa —les indicaron a los familiares— duraría 14 meses; la segunda etapa, 20 meses, y de la tercera fase no dieron plazo, sin embargo, no especificaron cuándo iniciarían esos 14 meses de la primera etapa.
El 16 de febrero del 2022, el Gobierno federal inició las primeras obras, es decir, la construcción de las lumbreras, así como a la par, los túneles y rampas, operaciones para recuperar los cuerpos los mineros que murieron.
¿Y qué hay después del rescate?
Para las familias de Pasta de Conchos, y para Martha Iglesias en concreto, la entrega de los restos no basta. “¿Qué sigue? ¿Cuál es la justicia?”.
El siguiente paso debe de ser la búsqueda de justicia y la reparación del daño, y resarcir a la población. Martha destacó que si bien el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora la Presidenta Claudia Sheinbaum han mostrado compromiso con la recuperación de los cuerpos, las investigaciones sobre la negligencia del pasado siguen sin avanzar. "No sabemos qué se va a hacer con los responsables. La Fiscalía no ha hecho lo suficiente. Todo quedó ‘preinscrito’ y nadie ha seguido adelante con la investigación", señaló.
Martha explicó que, ante el rescate de su padre, su carpeta de investigación está activa, y busca saber con precisión cómo murió su padre. “Me dicen de qué murió, pero no el tiempo. Yo pienso que en algún momento estuvo vivo”, reveló.
Marthas también reprochó la manera en que se ha manejado el caso a nivel judicial, pues señaló que la Fiscalía General de la República ha cerrado el caso con "carpetazos" ,y critica la prescripción de las investigaciones, a pesar de las pruebas de negligencia. "Todo quedó preinscrito, y ahora el juicio, ¿qué vamos a perseguir?", dijo
La familia Iglesias espera que las investigaciones sigan su curso, sin importar el tiempo que haya pasado, y que el proceso judicial no se quede en el olvido: "Lo que quiero es justicia, que no prescriban las investigaciones", señaló.
Martha no solo espera justicia para los mineros de Pasta de Conchos, sino también para todo México, pues también pide que se realicen reformas en las leyes para evitar que tragedias como esta se repitan en el futuro. En particular, exige que las minas sean inspeccionadas de manera más rigurosa y que los responsables de las malas prácticas, tanto dentro de la empresa como en las autoridades, sean llamados a rendir cuentas.
Los familiares de los mineros atrapados siguen luchando por justicia, cuestionando el trato recibido por parte de las autoridades de otros sexenios, pero también demandando al actual un proceso de recuperación y restitución adecuado
