Esta mañana fueron colocados 250 pares de zapatos rojos frente al palacio de gobierno de Michoacán para exigir justicia por el feminicidio de Jessica Villaseñor, educadora de 21 años asesinada por su pareja Diego Urik Melgoza.

Los zapatos también fueron colocados en las inmediaciones de la fuente Las Tarascas, en Morelia, para demandar a las autoridades el castigo a Urik Melgoza por el feminicidio de Jessica, ocurrido en septiembre de 2020.

En el caso de Mariana Sánchez, pasante de medicina cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el pasado 28 de enero en Ocosingo, Chiapas, “existen un cúmulo de violencias, omisiones, negligencias y una exacerbada ginopia estructural”, denunció la Red de Familiares de Víctimas de Feminicidios en Chiapas.

“Las instituciones dejaron sola a Mariana”, aseguró la Red, que calificó la muerte de la joven de 24 años como un “feminicidio de Estado”, pues dos meses antes de su muerte Mariana había denunciado el acoso y abuso sexual de los que había sido víctima en la clínica de Nueva Palestina, sin que hubiera respuesta efectiva de las autoridades tanto escolares como estatales.

El Gobierno de México buscará obtener más de 500 millones de dólares de la minera canadiense First Majestic Silver Corp “por los adeudos de los impuestos derivados de mantener artificialmente bajos los precios de la plata durante la última década”, de acuerdo con fuentes consultadas por la agencia Reuters.

La empresa debe, de acuerdo con auditorías citadas por Reuters, cerca de 11 mil millones de pesos, es decir, 534 millones de dólares.

Las filas a fuera de empresas distribuidoras de venta, renta o recarga de oxígeno no cesan a lo largo del día. Las páginas de Facebook de pequeñas distribuidoras reciben cientos y cientos de mensajes demandando la vía para poder seguir respirando. Las búsquedas en Google México de tanques, cilindros y concentradores de oxígeno se han incrementado de diciembre a la fecha, sobre todo en el Valle de México. Y, ante la desesperación, ha brotado el robo y mercado negro tanto de oxígeno como de supuestas vacunas contra la COVID-19 que ya tiene trabajando a la Guardia Nacional, a la Policía Cibernética y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

A pesar de seguir en Semáforo Rojo Epidemiológico, la Ciudad de México permitirá que alrededor de 59 mil 304 negocios del sector comercio vuelvan a abrir a partir del próximo martes 2 de febrero, luego de haber cerrado poco más de un mes ante el incremento de hospitalizaciones por la COVID-19 en la capital del país.

“Se da la oportunidad de operar a unidades económicas que, aunque no son considerados esenciales, pueden operar con el esquema de atender a través del mostrador hacia la vía pública, lo que servirá para seguir impulsando la dinámica económica de la Ciudad”, explicó la Secretaría de Desarrollo Económico capitalina (Sedeco), por lo que centros comerciales y plazas departamentales no podrán operar y deberán esperar hasta el 8 de febrero para abrir.

Politólogos y sociólogos expertos en seguridad nacional coinciden en cinco amenazas y riesgos para México en el año que inicia, adicionales al de la enfermedad de jefe de Estado, Andrés Manuel López Obrador, quien dio positivo a Covid-19 el pasado domingo 24 de enero y con síntomas muy leves, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud.

Destacan un posible rebrote del SARS-CoV-2 con cepas que no cubran las vacunas y las probables tensiones en la relación con Estados Unidos. Los otros tres son el colapso de sectores económicos enteros, un proceso electoral violento, y las consecuencias de haber anclado, por décadas, toda la economía mexicana a la estadunidense cuando ésta se encuentra en declive frente a la china.

El consorcio formado por empresas de Grupo México, del magnate minero Germán Larrea Mota Velasco, y del grupo español Acciona –uno de los más favorecidos por contratos de obra pública durante el sexenio de Enrique Peña Nieto– construirá la parte del Tramo 5 Sur del Tren Maya que unirá Playa del Carmen a Tulum, por 17 mil 815 millones de pesos.

Así, el presidente de Grupo México, hijo de Jorge Larrea Ortega –quien se volvió multimillonario durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari– y otrora enemigo político de Andrés Manuel López Obrador –durante las elecciones de 2018 difundió una carta a sus empleados para que no votaran por el entonces candidato de Morena– se suma a la lista de los contratistas del Tren Maya, el proyecto más emblemático del gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

Acumen Telecomunicaciones S.A de C.V., compañía que es investigada por la FGR por presuntamente haber formado parte de un esquema de desvíos millonarios de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), fue contratada por las administraciones del Estado de México y de Campeche, ambas del PRI, para adquirir equipos de espionaje.

Entre 2015 y 2018, los gobiernos del exgobernador Eruviel Ávila y de Alejandro Moreno Cárdenas -mandatario con licencia y hoy dirigente nacional del PRI- adjudicaron a dicha empresa contratos por 90 millones 927 mil 938 pesos, IVA incluido, para la compra de aparatos y licencias de espionaje fabricados por la firma estadounidense de ciberseguridad e inteligencia Verint Systems Inc., que ha tenido nexos con exfuncionarios militares de Israel.

Un grupo de migrantes guatemaltecos sobrevivió a la masacre de Camargo, Tamaulipas, y ya se encuentran en territorio estadounidense, afirmó el alcalde de Comitancillo, en Guatemala, Héctor Lopez Ramírez.

El caso del multihomicidio ha dado un giro por la confirmación de la existencia de testigos y de que los presuntos traficantes de personas eran padre e hijo, este último identificado como Adán Coronado Marroquín, quien se presume es una de las víctimas.

El cuerpo del comandante de la Policía Municipal de Misantla, Baruch Pérez León, fue encontrado la mañana de este viernes en el punto conocido como “La Curva", muy cerca del basurero de Martínez de la Torre.

Pérez León había sido reportado como desaparecido el jueves; su cuerpo tenía huellas de tortura e impactos de bala.

A punto de cumplir un mes en cautiverio, una de las tres mujeres detenidas porque presuntamente manipuló el lugar de los hechos donde fue asesinado el exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, teme ser asesinada.

Así se desprende de la demanda de amparo interpuesta por Cassandra Lizeth N., una de las trabajadoras del bar “Distrito 5”, ubicado en la colonia Pluvial, en Puerto Vallarta, donde la madrugada del 18 de diciembre fue ejecutado a tiros el ex mandatario.

Solamente superado por Estados Unidos, México, de entre el resto de las naciones del planeta, fue el segundo país que más decesos registró a causa de covid-19 durante el jueves 28, de acuerdo con las estadísticas de la Universidad Johns Hopkins.

En las últimas 24 horas la pandemia provocó la muerte de 3 mil 872 personas en Estados Unidos, la nación del planeta que supera a todos en decesos acumulados y contagios desde principios del año pasado cuando se comenzó a documentar el arrastre humano del virus en el planeta.

La reforma a la Ley de Seguridad Nacional que promovió el gobierno federal no sólo debía ordenar y fijar reglas de cooperación con agencias del mundo, para impedir que éstas violen la soberanía del país; sino también prever riesgos y amenazas globales y unificar en un solo mando los órganos de inteligencia del Estado bajo la tutela del presidente de la República, lo que no contempló la iniciativa enviada al Congreso y aprobada en diciembre pasado, señalan expertos en seguridad nacional e inteligencia estratégica.

Manuel Balcázar Villarreal, doctor en administración pública por el Instituto de Administración Pública de Chiapas, observa que la figura del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) no está sesionando en todo su potencial, tiene un sesgo de operatividad en la toma de decisiones del gabinete de seguridad.

Durante la conferencia matutina del gobierno federal, el funcionario señaló que esta circunstancia se debe al “incremento en la confrontación entre grupos delictivos en diversas regiones del país”.

Sin recursos financieros –se los gastaron en un dispendio atroz– el DIF estatal del estado de Morelos, que encabeza Natalia Rezende Moreira, esposa del Gobernador Cuauhtémoc Blanco, enfrenta una situación caótica como consecuencia de la corrupción sin freno que priva en el interior de esa institución.

En 2020, la economía mexicana se desplomó en un 8.5 por ciento a causa de la pandemia de COVID-19, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esta es la peor caída del Producto Interno Bruto (PIB) en 89 años, pues la mayor contracción de la que se tenía registro era por la depresión económica en 1932.

Además, este es el segundo año consecutivo en que México reporta una caída económica. Sin embargo, el margen de comparación es muy grande, ya que en 2019 la contracción fue de 0.1 por ciento.

Mariana Sánchez, estudiante de Medicina de 24 años de edad, fue asesinada a las afueras de la clínica donde realiza su servicio social, ubicada en el municipio de Ocosingo, Chiapas.

En redes sociales se difundió el caso de la joven que fue hallada sin vida el pasado 28 de enero afuera del hospital de la comunicad Nueva Palestina.

De acuerdo con la información, dos meses antes Mariana hizo una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas por un ataque sexual que sufrió a manos de un integrante de la comunidad. Sin embargo, la denuncia nunca tuvo seguimiento.

El juzgado tercero de distrito con sede en Yucatán otorgó a pobladores mayas del municipio de Chapab la suspensión provisional de un granja porcícola, perteneciente a la Unión de Aparceros Chapab y a la Productora Pecuaria de Yucatán, acusada de hacer uso indebido de las tierras y contaminar el territorio.

La suspensión provisional estará vigente mientras se verifica que la granja cuenta con los permisos ambientales para operar, luego de que la comunidad maya interpusiera un amparo ante la amenaza ambiental que representa y la falta de información a los pobladores.

La guerra contra los pueblos para imponer megaproyectos en su territorio «es tan clara, que a los militares se les están asignando obras como el Tren Maya o el Aeropuerto de Santa Lucía», a pesar de que las comunidades se opongan a su instalación y operación, denunciaron el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG) y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos, Puebla, Tlaxcala.

En un pronunciamiento conjunto, el CNI-CIG y el FPDTA acusaron que a través de la militarización del país y de la seguridad pública se pretende proteger los grandes megaproyectos «y todo el despojo y la explotación provocados por el modelo extractivista del gobierno federal».