Alto a los asesinatos de compañeros Indígenas Rarámuris; CNI-EZLN

Tras el asesinato de miembros Rarámuris en defensa del ambiente en Chihuahua, el CNI-EZLN denunció los hechos ocurridos en la Sierra Taraumara, donde señalaron como actos perpetrados por grandes terratenientes y grupos de la delincuencia organizada.

En un comunicado emitido este sábado, integrantes del CNI-EZLN calificaron los hechos ocurridos como una “barbaridad” contra sus compañeros que mantienen una la lucha de su pueblo por la recuperación de su territorio, donde señalaron, se mantiene “acaparado desde hace más de 40 años por grandes terratenientes ganaderos y grupos de la delincuencia organizada”.

Así mismo, matizaron su solidaridad con el pueblo Rarámuri, donde suman 18 homicidios contra la comunidad desde 1973, cuatro de ellos en el último año.

“Abrimos nuestros corazones a la lucha incansable que están librando contra la delincuencia organizada y terratenientes respaldados por los malos gobiernos, les ofrecemos nuestro respaldo como pueblos indígenas del país que nos organizamos para defender nuestras vidas y nuestros territorios”, finalizaron.

Fuente: Somos el Medio

Autor: Ricardo Ortiz

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Un accidente más del metrobús CDMX

El pasado sábado alrededor de las 12 del día, un joven ciclista fue atropellado por el Metrobús a la altura del Eje 4 Sur casi esquina con Cuauhtémoc, Ciudad de México. Un grupo de personas que se encontraban en el lugar atestiguaron que el operador, quien responde al nombre de Rafael California, alcanzó al ciclista cuando éste cambió al carril de contraflujo para dar paso al Metrobús, es decir, el alcancé se debió a que el conductor no frenó sino hasta que le pegó al joven, quien terminó debajo de la parte frontal del vehículo quedando a nada de que la llanta pasara por encima de él. Las personas que se encontraban en el lugar señalaron que el accidente se debió a la imprudencia del conductor del metrobús. 

La aseguradora, a cargo de la compañía Quálitas, en un inicio le condicionó la atención médica y mecánica al joven ciclista, debido a que el valuador, quien se transportaba en un vehículo con placas 007-486, le solicitó que se comprometiera por escrito a no proceder jurídicamente en contra del conductor del Metrobús.

Este caso se suma a los más de 700 accidentes en que se ha visto involucrado algún metrobús de la Ciudad de México desde que inició sus operaciones, de acuerdo a una investigación realizada por el portal La Silla Rota en agosto de 2016; donde también exponen que debido a estos accidentes han habido 31 personas fallecidas y más de mil 140 personas lesionadas. 

En la mayoría de los accidentes se deja ver la manera arbitraria como se maneja el sistema de transporte Metrobús en esta ciudad en los que se ven involucrados sus operadores. Al joven, que de acuerdo a los testigos, pudo haber sido aplastado por el carro, se le otorgó la asistencia en una clínica de segundo nivel de atención (Médica Vial), pero de manera condicionada a cambio de que desistiera en la demanda que pensaba realizar en contra del chofer.

En opinión del Gobierno de la Ciudad de México, en la mayoría de los casos culpan a los ciclistas, los peatones y los automovilistas que obstruyen por descuido o irresponsabilidadla “vía libre” del Metrobús. Sin embargo, son bastantes ya los casos como el del joven atropellado el día de ayer en el Eje 4 Xola, o como fue el caso de la joven Ti Kip Fernández Vilchis quien perdió la vida en enero del 2014 cuando fue atropellada en Insurgentes Sur por un Metrobús. Para excusar de la responsabilidad al operador en este caso, y de acuerdo con la madre de la víctima, las autoridades del Metrobús inventaron que la joven había ingerido bebidas alcohólicas y que ella era una suicida. 

Por su parte Boris Graizbord, académico del Colegio de México y experto en temas de transporte y tráfico explica como, en la teoría y en el reglamento, el metrobús tiene vía libre como la tiene el metro en el túnel; pero en el caso del metrobús que circula en la superficie por avenidas y calles, no es de esta forma. Realmente a esa vía donde se transporta el metrobús es transitada ocasionalmente también por peatones, ciclistas y automovilistas, por lo que los operadores deberían estar sensibilizados y capacitados en este sentido. 

Más de 700 accidentes muestran lo contrario, se ha visto que algunos operadores tienen la mentalidad de que es su “vía libre”, y lo que se atraviese “se lo llevan por delante” sin ninguna consecuencia como lo que sucedió con el joven ciclista atropellado el pasado sábado.

Fuente: Somos el Medio

Autor: Juan Carlos Hernández Rosete

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“Gasolinazo”: punta del iceberg que obliga a plantear la transición energética con respeto a pueblos originarios

Además de sustituir las fuentes fósiles por tecnologías con insumos renovables, es necesario respetar a las comunidades y pueblos originarios

A pesar de que el gobierno prometió que con la reforma energética los combustibles bajarían de precio, 2017 comenzó  con un alza en los costos de las gasolinas, el gas y el diésel. El descontento popular no se hizo esperar, ya que desde las primeras semanas del año surgieron numerosas movilizaciones en rechazo al “gasolinazo”, las cuales han ido desde manifestaciones, bloqueos y tomas de gasolineras o instalaciones de Pemex hasta episodios de vandalismo y saqueos, que han generado suspicacia por su dudosa intención.

La efervescencia en el ánimo colectivo, así como la intensidad y generalización del enojo, da muestras de un desgaste social acumulado a lo largo de varios sexenios. La injusta distribución de la riqueza se agudizó con la liberación del precio de los combustibles.

Un problema complejo como éste debe observarse desde múltiples ángulos. Desde una perspectiva ambiental, creemos que el “gasolinazo” y el descontento que provoca son sólo la punta de un iceberg de problemas más graves que ya dejan sentir sus consecuencias.

Sin duda, un factor preocupante que se ha puesto en evidencia es que las relaciones sociales de producción, es decir, nuestras actividades económicas, son altamente dependientes de los combustibles fósiles. La economía mexicana sigue siendo adicta al petróleo, y las finanzas públicas no han encontrado mejor fuente de ingresos que la ya muy exprimida Pemex. Las cadenas de suministro y distribución, las redes de transporte, la producción de energía eléctrica y otras actividades industriales clave siguen alimentando sus motores con estos energéticos.

Por otro lado, la quema de combustibles fósiles sigue siendo la causa principal del calentamiento del planeta, detonante del cambio climático global. De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, 2016 ha sido el año más caluroso desde que se llevan registros globales; más aún, a partir del año 2000 se han reportado 16 de los 17 años más calurosos desde 1880. Esta tendencia añade más incertidumbre a nuestra capacidad para predecir los patrones climáticos y atmosféricos de un planeta en cambio global. A escala más local, la precaria calidad del aire en la Ciudad de México es un recordatorio constante de las consecuencias que la economía basada en el petróleo tiene para la salud.

Visto desde otro ángulo, las reservas mundiales de combustibles fósiles se están agotando. Es un hecho inevitable: los yacimientos de gas, carbón y petróleo están llegando a su fin. Aunque no se cuenta con datos precisos, debido a que muchos países productores reservan esta información por temas estratégicos, proyecciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (opep) apuntan a que para mediados de este siglo existirán problemas de suministro debido a la escasez de reservas. Los recursos petrolíferos han sido fundamentales para mantener un crecimiento económico constante a lo largo de los últimos dos siglos, a pesar de los altos costos ambientales que han implicado su extracción y consumo; pero ahora es momento de prepararse para cuando ya no dispongamos de ellos.

El descontento por el “gasolinazo” fue provocado por una decisión gubernamental: permitir que el mercado y la competencia determinen el precio de las gasolinas, el gas y el diésel. Otras medidas de gobierno podrían mitigar o revertir el alza en el precio de los combustibles. Pero cuando las reservas empiecen a escasear, no bastará con decisiones fiscales y políticas para remediar el desabasto energético. A la luz de esto, cabe preguntarse qué tan preparados estamos sociedad y gobierno en México para enfrentar las situaciones futuras.

La transición energética hacia fuentes renovables es una tarea fundamental para las sociedades del siglo xxi. Las políticas climáticas de la Unión Europea han motivado que países como Alemania apuesten por una reducción considerable de sus emisiones de carbono. Para ello, han logrado disminuir en 50 por ciento su consumo de combustibles fósiles comparado con el de 1990. Esto significa que las relaciones sociales de producción de los alemanes se están desacoplando de esta clase de energéticos, y cada vez  dependen más de energías limpias. Asimismo, países más cercanos en lo geográfico y el contexto sociocultural como Costa Rica, han planeado y construido infraestructura suficiente para generar su demanda total de electricidad sin usar combustibles fósiles hasta por 250 días al año. Está claro que la población mexicana y su demanda de electricidad es mucho mayor que la costarricense, pero no es pretexto para postergar la necesaria transición hacia otras fuentes de energía.

Un último, pero no menos importante factor a considerar es el aumento de demanda energética, derivado de nuestros estilos de vida y el crecimiento de la población. Estimaciones recientes señalan que para el año 2050, la demanda será de cerca de 3 mil 500 megawatts por hora, comparados con los 2 mil 200 megawatts por hora en la actualidad. Más allá de encontrar fuentes alternativas, es imperativo adoptar estrategias de uso eficiente y ahorro energético en los diferentes sectores productivos estratégicos para revertir esta tendencia incremental.

En conclusión, la estabilidad del clima, aunada al agotamiento de las reservas de combustibles fósiles, nos imponen un límite al consumo. Si bien muchas de estas acciones y decisiones son competencia de los gobiernos, también corresponde a la ciudadanía revisar sus estilos de vida y patrones de consumo energético.

Más aún, es trascendental exigir a las autoridades una política clara rumbo a la transición energética. Y en este rubro cabe resaltar también que no basta con sustituir las fuentes fósiles por tecnologías con insumos renovables (el sol, los ríos, el viento, la biomasa, las mareas…), sino encontrar un modo justo y adecuado de adoptar estas tecnologías con pleno respeto de los derechos territoriales de los pueblos originarios y las comunidades locales.

Fuente: Desinformémonos

Autor: Programa del Medio Ambiente

https://desinformemonos.org/gasolinazo-punta-del-iceberg-obliga-plantear-la-transicion-energetica-respeto-pueblos-originarios/

Tres claves para entender la “guerra no convencional” que vive México

Muy pronto comenzó el año 2017 para México. Primero, con el llamado “gasolinazo” se han multiplicado las protestas ciudadanas por lo que se reconoce como el incumplimiento de una promesa gubernamental de acuerdo con la cual, después de puesta en marcha la reforma energética, no habría más alzas en los precios de las gasolinas y el diésel. Segundo, desde fuera y ya en los primeros días del año una organización independiente International Crisis Group (ICG) coloca a México entre “los 10 puntos críticos más volátiles del mundo”.

En el primer caso, el gasolinazo aparece como la gota que derrama el vaso de un profundo descontento social en el que la población no encuentra, en quienes han gobernado y gobiernan al país, un proyecto claro que permita mirar al futuro con esperanza. El hartazgo adquiere dimensiones reales cuando quien dice representar los intereses de sus gobernados toma decisiones que de una u otra manera afectan a todos. Pero, sobre todo, cuando quien debería ser el líder máximo no encuentra apoyo en una ciudadanía que no lo ve más, si es que alguna vez lo hizo, como alguien en quien creer y con la autoridad suficiente para ser obedecido.

En el segundo caso, el ICG compara la situación interna de México, en cuanto a tipo y nivel de violencia, con países como Siria, Afganistán, Yemen, Sudán del Sur, Irak, República Democrática del Congo, Gran Sahel y la región del Lago Chad, Birmania, Ucrania y Turquía. En este sentido, Iván Briscoe, director del Programa para América Latina del ICG, afirma que se incluyó a México, aunque no vive un conflicto “convencional”, dado que los niveles de violencia armada en el país “han llegado a cifras comparables a los de zonas de conflicto”. La pregunta necesaria en este punto es: si, formalmente, en México no se vive una guerra civil o la invasión declarada de otras naciones ¿Por qué el país registra cifras y niveles de violencia semejantes a los de países en guerra?  ¿Vive México una guerra no convencional?

La respuesta por supuesto no es sencilla ni puede concretarse al análisis de un sólo factor. Por lo que se proponen aquí tres posibles líneas de investigación, las cuales confluyen en una sola hipótesis.

Primera, un cambio en el rostro de la civilización como hoy la conocemos, que va más allá de la lógica de fronteras abiertas o del proteccionismo económico que ahora pretenden imponer Gran Bretaña y Estados Unidos, después de haber probado y vivido en carne propia las consecuencias del neoliberalismo, el libre mercado, la liberalización de los mercados financieros, la globalización y todo aquello que acompañó su propia visión del mundo y la función del Estado.

Esta transformación se caracteriza por una competencia descarnada por los recursos, el individualismo y un egoísmo exacerbado, en el que los intereses económicos han transcendido a la política para imponerse con toda su fuerza desintegradora, peligro que, ya a inicios del siglo XIX, pensadores tan preclaros como Hegel habían advertido. El filósofo alemán afirmó que la política era incapaz de garantizar su propia hegemonía sobre el interés social económico, peor aún, observó, con mucha agudeza, como la economía comenzaba a imponer sus reglas a la política, más aún comprendió tempranamente el poder disolvente encarnado por el capital cuya lógica daba rienda suelta al afán egoísta del individuo al separarlo de los nexos que lo ligaban al espacio privado familiar y al espacio político del Estado.

En una primera aproximación podría expresarse esta relación como el enfrentamiento entre el “mercado”, como la imagen más visible del capitalismo y el “Estado”, como la representación de los intereses de la mayoría. Entre las décadas de los años 40 y 80 del siglo pasado el mundo conoció al Estado benefactor o de bienestar, en el cual, a través de impuestos diferenciados, subsidios, educación, servicio médico gratuito, etcétera, el Estado logró disminuir los efectos negativos del mercado, tratando de igualar las condiciones de quienes no tendrían oportunidad de una vida mejor al sujetarse sólo a las leyes de la oferta y la demanda.

Hacia los ochentas, el modelo cambió y se decretó la minimización del tamaño del Estado y el retiro de aquellas políticas de corte social que protegían a las grandes mayorías para dejarlas con sus propias fuerzas frente a un mercado cada vez más excluyente. Las y los individuos quedaron entonces solos y a la deriva, en muchas de las ocasiones sin el amparo de la familia y sin la protección del Estado, gracias a que la nueva lógica propicia un individualismo extremo.

Ahora, en pleno siglo XXI, no se ha podido encontrar un modelo que, en todo caso, reúna lo mejor de ambos paradigmas, la famosa tercera vía. Por el contrario, parece imponerse una tendencia que lleva a sus últimas consecuencias el pleno desenvolvimiento de la “fuerza desintegradora” de la economía sobre la política, observada por Hegel.

El resultado, poblaciones enfrentadas al vacío del poder político, encarnado en gobernantes incompetentes, débiles, no comprometidos con la población a la que dicen representar y sometidos a los intereses económicos de una pequeña, pequeñísima élite mundial y decididos a defenderlos a como dé lugar, con las armas en la mano si es preciso, de ahí la urgente necesidad de militarizar la vida civil.

Segunda, la geopolítica es un segundo factor que podría proporcionar elementos para entender lo que está pasando en México y lo que ha llevado al país a estar en el grupo de los 10 puntos más críticos del planeta en términos político sociales. La explicación en este punto se relaciona, por supuesto, con el hecho de que México tenga como vecino al, aún, país más poderoso del mundo, Estados Unidos. En una interesante reflexión, Campo de guerra, Premio Anagrama de Ensayo, el periodista mexicano Sergio González Rodríguez, sostiene que: “la meta es acrecentar la inestabilidad en México, para imponer el Estado ‘fuerte’ y la misión de que México actué como gendarme de la región al sur de EE. UU., Centroamérica y el Caribe (…) El caos, el desastre educativo y la imposición de la barbarie (armas, droga, violencia, explotación masiva) terminan por ser redituables dentro de la geometría asimétrica de México con sus vecinos del norte” (Pág: 31).

En términos simples, México, convertido en un campo de guerra, sirve de barrera para frenar, en lo posible, los efectos negativos de un modelo económico-político brutal basado en la extracción de recursos naturales, humanos, económicos, técnicos, tecnológicos, científicos de las sociedades vulnerables en función del lugar que ocupan en la geografía mundial, y que de llegar a Estados Unidos harían de ésta una sociedad en peligro. Estos efectos son: enormes olas migratorias, el terrorismo, las bandas del narco y el crimen organizado, los delitos que en México han sentado sus reales como la trata de personas, los asaltos, los asesinatos, los secuestros y muchos otros. “Negocios” que generan ganancias estratosféricas en millones de dólares y a las que sí se permite cruzar la frontera norte. Por supuesto, no hay que dejar de lado el enorme negocio que para Estados Unidos significa la venta de armas en el mundo, incluido México como uno de sus clientes más cercanos. Negocio redondo, México paga por las armas con las que ha de evitar que el desorden y el caos llegué a su vecino del norte y con las que los propios connacionales se están matando.

Como refuerzo a la tesis de la necesidad de militarizar la vida civil, baste como ejemplo la conocida Iniciativa Mérida, concertada entre Felipe Calderón y George Bush, 2008, cuyo objetivo principal fue dotar de equipo bélico al gobierno mexicano: helicópteros, aviones con aparatos de rastreo térmico, programas de cómputo y radiocomunicación y entrenamiento en operaciones antinarcóticos. Pero ni a Calderón ni a Bush se les ocurrió que podrían atender el problema fortaleciendo las redes sociales de apoyo a sectores desprotegidos, programas para la creación de empleos, asesoría técnica para desmontar las redes financieras de los narcos o para atacar la enorme corrupción que ha convertido a muchos gobernantes y empresarios en “socios” de los narcos. Nada de eso, su primera opción fue fortalecer técnicamente a las fuerzas armadas.

Tercera, la histórico-política, México atraviesa por un periodo histórico de gran inestabilidad política y social caracterizado por el agotamiento de un modelo político de corte autoritario-corporativo-clientelar y una transición inconclusa a la democracia que aunque se tradujo en un mejor sistema electoral no aseguró la independencia de éste respecto de los partidos políticos, ni un cambio positivo en la relación entre poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) ni entre los diversos niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) y menos entre el Estado y la sociedad.

Ambos fenómenos, el modelo agotado y la transición inconclusa han permitido el arribo al poder de una clase política incompetente, corrupta, trepadora, ignorante, sin proyecto de país y no comprometida con los intereses de aquella gente a quien gobierna o dice representar. Han provocado además una honda ruptura en el pacto social que obligaba al gobierno a vigilar el bienestar de las grandes mayorías y a la sociedad a obedecer y apoyar los mandatos de tal gobierno. El resultado es el caos, la desobediencia civil, el rompimiento del tejido social, la impunidad, la proliferación de los delitos y con ellos la necesidad imperiosa de un nuevo pacto y de liderazgos que logren encausar la energía social de manera positiva hacia la conformación de un nuevo proyecto de país.

De aquí que el “gasolinazo” prácticamente “rocié gasolina” sobre un malestar social acrecentado por las acciones de un gobierno incapaz de mirar más allá de los intereses de su pequeño grupo y que con cada una de sus acciones aviva más el fuego del “mal humor social”.

Resumiendo, México vive una guerra no convencional resultado primero, de la imposición de los intereses económicos (de unos cuantos) sobre los intereses políticos (de la mayoría); segundo, de la estrategia geopolítica de Estados Unidos, que con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca convertirá a México en enemigo además de parapeto; tercero, de la decadencia del sistema político mexicano y una transición inacabada a la democracia que ha propiciado el arribo de la peor clase política en décadas, por decir lo menos.

Fuente: Desinformémonos

Autora: Ivonne Murillo Acuña

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En Guerrero, la fuerza estatal protege a los saqueadores y se colude con los civiles armados

La población  vive presa del terror, porque la autoridad no sólo está ausente sino que es parte de este entramado delincuencial. Su actuación está muy lejos de generar confianza e impone a las comunidades el sobrevivir y andar a salto de mata, porque la legalidad que impera protege a los victimarios

Actualmente la política  ya no está operando  dentro de los mismos límites  en que normalmente funciona. Se ha difuminado la acción política debido a intereses propios de los grupos de poder. Lo más  grave es que estos intereses están conectados  con los de las organizaciones de la delincuencia organizada.  A los políticos,  la población ya no los vincula únicamente  con las instituciones estatales,  ni son  meros actores dentro del ámbito gubernamental, más bien,  los nuevos personajes de la política responden a intereses macroeconómicos, al grado que se supeditan  a los corporativos trasnacionales  para fortalecer un modelo de desarrollo fincado  en el despojo  y la privatización  de los recursos estratégicos.  Su ímpetu por la ganancia crasa  y su falta  de compromiso con la sociedad  los ha llevado  a enrolarse con actores no estatales  que han hecho del crimen organizado el negocio más próspero  en una sociedad  sometida  por el terror delincuencial.

Esta descomposición de nuestro sistema político ha engendrado nuevos actores con gran poder  que desempeñan nuevos roles e imponen normas ajenas al sistema  jurídico que nos rige. Se ha creado un ambiente de miedo que  coloca  a las personas  en un estado de suma vulnerabilidad. Con muchas restricciones  legales  y políticas, con nulo acceso a la justicia, desconectados  de las redes de apoyo  gubernamental  y sometidos  por actores  gubernamentales que usan la violencia para amedrentar  y someter  a la población. Se  trata  ahora de un mundo feroz donde se han roto los pactos sociales  y se ha profundizado  gravemente la desigualdad. La gente  tiene un sentimiento de orfandad, siente que camina a la deriva, en medio del caos, sometida  a los dictados   de  la  macroeconomía  que  se rige  por la acumulación del capital.

Vivimos en una sociedad en riesgo permanente con actores que han surgido a nivel internacional  y local.  El poder de las trasnacionales es  tan grande que  sus directrices económicas van normando los nuevos marcos jurídicos de los países periféricos. Puede más el poder económico de un corporativo minero que maneja miles de millones de dólares que un gobernante que no cuenta con el respaldo del Estado y de toda la clase política, a veces ni de la misma población. Este poder  macroeconómico  avasalla  a la política y a los políticos, somete a su lógica  capitalista  todo intento  de  construir una sociedad menos desigual  y más incluyente.  Es un poder ciego,  sin corazón. Deseoso  de extraer la vida de la clase trabajadora. Se vuelve violento  porque necesita explotar al mayor número de trabajadores con jornadas extenuantes para tener cuentas alegres en la bolsa de valores. Estos actores no estatales  tienen a su servicio a las corporaciones, a la policía, al  ejército y la marina  para proteger los intereses supremos del capital. Toda la  fuerza del Estado está focalizada en salvaguardar la riqueza de los saqueadores.

La represión  contra la población que se rebela y protesta,  tiene rango jurídico que justifica y legitima la fuerza,  con el argumento de que se atenta  contra las instituciones  y se pone en riesgo la convivencia pacífica. Se genera una opinión  en los medios de comunicación afines a los grupos de poder de que la violencia directa es legítima porque se pone a salvo el orden constitucional  y el régimen dominante  cuando los sectores sociales excluidos ejercen su derecho a protestar.

Existen también actores no estatales que pululan en el ámbito local y que forman parte de las redes del crimen organizado. Son organizaciones que tienen como caldo de cultivo la misma estructura de poder  que fomenta la corrupción  y que permite que los interese privados se mezclen con los proyectos  de justicia  a los que aspira la sociedad. La  fragilidad institucional  y la crisis misma de representación política  han desdibujado los límites que existían entre el campo legal  y el terreno abrupto de la ilegalidad. Se ha socavado el muro de la legalidad que protegía a  los ciudadanos y ciudadanas por parte del crimen organizado que se ha infiltrado en los sótanos del poder.

Actualmente  el poder público opera con intersecciones sumamente perversas,  donde el Estado aparece como  el gran aparato que protege  y brinda todas las facilidades a las grandes corporaciones trasnacionales. En estas  circunstancias las leyes, las instituciones y las  mismas autoridades  están al servicio de los interese macroeconómicos. Este poder visible  protege y encubre  al poder oculto, es decir  a los actores no estatales que tienen gran influencia en la toma de decisiones políticas, al grado que también controlan el poder del Estado y las mismas agendas políticas  en varias regiones del país.

En Guerrero están  los poderes ocultos  vinculados con el crimen organizado, que han tomado el control de varias instituciones  y dominan vastos territorios. Son los que ponen las reglas  y construyen  las nuevas narrativas que justifican la violencia  y la hacen aparecer  como parte de la normalidad. Lo más grave  es que  el poder formal, el que  usa la fuerza de las instituciones para gobernar, es el que se ha confabulado con el poder oculto, con los actores no estatales, cuyo modo de vivir es delinquir. Es atentar contra la vida  y la seguridad de los demás. Es desaparecer y arremeter violentamente contra  quienes se oponen  a sus negocios  truculentos. En  este escenario caótico el poder formal y el oculto se utilizan uno al otro, se retroalimentan  y usan  los poderes  mediáticos,  normativos, culturales, ideológicos y religiosos  para reforzar  su propio poder destructor.

Estamos lejos de contar  con un Estado regido por las normas constitucionales, de un estado que lucha contra la desigualdad social, que focaliza su acción pública en la redistribución de la riqueza  y genera redes de protección de los derechos fundamentales de las personas. Experimentamos más bien  una  práctica sistemática para criminalizar la movilización social y hacer un uso indebido del sistema de justicia.  En Guerrero se criminaliza a los líderes sociales fincándoles delitos graves y haciendo imposible su defensa legal. Se trata de una medida  que tiene afectaciones en los recursos financieros, en la capacidad para mantener la organización y  alterar la sostenibilidad del movimiento. La criminalización impacta en la persona, en la familia, en la organización y en la misma comunidad.  Se trata de socavar  el tejido comunitario, de destruir  los esfuerzos  ciudadanos que aspiran a construir una sociedad más justa y menos violenta.  De extirpar  el cáncer de la corrupción  y de contener al crimen organizado  que hunde sus raíces en un sistema  que utiliza la fuerza y la violencia  para mantener el viejo orden dominante.

En Guerrero han incubado en diferentes regiones del estado actores no estatales vinculados al crimen organizado que la misma sociedad  los cataloga como grupos civiles armados. Son  hombres armados, “paramilitares” que irrumpen en los poblados para arremeter contra familias y comunidades enteras. Atacan a balazos. Buscan hacer el mayor daño posible y no importa privar de la vida a los ancianos o ancianas; a mujeres, jóvenes, niñas, niños y hasta  bebés. Su armamento es de un alto poder destructor. Dejan una estela de dolor y de  muerte  con el uso letal de sus armas que es la marca más funesta que  dejan  al tomarla comunidad por asalto.

La población  vive presa del terror, porque la autoridad no solo está ausente sino que es parte de este entramado delincuencial. Su actuación está muy lejos de generar confianza e impone el que sobrevivir y andar a salto de mata,  porque la legalidad imperante  protege a los victimarios. Los cuerpos de seguridad y el mismo ejército  han sido incapaces de contener  este desorden institucional porque están llamados a proteger los intereses macroeconómicos y los diferentes giros de la economía criminal que se lavan con los negocios de las trasnacionales. Nunca están en el lugar ni en el momento en que la población requiere protección. En contraste, los civiles armados se desplazan con total libertad a sabiendas de que el camino está bajo su control. Lo más duro y cruento es que se ha normalizado la violencia en Guerrero. Las mismas autoridades han encontrado argumentos triviales para explicar las atrocidades  que padecemos. Justifican  su ineptitud y construyen sus discursos  para legitimar el caos y la falta de garantías  a una  población  que vive en el acecho permanente.

Los civiles armados, como actores  no estatales vinculados al crimen organizado  cabalgan  por toda la geografía guerrerense. Son la amenaza latente para un gran número de comunidades que ante el destino funesto de vivir en la precariedad  y en la lejanía de las instituciones  gubernamentales tienen que resignarse a la fatalidad.

Ante esta escalada de la violencia irrefrenable, donde el poder visible está ausente y más bien se hace cómplice de la criminalidad expresada en los civiles armados, los mismos pueblos y comunidades luchan desde sus propios espacios  para recuperar  sus territorios. Resisten  para enfrentar al poder ominoso y a los criminales a los que el Estado protege, tanto de las empresas  mineras  que se coluden o contratan a estos grupos civiles, como a las mismas organizaciones delincuenciales.

El caso de la minera Media Luna es un ejemplo atroz  de cómo una empresa se niega a reparar los daños ocasionados a un grupo de pescadores del Nuevo Balsas y se vale de civiles armados  para impedir  que prospere la protesta y  llegue la solidaridad  de organizaciones hermanas. Esta alianza criminal  entre  una multinacional que, a cualquier costo social  y ambiental,  quiere extraer el oro apoyados por grupos civiles armados que tienen el control del territorio, nos muestra  cómo en esta región los actores no estatales unen  sus intereses para destruir  un movimiento legítimo que lucha por sus derechos como colectividad y se asume como protector del medio ambiente.

Las autoridades estatales en lugar de proteger a los pescadores hacen alianza con la empresa minera y los grupos civiles armados, justificando sí sus acciones delincuenciales.

Fuente: Desinformémonos

Autor: CDH De La Montaña Tlachinollan

https://desinformemonos.org/guerrero-la-fuerza-estatal-protege-los-saqueadores-se-colude-los-civiles-armados/

Protestas en Querétaro contra Peña Nieto y las reformas estructurales

Cientos de personas se manifestaron ayer en diferentes puntos de la ciudad en protesta por las reformas estructurales constitucionales, por la presencia de Enrique Peña Nieto en el estado, con motivo del acto conmemorativo del centenario de la promulgación de la Carta Magna y para exigir la legalización de automóviles de procedencia extranjera que circulan en México.

Alrededor de 4 mil integrantes de la Unión Campesina Democrática (UCD) bloquearon la carretera federal 57 México-Querétaro. Inicialmente cerraron ambos sentidos y más tarde liberaron el sentido hacia San Luis Potosí.

Posteriormente se dirigieron a la entrada del Centro de Congresos, donde Peña Nieto encabezaba un acto. Ante la llegada de los manifestantes, policías federales, estatales y municipales bloquearon el acceso al inmueble desde la carretera México-Querétaro con la colocación de vallas metálicas.

En tanto, el dirigente nacional de la Unión Campesina Democrática, Antonio Tirado, brincó el cerco y exigió que las autoridades los recibieran y dialogaran con los inconformes procedentes de diferentes puntos del país, quienes exigían al gobierno federal la regularización de los llamados autos chocolate.

Otro grupo de ciudadanos se concentró en el Cerro de las Campanas, adonde llevaron imágenes de Peña Nieto; del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray; del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y del alcalde capitalino, Marcos Aguilar Vega.

Unas 200 personas representaron de forma simbólica el fusilamiento de Peña Nieto y de los funcionarios citados en la explanada de ese histórico recinto por, según dijeron, ‘‘incurrir en traición a la patria’’.

Mientras, integrantes de la organización Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto marcharon de la Plaza Fundadores, en el centro histórico de la capital, hacia el Jardín Guerrero, donde expresaron su inconformidad por el gasolinazo y por el desalojo que realizó el gobierno municipal de Querétaro de comerciantes ubicados en las inmediaciones del parque Alameda.

Fuente: La Jornada

Autora: Mariana Chávez

http://www.jornada.unam.mx/2017/02/06/politica/004n2pol

Caen cruces fronterizos y ventas en EU, por dólar caro y efecto Trump

La depreciación del peso frente al dólar, el incremento al precio de las gasolinas y el diésel, las revisiones exhaustivas a turistas y la indignación por los amagos de Donald Trump contra México han alejado a habitantes de ciudades fronterizas de Coahuila, Sonora y Tamaulipas, de los comercios ubicados en localidades estadunidenses y, en algunos casos, mantienen a ese sector a punto del colapso.

Incluso, durante este fin de semana largo, por el día de asueto oficial con motivo del 5 de febrero, cuando se celebra la promulgación de la Constitución de 1917, la afluencia de vehículos por los puentes internacionales que comunican con el vecino país fue menor que en otras ocasiones.

Esto se debió en parte por las campañas en redes sociales para que los connacionales no ingresaran a Estados Unidos a fin de enviar un mensaje a Trump sobre el peso que tiene la comunidad mexicana en la economía de la región fronteriza y como muestra de que los paisanos tienen dignidad.

La Cámara de Comercio de Eagle Pass, frontera con Piedras Negras, Coahuila, puso en marcha un programa de protección al comercio que incluye estímulos fiscales y la promoción de sus productos a lo largo del cruce fronterizo.

La crisis para los comerciantes de esa localidad del sur de Texas se agudizó y desde de septiembre pasado cerraron 30 de los 92 comercios que ofrecen comida, artículos electrónicos, de limpieza, ropa, zapatos y productos baratos fabricados en China.

Crisis pasajera

Los vendedores de la que llegó a ser una pujante zona comercial estimaron que sólo entre diciembre y enero dejaron de funcionar 17 establecimientos comerciales de la zona centro, por la baja demanda de clientes, la mayoría provenientes de Coahuila, aunque las autoridades de Eagle Pass consideran que la crisis es pasajera.

Así como unos negocios cierran, otros se abren, pero el comercio de Eagle Pass está en condiciones de salir adelante, ya lo ha hecho en otras crisis por devaluaciones del peso, consideró José Cruz, director del programa para promover el centro de esa demarcación estadunidense.

Los comerciantes señalaron que mientras la disparidad del peso y el dólar se mantenga, la recuperación de las ventas no ocurrirá pronto.

La caída en las ventas viene del año pasado, cuando el precio del dólar empezó a aumentar; otro motivo es el incremento en el gas (el precio de la gasolina) en México, comentó Alonso Martínez, empleado de un centro comercial.

Les pegó mucho a los mexicanos, deben tener sus prioridades para gastar el dinero y lo estamos sintiendo porque ahora vienen menos a comprar, agregó Martínez.

Rosa María Jiménez acostumbraba cruzar cada fin de semana a Eagle Pass para comprar despensa, pues cree que hay más productos y de mejor calidad; llenaba el tanque de gasolina de su camioneta y aprovechaba la vuelta para comer y dar un paseo por el centro comercial. Casi siempre la acompañaba su hija María Alicia, quien se surtía allá de cuadernos y ropa para la escuela. La última vez que lo hicieron fue en diciembre; la economía familiar resintió la cuesta de enero, el incremento al precio de los combustibles y el encarecimiento del dólar, pero lo que terminó por desanimarlas fue la actitud del nuevo gobierno de Estados Unidos hacia los mexicanos.

Para qué arriesgarnos, en una de esas por alguna razón nos quitan las visas y ya no podríamos volver a ir, además ahorita todo está muy caro allá, relató Rosa María, corredora de bienes raíces.

Afectaciones en Arizona

Los comercios asentados en la entrada de Nogales, Arizona, fronterizo con Nogales, Sonora, registran una baja en ventas de alrededor de 40 por ciento.

Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía en Sonora, atribuye esta situación a las frecuentes amenazas y políticas antimigrantes contra México anunciadas por el presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump.

Los comercios en Nogales, Arizona, que comúnmente son visitados por sonorenses durante los fines de semana, mantienen baja afluencia de clientes.

La economía en Arizona está siendo afectada por esta situación, creo que aquí será muy importante el contrapeso que las autoridades estadunidenses tengan que hacer contra esas decisiones, comentó el funcionario.

Indicó que la dependencia a su cargo se mantiene en contacto permanente con la encargada de Comercio del estado de Arizona, Sandra Watson, quien fue la primera en reconocer las afectaciones en los negocios asentados en Estados Unidos.

“Hace unos dos días me tocó ver unas fotografías de un mall (centro comercial) de Arizona, en Scottsdale, y estaba totalmente desolado; ellos ya reconocen las afectaciones y esperemos que tomen medidas”, subrayó Vidal Ahumada.

En los cruces a Estados Unidos por Sonora, sobre todo la carretera federal número 15, que comunica a los dos Nogales, se ha confirmado una disminución notoria en el tráfico de vehículos de connacionales al vecino país, incluso durante este fin de semana largo, en los que comúnmente se genera tráfico.

Este fenómeno también se observó en Nuevo León. Funcionarios de la Red Estatal de Autopistas reportaron una baja afluencia de vehículos de esa entidad rumbo a la frontera norte.

Operadores de casetas en la autopista Monterrey-Reynosa indicaron que la concurrencia de automotores en las casetas fue baja durante el sábado, en comparación con puentes largos pasados, cuando desde los viernes por la tarde aumentaba la afluencia de autos.

En tanto, personal del puente Anzaldúas, en la zona de Reynosa, Tamaulipas –limítrofe con McAllen, Texas–, informó en su cuenta de Twitter que pasadas las 17 horas del sábado el tiempo de cruce aproximado no rebasaba la hora, con cuatro líneas abiertas de revisión, cuando en un día de tráfico intenso el tiempo puede prolongarse de 90 minutos a dos horas.

Adiós McAllen

En las ciudades tamaulipecas de Reynosa y Nuevo Laredo, usuarios de las redes sociales, molestos e indignados por las declaraciones de Donald Trump, promueven la campaña denominada Adiós McAllen, con la finalidad de que los connacionales eviten cruzar a territorio estadunidense a comprar productos.

Miguel Ángel Caballero Barajas, dirigente de los comerciantes del centro histórico de Matamoros, informó que debido a la cotización del dólar y a los dichos del republicano contra los mexicanos, se han incrementado las ventas en las 10 ciudades de Tamaulipas que hacen frontera con Texas (Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Valle Hermoso, Río Bravo, Miguel Alemán, Díaz Ordaz, Camargo, Mier y Nueva Ciudad Guerrero).

Ya no se observan las largas filas de vehículos en los cruces de los 18 puentes internacionales entre Tamaulipas y Texas. Hemos tenido la visita de gran cantidad de clientes que adquieren lo mismo útiles escolares, ropa de vestir, comida y otros bienes, cuyo costo se incrementó en las tiendas del Valle de Texas, de Brownsville a Laredo, lo que ha provocado que esos negocios estén vacíos, refirió Caballero Barajas.

Ante esta situación, la cá- mara de comercio de McAllen reportó durante esta semana que las ventas disminuyeron un 4 por ciento y se prevé que continúan a la baja, luego de que Trump ha mantenido su promesa de construir un muro en la frontera con México y regular la emisión de visas para contener la migración.

Los empresarios texanos planean reforzar sus campañas y establecer alianzas en las urbes fronterizas con la finalidad de recuperar los 10 millones de compradores del lado mexicano que cada año consumen productos en sus centros comerciales y que paulatinamente los han dejado de frecuentar.

Ciudadanos mexicanos que compraron residencias en las principales ciudades texanas como San Antonio, Corpus, Houston, Austin, Victoria, ante la inseguridad que afecta a Tamaulipas, revelaron que ante los amagos de Trump y la eventual cancelación de visas para quienes adquirieron la ciudadanía estadunidense en calidad de migrantes dorados, han recurrido a bufetes jurídicos texanos para proteger sus capitales y su condición migratoria adquirida en los últimos 10 años.

Iniciativa Unas Horas por México

En el estado fronterizo de Baja California, la iniciativa Unas Horas por México hizo un llamado a la sociedad tijuanense a no cruzar a suelo estadunidense este 5 de febrero, con el objetivo de enviar un mensaje a la administración de Donald Trump sobre el peso que tiene la comunidad mexicana en la economía de la región fronteriza.

La iniciativa, difundida en redes sociales, llamó a darle un momento a México e invitó a los paisanos a no consumir ningún producto estadunidense ni acudir a laborar en el país vecino entre las 8 y las 15 horas del primer domingo de febrero, en repudio a las recientes medidas del presidente republicano y como muestra de que los mexicanos tienen dignidad.

La organización no gubernamental Unas Horas por México, originaria de Tijuana, encabezada por Carlos Barboza Castillo, autor de la iniciativa #UnasHorasPorMéxico, recordó que la zona Cali-Baja, aunque integrada por ciudades de diferentes países y dividida por un muro, es vista por los residentes como una misma región.

Fuente: La Jornada

Autores: Leopoldo Ramos, Cristina Gómez, Martín Sánchez, Erick Muñiz y La Jornada Baja California

http://www.jornada.unam.mx/2017/02/06/estados/025n1est

Exjefe de SSP Veracruz acumuló riqueza por 86 millones de pesos en sexenio de Duarte

La evolución patrimonial del exsecretario de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, le reportó ingresos por un total de ocho millones 229 mil pesos, en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, según reportó la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). Sin embargo, adquirió bienes inmuebles por 42 millones, 737 mil pesos, con valor comercial de 86 millones, 773 mil pesos en el mismo periodo.

Ello, fue fundamental para que se liberará la orden de aprehensión en su contra derivada de la causa penal 13/2017.

Apro tuvo acceso a la carpeta de investigación FGE/FIM//CI/068/2017/XII, en la que Bermúdez Zurita –conocido al interior de la SSP como Capitán Tormenta- fue sujeto a un dictamen de evaluación patrimonial emitido por el perito, Luis Miguel Olvera y en el que se alude a que el funcionario priista “incrementó” sus bienes comerciales por 64 millones 733 mil pesos, lo cual es discordante con los ocho millones 229 mil pesos de pagos de nómina que tuvo en el sexenio, y con su percepción anual del 2011 –primer año del anterior sexenio-, cuando Arturo Bermúdez apenas percibió 498 mil, 241 pesos.

Verónica Portillo Suazo, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral pidió la orden de aprehensión a Rufo Seechi Ordóñez, Fiscal Especializado en Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos contra Arturo Bermúdez el pasado 2 de febrero.

En el documento señala al calce: “no acreditó la procedencia de dichos recursos” y “se evidencia la probabilidad de que hayan sido detenidos del erario”.

La prisión preventiva de ocho meses sin derecho a fianza que dictó la Fiscal quedó fortalecida por una vinculación a proceso establecida en noviembre pasado, por abuso de autoridad y tráfico de influencias. En ella la juez de Control Estrella Iglesias ya le había fijado una fianza de un millón de pesos, además de prohibirle salir del país.

Desde la madrugada del sábado Bermúdez Zurita duerme de forma aislada en el penal de Pacho Viejo, ubicado en el llamado Pueblo Mágico de Coatepec, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Empleados de la Dirección General de Readaptación Social (DGRS) confirmaron a este reportero que Bermúdez se encuentra aislado, que ha expresado miedo por ingresar con el resto de la población carcelaria y que los únicos privilegios de los que ha gozado es que le permiten ingresar su propia comida, así como sábanas y cobijas limpias de su propiedad.

“Capitán Tormenta”, criticado por colectivos de familiares de desaparecidos, medios de comunicación y reporteros de nota roja que vivieron en carne propia el ánimo represor de la SSP, fue protagonista en algunos memes en redes sociales este fin de semana.

Con la filtración de una foto ya interno en el penal de Pacho Viejo, donde se le observa con la mirada ofuscada y el ceño fruncido, ataviado con una camiseta naranja similar a la que usan los empacadores en Chedraui, no faltó quien hiciera un fotomontaje como si el exjefe policiaco fuera un “cerillo” de supermercado.

Riqueza súbita

En el oficio número 406 del Poder Judicial del Estado y en el FGE/FESP/043/2017-XII-1, donde se acuerda la orden de aprehensión en contra de Arturo Bermúdez se aclara que su declaración patrimonial solo incluye los bienes inmuebles adscritos a su persona, y no los del resto de sus familiares, cuyos propiedades abarcan hoteles en Veracruz y la Riviera Maya, así como operadoras de viajes turísticos.

Otra observación relevante en la carpeta de investigación 236/2016, señala que al término del 2012 Arturo Bermúdez registró adquisiciones de bienes inmuebles por 17 millones 496 mil pesos, con un valor comercial de 20 millones 689 mil pesos, mientras que en el 2013, 2014 y 2015 su declaración patrimonial no registro cambio alguno, pero en el 2016 (con corte a agosto), la fortuna del exjefe policiaco ascendió a 42 millones 737 mil pesos en bienes inmuebles con un valor comercial de 64 millones 733 mil pesos.

Entre los bienes de Bermúdez destacan lavanderías, propiedades en Texas, Estados Unidos, así como casas en Xalapa, zona conurbada de Veracruz-Boca del Río y la Ciudad de México.

Con cuatro días cumplidos en prisión, Arturo Bermúdez Zurita se convierte en el segundo exfuncionario del gobierno de Javier Duarte ingresado a prisión, solo que el anterior, Leonel Bustos Solís, exdirector del Seguro Popular apenas duró once días tras las rejas, pues obtuvo un amparo del Poder Judicial de la Federación para que se le “suspendiera” la prisión preventiva.

El caso de Arturo Bermúdez es distinto, pues además del desvió de recursos que la ha señalado la Auditoria Superior de la Federación (ASF), se encuentra la acusación por enriquecimiento ilícito que le endilga la Fiscalía General del Estado, más el abuso de autoridad y tráfico de influencias en materia de seguridad. A ello se agrega que colectivos de personas desaparecidas lo incriminan como el principal responsable de desapariciones forzadas en el Estado.

Cifras oficiales de la Procuraduría General de la República (PGR) entregadas a este reportero vía transparencia indican que 17 de cada 100 desapariciones forzadas en el país ocurren en Veracruz, cifra por encima de entidades considerada violentas como Guerrero y Tamaulipas.

Fuente: Proceso

Autor: Noé Zavaleta

http://www.proceso.com.mx/473271/exjefe-ssp-veracruz-acumulo-riqueza-86-millones-pesos-en-sexenio-duarte

Oaxaca: Hallan dos sembradíos de amapola en 14 hectáreas

Elementos de la Policía Federal (PF) localizaron en las inmediaciones del municipio Santiago Textitlán, Oaxaca, dos terrenos con una extensión total de más de 14 hectáreas, sembrados aparentemente con amapola.

En un comunicado, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) informó que el hallazgo se registró cuando elementos de la PF, en coordinación con la Procuraduría General de la República y autoridades del estado de Oaxaca, realizaban sobre vuelos en la entidad y detectaron los sembradíos.

En el lugar, precisó, los efectivos realizaron operativos terrestres, donde localizaron dos terrenos, uno de ellos con una superficie de 100 mil metros cuadrados, sembrado con plantas de amapola con un peso aproximado de 142 mil 900 kilogramos.

El segundo terreno de cultivo tenía una extensión de 48 mil metros cuadrados y aproximadamente 50 mil 800 kilos de plantas de amapola.

De acuerdo con la CNS, los elementos tomaron muestras de los plantíos destruidos, que fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación en la capital de Oaxaca, donde se continuará con las investigaciones que correspondan.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/473273/oaxaca-hallan-dos-sembradios-amapola-en-14-hectareas

El 84% de los mexicanos considera que Constitución se cumple poco o nada: UNAM

El 84 por ciento de los mexicanos considera que la Constitución se cumple poco o nada; 56.1 por ciento dice conocer poco de la Carta Magna, y 52.7 desconoce el año en que se aprobó y no la relaciona con la Revolución Mexicana, revela una encuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el marco del centenario de la promulgación de la Carta Magna, la UNAM da a conocer esta encuesta, en la que precisa que uno de cada cuatro mexicanos piensa que “violar la ley no es tan malo, lo malo es que te sorprendan”; el 46.6 por ciento dice que los miembros de una comunidad tienen el derecho de tomar justicia por mano propia; y 27.3 por ciento está de acuerdo con que un funcionario público puede aprovecharse de su puesto si hace cosas buenas.

“La pregunta central es hasta qué punto, 100 años después, los mexicanos se identifican con su Constitución y la hacen suya mediante el conocimiento no sólo de los preceptos que componen el documento, sino también de las instituciones y las estructuras de gobierno que se han creado con fundamento en ella; no únicamente mediante la percepción de su cumplimiento por las autoridades y los conciudadanos, sino además por la disposición propia a acatar dichos preceptos y reconocer los principios y valores que los subyacen”, informó la Universidad en un comunicado difundido este domingo.

Los resultados fueron arrojados de la Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: los mexicanos y su Constitución, elaborada por especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas (Departamento de Investigación Aplicada y Opinión) de la UNAM.

La encuesta, aplicada a nivel nacional en mil 200 casos en vivienda a población de 15 años y más, en octubre de 2016, es la tercera de una serie iniciada en 2003, que ofrece la posibilidad de mirar la evolución de los saberes y opiniones de los mexicanos sobre su Constitución, el cumplimiento de la ley y la democracia.

En el documento, la máxima casa de estudios dice que la democracia mexicana está cimentada sobre una débil cultura de la legalidad, fruto de la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones, de los elementos autoritarios presentes en segmentos de la población a lo largo del país, de la percepción negativa del desempeño de las instituciones y funcionarios encargados de la procuración y administración de la justicia.

Otro de los resultados importantes añade: “Al preguntar ¿qué es más importante para usted?, la mayoría de los entrevistados (57.1 por ciento) eligió la opción ‘Una sociedad donde se apliquen y respeten las leyes’, por sobre otras como ‘Una sociedad sin delincuencia’ (55.4 por ciento), ‘Una sociedad donde existan menos diferencias entre ricos y pobres’ (42.8 por ciento) y ‘Una sociedad más democrática’ (24 por ciento)”.

La UNAM indicó que los resultados de la encuesta se analizan en el libro “Los mexicanos y su Constitución”, coordinado por Héctor Fix-Fierro, Julia Isabel Flores y Diego Valadés, que se presentó el viernes pasado en el XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, en el Palacio de Minería.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/473232/84-los-mexicanos-considera-constitucion-se-cumple-poco-nada-unam

Millonadas del erario para el deporte privado en Quintana Roo

En Quintana Roo, al menos tres equipos profesionales de futbol, basquetbol y beisbol –Atlante, Pioneros y Tigres, respectivamente– han recibido carretadas de dinero del erario, pero hasta ahora no han comprobado su destino. En una serie de traspasos –que beneficiaron también a un promotor de box– se fueron alrededor de mil 600 millones de pesos a lo largo de 10 años. Estos recursos, que podrían haber detonado la activación económica de miles y miles de quintanarroenses, tampoco sirvieron para mejorar a los equipos “apoyados”, que no han logrado salir de la mediocridad.

Durante su sexenio, el exgobernador de Quintana Roo Roberto Borge entregó a discreción recursos públicos a los equipos profesionales Potros de Hierro del Atlante, Pioneros de Cancún y Tigres, y también al empresario de boxeo José Alberto Gómez, mediante la firma de simples convenios y sin que los beneficiarios estuvieran obligados a comprobar los recursos.

Entre 2007 y 2016, estos equipos recibieron, a través de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (Cojudeq), más de 800 millones de pesos, además de que una cantidad similar se les entregó a través de los fideicomisos Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC) de Cancún y el de Promoción Turística de la Riviera Maya (FPTRM).

El apoyo a equipos profesionales de deportes comenzó cuando el priista Félix González Canto gobernaba esa entidad. En 2007 el Atlante se fue de la Ciudad de México y los Tigres dejaron Puebla. Ambos clubes, cuyos dueños son dos de los hombres más acaudalados de México, Alejandro Burillo Azcárraga y Carlos Peralta Quintero, recibieron un ofrecimiento económico de parte del mandatario para mudarse a Cancún.

En 2006, los Pioneros de Quintana Roo se integraron a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) e hicieron del Polifórum Benito Juárez, propiedad del gobierno del estado, la sede para sus partidos como equipo local, sin pagar un solo peso. Ni siquiera hay evidencias de que fuera cedido en comodato; como sea, el equipo lo utilizó como si fuera propio.

Pioneros es el club que durante ese periodo de 10 años recibió más dinero público: 283.8 millones de pesos. Borge entregó al Atlante 265.1 millones de pesos y a Tigres 239.7 millones para un total de 788.6 millones de pesos que salieron de las arcas gubernamentales.

La franquicia de basquetbol Pioneros de Cancún, que operó con la razón social Consorcio de Espectáculos de la Península, A.C., es propiedad del director del periódico Por Esto de Quintana Roo, Renán Castro Madera. La persona que firmó los convenios con la Cojudeq fue su cuñado, Wilberth Enrique Flores Coral, en calidad de presidente de dicha asociación civil.

Fuente: Proceso

Autora: Beatriz Pereyra

http://www.proceso.com.mx/473204/millonadas-erario-deporte-privado-en-quintana-roo

Gobierno de Astudillo oculta muerte de menor intoxicado por quimioterapia en Guerrero

El gobierno de Héctor Astudillo Flores decidió ocultar la muerte de un menor que falleció en agosto pasado por intoxicación de methotrexate durante el tratamiento oncológico que recibió en el Instituto Estatal de Cancerología Dr. Arturo Beltrán (Iecan), luego que los directivos del hospital de alta especialidad, ubicado en Acapulco, decidieron sustituir medicamentos de patente por genéricos no aptos para  la aplicación de quimioterapias. 

Los padres de la víctima revelaron que su hijo estaba presentando mejorías, pero la situación se complicó en un fin de semana tras la aplicación de la tercera dosis de fármacos y el pequeño falleció en el hospital, señalaron a Proceso durante una entrevista realizada esta semana. 

La causa de la muerte del menor fue intoxicación por methotrexate, fármaco suministrado tres días antes por los médicos y que le causó una “perforación intestinal”, así como “colitis neutropénica” (síndrome clínico que desarrollan pacientes con neoplasias hematológicas sometidos a tratamiento con altas dosis de quimioterapia), indica el certificado de defunción expedido por el área administrativa del Iecan. 

El documento oficial proporcionado por los padres de la víctima a cambio de omitir datos personales debido a que  están analizando proceder jurídicamente contra médicos y funcionarios del gobierno de Astudillo por negligencia, también refiere que la intoxicación provocada por el methotrexate fue uno de “los factores patológicos significativos” ajenos a la enfermedad que desencadenaron la muerte del niño.  

Los afligidos padres decidieron romper el silencio luego de que Proceso dio a conocer el sábado 28 de enero en su portal de noticias, que médicos especialistas del Iecan advirtieron desde hace cinco meses que los fármacos genéricos que sustituyeron a los medicamentos de patente, habían provocado cuadros de “intoxicación con riesgo de muerte”, en niños y mujeres que padecen cáncer y estaban bajo tratamiento de quimioterapias.  

“Nosotros teníamos dudas sobre la muerte de mi hijo, pero los médicos y funcionarios del Instituto siempre asumieron una actitud déspota, hermética y nunca nos informaron que el medicamento que le suministraron era genérico y considerado de alta toxicidad”, expresaron los padres, quienes afirman que durante su estancia en el nosocomio  tuvieron conocimiento de la muerte de al menos tres niños más entre julio y agosto pasado.  

En ese entonces, los especialistas denunciaron que el director del Iecan, Jorge Eblem Azar Silvera, y el director administrativo, Nelson Rodríguez Cisneros, decidieron adquirir el fármaco genérico denominado methotrexate y aplicarlo en quimioterapias entre julio y agosto pasado. 

Ello a pesar de que desde hace una década la sustancia se dejó de utilizar en el Iecan porque los oncólogos habían alertado que provocaba “reacciones secundarias graves que ponían en riesgo la vida” de mujeres y niños que padecen enfermedades oncológicas. 

Los oncólogos anunciaron vía interna que habían decidido suspender la aplicación de “quimioterapias tóxicas y de nuevos laboratorios” porque estaban provocando múltiples efectos secundarios negativos en los pacientes y calificaron como una irresponsabilidad, el hecho de cambiar los laboratorios patente a farmacéuticos de nuevo ingreso. 

A través de oficios firmados el 26 de agosto de 2016, los oncólogos Marcelino Gaytán Ángel y Ana Bertha Rivera Ramírez denunciaron mediante oficio, que los directivos del Iecan compraron fármacos fármacos genéricos que no cumplen con los estándares de calidad como “estudios de bioequivalencia, farmacocinética y eficacia” en la aplicación de quimioterapias y tratamiento de pacientes oncológicos, indican documentos oficiales en poder de Proceso. 

Lo que no informaron ambos médicos del Iecan, es que previo a su reporte ya se habían registrado fallecimientos por intoxicación de methotrexate como el caso que Proceso documentó esta semana por la denuncia de padres de familia. 

Astudillo oculta muerte de un menor

Incluso, el gobernador Héctor Astudillo; su secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, y el director del Iecan, Jorge Eblem Azar Silvera, minimizaron este hecho que no sólo provocó la muerte de un menor sino que exhibe irregularidades administrativas, como la opacidad en la adjudicación de contratos a laboratorios privados y la falta de cédulas de médicos oncólogos entre el personal que labora en el hospital considerado de alta especialidad. 

Luego que proceso.com.mx dio a conocer el caso del uso de medicamentos genéricos no aptos para el tratamiento de pacientes con cáncer en el Iecan, el gobernador Astudillo afirmó que el año pasado “no se registraron defunciones” por causas relacionadas a la aplicación de quimioterapias y que los casos de intoxicación reportados por los médicos en agosto pasado, “todos estaban fuera de peligro”. 

De esta forma el mandatario estatal, quien en el presupuesto de Egresos de este año destinó 47 millones como donativo a la fundación Teletón y 35 millones 911 mil pesos al Iecan, defendió a los directivos del hospital y acusó a los medios de comunicación de reproducir información que “tiene indiscutiblemente muy mala fe, mala fe”. 

El mandatario dijo que el uso de genéricos no aptos en quimioterapias es un asunto que sucedió en agosto, y en este momento “ya todo regresó a la normalidad”. 

Además, reprochó que Proceso haya dado a conocer el caso cinco meses después de que médicos especialistas denunciaron de forma interna la gravedad de utilizar medicamentos no aptos para los tratamientos de quimioterapias en niños y mujeres con cáncer. 

La red de complicidades 

En contraste, el lunes 30 de enero, la jefa del departamento de Oncopediatría del Iecan, Ana Bertha Rivera, afirmó que el área administrativa del nosocomio “no se dieron cuenta de las marcas ni lo que entregó” el laboratorio distribuidor de medicamentos. 

De esta forma, la especialista se deslindó de su responsabilidad argumentando que en cuanto los médicos se dieron cuenta de la irregularidad, pidieron a los directivos que no dejaran de adquirir medicamentos de patente de laboratorios como Asofarma y Pierre Fabre, “ya que no somos un hospital inexperto ni improvisado”, acotó la especialista. 

Por su parte, médicos y trabajadores del Iecan que pidieron el anonimato señalaron que los directivos del hospital fueron impuestos por la esposa de Astudillo y actual presidenta del DIF en la entidad, Mercedes Calvo Elizundia, y por ello, las autoridades estatales pretenden ocultar las irregularidades. 

Los informantes también refieren que el escándalo del uso de medicamentos no aptos para la aplicación de quimioterapias en pacientes oncológicos, podría alcanzar a Heriberto Huicochea Vázquez, excoordinador del programa Seguro Popular en la entidad y actual dirigente estatal del PRI. 

Ello debido a que los recursos federales para subsidiar tratamientos oncológicos del año pasado fueron manejados por Huicochea Vázquez, quien se ha caracterizado por hacer negocios al amparo del poder como el caso del cementerio forense estatal que fue construido en un panteón privado de su propiedad ubicado al oriente de Chilpancingo.

Fuente: Proceso

Autor: Ezequiel Flores Contreras

http://www.proceso.com.mx/473224/gobierno-astudillo-oculta-muerte-menor-intoxicado-quimioterapia-en-guerrero