CIUDAD DE MÉXICO: Alrededor de 300 naucalpenses volvieron a salir a las calles, ahora en protesta por el asesinato de la menor Evelin, cuyo cadáver fue encontrado el pasado 31 de octubre en la colonia La Luna del municipio de Naucalpan, conurbado con la Ciudad de México.
El cuerpo de la niña de 13 años de edad, quien fue degollada por su victimario, fue encontrado tirado en la calle, envuelto en una bolsa de plástico.
Los vecinos realizaron una marcha por las transitadas avenidas de Lomas Verdes, en la que exigieron a las autoridades municipales y estatales justicia por el crimen de la menor.
Este hecho se suma a la ola de los asaltos y homicidios que se han registrado en la zona.
“Justicia para Evelin. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza”, corearon los manifestantes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
TITULO ORIGINAL: Vecinos de Naucalpan vuelven a las calles; exigen justicia para niña degollada
LINK: http://www.proceso.com.mx/461638/vecinos-naucalpan-vuelven-a-las-calles-exigen-justicia-nina-degollada
CHILPANCINGO, Gro: El gobernador Héctor Astudillo Flores en complicidad con diputados de la LXI legislatura local, decidieron exentar del pago del impuesto por el ejercicio de la profesión a los médicos y arrendatarios de casas habitación en la entidad, sin justificación alguna.
Ello a pesar de que el artículo 28 de la Constitución federal indica que “quedan prohibidas las exenciones de impuestos” para evitar favorecer intereses de un sector determinado de personas pues de lo contrario se establece “un verdadero privilegio”.
En la Ley 110 de Ingresos del gobierno estatal, avalada el año pasado por el Congreso local, se facultó al gobernador Astudillo emitir un acuerdo para establecer reglas de “exención del pago del impuesto por el ejercicio de la profesión médica en 2016”.
Este mismo acuerdo que privilegia a los médicos, se ratifica en el proyecto de Ley de Ingresos para 2017 que envió Astudillo el mes pasado al Congreso local, indica el documento oficial consultado por Apro.
No obstante, se desconoce el contenido del acuerdo y las reglas para exentar del pago de impuestos al sector médico en la entidad.
Ahora el gobernador Astudillo contempla beneficiar a los arrendatarios de bienes inmuebles con la exención de impuestos, según el proyecto de Ley de Ingresos del gobierno estatal para 2017.
El artículo 19 del proyecto de Ley, dice textual: “Se concede la exención al Impuesto Cedular por Arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles como un apoyo económico que el gobierno del estado brindará en el año 2017 a aquellos contribuyentes sujetos del impuesto que se encuentren al corriente en sus obligaciones fiscales estatales y federales y que por ende contribuyan al fortalecimiento de las finanzas públicas y con ellos al desarrollo del estado, ya que la actividad que se grava, el arrendamiento, sostiene o apoya económicamente a un importante número de familias en el estado por consiguiente no se considera necesario la emisión de un acuerdo del Ejecutivo”.
Este hecho, no solo contraviene disposiciones constitucionales sino que exhibe la opacidad del gobierno de Astudillo que administra una de las entidades que se ha caracterizado por la escasa recaudación de impuestos a nivel nacional.
Actualmente, los diputados de la LXI legislatura local, donde el PRI es mayoría, analizan el paquete fiscal que envió Astudillo y se espera que sea aprobado como tal a pesar de que contempla por segundo año consecutivo exentar del pago de impuestos a la profesión médica, así como a los arrendatarios de casas habitación y un pacto de impunidad para beneficiar a sus antecesores acusados de desviar recursos públicos.
El pacto de impunidad de Astudillo
El 20 de octubre, Apro dio a conocer la intención de Astudillo para solventar, con las participaciones federales del próximo año, un millonario desvío de recursos de sus antecesores.
El pacto de impunidad beneficia a los exgobernadores Ángel Aguirre y Rogelio Ortega Martínez, acusados de desviar más de 6 mil millones de pesos correspondiente a la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), y un adeudo con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), desde 2013 y que ahora reclama la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017 enviado por Astudillo al Congreso local, además de privilegiar el gasto corriente burocrático y contemplar un donativo de 47 millones de pesos para la fundación Teletón, también plantea solventar el millonario desvío de recursos públicos atribuido a sus antecesores, mediante recortes a las participaciones federales
El documento oficial advierte que, para enfrentar el problema de los créditos fiscales que exige la Federación, Astudillo está “concertando una estrategia” con el presidente Enrique Peña Nieto y funcionarios de la SHCP con el propósito de “establecer convenios para liquidar de forma diferida, incluso con quitas (recorte a las participaciones federales) al nivel del saldo deudor”.
Con esta acción, el gobernador Astudillo exhibe públicamente su intención de proteger a Aguirre y Ortega, en lugar de fincar responsabilidad administrativa o penal contra los responsables de este millonario desvío de recursos públicos que ahora pretende ser solventado con los recursos de las participaciones federales destinadas para el próximo año.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/461647/gobierno-astudillo-exenta-a-medicos-a-arrendatarios-del-pago-impuestos
La semana pasada se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo acuerdo para extender, por otros 6 meses, el plazo para transparentar información relacionada con sueldos, presupuestos, contratos y deudas.
Secretarías de estado, partidos políticos, gobiernos estatales, municipales, sindicatos y más de 800 sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno no cumplieron, de nuevo, con el plazo legal para ordenar y transparentar la información pública que indica la ley.
El pasado 2 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que les otorga una nueva prórroga de seis meses para transparentar datos como salarios, presupuestos, deuda o contratos tanto en sus sitios web como en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
El primer plazo venció el 5 de mayo pasado, cuando entró en vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En ese entonces, ante el retraso en el ordenamiento de los datos, se otorgó un nuevo plazo de seis meses que venció este 5 de noviembre y con el que tampoco se cumplió.
Por el retraso de los sujetos obligados, el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia aprobó que el nuevo plazo sea el 4 de mayo de 2017. Es decir, dos años después de que se promulgó la nueva legislación en materia de transparencia y se notificó sobre la obligación de tener la información lista.
El Título Quinto de la Ley General de Transparencia indica que las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno deben publicar (y actualizar) en su sitio web y en la PNT información como reglamentos, directorios, contratos, total de plazas y salarios, prestaciones, bonos entregados, viáticos, declaraciones patrimoniales o datos curriculares.
Así como datos sobre deuda pública, listado de licitaciones y adjudicaciones directas, los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña, entre otros.
La ley establece que esta información debe estar disponible en formatos accesibles, congruentes y comprensibles y, sobre todo, debe cumplir con los criterios de homologación que establece la ley; por lo que todos los entes de gobierno tienen que publicar bajo los mismos criterios.
La información deberá actualizarse cada tres meses pero conservando versiones históricas que también estén disponibles, ser gratuita y con el “máximo desglose posible”. La legislación también indica que los datos deben entregarse en formatos abiertos para consulta y procesamiento digital.
En mayo 2016 que venció el primer plazo, sólo diez sujetos obligados habían cumplido con transparentar información en su sitio web, tal como indica la ley, en tanto más de 800 sujetos obligados entre las que se encuentran autoridades de los 3 órdenes de gobierno, partidos políticos y los sindicatos, volvieron a incumplir con el plazo marcado por la propia ley.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/transparencia-partidos-sindicatos-plazo/
Dinero asignado a Servicios de Salud de Veracruz fue utilizado para burocracia y para “la demanda de más seguridad”, reconoció el diputado federal Tarek Abdalá, extesorero de Javier Duarte.
Antonio Tarek Abdalá Saad, uno de los extesoreros del gobierno de Javier Duarte y actual diputado federal por el PRI, reconoció que más de 300 millones de pesos de un subsidio federal de salud se canalizaron para otras “prioridades” de la administración estatal, pero sostuvo que solo cumplía con una política de gasto establecida así por el gobierno veracruzano.
El expediente de la investigación que derivó en una inhabilitación, por 10 años, para ejercer cargos públicos impuesta por la Contraloría de Veracruz a Tarek Abdalá, al que Animal Político tuvo acceso, establece que la actuación del hoy diputado fue considerada de “gravedad”, por lo que se le impuso la máxima sanción administrativa.
El documento de resolución, de 45 páginas, también establece que Tarek Abdalá fue “omiso” en el desempeño de las obligaciones que conllevaba su cargo, entre las que figuraban custodiar la integridad de los recursos públicos lo que incluyen los objetivos para lo que fueron etiquetados.
La investigación se dio como resultado de la denuncia que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso ante la Contraloría estatal, derivado de la desaparición de 315 millones 627 mil 148 pesos correspondientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) entregado a la administración de Duarte en 2013.
La sanción recayó en Tarek Abdalá Saad porque se desempeñaba como Tesorero de la Secretaría de Finanzas en ese periodo. Estos 315 millones desviados del FASSA son solo una denuncia de múltiples que ha interpuesto la Auditoría por el desvío de más de 60 mil millones de pesos.
“Era la política estatal”
Tarek Abdalá compareció por escrito, el pasado 11 de febrero, en una audiencia a la que lo citó la Contraloría General de Veracruz como parte del procedimiento administrativo disciplinario iniciado en su contra. Esto con el fin de que explicara porque no transfirió a los Servicios de Salud de Veracruz la totalidad de las partidas federales destinadas a ellos.
En su escrito, el diputado niega “lisa y llanamente” haber incurrido en una falta de control de los recursos del referido subsidio federal, pero reconoce luego que estos se habrían utilizado con otras finalidades, ya que supuestamente se había reducido la cantidad de dinero que tenían disponible sin etiquetar.
“Mi actuar atendió a la observancia de las diversas políticas públicas establecidas por el Gobierno del Estado en materia de gasto, derivado de la reducción del flujo de recursos de libre aplicación por la afectación de participaciones federales del Estado”, refiere en su escrito.
La prioridad era la operación del gobierno del estado sobretodo en el tema de “pagos de salarios a maestros, policías y en general a todos los empleados del Gobierno del Estado”, respondió. A ello se suman pagos que se hicieron para cumplir con las prestaciones sociales a los empleados públicos estatales activos y jubilados.
Incluso, el extesorero de Duarte justificó el supuesto uso del dinero para atender los problemas de seguridad en el estado como la sociedad lo exigía.
“La prioridad de canalizar fondos para cubrir la creciente demanda social en materia de seguridad pública. Todo ello necesidades prioritarias de la Administración Pública, logrando así satisfacer las actividades sustantivas y mantener el equilibrio dinámico de la gobernabilidad y la viabilidad a las finanzas públicas estatales”, justificó Tarek.
Omisiones graves
El dictamen de la Dirección General de Integridad y Ética de Servidores Públicos de la Contraloría concluye que los argumentos expuestos por el extesorero del gobierno de Veracruz no desacreditan las responsabilidades que se le imputan, y por el contrario confirman que no cumplió con su deber de custodiar la integridad de los recursos del erario público.
Aunado a ello, los contralores destacaron que Tarek Abdalá no entregó pruebas documentales más allá de sus dichos, que pudieran desvirtuar las irregularidades que se cometieron con el manejo de más de 300 millones de pesos.
“La responsabilidad administrativa omisiva consiste en la inobservancia de una acción fijada que el servidor tenía la obligación de efectuar y además podía hacer (…) lo esencia en esta responsabilidad es el incumplimiento de un deber”, concluye en ese tema el dictamen de resolución.
La Contraloría considera que los hechos investigados son de “gravedad” derivado del monto de la afectación que sufrieron los recursos federales que se debieron destinar a los Servicios de Salud de Veracruz, motivo por el cual se le impuso la sanción administrativa más alta que permite la ley, y que es una “inhabilitación temporal de diez años para desempeñar empleos, cargos o comisiones” en el servicio público estatal.
El expediente aclara que la investigación no profundizó en la verificación del destino de los recursos federales, más allá de los dichos hechos por el servidor público sancionado, sin embargo se resalta que el caso amerita la interposición de las denuncias penales correspondientes para que se realicen las indagatorias que correspondan.
La notificación de esta resolución se le comunicó al exfuncionario de Duarte desde el pasado 27 de septiembre, a través del oficio CG/DGIyESP/2062/2016, de acuerdo con los documentos que forman parte del expediente de la investigación.
Antonio Tarek Abdalá Saad se desempeñó como tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz hasta el 1 de diciembre de 2014, luego de que renunciara al cargo para postularse como candidato a diputado federal por el PRI. A la postre ganó la elección.
Actualmente Abdalá cuenta con el fuero federal lo que impide que pudiera ser detenido por una acusación penal, a menos de que hubiera un juicio de procedencia previo en el Congreso. Tarek forma parte de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública de San Lázaro, entre otras.
¿Y los demás?
Este proceso de sanción en contra de Tarek Abdalá fue resultado de la investigación que realizó la Contraloría de Veracruz, luego de las irregularidades que reportó la ASF en la auditoría 799 practicada con motivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública del Ejercicio 2013.
Pero el monto de daño patrimonial reportado en dicha auditoría (315 millones de pesos) representa una fracción de los más de 60 mil millones de pesos de partidas federales que la Auditoría ya ha reportado e incluso denunciado penalmente, cometidos entre 2010 y 2014 durante la administración del hoy gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte.
Por lo menos seis funcionarios distintos se han desempeñado como secretarios de finanzas durante el actual gobierno estatal de Veracruz.
El último de ellos es Antonio López Pelegrín, quien reconoció públicamente, el pasado 30 de octubre, que los recursos de subsidios federales (incluidos los destinados a municipios) se usaron para el pago de salarios y otras “prioridades” del gobierno estatal y no para los fines originalmente etiquetados.
Se trata exactamente de los mismos hechos por los cuales fue inhabilitado y denunciado penalmente Antonio Tarek Abdalá Saad.
Uno de los funcionarios que también se desempeñó como tesorero de Veracruz fue Vicente Benítez González, quien es investigado por el posible desvío de recursos públicos a través de empresas fantasma. El sábado pasado, y tras tramitar una demanda de amparo contra una posible detención, Benítez rindió protesta como diputado local.
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FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/extesorero-duarte-desvio-recursos-tarek-veracruz/
CIUDAD DE MÉXICO: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que para 2017 no habrá alza de impuestos, aunque previó un recorte presupuestal de mil 500 millones de pesos a las delegaciones.
Durante la inauguración de la Feria de la Transparencia en el Zócalo capitalino, dijo que pese al recorte previsto por el gobierno federal, su administración no aumentará impuestos –como predial, agua o nómina— ni generará otros.
El funcionario explicó que se reunió con su equipo de finanzas y se tomó esa determinación. Únicamente, aclaró, se actualizarán los pagos según la inflación anual, según lo marca la ley.
No obstante, Mancera Espinosa advirtió que con el recorte presupuestal anunciado por el gobierno federal, el presupuesto para las 16 delegaciones podría tener afectaciones directas hasta por mil 500 millones de pesos. Por ello, llamó a los jefes delegacionales a sumarse a la “lucha” para defender el presupuesto de la ciudad.
El mandatario local instó a los capitalinos a ejercer su derecho a saber, estar más informados y exigir mejores servicios. Dijo que la tarea que tiene su gobierno es la “lucha frontal contra la corrupción” y mejorar las políticas públicas de su administración.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/461673/mancera-promete-elevar-impuestos-preve-recorte-mil-500-mpd-a-delegaciones
CIUDAD DE MÉXICO: La Ley de derecho de réplica también beneficiará a los partidos políticos, precandidatos y candidatos a puestos de elección popular, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Al iniciar la discusión de tres acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de la Ley reglamentaria del Artículo Sexto de la Constitución en materia del derecho de réplica, el máximo tribunal resolvió por siete votos a cuatro que la clase política también puede invocar ese ordenamiento ante los propios medios o en tribunales.
La ley fue promulgada por el Ejecutivo federal en noviembre del año pasado y establece los términos, procedimiento y sanciones bajo los que quedarán sometidos los periodistas por violación a la norma reglamentaria.
Vigente desde el 4 de diciembre siguiente, la Ley señala que si los medios se niegan a dar un derecho de réplica, quienes se sientan afectados pueden recurrir a los tribunales.
La SCJN avaló la legitimidad del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para presentar sus respectivas acciones de inconstitucionalidad, que siguieron a la presentada inicialmente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La CNDH impugnó la regulación por considerar que ni garantiza la libertad de expresión ni el mismo derecho de réplica.
Los ministros aún no se pronuncian respecto a la principal crítica a la Ley, referida a la publicación en la prensa de “información falsa o inexacta”.
En el artículo Tercero de esa ley no sólo se reconoce a los partidos políticos, precandidatos y candidatos a elección popular. Incluso, señala que los procedimientos serán más abreviados, pues en tiempos electorales todos los días contarán como hábiles para el desahogo de los casos, tanto en los propios medios periodísticos como en las instancias judiciales.
La ley fue una iniciativa del PAN. Fue aprobada en diciembre de 2013 en la Cámara de Diputados cuando se discutía la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto. La envió al Senado el entonces presidente de la Cámara, el ahora presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, quien ahora está en medio de la polémica por la difusión de sus millonarios gastos personales.
La ley fue aprobada en el Senado hasta dos años después, el 13 de octubre de 2015, pero sin ningún cambio, a pesar de la oposición de senadores del PRD, el entonces senador del PAN y ahora gobernador de Chihuahua, Javier Corral; y los senadores del PT Manuel Bartlett y David Monreal; además de la senadora independiente Martha Tagle, quienes la consideraron como un riesgo a la libertad de expresión.
La ley define al derecho de réplica como el que tienen todas las personas a que se publiquen o difundan aclaraciones en relación con “datos o informaciones transmitidas o publicadas” de hechos que les aludan que sean “inexactos o falsos” y cuya divulgación les cause “un agravio, ya sea político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen”.
El proyecto de resolución, elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán, va más allá de la ley, pues dice que sin importar si una información es falsa o inexacta, basta que una persona se sienta agraviada para ejercer su derecho de réplica.
En su propuesta para incluir a los partidos políticos como beneficiarios de la ley, Pérez Dayán tuvo el apoyo de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío, Fernando Franco, Arturo Zaldívar, Norma Lucía Piña, y el presidente de la Corte, Luis María Aguilar.
En sentido opuesto, por considerar que la ley no debía aplicarse a los partidos por no ser de índole electoral, votaron los ministros Margarita Luna Ramos, quien cambió su voto de última hora, Eduardo Medina Mora, Jorge Mario Pardo y Javier Laynez Poitisek.
Pérez Dayán propone además que la Ley no aplique a la crítica periodística y declarar también inconstitucional la salvaguarda que se le daba a la información oficial. Según la Ley, los medios que publiquen información oficial no pueden ser sometidos al derecho de réplica.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/461675/ley-replica-ampara-a-partidos-suprema-corte
SALTILLO, Coah: José Vázquez, responsable de recibir en Dallas los narcóticos que Los Zetas enviaban a Estados Unidos, decidió colaborar con la Agencia Antinarcóticos de EU (DEA por sus siglas en inglés) y les entregó los números de los celulares BlackBerry de Miguel Ángel Treviño Morales Z-40, de su hermano Óscar Omar y otros capos.
La Agencia se los hizo llegar a la Procuraduría General de la República (PGR) para que los ubicaran y detuvieran. Sin embargo, desde esa dependencia filtraron la información confidencial al Z-40, advirtiéndole que “alguien de su organización lo estaba traicionando”.
En venganza, los hermanos Treviño ordenaron la masacre contra familias de Allende, Piedras Negras, Monclova y otros municipios del norte de Coahuila.
José Vázquez rindió testimonio en dos ocasiones ante la Corte de Texas sobre lo ocurrido en el estado de Coahuila. La primera, el 16 de abril del 2013, en el juicio contra José Treviño Morales, hermano mayor del Z-40 y Z-42, y contra el empresario veracruzano Francisco Colorado Cessa.
Además, en un segundo juicio contra Francisco Colorado celebrado el 30 de septiembre del 2015, en el cual describió la manera como se coordinaba al trasiego de drogas a Dallas, para lo cual se usaba el sistema de mensajes encriptados Pin a Pin del los teléfonos móviles BlackBerry.
“Nos dijeron que era más difícil para el gobierno y la policía tratar de interceptar las conversaciones por mensaje o nuestras llamadas telefónicas si usábamos ese sistema”, dijo Vázquez a los fiscales que lo interrogaron.
José Vázquez, que en esa época contaba con 35 años de edad, es originario de Dallas, donde terminó la preparatoria abierta.
Confesó que se inició en la venta de droga desde los 14 años de edad. En junio del 2002 fue arrestado por la Policía de Dallas y estuvo preso durante cuatro años. Al salir, un amigo le presentó a Héctor Moreno, originario de Allende, quien en esa época ya traficaba drogas para Los Zetas.
Desde principios del 2005, Los Zetas habían arribado al norte de Coahuila como avanzada del Cártel del Golfo (CDG) para tomar la plaza de Piedras Negras. Galindo Mellado Cruz, Comandante Mellado o Z-10, encabezó a unos 100 sicarios que amenazaron a todos los narcotraficantes de esa frontera para que se unieran a ellos, o de lo contrario los mataban.
Antes de que arribaran, Héctor Moreno traficaba narcóticos por su cuenta junto con el ciudadano estadounidense Alfonso “Poncho” Cuellar y José Luis Garza Gaytán. Otro de los narcotraficantes independientes era Efrén Tavira, quien operaba con un grupo de “narco juniors”.
Todos ellos decidieron sumarse a Los Zetas. Los capos Z-40 y Z-42 decidieron utilizar la experiencia de esos narcotraficantes y los pusieron al frente de sus operaciones de contrabando de cocaína a los Estados Unidos.
Para proteger sus ilegales actividades compraron a mandos del Ejército, Policía Federal, delegados de la PGR y funcionarios estatales, sobre todo de la Fiscalía.
Para el año 2009, Los Zetas comenzaron a operar al margen del CDG. Traficaban unas 40 toneladas de cocaína por año. En esas operaciones obtenían alrededor de 860 millones de dólares, de los cuales 350 millones eran sus ganancias anuales.
Durante los más de tres años que operaron como cártel independiente obtuvieron ganancias superiores a los mil millones de dólares.
El eficiente trasiego operaba de la siguiente manera:
Los Zetas compraban la coca en Centroamérica debido a que “no confiaban en los colombianos”. La trasladaban por carretera hasta San Fernando y de ahí se distribuía a Monterrey, ciudades de la frontera de Tamaulipas y al norte del Coahuila.
En Allende, Héctor Moreno era responsable de empaquetar 500 kilos, de tal manera que no pudieran ser olfateada por los perros antidrogas de la Aduana de Estados Unidos. Esa cantidad se enviaba a través de tráileres de 18 ruedas.
Paquetes más pequeños, de treinta kilos, eran entregados a Efrén Tavira. Él se encargaba de meterlos en camionetas y autos a los que se les había modificado el tanque de gasolina. El “taller” donde se alteraban estaba en el interior del Cereso de Piedras Negras y un grupo de reos eran los responsables de realizarlo.
Tras cruzar la droga, se escondía en casas de seguridad ubicadas en Eagle Pass y desde ahí se mandaba por la carretera 35 hasta Dallas. Vázquez mantenía en esa ciudad cuatro casas de seguridad para esconderla antes de venderla a las pandillas que la distribuían por todo Estados Unidos.
El dinero de la venta se regresaba a Piedras escondido en los tanques de gasolina. En bolsas selladas se mandaban más de 4 millones de dólares por semana.
Además de recibir la droga, José Vázquez enviaba cargamentos de armas para la organización criminal.
Poncho Cuellar era más que el jefe de todas las operaciones de trasiego. Gracias a su eficacia se hizo “compadre” de Omar Treviño Morales. También administraba el dinero para comprar los caballos Cuarto de Milla que adquirían los líderes Zetas en Estados Unidos.
Además, contó en el juicio de Austin que compró 10 teléfono móviles marca BlackBerry con los cuales se coordinaban las operaciones de Los Zetas a través del sistema de mensajes encripatados de los usuarios de esa marca.
“Todo lo que se hizo fue través de mensajería. Compré diez BlackBerry, uno para Miguel, uno para Omar, y otros para más personas”.
Para los primeros meses del año 2010, José Vázquez comenzó a ser vigilado por la policía de Dallas. Para evitar que los capturaran se mudó con su padre a Allende y a Ciudad Acuña.
A finales de ese año, la DEA lo ubicó en México. Le “solicitaron” que cooperara o de lo contrario lo detendrían junto con su padre. Le pidieron los números telefónicos de Z-40, Z42 y de Heriberto Lazcano.
Vázquez les entregó los 10 números de los BlackBerry que había comprado Poncho Cuellar.
La información confidencial entregada a la DEA posteriormemnte terminó en manos de Miguel Ángel Treviño Morales. Le llegó por conducto de la PGR.
“Y como resultado de escoger cooperar con las fuerzas de la Ley, más de 200 personas fueron asesinadas”, le cuestionó a José Vázquez el Fiscal que interrogaba.
“Sí señor”, respondió.
Después de que funcionarios de la PGR le advirtieron al Z-40 que “alguien de su organización lo estaba traicionando”, el capo decidió ir tras Héctor Moreno y Poncho Cuellar debido a que creyó que ellos eran los traidores.
Héctor Moreno ya había sido informado por Vázquez que estaba colaborando con la DEA. Moreno también decidió colaborar y le advierte a Poncho Cuellar.
En los últimos días de febrero del 2011, los dos capos buscados por Z-40 decidieron escapar con su familia más cercana a los Estados Unidos, para entregarse a las autoridades.
Los primeros días de marzo, Z-40 y Z-42 ordenaron a sus halcones que ubicaran en Allende, Piedras Negras, Monclova, en la región Carbonífera y en diversos municipios de Cinco Manantiales a todos los amigos, familiares de Cuellar y Moreno, así como a todos los miembros de la organización Zeta que trabajaron bajo su servicio.
El 18 de marzo del 2011, alrededor de las 5:30 horas entraron a Allende, provenientes de Piedras Negras, 42 camionetas atestadas de hombres armados escoltadas por 4 patrullas de la Policía municipal. Los pistoleros a bordo no se cubrían el rostro.
Una decena de policías municipales condujeron a diversos grupos de sicarios a las casas que ya habían sido localizadas por los halcones.
En una de las residencias de la familia Garza Gaytán fueron recibidos a tiros y cayeron tres hombres armados. Al final, el hombre que les disparó y varios de sus familiares fueron asesinados ahí mismo por los sicarios.
Ese día, los pistoleros se llevaron a más de 80 personas. Los siguientes tres días regresaron por otros e incluyendo a los empleados domésticos de las familias Moreno y Garza Gaytán.
En Monclova, la noche del 18 de marzo se realizó un operativo “quirúrgico” para levantar a unos 7 contadores y otros tantos miembros de Los Zetas que estaban bajo las órdenes de Poncho Cuellar.
Lo mismo ocurrió en municipios de la región carbonífera, así como en Nava, Zaragoza, Morelos y otros poblados de Cinco Manantiales, donde fueron secuestradas decenas de personas.
En Piedras Negras, sicarios ubicaron y levantaron a 41 amigos y familiares de Cuellar, quienes fueron trasladados a un apartado terreno de la zona de Pico del Águila donde ya los esperaban los hermanos Treviño Morales.
Entre los detenidos se encontraba Efrén Tavira. Se salvó de que lo mataran ya que sus amigos le dijeron a Z-40 que desde que Poncho huyó trabajaba para ellos.
Antes de abandonar el campo, Efrén Tavira alcanzó a ver cuando Z-40, Z-42 y otros pistoleros acribillaron a los 40 amigos de Poncho.
Además, destruyeron en Piedras Negras con maquinaria pesada 27 casas y departamentos propiedad del capo.
“Ellos destruyeron todo, rompieron todo en pocas piezas; mis casas y los apartamentos. Robaron mis caballos. Todo lo que yo tenía me lo quitaron. Y mataron a muchas personas cercanas a mí”, contó Cuéllar a los fiscales.
Los cientos de cuerpos fueron incinerados usando aceites lubricantes para vehículos, gasolina, llantas y tablas. Unos en el rancho de la familia Garza Gaytán ubicado en el kilómetro 7 de la carretera Allende-Villa Unión. Además en otro rancho llamado Tres Hermanos localizado en Zaragoza. Otros más en una “narco cocina” del municipio de Guerrero y algunos en el interior del Cereso de Piedras Negras.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN ALBERTO CEDILLO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/461613/filtraciones-la-pgr-al-z-40-desataron-masacres-en-coahuila
En una carta, Ricardo Anaya, líder nacional del PAN, pidió que le respondan si incurrió en alguna omisión en su declaración patrimonial, fiscal y de intereses. Y sí obtuvo una respuesta.
Después de que se dieran a conocer los gastos que realiza Ricardo Anaya, dirigente nacional panista, y luego de ser calificado como mentiroso por el líder del PRI, Enrique Ochoa, el presidente del PAN pidió que revisen su declaración 3de3.
“No tengo absolutamente nada que ocultar y por eso he estado siempre dispuesto a dar la cara y aclarar cualquier imputación en mi contra”, asegura Anaya en una carta dirigida al Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y a Transparencia Mexicana, en la que pide “que me respondan si incurrí en alguna omisión, o bien confirmen que presenté mi declaración “3 de 3” cumpliendo con todos los criterios requeridos”.
En la carta, Ricardo Anaya reiteró que desde el año pasado presentó su declaración patrimonial, fiscal y de intereses en la plataforma de la asociación, pero que, a raíz de los comentarios del presidente nacional del PRI deseó que el IMCO y Transparencia Mexicana le dieran una respuesta.
Este domingo 6 de noviembre, Transparencia Mexicana y el IMCO respondieron a la pregunta de Anaya, respecto a si tenía que declarar los ingresos de las personas morales en las que tiene una participación accionaria:
“¿Estaba yo obligado a declarar los ingresos de esas personas morales en la SECCIÓN TERCERA de la declaración, o en algún otro apartado de la misma? ¿Incurrí en alguna omisión al no detallar el monto de los ingresos de las dos personas morales referidas?”, pregúntó.
El IMCO y Transparencia Mexicana respondieron a través de una carta a Anaya que esos montos no tenían que incluirse como ingresos en su declaración.
“Los ingresos que hubieran percibido las personas morales Cintla S de RL de CV y Juniserra S de RL de CV en 2014, no forman parte de los ingresos de la persona física Ricardo Anaya C. y por lo tanto, efectivamente, no tenían que incluirse, como ingresos, en la declaración patrimonial”, fue la respuesta de las instituciones a través de una carta.
Sin embargo también aclaran que las declaraciones 3de3 son voluntarias y no se rigen por derecho público por lo que “ninguna de las organizaciones convocantes tienen facultades o atribuciones para auditar la veracidad de la información presentada por el declarante. La responsabilidad sobre la veracidad corresponde al declarante”.
“Como queda evidenciado en la respuesta de Transparencia Mexicana y del IMCO, está absolutamente claro que: Sí declaré con toda oportunidad mi participación accionaria en las empresas Cintla S de RL de CV y Juniserra S de RL de CV.”, indicó Anaya en un comunicado.
“También queda absolutamente claro que no incurrir en omisión alguna al no detallar los ingresos de esas empresas pues el formato respectivo no lo permite ni lo requiere”, agregó.
El 3 de noviembre pasado, Ricardo Anaya, explicó que hace viajes de fin de semana a Atlanta, en Estados Unidos, para visitar a su familia, y detalló cuál es su gasto por la renta de una propiedad y la colegiatura de sus hijos en aquel país.
Dijo que lo que gana como dirigente del panismo y las empresas que tiene junto a su esposa sí dan para pagar esos gastos en territorio estadounidense. Además negó que sus viajes sean de lujo, o de primera clase, o que tenga propiedades en aquel país.
“Tengo tres gastos fuertes”, dijo Anaya: el pago de la renta de una casa en Estados Unidos y los pagos de la colegiatura de sus hijos.
Sumando renta y colegiatura, el monto es de 7,525 dólares al mes, lo que equivale a 142 mil 975 pesos.
La carta que Ricardo Anaya le envió al IMCO y a Transparencia Mexicana
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Jóvenes en la Casa Hogar de Guerrero acusaron un presunto maltrato de la directora, que fue separada del cargo mientras avanza una indagatoria.
Un grupo de al menos 22 menores escapó el domingo pasado de una Casa Hogar del DIF en Chilpancingo, Guerrero, tras reclamar presuntos malos tratos de la directora, que fue separada del cargo mientras se realiza una investigación.
De acuerdo con el medio El Sur de Guerrero, la policía estatal intervino y hasta este lunes al menos 18 de los jóvenes ya fueron ubicados.
Su salida de las instalaciones -abrieron la puerta principal y salieron corriendo- se dio después de que acusaran que los responsables de la Casa Hogar presuntamente les habían quitado sus pertenencias, y que les daban comida descompuesta.
También señalaron un supuesto acoso sexual a las niñas, de parte de la directora, Jazmín Terrazas Valente, y supuestas amenazas de enviarlos a un tutelar de menores, para que no denuncien.
En un video publicado por El Sur, se escucha a los menores hacer las acusaciones desde la ventana de la Casa Hogar, donde se atiende a niños con problemas de violencia, o que sufrieron abandono.
El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, informó que Terrazas Valente fue separada del cargo de directora, y que está en marcha una indagatoria, indicó Reforma.
En ella se escucharía la versión de los menores, desde niños a adolescentes. Además intervendrá en el caso la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Antes el director de Asistencia Jurídica y Atención a la Infancia del DIF estatal, Manuel Saavedra, rechazó que sea verdad lo que denunciaron los menores, en cuanto a los maltratos.
Dijo que la llegada de dos menores de la Ciudad de México pudo originar las situaciones problemáticas o de confusión en la Casa Hogar, porque presumieron ante los demás que tendrían un trato preferente.
Según El Sur, una psicoterapeuta dijo que la protesta de menores se dio tras una revisión a sus pertenencias, que no les gustó.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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El Fiscal de Morelos reiteró que el asesinato de los cuatro estudiantes de la prepa de la AUEM fue por un presunto altercado vial que tuvieron los menores con sus victimarios.
La Fiscalía de Morelos confirmó la detención de cinco hombres como los presuntos responsables del homicidio de los cuatro estudiantes de la Preparatoria de Jojutla de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (AUEM). Además, aseguró que cuenta con pruebas contundentes, entre ellas imágenes, para “demostrar” la culpabilidad de los inculpados.
En rueda de prensa, el Fiscal de Morelos Javier Pérez Durón confirmó la identificación, ubicación y detención, con ordenes de aprehensión, contra cinco presuntos homicidas señalados solo como Luis “N”, Carlos “N”, Iván “N” , Sergio “N” y Oscar “N”.
La captura fue derivada de una orden de aprehensión girada a raíz de la indagatoria de los agentes ministeriales que contaban con líneas de investigación “muy sólidas” que les permitieron establecer las circunstancias y la identidad de los posibles asesinos, subrayó Pérez Durón.
“En virtud de que el juez de control determinó que existen elementos suficientes para atribuir el hecho delictivo y la probable participación de estas personas en este homicidio” agregó.
Un altercado vial que tuvieron los jóvenes contra los criminales en la calle Niños Héroes sería el móvil del crimen, de acuerdo a lo anunciado por la FGE.
“¿Por qué hablamos que tuvieron un altercado? tenemos imágenes, que en su momento haremos llegar, en donde se ve que tienen este altercado. […] parece que tienen un roce con los vehículos y ahí empieza”-
El Fiscal descartó que el crimen tenga relación con la delincuencia organizada, ya que, hasta el momento no hay información que vincule a los detenidos con alguna célula criminal; sin embargo, sostuvo que en el transcurso del proceso penal se investigará si los sujetos están implicados en otros homicidios.
El pasado 2 de noviembre encontraron en la colonia Miguel Hidalgo de Yautepec, Morelos los cuerpos de Alejandro Medina Juárez, Melesio Pizaña Flores, Alberto Emiliano Sánchez López y Francisco Emiliano Carmona Servín, estudiantes de primero y segundo año de la Preparatoria de Jojutla de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
Desde el hallazgo la Fiscalía General del estado descartó que se trataba de una ejecución por parte los grupos del crimen organizado, debido a que no se advierten impactos por arma de fuego. Los Servicios Médicos Forenses informaron que al momento de realizar los levantamientos de los cuerpos encontraron lesiones en diferentes partes, causadas por arma punzo cortante.
Según la dependencia, las cuatro personas regresaban de una fiesta en el poblado de Ticumán, municipio de Tlaltizapán, abordaron un vehículo propiedad de uno de ellos pero nadie más supo de su paradero después hasta que los hallaron sin vida.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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¿Cuántos años necesita un político para hacerse rico? ¿Cuántos puestos requiere para incrementar su patrimonio? ¿En cuánto tiempo aumentará sus cuentas bancarias?
En México, a la vista de los hechos, los políticos necesitan dos o tres años para enriquecerse. La carrera vertiginosa por la corrupción de la clase política es ascendente y rápida.
Políticos en plan competitivo luchan día a día por obtener el primer lugar en robo al erario, en conflicto de intereses y enriquecimiento ilícito.
No importa el puesto. Su lema es “no me des, nomás ponme donde haya”. Si el Presidente roba, los gobernadores también; si los alcaldes roban, igualmente los regidores; si los senadores roban, ¿por qué no los diputados?; si los presidentes de partido se enriquecen a manos llenas, también lo pueden hacer los funcionarios de alto, medio y bajo nivel.
El caso es obtener beneficios, rendimientos económicos. Políticos de todos los colores hacen “negocios” a través de sus puestos. Tal vez, por eso, ellos no se sienten ni se perciben a sí mismos como corruptos o delincuentes.
Obtener contratos, recibir moches, quedarse con las partidas destinadas a cuestiones sociales, embolsarse los presupuestos a la atención de sus oficinas o asesores, es solamente algo normal. Finalmente todos lo hacen, ¿por qué ellos no?
La cultura de la corrupción en la que está sumida la clase política mexicana justifica el enriquecimiento, el aumento de nivel de vida de ellos, sus hijos y el resto de sus familiares.
Tal vez por eso, Ricardo Anaya, el “honesto” presidente del Partido Acción Nacional (PAN), sienta que su enriquecimiento es normal, lógico, casual, “cool”.
Con tan solo 37 años, este exponente del panismo más decente ha acumulado suficiente dinero como para tener a su familia viviendo en Atlanta, Estados Unidos, y sostener un ritmo de vida muy por encima de sus posibilidades económicas oficiales.
Su orgullo por su repentina prosperidad es tanto que, este fin de semana como todos los anteriores, viajó hasta Atlanta, para estar con su querida familia a pesar de las críticas en su contra.
Y es que el señorito Ricardo Anaya ha sido el adalid anticorrupción del PAN. Con esa carita de bueno, parece que no quiebra un plato, pero tiene toda la vajilla hecha añicos.
“Aquí lo que importa son los hechos y no las palabras: en los primeros 100 días a partir de que yo reciba mi constancia voy a integrar un órgano verdaderamente autónomo e independiente para investigar con objetividad pero sobre todo para sancionar con severidad a quien cometa un acto de corrupción dentro de Acción Nacional”, dijo el pasado 5 de junio.
Su hermosos discurso no corresponde con sus hechos. El señorito Anaya carece de congruencia. Por una parte, dice que investigará los actos de corrupción; por otra, su nivel de vida no corresponde con sus ingresos.
Pero hagamos un recuento de la carrera meteórica para la súbita fortuna del líder nacional del PAN. Sus inicios se sitúan en Querétaro, donde fue secretario particular del ex Gobernador Francisco Garrido Patrón, de 2003 a 2009, un gobierno seriamente cuestionado por la corrupción y las obras inconclusas.
Anaya se ganó entonces el apodo de “El Cerillo” porque todo lo que toca lo quema. Hay que reconocerle al joven trepador que en muy poco tiempo supo operar los fondos necesarios para las campañas electorales, esos mismos fondos que después no supo explicar su procedencia.
De hecho, la ex Diputada federal panista María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez denunció que Ricardo Anaya se robó 20 millones de pesos del grupo parlamentario del PAN en 2015. La ex Diputada dice que el discurso anticorrupción de Anaya no corresponde con la realidad, ya que en ese entonces el ex Diputado Damián Zepeda tenía los números del faltante de 20 millones y actualmente es el Secretario de la dirigencia nacional del PAN.
Más allá de la vida lujosa de Anaya, lo que más sorprende es que su familia viva en Estados Unidos desde hace año y medio. Al parecer el líder nacional del PAN piensa que su familia no tiene por qué vivir en un país tan violento y tan malo como México y por eso prefiere trasladarlos al vecino país. Una incongruencia más.
El origen de la renta de su casa en Atlanta, en Bishop Lake Road, el pago de tres colegiaturas en una de las escuelas privadas más exclusivas y los boletos aéreos semanales que compra para ir a ver a su familia, son un auténtico misterio.
El contesta muy “cool” diciendo que todo le parece normal: “No son lujos. Es una oportunidad que a mí me dieron mis padres y yo se la quiero dar a mis hijos”.
¡Fantástico! Uno se pregunta por qué el señorito Anaya no se va a vivir a Estados Unidos definitivamente. Total, esos 231 mil dólares anuales, unos 5 millones de pesos, ya los tiene. Según él, paga 3 mil 500 dólares al mes de renta, es decir, 67 mil 900 pesos, unos 814 mil 800 pesos y la colegiatura de sus tres hijos en High Meadows School representan sólo 80 mil pesos mensuales, un total de 960 mil pesos. A esto hay que añadirle su departamento en la Ciudad de México ubicado en Reforma, por el que afirma paga 14 mil pesos al mes y la hipoteca que paga de 5.5 millones de pesos.
Con 37 añitos, la pregunta surge inmediatamente. ¿Cuántos años necesito el joven Ricardo Anaya para enriquecerse?
La filtración de esta información ciertamente es un golpe bajo, un fuego amigo de su propio partido, particularmente de Felipe Calderón, el ex presidente que quiere todo para su señora esposa Margarita Zavala, con quien Anaya lleva una guerra abierta para convertirse en candidato a la presidencia por el PAN.
Los panistas la tienen fácil, solo tiene que decidir entre ¿la corrupción de Ricardo Anaya o la corrupción de los Calderón? Este es el espectáculo de las manos limpias del PAN rumbo al 2018.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-11-2016/3112401
A unas horas de que el Gobierno de Javier Corral Jurado se pronuncie sobre el déficit de más de 7 mil 200 millones de pesos que le heredó la administración del priista César Duarte Jáquez –además de una deuda pública histórica por 42 mil millones de pesos–, funcionarios estatales y el propio mandatario loca destacan la corrresponsabilidad del Gobierno federal y, en especial, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que no frenó ni advirtió en la entidad lo que hoy es una situación de desfalco y cuya falta de liquidez amenaza con paralizar actividades.
Luego de que el Gobierno del priísta César Duarte Jáquez dejara en Chihuahua una deuda por más 42 mil millones de pesos y un déficit por otros 7 mil 200, la Presidencia de Enrique Peña Nieto recortó a menos de la mitad los recursos ofrecidos a la nueva administración del panista Javier Corral Jurado.
Datos obtenidos en el Gobierno estatal indican que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) había ofrecido 900 millones de pesos para que Corral Jurado enfrentara las obligaciones del cierre de la administración anterior. El pasado viernes, sin embargo, el Subsecretario de Egresos de la SHCP, Fernando Galindo Favela, redujo el ofrecimiento a sólo 423 millones de pesos.
El Secretario de Hacienda de Chihuahua, Arturo Fuentes Vélez, dará a conocer hoy en conferencia de prensa detalles sobre la generación del déficit de más de 7 mil 200 millones de pesos encontrados en las finanzas públicas; cantidad superior a los 2 mil 500 millones de pesos que esperaba encontrar el nuevo Gobierno estatal y que, informó el funcionario, eran los establecidos en los compromisos de la “reestructura” de la deuda del estado.
El Gobierno anterior, indican los datos de la administración entrante, ocultó deudas, contrató empresas sin acreditar la entrega de los bienes o servicios y, entre otros compromisos, generó uno por mil 300 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Hay pagos pendientes a proveedores; hay aportaciones a convenios federales que no se han realizado, un adeudo con la Comisión Federal de Electricidad, de mil 300 millones de pesos, por un convenio que se firmó con la administración anterior y el Estado no hizo las aportaciones”, dijo Fuentes Vélez ayer domingo.
De acuerdo con lo que ha reportado Corral a los medios de Chihuahua, la situación financiera heredada por Duarte Jáquez puede ser calificada de “desfalco” y ha puesto en riesgo incluso la dotación de gasolina para el parque vehicular de la Fiscalía General del Estado, justo en un periodo de aumento de la violencia en aquella entidad fronteriza.
“Chihuahua no puede enfrentar solo, ni siquiera con el crédito de corto plazo que hemos pedido, de mil 800 millones de pesos, este desfalco, porque estamos ante un desfalco, es más que una crisis financiera: es un problema de caja, no hay liquidez, nos falta dinero hasta para pagar la gasolina de la mitad del parque vehicular en términos, por ejemplo, de la Fiscalía General”, dijo Corral el jueves ante los medios de Ciudad Juárez.
Y en este “desfalco”, ha señalado también el nuevo Gobierno panista, Peña Nieto tiene “corresponsabilidad” debido a que la Secretaría de Hacienda, entonces a cargo de Luis Videgaray Caso, debió haber vigilado que Duarte Jáquez no rebasara el nivel de déficit que le ordenaba la reestructura de su deuda.
“Cuando se firma el Fideicomiso Maestro se establecen una serie de condiciones para el estado, cinco o seis cláusulas; hablan de no incrementar servicios personales, de mantener el déficit en cierto nivel, y ese nivel se suponía que se iba a llegar a cero en 2021, y obviamente con lo que encontramos es imposible llegar a cero en 2021”, dijo Fuentes Vélez.
“Ahí es donde señala el Gobernador que ese plan de ajuste no se cumplió, y de alguna manera hay responsabilidad de la Secretaría de Hacienda, que debería estar vigilando que se cumpliera”, agregó.
Pese a esta “corresponsabilidad” federal en la situación financiera de Chihuahua, sin embargo, la SHCP de Peña Nieto –ahora a cargo de José Antonio Meade– sostiene su negativa para enviar los recursos solicitados para el cierre de los compromisos del sexenio pasado.
“A otros estados les dieron 900, 1000, y 1200 millones de pesos. Todo apunta a un trato diferenciado [a Chihuahua]”, agregó ayer la información del nuevo Gobierno local.
Fuentes Vélez explicó que el déficit de más de 7 mil millones de pesos significa una violación a los términos del Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/0152, constituido el 26 de noviembre de 2013 entre la administración de Duarte Jáquez y la división Casa de Bolsa de la empresa Evercore, dirigida por Aspe Armella y antiguo lugar de trabajo de Videgaray.
Este fideicomiso, de acuerdo con un listado de los créditos adquiridos a su amparo y contenido en la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2016 del Estado de Chihuahua, permitió al ex Gobernador priísta obtener once préstamos por un total de 19 mil 725.1 millones de pesos; estos, adicionales a 23 mil que había acumulado hasta 2012.
La participación de Evercore –antes llamada Protego– aparece en los decretos oficiales del Estado de Chihuahua que dieron inicio a la tramitación de los diferentes créditos de Duarte.
De acuerdo con Fuentes Vélez, más que la empresa privada de Aspe, la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Fideicomiso era de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP; unidad a cargo de la funcionaria Marcela Andrade Martínez –también ex empleada de Evercore.
“[La responsabilidad de la SCHP era] que se cumplieran las cláusulas establecidas en el fideicomiso, concretamente a lo que se refiere el déficit. La coordinación principal es a través de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas”, agregó Fuentes.
El nuevo titular de la Hacienda chihuahuense explicó también que en las reuniones en las que se ha planteado este incumplimiento de parte de Duarte al Fideicomiso Evercore, la oficina a cargo de Andrade ha explicado que la Fedración partió “de la información que el Gobierno anterior (de Chihuahua) le daba”.
“OBSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA”
Mientras, la denuncia penal para que se investigue la participación del ex priísta César Duarte Jáquez en el Banco Unión Progreso enfrenta lo que el abogado que documentó este vínculo, Jaime García Chávez, califica de “obstrucción” de la justicia por parte de la Procuraduría General de la República.
Ante la falta de avances de la AP/PGR/UEAF/001/2014-09 la denuncia de hechos fue interpuesta el 23 de septiembre de 2014–, García Chávez se presentó esta mañana ante la entrada de la delegación estatal de la PGR para entregar un documento en el que denuncia la relación de “compadrazgo” entre Duarte y el nuevo Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, además de exigir la consignación del expediente.
“Le hacemos patente nuestra enérgica protesta por la obstrucción de la procuración de justicia en que ha caído la institución que hoy usted encabeza, dada su reciente designación, que no podemos ver sino inadecuada a la finalidad de combatir realmente la corrupción. En otras palabras, su trayectoria personal nos permite dudar razonablemente de la imparcialidad con la que ha de conducirse”, dice el escrito de García Chávez.
“Pero, más allá de esta circunstancia, no está de más que le recordemos que el expediente abierto (AP/PGR/UEAF/001/2014-09) contra el ex Gobernador y sus cómplices estuvo inicialmente en manos de Jesús Murillo Karam, para pasar luego a las de Arely Gómez, y ahora a las de usted”, agrega.
Desde la semana pasada, el abogado chihuahuense ha denunciado la dilación aplicada a una investigación “sencilla” y que debe solamente establecer con documentos el origen de 65 millones de pesos que el ex mandatario priísta aportó en 2012 al Fideicomiso 744773 y que lo hizo accionista de la entidad financiera.
“Dicha inestabilidad (los cambios en PGR) nos acarrea el perjuicio de que cada uno de los que va llegando –y en poco menos de dos años usted es el tercero– se toma el tiempo del mundo para imponerse de un expediente, abultado innecesaria y artificialmente, para sepultar con varias toneladas de papel un hecho tan sencillo y demostrable como el enriquecimiento ilícito del ex Gobernador, el conflicto de interés y los desmanes delictivos de sus cómplices”, agrega el escrito.
“Queremos decirle que ¡ya basta!, que la consignación del expediente a un tribunal competente está más que fundado para que se dicten las correspondientes órdenes de aprehensión y se les someta a juicio penal por así estar previsto en el orden jurídico vigente en el país”, cierra.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-11-2016/3112568
Ciudad de México. En votación dividida (siete votos a cuatro), el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la legitimación del PRD y del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para impugnar el derecho de réplica, previsto en la Ley Reglamentaria del artículo sexto constitucional, al considerar que se trata de un asunto electoral que les podría afectar.
En cambio, en votación unánime, el pleno dio entrada a la acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH, en la que impugna artículos de la misma ley, pero diferentes a los que cuestionan los partidos políticos mencionados.
De acuerdo con el ministro instructor, Alberto Gelacio Pérez Dayán, el punto fundamental que cuestionan PRD y Morena es que la norma limita el derecho de réplica de los partidos, precandidatos y candidatos a puestos de elección popular, respecto a información “inexacta” y “falsa” difundida por los medios de comunicación.
En su propuesta, Pérez Dayán le da la razón a los quejosos, con el argumento de que debe incluirse el concepto de información “agraviante” para lo cual proponen invalidar el precepto a efecto de que el Congreso de la Unión legisle e integre los tres conceptos referidos.
En tanto que, la CNDH se limita a demandar la invalidez de las sanciones, previstas en la norma, en contra de los medios de comunicación que no atiendan el derecho de réplica; propuesta que no es compartida en el proyecto de dictamen.
Los ministros Eduardo Medina Mora, Javier Laynez Potisek, Jorge Pardo y Margarita Luna Ramos, votaron en contra de la admisión de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por los partidos, por considerar que la Constitución sólo les permite impugnar por esta vía leyes electorales, lo cual no era el caso.
El ministro presidente, Luis María Aguilar, José Ramón Cossío, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Norma Lucía Piña Hernández, Fernando Franco, y Arturo Zaldívar, se sumaron a la propuesta de Pérez Dayán de validar la procedencia de la demanda de los institutos políticos.
Salvado este requisito, el pleno continuará este martes la discusión de este asunto.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JESÚS ARANDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/07/validan-impugnacion-de-prd-y-morena-al-derecho-a-replica
