Al actual Gobierno de Chihuahua, el priista César Duarte Jáquez no le dejó ni para pagar la gasolina de los vehículos, dijo Arturo Fuentes Vélez, Secretario de Hacienda de la entidad. En conferencia de prensa, el funcionario afirmó que el ex Gobernador dejó en caja 21 millones de pesos para la operación y antes de irse desaparecieron 6 mil millones de pesos de un crédito contratado casi a última hora. La situación financiera de Chihuahua, destacó, es aún peor que la que dejó en Veracruz el también priista Javier Duarte de Ochoa, y hoy cada ciudadano del estado debe 11 mil 308 pesos.
El Gobierno entrante de Chihuahua reportó hoy enfrentar problemas de operación debido a que las deudas de la administración anterior redujeron a 21 millones de pesos el “saldo de caja” disponible al día siguiente de la toma de posesión del panista Javier Corral Jurado.
“El día que recibimos, recibimos un saldo de caja de 594 millones de pesos; pero, de esos 594 millones de pesos, 573 estaban comprometidos para entregarse a los municipios al día siguiente prácticamente, el día 5; quiere decir que el disponible que tenía el estado era de solamente 21 millones de pesos”, dijo hoy en la ciudad de Chihuahua el Secretario de Hacienda del nuevo Gobierno, Arturo Fuentes Vélez.
“La totalidad de los recursos del crédito que se contrató de 6 mil millones de pesos (…) fueron dispuestos en la administración anterior”, agregó el funcionario con relación al último préstamo gestionado en los días finales de la administración del priísta César Duarte.
En conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno para difundir el diagnóstico de las finanzas públicas encontradas, Fuentes Vélez insistió en que, “en contexto”, la situación financiera generada por Duarte Jáquez en Chihuahua es peor que la de su homólogo veracruzano Javier Duarte de Ochoa.
“Cuando nos vamos a ver la deuda de los estados en relación al Producto Interno Bruto estatal, la de Chihuahua es la más alta en todo el país: un 8.3 por ciento; en contraste, la de Veracruz es un 4.7 por ciento del PIB estatal”, dijo.
“Y el otro dato importante es la deuda pública por habitante, donde la nuestra duplica la deuda de Veracruz. La nuestra está en 11 mil 308 pesos por habitante (…) mientras que cada veracruzano o veracruzana debe cinco mil 621 pesos”, agregó Fuentes Vélez.
La presentación del funcionario –difundida por la oficina de Comunicación Social estatal– agregó información que muestra cómo la deuda pública del Estado de Chihuahua se encuentra actualmente en más de 55 mil millones de pesos; 48 mil 213 millones registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y otros siete mil encontrados en otras facturas pendientes de pago.
Eso, insistió, Fuentes, al 28 de octubre, debido a que, conforme aumenten las revisiones de lo encontrado en cada dependencia, prevé, los pasivos pueden aumentar hasta 200 millones de pesos sólo en una semana.
NI PARA GASOLINA…
Ante la falta de liquidez, la nueva administración del ex Senador panista Javier Corral Jurado reportó también enfrentar problemas diversos, desde el abastecimiento de medicamentos en los hospitales responsabilidad del estado, hasta el parque vehicular de todas las dependencias, como las encargadas de la seguridad pública.
“¿Qué efectos tiene una deuda de esta magnitud? Pues claro que el primero, y algunos de estos son los que hemos estado reportando, el desabasto de medicinas en hospitales públicos y, obviamente, los adeudos que se tienen también en el tema de medicamentos y hospitales”, dijo Fuentes Vélez.
“La suspensión de apoyos en programas estatales o de obras en proceso; la limitada capacidad de la operación del Gobierno y las restricciones en el mantenimiento en la operación de vehículos de seguridad pública, y no sólo de seguridad pública, sino de todas las dependencias en general”, agregó.
Otra información difundida hoy por el nuevo Gobierno de Chihuahua está relacionada con “hallazgos preliminares en materia de corrupción”, y que detectaron pagos por 486 millones de pesos a una empresa creada en 2012 y que proveyó materiales a precios, dijo Fuentes Vélez, por encima del mercado.
El nombre de esta compañía fue mantenido “en reserva” por el funcionario, que sólo agregó que, a diferencia de otras, las facturas de la nueva empresa sí fueron liquidadas.
También dijo haber encontrado pagos por 512 millones de pesos por asesorías sin justificación o evidencia del trabajo realizado solamente en 2016, así como un gasto de dos mil 736 millones de pesos para contratos de publicidad o “publicaciones” entre 2013 y este año; es decir, unos 82.9 millones de pesos mensuales en difusión de las actividades del anterior Gobierno.
“Solamente en 2016, la cantidad en publicaciones representa 10 veces lo que se destina a pueblos indígenas”, dijo Fuentes Vélez en su presentación.
Otros datos difundidos fueron sobre el uso “discrecional” del helicóptero del estado y que Duarte, dijo Fuentes, utilizó “sin justificación” en al menos 50 ocasiones en los últimos dos años para acudir a sus propiedades en el sur del estado de Chihuahua. También, que dispuso de 127 millones de pesos para adquirir una nueva aeronave a través de una adjudicación directa y sin esperar a la resolución de la compañía aseguradora a la que se le reclama todavía el pago de la que fue siniestrada en agosto de 2015, con el ex mandatario y su esposa a bordo.
Desde este fin de semana, el Gobierno de Corral reportó que, además de haber recibido una grave deuda pública, enfrenta la negativa de la Secretaría de Hacienda del Gobierno federal a apoyar su gestión con recursos adicionales tanto al presupuesto de 2017 como para hacer frente al cierre de la administración anterior.
Datos obtenidos en el Gobierno estatal indican que la SCHP había ofrecido 900 millones de pesos para que Corral enfrentara las obligaciones del cierre de la administración anterior. El pasado viernes, sin embargo, el Subsecretario de Egresos de la SHCP, Fernando Galindo Favela, redujo el ofrecimiento a sólo 423 millones de pesos.
Ayer, este medio solicitó información a la SCHP sobre el reporte del Gobierno de Chihuahua, pero no hubo respuesta.
De acuerdo con lo que ha reportado Corral en Chihuahua, la situación financiera heredada por Duarte puede ser calificada de “desfalco” y contó con la “corresponsabilidad” de la federación debido a que ésta no vigiló que el priísta no aumentara el déficit.
No aumentar el déficit, agregó la información del nuevo Gobierno, era a su vez parte de las condiciones del Fideicomiso Maestro F/152 a través del cual se generó la “reestructura” de la deuda de Duarte y que fue administrado por la Casa de Bolsa Evercore, propiedad del ex Secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella.
“Cuando se firma el Fideicomiso Maestro se establecen una serie de condiciones para el estado, cinco o seis cláusulas; hablan de no incrementar servicios personales, de mantener el déficit en cierto nivel, y ese nivel se suponía que se iba a llegar a cero en 2021, y obviamente con lo que encontramos es imposible llegar a cero en 2021”, dijo Fuentes Vélez el domingo.
“Ahí es donde señala el Gobernador [Javier Corral] que ese plan de ajuste no se cumplió, y de alguna manera hay responsabilidad de la Secretaría de Hacienda, que debería estar vigilando que se cumpliera”, agregó.
Pese a esta “corresponsabilidad” federal en la situación financiera de Chihuahua, sin embargo, la SHCP de Peña Nieto –ahora a cargo de José Antonio Meade Kuribreña– sostiene su negativa para enviar los recursos solicitados para el cierre de los compromisos del sexenio pasado.
“A otros estados les dieron 900, 1000, y 1,200 millones de pesos. Todo apunta a un trato diferenciado (a Chihuahua)”, agregó la información del nuevo Gobierno de la entidad.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-11-2016/3112678
Ciudad de México. Estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco, del IPN, mantienen este martes un paro de labores en demanda de que las autoridades de institución entablen una mesa de diálogo con ellos para discutir asuntos relacionados con los planes y programas de estudio que se ofrecen en la escuela.
A finales de octubre, un grupo de estudiantes de la ESIME Zacatenco presentó un pliego petitorio a la Dirección General del Politécnico en el que piden que se garantice que se respetarán los planes y programas de estudio de las carreras que imparte la escuela, entre otros puntos.
Desde entonces ha habido algunos acercamientos entre los estudiantes y las autoridades. El lunes mismo se tenía contemplada la celebración de una mesa de diálogo entre representantes de la Dirección General del IPN y alumnos de la ESIME, pero esta no se concretó.
Los estudiantes en paro demandan a la Dirección que reciba a una comisión de seis alumnos y dos profesores en un auditorio en el que se permita el acceso a cualquier miembro de la comunidad de la ESIME -que tiene 10 mil estudiantes- que quiera seguir la discusión.
Las autoridades han ofrecido recibir hoy al mediodía a los alumnos en la Sala de Ex Directores Generales del edificio sede de la Dirección General del Politécnico.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/08/paro-estudiantil-en-esime-zacatenco
Acapulco es sede de la Sesión Ordinaria de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, donde se analizarán temas relacionados con el combate a la pobreza.
El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, dijo que a pesar del momento complicado que vive el país en materia de pobreza y desigualdad, las cifras de los últimos años indican que hay avances.
“El gobierno federal ha puesto en marcha la Estrategia Nacional de Inclusión Social, que articula los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, el sector empresarial, la sociedad civil organizada y las instituciones académicas para abatir la pobreza”, dijo el mandatario estatal al inaugurar la III Sesión Ordinaria de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, con sede en el puerto turístico de Acapulco.
Agregó que “a pesar de los enormes obstáculos, a pesar de las inercias y de las dificultades, en Guerrero estamos trabajando para dar a más personas las oportunidades y herramientas que necesitan para salir adelante, puntualizó que los gobiernos debe someterse a evaluaciones permanentes, a mediciones constantes, a pruebas de efectividad y eficacia”.
En el mismo hecho, el subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Francisco Javier García Bejos, dijo que el esfuerzo que se hace en materia de política social está sirviendo en México, y se avanza en el ataque a la pobreza.Ante el gobernador Astudillo, el funcionario federal precisó que los resultados son importantes en el combate a la pobreza y hay que avanzar más rápido.
“Por eso tenemos muchos millones de razones en cada estado y cada municipio, para que nos coordinemos mejor y compartamos información y usemos más eficientemente los recursos”, señaló.
En la reunión en las instalaciones del Forum Mundo Imperial, que se lleva acabo a puerta cerrada, se analizarán temas relacionados con el combate a la pobreza y participan representantes de otros países para intercambiar experiencias.
En el caso de Guerrero, dijo que gracias a la firma del acuerdo Guerrero Próspero e Incluyente que encabezó hace algunos meses el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se han ejercido acciones sustantivas sin precedentes en materia social como la red de más de mil 100 comedores.
En materia de Salud se han registrado más 300 mil nuevas afiliaciones al Seguro Popular y más de 140 mil estudiantes, ahora están afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Socia (IMSS). Además destacó el esfuerzo para que 1.5 millones de personas más en Guerrero cuenten con estufa ecológica.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/avanza-combate-la-pobreza-guerrero-afirma-gobernador/
Apenas el mes pasado el PRI y el PAN se habían asegurado de que incondicionales suyos fueran los encargados de calificar las elecciones presidenciales de 2018. Pero no les bastó, de modo que maniobraron en el Congreso para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y hacer que, pese al rechazo de la sociedad, sus magistrados afines participen también en la calificación de la siguiente contienda presidencial, la de 2024.
CIUDAD DE MÉXICO: El PRI y el PAN se aseguraron los jueces que calificarán las elecciones presidenciales de 2018 y 2024. En una maniobra legislativa de última hora, con la comparsa del Partido Verde y del PRD en el Senado, prolongaron los periodos de cuatro de los siete magistrados electorales en beneficio de los dos partidos que se han intercambiado la Presidencia de la República desde el año 2000.
De un plumazo y sordos ante el rechazo de organizaciones sociales, el PRI y un fraccionado PAN echaron abajo la disposición de la reforma electoral de 2007 que había fijado plazos específicos en el cargo de los magistrados electorales que fueran electos este año para integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), máxima autoridad jurisdiccional en la materia.
No les bastó con el arreglo que habían hecho apenas el 20 de octubre para la calificación de la elección presidencial de 2018, en el que ya habían colocado sus fichas. Entre el 27 de octubre y el viernes 4, con el puente del Día de Muertos de por medio, los partidos maniobraron en el Senado y la Cámara de Diputados para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con ello hacer que sus magistrados afines participen también en la calificación de la presidencial de 2024.
Por lo menos dos de ellos tienen clara filiación al PRI y al PAN: José Luis Vargas Valdez, quien trabajó para el gobierno de Felipe Calderón pero que en las controversias electorales en Colima y Sonora encabezó la defensa del PRI; y Reyes Rodríguez Mondragón, apadrinado por el senador panista Roberto Gil Zuarth y también excolaborador de Calderón.
En la misma semana en la que el presidente Enrique Peña Nieto premió a su antecesor en una ceremonia privada en el ITAM, “por su contribución al desarrollo del país”, los partidos también ampliaron el plazo como magistrado de Felipe Alfredo Fuentes Barrera, a quien durante el jaloneo en el Congreso se le ubicó como cercano a Humberto Castillejos Cervantes, actual consejero jurídico de Peña Nieto en la Presidencia, pero que también trabajó para Calderón en la Procuraduría General de la República (PGR).
El cuarto beneficiado es el exconsejero del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) Indalfer Infante González, promovido por el PRD pero que desde que el propio Senado lo designó en 2009 en ese cargo del Poder Judicial ha tenido el respaldo del PAN.
Tan apresurada fue la maniobra que en un breve protocolo de menos de 10 minutos los cuatro magistrados juraron ante el pleno del Senado al mediodía del viernes 4, apenas unas horas antes de que por ley tuviera lugar la primera sesión del pleno de la nueva Sala Superior.
Beneficios colaterales
El beneficio no sólo es para los partidos. Al prolongar su estadía como máximas autoridades electorales jurisdiccionales, los magistrados prolongarán su millonario cobro anual. Cada uno de los siete integrantes de la Sala Superior ganará más de cuatro millones y medio de pesos al año, según el proyecto de Presupuesto de Egresos de 2017.
En esa condición, Fuentes Barrera y Rodríguez Mondragón pasaron de seis a ocho años como magistrados de la Sala Superior; mientras que Infante González y Vargas Valdez, de tres a siete años.
Con los otros tres integrantes de la Sala, los partidos no tuvieron necesidad de hacer cambios pues desde el 20 de octubre fueron designados magistrados electorales por nueve años. También en la lógica del reparto, los partidos colocaron a sus afines: el PRI a Mónica Aralí Soto Fregoso; el Verde a Felipe de la Mata Pizaña y el PRD a Janine Madeline Otálora Malassis, aunque el PAN apoyó esas designaciones.
El viernes 4, en su primera sesión como magistrados electorales, Otálora fue electa nueva presidenta de la Sala Superior del TEPJF. Durará como magistrada presidenta cuatro años, por lo que le tocará dirigir la sesión en la que se califique la elección presidencial de 2018.
Fue una designación esperada, como parte de las negociaciones entre los partidos. Un nombramiento más que se espera es el de Berenice García Huante como secretaria general de acuerdos del TEPJF, que depende del pleno de la Sala Superior y es clave también para la operación de las salas regionales.
Fue seleccionada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como una de los 21 candidatos a magistrado electoral, pero el Senado optó por Otálora Malassis. En el TEPJF, García Huante ha sido secretaria auxiliar y secretaria de Estudio y Cuentas de varios magistrados.
Su hermano Omar es cercano también a Humberto Castillejos Cervantes, el hombre fuerte en la Presidencia. Trabajó con él en la PGR durante el gobierno de Calderón y en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal hasta que Peña lo designó en 2013 magistrado del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la Ciudad de México.
Otro puesto importante en el TEPJF es el de la coordinación de asesores de la Presidencia de la Sala Superior. El nombre que se ha manejado es el del magistrado de la Sala Regional de Monterrey, Marco Antonio Zavala, quien también compitió para integrarse a la Sala Superior. Versiones del Senado señalaron que tiene el apoyo de Enrique Ochoa Reza, el presidente del PRI.
El propio Ochoa Reza trabajó en el TEPJF con la ahora exmagistrada María del Carmen Alanís, quien lo mismo favoreció la candidatura de Felipe Calderón que apoyó la de Enrique Peña Nieto. En marzo de 2011 el periódico Reforma reveló que Alanís, entonces presidenta del tribunal, ofreció una cena en su casa al consejero electoral del PRI Marco Antonio Baños, al propio Ochoa y al entonces diputado federal y asesor en la precampaña de Peña Nieto, el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray.
También estuvo Sebastián Lerdo de Tejada, exrepresentante del PRI en el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral. Lerdo de Tejada falleció en mayo de 2015, cuando era director del ISSSTE.
La reunión fue previa a la resolución del TEPJF que exoneró a Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, de promover su imagen fuera de tiempos electorales, en violación de la ley electoral. Una decisión contraria lo habría sacado de la carrera presidencial.
También en 2011, otro excolaborador de Alanís, Roberto Jiménez Reyes, fue contratado por el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, para que hiciera la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz que le dio el triunfo al ahora prófugo gobernador con licencia Javier Duarte de Ochoa.
En la gestión de la pasada composición de la Sala Superior, el TEPJF también exoneró al PRI por la compra de votos a través de las tarjetas Monex, sin que investigara el origen de los recursos. Otro de los beneficiados con los anteriores magistrados fue el aliado del PRI, el Partido Verde, al que le redujeron multas por distintas violaciones, pero sobre todo le mantuvieron el registro a pesar de las repetidas violaciones a la ley en las elecciones intermedias de 2015.
Compromisos partidistas
Las biografías de los nuevos consejeros hablan por sí solas de su cercanía con los partidos.
Otálora Malassis, quien durante el proceso de selección en el Senado fue relacionada con la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, fue magistrada presidenta de la Sala Regional de la Ciudad de México entre 2013 y 2016 y hasta su nuevo encargo, directora general de la Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, fue secretaria instructora de la ponencia del magistrado de la anterior Sala Superior, Manuel González Oropeza, quien también fue propuesto por el PRD.
Entre los magistrados con más evidencias de vínculos con partidos políticos está Rodríguez Mondragón, quien hasta la designación del Senado era magistrado en la Sala Regional de Monterrey. Los propios senadores lo designaron en 2013. La Cámara alta no le es ajena, pues trabajó para el senador del PAN Roberto Gil Zuarth como secretario técnico cuando el político chiapaneco presidió la Comisión de Justicia en el Senado, de 2012 a 2013.
En 2011 fue coordinador de asesores del secretario particular del presidente de la República; es decir, del propio Gil Zuarth con Felipe Calderón, y cuya esposa, Margarita Zavala, busca la Presidencia de la República para 2018.
Rodríguez Mondragón también trabajó con Vicente Fox como asesor de análisis de encuestas y medios de comunicación en Comunicación Social de la Presidencia de la República. En la Cámara de Diputados, cuando se discutió la ampliación de su periodo, fue impugnado por Morena, pues como magistrado electoral de la Sala Regional votó para que se desconociera el triunfo de ese partido en la Presidencia Municipal de Zacatecas.
Otro magistrado con claros vínculos partidistas es Vargas Valdez, quien colaboró con el gobierno de Calderón, pero también con el PRI. Fue asesor de Juan Carlos Ugalde en el IFE, entre 2005 y 2006, durante el controvertido triunfo de Calderón. El expresidente lo envió al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, donde trabajó con uno de los hombres cercanos a Calderón, Guillermo Valdez.
Después, el exmandatario lo nombró titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, pero fue despedido cuando se opuso a apoyar desde esa oficina a Luisa María Calderón, la hermana del entonces presidente, cuando fue candidata al gobierno de Michoacán.
Tras su salida se opuso públicamente al PAN y en las elecciones para gobernador en Sonora, en 2015, y en Colima, este año, encabezó la defensa del PRI ante los tribunales electorales. Compitió en la terna en la que estaba postulado el exconsejero jurídico de Fox y Calderón, exprocurador general de la República y exconsejero del Consejo de la Judicatura Federal, Daniel Francisco Cabeza de Vaca.
La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso también quedó identificada con el PRI, en particular con el senador Emilio Gamboa, coordinador de ese partido en el Senado; y Arturo Zamora, senador por Jalisco. Fue el Senado el que también la promovió como magistrada de la Sala Regional de Guadalajara.
Entre los nuevos magistrados con más experiencia electoral está Felipe de la Mata Pizaña, quien ha tenido el apoyo de la familia Luna Ramos. Fue coordinador de asesores de Alejandro Luna Ramos, hermano de la ministra de la SCJN Margarita, cuando presidió el TEPJF. Fue también secretario general de Acuerdos de la Sala Superior y por designación del Senado, magistrado de la Sala Regional Especializada del TEPJF en la Ciudad de México.
Durante su aprobación como magistrado de la Sala Superior, la senadora independiente Martha Tagle le reprochó que como magistrado electoral de la Sala Regional haya protegido al Partido Verde ante las denuncias en su contra por haber lanzado tuits alusivos a sus candidatos en plena veda electoral, en el proceso del año pasado. El magistrado se defendió con el argumento de la libertad de expresión, incluso en las redes sociales.
El ministro Infante González también tiene el respaldo del PRD, pero sus vínculos más cercanos son con el saliente presidente del TEPJF, Constancio Carrasco Daza, a quien sucedió como consejero del CJF, el organismo responsable de la vigilancia, administración y sanción de los juzgadores federales.
Para llegar al CJF tuvo el apoyo del PAN y del PRD, en particular del ahora miembro de Morena y actual jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal.
En el CJF fue presidente de la Comisión de Carrera Judicial, secretario ejecutivo de Vigilancia, Información y Evaluación, y vocal jurídico del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.
El magistrado Fuentes Barrera ha hecho carrera en el Poder Judicial de la Federación desde 1991, aunque sus cargos han sido en tribunales penales, civiles y administrativos. Durante el proceso de selección, también fue relacionado con el consejero jurídico de la Presidencia.
En marzo de 2015 formó parte de la terna para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación junto con Eduardo Medina Mora. El exprocurador se convirtió en ministro a propuesta de Peña Nieto y Humberto Castillejos.
Repudio ciudadano
La propuesta para modificar el periodo fue una iniciativa del Senado y avalada por la Cámara de Diputados, pero causó rechazo social. Varias organizaciones no gubernamentales entregaron a la Cámara de Diputados más de 20 mil firmas, que reunieron en una semana, contra la ampliación. Ala Izquierda, Observatorio Electoral y Participando por México se movilizaron en la plataforma change.org para conseguir las firmas y hacer la petición al Congreso. De nada valió.
Pero fue tal el rechazo que el viernes 4 el Senado tuvo que resguardar a los beneficiados para aislarlos de la prensa. Tras su segundo juramento, el personal del Senado los sacó por la puerta de atrás del salón de plenos.
Cuestionados a gritos por los reporteros por las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña atajó: “Déjennos trabajar”. Y siguió de frente con el flamante magistrado Rodríguez Mondragón.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/461728/pri-pan-incondicionales-en-poder-judicial-2018-2024
CUERNAVACA, Mor: El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) ordenó la destitución del alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, dado el desacato a pagar el laudo laboral ganado por cinco extrabajadores que lo obliga a pagar más de un millón de pesos.
Este lunes, las autoridades del Tribunal acudieron a notificar el fallo. Sin embargo, ante la ausencia del alcalde y del tesorero, cuya destitución también fue ordenada, dejaron un citatorio e informaron que regresarán mañana a efectuar la notificación de la destitución.
Y es que, como los otros 32 municipios de Morelos, Cuernavaca se encuentra en una crisis por la deuda pública de las anteriores administraciones. Además, existe un sinnúmero de demandas laborales presentadas por extrabajadores por despido injustificado en el actual y en anteriores gobiernos.
En este caso, cinco extrabajadores ganaron la demanda que representa un pago por un millón 234 mil 382 pesos con ocho centavos al 10 de octubre pasado. Además, se suma el equivalente a aportaciones retenidas y no enteradas al Instituto de Crédito para los Trabajadores del Estado de Morelos.
La demanda número 01/217/13, promovida por Mauricio Gámez Villegas, Salvador Castañeda Sánchez, Lorena Irene Gómez Sánchez, Miriam Gabriela Hernández Escalante y Ana Rubí Magadán Labra establece que “se procede a resolver sobre la imposición de la medida de apremio decretada mediante acuerdo (…) consistente en la DESTITUCIÓN del Tesorero y del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional (de) Cuernavaca, Morelos”.
El argumento: No se dio “cumplimiento al LAUDO de fecha treinta y uno de agosto” de este año.
La carátula de la resolución, de la cual Apro tiene copia, establece que después de hacer una minuciosa revisión en “los libros de amparos de este H. Tribunal, se advierte que a la presente fecha no existe juicio de garantías promovido por las partes que impida la ejecución del juicio que nos ocupa, así como la aplicación de la sanción señalada”.
En entrevista telefónica, la secretaria del Trabajo, Gabriela Gómez Orihuela, informó que los abogados del alcalde deben buscar una salida jurídica.
No obstante, lo primero que deberían hacer es pagar el adeudo a los trabajadores para dar un cierre definitivo al caso. La funcionaria señaló que otra de las salidas es buscar la conciliación con los extrabajadores.
Junto con el alcalde Cuauhtémoc Blanco, son otros 17 los que atraviesan por un proceso de destitución, con el pago previo de una multa.
De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, la deuda por laudos laborales que acumulan los municipios alcanza los 76 millones de pesos, derivadas de tres mil 926 demandas laborales.
En tanto, el Congreso local ha retrasado a lo largo del año la posibilidad de un rescate financiero.
Cabe recordar que los presidentes municipales no tienen fuero en Morelos, luego de la aprobación de una reforma legislativa de 2014, por lo que pueden ser destituidos sin necesidad de la intervención de ninguna autoridad legislativa.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JAIME LUIS BRITO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/461707/tribunal-morelos-ordena-destituir-a-cuauhtemoc-blanco
CIUDAD DE MÉXICO: Al menos nueve integrantes del grupo de autodefensa denominado La Tecampanera resultaron heridos durante un enfrentamiento armado con sicarios al servicio del grupo delictivo La Familia sobre el tramo carretero que conecta los municipios de Teloloapan y Arcelia en los límites de la región Norte y Tierra Caliente de la entidad.
El hecho violento se registró esta mañana entre los poblados de Almoloya y Los Brasiles, ubicados sobre la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, indican reportes oficiales.
Previamente, cerca de 400 miembros del grupo de autodefensa La Tecampanera, salieron de Teloloapan, a bordo de camionetas, con dirección a la cabecera del municipio vecino de Arcelia con el propósito de tomar el poblado.
Los miembros de la guardia comunitaria de La Tecampanera, surgida a principios de este año, exigen la liberación de tres herreros que fueron plagiados hace cuatro días en el poblado de Totoltepec, municipio de Teloloapan, y responsabilizan de este crimen a la banda de La Familia, afincada en Arcelia y dirigida por Jonhy El Mojarro Hurtado Olascoaga y Ramiro Bahena Urieta El Güero Pelayo.
Incluso, denunciaron que los delincuentes están pidiendo tres millones para liberar a las víctimas que estaban instalando un techado en un plantel escolar cuando fueron privados de su libertad.
Los miembros de La Tecampanera habían advertido que iban a ingresar a la cabecera municipal de Arcelia para exigir la liberación de los tres trabajadores originarios de Teloloapan y esta mañana partieron en caravana hacia ese lugar controlado por La Familia.
No obstante, a unos 20 minutos de Arcelia, los guardias comunitarios fueron emboscados desde los cerros y se desató un enfrentamiento que dejó un saldo de nueve miembros de La Tecampanera heridos.
La refriega se prolongó varios minutos y después arribaron soldados y policías estatales al lugar solo para recoger a los heridos que fueron trasladados a clínicas y hospitales públicos en Teloloapan.
Hasta el momento, el gobierno estatal no ha fijado una postura al respecto sobre este hecho que exhibe el vacío de autoridad que prevalece en la entidad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/461713/enfrentamiento-autodefensas-presuntos-sicarios-en-guerrero-deja-9-heridos
Gabriela Jaqueline denunció que un hospital del IMSS en Bochil, Chiapas, recibió una atención inadecuada de un médico practicante, y en un momento incluso le dijo que tuviera el bebé sola.
Luego de casi tres años de investigaciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó el pasado 28 de octubre que la muerte de una bebé recién nacida, ocurrida en diciembre de 2013 en un hospital público del municipio de Bochil, Chiapas, fue producto de la mala atención médica, otorgada por personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Gabriela Jaqueline tenía 21 años y 40 semanas de embarazo cuando se presentó a la unidad de urgencias médicas del Hospital Regional 8 del IMSS, ya con labores de parto.
Ella llegó al hospital a las 5:00 de la madrugada del 26 de diciembre de 2013, momento en que fue recibida por un médico de planta, el cual, después de una valoración superficial, la dejó encomendada a un médico practicante, es decir, un alumno en formación.
Las normas oficiales mexicanas relacionadas con la atención de alumbramientos señalan que toda mujer embarazada debe ser atendida por un médico titular, y en caso de que sea asistida por un practicante, éste debe ser siempre supervisado por el doctor de planta.
Esto, sin embargo, no ocurrió en el caso de Gabriela Jaqueline: durante las siguientes 18 horas, la joven embarazada no volvió a ver a ningún médico titular, a pesar de que sus dolencias fueron en aumento, y a lo largo del día sólo fue auscultada, cada determinado tiempo, por el mismo médico practicante al que fue encargada.
“El médico que me atendió no era ni ginecólogo –denunció Gabriela en 2013, a través de redes sociales– era un médico general pasante, y no me quiso atender a la hora. Yo le decía que mi bebé ya iba a nacer y él me contestó de manera grosera que, si podía, lo tuviera sola.”
Aunque a su arribo al hospital se detectó que Gabriela presentaba “ruptura prematura de membrana”, durante las siguientes 18 horas nuca se valoró el “riesgo obstétrico” ni el “bienestar fetal” de la bebé por venir, como se pudo comprobar tras analizar el expediente médico integrado por el personal del IMSS y, tal como concluyó la CNDH, tampoco se realizaron estudios básicos, como “ultrasonidos obstétricos”.
De haber realizado estos procedimientos, el personal médico del IMSS habría podido detectar que la bebé tenía el cordón umbilical enredado en su cuello, y que eso era lo que impedía su alumbramiento.
El ultrasonido obstétrico habría podido alertar también sobre la disminución del líquido amniótico que presentaba Gabriela hasta niveles que, según los médicos expertos de la CNDH, son indicativos de sufrimiento fetal.
Además, esos procedimientos habrían permitido a los médicos del IMSS darse cuenta que la mejor respuesta, en esas circunstancias, era realizar una cesárea, en vez de insistir en un parto natural.
Para las 10 de la noche (es decir, al cumplirse 17 horas en labores de parto e intensos dolores), Gabriela aún seguía bajo observación única del médico practicante, quien en todo momento se negó a que la joven fuera sometida a una intervención quirúrgica.
Para la CNDH, el sólo hecho de que las labores de parto se prolongaran por más de 17 horas era un evidente indicativo de que el proceso de alumbramiento se había detenido. Sin embargo, no se hizo nada.
“Yo le suplicaba al médico que operara a mi hija –denunció la madre de Gabriela, a través de un video difundido en 2013–. Yo soy madre y sabía que era el momento, pero el doctor no entendió razones.”
Gabriela sólo fue trasladada a la sala de expulsión y ahí fue abandonada durante una hora más.
Para las 11 de la noche, Gabriela advirtió al médico practicante que sufría “fuertes dolores” y que “sentía que la bebé estaba teniendo sufrimiento fetal” y ese fue, de hecho, el momento en que el médico practicante le respondió que, si ella insistía, “tuviera a la bebé sola”, y luego volvió a irse.
Gabriela quedó nuevamente sola, sin atención, durante otros 30 minutos, sintiendo cómo el movimiento de su bebé dentro de su vientre era cada vez “más lento”, y no fue sino hasta las 23:30 horas que fue revisada por un médico residente gineco-obstetra (el primero en 18 horas), quien confirmó que la bebé presentaba “ritmo cardiaco muy bajo”.
Este médico residente realizó presión en el abdomen de Gabriela, para forzar la salida de la bebé, y sólo entonces se percataron que estaba atorada con el cordón umbilical.
La bebé quedó atorada dentro del canal de parto por cinco minutos y cuando lograron extraerla, no respiraba, por lo que debió ser reanimada y colocada dentro de un respirador.
Aunque la ley establece que los bebés recién nacidos en México deben ser inmediatamente atendidos por un médico pediatra, la bebé de Gabriela no tuvo ningún pediatra a su lado.
Tras nacer, fue atendida únicamente por una enfermera.
Durante las siguientes diez horas, la bebé sufrió tres infartos y, finalmente, murió menos de un día después de haber nacido.
La culpa, según los médicos del IMSS, fue de Gabriela, y alegaron “falta de colaboración de la paciente, que no pujaba”.
Luego de estudiar el caso, el IMSS determinó que su personal actuó correctamente y que no había ninguna responsabilidad en la muerte de la menor.
La Comisión Nacional de Arbitraje Médico también abordó el caso, pero no se pronunció en torno a las deficiencias en la atención brindada a Gabriela y a su bebé. Este organismo público sólo buscó que se llegara a un “acuerdo conciliatorio”, rechazado por las partes.
Finalmente, fue la CNDH, tras analizar los expedientes médicos e informes oficiales relacionados con este caso, concluyó que nueve médicos del IMSS, incluidos los directivos del Hospital Reginal 8 de Bochil, así como los practicantes y residentes involucrados, violaron distintos derechos de Gabriela.
Pero la culpa de estos hechos no recae únicamente en esos nueve médicos, advirtió la CNDH, sino que constituyen también una “responsabilidad institucional” por parte del IMSS, al representar no sólo deficiencias en el actuar personal de estos doctores, sino también deficiencias estructurales de este organismo público.
Según la CNDH, el IMSS y sus médicos violaron el derecho de Gabriela a la protección a la salud (en su modalidad de derecho a la libertad y autonomía reproductiva, así como el derecho a la información en salud); su derecho a una vida libre de violencia de género (en este caso violencia obstétrica); así como su derecho a la integridad personal y al trato digno.
Asimismo, en el caso de la bebé de Gabriela, la CNDH concluyó que el IMSS y sus médicos violaron su derecho a la vida.
Por estas razones, la CNDH anunció que promoverá una nueva investigación administrativa al interior del IMSS en contra del personal involucrado en los hechos que derivaron en la muerte de la bebé recién nacida de Gabriela Jaqueline, y también presentará una “denuncia de hechos” ante la Procuraduría General de la República, ante la posibilidad de que pueda también existir una sanción de tipo penal.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/recien-nacida-muerte-chiapas-negligencia-imss/
El proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán propone que se amplíe la posibilidad de solicitar el derecho de réplica cuando la información sea “agravante”, aunque sea cierta y exacta; la organización Artículo 19 sostiene que esto dejara la puerta abierta para que los políticos invadan de réplicas cada vez que se sientan agraviados.
La Ley de Derecho de Réplica se aprobó el 4 de noviembre de 2015. Sin embargo, PRD y Morena interpusieron acciones contra varias disposiciones de la ley argumentando que violan algunos artículos de la Constitución mexicana.
Esos cambios fueron integrados en el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán que fue publicado el pasado 25 de octubre, el cual está previsto que este martes pase al pleno de la SCJN para su discusión.
Derecho a réplica aunque la información sea cierta, el punto clave
Entre los cambios propuestos, el punto clave tiene que ver con los requisitos para el ejercicio del derecho de réplica.
¿Qué dice en la actualidad la Ley? Los artículos 2 y 3 señalan que solo se podrá ejercer este derecho cuando la información publicada en un medio sea “falsa o inexacta”.
En el proyecto del ministro Pérez Dayán, el PRD y Morena argumentan que el derecho a réplica también debe incluir cuando la información resulte “agraviante” contra una persona, partidos políticos, precandidatos y candidatos, aunque la nota periodística sea cierta y exacta.
En la argumentación, PRD y Morena señalan que aunque una información sea cierta y exacta, ésta puede implicar una “ofensa a la fama u honor” de una persona, perjudicando sus intereses y derechos. Por lo que piden incluir la palabra “agraviante” entre los requisitos, ya que, de lo contrario, argumentan que se dejaría “en estado de indefensión” al afectado “por difusión de información que aun siendo cierta, atenta contra la dignidad o afecta la opinión que se tiene de su persona”.
Además, el proyecto amplía el término “agraviante” como aquella información “vejatoria, calumniosa” o “que envilece y ofende”.
Otro cambio: directo a los tribunales
La ley de Réplica prevé que la persona solicitante deberá acudir directamente ante el medio de comunicación para pedir que se publique su rectificación o respuesta. En caso de negativa, el solicitante podrá acudir a la justicia federal para iniciar un procedimiento contra el medio.
No obstante, en el proyecto del ministro Pérez Dayán establece que acudir al medio es opcional, y que la persona podrá ir directamente a los tribunales sin necesidad de solicitar al medio de comunicación la publicación de la réplica.
La polémica
El proyecto del ministro Pérez Dayán ha generado polémica entre quienes consideran que el cambio propuesto por PRD y Morena fortalecerá “el debate público” y la libertad de expresión, y quienes por el contrario opinan que coartaría el ejercicio periodístico y abrirá las puertas para que políticos y funcionarios invadan los medios con réplicas cada vez que se sientan agraviados por una información que los critica o cuestiona.
En contra: mecanismo de censura
Articulo 19, organización defensora de la libertad de expresión, ha sido una de las más críticas con la propuesta de ampliar los requisitos para acceder al derecho de réplica incluyendo la palabra “agraviante”.
“Nos parece muy preocupante, porque deja la puerta abierta a que especialmente candidatos y partidos políticos acudan al derecho de réplica por cualquier información que consideren que los agravió o los injurió, aunque esta sea cierta y exacta”, planteó en entrevista con Animal Político Luis Knapp, integrante del programa de Protección y Defensa de Artículo 19.
En este sentido, Knapp advirtió que el derecho de réplica podría ser utilizado como un mecanismo de censura por parte de funcionarios, candidatos políticos o miembros de partidos, contra quienes publican información crítica.
“Lo que puede derivar en injerencias arbitrarias y restricciones desproporcionadas sobre la libertad editorial”, añadió.
Sobre la modificación propuesta para que la persona pueda acudir directamente a los tribunales sin pedirle primero al medio que publique una réplica, Articulo 19 critica que esto puede generar un “efecto inhibitorio” a la hora de que un periodista o un medio de comunicación publique información.
Knapp apuntó al respecto que Artículo 19 ha documentado el incremento del abuso de mecanismos judiciales de responsabilidad por daño moral, “con el objetivo de someter a periodistas y medios de comunicación a litigios largos, costosos y complicados”.
Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) calificó como “alarmante” la propuesta para cambiar las regulaciones sobre el derecho de réplica en México.
“Estamos alarmados por la posibilidad de forzar a los medios a publicar o difundir réplicas a historias noticiosas bajo una más amplia serie de parámetros”, dijo en un comunicado Carlos Lauría, coordinador del CPJ América.
A favor: fortalece el debate en los medios de comunicación
Por el contrario, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) destacó que de aprobarse el proyecto y las modificaciones propuestas por PRD y Morena, se ampliará las posibilidades de acceder al derecho de réplica, favoreciendo el debate y la diversidad de puntos de vista en los medios.
En un comunicado, la AMEDI señaló que la argumentación del ministro de la SCJN sobre agregar el término información “agraviante” a los requisitos para acceder a la réplica, es “adecuada” porque reconoce que la libertad de expresión “no es absoluta”, ya que viene acompañada de obligaciones y de los límites a los derechos de terceras personas, “uno de los cuales es la custodia del honor y dignidad de las personas”.
Además, recordó que los medios de comunicación tienen la obligación de aportar información “fidedigna y documentada”, y que las personas tienen derecho “a responder o rectificar información no solo falsa o inexacta, sino incluso agraviante”.
Por su parte, Jesús Zambrano, vicecoordinador de los diputados del PRD, dijo que la propuesta de su partido sobre el derecho de réplica no va contra la libertad de expresión ni busca la censura en los medios.
Pero destacó que es necesario agregar el término “agravante” porque hoy “no existe la posibilidad del derecho de réplica de quien se ve agraviado por una publicación, no solo incierta sino también tendenciosa y que carece de objetividad”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/derecho-replica-corte-medios/
Según esta sentencia en primera instancia, publicada hoy en los portales web de MVS y Aristegui Noticias, Aristegui “excedió su libertad de expresión y de información causando un daño a los derechos de personalidad, honor y prestigio de Joaquín Vargas Guajardo”; Por ello, se condenó a la periodista a que “todas y cada una de las ediciones y publicaciones” que se realicen de dicho libro desde que sea ejecutable la sentencia incluyan en el prólogo “un extracto de la presente sentencia como parte integrante de la misma”, asimismo, se absolvió tanto a Aristegui como a la editorial -y codemandada moral- Penguin Random House del pago de una indemnización.
Un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictaminó que la periodista Carmen Aristegui causó daño moral al presidente del grupo de comunicación MVS, Joaquín Vargas Guajardo, en el prólogo de un libro sobre el escándalo de la llamada “Casa Blanca”, informaron hoy ambas partes.
Según esta sentencia en primera instancia, publicada hoy en los portales web de MVS y Aristegui Noticias, Aristegui “excedió su libertad de expresión y de información causando un daño a los derechos de personalidad, honor y prestigio de Joaquín Vargas Guajardo”.
Ello en relación a las “apreciaciones contenidas” en el prólogo del libro titulado La Casa Blanca de Peña Nieto, de Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán e Irving Huerta.
Por ello, se condenó a la periodista a “la publicación a su costa de un extracto del presente fallo que refleje adecuadamente la naturaleza y alcance del mismo, en el medio y formato donde fueron difundidas las opiniones contenidas en el prólogo del libro de referencia”.
Aristegui mantiene un litigio con MVS a raíz de que fue despedida de la empresa en marzo del pasado año con una parte de su equipo, el mismo que destapó que el Presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera, compraron inmuebles a dos empresas que son contratistas del Gobierno.
La sentencia dada a conocer hoy obliga a que “todas y cada una de las ediciones y publicaciones” que se realicen de dicho libro desde que sea ejecutable la sentencia incluyan en el prólogo “un extracto de la presente sentencia como parte integrante de la misma”.
“Condena que se hace extensiva a diversas formas de difusión del multicitado prefacio, tales como medios electrónicos, televisivos y radiofónicos”, apuntó la resolución judicial.
Asimismo, se absolvió tanto a Aristegui como a la editorial -y codemandada moral- Penguin Random House del pago de una indemnización.
Tanto en los diarios El Universal y Reforma apareció hoy publicado un texto pagado titulado “Aristegui mintió”, en el que Vargas recuerda que el pasado 30 de junio demandó a la comunicadora por daño moral por “dolosas y falsas afirmaciones” que aparecían en el prólogo en cuestión.
Celebró la sentencia porque señala que la periodista buscó “no informar”, sino “desprestigiar” con argumentos “que no se ajustan a la realidad”, por lo que esta se “excedió en su libertad de expresión e información”, llegando a mentir.
Por su parte, Aristegui Noticias reprodujo la sentencia, el artículo de Vargas y el prólogo del libro en una página encabezada por el titular “¿Quién miente aquí?”.
Aristegui, que todavía no ha dado una respuesta oficial, presentó el pasado otoño una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra al Estado mexicano por “obstrucción a la Justicia” en el litigio que mantiene con el grupo MVS por su despido en marzo de 2015.
FUENTE: SIN EMBARGO/EFE.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-11-2016/3112712
Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador electo de Veracruz, dijo que la situación financiera del estado podría derivar en una crisis humanitaria en la mayoría de los municipios, y no está equivocado. Tatahuicapan y Mixtla son altamente marginados, y fueron los más saqueados por Javier Duarte, entre otros que también son gobernador por el PRD y el PAN. Ahora, hay familias en la miseria, angustiadas por la falta de trabajo y educación, sin recibir apoyo ni del Gobierno federal.
El Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, además de saquear las arcas de los programas sociales y de infraestructura, desvió recurso de municipios catalogados como de alta marginación, como Mixtla de Altamirano, Mariano Escobedo y Tatahuicapan de Juárez.
De los 61 ayuntamientos del Partido Acción Nacional (PAN) y del de la Revolución Democrática (PRD) que están reclamando el depósito de recursos, a municipios del sur de Veracruz, se les debe unos 226 millones 712 mil pesos, los cuales están concentrados en Jáltipan, Pajapan, Tatahuicapan, Oluta, Zaragoza, etc.
Algunos de los presidentes municipales de esos ayuntamientos, ya cumplieron más de una semana en la toma del Palacio de Gobierno en Xalapa, un hecho para la historia, pues nunca antes las fuerzas opositoras se habían alineado para desplazar al Ejecutivo se su trono.
A Flavino Ríos Alvarado, Gobernador provisional, y al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín, no les quedó de otra más que admitir que ilegalmente tomaron el dinero para otras necesidades propias del Gobierno, como el pago de nómina y proveedores, lo que no deja de ser un delito sancionado por el Código Federal de Procedimientos Penales.
Debe mencionarse que los recursos tomados por el Ejecutivo, en la mayoría de los casos, eran para obras de desarrollos social y acciones de combate a la pobreza, pese a ello, durante los últimos cuatro años el Gobierno de Duarte de Ochoa lo desvió sin miramientos. Faltan unos días para la toma de protesta del nuevo Gobernador y aún no hay culpables ante esta falta.
DUARTE ROBÓ A LOS MÁS POBRES
Igualmente, las cifras reclamadas, entregadas a BlogExpediente por los comités del PAN y del PRD, en algunos casos, superan el presupuesto, en dos o tres años, de los municipios afectados.
Tal es el caso de Tatahuicapan, gobernado por el PRD, y que le reclama a Javier Duarte de Ochoa 73 millones de pesos, cuando la Ley de Egresos del 2016 le asignó 43 millones 262 mil 574 pesos en la integración de participaciones y aportaciones a los municipios.
El CONEVAL indica que en Tatahuicapan, el 89 por ciento de la población (12 mil 526) está en condiciones de pobreza, y la mitad en pobreza extrema.
Javier Duarte de Ochoa los engañó con un hospital, la promesa de nuevos caminos y más recursos por la explotación de la presa Yuribia, sin que tengan resultados.
Mixtla de Altamirano, entre los 50 municipios más marginados del país, y el más pobre de Veracruz, reclama 30 millones de pesos; la Ley de Egresos dice que en 2016, le asignaron 43 millones 459 mil pesos.
Ahí el 80 por ciento de sus habitantes, vive en condiciones de pobreza extrema y el 85.0 por ciento está por debajo de la línea de bienestar mínimo, el 53 por ciento carga rezago educativo.
En Atlahuilco, el 55 por ciento de la gente persiste en pobreza extrema, el 99 por ciento presenta al menos una carencia social y el 96 por ciento no cuenta con acceso a seguridad social.
En Filomeno Mata, el 62 por ciento de los 14 mil 369 habitantes medidos, vive en pobreza extrema y 82 pro ciento no tiene acceso a los servicios básicos de vivienda.
En Oluta, el 64.6 por ciento de los 9 mil 981 habitantes, está en pobreza, y el 44 por ciento, registra al menos tres carencias sociales.
En Platón Sánchez hay 13 mil 735 personas, de las cuales, el 27.1 por ciento, persiste en pobreza extrema, el 52 por ciento con tres carencias sociales 81 por ciento no cuenta con acceso a seguridad social
Een Pajapan, el 86 por ciento de los habitantes vive en pobreza, y el 57.5 por ciento no tiene acceso a servicios de salud.
En Tantoyuca, uno de los más afectados, de sus 78 mil habitantes, el 40 por ciento vive en pobreza extrema y el 60 por ciento no cuenta con espacios dignos de vivienda.
En Mariano Escobedo, con 23 mil pobladores, el 39.5 por ciento tiene pobreza moderada, 53.7 por ciento, al menos tres carencias sociales y el 77.8 no cuenta con acceso a la seguridad social.
LOS CASTIGADOS
Del análisis al listado se desprende que los ayuntamientos a los que se les debe más son al mismo tiempo los que, de alguna forma, en los últimos meses, sus alcaldes presentaron una relación “cercana” con el Gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares.
En la toma del Palacio en Xalapa no se ha dudado en decir que este indicador es síntoma de una revancha política desde la Secretaría de Finanzas, empleando el presupuesto como arma para castigar las diferencias políticas.
Como el caos de Papantla, por el PRD, el Ayuntamiento con la deuda más alta, por 107 millones de pesos y que es gobernado por Marcos Romero Sánchez, ferviente promotor de Yunes Linares en el norte.
En campaña, Yunes Linares caminó por Tatahuicapan, lo que nunca hizo Duarte de Ochoa, y ahí prometió regresar en marzo del 2017 pero ya para inaugurar una obra importante. Ahora su Alcalde, Filogonio Bautista, reclama 73 millones de pesos.
Por el lado del PAN, es Boca del Río, con 345 millones desviados, el más afectado, ahí gobierna Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del próximo Gobernador, y una de las figuras más notorias de la oposición durante el Gobierno de Fidel Herrera Beltrán, y ahora contra Javier Duarte y Flavino Ríos Alvarado.
El segundo adeudo más grande por el PAN, lo carga Tantoyuca, con 162 millones, en ese municipio se asienta otro de los bastiones panistas y de los yunistas por medio de Jaime Guzmán Avilés, uno de los más cercanos al director del ISSSTE.
Como epílogo, se expone que en 2014, el CONEVAL dio a conocer que Veracruz, respeto a otros estados, mantenía los peores escenarios en la lucha contra la pobreza, incluso, estaba portando para los primeros años del duartismo, más de 500 mil pobres al concierto nacional.
En las dependencias encargadas de abatir la pobreza, tuvo de jefes a Ranulfo Márquez, Marcelo Montiel Montiel, Anilú Ingram y Alberto Silva, dualistas que están bajo sospecha de haberle metido la mano al cajón.
YUNES ADVIERTE CRISIS HUMANITARIA
Miguel Ángel Yunes Linares advirtió este día que la falta de entrega de participaciones federales a municipios de la entidad “puede llevar a Veracruz a una situación de ingobernabilidad y en algunas zonas del Estado ya hay auténticamente una crisis humanitaria, concretamente en las zonas indígenas donde los ayuntamientos se hacen cargo de todo”.
Al término de la inauguración del Quinto Foro Nacional Sumemos Causas por la Seguridad, el Gobernador electo enfatizó que ciertos municipios encaran prácticamente una situación de insolvencia, pues se hacen cargo de los rubros médicos, de seguridad, atención alimentaria, “se hacen cargo de todo”, dijo.
Deuda con alcaldes del PAN:
Boca del Rio 345,205,465
Tantoyuca 162,000,000
Córdoba 55,938,382
Álamo 47,925,637
Soconusco 43,856,012
Oluta 42,500,000
Zontecomatlán 33,755,449
Mixtla 30,000,000
Tlapacoyan 27,357,351
Tierra Blanca 23,036,524
Jáltipan 17,900,000
Ixhuacan 13,977,058
Tehuipanco 13,948,599
Huatusco 12,451,996
Filomeno 12,339,120
Tlachichilco 11,743,016
Cotaxtla 11,500,000
Pajapan 10,700,000
Medellín 10,270,000
Tlalixcoyan 10,000,000
Tomatlan 8,800,000
Rio Blanco 8,660,334
Antigua 8,500,000
Tlacotalpan 8,206,842
Acajete 8,018,079
Acatlán 7,925,509
Platón 7,443,815
Nogales 7,191,179
Atlahuilco 6,044,877
Naranjos 5,612,565
Cuitlahuac 4,770,000
Camarón 3,164,913
Zentla 3,465,000
Tatatila 2,551,573
Tamalin 2,000,000
Sochiapa 1,000,000
TOTAL 1,036,920,119
DEUDA con el PRD:
Papantla 107,329,507
Tatahuicapan 73, 676, 782
Tihuatlan 54,344,001
Coatzintla 38,123,830
Ixhuatlán Sur. 23,637,331
Xico 22,773,820
Acultzingo 17,400,000
Paso del Macho 13,800,00
San Rafael 12,499,402
Ixhuatlancillo 12,481,867
Ixcatepec 11,854,791
Mariano Escobe 11,000,000
Tlaquilpa 9,818,061
Zacahualpa 8,849,782
Tecaxtepec 8,663,927
Apazapan 8,000,000
Tenochitlan 7,958,000
Ilamatlán 7,270,173
Miahuatlán 6,537,801
Colipa 6,040,000
Chiconamel 5,904,516
San Andrés Tenejapan 4,958,522
4,400,000
Total 490,764,681
FUENTE: SIN EMBARGO/BLOG EXPEDIENTE.
AUTOR: REDACCIÓN/IGNACIO CARBAJAL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-11-2016/3112672
Américo Zúñiga, presidente municipal de Xalapa, encabezando un grupo de 60 alcaldes de Veracruz, aseguró hoy en las instalaciones del Senado que ante la escasez de fondos ese estado del oriente de México se encuentra “al borde de una crisis de gobernabilidad”.
Alcaldes de Veracruz marcharon hoy en la Ciudad de México en demanda de una solución a la crisis financiera de ese estado, cuyo gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, se reunió con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio.
Américo Zúñiga, presidente municipal de Xalapa, encabezando un grupo de 60 alcaldes de Veracruz, aseguró hoy en las instalaciones del Senado que ante la escasez de fondos ese estado del oriente de México se encuentra “al borde de una crisis de gobernabilidad”.
Después de reunirse con el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Francisco Yunes, Zúñiga aseguró en conferencia de prensa que los alcaldes han solicitado al Gobierno mexicano “la transferencia de los recursos federales directamente a los ayuntamientos”.
Aseguró que los alcaldes tienen “obligaciones con miles de trabajadores municipales que, ante la escasez, se encuentran en riesgo de no poder ser cubiertas”.
De acuerdo con el senador Francisco Yunes, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a los municipios de Veracruz se les adeudan unos 1.500 o 2.000 millones de pesos (80,5 a 107,3 millones de dólares) que no han sido depositados.
Yunes aseguró que 20 % de los recursos federales asignados al estado están destinados para los municipios; sin embargo, en los últimos meses no les han llegado los fondos.
Dijo que “la federación ya entregó al Gobierno del estado (el dinero) y este no hizo llegar a los alcaldes, porque fue desviado o destinado a otra cosa”, y precisó que “no se les puede reintegrar, ya que la federación solo puede destinar recursos para lo expresamente aprobado”.
Luego de su reunión en el Senado, los alcaldes se movilizaron hacia la Secretaría de Gobernación, donde se reunieron con el subsecretario de Gobierno, René Juárez Cisneros, a quien le plantearon la problemática que enfrentan por la falta de recursos.
Los alcaldes le entregaron al subsecretario un documento en el que solicitan a Gobernación su intervención para recibir los fondos.
De acuerdo con un comunicado de la institución, Juárez Cisneros les manifestó que “el Gobierno de la República ha atendido y cumplido puntualmente con la administración estatal en los rubros que le competen”.
De acuerdo con el funcionario, Gobernación “contribuirá y coadyuvará en la búsqueda de soluciones en favor de los veracruzanos”.
Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, sostuvo una reunión de trabajo con el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares para definir “una agenda conjunta” en materia de seguridad y gobernabilidad en la entidad, informó la dependencia.
Los alcaldes inconformes y dirigentes estatales del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) tomaron en sus manos desde hace más de 10 días la sede del Poder Ejecutivo Estatal y la noche de ayer se apoderaron de Casa Veracruz, como se conoce a la residencia oficial del gobernador en turno.
La toma de Casa Veracruz ocurrió luego de una agria reunión entre el gobernador interino, Flavino Ríos, y su secretario de Finanzas, Antonio Gómez, con alcaldes que reclaman el pago de las participaciones federales.
Los presidentes municipales y los dirigentes partidistas acusaron al gobernador y a sus funcionarios de “ladrones” y “sinvergüenzas”, y anunciaron que no se moverán del lugar hasta recibir su “lana” (dinero).
En las elecciones del pasado 5 de junio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), tras 86 años de hegemonía, perdió el gobierno estatal a manos de una alianza de PAN y PRD.
A las pocas semanas, el gobernador Javier Duarte solicitó y obtuvo licencia para separarse del cargo y luego se convirtió en prófugo de la justicia al ser acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.
La quiebra financiera en que se encuentra Veracruz ha provocado que se dejen de pagar salarios y prestaciones laborales a funcionarios y maestros.
En este escenario, se encuentran suspendidos los trabajos de entrega y recepción de la administración al gobernador electo Yunes Linares, quien deberá asumir el cargo el 1 de diciembre.
AUMENTA CRISIS DE VERACRUZ, CON BLOQUEOS Y SUSPENSIÓN DE SERVICIOS
La crisis económica que enfrenta el Gobierno de Veracruz generó hoy bloqueos carreteros, tomas de casetas de peaje, sabotaje a una presa y la suspensión en 20 municipios de servicios básicos como recolección de basura y alumbrado.
Cientos de maestros, estudiantes, personal médico, taxistas, deportistas paralímpicos y presidentes municipales encabezaron manifestaciones para exigir al gobierno del Estado el pago de diversos adeudos.
A la par, alcaldes del conservador Partido Acción Nacional (PAN) y del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) mantienen tomada la sede del Poder Ejecutivo Estatal y la residencia oficial del gobernador en demanda del pago de 2.000 millones de pesos (107,3 millones de dólares) de participaciones federales.
En el interior de la residencia, conocida como Casa Veracruz, los alcaldes transmitieron videos en vivo por redes sociales para denunciar que el gobernador con licencia Javier Duarte saqueó el inmueble, del que desaparecieron obras de arte, televisores y otros objetos.
Durante la mañana de hoy, maestros de sindicatos independientes tomaron las oficinas de la Secretaría de Educación de Veracruz, en la capital Xalapa, para exigir el pago de adeudos, entre ellos un fondo de ahorros por 85 millones de pesos (4,6 millones de dólares).
Estudiantes de la Escuela Nornal “Manuel Suárez Trujillo” bloquearon la carretera federal Xalapa-Veracruz durante cuatro horas para demandar el pago de 130 millones de pesos (7,2 millones de dólares) del Fideicomiso de Manutención.
Las oficinas centrales de la Secretaría de Finanzas y Planeación fueron bloqueadas por atletas con discapacidad, quienes denunciaron atrasos en el pago de sus becas deportivas, aunque sin precisar montos.
En esa misma dependencia hubo protesta de taxistas que exigen la entrega de concesiones del transporte público que pagaron y que la autoridad nunca les entregó.
En la zona turística de Veracruz y Boca del Río, personal médico, administrativo y operativo salió a las calles a protestar para denunciar desabasto de medicamentos en hospitales públicos debido a que el Gobierno estatal no ha pagado a proveedores.
Habitantes del municipio indígena de Tatahuicapan, en el sur del estado, tomaron la presa Yuribia y rompieron tuberías en protesta por el incumplimiento del pago de 80 millones de pesos (4,3 millones de dólares) para obras públicas para sus comunidades.
Con el sabotaje a la presa, más de medio millón de habitantes se quedaron sin agua potable en los municipios petroleros de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, donde se asientan cuatro petroquímicas y una refinería operadas por la empresa gubernamental Petróleos Mexicanos.
Alcaldes de la zona serrana de Zongolica tomaron la caseta de peaje de Fortín de las Flores en la autopista Veracruz-México y permitieron el paso sin pagar de miles de automovilistas.
Al menos 20 municipios cerraron sus oficinas centrales bajo el argumento que el Gobierno estatal no les ha transferido las participaciones federales que llegaron a sus arcas desde hace meses y que fueron utilizados para otras áreas.
En las elecciones del pasado 5 de junio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), tras 86 años de hegemonía, perdió el gobierno estatal a manos de una alianza de PAN y PRD.
A las pocas semanas, el gobernador Javier Duarte solicitó y obtuvo licencia para separarse del cargo y luego se convirtió en prófugo de la justicia al ser acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.
En este escenario, se encuentran suspendidos los trabajos de entrega y recepción de la administración al gobernador electo Yunes Linares, quien deberá asumir el cargo el 1 de diciembre.
FUENTE: SIN EMBARGO/EFE.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-11-2016/3112756
