CIUDAD DE MÉXICO: Pese a las advertencias de las autoridades de la SEP, de sancionar con descuentos e incluso aplicar despidos, este día decenas de miles de maestros se manifestaron contra la reforma educativa en la capital del país y entidades como Guerrero y Michoacán, donde realizaron marchas, bloqueos y tomas de casetas de peaje.
En la Ciudad de México, de nueva cuenta los maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) se toparon con “muros” –de metal y de granaderos– durante la manifestación que llevaron a cabo hoy, donde reiteraron al gobierno federal su petición de instalar una mesa de diálogo sobre la reforma educativa, la evaluación docente y los despidos.
El segundo bloqueo ocurrió en la tarde en la calle Bucareli, donde se encuentra la Secretaría de Gobernación (Segob). Antes de que se acercaran los miles de maestros, las autoridades cerraron las imponentes puertas de metal instaladas en las calles aledañas al edificio público. Bucareli también fue el teatro de ligeros empujones entre maestros y granaderos, ya que éstos impidieron a los docentes ocupar un carril de Paseo de la Reforma.
Después de cerca de dos horas frente a las altas paredes, la CNTE decidió volver a su plantón, ubicado por la plaza de la Ciudadela. Los maestros saldrán de nuevo este viernes 10, durante la conmemoración del halconazo del 10 de junio de 1971.
Más temprano, Aurelio Nuño Mayer, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), refrendó que la reforma educativa “no está a negociación bajo ninguna circunstancia”, y aseveró que los procesos de despidos de 4 mil 300 maestros siguen en marcha.
Mientras la comitiva pasaba frente al Senado, bloques de granaderos y camionetas de la policía capitalina se desplegaron a lo largo y ancho de Reforma, impidiendo que los maestros cruzaran la avenida Insurgentes y llegaran a la residencia presidencial de Los Pinos.
El bloqueo generó fuertes protestas entre los maestros, pero los llamados a la calma evitaron que la situación degenerara. El receso en la marcha permitió a una comitiva de 15 secretarios generales ingresar al Senado, donde fueron recibidos por los legisladores perredistas Fidel Demédicis, Isidro Pedraza y Armando Ríos.
Los maestros aguardaban una respuesta a la petición que entregaron el pasado 31 de mayo a la Cámara alta, en la que solicitaban a los legisladores interceder con el gobierno federal para la instalación de una mesa de diálogo.
Después de una hora en el recinto, los secretarios generales salieron con el compromiso de los senadores perredistas de presentar un punto de acuerdo para discutir las consecuencias de la reforma educativa. También se comprometieron a acercarse con el gobierno para discutir la petición.
“Venimos por una respuesta y todavía no la hay”, dijo Adelfo Alejandro Gómez, secretario general de la sección 7 de Chiapas, al salir del Senado. También condenó la postura “de cerrazón” del gobierno federal respecto de la propuesta de diálogo de la CNTE.
Frente al Senado, representantes de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa dieron alcance a la marcha de la CNTE para reiterarle su apoyo. Ellos apenas salían de una reunión con Arely Gómez, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), quien les entregó un informe sobre los avances de la investigación.
Felipe de la Cruz, vocero de los padres, señaló frente a los maestros que los funcionarios de la PGR no les habían dado información contundente sobre la tragedia de Iguala.
Luego, al observarse cerrado el paso hacia Los Pinos, los inconformes decidieron desviar la marcha rumbo a la Segob.
Sin embargo, desde mediodía, los maestros que ya se encontraban en la Ciudad de México se reunieron en las banquetas que rodean el cruce de las avenidas Reforma y Bucareli, esperando a las caravanas provenientes de Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Éstas se tardaron varias horas en atravesar la urbe.
No obstante, imponentes bloques de granaderos y camionetas blindadas cerraban los accesos al Zócalo y al Monumento a la Revolución, mientras que un helicóptero de la policía sobrevolaba la zona de vez en cuando.
A la una de la tarde llegaron los primeros contingentes de provincia. Con ello, los docentes se aglomeraron alrededor del “antimonumento” a los 43 normalistas de Ayotzinapa, bloqueando el eje vial, y una hora más tarde arrancó la marcha.
Protestas en Guerrero
Integrantes del magisterio guerrerense realizaron protestas en oficinas de dependencias estatales, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la tienda de autoservicio Aurrerá en Chilpancingo.
A la par en el balneario de Zihuatanejo, profesores bloquearon de forma intermitente la vía que conecta con el aeropuerto internacional Ixtapa-Zihuatanejo.
Las acciones realizadas hoy por los miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) fueron para insistir en su rechazo contra la reforma educativa y la evaluación magisterial.
Desde la 10:00 horas, decenas de profesores y alumnos se apostaron sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, donde bloquearon por intervalos de 30 minutos el acceso al aeropuerto internacional ubicado en este destino turístico de la región Costa Grande.
La protesta magisterial terminó pasado el mediodía y colapsó la vialidad del destino turístico.
En Chilpancingo, los cetegistas irrumpieron en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud estatal, donde bloquearon los accesos al edificio tras desalojar a los trabajadores.
Luego, de un par de horas, los manifestantes se movilizaron hacia la sede de la CFE, donde replicaron la acción.
Posteriormente, los miembros del magisterio disidente se trasladaron a la bodega Aurrerá, ubica al sur de la ciudad, donde irrumpieron de la misma forma.
No obstante, en esta ocasión, los trabajadores de la tienda de autoservicio formaron una barrera para impedir el acceso de los manifestantes y se registró un conato de bronca que no pasó a mayores.
Los docentes pidieron a las personas que salieran de la tienda sin pagar los productos que llevaban y la situación se tensó de nuevo cuando arribaron policías estatales con equipo antimotín.
Enseguida, los profesores se retiraron del lugar y los uniformados lanzaron gas lacrimógeno para dispersar la protesta, pero el hecho no pasó a mayores.
Acciones en Michoacán
En Michoacán, más de 27 mil trabajadores de la CNTE tomaron las casetas de Zirahuén, Taretan, Casilda, Las Cañas y Feliciano, ubicadas en la autopista Siglo XXI, así como las de Pátzcuaro-Zihuatanejo, aparte de las de Maravatío, Zinapécuaro, Panindícuaro y Ecuandureo como parte de la lucha contra la reforma educativa y las evaluaciones magisteriales.
En cada caseta se observaron cientos y cientos de unidades particulares en las que los maestros se movilizaron para participar en las acciones de toma de los puntos de peaje, aunque sin impedir el paso de vehículos y por el contrario liberando su costo.
Los dirigentes magisteriales explicaron a Apro que esto es para presionar al gobierno y se llegue a un acuerdo. Tan sólo en la caseta de Zirahuén había más de cinco mil maestros y las fuerzas del orden, tanto estatales como federales, brillaron por su ausencia.
–¿Cómo cuántos participaron? –se cuestionó a un dirigente.
“Aquí en Zirahuén, más de cinco mil, y en todo el estado calculo que de 27 a 30 mil compañeros, todos en sus carros, nada de camiones, para que no nos pararan los antimotines…
Los maestros colocaron señales preventivas antes y después, así como mantas de sus respectivas delegaciones en contra de la reforma
También señalaron que sus compañeros de Chiapas, Guerrero y de Michoacán llegarían al centro de la Ciudad de México al mediodía, donde realizarían una gigantesca marcha.
Además, advirtieron que la lucha continuará en las diversas entidades, pues ya se ha dicho hasta el cansancio que la reforma educativa que pretende el gobierno “no es otra cosa que privatizar la educación, y sólo que Peña Nieto y su ‘gavilla’, la disfrazan”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443465/maestros-desafian-a-nuno-marchas-bloqueos-tomas-casetas-peaje
CIUDAD DE MÉXICO: En la segunda mitad de su gestión, sin tener las riendas de la Ciudad de México y sin terminar de posicionarse como una figura política de alcance nacional –suma dos derrotas políticas al hilo y carga con los peores índices de aprobación de sus gobernados– Miguel Ángel Mancera sigue con la mirada puesta en el 2018.
Dos días después de la elección de la Asamblea Constituyente –en la que se registró 71% de abstencionismo –la más alta desde que la izquierda es gobierno– y el PRD, que lo llevó al poder, repitió los resultados adversos de 2015—, el mandatario capitalino aseguró que para las elecciones presidenciales “por supuesto que creo que puede haber un movimiento importante”.
En entrevista en Radio Fórmula, Mancera Espinosa reconoció que el panorama no es fácil:
“No estoy caminando sobre las nubes, me queda muy claro lo que hay que trabajar y lo que hay. Estoy en un punto en donde no se puede eludir de ninguna manera, ni le voy a hacer la responsabilidad que corresponde a la jefatura de gobierno, ni a la toma de decisiones y obviamente eso tiene un costo político importante”.
Sobre los resultados de la elección del pasado domingo, el mandatario local comentó que le hubiera gustado que la participación fuera más nutrida.
Indirectamente, señaló a los votantes: “creo que hubo difusión abundante, pero no se ha comprendido de qué se trataba este ejercicio, no se conocía realmente a los que estaban trabajando como propuestas”.
Aun así, defendió la conformación de la Asamblea Constituyente, que en los próximos meses redactará la primera Constitución de la Ciudad de México.
Los frentazos
El entusiasmo de Mancera por ser candidato a la Presidencia de la República en el 2018 persiste, contrario al rechazo contra su gobierno a cuatro años de ejercicio.
El frentazo más reciente fue el resultado de las elecciones del pasado domingo para elegir 60 de los 100 asambleístas constituyentes. Ese proceso fue parte de la reforma política aprobada en enero pasado en el Congreso de la Unión y que ninguno de sus antecesores logró.
Sin embargo, la participación de los capitalinos no fue la que él se esperaba. Y es que sólo participaron 28.3% de los ciudadanos capitalinos, es decir, que hubo 71.7% de abstención.
Pero lo más desastroso fue que, de nueva cuenta, el PRD –que lo llevó al poder y lo sigue considerando como suyo aunque no esté afiliado—, volvió a quedar en el segundo lugar de las preferencias políticas por abajo de Morena.
Ni con los 553 mil 192 votos que obtuvo el domingo pasado logró recuperarse del desastre electoral del 2015, cuando perdió cinco jefaturas delegacionales y la mayoría de curules en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal.
Mancera tampoco cuenta con la aceptación de los capitalinos por el endurecimiento del Programa Hoy No Circula. Y es que, aunque no es su responsabilidad directa, sino de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, los capitalinos lo señalan a él por el hecho de tener que descansar dos veces por semana su auto cuando se declara la fase 1 de contingencia ambiental desde el pasado 5 de abril.
En dos meses de operación de estas medidas se han presentado ocho contingencias. No obstante, la restricción de la circulación –dos millones de autos en Fase 1– no ha demostrado que sirva para disminuir los niveles de contaminación.
Otros elementos que han afectado a la imagen y aceptación del mandatario capitalino son la imposición de proyectos urbanos sin el consenso ciudadano como el Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa y la instalación de la Gran Rueda de la Ciudad de México en el Bosque de Chapultepec.
La primera fue suspendida tras el rotundo “no” de la consulta ciudadana del pasado 6 de diciembre; mientras que la segunda, según la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), está suspendida.
Una medida de Mancera multicriticada por los capitalinos fue el uso de un silbato o “pito” para prevenir las agresiones sexuales en el transporte público y la calle.
La “política pública” fue anunciada luego de que miles de mujeres del Estado de México y la capital macharon para exigir respeto y el cese al acoso sexual en la calle y el transporte. Apenas se lanzó, la medida fue objeto de burlas y críticas en las redes sociales que incluso cayeron en el albur contra el propio exprocurador de justicia capitalino.
Por si fuera poco, el transporte público y el concesionado, en particular el Metro, continúan si mejorar su servicio como lo prometió el funcionario. Recientemente circuló un video que mostraba la filtración –a chorros– de agua de lluvia en la estación Pantitlán del Sistema de Transporte Colectivo Metro y lo último: este miércoles anunció que los microbuses dejarán de circular en la Ciudad de México, cuando ese medio de transporte es el único medio que llega a los lugares más recónditos de la capital y sacan de apuros a millones de usuarios de escasos recursos.
Mancera Espinosa también ha sido criticado por los viajes más recientes que ha hecho a otros estados de la República para firmar convenios de extensión del programa social “El Médico en tu casa”, mismo que, incluso, ha llevado a presumir en países como Colombia y recientemente, Francia.
Aún con estos y otros problemas en la ciudad, el jefe de gobierno confía en la posibilidad de conseguir una candidatura para competir por la Presidencia de la República en el 2018.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443449/pese-a-tropiezos-mancera-se-aferra-a-apuntarse-2018
El castigo a la deserción constituye un bien jurídico que protege la existencia y seguridad de Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, resolvió la Primera Sala.
El delito de deserción equiparada, que se configura cuando un elemento de tropa (soldado, cabo o sargento) falta sin justificación alguna por tres días consecutivos a las listas de diana y retreta de las fuerzas armadas a que pertenezcan o a las dependencias de que formen parte, es constitucional, estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Al negarle un amparo al soldado Omar Hernández Meléndez, en contra de los artículos 255, fracción II, y 256, fracción II, del Código de Justicia Militar, el máximo tribunal estableció que el castigo a la deserción constituye un bien jurídico que protege la existencia y seguridad de Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México.
Los cuatro ministros presentes –estuvo ausente José Ramón Cossío Díaz– validaron el proyecto elaborado por Norma Lucía Piña Hernández, el cual señala que los artículos impugnados garantizan la presencia de los militares y marinos en sus unidades y la efectiva prestación de servicio, el control de los elementos por sus mandos superiores y aseguran su permanente disponibilidad para el servicio.
Casi el 90 por ciento de los delitos que persigue la justicia corresponden al abandono injustificado del puesto de trabajo.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0806/mexico/es-constitucional-el-delito-de-desercion-equiparada-suprema-corte/
El Agente del Ministerio Público consideró que debe esperar hasta que exista sentencia firme en el juicio que se sigue contra los agentes de la PGR, quienes sembraron el arma en el auto del abogado.
La Procuraduría General de la República continúa con el proceso contra el abogado Paulo Díez, por presunta portación de arma, pese a que demostró que agentes de la PGR fueron quienes le sembraron la pistola dentro de su auto, en septiembre pasado.
En un comunicado, el abogado expuso que solicitó que se revocara de inmediato la libertad provisional bajo caución por la averiguación previa que llevó a su detención, luego de que se descubriera un arma en su vehículo.
La agente del Ministerio Público refirió que la siembra del arma “es solo un indicio” y no es “determinante” para concluir la indagatoria.
Ante esta situación, Díez le envió una carta a la procuradora Arely Gómez, donde le pregunta por qué se niega a investigar el “esquema criminal” por medio del cual se operó su detención, en medio del conflicto que tiene con OHL.
La carta:
Comunicado Paulo Díez
FUENTE. ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0806/mexico/pgr-sigue-proceso-contra-diez-pese-a-que-comprobo-siembra-de-arma-documento/
PUEBLA, Pue: El gobernador Rafael Moreno Valle admitió su interés de encabezar un proyecto con miras a las elecciones presidenciales de 2018, y adelantó que al concluir su mandato hará un recorrido por el país y se integrará de tiempo completo a las labores de Acción Nacional, su partido.
“Veo muchos retos en el país que se parecen a los retos que enfrentamos cuando llegamos al gobierno de Puebla, pero muchos proyectos en materia de educación, seguridad, infraestructura, transporte. Creo que mucho de lo que hemos hecho en Puebla puede replicarse en otros estados y a nivel nacional”, señaló.
Tras el triunfo de Antonio Gali Fayad, candidato de la coalición “Sigamos Adelante”, formada por el PAN, PT, Nueva Alianza, Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración (PSI), el mandatario reconoció que no se descarta como contendiente para las elecciones presidenciales, aunque aclaró que aún es “temprano” para pensar en ello.
“… Por supuesto que no descarto esa posibilidad, que vamos a estar también llevando tareas partidarias en los tiempos libres, y cuando concluya mi gobierno, de tiempo completo me estaré integrando a labores de partido”, declaró en entrevista, luego de ser cuestionado sobre la posibilidad de buscar la candidatura presidencial del PAN al concluir su mandato.
De acuerdo con Moreno Valle, por ahora se abocará a concluir las obras que tiene pendientes en su administración –que concluirá en febrero de 2017– y posteriormente se dedicará a hacer un recorrido por el país para hacer un diagnóstico y elaborar su propuesta de gobierno.
“Habrá tiempo para recorrer el país. Obviamente es necesario tener un diagnóstico claro, y políticas públicas que cualquier partido tiene que ofrecer a los ciudadanos. Enforcarse por encima de cualquier otra cosa, construir ese proyecto de ser una oferta que atienda sus necesidades”, declaró.
La entrevista con el mandatario estatal se realizó durante el arranque de obras de mejoramiento urbano realizado en la zona del Museo del Ferrocarril, donde estará la estación del Tren Turístico Puebla-Cholula.
El pasado lunes 6, Moreno Valle adjudicó al desempeño de su administración el triunfo que obtuvo el candidato panista Gali Fayad, pero también al interés de los poblanos de dar continuidad al proyecto que inició en su administración para “transformar” Puebla y, según él, seguir por “el camino del progreso”.
“El único tema desde el punto de vista personal es la satisfacción de que el proyecto que hemos estado impulsando tendrá continuidad, que finalmente esa fue la tónica que se llevó a cabo en las campañas, de estar haciendo señalamientos al gobierno y tratando de hacer un referéndum, que qué bueno que se dio y con resultados favorables para la administración”, presumió ese día.
Y rechazó las acusaciones de intromisión que durante todo el desarrollo de los comicios hicieron en su contra los partidos opositores. “Yo no participé en el proceso, no fui a un solo evento del candidato”, justificó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443433/mucho-lo-se-ha-hecho-en-puebla-puede-replicarse-a-nivel-nacional-en-2018-moreno-valle
CAMPECHE, Camp: La juez segundo del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Ana Concepción Gutiérrez Pereyra, vinculó a proceso a tres de los cuatro presuntos homicidas del líder de los burócratas estatales, Juan Carlos González, que la Fiscalía General del Estado puso a disposición de la autoridad judicial.
El cuarto resultó ser otro menor de edad.
González, quien era dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche (SUTPMIDEC), fue ultimado la noche del 5 de enero en su domicilio particular.
Recibió de sus verdugos más de 60 puñaladas, además de que le sacaron un ojo y le cercenaron los genitales.
Casi cinco meses de perpetrado el crimen, el pasado 3 de junio el fiscal general Juan Manuel Herrera Campos anunció la detención de los cinco presuntos asesinos. Uno de ellos era yerno de la víctima y otro un adolescente.
Los cuatro adultos fueron identificados con las iniciales y apelativos JERA, “El Dante”; GJJH, “El Barny” y/o “El Barrigón”; RHB, “El Chololo”, y FEMS, “El Secre” y/o “El Quique”, y el adolescente HANN.
A los cinco se les imputa el delito de homicidio calificado en pandilla y el móvil del crimen fue el robo de dinero.
Desde la semana pasada, el primer adolescente, HANN, fue vinculado a proceso, dictándole como medida cautelar el internamiento por tres meses en el Centro de Internamiento para Adolescentes (CIA) de Kila, Lerma, Campeche.
En el caso de los otros cuatro detenidos, su defensa solicitó una ampliación del plazo legal para resolver su situación jurídica, lapso en el que resultó que entre ellos había otro menor de edad, sobre el que hasta ahora ninguna autoridad ha aclarado quién es y qué procedió en su caso.
Debido a lo anterior, al vencer el plazo ampliado, la juez determinó la vinculación a proceso a tres de los cuatro probables homicidas que la FGE le puso a disposición.
También ordenó la prisión preventiva oficiosa por seis meses y concedió cuatro meses al MP para concluir la investigación complementaria del caso, que a decir de Herrera Campos, está ya “totalmente esclarecido” y no hay más implicados que los cinco detenidos.
El de Juan Carlos González es uno de los varios crímenes de alto impacto que en los primeros meses del gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas sacudieron a la entidad, tanto por el nivel de violencia como por el breve lapso en que se cometieron.
La mayoría de los casos están aún sin resolver.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSA SANTANA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443423/vinculan-a-proceso-a-tres-presuntos-homicidas-de-lider-sindical-en-campeche
CIUDAD DE MÉXICO: Durante las protestas por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, hubo una frase que corrió a lo largo y ancho del país y que señalaba con toda claridad al actor fundamental de la violencia que vivimos: “Fue el Estado”. Las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) y los ataques a sus miembros, que concluyeron con su salida del país, no hicieron otra cosa que confirmarlo.
Recientemente el hallazgo de las fosas clandestinas de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla, Morelos, donde la Fiscalía del estado enterró como basura 150 cuerpos, vuelve a poner en el centro de la violencia al Estado.
El hecho es ya en sí mismo acusatorio. Lo es más todavía porque el propio gobierno de Morelos que, bajo presión de las víctimas y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), ha tenido que abrirlas y exhumar los cuerpos para su identificación, alega que es una práctica común de todas las fiscalías del país.
Si en condiciones de paz una práctica de esa naturaleza es ya en sí misma un crimen de Estado –ahora sabemos dónde la delincuencia aprendió a cavar fosas clandestinas como forma de desaparecer cuerpos–, en una época de violencia, como la que vivimos, llega a frisar los territorios de los crímenes de lesa humanidad. Un Estado que cava fosas clandestinas es un Estado que se ha convertido en sepulturero del crimen.
Lo más grave del hecho es que los responsables de esta atrocidad, que tienen nombre y apellido, como lo señaló Cuauhtémoc Cárdenas en su visita a las fosas, se encuentran impunes. En primer lugar, el gobernador Graco Ramírez, que permanece en su puesto; en segundo lugar, el exfiscal Rodrigo Dorantes, que ahora es delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Durango. ¿Por qué –le pregunto a Agustín Basave– el PRD continúa protegiendo al gobernador? ¿Va a permitir que, con esos crímenes y el repudio de la población morelense, permanezca en el poder? ¿Ocultará su responsabilidad en estos delitos como ha ocultado la responsabilidad del exgobernador Ángel Aguirre en los de Ayotzinapa? ¿Por qué –le pregunto a la procuradora Arely Gómez– sigue manteniendo en la delegación de la PGR en Durango a Rodrigo Dorantes y no se le fincan responsabilidades penales por su participación en las fosas clandestinas de Tetelcingo? ¿Por qué –le pregunto al secretario Osorio Chong– no ha llamado a cuentas al gobernador morelense y guarda ante el tema de Tetelcingo un silencio cómplice? Sobre todo cuando el tema de las fosas se enmarca en un contexto de violencia que coloca a Morelos con uno de los rangos más altos en delitos.
Según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos cuatro años Morelos se encuentra entre los cinco primeros lugares de criminalidad. Si comparamos el gobierno, ya en sí mismo criminal, de Marco Antonio Adame (octubre 2006-septiembre 2012) con el de Graco Ramírez, podemos ver de qué tamaño es la inoperancia del último. El de Adame registró, a lo largo de sus seis años de “gobierno”, 5 mil 745 homicidios, es decir, 79.79 homicidios en promedio por mes; 156 secuestros, es decir, 2.17 secuestros en promedio por mes; y 2 mil 86 violaciones, es decir, 28.97 en promedio por mes.
Comparativamente, en lo que va del gobierno de Graco Ramírez (octubre de 2012-abril de 2016) se registran 3 mil 307 homicidios, es decir, 76.91 homicidios en promedio por mes; 342 secuestros, es decir, 7.95 en promedio por mes; y mil 515 violaciones, es decir, 35.23 en promedio por mes.
La variación entre los periodos de uno y otro es de -3.6 % en el actual gobierno, sin considerar los crímenes que se encuentran ocultos en fosas clandestinas como la de Tetelcingo. En materia de secuestros, la variación es de 366.35% más en el actual gobierno; y en materia de violaciones es de 21.60% más en el actual gobierno.
Hay que añadir a esto que la deuda de Estado en procuración de justicia a las víctimas no ha sido saldada por la presente administración. De los crímenes cometidos durante esta gestión y las anteriores, únicamente se ha iniciado proceso penal en 3% de los delitos, de acuerdo con datos del Índice Global de Impunidad México 2016.
Permitir que el gobernador de Morelos, al igual que el de Veracruz, Javier Duarte, continúen en el poder y que Rodrigo Dorantes siga al frente de la delegación de la PGR en Durango, y no llamarlos a cuentas, es afirmar inequívocamente que la violencia, las desapariciones, las fosas clandestinas son un práctica del Estado, un pacto de impunidad entre éste y el crimen organizado, una nueva forma en la que el totalitarismo se expresa y que debemos combatir centímetro a centímetro como lo están haciendo en las fosas clandestinas de Tetelcingo las organizaciones de víctimas con apoyo de lo que aún queda sano en el Estado: los equipos forenses de la UAEM, de la PGR, de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y el acompañamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Hay aún partes sanas en el Estado que podrían enderezar la acusación que pesa sobre él. ¿Serán capaces de llevar el asunto de Tetelcingo hasta el final y hacerlo en cada parte de la República? That is the question.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a José Manuel Mireles, a sus autodefensas y a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, boicotear las elecciones, devolverle su programa a Carmen Aristegui.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JAVIER SICILIA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443411/tetelcingo-otro-crimen-de-estado
Informó Arely Gómez de la designación de Alfredo Higuera Bernal como nuevo titular de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, en sustitución de José Aarón Pérez Carro.
Al salir de la reunión con la procuradora general de la República, Arely Gómez, padres de los normalistas de Ayotzinapa lamentaron que la PGR se esté tardando en la separación de Tomás Zerón de la Agencia de Investigación Criminal.
Durante el encuentro de casi dos horas, las autoridades federales no fijaron una postura concreta sobre la permanencia o no de Zerón, pues dijeron que la investigación interna continúa, informó el diario Reforma.
La procuradora entregó a los familiares de los normalistas el “Informe sobre el Caso Iguala: Estado que guarda la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero” e informó también de la designación de Alfredo Higuera Bernal como nuevo titular de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, en sustitución de José Aarón Pérez Carro.
De acuerdo con un comunicado de la PGR, en la reunión realizada en las instalaciones centrales, la titular de la PGR se refirió al documento, en el cual se describen las principales actuaciones que el Ministerio Público de la Federación ha llevado a cabo en dicha investigación.
Explicó que contiene un recuento de las acciones realizadas desde el inicio de la indagatoria el 4 de octubre de 2014, hasta el 30 de abril de 2016, encaminadas al esclarecimiento de los hechos, determinar el paradero de los jóvenes estudiantes, aprehender a los responsables y asegurar que esos delitos no queden impunes.
En relación con el cambio de titular de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, la procuradora Gómez González subrayó que este movimiento de ninguna manera significa interrupción o reinicio de la investigación en curso. “Habrá continuidad puntual”, reiteró.
Asimismo, de manera enfática, dio instrucciones al nuevo titular de la Oficina de Investigación y al Titular de la Coordinación General de Servicios Periciales, Jorge Alberto Zúñiga Malvárez, para actuar con estricto apego a la ley, honestidad, con transparencia, absoluta dedicación y privilegiando en todo momento el diálogo y trabajo cercano con los padres.
Una vez más, reiteró que la investigación de los lamentables hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, continúa abierta y se sigue trabajando con exhaustividad en el esclarecimiento de los hechos.
Finalmente, la titular de la PGR recibió diversos planteamientos formulados por las madres y los padres de los normalistas en relación con el desarrollo de las indagatorias y se acordó que se mantendrán las reuniones periódicas de seguimiento al caso.
En la reunión estuvieron presentes: Eber Omar Betanzos Torres, subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; José Guadalupe Medina Romero, subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales, así como el visitador general, César Alejandro Chávez Flores, y el titular del Órgano de Control Interno, Luis Grijalva Torrero.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0806/mexico/insisten-padres-de-los-43-en-que-tomas-zeron-salga-de-la-pgr/
Sólo hay pruebas de complicidad de policías municipales con el crimen organizado, afirma Eber Betanzos, pero reconoce que se investiga la participación de otras fuerzas de seguridad en el caso.
La “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa continúa siendo la principal línea de investigación de las autoridades, por lo que el libro blanco del caso Iguala sostiene que el crimen contra los normalistas es obra de policías municipales en complicidad con el grupo criminal “Guerreros Unidos”.
El subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Omar Eber Betanzos, explicó que la línea de investigación que sustenta la llamada “verdad histórica” es de la que se tienen mayores indicios hasta el momento, a pesar de que se han realizado diligencias para complementar otras teorías del caso, sugeridas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En conferencia de prensa, luego de que se anunciara la entrega del Libro Blanco del Caso Iguala a los padres de los 43 normalistas desaparecidos, la PGR sostuvo que hasta este miércoles, sólo existen pruebas de que hay complicidad de policías municipales con el crimen organizado, pero reconoció que se investiga la participación de otras fuerzas de seguridad con esa agrupación criminal.
Betanzos Torres agregó que, conforme a esta narrativa, los estudiantes normalistas arribaron al municipio de Iguala con el propósito de tomar autobuses y llevarlos a la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, los integrantes de “Guerreros Unidos” reaccionaron con violencia y solicitaron el apoyo de los policías municipales de Iguala y Cocula para detenerlos, interrogarlos y privarlos de la vida.
“Línea de investigación de la que esta Procuraduría General de la República tiene los mayores indicios, no obstante haber agotado otras que han surgido durante el desarrollo de la indagatoria sin obtener resultados. Ello no obsta para seguir investigando con toda exhaustividad las demás líneas de investigación contenidas en el expediente y las que en su desahogo se presenten”, insistió el subprocurador de la PGR.
El funcionario federal explicó que, conforme a lo solicitado por el GIEI en sus dos informes, la PGR abrió nuevas líneas de investigación sobre la posible participación de la policía municipal de Huitzuco en el “Caso Iguala”, además de acelerar sus peticiones de colaboración al Gobierno de Estados Unidos para ahondar en la teoría del “quinto autobús”, la cual vincula el ataque contra los normalistas con el tráfico de heroína de México a Estados Unidos de América vía terrestre.
Además, el Ministerio Público de la Federación sí integró a la averiguación previa el bloqueo realizado por presuntos policías municipales de Huitzuco y otros integrantes del crimen organizado en la carretera carretera libre México-Acapulco a la altura del municipio de Mezcala, hecho que según la indagatoria realizada por el GIEI permitió encapsular a los estudiantes normalistas en un radio de 80 kilómetros sin que las fuerzas federales reaccionaran.
“La línea de investigación fue abordada el 27 de octubre de 2014. El 20 de diciembre del mismo año, las copias certificadas de la indagatoria fueron incorporadas al expediente”, explicó Betanzos.
En la rueda de medios, el funcionario federal omitió cualquier alusión a la Policía Federal y al Ejército Mexicano, a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó indagar a los primeros y de que el GIEI insistió hasta el último momento en que los militares destacamentados en Iguala deberían ser investigados.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JUAN OMAR FIERRO.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0806/mexico/la-verdad-historica-sigue-siendo-la-principal-linea-de-indagacion-sobre-los-43-pgr/
Chilpancingo. Gro: Un grupo armado arrojó una granada de fragmentación contra las instalaciones de la Universidad Policial de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), al norte de esta capital, pero el artefacto explosivo no detonó. De acuerdo con reportes oficiales, esta mañana se halló la granada en la entrada principal del cuartel de formación policial ubicado sobre la autopista del Sol, a la altura de la colonia Tata Gildo, donde también se encuentran la aeropista –vigilada por el Ejército–, el hangar del gobierno estatal y la base de operaciones de las fuerza de apoyo de la Policía Federal.
El atentado ocurre a dos días de haberse lanzado la advertencia sobre un ataque contra la Policía Preventiva Estatal (PPE), a través de una narcomanta cuyo mensaje decía:
“Gente de Chilpancingo, a partir de la fecha estaremos presentes para recuperar lo q nos pertenece, vamos contra todos esos sierreños de mierda, esos del bar del “TEC” eran sicarios al mando de Isaac Navarrete. La limpia sigue, Estatales les tenemos su regalito x matar a mi gente en Tixtla, los Rojos no nos olvidamos, seguimos siendo el color más fuerte. Atte: ZN, El Chuy y El Chilango, seremos su pesadilla”.
Autoridades estatales atribuyen la acción a Zenén Nava Sánchez, El Chaparro, líder de la pandilla de un reducto del grupo criminal Los Rojos, desplazado de su bastión –Chilapa– por la gavilla de Los Ardillos, y ahora se encuentra en esta capital disputando la plaza al cártel denominado Sierra Unida.
Pese a ello, ninguna autoridad ha fijado una postura oficial sobre esa situación que ha vuelto a poner en riesgo a la ciudadanía, que se encuentra en medio de la confrontación de bandas delincuenciales que operan en contubernio con el gobierno en sus tres niveles y el Ejército.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443397/arrojan-granada-a-la-universidad-policial-guerrero-estalla
SAN LUIS POTOSÍ, SLP: Un juez determinó vincular a proceso penal a los cuatro elementos de la Policía Estatal involucrados en el homicidio de una alumna del Colegio de Bachilleres durante una persecución registrada la noche del domingo 29 de mayo.
A los cuatro se les dictó formal prisión y quedaron recluidos en el Centro de reinserción social de Matehuala.
Supuestamente, los agentes efectuaban diligencias de investigación en búsqueda de un homicida y persiguieron el vehículo en el que Alondra, de 18 años, viajaba con otros compañeros de escuela, con el argumento de que tenía las mismas características que el del hombre al que buscaban.
Según la primera versión de lo ocurrido, los agentes estatales hicieron el alto al conductor de la camioneta cuando transitaba por una carretera del municipio de Villa de Arista. El conductor ignoró la instrucción y los policías iniciaron la persecución.
Los policías hicieron al menos 17 disparos contra la camioneta donde viajaban los jóvenes, dos de los cuales impactaron el cuerpo de la joven estudiante quien falleció a consecuencia de éstos.
El conductor de la camioneta también resultó herido.
Destituyen a comandante
La Procuraduría de Justicia informó que el juez del segundo distrito judicial con sede en Matehuala dictó auto de formal prisión contra los cuatro agentes: Celestino, Waldemar y Juan en calidad de presuntos coautores, y Hugo, como presunto responsable de comisión por omisión en homicidio calificado.
Por este operativo, el secretario de Seguridad Pública del estado, Arturo Gutiérrez García, anunció la destitución del comandante Miguel Ángel Adrián Trujillo, quien ocupaba el cargo de Coordinador de operaciones de la dependencia, al responsabilizarlo por “las omisiones y fallas cometidas por los policías”.
Junto con el Secretario de gobierno, Alejandro Leal, y el procurador Federico Garza, el secretario de seguridad “ofreció disculpas” a los familiares de la joven.
Los funcionarios del gobierno estatal aseguraron que este homicidio “no quedará impune”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443399/envian-a-la-carcel-a-policias-mataron-a-una-estudiante-error
CIUDAD DE MÉXICO: La consultora tecnológica Infraiber orientó sus baterías ahora ante las autoridades bursátiles y de auditoría españolas para reclamar que la compañía constructora OHL sea obligada a “reformular” sus cuentas anuales consolidadas, y que se “investigue, sancione y denuncie penalmente, según corresponda, los actos de OHL España y Deloitte España contrarios a la ley española aplicable”.
En una misiva de 15 cuartillas enviadas a María Elvira Rodríguez Herrer, presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMVE), y en otra dirigida al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de España (ICAC), Infraiber argumenta que la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México sancionó a OHL con 71.9 millones de pesos y le ordenó “acciones correctivas”, entre las que se encuentra admitir ante sus accionistas que “OHL-México no tiene una garantía estatal de recuperación de inversión y su rendimiento en el Circuito Exterior Mexiquense”.
Es decir, señala Infraiber, “no tiene un derecho incondicional de cobro de dinero frente al Estado de México”. Por tanto, debe reformular sus cuentas anuales, especialmente su activo total que debe disminuir de 120 mil 958 millones de pesos a sólo 62 mil 932 millones de pesos (50%), su capital contable debe reducirse de 67 mil 957.7 millones de pesos a sólo 26 mil 683.2 millones de pesos (60%) y “los ingresos de 2015 fueron de cinco mil 095.3 millones de pesos y no de 15 mil 215.2 millones de pesos”, (66%).
El largo litigio a través de comunicados y cartas enviadas tanto a autoridades hacendarias de México como al público en general, se centra en la denuncia de Infraiber, compañía que fue contratada para medir el aforo vehicular en el Estado de México, por un fraude de OHL México en el cobro de las cuotas en el Circuito Exterior Mexiquense, obra que representa “más del 46%” del valor de todas sus “inmovilizaciones en proyectos concesionales”, y “casi el 20% de sus activo total y más del 41% del EBITDA”, según la carta enviada a la presidenta de la CNMVE.
La misiva, fechada el 6 de junio pasado, culmina señalando que el caso de OHL México y su obra carretera constituye “el Enron mexicano” y le demanda a las autoridades españolas que “impida que OHL siga engañando al público”, con respecto al derecho incondicional de cobro de dinero frente al Estado de México” y que “haga público el título de concesión y sus modificaciones, así como el oficio No. 2034-0749/2004 en que el gobierno del Estado de México confirma que no existe tal derecho incondicional de cobro”.
Posible contraofensiva de OHL
Hasta ahora, OHL no ha reaccionado públicamente a la divulgación de esta carta. El columnista Alberto Barranco, afirmó en su artículo “OHL al contraataque” que OHL prepara “una contraofensiva que incluye demandas por extorsión y daño moral, es decir, la vía penal y la civil”.
Según Barranco, la demanda por extorsión se basaría en un escrito “sin firma” entregado a los directivos de OHL España en el que se solicita la entrega de 450 millones de dólares “para parar la andanada”.
La demanda por daño moral se basaría en 21 hechos calumniosos contra Infraiber que “provocaron el desconcierto de socios y accionistas”.
El mismo columnista insiste en que alguien está detrás de la campaña de Pedro Topete, presidente de la firma Infaiber, y del asesor jurídico Paulo Diez Gargari.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443418/infraiber-demanda-sanciones-a-ohl-ante-autoridades-bursatiles-espanolas
A últimas horas de la tarde de este martes 7 de junio, 4 jóvenes del estado de Puebla, tres chicas y 1 muchacho, integrantes del Frente Estudiantil por una Educación para todos (FEET) y de la Liga Estudiantil Democrática, iniciaron una huelga de hambre reclamando “un diálogo respetuoso y resolutivo” con la Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
“El FEET trabaja por una educación para todos e incluye a los aspirantes excluidos de la universidad, aunque no sólo. El 31 de mayo instalamos un plantón en el Zócalo de Puebla, en exigencia de la reducción de cuotas de inscripción en la Universidad, la eliminación de filtros para el ingreso a la BUAP y también, reclamando la construcción de más universidades públicas en el estado” explicó una de las jóvenes movilizadas, que prefirió mantener su nombre en reserva.
El sábado 4, el plantón fue levantado a pedido de la Oficina de Enlace y Gobernanza de la BUAP, para “crear condiciones de diálogo” según explicaron los estudiantes. La cita se concretó dos días más tarde, el lunes 6 de junio. Fueron recibidos por Rodolfo Memije, director de esa oficina, que les respondió que él no tenía capacidad de decisión en ninguna de las cuestiones.
“El lunes por la tarde, en la reunión, se desconocieron todos los acuerdos que se habían estado trabajando desde hace más de un año, por lo que decidimos reiniciar el plantón en el Zócalo y la huelga de hambre de 4 compañeros.”
A la medianoche del martes, 3 sujetos llegaron directamente al campamento a agredir a los estudiantes, uno de ellos golpeó en el pecho a uno de los jóvenes, pero se logró contener la situación y que no se saliera de control, ya que se trata de una provocación, según denuncian. Los estudiantes señalan que eran paramilitares y que en los alrededores de la plaza había otros grupos de choque que no actuaron.
“Varias personas de civil entraron a nuestra acampada que reclama por la inclusión educativa, para buscar pelea con los huelguistas. Evitamos la agresión, pero las patrullas municipales que ofrecieron su ayuda una hora antes, dejaron sus puestos de vigilancia. Hacemos responsable a Rafael Moreno Valle (gobernador del estado), Antonio Gali (gobernador electo) y Alfonso Esparza (rector de la BUAP) de todo acto de represión en nuestra contra” sostuvieron en la denuncia pública realizada.
“La BUAP es la Universidad más grande del estado, tiene 44 mil estudiantes, pero es la única pública, aunque dentro de su perimetral hay otros institutos tecnológicos. El acceso es cada vez más complicado porque cada año se reduce la matrícula. Entre el 2013 y el 2014 aceptaban al 38% de los aspirantes. El año pasado y este, 2015 y 2016, el número de aspirantes que permitían ingresar en la BUAP se redujo a 47 mil y menos del 50% están dentro de la Universidad” explicó la estudiante a Desinformémonos.
“A pesar de que la infraestructura de la BUAP ha aumentado, ellos siguen sosteniendo que no hay espacio para más aspirantes”
Además del Frente Estudiantil, la movilización también es protagonizada por la Liga Estudiantil Democrática, una organización no gubernamental que trabaja con los estudiantes dentro de la Universidad. Es la que brinda, por ejemplo, cursos gratuitos de preparación para los exámenes de ingreso en la Benemérita.
“El año pasado fuimos reprimidos por el gobierno del estado, cuando instalamos un plantón reclamando un aula en dónde poder impartir estos cursos. Tras esa instancia fue que se habían comenzado a trabajar acuerdos con la Rectoría, que fueron desoídos.”
En la mañana de este miércoles, la situación permanecía calma luego del intento de boicot recibido la noche anterior. Los estudiantes señalan que el suyo es un movimiento pacífico, que lo que reclama es una instancia de diálogo serio y resolutivo con la Rectoría de la BUAP. Según los estudiantes, no han recibido hasta el momento ningún tipo de respuesta o inclinación al mismo por parte de las autoridades universitarias.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ELIANA GILET.
LINK: http://desinformemonos.org.mx/estudiantes-de-pueblan-en-huelga-de-hambre-por-acceso-a-educacion-publica-y-son-atacados-por-grupos-de-choque/
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que ya no habrá nuevas concesiones para ese tipo de transporte.
La era de los microbuses, como medio de transporte de los capitalinos, llegará a su fin.
Al menos así lo anunció este miércoles 8 de junio el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera:
“En breve estaré publicando la norma donde se va a prohibir, por primera vez en la Ciudad de México, se va a prohibir de ahora y para siempre, la circulación de microbuses”, dijo a medios el mandatario capitalino en la delegación Miguel Hidalgo, al ser cuestionado sobre las medidas para reducir la contaminación.
“Es decir, no habrá nuevos microbuses en concesiones. Si hoy alguien quiere una concesión, será con un vehículo que sea ecológicamente sustentable, pero no se va a dar ninguna concesión más, a ningún vehículo microbús”, detalló.
Mancera dijo que esta semana se publicará la norma para prohibir la circulación de los microbuses, y que aquellos que tengan un vehículo de ese tipo ahora mismo, no podrán renovar la concesión.
El pasado martes, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio a conocer la Norma Oficial Mexicana de Emergencia, que establece límites de emisión de contaminantes más estrictos.
Esos limítes se aplicarán para las unidades de transporte de carga con placas federales y en vehículos particulares que circulan en la Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, entidades que conforman la Megalópolis.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/adios-a-los-microbuses-en-la-cdmx-mancera-anuncia-el-fin-de-su-circulacion/
El Cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez admitió hoy en una entrevista con la agencia de noticias Efe que en la casa Alberione, ubicada en el municipio de Tlaquepaque, en Jalisco, fue un hogar de acogida para sacerdotes involucrados en casos de pederastia. El prelado aseguró que ese recinto fue un centro de rehabilitación de religiosos hasta que Juan Pablo II envió en 2001 una carta a los obispos para pedirles que no encubrieran estos casos.
La casa Alberione, ubicada en el municipio mexicano de Tlaquepaque, fue un hogar de acogida para sacerdotes involucrados en casos de pederastia, confirmó hoy el Cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez.
En una entrevista con Efe a propósito de la reciente publicación de su libro de memorias, “Con mi propia voz”, asegura que ese recinto fue un centro de rehabilitación de religiosos hasta que Juan Pablo II envió en 2001 una carta a los obispos para pedirles que no encubrieran estos casos.
“Desde que estaba yo en el cargo, antes sí, pero cuando en el 2001 el Papa Juan Pablo II dijo que los pederastas tenían que salir del ministerio, entonces di la disposición a la casa Alberione que no admitieran ningún sacerdote pederasta”, afirma.
Desde entonces, un grupo de médicos, psicólogos y psiquiatras atienden en esa casa, localizada a unos kilómetros de distancia del lugar donde reside Sandoval, a sacerdotes que sufren alcoholismo, depresión o que tienen “problemas de autoridad”, señala el prelado de 83 años.
“Un pederasta no (es aceptado), primero porque nos va a dañar la obra y segundo porque de todas maneras tiene que dejar el sacerdocio, ¿para qué estamos ya gastando en él?”, pregunta.
Sandoval recuerda que luego del escándalo del encubrimiento de sacerdotes pederastas en la Arquidiócesis de Boston, Juan Pablo II mandó a los obispos, en mayo de 2001, un documento que clasificaba a la pedofilia como un pecado y desde entonces puso en marcha reformas “que se han ido endureciendo cada vez”.
Con ellas, los obispos tienen la obligación de investigar “inmediatamente” y “a fondo” si saben de un caso de pederastia clerical, para enviar un expediente que es valorado en Roma.
Además, deben informar a las autoridades civiles para que investiguen al sacerdote.
“Tiene que hacerse, debe hacerse porque está mandado que se haga”, respondió el Cardenal emérito a la pregunta de si los obispos cumplen con estas obligaciones.
El 4 de junio pasado el Papa Francisco decretó el reforzamiento de las normas contra los casos de pederastia, por las que los obispos podrán ser destituidos de su cargo si han actuado de modo negligente o han omitido acciones al respecto.
La santa sede publicó el “motu proprio” (documento papal) “Como una madre amorosa”, con el que se concretan los artículos del Código de Derecho Canónico en los que se estipula la posibilidad de expulsar a un eclesiástico por “causas graves”.
En la entrevista realizada en su casa situada en el centro de Tlaquepaque, en el occidental estado de Jalisco, el Cardenal retirado desde 2011 señala que durante su mandato de 17 años al frente de la Arquidiócesis de Guadalajara afrontó “un solo caso” de pederastia clerical.
“Fue a dar en la cárcel, ahí lo dejé y después por edad lo soltaron porque ya estaba viejo, lo echaron para afuera. Pero yo no lo defendí, no se portó como sacerdote”, dice sin dar más detalles Sandoval, uno de los Cardenales cercanos a Juan Pablo II y conocido por sus polémicas declaraciones contra el matrimonio homosexual y el aborto.
Sobre la iniciativa presentada en mayo por el Presidente Enrique Peña Nieto para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo en la Carta Magna, el prelado sostiene que el Gobierno no puede equiparar una unión de esta naturaleza con el concepto “natural” de matrimonio.
“Si les hacen un estatuto jurídico a estas personas, cualquiera que sea: una sociedad de convivencia, con bienes mancomunados o separados, con herencia o sin herencia, que se las hagan; lo que no se acepta es que sea matrimonio, es lo único que no aceptamos”, enfatiza.
Peña Nieto anunció en mayo pasado un proyecto para modificar el primer párrafo del artículo 4 de la Constitución mexicana, según el cual “el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”.
“No estamos de acuerdo en que se arroguen los derechos que no les corresponden. El matrimonio, desde el punto de vista del orden natural, es hombre y mujer para dar la vida, entonces que no sea matrimonio, cualquiera otra figura legal que se las den y todos contentos”, comenta.
En su libro, el Cardenal emérito se refiere a la reciente visita de Francisco a México y la polémica suscitada por la participación de Peña Nieto en la misa celebrada en la Basílica de Guadalupe, y señala que “el Estado laico no debe prohibir a mandatarios y burócratas de cualquier nivel profesar una religión y practicarla”.
Sandoval sostiene en la entrevista que la laicidad no debe entenderse como “estar fregando (molestando) a la iglesia”.
“Eso es un Estado confesional al revés, (es) un Estado persecutorio, que lo ha sido siempre aquí (en México)”, remata.
FUENTE: SIN EMBARGO/EFE.
AUTOR: MARIANA GONZÁLEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/08-06-2016/3051922
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente resolvió que la remoción de vegetación en el Proyecto Malecón Turístico Tajamar en Cancún, ejecutada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo en enero pasado, se realizó al amparo de una autorización vigente. La obra enfrenta a ecologistas y autoridades en esa ciudad, donde se pretende destruir 69 hectáreas de manglar para construir instalaciones residenciales, comerciales y de recreo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encabezada por el “verde” “ecologista” Rafael Pacchiano Alamán, le aprobó al Fonatur la destrucción del manglar y con ello a empresarios que antes, y por distintos desarrollos, habían sido acusados e incluso sancionados por devastar otros manglares en Quintana Roo, el estado que aún gobierna el priista Roberto Borge Angulo.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) resolvió que la remoción de vegetación forestal en el Proyecto Malecón Turístico Tajamar Cancún, en Quintana Roo, ejecutada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en enero pasado, se realizó al amparo de una autorización en materia de impacto ambiental vigente.
“Después de una detallada investigación en campo y de gabinete, y valorados todos los medios probatorios ofrecidos por ciudadanos denunciantes así como el citado organismo, se determinó que el referido desmonte contó con una autorización expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)“, indicó la agencia ambiental.
Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta de la asociación civil Grupo Ecologista del Mayab (Gema) y representante de Salvemos Manglar Tajamar, acusó en entrevista para SinEmbargo que dicha resolución “es ofensiva para la inteligencia de los cancunenses. Es muy desafortunada y nada confiable”.
La activista comunicó que ayer por la tarde fue citada para comparecer, donde autoridades de la Profepa le entregaron un resolutivo de más de 150 páginas, mismas que hoy analizarán en reunión con abogados y activistas involucrados en el caso Tajamar.
Después de ello, determinarán qué acciones emprenderán, aunque afirmó que gracias a la veintena de amparos que han presentado a lo largo del proceso, Tajamar no se encuentra en riesgo.
Los inconformes cuentan con quince días para presentar recursos de revisión y apelación, informó Domínguez.
Por su parte, Greenpeace consideró una vergüenza que la Profepa minimice los impactos de la tala del manglar Tajamar por considerar que se trata de un acto legal, cuando aún no se tiene una sentencia definitiva de un juez en el caso.
“En un país donde las propias instituciones de gobierno utilizan la ley a modo, aplicándola a medias en algunos casos pero dejándola impunemente como letra muerta en otros, la Profepa se suma a la lista de las instituciones que cada vez pierden más credibilidad. Es indignante que la institución encargada de la protección ambiental, se atreva a defender un daño como el que se realizó en Tajamar”, subrayó la organización.
En un pronunciamiento emitido hoy, Greenpeace destacó que México firma convenios internacionales para la protección y conservación de la biodiversidad pero permite la destrucción en Tajamar donde habitan especies en diferentes categorías de riesgo catalogadas en la NOM-059 para la protección ambiental y para completar la ironía en este marco de catástrofe, Cancún será la sede de la 13 Conferencia de las partes del Convenio de la Diversidad Biológica a finales de este año.
La Profepa dijo en un comunicado que tras los hechos ocurridos la madrugada del pasado 16 de enero, agentes de la dependencia en el estado de Quintana Roo realizaron una visita de inspección del 26 al 28 de enero, “instaurándose un procedimiento administrativo por posibles irregularidades en contra de la autorización en materia de impacto ambiental otorgada en julio de 2005”.
Adicionalmente, la dependencia consideró las pruebas ofrecidas dentro de las mil 188 denuncias interpuestas ante su delegación en Quintana Roo, “las cuales sirvieron para robustecer el análisis efectuado dentro del procedimiento administrativo”.
Destacó que las pruebas ofrecidas por los denunciantes apoyaron la información recabada por inspectores federales en relación con la presencia de fauna silvestre en el lugar previo a la remoción de vegetación, y en fecha posterior a ese acto.
Por ello, Profepa ordenó a Fonatur concluir con el programa de rescate de fauna, “acreditándose por el citado Fondo una imposibilidad material para tal efecto derivado de la oposición de algunos grupos de personas apostados en el lugar”.
“Por todo lo anterior, la Profepa resolvió que la remoción de vegetación se realizó al amparo de la autorización en materia de impacto ambiental vigente al momento de su ejecución, así como que no existieron indicios de daños ni responsabilidad ambiental atribuible al Fondo Nacional de Fomento al Turismo”, apuntó.
La madrugada del sábado 16 de enero, policías municipales y estatales ingresaron a los terrenos ubicados en el Malecón Tajamar para reanudar la construcción de unos desarrollos inmobiliarios promovidos por el Fonatur.
Ciudadanos han denunciado que en la zona hay especies en peligro de extinción incluidas en la norma oficial mexicana NOM-059.
El Proyecto Malecón Tajamar enfrenta a ecologistas y autoridades en Cancún, donde se pretende destruir 69 hectáreas de manglar para construir instalaciones residenciales, comerciales y de recreo.
El conflicto viene por el hecho de que los permisos para remover la vegetación fueron emitidos antes del decreto promulgado en 2007 por el entonces Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, que protege el manglar e impide la construcción de cualquier proyecto en zonas donde se encuentre este tipo de ecosistema.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encabezada por el verdeecologista Rafael Pacchiano Alamán, le aprobó al Fonatur la destrucción del Manglar Tajamar y con ello a empresarios que antes, y por distintos desarrollos, habían sido acusados e incluso sancionados por devastar otros manglares en Quintana Roo, el estado que aún gobierna el priista Roberto Borge Angulo.
Entre las 22 empresas que pretenden edificar en la 59 hectáreas del Manglar Tajamar se encuentran algunas que son propiedad de personajes ligados a figuras de la política mexicana y otras más a la cúpula empresarial, principalmente de Nuevo León y Quintana Roo.
El Malecón Tajamar, ubicado en la cabecera de Cancún, en el municipio de Benito Juárez, se colocó en el ojo público luego de que el 90 por ciento de sus terrenos fueran devastados para iniciar construcciones que van desde comercios hasta una catedral, sepultando, incluso vivos, a los animales nativos y destruyendo la flora del área.
SinEmbargo publicó una nota en enero pasado donde reveló que la dependencia entregó Tajamar a empresas ligadas a políticos.
En el caso de la Desarrolladora El Arca encontró que esta compañía privada, dedicada a la construcción de viviendas unifamiliares, enfrentó un caso similar en enero de 2012, cuando el Ayuntamiento Solidaridad emitió una multa a esta empresa por 1 millón 424 mil 250 pesos, debido a la devastación de dos hectáreas de un manglar ubicado en ese municipio.
Inmobiliaria Moka, una de las compañías que posee terrenos en la ahora zona devastada en Tajamar, tiene como representante al empresario de origen libanés William Jorge Karam Kassab.
Si bien se carece de información pública de los actos de esta empresa, quien la representa es un personaje relacionado desde hace años con el ex Gobernador de Tabasco y ex candidato a la Presidencia de la República por el PRI, Roberto Madrazo Pintado.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/08-06-2016/3051863
La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó hoy un informe sobre recomendaciones por violaciones a derechos humanos que establece que en los últimos 26 años se emitieron 2 mil 537 recomendaciones a mil 102 autoridades, de las cuales 361 tienen pendiente el cumplimiento de alguno de los puntos recomendados. Guerrero, Oaxaca, Chiapas, la Ciudad de México y Veracruz son las entidades que han recibido el mayor número de recomendaciones de 1990 a la fecha.
Guerrero, Oaxaca, Chiapas, la Ciudad de México y Veracruz son las entidades que han recibido el mayor número de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de 1990 a la fecha.
La Comisión presentó hoy un informe sobre recomendaciones por violaciones a derechos humanos que establece que en los últimos 26 años se emitieron 2 mil 537 recomendaciones a mil 102 autoridades, de las cuales 361 tienen pendiente el cumplimiento de alguno de los puntos recomendados.
Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, indicó que la autoridades federales con más recomendaciones son la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y los poderes ejecutivos de Chiapas y Oaxaca, con 105 y 104 casos respectivamente.
Pero en el desglose por entidad, las autoridades de Guerrero lideran la lista con 136, seguido de Oaxaca con 134, Chiapas con 127, Ciudad de México con 100 y Veracruz con 93.
Incluso en el desglose por municipio, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chihuahua y Puebla son los más recomendados.
En cuanto a la recomendaciones pendientes, 320 están relacionadas a las 530 emitidas entre 2011 y 2016, de las cuales 60 por ciento no han sido cumplidas en su totalidad.
“La simulación, omisión, parcialidad y falta de apego a la ley en el cumplimiento de las recomendaciones puede ser igual de grave a la negativa a aceptar las mismas”, dijo González Pérez.
La autoridades que deben la mayor parte de la recomendaciones son la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), el IMSS, la PGR, la Sedena y el Gobernador de Guerrero con 14.
Unas 28 de estas recomendaciones incumplidas tienen más de seis años de antigüedad, 57 entre cuatro y seis, 132 de tres a cuatro, 128 entre uno y dos, y 16 menos de un año.
Los puntos pendientes más importantes en falta de cumplimiento son los relacionados a las garantías de no repetición, atención a víctimas y en procesos para determinar responsabilidades administrativas y penal de servidores públicos.
VIOLACIONES GRAVES
La CNDH identificó cuatro casos graves de violaciones a los derechos humanos aún pendientes por resolver.
El primero es el del 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero; la segunda del 9 de julio de 2014 en Ocoyucan, Puebla; la tercera por el caso de Apatzingán, en Michoacán, y la cuarta del 30 de junio de 2014 referente al caso Tlatlaya.
En todas ellas varias de la autoridades estatales y federales han incumplido puntos recomendados.
El presidente de la CNDH dijo que, en general, las autoridades que han incumplido con las recomendaciones no tienen justificación.
“No puede ser, sin bien entendemos que hay algunas recomendaciones con complejidad, pero hay otras que no entendemos porqué esta indolencia no se justifica”, indicó.
El ombudsman destacó que nunca antes se había hecho un “corte de caja” como el que se incluyó en el informe presentado hoy.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/08-06-2016/3051897
