Surge como respuesta a la acusación de 26 funcionarios de la Alcaldía Benito Juárez involucrados en el "Cartel Inmobiliario".
El Código Penal de la Ciudad de México introdujo el término de corrupción inmobiliaria, buscando evidenciar y sancionar a los permisos de construcción otorgados a cambio de obtener ilícitamente beneficios económicos o de propiedades, los cuales serán castigados con la pena de prisión desde los 10 hasta los 20 años, independientemente de las otras sanciones que se comentan.