lunes, 15 de febrero de 2016

Acusaciones de EU a El Chapo, arma de doble filo

De las siete cortes estadunidenses que quieren a Joaquín El Chapo Guzmán, la del Distrito Este de Nueva York es la que parece tener el caso más robustecido, gracias a que, incluso, llegó a presentar cargos por homicidio calificado, según consta en el expediente 1:09-CR-00466-SLT, presentado el 25 de septiembre de 2014, y firmado por la entonces fiscal del Distrito Este de Nueva York, Loretta Lynch, quien parecía estar decidida a llevar al capo ante la justicia norteamericana. Nadie sabía en ese momento que, siete meses después, Lynch sería nombrada procuradora general de Justicia de Estados Unidos, y que la presión por extraditar a El Chapo crecería, pero de igual manera, tampoco nadie sabía lo que dos meses después de ese nombramiento habría de ocurrir: la segunda fuga del capo.

CIUDAD DE MÉXICO: Luego de la segunda captura de Joaquín El Chapo Guzmán en Mazatlán, Sinaloa en febrero de 2014, Loretta Lynch hizo lo que ningún otro fiscal se habría atrevido a hacer en toda la historia de ese país: presentar cargos a un narcotraficante por asesinatos no ocurridos en su territorio.

Lynch parecía decidida a hacer lo que fuera para que el capo fuera castigado con todo el peso de la ley estadunidense, por lo que preparó meticulosamente una serie de cargos para enfrentar a los dos principales capos sinaloenses, y cierta información debió haber obtenido de la Oficina Antidrogas (DEA) para, de la mano del fiscal Arthur G. Wayatt, jefe de la Unidad de Antinarcóticos del Departamento de Justicia (USDOJ), buscaran los elementos necesarios para acusar de homicidio a El Chapo y a El Mayo.

El Departamento de Estado de ese país presentó entonces todos los documentos necesarios para extraditar al capo, pero por alguna causa que la PGR sigue sin explicar, la petición no procedió, hasta que el 27 de abril de 2015 Lynch fue removida de su cargo para ser nombrada procuradora general de Justicia de Estados Unidos.

Con todo el poder que le otorgó su cargo, Lynch buscó nuevamente la extradición, y México sintió entonces la presión que se extendió hasta el 11 de julio por la noche de ese mismo año, en que El Chapo se fugó por segunda vez de la cárcel.

Según reportaron medios estadunidenses, Lynch estaba furiosa por esa segunda fuga del capo,  y entonces, utilizando su nuevo cargo, presionó a la DEA para que dieran con él lo más pronto posible, lo que a su vez significó más presión para el gobierno de México.

Esas demandas surtirían efecto en poco tiempo, pues seis meses después El Chapo fue reaprehendido en Los Mochis, Sinaloa y Lynch al enterarse de la recaptura, de inmediato mandó redactar un comunicado en donde señalaba que “El Chapo ahora sí respondería por todos sus crímenes”.

“Tenemos el caso muy bien robustecido, y la meta es castigar a ese hombre (El Chapo), con todo el peso de la ley”, se lee en el expediente, también firmado por la fiscal Andrea Goldbarg.

Cadena perpetua

Nunca ha ocurrido aunque en la práctica sí es posible, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presente cargos por homicidio contra un narcotraficante, aun cuando se trate de asesinatos que no ocurrieron dentro de su territorio, confirmaron expertos en leyes de ese país.

Alan Raphael, exfiscal federal del USDOJ y actual profesor de la Universidad de Loyola, en Chicago, explicó a Ríodoce que existen métodos que sólo se utilizan en situaciones de guerra con otros países, o en delitos cometidos contra sus ciudadanos que es cuando entra una ley conocida como Jurisdicción Extraterritorial, un término legal que le permite procesar a criminales por delitos, aun cuando éstos no se hayan cometido dentro de los límites de su territorio.

No obstante, la acusación que hace el Distrito Este de Nueva York parece oponerse a lo que dice la Ley Extraterritorial, porque se trata de homicidio de ciudadanos mexicanos ocurridos en territorio mexicano y por consiguiente, Estados Unidos no tiene nada qué hacer ahí, y tal situación podría debilitar la acusación de los fiscales en contra de El Chapo y de El Mayo, observaron expertos.

En un estudio presentado por el jurista estadunidense Mark Gibney, autor del tratado Aplicación de leyes extraterritoriales, el gobierno estadunidense parece perverso por utilizar todo su poder para juzgar a un narcotraficante, gracias a la autoridad que da el Congreso de ese país para castigar a personas que hayan cometido delitos más allá de sus fronteras.

“Sin duda existe la forma para castigar a una persona, pero es una medida perversa”, sostuvo el abogado.

Sin embargo, Anthony Colangelo, quien es profesor de Leyes de la Universidad de Dedman, en Texas y también exfiscal del USDOJ, considera que esa perversión de Estados Unidos por castigar con todo el peso de la ley, en este caso cadena perpetua, puede resultar un arma de doble filo, pues como puede funcionarle también puede ocurrir lo contrario.

“Un acusado, con una buena representación legal, saldría libre de culpa por acusaciones como ésas, ya que los fiscales se estaría excediendo en los límites de la ley, y al final sólo sería sentenciado por tráfico de drogas, pero tendría que ser una pena muy ligera, puesto que estaría el antecedente de que el gobierno intentó excederse con ellos”, explicó en una entrevista concedida a Ríodoce.

De acuerdo al código penal estadunidense, la pena máxima que un acusado puede enfrentar por homicidio doloso es pena de muerte o cadena perpetua. La segunda opción sería en este caso la más acertada, pues gracias a los acuerdos bilaterales que hay entre México y Estados Unidos en materia de extradición, no se puede condenar a la pena máxima a un extraditado de origen mexicano.

Entre los asesinatos que habrían ordenado El Chapo y El Mayo para proteger los intereses de la organización destacan los de Rodolfo Carrillo y Julio César Quintero Beltrán, además de otras diez personas, incluyendo pistoleros de los Arellano Félix, los Beltrán Leyva, los Carrillo Fuentes, Los Zetas, funcionarios públicos, agentes policiales, y elementos del Ejército Mexicano.

“Las pruebas son arrolladoras, y es demasiado evidente que los dos acusados orquestaron diferentes actos de violencia en México, a través de sus brazos armados que muchas veces eran sicarios que traían o ya tenían en Sinaloa”, establece el documento, del cual Ríodoce tiene una copia.

Para fortalecer las acusaciones, Lynch aseguró en su momento que llamarían a un grupo de testigos protegidos que estarían dispuestos a carearse con El Chapo, además de presentar evidencias que incluyen fotos, videos, y llamadas telefónicas que en su momento fueron grabadas.

De acuerdo al semanario Proceso, El Chapo ya iniciaría el camino para lograr acuerdos con el gobierno estadunidense, pues esta vez, a diferencia de otras ocasiones, su extradición parece inminente, aun cuando sus abogados siguen interponiendo todo tipo de amparos para evitar la extradición, y según la procuradora Arely Gómez, esos amparos no tienen validez, puesto que de momento no existe una petición de extradición por parte del gobierno estadunidense.

Esa situación podría cambiar de inmediato, y en cuestión de horas, El Chapo podría ser extraditado, tal como ha ocurrido con otros capos que también han sido requeridos por la justicia estadunidense.

Cortes federales de Estados Unidos que quieren a El Chapo:

  • Distrito Sur de California, presentada en 1995
  • Distrito Este de Nueva York, presentada en 2009
  • Distrito Norte de Illinois, presentada en 2009
  • Distrito Norte de Georgia, presentada en 2010
  • Distrito de New Hampshire, presentada en 2011
  • Distrito Oeste de Texas, presentada en 2011
  • Distrito Sur de Nueva York, presentada en 2012

FUENTE: PROCESO/ RÍODOCE.
AUTOR: MIGUEL ÁNGEL VEGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430032/acusaciones-de-eu-al-chapo-arma-de-doble-filo

Ataque a bar en San Luis Potosí deja 2 muertos y 8 heridos

SAN LUIS POTOSÍ, SLP: Dos personas fallecieron y otras ocho fueron heridas en un ataque armado efectuado por varios hombres al interior de un bar en la colonia Morales de la capital potosina, la madrugada del domingo.

Inicialmente, el reporte recibido por las corporaciones policiacas refería que en el local, ubicado en un predio entre las calles Arsénico y Antonio de la colonia Morales, se había desatado una riña.

Sin embargo, datos recabados por la Policía Ministerial indican que en realidad varios sujetos dispararon al bar La Barranca desde un vehículo que se acercó al lugar.

Varias corporaciones acudieron al lugar por este reporte, recibido a la una de la mañana, donde se encontraron con los numerosos heridos por balas de distintos calibres, incluyendo de rifles de alto poder AK-47 o “cuernos de chivo”.

También hubo disparos con armas 9 milímetros y .38, según se informó.

Inicialmente se hizo un recuento de diez heridos.

Sin embargo, tras su traslado al Hospital Central para ser atendidos, dos personas fallecieron: Raúl, de 21 años, con lesiones en el tórax, y Juan de Dios, de 23 años, quien recibió un disparo en un costado de la cabeza.


Se efectuó un operativo para localizar a los responsables quienes según los testimonios, arribaron en dos camionetas para cometer este ataque, pero no fueron detenidos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430079/ataque-a-bar-en-slp-deja-dos-muertos-y-ocho-heridos

Forcejeos entre grupos impiden al PRD definir candidato en Zacatecas

ZACATECAS, Zac: El proceso interno del PRD para definir al candidato a gobernador del estado entre el expriista Pedro de León Mojarro y el diputado Rafael Flores Mendoza quedó inconcluso y se entrampó porque no se cumplieron todas las condiciones para la instalación del consejo estatal que debió votar este sábado, entre forcejeos de grupos de apoyo a uno y otro aspirante en la sede del partido.

El candidato que surja del proceso perredista encabezará la alianza PRD-PAN para la votación constitucional del próximo 7 de junio.

Inicialmente hubo cinco aspirantes que quisieron contender por la candidatura, pero en la semanas previas al consejo hubo declinaciones como la del exdirigente del PT, José Narro, para dejar en la recta final a Pedro de León Mojarro, hasta hace unos meses priista y excoordinador de delegaciones de Sedesol con Rosario Robles, y al diputado con licencia Rafael Flores Mendoza.

Después de un largo día de jaloneos entre ambos aspirantes, consejeros y grupos de seguidores de los mismos, el presidente del partido, Arturo Ortiz Méndez, salió a anunciar en conferencia de prensa que no se cumplieron las condiciones para resolver la candidatura en el consejo, por lo que se tendría que recurrir a otros mecanismos para desatorar la elección, posiblemente con el apoyo de las instancias nacionales.

Lo anterior ocurrió la madrugada de este domingo.

A pesar de que desde las 10 de la mañana del sábado debió quedar instalado el consejo estatal directivo interno que presidiría Carlos Pinto Reyes, esto no fue posible debido a los desacuerdos que desde ese momento se plantearon entre consejeros, los dos aspirantes y seguidores que fueron apareciendo en el partido para apoyar a cada uno.

A fin de cuentas, los consejeros se dividieron y sesionaban en salones distintos: en uno los que respaldan a Pedro de León y en el otro los que pretendían votar por Flores Mendoza.

El primero afirmaba que el consejo había sesionado y que contaba con los votos de 71 de los consejeros (123 que llegaron a registrarse) y el segundo aseguraba que contaba con 61, por lo que incluso en este caso, ya por la madrugada se presentó un acta supuestamente válida para declarar la candidatura de Flores Mendoza.

En el transcurso de estos sucesos hubo porras, pero también empujones y forcejeos entre seguidores de los dos aspirantes.

El presidente del partido, Arturo Ortiz, aclaró que ninguna de ambas reuniones fue válida porque no reunieron las condiciones legales establecidas por la normatividad del PRD para ello y el proceso había sido viciado.


Posteriormente, el equipo de Pedro de León envió un comunicado en el que acusó a su oponente de comprar votos y romper el pacto de unidad que todos los aspirantes firmaron al inicio de la contienda interna.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430057/forcejeos-entre-grupos-impiden-al-prd-definir-candidato-al-gobierno-de-zacatecas

Los lujos en la cárcel de Topo Chico: bar, acuarios y hasta baños sauna

La corporación Fuerza Civil acudió para tomar el control de la cárcel ubicada en Monterrey, Nuevo León, donde murieron 49 personas en un riña.

En la cárcel de Topo Chico, Nuevo León, donde murieron 49 reos tras un riña, los presos tenían pantallas, acuarios, un bar y hasta baños sauna, entre otros lujos.

Las autoridades estatales detallaron cuáles son las irregularidades que encontraron en la prisión, e indicaron que la corporación Fuerza Civil ya tiene el control del centro penitenciario.

“Celdas de lujo equipadas con salas, minisplits, pantallas, frigobares, televisión digital y hasta acuarios y baños sauna fueron desmanteladas por la corporación estatal”, indicó el gobierno de Nuevo León, en un comunicado el domingo pasado.

“Además fueron retirados 280 puestos semifijos de alimentos, abarrotes y hasta un bar que eran operados por la red criminal directamente o a través del cobro de piso, ofertando productos con sobreprecios de hasta un 120 por ciento”, agregó.

Como parte del cateo, la Fuerza Civil también destruyó cientos de altares de la Santa Muerte.

El viernes pasado el procurador de Nuevo León, Roberto Flores, dijo que uno de los reos por el que se desató la riña,  Jorge Iván Hernández Cantú, apodado el Credo, tenía un “baño de lujo”, pantalla de 50 pulgadas,  y una cama king size.


Por las irregularidades que llevaron a la muerte de 49 personas, tres funcionarios de la cárcel están acusados por los delitos de homicidio y abuso de autoridad: la directora Gregoria Salazar; Jesús Fernando Domínguez Jaramillo, quien era subcomisario de Administración Penitenciaria, y el custodio José Reyes Hernández Aguilar.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/los-lujos-en-la-carcel-de-topo-chico-bar-acuarios-y-hasta-banos-sauna/

Caso Narvarte: jueza retrasa sentencia para revisar nuevos peritajes presentados por los acusados

La jueza responsable del caso Narvarte decidió extender el periodo de pruebas para revisar nuevos peritajes presentados por la defensa de los acusados. La sentencia del caso se podría conocer hasta finales de año.

La sentencia para los tres implicados en el multihomicidio de la colonia Narvarte tendrá que esperar varios meses, luego de que la jueza responsable del caso decidió extender el periodo de pruebas para revisar nuevos peritajes presentados por la defensa de los acusados, entre ellos unos relacionados con la posible tortura que sufrieron los detenidos.

El Juzgado 25 en Materia Penal admitió el desahogo de la nueva evidencia solicitada por los representantes legales de los detenidos, tras el periodo inicial de análisis de evidencias que concluyó el pasado 28 de enero.

Los nuevos peritajes fueron presentados por los abogados en los cinco días que la jueza dio para dar concluida la fase inicial de pruebas, previo a cerrar el expediente y pasar al dictado de la sentencia.

Autoridades judiciales capitalinas y representantes de las víctimas, confirmaron a Animal Político la ampliación de este periodo de instrucción (presentación y desahogo de pruebas), por lo que se prevé que el dictado de la sentencia pudiera retrasarse hasta finales de año.

La ampliación del periodo de pruebas también fue aprovechada por los abogados de las víctimas, quienes presentaron ante el juzgado una solicitud para que se haga un tercer peritaje en criminalística, independiente al de las autoridades y al de los acusados, debido a las dudas que mantienen sobre lo ocurrido en el homicidio.

Hasta ahora, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) responsabiliza a los tres detenidos: Abraham Tranquilino, Omar Martínez y Daniel Pacheco, de ser los responsables intelectuales y materiales del homicidio de Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete, Mile Martin y Rubén Espinoza, ocurrido el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México.

Desde la perspectiva de la Procuraduría, existe evidencia suficiente para que todos los detenidos sean sentenciados por los delitos de cuádruple feminicidio, homicidio calificado y robo agravado.

Una vez que llegue la fase final del juicio, el Ministerio Público presentará conclusiones acusatorias ante el juzgado y solicitará la pena máxima, la cual (por los delitos acumulados) podría superar incluso los 200 años de prisión para cada uno de los procesados.

Tres paquetes de nuevas pruebas

Fueron tres los representantes legales que presentaron ante el Juzgado 25 penal que preside Hermelinda Silva, paquetes de nuevas pruebas para desahogarse.

La defensa del ex policía Abraham Tranquilino y de Daniel Pacheco, ofreció los resultados de un peritaje realizado por ellos respecto a las lesiones físicas que presentan los detenidos, y que según su argumento verifica las presuntas condiciones de tortura a las que fueron sometidos tras su detención.

Cabe recordar que ellos dos habían declarado inicialmente ante el Ministerio Público que estuvieron presentes en el departamento de la Narvarte, sitio en que ocurrió el crimen.

Sin embargo, antes de que concluyera el primer periodo de pruebas, ambos se retractaron ante el juez de todo lo que habían dicho y alegaron que fueron torturados para reconocer su presencia en el lugar de los hechos.

En ese contexto y bajo el precepto constitucional de permitir una debida defensa, la jueza aceptó el peritaje presentado por los acusados para su análisis. De considerarlo necesario, el juzgado podría ordenar un nuevo peritaje a cargo de un especialista del Tribunal Superior de Justicia.

El segundo paquete de evidencias solicitado es el de la defensa particular de Omar Martínez alias “El Omarcito”, quien es identificado por las autoridades como la persona que incluso habría asesinado materialmente a las víctimas.

Martínez, quien nunca ha reconocido en declaraciones haber estado en la escena del crimen, pidió que se desahoguen los resultados de un peritaje en criminalística y otro en antropometría con los que pretende demostrar que él no es quien aparece en los videos que presentó como evidencia el Ministerio Público.

La Procuraduría presentó peritajes con los que señala que el detenido es la misma persona que aparece en las grabaciones incluso por su forma de desplazarse. La defensa del detenido pretende desvirtuar eso.

Por otra parte, los abogados caodyuvantes que representan a las víctimas del multihomicidio, también solicitaron que la juez autorice y desahogue un nuevo estudio pericial en criminalística, independiente al presentado por la Procuraduría y por uno de los acusados en el proceso.

Karla Michel Salas, parte de ese equipo legal que representa a las víctimas, explicó que el objetivo que buscan con este nuevo peritaje esclarecer la forma en que ocurrió el homicidio dentro del departamento, y si fue posible que el asesinato se cometiera sin que hubiera otra persona mas involucrada.

“Es un peritaje que estaría a cargo de un especialista que designe el Juzgado y que por lo tanto sería un análisis independiente, Nosotros seguimos sosteniendo que hay inconsistencias en como se pudo cometer el crimen y nos parece que la parte científica está incompleta. Por eso estamos solicitando que se haga el estudio de criminalística como nueva evidencia”, explicó.

De acuerdo con el punto de vista de los abogados coadyuvantes, y de otras organizaciones que dan seguimiento al caso como Artículo 19, existe un trabajo incompleto de investigación que ha impedido a su vez que e esclarezca el móvil del multihomicidio.

El caso de la Fiscalía

La investigación de la Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría capitalina, asentada en el expediente del caso que cuenta con más de 25 tomos, sostiene que el homicidio fue planeado y perpetrado por las tres personas que ya están detenidas y que previamente tuvieron contacto con una de las víctimas: la colombiana Mile Virginia.

El subprocurador capitalino Edmundo Garrido, dijo a Animal Político en una entrevista publicada a finales del año pasado, que la joven sudamericana era la conexión con los presuntos homicidas y que fue ella quien les abrió la puerta del domicilio. El objetivo del crimen pudo haber sido robar un paquete de drogas que se encontraba en el departamento.

Como parte de su investigación, la Fiscalía y la Policía de Investigación recrearon la ruta que siguieron los tres implicados a través de las llamadas que intercambiaron con sus teléfonos celulares, y el seguimiento con las cámaras de seguridad pública de la camioneta que utilizaron para llegar al departamento, y posteriormente para irse de la misma zona.

De acuerdo con la indagatoria oficial, los implicados ingresaron poco después de las dos de la tarde del 31 de julio al departamento y permanecieron aproximadamente una hora en el sitio. Para cometer el crimen se utilizó una sola pistola calibre 9 milímetros con la que le dispararon en la cabeza a cada una de las víctimas.

No hubo abusos sexuales ni violación, aunque algunas de las víctimas sí fueron lastimadas y torturadas con un objeto cortante.

El seguimiento hecho con las cámaras muestra que los tres hombres (que según el Ministerio Público son los detenidos) salieron del edificio después de las tres de la tarde y se llevaron, además de la camioneta en la que llegaron, el auto deportivo que pertenecía a Mile Virginia para dirigirse al suroriente de la ciudad.

A través de los videos de unas cámaras particulares entregadas en una memoria USB por un testigo, la Procuraduría descubrió que el auto deportivo fue abandonado ese mismo día, antes de las siete de la noche, al parecer por problemas mecánicos. Las imágenes registraron el momento en que los sospechosos sacaron varios objetos del auto para subirlos a la camioneta.

Gracias a una huella digital en el sitio del crimen, la Procuraduría pudo identificar a Daniel Pacheco quien tenía antecedentes penales por violación. El teléfono celular asegurado a Pacheco tras su captura, permitió verificar la identidad de sus cómplices y detenerlos semanas después.

Lo que no ha podido localizar la Fiscalía hasta el día de hoy es la pistola con la que fueron asesinadas las víctimas ni tampoco las drogas y demás objetos que habrían sido sustraídos del departamento en una maleta.


Pese a lo anterior, para la PGJDF es claro que los detenidos son los responsables del crimen. Aunque existieron versiones de que podría haber más personas involucradas, la Fiscalía sostiene que las llamadas y videos confirman que solamente fueron tres las personas implicadas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/caso-narvarte-jueza-retrasa-sentencia-para-revisar-nuevos-peritajes-por-presunta-tortura-contra-acusados/

El Mochomo puede destruir a El Chapo

Esta semana arranca en Estados Unidos el juicio contra uno de los narcos mexicanos más importantes: Alfredo Beltrán Leyva El Mochomo, quien fuera mano derecha de Chapo Guzmán y luego rompiera con él acusándolo de traición. Así, lo que se diga en el proceso puede hundir al recapturado líder del Cártel de Sinaloa, proveer evidencias contra decenas de capos e incluso evidenciar los vínculos de políticos mexicanos con el crimen organizado.


WASHINGTON: Con gran sigilo para evitar la identificación de testigos y filtraciones a la prensa, esta semana arranca en Estados Unidos el juicio contra el presunto narcotraficante Alfredo Beltrán Leyva El Mochomo, proceso que puede ser clave en la investigación contra Joaquín El Chapo Guzmán y otros dirigentes del Cártel de Sinaloa.

El Departamento de Justicia sabe que durante el procedimiento penal pueden ver la luz datos que inclusive expongan el alcance de la corrupción en el gobierno de México por parte del también conocido como Cártel del Pacífico.

El expediente judicial de Beltrán Leyva (marcado con el número 1:2012-cr-00184 y cuya copia tiene Proceso) muestra que tanto el Departamento de Justicia como la defensa de quien fuera uno de los principales operadores de Guzmán Loera le han presentado al juez Richard J. León, de la Corte Federal del Distrito de Columbia (Washington, D.C.), centenares de peticiones para que el juicio se celebre con el mayor hermetismo posible.

Por ejemplo, una moción interpuesta hace unos días por los abogados de El Mochomo exige a la Corte que durante el proceso que se inicia este martes 16 no se identifique y se anule la participación de uno de los testigos estelares que presentará en su contra el Departamento de Justicia.

El Mochomo, capturado en enero de 2008 y extraditado a Estados Unidos en noviembre de 2014, es uno de los capos del Cártel de Sinaloa con mayor jerarquía sometido a proceso judicial en aquel país.

La ruptura

El arresto de Alfredo Beltrán Leyva, en 2008, rompió al Cártel de Sinaloa y desató una guerra entre la fracción comandada por Guzmán Loera contra la de Arturo El Barbas y Héctor El H, hermanos del presunto traficante que será enjuiciado.

Los familiares de El Mochomo responsabilizaron a El Chapo de la captura de Alfredo, y presuntamente, en venganza, ordenaron aquel mismo año el asesinato de Édgar Guzmán, hijo del recién recapturado líder del Cártel de Sinaloa. Con la ruptura, los Beltrán Leyva se convirtieron en un cártel independiente –enemigo del de Sinaloa– y se asentaron en el Estado de México, Guerrero y Morelos.

Ante la Corte Federal, Alfredo Beltrán está acusado de un solo delito: “Conspirar junto con otros para importar y distribuir en Estados Unidos cinco kilos de cocaína y/o 50 gramos o más de metanfetamina”.

Pero a El Mochomo se le procesará como miembro del Cártel de Sinaloa, no de los Beltrán Leyva. Este hecho aumenta la posibilidad de que durante el proceso salgan a relucir incidentes que relacionen a El Chapo con el trasiego de narcóticos y la corrupción en los gobiernos de Felipe Calderón (PAN) y Enrique Pena Nieto (PRI).

Desde el 17 de noviembre de 2014, cuando Alfredo Beltrán fue presentado ante la Corte, se declaró inocente y se le negó la libertad bajo fianza, la defensa de El Mochomo (que encabeza el abogado Eduardo Balarezo) ha estado poniendo en entredicho las estrategias del Departamento de Justicia para acusar y procesar a su cliente.

Balarezo solicitó que la parte acusadora –dirigida por la fiscal Marcia M. Henry e integrada por los letrados Andrea Goldbarg, Amando N. Liskamm y Adrian Rosales– no incluya entre sus testigos a un narcotraficante mexicano que trabajó con el demandado.

“El 4 de junio de 2012, uno de los testigos potenciales del gobierno (identificado solamente como ‘A.T.’) fue interrogado por agentes federales estadunidenses sobre su conocimiento de las actividades del tráfico de drogas en México”, se lee en el expediente del Departamento de Justicia.

Respaldado con información proveniente de la División Criminal sobre Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia –que dirige Arthur Wyatt– el gobierno de Estados Unidos asegura que A.T. conoce a Beltrán Leyva y trabajó con él desde finales de la década de los noventa en el Cártel de Sinaloa: “El testigo conoció al acusado y a sus hermanos cuando recibían en México, aviones cargados de cocaína procedentes de Colombia”, se destaca en el expediente.

A.T., quien es testigo protegido reclutado por la Administración Federal Antidrogas (DEA), sostiene que él, El Mochomo y un socio de éste, a quien identifica como Julio Beltrán, se encargaron del tráfico de la cocaína colombiana hasta 2005, año en el que falleció Julio. “A.T. tuvo múltiples acuerdos cara a cara con el acusado durante casi una década”, asevera el Departamento de Justicia.

La fiscalía entregó al juez documentos con fotografías de El Mochomo y otros operadores del Cártel de Sinaloa, a quienes A.T. identificó y calificó como algunos de los principales exportadores de drogas a Estados Unidos. “Agentes federales, en junio de 2014, interrogaron a A.T. sobre su conocimiento de las actividades del narcotráfico en México. A.T., después de revisar un catálogo de 30 páginas con fotografías de presuntos narcotraficantes, en dos casos identificó con facilidad al acusado”, se lee en uno de los documentos en la Corte.

Ya desde el 29 de enero de 2013, la DEA había interrogado a A.T. En ese entonces los agentes federales le presentaron al ahora testigo protegido otro catálogo con 50 fotografías. “A.T. identificó a la persona de cada una de las fotografías. En la número 30, A.T. identificó al acusado”, se destaca en el expediente del gobierno estadunidense, que de este modo pudo certificar la calidad del posible testigo.

El Departamento de Justicia presentó al juez León, además, una serie de argumentos judiciales para rebatir la pretensión de la defensa por descalificar a los testigos de la parte acusadora.

“Contamos con muchas evidencias para demostrar que A.T. es un testigo confiable, con amplio conocimiento sobre el día a día de las operaciones del narcotráfico en México”, arguye la fiscalía.

La defensa

El equipo de Balarezo, en cambio, ha entregado a la Corte Federal papeles que buscan mostrar que A.T. nada tiene que ver con el Cártel de Sinaloa. Paralelamente, pretende aclarar que El Mochomo nunca fue amigo ni mucho menos subalterno de El Chapo. Y como parte de su estrategia está prevenir filtraciones para que los medios de comunicaciones no puedan influir en el proceso.

El martes 2, Balarezo presentó 39 objeciones o “comentarios” a las propuestas del Departamento de Justicia para la designación de los testigos y otros pormenores del juicio.

La primera objeción dice: “El señor Beltrán Leyva, a quien se le presume inocente, rechaza cualquier y todas las acusaciones en contra de él. En particular, niega haber cometido algún crimen en contra de Estados Unidos, o que haya conspirado para distribuir cocaína o metanfetamina sabiendo que sería exportada a los Estados Unidos”.

Otro argumento se refiere a los medios de comunicación que podrían manipular el fallo del jurado. Por ello el abogado advierte: “En algunos casos, aunque no necesariamente en éste, podrían existir reportes en los periódicos, la radio, internet o la televisión concernientes al caso mientras se celebre el juicio. Si hubiese ese tipo de cobertura periodística, (los jurados) podrían estar tentados a leer, escuchar o mirarlos. No deben leerlos, escuchar o mirar dichos reportes porque sólo deben emitir un fallo de este caso basado únicamente en las evidencias que se presenten en esta sala de la Corte. Si es que de manera inadvertida les llega a ustedes (este tipo de reportes) durante la celebración del juicio, no lo comenten entre los otros miembros del jurado ni con nadie más”, escribió la defensa de El Mochomo.

En este mismo sentido Balarezo recomendó que los jurados tampoco busquen información por internet respecto de Beltrán Leyva, ya que lo que localicen podría erróneamente influir en su fallo.

A principios de este mes, la defensa de El Mochomo solicitó al juez León que se autorizaran las visitas de un “un abogado extranjero del acusado”, el letrado mexicano Noé Palacios Rodríguez. El juez autorizó la solicitud, aunque no está claro si Palacios Rodríguez ya ha tenido contacto directo con Beltrán Leyva o si sólo estará en la Corte el día que se inicie el juicio.

La línea que lleva a El Chapo

Existe la posibilidad de que por lo delicado del caso y por los nombres y acusaciones que puedan surgir durante el procedimiento penal, tanto el Departamento de Justicia como la defensa de El Mochomo pidan al juez no permitir la entrada de los medios de comunicación. Eso dependerá del magistrado federal y se conocerá hasta el día que arranque el juicio.

Lo que pueda decir El Mochomo, su defensa y los testigos del gobierno de Estados Unidos, como A.T., frente al juez León, podría ser utilizado para procesar a Guzmán Loera, acusado de narcotráfico, lavado de dinero, homicidio y otros delitos en más de una decena de estados en la Unión Americana.

Lo que se declare también puede ayudar a consolidar evidencias en contra de otros miembros del crimen organizado, incluso integrantes de otros cárteles. De hecho, existe la posibilidad de que esto permita preparar encausamientos judiciales en contra de políticos y expolíticos mexicanos vinculados con el trasiego de drogas, como ya ocurrió en el pasado.


El Departamento de Justicia, desde que el gobierno mexicano le entregó a Beltrán Leyva, quería que este narcotraficante se declarara culpable de los delitos que le imputan, tal como hizo Édgar Valdez Villareal La Barbie a cambio de una sentencia moderada y de convertirse en una “fuente protegida de información”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430035/el-mochomo-puede-destruir-a-el-chapo

Nueva amenaza de bomba en la UAM Xochimilco

México, D.F.- Nuevamente desalojan las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM-X) bajo una supuesta amenaza de bomba. Esta es la quinta amenaza en lo que va del año. Apenas el viernes pasado se declaró un incidente del mismo orden. 

Trabajadores, estudiantes y académicos se mantienen a las afueras de la unidad. Reprochan a las autoridades universitarias encabezadas por la rectora Patricia Alfaro Moctezuma la falta de información y la ausencia de protocolos de seguridad adecuados.

Como parte de una estrategia en contra al desalojo, alumnos gritan consignas como: "Queremos estudiar! No más bombas!" "Digna, libre y soberana, en lucha la Metropolitana!"



Fuente: Subversiones (Agencia Autónoma de Comunicación)
https://www.facebook.com/SubVersiones/photos/a.235608523241167.61195.206671606134859/743706029098078/?type=3&theater

Ordena INAI a la SFP entregar base de datos del sistema de procedimientos

CIUDAD DE MÉXICO: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de la Función Pública entregar versión pública de la base de datos del Sistema de Procedimientos Administrativos de Responsabilidades, en el cual los Órganos Internos de Control en la Administración Pública Federal capturan el estado procesal de cada uno de los asuntos que se encuentran a su cargo.


En respuesta, y respecto de la base de datos denominada “Sistema de Procedimientos Administrativos de Responsabilidad”, la SFP señaló que no cuenta con una versión pública de la misma, en virtud de que se trata de un sistema de control y seguimiento interno; por lo que la información tal y como la requiere la particular es inexistente.

El particular apeló la respuesta mediante recurso de revisión ante el INAI que fue turnado a la ponencia del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas.

Durante la substanciación del presente asunto, se advirtió que en el Sistema de Procedimientos Administrativos de Responsabilidades, los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal capturan la información de los procesos de responsabilidad administrativa instaurados en contra de servidores públicos, así como la información relativa al servidor o servidores públicos que forman parte del mismo.

Asimismo, en la revisión del asunto, se solicitaron dos opiniones a la Dirección General de Tecnologías de la Información del INAI para que examinara los recursos del Sistema de Procedimientos Administrativos.

En sus dictámenes, la referida Dirección General del INAI señaló que es técnicamente viable extraer la información y generar una versión pública de la base de datos MySQL del Sistema, mediante la herramienta tecnológica conocida como “MySQLWorkbench”, que es de acceso fácil y gratuito.

Incluso manifestó que si se deseara generar una versión pública de la base de datos, prácticamente podría elaborarla cualquier persona con conocimientos estándar en informática y sistemas, y que la tarea no requeriría altos consumos de procesamiento o de recursos informáticos.

El comisionado Acuña Llamas expuso ante el Pleno que después de cuatro diligencias especiales, dos requerimientos adicionales de información y dos opiniones técnicas, “el sujeto obligado no puede eludir que existe factibilidad tecnológica para dar versión pública de ese sistema de control interno, que aunque sea de control interno, es un bien público”.

Con base en las consideraciones técnicas vertidas, se concluyó que la Secretaría de la Función Pública se encuentra en posibilidad de generar versión pública del Sistema de Procedimientos Administrativos de Responsabilidades.


Por ello, el Pleno del INAI resolvió modificar la respuesta del sujeto obligado y le ordenó entregar al particular versión pública del sistema, protegiendo los datos personales relativos al Registro Federal de Contribuyentes, la Clave Única de Registro Poblacional, sexo, domicilio particular y números telefónicos de particulares o de celular.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430039/ordena-inai-a-la-sfp-entregar-base-de-datos-del-sistema-de-procedimientos

Activista mexiquense preso inicia huelga de hambre

El activista mexiquense José Humbertus Pérez Espinosa, preso en el penal de Chiconautla desde noviembre pasado, inició este fin de semana una huelga de hambre al que se sumaron al menos 30 internos de ese centro penitenciario, en protesta por “la injusta encarcelación” y acusación penal que enfrenta por un supuesto delito de robo a mano armada que nunca existió y que se originó en respuesta a la lucha del activista”.

En un comunicado firmado por Pérez Espinosa, presidente de la asociación civil Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna, se menciona que “el ayuno-huelga de hambre tiene también como significado la protesta a la persecución política que sufre la esposa de Pérez Espinosa y su hijo desde el 12 de noviembre de 2015, a quienes no ha podido ver desde esa fecha porque fueron amenazados de muerte y/o de que serían acusados falsamente de haber cometido delitos, todo esto como represalia a las actividades del Frente Mexiquense”.

El presidente de la asociación civil permanece preso por un supuesto robo a casa habitación con el uso de arma de fuego a pesar de que la PGJ del Estado de México no ha podido acreditar hasta el momento la existencia del arma, amén de que las declaraciones de la supuesta víctima y de los testigos de cargo que aportó el Ministerio Público son contradictorias y carecen de verosimilitud.

Desde que fue preso Pérez Espinosa se le han imputado tres supuestos robos a casa habitación que según la procuraduría mexiquense se efectuaron el 5 de octubre pasado entre las 11 y las 12:30 horas en un fraccionamiento construido por la viviendera Urbi en Tecamac.

Sin embargo, de las tres imputaciones sólo una permanece vigente, ya que los abogados de Pérez Espinosa han demostrado que las tres carpetas penales fueron demostradas apoyándose en los mismos testigos y declaraciones de supuestas víctimas que no presentaron más pruebas que sus dichos.

En el comunicado firmado por Pérez Espinosa se menciona que además de la familia del dirigente, otros integrantes de la asociación civil “han recibido amenazas constantes y la persecución de automóviles sin placas que se supone son policías ministeriales, y que buscan amedrentar a los miembros del movimiento”.


El Frente Mexiquense ha ganado varios amparos y litigios a dueños de empresas inmobiliarias, entre ellas Urbi y Sadasi, por diversos fraudes que la agrupación civil ha logrado demostrar, entre ellos la venta de miles de casas construidas con material de mala calidad y vendidas a un sobreprecio de hasta 40 por ciento.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALFREDO MÉNDEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/14/activista-mexiquense-preso-inicia-huelga-de-hambre-2400.html

ONG de Juárez piden en carta al Papa que denuncie “tragedia nacional”

CHIHUAHUA, Chih. (proceso.com.mx).- El obispo de Coahuila, Raúl Vera López, entregará mañana en Chiapas al Papa Francisco una carta de organizaciones civiles de Ciudad Juárez en la que le piden que denuncie la tragedia nacional derivada de la violencia, sus rostros y raíces -como lo ha hecho en sus encíclicas- y que llame enérgicamente al gobierno a que cese la muerte, la represión y la traición.

“No tengas miedo en hacerlo, porque necesitamos aliento y esperanza, solidaridad con quienes hablan a pesar de la amenaza, la tortura y la muerte. Y que ese llamado enérgico vaya también hacia tus hermanos obispos, que como el fariseo de la parábola, se hacen los desentendidos frente al sufrimiento y la injusticia, pero porque también es probable que tengan mucho miedo, y estén necesitados del mismo aliento y valor que has mostrado”, dice una parte de la carta.

En rueda de prensa, representantes de las organizaciones vinculadas con Raúl Vera leyeron públicamente la carta, en la cual retoman el posicionamiento que hicieron con diversas agrupaciones del país, explicó Imelda Marrufo, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres.

Mañana en el Parque Central las organizaciones realizarán una pinta de cruces junto con madres de mujeres desaparecidas y/o asesinadas, y el martes tendrán una vigilia en el Monumento a Juárez a las 17:00 horas.

La carta íntegra que las organizaciones envían a Jorge Mario Bergoglio es la siguiente:

“Recibe nuestro saludo desde el epicentro del dolor y la resistencia. Desde aquí hemos trabajado arduamente por el bienestar de nuestra casa asentada en el desierto. Hemos edificado desde la música, la poesía, la psicoterapia, la defensa de los derechos humanos, la educación, la exigencia de justicia. Acompañamos a las personas con capacidades diferentes, adultas mayores, migrantes, jóvenes y niños/as en condiciones vulnerables de pobreza, personas torturadas, mujeres que viven violencia, familiares de mujeres víctimas de desaparición y feminicidio.

Queremos decirte Francisco, que pese a lo que te digan políticos y empresarios, esta es una ciudad lacerada por la violencia, la muerte y el dolor de víctimas y familiares. Debes saber también que la ausencia de justicia va profundizando las heridas de una ciudadanía que es sistemáticamente ignorada por sus gobernantes y que mediante discursos buscan maquillar la realidad tal y como lo han hecho con las calles y fachadas por donde pasarás en tu recorrido. La verdad es que Juárez sigue abandonada, a merced de la avaricia e indolencia de sus autoridades.

Nuestras organizaciones aún documentan la desaparición de mujeres y hombres. Se registra de manera alarmante la trata de personas y el feminicidio, sin garantías reales para evitar su repetición. La tortura sistemática como una forma judicial de ‘resolver’ los delitos es un hecho comprobado. Los y las jóvenes son criminalizados por ser pobres o desempleados. Contabilizamos miles de huérfanos y huérfanas resultado de la guerra contra el narcotráfico sin que reciban ningún tipo de atención. Persiste la discriminación y maltrato hacia las y los migrantes. La violencia en contra de las personas por su preferencia sexual es común. La marginación y discriminación hacia las poblaciones indígenas no termina. La ciudad aún padece la ausencia de amigos y familiares que fueron desplazados/as resultado de la llamada guerra contra el narcotráfico y que ante la vulnerabilidad con que se vive en Juárez no han regresado. Esa misma vulnerabilidad es la que experimentamos también defensoras/es y periodistas cuyo trabajo a favor de la verdad y la justicia nos pone en una situación de riesgo.

Francisco, la ‘casa común’ que predicas, parece venirse abajo. Las políticas deshumanizantes y los salarios injustos de trasnacionales como Lexmark, Eaton Bussman, Copcomm, Foxconn sólo nos han empobrecido. La industria maquiladora enriquece obscenamente a algunos empresarios/gobernantes corruptos y al resto nos ha legado una ciudad y una vida precarias. La codicia de los dueños del dinero y sus administradores disfrazados de gobernantes no tiene límite y ahora también enfrentamos las consecuencias de una mina a cielo abierto en Samalayuca que representa un deterioro a medio ambiente y un daño a nuestro patrimonio común.

Por eso, nos sumamos a las siguientes peticiones de otros grupos y organizaciones hermanas en el país para que:

1. Que denuncies lo que está pasando, la tragedia nacional, que denuncies sus rostros, pero también sus raíces más profundas, como lo has hecho ya con claridad y firmeza en tus encíclicas; que nombres el horror, a sus víctimas y a sus responsables.

2. Que llames enérgicamente al gobierno a que cese la muerte, la represión y la traición, que no tengas miedo de hacerlo, porque necesitamos aliento y esperanza, solidaridad con quienes hablan a pesar de la amenaza, la tortura y la muerte. Y que ese llamado enérgico vaya también hacia tus hermanos obispos, que como el fariseo de la parábola, se hacen los desentendidos frente al sufrimiento y la injusticia, pero porque también es muy probable que tengan mucho miedo, y estén necesitados del mismo aliento y valor que has mostrado.

Deseamos que tu presencia en nuestra tierra sea una semilla de cambio, y una fuerza inspiradora que venga a fortalecer nuestra exigencia de paz con justicia y dignidad”.




Fuente: Proceso

Autora: Patricia Mayorga

http://www.proceso.com.mx/430070/ong-de-juarez-piden-en-carta-al-papa-que-denuncie-tragedia-nacional

Dos muertos y un desaparecido tras alud en Edomex

Ocuilan, Méx. Dos menores murieron y una personas más se encuentra desaparecida luego de que se registrara un deslave de un cerro en la comunidad de Ahuetenco, en este municipio colindante con Morelos.
Los hechos ocurrieron ayer por la tarde, cuando un cerro se desgajó y más de 400 toneladas de tierra cubrieron un predio donde se encontraban las tres personas, confirmó el alcalde Félix Alberto Linares.
Como el deslave ocurrió en una zona boscosa a sólo 8 kilómetros de Cuernavaca, Morelos, los primeros en llegar a prestar auxilio fueron los elementos de Protección Civil y Bomberos de esa localidad.
Familiares de las víctimas reportaron que a causa del desgajamiento resultaron sepultadas tres personas. Durante más de dos horas se trabajó para remover la tierra y se pudo localizar a una menor de 14 años todavía con vida, pero al ser trasladada al hospital falleció.
Un helicóptero del cuerpo de rescate Relámpago, del estado de México, sobrevoló la zona auxiliando con reflectores para alumbrar la zona del siniestro, pero se decidió suspender la búsqueda de las personas atrapadas y continuarla este lunes por la mañana.
Hoy muy temprano fue localizado sin vida el cuerpo de un niño de 10 años, y todavía se trabaja para encontrar a otra persona que fue sepultada por el alud de tierra, de unos 20 años.
El alcalde de Ocuilan informó que se presume que un canal que pasa muy cerca de donde ocurrió el deslave pudo ser la causa para el desprendimiento de la tierra, pues de ese afluente se sacaba agua con mangueras para las viviendas asentadas en la cañada.

Fuente: La Jornada
Autor: Israel Dávila
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/15/dos-muertos-y-un-desaparecido-tras-alud-en-edomex-1051.html

Peña Nieto, Cocula y las reglas del juego

El 9 de febrero, el Equipo Ar­gentino de Antropología Fo­rense (EAAF), que actúa como perito externo en la investigación de los hechos de Iguala a petición de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, presentó un dictamen que cuestiona la verdad histórica del ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam. A partir de evidencias de diferentes tipos, el peritaje del EAAF resultó complementario del informe presentado en septiembre de 2015 por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El dictamen del EAAF se refiere a los resultados alcanzados exclusivamente sobre el basurero de Cocula, y concluye que a partir de un examen multidisciplinario −que incluyó a especialistas en dinámica del fuego, antropología, arqueología, criminalística, balística, botánica, entomología, odontología, anatomía, genética y analistas de imágenes satelitales y fotografías− no existen evidencias ni indicios científicos que permitan determinar que los 43 estudiantes fueron ejecutados e incinerados allí la noche del 26 para el 27 de septiembre de 2014. En opinión de los expertos tampoco existen, por el momento, elementos científicos suficientes para vincular los restos hallados en el basurero de Cocula con aquellos recuperados, según la Procuraduría General de la República, en una bolsa presuntamente encontrada por buzos de la Marina en el río San Juan (en ausencia de los peritos del EAAF), de donde proviene la única identificación positiva hasta la fecha de uno de los normalistas: Alexander Mora Venancio.

A partir de la evidencia física recogida de manera conjunta por los peritos de la PGR y el EAAF en el basurero, la coexistencia y mezcla de dientes y restos óseos humanos carbonizados o calcinados, sugiere unamultiplicidad de eventos de fuego o incineración y/o alteración o manipulación de dichos restos dentro del sitio. El EAAF descarta que los restos quemados pertenezcan a los normalistas, y dice que el hallazgo abona la posibilidad de considerar el basurero de Cocula un sitio relativamente habitual de quema de restos humanos.

Sobre la identificación de Alexander Mora a partir del perfil genético de ADN nuclear que obtuvo el laboratorio de la Universidad de Innsbruck, el EAAF destaca que se trató de una muestra particularmente inusual en relación con la totalidadde los restos recuperados en el basurero de Cocula y en la bolsa con cenizas supuestamente hallada en el río San Juan, en cuanto a su tamaño (4.5 por 5.5 centímetros aproximadamente), que presentaba además muy poca alteración térmica. Al presentar el informe, Mercedes Doretti, pionera en la aplicación de las disciplinas forenses al servicio de la jus­ticia, dijo que en torno a la presunta recuperación de la bolsa del río San Juan nunca se le dieron a su equipo lascadenas de custodia originales que certificaran quién la encontró y dónde exactamente, por lo que resulta imposible conocer el origen de esa evidencia y si fue manipulada. En la averiguación previa no aparece el nombre del marino que hizo elhallazgo y ahora la PGR dice que está muerto.


Otro punto controversial tiene que ver con la evidencia balística(casquillos, cartuchos, fragmentos de proyectiles) encontrada en el basurero. El informe destaca irregularidades en la recolección de dicha evidencia (132 casquillos en total), y recuerda que tras la actividad conjunta de los peritos de la PGR y el EAAF entre el 27 de octubre y el 6 de noviembre de 2014, peritos de la PGR y la Seido realizaron otra diligencia el 15 de noviembre −cuando el basurero se hallaba sin custodia desde hacía varios días− sin avisar ni invitar al EAAF. Fue en tales circunstancias que la PGRencontró 41 casquillos en una zona ya inspeccionada por los peritos de la PGR y el EAAF, que era de uso continuo por ambos equipos para el ascenso y descenso en el área de trabajo. Con el agravante de que al serhallados amontonados todos juntos entre dos piedras, quedó en evidencia que su ubicación no fue producto de la disposición que debería darse al ser eyectados o extraídos de un arma de fuego disparada en el lugar, sino que fueron colocados por alguna persona.

Además, los expertos del EAAF encontraron flagrantes contradicciones entre las declaraciones de los inculpados por la PGR y la evidencia balística recogida. Los imputados dijeron que utilizaron armas cortas (principalmente calibres 9 mm y .38 súper) y por defecto 7.62 mm en alusión a los cuernos de chivo (AK-47). Pero la evidencia recogida en el lugar indica que las armas representadas obedecerían a fusiles de asalto calibre .223/5.56 (73 casquillos) y armas calibre .22LR (43 casquillos), ambas preferidas de las fuerzas militares de élite y los servicios de inteligencia (OTAN, Mossad, CIA, MI6). De las 39 armas de fuego individualizadas en el análisis, sólo 4 son consistentes con los testimonios de los inculpados, pero las restantes 35 (la mayoría) no son consistentes con las que declararon que portaban esa noche. Además, el hallazgo de 43 casquillos calibre .22LR tampoco es consistente con la información de los inculpados que consta en la averiguación previa PGR/Seido/Ueidms/871/2014. En síntesis, los calibres más representativos recuperados son .223R/5.56 (55 por ciento) y .22LR (32 por ciento), pero esos dos calibres no fueron mencionados por los presuntos asesinos de los normalistas y representan 87 por ciento de los casquillos hallados.

Según Miguel Nieva, experto en criminalística del EAAF con una especialidad en balística, el gobierno mexicano no ha jugado con las reglas de juego propias de una investigación apegada a las normas procesales. Dijo:Hay muchas irregularidades que en México se tienen como normalizadas y son ya parte del sistema. En buen romance, como derivó a partir de la experiencia histórica su entrevistadora, Blanche Petrich, en La Jornada, la muestra ósea de Alexander Mora y los casquillos pudieron ser…sembrados.



Fuente: La Jornada
Autor: Carlos Fazio
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/15/opinion/021a1pol

Venden dólar a 19.18 pesos en promedio en AICM

Ciudad de México. Este lunes en las casas de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el dólar estadunidense registra un precio promedio de 19.18 pesos a la venta y 18.00 pesos a la compra.
La divisa se ofrece hasta en 19.20 pesos y se adquiere en un mínimo de 18.00 pesos, en los centros cambiarios ubicados en la terminal aérea del Distrito Federal.
Mientras que el euro se cotiza hasta 21.95 y su precio más bajo a la compra es de 20.40 pesos.

Fuente: La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/15/venden-dolar-a-19-18-pesos-en-promedio-en-aicm-9175.html

domingo, 14 de febrero de 2016

Joven asesinada en Iguala no era activista: comité de familias de desaparecidos

El Comité de Familias de Víctimas de Desaparecidos del Norte de Guerrero aclaró que el asesinato de la joven Norma Angélica Bruno Román, reportado ayer viernes 13 de febrero, no está vinculado con la búsqueda de fosas clandestinas en los municipios de Iguala y Cocula que desde noviembre pasado hace esta organización de afectados.

Inicialmente, esta joven fue identificada por la prensa como integrante del Comité. Sin embargo, Citlali Miranda, representante del grupo de familias, negó que la joven fuera parte de la organización y advirtió que el manejo inicial que se dio a esta información podría incluso inhibir las denuncias de otras familias de desaparecidos en el norte del estado de Guerrero.

La joven Norma Angélica Bruno Román fue asesinada el viernes 13 de febrero en el municipio de Iguala.

El primer reporte indica que dos individuos a bordo de una motocicleta en una de las calles de Iguala mataron a balazos a la joven cuando caminaba sobre la avenida Periférico Poniente, a la altura del panteón privado Cristo Rey en dicho municipio, según un reporte de Reforma.

Elementos de la Gendarmería Nacional acudieron para resguardar la zona. El cuerpo de Angélica Bruno fue reconocido por su esposo, Luis Fernando Bernabé.


Fuente: Animal Político
http://www.animalpolitico.com/2015/02/activista-guerrerense-es-asesinada-en-iguala-suman-dos-en-la-zona-en-menos-de-una-semana/

Asesinan en Iguala a la activista Norma Angélica Bruno

CHILPANCINGO, Gro., (apro). Norma Angélica Bruno Román, integrante del grupo ciudadano que buscan familiares desaparecidos en fosas clandestinas, fue ejecutada esta mañana en Iguala por dos sicarios que se desplazaban en una motoneta.

La mujer de 26 años fue asesinada frente a sus tres hijos cuando llegaba al panteón Cristo Rey, previo al sepelio del joven José Ramón Bernabé Armenta, quien fuera ejecutado hace dos días en una cancha de futbol ubicada el centro de esa ciudad donde la división Gendarmería de la Policía Federal (PF) asumió el control de la seguridad, tras la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El crimen de la joven madre se registró cerca del mediodía cuando caminaba sobre el camino de terracería que conduce al panteón y fue alcanzada por dos jóvenes que se desplazaban en una motoneta; enseguida, uno de ellos le disparó a quemarropa.

La víctima fue rematada de un tiro en la cabeza y los sicarios se retiraron del lugar impunemente, refieren reportes oficiales.

Los restos de Norma Angélica fueron trasladados a su domicilio ubicado frente a la parroquia de San Gerardo, en la colonia Centro, donde sus familiares reprocharon a las autoridades gubernamentales que no puedan revertir los efectos de la violencia en Iguala.

Norma Angélica Bruno formaba parte del comité ciudadano denominado Familiares de los Otros Desaparecidos, que se conformó tras el hallazgo de fosas clandestinas y cadáveres en las inmediaciones de Iguala, luego de la masacre y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Del 23 de noviembre pasado a la fecha, los familiares de desaparecidos que se congregan en la parroquia de San Gerardo, junto a peritos de la PGR, han localizado y exhumado 48 cadáveres en fosas clandestinas ubicadas en los cerros de Iguala.

Al menos tres de los cadáveres ya fueron identificados y entregados a sus familiares, entre ellos Carlos Sánchez Fernández, del municipio de Teloloapan, quien fue levantado el 2 de abril de 2013 presuntamente por policías municipales, refieren reportes oficiale
s.
Fuente: Proceso
Autor: Ezequiel Flores Contreras
http://www.proceso.com.mx/395874/asesinan-en-iguala-a-la-activista-norma-angelica-bruno

Obtenían Los Zetas $15 millones al mes por cobro de cuotas del penal de Topo Chico

MONTERREY, NL (proceso.com.mx).- La Sección Segunda de la Séptima Zona Militar advirtió a Rodrigo Medina de la Cruz que gracias a la complicidad de autoridades penitenciarias, Los Zetas obtenían en la prisión de Topo Chico unos 15 millones de pesos al mes por cobro de cuotas, venta de droga y otros negocios, fondos que permitían financiar la narcoguerra que asolaba al estado de Nuevo León en ese periodo.

La advertencia ocurrió a la mitad de la administración de Medina de la Cruz. Pero no fue la única: investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León publicaron el libro Prisión y familia: retos para la cohesión social y el desarrollo del siglo XXI, en el cual se documentaba la tragedia que viven las familias de los reos en los penales del estado.

Además, organizaciones de derechos humanos advirtieron sobre la bomba de tiempo que amenazaba a las cárceles al juntar peligrosos reos del crimen organizado con internos detenidos por delitos comunes.

El informe de la inteligencia militar destacaba que al menos cinco millones de pesos del total que obtenían Los Zetas en el Topo Chico se destinaban a los sobornos de custodios, jefes de guardia comisarios y los directivos del centro de reclusión. En los círculos militares se rumoraba que los sobornos también llegaban a los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública.

El penal de Topo Chico operaba de manera similar al resto de las prisiones controladas por el crimen organizado en la región, entre los que destacan Altamira, donde salen el 80 por ciento de las llamadas de extorsión que se hacen en el noreste.

En el Cereso de Gómez Palacio, Durango, integrantes del crimen organizado presos salían por las noches en vehículos y con armas oficiales a realizar una serie de matanzas que ocurrieron en bares de Torreón, Coahuila.

El caso más dramático y escandaloso ocurrió en el Cereso 2 de Piedras Negras, donde Los Zetas asesinaron entre el 2009 y 2011 a más de 150 hombres y mujeres cuyos cuerpos incineraron. Incluso en esa cárcel se escondía el capo zeta Omar Treviño Morales, El Z-42, cuando la Marina realizaba operativos para capturarlo. En septiembre del 2012, 132 reos decidieron salir por la puerta grande de esa cárcel.

En Nuevo León, el 31 de diciembre del 2011, Los Zetas mostraron el control que mantenían sobre el Topo Chico. Ese día que montaron un operativo para sacar de la prisión a Gabriela Muñiz Tamez La Pelirroja y colgarla en un puente peatonal de una importante avenida de Monterrey, debido a que era la novia de un capo del Cártel del Golfo. La imagen de la mujer ahorcada con el torso desnudo le dio la vuelta al mundo.

A pesar de la advertencia que le hacía el Ejército, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz no movió ningún dedo para retomar el control del penal, incluso cuando los asesinatos de custodios y jefes de guardias ocurrían cotidianamente.

Cuotas para no ser torturado

El penal del Topo Chico albergó hasta antes de la masacre de la madrugada del pasado jueves a más de 3 mil 900 reclusos y su capacidad máxima es para unos 2 mil 500.

La Asociación Civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) ha documentado que prisiones como Topo Chico tenían un autogobierno encabezado por Los Zetas.

Este sistema es posible gracias a la complicidad de las autoridades penitenciarias, pero también debido al gran déficit de custodios que alcanza un 84 por ciento. Es decir, actualmente a cada guardia le toca vigilar por lo menos a 100 prisioneros.

Consuelo Morales, directora de Cadhac, mencionó que el autogobierno de Los Zetas en el penal del Topo Chico controla la venta de drogas, la comida, los espacios para dormir, el agua y todo tipo de artículos.

“A cada nuevo interno le exigen una cuota para no ser golpeado o asesinado que en promedio va desde los mil 500 pesos semanales y hasta 50 mil mensuales”, aseguró Morales.

Afirmó que los familiares de los internos pagan esas extorsiones semanal o mensualmente con “abonos” que rondan entre los 500 ó 2 mil pesos. Enfatizó que Cadhac tiene evidencias que cerca del 60 por ciento de los internos pagan esas extorsiones.

Corrupción provoca masacre

Si el gobierno de Medina no intervino en Topo Chico, el gobierno federal tampoco hizo nada para sacar a los peligrosos presos del crimen organizado, quienes han sido los que controlan esa y otras cárceles.

Tras la derrota del PRI en Nuevo León, el nuevo gobernador independiente Jaime Rodríguez Calderón solicitó a Renato Sales Heredia, comisionado nacional de Seguridad, el traslado de los reos del fuero federal a cárceles federales.

Renato Sales y El Bronco acordaron el traslado paulatino de reos, pero el convenio sólo se quedó en papel y se reactivó hasta que ocurrió la matanza de los 49 internos del Topo Chico.

Uno de los presos que iba a ser trasladado era Jorge Iván Hernández Cantú El Credo, el capo zeta que controlaba el Topo Chico, pero fuentes policiacas le advirtieron y se amparó para que no fuera removido de esa prisión.

Mientras que Juan Pedro Saldívar, El Z-27, llegó al Topo Chico gracias a un amparo que lo sacó del Cereso de máxima seguridad de Matamoros, el cual le otorgó un corrupto juez quien argumentó que el reo no tenía que estar en ese tipo de penales.

A pesar de que ambos eran miembros de Los Zetas, los capos se disputaban el control del Topo Chico. Los dos se movían en el interior rodeados con 20 reos que hacían la función de escoltas y que cuidaban día y noche, en sus lujosas celdas donde disfrutaban los placeres que ofrecen los hoteles cinco estrellas.

Cotidianamente llegaban a sus celdas mujeres que aparecían en algunos programas nocturnos de la televisión local, pero si las esposas, hermanas o hijos de los internos les atraían, mandaban por ellas. Debido a esa situación, la mujeres jóvenes que acudían al Topo Chico lo hacían sin maquillaje, con ropa sucia y lo más desaliñadas posible.

La noche del miércoles 10 de febrero, al filo de las 11 horas, el grupo de El Z-27comenzó a buscar a sus rivales para asesinarlos mientras que El Credo disfrutaba de la visita conyugal.

El numeroso grupo de seguidores de El Z-27 se movía libremente por toda la cárcel y sacaron de los ambulatorios C2 y C3 a los internos para llevarlos al patio, donde los mataron a golpes.

Mientras que el grupo rival comenzó su defensa. Aún se desconocen detalles, pero algunos familiares de internos contaron que a los pocos minutos la riña provocó que se incendiara la cocina, la bodega de víveres y otros
puntos del penal.

Al menos cinco reos fueron golpeados y arrojados sobre colchones, a los que les prendieron fuego. La riña se prologó por cerca de 40 minutos y a las 11:52 horas se reportó a la Secretaría de Seguridad Pública un motín en el interior del Topo Chico.

Cuando arribó el general Antúnez, secretario de Seguridad, para tomar el control de la situación, se encontró con las escenas de decenas de muertos en diversos puntos, muchos en el patio además de unos 50 heridos.

Alrededor de 40 de ellos fueron trasladados a los locutorios de los abogados donde fueron atenidos por paramédicos; cerca de 10 con lesiones graves salieron en ambulancias a hospitales.

En un intento de evadir su responsabilidad, El Bronco aseguró que heredaba de Rodrigo Medina la bomba de tiempo que le explotó al cumplir 120 días de su administración.


Fuente: Proceso

Autor: Juan Alberto Cedillo

http://www.proceso.com.mx/430029/430029