La matanza de Tepochica, Iguala, es la prueba más reciente de que el estado de Guerrero está caliente y puede empeorar. Las autoridades han detectado el surgimiento de 19 grupos de autodefensa y la pugna que 18 organizaciones criminales mantienen por el control de la zona amapolera del estado, la más grande de México. Síntoma de la descomposición de la situación en el estado son los choques armados que recientemente han ocurrido en la región serrana y que han dejado un saldo de al menos 18 muertos. Paradójicamente, la estrategia contra el crimen en la entidad la dirigen funcionarios señalados en el sexenio pasado de estar ligados a los cárteles.
Los recientes hechos violentos en la sierra y en Iguala, que involucran al Ejército, advierten el recrudecimiento de la violencia en Guerrero y exhiben otro fracaso de la estrategia federal de seguridad. En el primer caso tres solados fueron asesinados en una emboscada y en el segundo, 14 civiles armados murieron en un presunto enfrentamiento con militares.
La estrategia contra el crimen organizado en Guerrero es dirigida –paradójicamente– por el general Juan Manuel Rico Gámez, actual comandante de la Novena Región Militar. En el sexenio pasado fue incluido en una lista negra de militares presuntamente vinculados con el Cártel de los Beltrán Leyva.
Miguel Ángel Vega Garcia, el contralor en las administraciones de Rosario Robles en la Sedesol y Sedatu que no sancionó La Estafa Maestra pese a que la Auditoría Superior de la Federación le solicitó en 15 ocasiones que investigara a funcionarios de ambas dependencias, por múltiples irregularidades, ahora forma parte del gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz como director Anticorrupción en la Contraloría estatal.
